Muerte

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Pandemia: la Casa Blanca y el FMI los primeros infectados

Atilio Borón

Por:  Atilio A. Boron

Guerras, crisis económicas, desastres naturales y pandemias son acontecimientos catastróficos que sacan lo peor y lo mejor de las personas –tanto de los dirigentes como del común de las gentes- y también de los actores e instituciones sociales. Es en esas circunstancias tan adversas como las bellas palabras se desvanecen en el aire y dan lugar a las acciones y comportamientos concretos.

Días pasados y apenas conteniendo las lágrimas el presidente de Serbia, Aleksandar Vucic, denunció ante las cámaras el gran engaño de la “solidaridad europea”. No existe tal cosa, dijo Vucic, es un cuento de niños, un papel mojado. Renglón seguido agradeció la colaboración de la República Popular China. Y tenía razón en su queja. Desde Latinoamérica advertimos hace mucho que la Unión Europea era un mezquino tinglado diseñado para beneficiar más que nada a Alemania a través de su control del Banco Central Europeo (BCE) y con el euro someter a los países de la Eurozona a los caprichos -o los intereses- de Berlín. La titubeante reacción inicial del BCE ante un pedido excepcional de ayuda de Italia para enfrentar la pandemia que está devastando la península mostró por unas horas lo mismo que había denunciado el líder serbio. Un escandaloso “sálvese quien pueda” que echa por tierra las edulcoradas retóricas sobre la “Europa de los ciudadanos”, la “Europa una y múltiple” y otras divagaciones por el estilo. Cuento de niños, como dijo Vucic.

Lo mismo y más todavía vale para la pandilla de hampones que se ha instalado en la Casa Blanca de la mano de Donald Trump quien ante un Irán fuertemente afectado por la pandemia lo único que se le ocurrió fue escalar las sanciones económicas en contra de Teherán. Tampoco dio muestras de reconsiderar su genocida política del bloqueo a Cuba y a Venezuela. Mientras Cuba, la solidaridad internacional hecha nación, auxilia a los viajeros británicos del crucero Braemar boyando en el Caribe, Washington envía 30.000 soldados a Europa y sus ciudadanos, alentados por el “capo” salen a enfrentar la epidemia ¡comprando armas de fuego! Nada más para argumentar.

Fiel a sus patronos el Fondo Monetario Internacional demostró por enésima vez que es uno de los focos de la podredumbre moral del planeta, que una vez que pase esta pandemia seguramente tendrá sus días contados. En una decisión que lo hunde en las cloacas de la historia rechazó una solicitud de 5.000 millones de dólares elevada por el gobierno de Nicolás Maduro apelando al Instrumento de Financiamiento Rápido (IFR) especialmente creado para socorrer a países afectados por el COVID19. La razón aludida para la denegación del pedido arrasa con cualquier atisbo de legalidad porque dice, textualmente, que «el compromiso del FMI con los países miembros se basa en el reconocimiento oficial del gobierno por parte de la comunidad internacional, como se refleja en la membresía del FMI. No hay claridad sobre el reconocimiento en ese momento».

Dos comentarios sobre este miserable exabrupto: primero, todavía hoy en el sitio web del FMI figura la República Bolivariana de Venezuela como país miembro. Por lo tanto la claridad “sobre el reconocimiento” es total, enceguecedora. Claro que no alcanza para ocultar el hecho de que la ayuda se le niega a Caracas por razones rastreramente políticas. Segundo, ¿desde cuándo el reconocimiento de un gobierno depende de la opinión amorfa de la comunidad internacional y no de los órganos que la institucionalizan, como el sistema de Naciones Unidas? Venezuela es miembro de la ONU, es uno de los 51 países que fundaron la organización en 1945 e integra varias de sus comisiones especializadas. La famosa “comunidad internacional” mencionada para hostilizar a Venezuela por personajuchos como Trump, Piñera, Duque, Lenín Moreno y otros de su calaña es una burda ficción, como Juan Guaidó, que no llega a sumar 50 países de los 193 que integran las Naciones Unidas.

Por consiguiente, las razones profundas de esta denegatoria nada  tienen que ver con lo que dijo el vocero del FMI y son las mismas que explican el absurdo préstamo de 56.000 millones de dólares concedidos al corrupto gobierno de Mauricio Macri y que fuera mayoritariamente utilizado para facilitar la fuga de capitales hacia las guaridas fiscales que Estados Unidos y sus socios europeos tienen diseminadas por todo el mundo. Espero fervientemente que la pandemia (que es económica también) y el desastre del préstamo a Macri se conviertan en los dos lóbregos sepultureros de una institución como el FMI que, desde su creación en 1944, sumió a centenares de millones de personas en el hambre, la pobreza, la enfermedad y la muerte con sus recomendaciones y condicionalidades. Razones profundas, decíamos, que en última instancia remiten a algo muy simple: el FMI no es otra cosa que un dócil instrumento de la Casa Blanca y hace lo que el inquilino de turno le ordena. Quiere asfixiar a Venezuela y el Fondo hace sus deberes.
No faltarán quienes me achaquen que esta interpretación es  producto de un alucinado antiimperialismo. Por eso he tomado la costumbre de apelar cada día más a lo que dicen mis adversarios para defender mis puntos de vista y desarmar a la derecha semianalfabeta y reaccionaria  que medra por estas latitudes. Leamos lo que escribió hace poco más de veinte años Zbigniew Brzezinski en un texto clásico y uno de mis libros de cabecera: “El Gran Tablero Mundial. La Supremacía estadounidense y sus imperativos geoestratégicos” en relación al FMI y al Banco Mundial. Hablando de las alianzas e instituciones internacionales que surgieron después de la Segunda Guerra Mundial dijo que  “Además, también debe incluirse como parte del sistema estadounidense la red global de organizaciones especializadas, particularmente  las instituciones financieras internacionales. El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial se consideran representantes de los intereses “globales” y de circunscripción global. En realidad, empero, son instituciones fuertemente dominadas por los Estados Unidos y sus orígenes se remontan a iniciativas estadounidenses, particularmente la Conferencia de Bretton Woods de 1944.” (pp. 36-37)

¿Hace falta decir algo más?  Brzezinski fue un furioso anticomunista y antimarxista. Pero como gran estratega del imperio debía reconocer los datos de la realidad, de lo contrario sus consejos serían puras insensateces. Y lo que él dijo y escribió es inobjetable. Concluyo agregando mi confianza en que Cuba y Venezuela, sus pueblos y sus gobiernos, saldrán airosos de esta durísima prueba a la que se ven sometidos por la inmoralidad y prepotencia del dictador mundial, que se cree con derechos de decirle a todo el mundo lo que tiene que hacer, pensar y decir, en este caso a través del FMI. No habrá que esperar mucho para que la historia le propine una lección inolvidable, para él y sus lacayos regionales.

Fuente e imagen: https://rebelion.org/pandemia-la-casa-blanca-y-el-fmi-los-primeros-infectados/

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Denuncian asesinato de lideresa social en Nariño, Colombia

Noticias

América del Sur/Colombia/27-12-2019/Autor(a) y Fuente: www.telesurtv.net

Villarreal formaba parte de la Fundación Cultural Indoamericanto, la cual se dedica a labores artísticas relacionadas con la danza.

El gobernador del departamento de Nariño (suroeste de Colombia), Camilo Romero confirmó este lunes el asesinato de la lideresa social Lucy Villareal, quien se desempeñaba como gestora cultural y dictaba talleres para niños.

Según el funcionario colombiano, la activista fue atacada cuándo terminaba de dictar un taller para niños en Tumaco.

Villarreal formaba parte de la Fundación Cultural Indoamericanto, la cual hace parte del Carnaval de Negros y Blancos y se dedica a labores artísticas relacionadas con la danza.

Hernán Tobar@HernanTeleSUR

El día de navidad para Colombia registra otro asesinato de líder social, se trata de Lucy Villareal, gestora cultural, asesinada en el corregimiento de Llorente, dpto de Nariño, hacía parte del colectivo indoamericanto. @teleSURtv @L_teleSUR

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Diversas fuentes oficiales confirmaron que el homicidio fue cometido en el corregimiento de Llorente, jurisdicción del municipio de Tumaco, Nariño pese a que no se conocen los detalles del crimen.

La lideresa social era madre de dos niñas, y coordinaba la exposición «Mujeres sur y vida», la cual se dedica a exaltar el trabajo que realizan las líderes mujeres en el territorio en relación con la defensa de los derechos humanos.

Fuente e Imagen: https://www.telesurtv.net/news/lideresa-social-narino-tumaco-colombia-muerte-20191225-0003.html

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Vida humana, muerte y supervivencia: la ética material en la obra de Enrique Dussel

Reseñas

Reseña:

Autor: Gabriel Herrera Salazar

El presente trabajo es relevante para todos aquellos que se inician en la filosofía de la liberación, científicos sociales críticos que parten de fundamentos éticos y luchadores sociales que en sus actos de habla llevan implícita la praxis de la liberación. Puede considerarse como un paso previo a mi obra publicada en 1998 bajo el título: Ética de la liberación en la edad de la globalización y la exclusión, la cual en el 2013 se publicó por primera vez traducida al inglés, lo que hace que su lectura, discusión y crítica lleguen a nuevos rincones del mundo.
Para nosotros, la afirmación de la vida es el contenido de todos los actos humanos y el fin último de la existencia humana; esta es la diferencia que existe con el actual sistema capitalista, el cual tiene como fin último el aumento de la tasa de ganancia. El mal consiste en la perversidad del sistema actual, que ha llevado a poner en crisis la vida de todas las especies que habitamos en el planeta Tierra.
Un sistema que produce muerte es injusto y debe éticamente ser cambiado por otro diferente y más equitativo. La liberación se juega en el límite de la vida, en la sobrevivencia del oprimido, el excluido, la víctima. Es por ello que el criterio material de la ética de la liberación es la vida humana En diciembre del 2007 en el CIDECI-Universidad de la Tierra, don Durito de la Lacandona —en voz del subcomandante insurgente Marcos— nos dijo: “Cuando parece que no queda nada, quedan los principios”. La ética de la liberación es una ética de principios, principios que están inspirados en la digna lucha del EZLN.
El escrito que el lector tiene en sus manos es el resumen de los apuntes de Gabriel Herrera, un alumno que siguió mis cursos desde el año 2000, cuando era estudiante en la carrera de filosofía en la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa.

Ofrece una guía teórica-pedagógica que sitúa la argumentación filosófica de una ética material crítica fundamentada en seis principios, y en Vida humana, muerte y sobrevivencia. La ética material en la obra de Enrique Dussel pocas páginas logra digerir un trabajo que está expuesto en más de seiscientas.
Esperamos que el análisis de esta obra contribuya al diálogo intercultural en el marco del intercambio sobre ética y política frente al despojo.

Descarga gratis en: http://biblioteca.clacso.edu.ar/Mexico/cesmeca-unicach/20170419035719/pdf_656.pdf

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Graciela Bialet: «Los temas que eran tabú hoy están en las narrativas»

Entrevistas

Entrevista a Graciela Bialet

Por: José Playo

La escritora Graciela Bialet explica que los temas de la literatura infantil han cambiado hace tiempo.

A  juzgar por lo expresado por algunos sectores editoriales, quizá lo más llamativo en la actualidad sea la incursión en historias de tramas no frecuentes o con protagonistas que antes no llevaban la voz del relato. La escritora cordobesa Graciela Bialet observa el fenómeno de manera similar. Y sobre los hábitos de lectura, dice: “Hay distintos modos de leer. Los chicos pasean de un texto a otro con algunas paradas en YouTube o en un link, en una serie, u otro contenido”.

A pesar de que reconoce un cambio en la literatura infantil y juvenil que se orienta al arte, es consciente de que en el mercado y en el imaginario popular coexisten tres tipos de literatura para niños: una con visible enseñanza, otra con tinte lúdico/artístico y una de tradición oral.  “Por suerte –dice sobre esta última–, porque es la que mantiene como un hilo histórico distintas instancias desde el surgimiento de la literatura hasta el día de hoy”.

–¿Hoy se escribe “distinto”? ¿Hay autores “nuevos” o “nuevas” temáticas?

–¿Qué temáticas o autores identificarías en la actualidad?

–Hay muchas obras que abordan temas como el cáncer, las enfermedades, la sexualidad, la muerte, la guerra. Todos los que antes eran temas tabú en la literatura infantojuvenil ya hace bastante que están en las narrativas de autores como Sandra Comino (Panza prestada). O mi libro El que nada no se ahoga, sobre abuso, para niños muy pequeños. Mónica Weiss y Silvia Schujer también tratan temas, al igual que María Teresa Andruetto, Mercedes Pérez Sabbi y Ángela Lago. Toby, de Graciela Cabal, se enfoca en la diversidad.

–¿Cómo se forma un lector hoy?

–En la habitualidad de la lectura. Viendo gente leer, con los libros de la escuela, con las bibliotecas como tema de conversación, con la difusión de formatos.

–¿Con las tecnologías también?

–Las nuevas tecnologías hicieron un gran aporte porque hoy se lee y escribe mucho más que antes de los teléfonos celulares, por ejemplo. El interactuar con diferentes textos hace a la formación. Leer no es sólo decodificar signos, leer es entender que hay un relato, un argumento, y que el lector se pone a disposición para poder poner en pie en su imaginario lo que está leyendo. En la vida cultural, los libros van a circular en la medida en que sean compatibles con la necesidad y las ganas que tenga un lector de abrirlos. Un libro es sólo un objeto: se convierte en algo activo cuando un lector le da vida.

Fuente: http://www.lavoz.com.ar/numero-cero/los-temas-que-eran-tabu-hoy-estan-en-las-narrativas

 

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El grito de la Pachamama: ser mujer y defensora del medio ambiente

Rebelion

Por: Azul Crudo

En América Latina, la lucha de los pueblos en defensa de las tierras, bosques y agua contra las pretensiones extractivas de trasnacionales de transformarlos en industria, tiene también una reacción machista. Las defensoras de la vida y la naturaleza, por ser mujeres sufren una persecución particular, cuyas principales características son la estigmatización, la violencia sexual y psicológica y hasta la muerte.

 

Estigmatización, acoso permanente, manoseo durante detenciones ilegales, violaciones y hasta asesinatos son algunos de los vejámenes que sufren las mujeres que militan en defensa del medioambiente en América Latina. En la lucha por defender la tierra y la naturaleza, muchas veces las que resisten, acampan, hacen plantones, enfrentan en la primera línea a ejércitos, policías o retroexcavadoras, son mujeres. En algunos casos esta resistencia las ha transformado incluso en víctimas de asesinatos.
El caso más emblemático es el de la líder indígena hondureña Berta Cáceres (véase nota en página 17). Pero entre las ambientalistas que siguen vivas se destaca la peruana Máxima Acuña, agricultora que sigue siendo blanco de persecución por vivir en un terreno cerca de donde la minera Yanacocha quiere llevar adelante su emprendimiento extractivista. Hasta el día de hoy, funcionarios de la empresa continúan ingresando a su vivienda y rompiendo sus cultivos.
En sus cuerpos las defensoras del medioambiente encarnan a la Pachamama. Defender los territorios que habitan desde tiempos ancestrales, por pertenecer a comunidades indígenas y campesinas, es defender la vida. A quienes tienen el poder hegemónico, androcéntrico y masculinizante, por supuesto que les molesta que sus adversarias sean unas mujeres que se corren del rol tradicional de servidumbre y entrega para encabezar las luchas por la defensa del agua, del alimento, de lo comunal. Y por eso los métodos para intimidarlas son diferentes a los que se aplican contra los hombres.
La socióloga Jessenia Cassani, de la organización feminista peruana Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Demus), señaló recientemente –a fines de octubre, en una de las sesiones públicas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Montevideo– que las militantes mujeres en conflictos socioambientales son acosadas y atacadas de manera diferente por ser mujeres, y que esta persecución se manifiesta en violencia física, psicológica y sexual, de la que son víctimas “de manera permanente y cotidiana”.
“La violencia sexual es un mecanismo que han utilizado los agresores para neutralizar la labor de defensa de estas mujeres”, agregó la activista. Los agresores suelen ser empleados de las trasnacionales, el propio Estado a través de sus fuerzas de seguridad, e integrantes del sistema judicial, haciendo un uso arbitrario del sistema penal.
 
Manoseo
La violencia sexual contra las mujeres es común en los contextos de protesta, explicó Cassani: “Los ataques represivos van dirigidos (con golpes) a sus senos y nalgas para neutralizarlas en ese momento de lucha y en el ejercicio de su derecho a la protesta. En las detenciones se producen amenazas de violación, inspecciones de genitales y pechos y exhibición de ropa interior”, agregó. Emperatriz Bolaños –de Defensores de Lagunas de Conga, en Perú– lo vivió en carne propia cuando el personal de la minera Yanacocha amenazó con violarla. También le mataron a sus dos perros, y las autoridades no le tomaron la denuncia. Bolaños denunció en la misma audiencia de la Cidh otras prácticas intimidatorias comunes: “Nos quieren reubicar, y en nuestra comunidad hay ancianos, hay discapacitados, gente que no está acostumbrada a la ciudad.
El gobierno no hace nada por nosotros, al contrario: manda a la policía a que nos reprima, manda a la policía a que mate, a que nos saquen, y eso no es justo”. Según Cassani, “el despojo, desalojo y desarraigo de sus tierras es otro impacto de género”, las mujeres son desplazadas “muchas veces a zonas urbanas donde están en mayor indefensión por las desigualdades económicas, el racismo y el machismo existentes en nuestras sociedades, sumado a la cultura de violación imperante en nuestro país”. Mientras no existan estadísticas oficiales sobre los múltiples ataques que sufren las mujeres, estas violencias seguirán invisibilizadas y no será posible generar “un diagnóstico claro y normativas y políticas públicas eficientes que puedan garantizar el derecho a una vida libre de violencia”, insistió.
Para la abogada peruana Mirtha Vásquez, que defiende a Máxima Acuña y participó en la misma audiencia, es un problema cuando estas agresiones no son juzgadas como actos de violencia basada en género. Aunque en Perú exista la ley 30.364 “para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar”, el Ministerio Público suele definir la violencia contra las mujeres sólo como “aquella que se comete en el marco de las relaciones familiares, y que sólo se produce en el cuerpo de las mujeres, desconociendo los contextos y las características de las violencias”, afirmó la abogada. En las salas de audiencias de los tribunales, por ejemplo, a las mujeres que están brindando su testimonio no las dejan amamantar a sus bebés.
 
“Femicidio político”
La lucha que dio Berta Cáceres era a la vez anticapitalista, antirracista y antipatriarcal, señala Laura Zúñiga Cáceres, una de sus hijas, en diálogo con Brecha. Al asesinato de su madre lo califica como un “femicidio político”. “El asesinato de mi mami fue con saña, dirigida a ella porque lo que más generaba ruido era que fuera una mujer la que los desafiaba. En un contexto tan machista como el de Honduras, el papel de la mujer siempre está relegado a lo privado y a la servidumbre. Cuando alguien se rebela ante ese papel eso genera más odio”, señala Laura Zúñiga. A su madre “la describían como ‘bruja, puta, loca’”, recuerda. Y luego de muerta su condición de mujer también incidió en la caracterización del crimen que hicieron tanto las autoridades como la empresa: “A pesar de que su trabajo era peligroso, de que había tenido 33 amenazas de muerte entre 2013 y 2016, la primera hipótesis que presentó el Ministerio de Seguridad fue que había ocurrido un ‘crimen pasional’”.
Además, subraya, la empresa Desa –que estaba detrás del proyecto hidroeléctrico contra el que luchó Berta Cáceres– intentó deslindarse del asesinato argumentando públicamente que se trataba de un crimen “de faldas”. “Siendo ella defensora, lo primero que hay que buscar en estos hechos son las causas relacionadas con su trabajo, con la persecución que ha sufrido. A través de una lucha muy fuerte de organismos internacionales se logró desmontar esa intencionalidad de vincular (el asesinato) a su intimidad, de investigar a su ex pareja y deslegitimar su lucha por ser mujer. Por eso decimos que es un femicidio político: porque el crimen ha tenido motivaciones de odio por ser mujer”, asevera.
Zúñiga dice que su madre “fomentaba y demostraba que las mujeres podemos liderar y que los hombres pueden ser liderados por una mujer. Hizo que las comunidades comenzaran a pensar en la posibilidad de tener un liderazgo femenino”. Es precisamente el caso de Elvia Dagua, referente ecuatoriana en lucha contra la instalación del proyecto Mirador, de minería a cielo abierto, que se desarrolla en la zona sur de la Cordillera del Cóndor, en Ecuador. En 2015 el gobierno ecuatoriano le dio a la minera china Ecuacorriente SA (Ecsa) una concesión por 30 años.
Y en diciembre de 2016 la empresa logró desplazar a la comunidad shuar Nakints para imponer su proyecto de extracción de cobre, contando con el aval del gobierno. Con la mano represiva del Ejército destruyó casas, expulsó a más de 500 indígenas a la selva, los dejó sin alimentación ni escuelas y alambró el terreno para montar el campamento minero. Tras semanas en la selva y luego de la muerte de una bebé de tres meses por enfermedad, las mujeres y niños shuar se refugiaron en un pueblo vecino que, el 22 de octubre pasado, fue militarizado como forma de presionar y detener a quienes resistían. Los hombres permanecen clandestinos y pasan hambre.
La representante de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonia Ecuatoriana (Confeniae) no duda en responsabilizar al gobierno de Rafael Correa: “Hacia el exterior él habla del buen vivir, pero a las comunidades indígenas nos dividió y sólo produjo el mal vivir. Para hacer negociados con empresas mineras y petroleras él trataba de comprar la conciencia de los líderes más débiles de las comunidades indígenas, y nosotros, desde las bases, somos la mayoría, y nos opusimos al Estado ecuatoriano porque los territorios son nuestros”, dijo a Brecha.
Hostigamiento
Las amenazas y campañas de difamación en las redes sociales, medios de comunicación y en las comunidades son otra forma de violencia machista que sufren militantes como Máxima Acuña, a quien suelen calificar como “Máxima Farsa” o “Máxima Estafa”. Acuña es objeto de insultos y difamación, de incitaciones al odio y de amenazas de atentados contra su vida, por ejemplo con mensajes como “Minera Yanacocha. La bala cuesta un sol. Muerto el perro se acabó la rabia”.
La activista, quien lucha desde 2011, ha sido declarada inocente de los delitos por los que la minera la había acusado, como la usurpación del terreno en el que ella vivió toda su vida. Hace 15 días la justicia civil peruana declaró improcedente la medida cautelar que la empresa había solicitado para impedir que trabajara en su tierra. Sin embargo, relató su abogada, “está agotada en su esfuerzo” contra el proyecto minero. Según Vásquez, Acuña le expresó: “La vida se me está yendo en defender esto y ya ni la justicia nos defiende”, porque no actúa ante las denuncias que ha presentado por hostigamiento constante en su finca.
“Además de haber sido atacada físicamente años atrás, Máxima no puede volver a vender sus productos porque la propia gente de la comunidad la ataca, como consecuencia de las campañas de desprestigio de las que es objeto”, comentó a Brecha su abogada. Y sin embargo, relató recientemente Vásquez en una carta pública en NoticiasSer.pe, cuando le ha preguntado si quiere dejarlo todo y bajar los brazos después de haber sufrido tanto y logrado mucho, la activista le respondió: “No importa ya el terreno ni el daño que me siguen haciendo; a ellos se les sigue yendo el alma por quitarme Tragadero, tal vez lo logren alguna vez. Recibir dinero a cambio de dejarlo, a cambio de mis derechos, para olvidar mi sufrimiento, eso jamás.
Tal vez decida irme cuando mi cuerpo ya no aguante. Yo he ganado, yo demostré que las lagunas, que la tierra, que la dignidad del pobre no tienen precio, su oro no ha podido comprarme”. Para Laura Zúñiga “el sistema capitalista sigue necesitando energía y avanza sobre (…) los territorios indígenas preservados. La batalla de estos pueblos es por la vida, y vemos formas repetidas de criminalización en su contra, campañas de desprestigio, asesinatos”. En este contexto, dice, el desafío es “definir en conjunto cómo vamos a enfrentar estos ataques”.
Fuente: https://www.rebelion.org/noticia.php?id=234876
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Nicaragua lamenta deceso de destacada educadora.

Noticias
Centro América/Nicaragua/14.02.2017/Autor y Fuente: http://prensa-latina.cu/
Nicaragua lamentó hoy el deceso de la religiosa italiana Milena Emilia Rachela Rigoni, más conocida como sor Emilia Rachela, quien consagró la mayor parte de su vida a educar a los jóvenes en el país.

Emilia siempre fue una persona muy querida, visitada por muchas personas que llegaban a honrarla y sobre todo agradecerle su educación, (su fallecimiento) es realmente una pérdida’, significó la vicepresidenta Rosario Murillo durante una alocución televisiva.

Murillo recordó que Rachela fue una religiosa de la Congregación Salesiana Hijas de María Auxiliadora, que fundó en Nicaragua la conocida escuela María Mazzarello y el Centro Educativo Sor María Romero.

Nacida el 2 de diciembre de 1926 en la provincia italiana de Padua, donde tomó los hábitos a los 18 años, en 1952 llegó a Nicaragua y durante más de seis décadas se dedicó a fomentar la educación en la nación centroamericana.

El cardenal Miguel Obando resaltó la humildad de sor Emilia y su amor por la enseñanza, al valorar el importante papel que tuvo en la formación de miles de jóvenes, labor por la cual recibió el título Honoris Causa de la Universidad Católica de Managua.

Entretanto, otros representantes de la Iglesia católica acompañaron este viernes las muestras de condolencias por su deceso.

‘Aquí en Nicaragua y en Managua hay miles de personas que la conocían, la apreciaban y querían, y como hemos visto su larga trayectoria desde que vino de su tierra Italia, no hay duda que muchas personas lamentan su muerte’, expresó monseñor Eddy Montenegro.

Por su labor educativa y a favor de los humildes, en 2008 sor Emilia Rachela recibió del presidente Daniel Ortega la Orden Independencia Cultural Rubén Darío, máxima distinción conferida por Nicaragua a quienes sobresalen por sus aportes a los campos de la ciencia, las artes, la investigación y la cultura.

Fuente: http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=63416&SEO=nicaragua-lamenta-deceso-de-destacada-educadora

Imagen: http://i1.wp.com/www.tn8.tv/wp-content/uploads/2017/02/RM4.jpg?resize=700%2C357

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Bogotá y Ciudad de México: capitales de la segregación y de la “limpieza social”

Cristiano Morsolin

Cristiano Morsolin

Luego de seis meses de la estruendosa intervención del barrio “Bronx” de Bogotá, la administración distrital del Alcalde Mayor Peñalosa no presenta mayores avances, ni siquiera hay asomos de una política pública integral para atender a la población habitante de calle que se constituyó en la principal víctima de la intervención y que hoy, de acuerdo con expertos, está siendo presuntamente eliminada sistemáticamente por resultar incómoda no sólo para la administración distrital, sino para la ciudadanía en general.

Así lo denunció Ángela María Robledo en el Congreso de la República quien aseguró además que el Distrito tan sólo ha atendido a 550 personas de las 3.500 retiradas del Bronx, es decir, sólo el 16% de la población, que de acuerdo con el Secretario Distrital de Seguridad, Daniel Mejía, fue expulsada del Bronx y de quienes aseguró que era mejor tenerlos en el caño.

¿Dónde están los habitantes de calle que fueron desplazados del Bronx? Preguntó insistentemente la congresista Robledo, a lo largo del debate de control político realizado el pasado 20 de septiembre, pregunta que sigue sin responder en la audiencia realizada el viernes 2 de diciembre, con el agravante de los permanentes hallazgos y señalamientos en el sentido de que esta población podría ser víctima de una estrategia de “limpieza social”.

El represettante Alirio Uribe del Polo Democrático Alternativo denunció que, de acuerdo con reportes de Medicina Legal, este año, hasta el 30 de noviembre, han sido asesinados 99 habitantes de calle en Bogotá “Es decir, 9 habitantes de calle cada mes, lo cual es una situación muy dramática que significa que por lo menos cada tercer día se cometen crímenes por intolerancia contra los habitantes de calle”, aseguró Uribe.

Ángela María Robledo documentó e hizo seguimiento al recorrido realizado por un grupo entre 200 y 500 habitantes de calle que fueron literalmente arriados, violentados y hostigados por la Policía Metropolitana a lo largo del caño de la Avenida Sexta en Bogotá, entre el 28 de mayo y el 17 de septiembre, y de quienes no se conoce su paradero.

Parece increíble, pero una de las acciones más contundentes emprendidas contra la población han sido ocho tutelas interpuestas por vecinos de los barrios a los que se desplazó esta población y que exigen que la Alcaldía los desaloje a la fuerza, a lo mejor recogiendo la premisa de Peñalosa frente a que “el orden urbano trae orden social”.

“El talante autoritario e higienista de Peñalosa empeñado en limpiar aquí, embellecer y ordenar allá, puede estar incidiendo en esta práctica macabra de limpieza social que en palabras del profesor Carlos Mario Perea, es una práctica que (…) condena y despoja de toda dignidad a las víctimas, reduciéndolas a la condición de mal que es necesario extirpar (…) Sus mismos perpetradores –asegura Perea- entienden que es un (…) acto de remover la inmundicia y la suciedad de aquellos que portan consigo una marca de identidad: habitar la calle, un oficio sexual, delinquir, ser joven popular”, dijo Robledo.

Según Perea las operaciones de exterminio social son frecuentes en Colombia y Bogotá no es la excepción, sobre todo en barrios populares como Ciudad Bolívar. Datos del CINEP del 2014 –citados en el libro del Centro de Memoria Histórica, Limpieza Social, Una violencia mal nombrada – indican que es una práctica con presencia en 28 departamentos y 356 municipios del país con un saldo de 4.928 personas asesinadas. “De los 189 casos ocurridos en Bogotá, con saldo de 346 homicidios, se identificó la práctica en cuatro expedientes directos y seis de miembros del Bloque Capital”. Como es común en Colombia es un crimen que está en la casi total impunidad, no existen mayores registros sobre el tema ni en las instituciones ni en las investigaciones académicas, como tampoco hay claras estadísticas de este crimen.

De acuerdo con Robledo pasados seis meses de la intervención en el Bronx, “Enrique Peñalosa no resuelve la crisis humanitaria que generó esta operación y que deja desamparada a la población habitante de calle que, de acuerdo con la Ley 1641 de 2013, tiene derecho a que se le proteja y restablezca sus derechos. Peñalosa desconoce además las sentencias de la Corte Constitucional 881 de 2002 y 043 de 2015 que indican que son sujetos de especial protección”.

La Organización Parces denunció que luego de la intervención del Bronx se han registrado por lo menos 15 muertes violentas de habitantes de calle. “La violencia se ha convertido en el vehículo preferido de la Policía para recuperar el espacio público. La Alcaldía de Bogotá sembró en el imaginario colectivo que el habitante de calle es sinónimo de peligro y por tanto un sujeto que fácilmente puede eliminarse”, aseguró Alejandro Lanz, su director.

La audiencia convocada por los representantes Ángela María Robledo e Inti Asprilla del Partido Alianza Verde y Alirio Uribe del Polo Democrático Alternativo contó con la participación de Patricia Rodríguez, socióloga, coautora del libro Emergencia del sujeto excluido; Susana Fergusson, educadora comunitaria y trabajadora social; Alberto López de Mesa – ex habitante de calle y autor de “El Manifiesto Callejero”; Marcela Tovar, Filósofa y Directora de Centro de Pensamiento y Acción para la Transición (CPAT); German Betancourt, Ex funcionario del Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud – IDIPRON; Ángel “alias Todo Copas”, rapero del Bronx; Pablo Zuleta, Médico psiquiatra; Ingrid Johanna Morris, Antropóloga experta en población habitante de calle y Wilfredo Grajales, Director del IDIPRON, entre otros (1).

Antecedentes

Ante la Procuraduría y la Fiscalía fue denunciado el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, por las políticas del Distrito en la atención de habitantes de calle, luego de la intervención al Bronx, en el centro de la ciudad.

El representante a la Cámara por Bogotá, Alirio Uribe, quien anunció la demanda el pasado 18 de agosto, dijo que Peñalosa “ha hecho una intervención totalmente negligente e improvisada y eso ha afectado a una población vulnerable que es el habitante de calle”.

En ese sentido, dijo Alirio Uribe, la situación ha desencadenado “desplazamiento forzado, ha generado una política de odio en la ciudadanía hacia los habitantes de calle y se han presentado abusos de autoridad y tratos crueles hacia esta población”.

Sobre la situación que se viene presentando con los habitantes de calle, el alcalde Enrique Peñalosa manifestó en las últimas horas que la administración distrital está en capacidad de atender a esa población en los centros de acogida pero, por sentencia de la Corte Constitucional, se trata de una decisión voluntaria de estas personas, relata Caracol (2).

El pasado 27 de mayo de 2016 las autoridades de la ciudad de Bogotá pusieron fin a años de tráfico y expendio de estupefacientes en el sector El Bronx, centro de la capital colombiana, a solo 400 metros del Palacio Presidencial de Nariño.

En la zona había casas de pique y ocurrían torturas, secuestros, además, los perros eran usados como armas de ataque. Asimismo, abundaba la trata de personas y la esclavitud sexual de 300 niñas, niños y adolescentes en situación de calle. En el Bronx se recaudan mensualmente 1,5 millones de dólares solo por concepto de venta de drogas, aseguraron las autoridades.

La diputada Ángela María Robledo (Verdes), ex Decana de la Facultad de Psicología de la Universidad Javeriana de Bogotá, subraya que “Bogotá está en una crisis humanitaria y social. La Alcaldía trató a habitantes de calle como animales y hoy la vida de seres humanos está en riesgo.

La intervención en Bronx requería más que inteligencia policial y bolillo; mínimo debió haber proceso de 1 mes para generar confianza con el habitante de calle. Después del garrote, cualquier acercamiento genera rechazo.

La responsabilidad de Enrique Peñalosa (actual Alcalde Mayor) es más que política. La Corte Constitucional dice en la sentencia C-385 de 2014: Habitantes de calle requieren protección del Estado.

Lo de la improvisación en la administración de Peñalosa no es un «slogan de oposición», tenemos ya una tarea documentada que así lo demuestra y surgirán acciones legales”, concluye Ángela Robledo.

Al respecto Gustavo Petro (Alcalde de Bogotá entre 2011-2015) considera que “la operación sobre el Bronx en Bogotá se convirtió en una política de gentrificación a mano armada.

La gentrificación es el proceso que excluye una población pobre o étnicamente diferente de donde habita tradicionalmente, para ser reemplazada por poblaciones más ricas o de otra índole étnica. En la Colombia contemporánea se ha producido un extenso y profundo proceso de gentrificación en los campos con el desplazamiento de millones de campesinos de sus tierras reemplazados por narcotraficantes, testaferros y sus compradores de “buena fe” de muy altos recursos, a partir de la acción armada del paramilitarismo con la ayuda del Estado.

La gentrificación siempre es una práctica antidemocrática y es capaz de generar violencias incontenibles.

Bogotá Humana cambió las políticas de gentrificación que se dieron, incluso en gobiernos del Polo, por políticas de revitalización urbana, que implican que los habitantes tradicionales de una zona puedan gozar de las renovaciones urbanas que se dan en su zona de residencia y no ser desplazados por ellas, así no tengan capacidades económicas o sean muy reducidas. Ejemplos de revitalización se dieron en los Olivos, Chapinero; el barrio Belén, Egipto, la Plaza de la Hoja, en el proyecto Fenicia con la Universidad de los Andes, en la transformación del centro comercial cielos abiertos en el centro comercial popular de San Victorino”, concluye Gustavo Petro (3).

Yo he video-entrevistado a Antonio Aniesa (4), miembro del gabinete del Presidente Plaine Commune – Paris y miembro de la Comisión Inclusión Social, Democracia Participativa y Derechos Humanos de CGLU, presenta la Cumbre Mundial de Líderes Locales y Regionales y el 5º Congreso de CGLU que se realizarán en Bogotá (12-15 octubre de 2016).

En esta entrevista Aniesa debate sobre periferias, segregación, derecho a la ciudad, con relación a mi libro:

Emancipaciones de calle. Entrevistas a Wanderlino Nogueira Neto, Adolfo Pérez Esquivel, Juan Carlos Monedero, Lola Sánchez Caldentey y otros expertos sobre el derecho a la ciudad y la segregación en Latinoamérica. Ed. Mediafactory, Italy, 2015.

Este libro propone algunas alternativas para enfrentar la problemática de los niños, niñas y adolescentes que viven y trabajan en la calle en Latinoamérica. Se trata de un proceso relacionado a la carta abierta de 74 expertos que han escrito a Naciones Unidas con relación a la elaboración de un informe mundial y a recomendaciones, que actualmente están en construcción.

Se encuentran algunas entrevistas exclusivas a representantes de los movimientos sociales, académicos y expertos de Naciones Unidas para construir nuevas políticas públicas innovadoras e incluyentes.

Este libro visibiliza las voces de sujetos históricamente excluidos en Latinoamérica también en la perspectiva del derecho a la ciudad (Juan Carlos Monedero) y de la epistemología del Sur (Boaventura de Sousa Santos), denunciando la segregación urbana en Colombia y en Brasil.

Vernor Muñoz, Relator Especial de la ONU sobre el derecho a la educación (2004-2010), dijo: “Respaldo la carta abierta promovida por Cristiano Morsolin y considero que la situación de los niños y niñas en la calle muestra uno de los impactos más graves del abandono, la exclusión y discriminación en nuestras sociedades. Se hace necesario profundizar en el análisis de las causas y en la búsqueda de soluciones que conduzcan a mejores intervenciones gubernamentales, basadas en políticas públicas culturalmente pertinentes y socialmente efectivas. Para este fin, se requiere que las acciones desplegadas por las agencias y organismos de las Naciones Unidas, amplíen sus márgenes de acción, de modo que se puedan fortalecer la investigación y acción intercultural e intersectorial”.

​​REDIM y Commenta A.C saludan la respuesta del Jefe de Gobierno de la Ciudad de México al llamado a garantizar derechos de niñas y mujeres en poblaciones callejeras

Hace dos años se solicitó Audiencia Pública con el Jefe de Gobierno donde las participantes puedan exponer personalmente las problemáticas que enfrentan en la Ciudad de México. Es indispensable crear la Ley de Protección a los Derechos Humanos e Inclusión social con la participación de población callejera y sociedad civil.

Frente a las múltiples formas de discriminación y violencia que afectan la vida de las niñas, adolescentes, mujeres jóvenes y adultas que viven en poblaciones callejeras de la Ciudad de México, Commenta A.C integrante de la red nación REDIM, comenzó en 2014 la iniciativa “Existo Si Me Nombras Tú” a través de la cual se han obtenido a la fecha más 30 mil firmas de apoyo a través de la plataforma Change.org y que ahora tiene continuidad con la campaña #YoTeNombro porque existes. La exigencia social difundida a través de estas campañas ha sido apoyada por múltiples voces entre las que están: Natalia Lafourcade, Tiaré Scanda, Lidya Cacho, Kate del Castillo y Fernanda Tapia.

El Jefe de Gobierno dio respuesta a través de un mensaje en vídeo dirigido a las niñas, las adolescentes y las mujeres que viven en calle en el que menciona “tenemos un compromiso claro, de apoyo, de atención, de protección para todas ustedes, de empoderarlas, de hacer visible ésta condición en la que se encuentran de vulnerabilidad y por supuesto de apoyar para que la misma cese para que la misma se termine. Todo nuestro compromiso y todo nuestro apoyo en su defensa. Y por supuesto el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México comprometido y todo el gabinete también con esa instrucción de tener una línea de acción transversal en favor de las niñas, de las adolescentes y de las mujeres en situación de calle.”

Juan Martín Pérez García, Director Ejecutivo REDIM Red por los Derechos de la Infancia en México, subraya al Observatorio sobre Latinoamérica SELVAS de Milán (Italia) que “desde REDIM Red por los Derechos de la Infancia en México y Commenta A. C saludamos la iniciativa del Jefe de Gobierno y estaremos a la espera de la fecha de Audiencia Pública en la que un grupo de mujeres pueda hablar personalmente con Miguel Ángel Mancera sobre las dificultades así como las violaciones a derechos a las que están expuestas al sobrevivir en situación de calle.

Esperamos que luego de la Audiencia Pública donde se recojan las propuestas de las participantes, se establezca una mesa de trabajo que dé seguimiento a su cumplimiento y en la que participen autoridades, sociedad civil e integrantes de poblaciones callejeras. Consideramos prioritario que estas demandas sean atendidas y que las autoridades estén abiertas al diálogo productivo ya que nos encontramos en un momento coyuntural para avanzar en el respeto a los derechos humanos de la población que viven en calle.

​Estamos frente a la oportunidad histórica de construir políticas públicas con la participación del Jefe de Gobierno con mujeres integrantes de las poblaciones callejeras, políticas que atiendan a esta población desde un enfoque de derechos humanos y con perspectiva de género, donde Miguel Ángel Mancera tome en cuenta su opinión y les reconozca como ciudadanas con voces válidas para los tomadores de decisiones de la Ciudad de México, invitamos a establecer a la brevedad una fecha para la Audiencia Pública con mujeres integrantes de las poblaciones callejeras. Con el fin de que el Jefe de Gobierno escuche las problemáticas y propuestas de las mujeres y niñas que viven en las calles.

Es importante desarrollar políticas públicas para mujeres. Crear la primera política pública en América latina con perspectiva de género e infancia para mujeres callejeras, sus hijas e hijos.

Hay que crear la Ley de Protección a los Derechos Humanos e Inclusión Social de las Poblaciones Callejeras con la participación de las y los integrantes de las poblaciones callejeras y de sociedad civil especialista en el tema, y garantizar el cumplimiento del Protocolo de Atención a Poblaciones Callejeras particularmente a nivel delegacional en que se le reconoce como ciudadanas de plenos de derechos y prohíbe la esterilización forzada, violencia obstétrica y separación familiar.

Debemos trabajar con sociedad civil y mujeres de poblaciones callejeras sobre un modelo de trabajo para el Hogar CDMX basado en el enfoque de Derechos Humanos y con perspectiva de género y incorporar a la Ciudad de México como una de las 12 Ciudades Modelo en la estrategia global para reducir las condiciones y personas que viven sin hogar junto al Institute of Global Homelessness”, concluye Juan Martín Pérez García.

REDIM organiza consulta latinoamericana en Ciudad de México, rumbo a la Observación General sobre la niñez en situación de calle del Comité de las Naciones Unidas, ONU

Juan Martin Perez Garcia– Director Redim – co-autor del libro “On children’s rights debt. Reconsidering the debates about working and street children in a globalized world“ junto a Cristiano Morsolin- ha organizado en Ciudad de México Consulta con niñas, niños, adolescentes y jóvenes en México y América Latina el pasado 5 de abril, rumbo a la Observación General sobre la niñez en situación de calle del Comité de las Naciones Unidas, ONU.

En el marco del foro internacional “Derechos Humanos de las Poblaciones Callejeras”, senadores, organizaciones civiles, funcionarios y especialistas denunciaron que las personas que se encuentran en esta situación son objeto de discriminación, limpieza social, detenciones arbitrarias y desalojos forzosos, por parte de las autoridades y de la sociedad. Según un comunicado de prensa difundido el pasado 6 de abril de 2016, coincidieron en que es indispensable escuchar las opiniones y propuestas de este sector poblacional, a través de mecanismos adecuados que faciliten su participación, pues sólo de esa forma se podrán generar políticas públicas que permitan visibilizarlos y hacerlos sujetos de derechos plenos. La senadora Angélica de la Peña Gómez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en el Senado, señaló que en la actualidad existen poblaciones callejeras no sólo en las grandes ciudades, sino que ahora también las hay en las fronteras, que poco a poco van creciendo “y se van constituyendo en pequeñas metrópolis”. Ante este panorama, dijo que es necesario visibilizar a este sector poblacional y entender cuáles son las circunstancias que los convierten en un grupo vulnerable y de riesgo; pues además persisten actitudes de persecución y de criminalización por parte de las corporaciones policiacas de todo tipo y también por funcionarios administrativos en las demarcaciones donde se encuentran. Recordó que México como Estado parte de la Convención sobre Derechos de la Niñez, tiene la obligación de trabajar para que la población infantil sea sujeta de derechos plenos y no permitir que esté fuera del contexto de ese reconocimiento, por lo que la población callejera tiene que ser reconocida en el marco de los derechos humanos que deben gozar más allá de la condición en la que se encuentran.

Para Bernard Gastaud, integrante del Comité de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), este foro podría suscitar una esperanza para el acceso a la dignidad y al goce de los derechos humanos de las personas en situación de calle. No obstante, dijo que para ese fin es fundamental el compromiso conjunto y continúo de todas las partes: estados, familias, comunidades, asociaciones civiles y de las mismas personas que se encuentran en esta condición.

Alexandra Hass, presidenta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación en México (Conapred), destacó que la falta de información respecto a las poblaciones callejeras ha llevado a crear políticas públicas deficientes y asistencialistas, que no tienen un enfoque de derechos humanos, además de que perpetúan los estereotipos y los prejuicios en contra de este sector. Dijo que las personas en situación de calle se enfrentan a la negación directa de sus derechos humanos, así como a detenciones arbitrarias y desalojos forzosos llevados a cabo por las fuerzas de seguridad de los tres niveles de gobierno. Aunado a ello, se encuentran en una situación de invisibilidad que no le permite tener acceso a otros derechos como el de la identidad, ni los servicios médicos ni salud.

Daniel Ponce Vázquez, coordinador de vinculación de dependencias y órdenes de gobierno del Sistema Integral de Protección para Niñas, Niños y Adolescentes de la Secretaría Ejecutiva, señaló que niñas, niños y adolescentes en situación de calle se encuentran ante situaciones de discriminación, invisibilidad y estigmatización, por lo que es fundamental un cambio de paradigma en las decisiones que se tomen para resolver esta problemática. Indicó que se han llevado a cabo políticas inadecuadas, que muchas veces van de la limpieza social hasta mecanismos coercitivos que no toman en cuenta la información y opiniones de niños y niñas que viven en las calles.

En este sentido, mencionó que el nuevo paradigma consiste en escuchar sus opiniones y alternativas para que sean tomados en cuenta en la construcción de políticas públicas que les permitan restituir los derechos que les han sido negados.

Ismael Eslava Pérez, primer visitador de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), manifestó la necesidad de transitar de un modelo de atención que deriva en medidas de carácter paliativo a otro, cuya piedra toral sea el reconocimiento de su calidad como sujetos de derechos y que obligue a las autoridades a adoptar soluciones integrales a largo plazo. Comentó que se requiere visibilizar a poblaciones callejeras, en especial a las niñas, niños y adolescentes que las integran, así como reconocer sus condiciones particulares para prevenir y evitar el acoso, discriminación e intolerancia de la sociedad y de las autoridades, que muchas veces generan su ocultamiento, marginación, incluso, la negación de su existencia. Para ello, consideró indispensable que este sector poblacional exprese sus inquietudes, aspiraciones y necesidades, a través de mecanismos adecuados que faciliten su participación, pues sólo de esa forma podrán conocerse las causas que los incorporaron a la vida en las calles y las razones que propician su permanencia en ellas. Angélica Luna Parra, titular del Instituto Nacional para el Desarrollo Social, refirió que en 2015 el Instituto Nacional de Migración retuvo a 35 mil niños que llegaron a la frontera solos; cifra que es “escalofriante”. Explicó que muchos menores migrantes huyen de sus regiones debido a los fenómenos asociados al cambio climático, aumento de la pobreza, violencia familiar y en sus comunidades, crímenes, por explotación, trata y venta de la que son objeto. Juan Garay Amores, de la Delegación de la Unión Europea, aseguró que para generar políticas públicas que atiendan el problema de las poblaciones callejeras es fundamental la voz y opinión de los niños y adolescentes, de lo contrario no tendrá ningún sentido.

Mariana Olivera West, directora general adjunta de Política Internacional sobre Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, comentó que la Cancillería se encuentra en espera de la observación general que hará la ONU a México sobre este tema, a fin de realizar acciones conjuntas para atender las recomendaciones que pudiera emitir. A su vez, Elba Cárdenas, directora de Protección del DIF Nacional, informó que este año se va iniciar la actualización de del estudio Niños, Niñas y Adolescentes Trabajadores en diferentes ciudades del país, el cual aportará información valiosa para la toma de decisiones (5).

Angélica de la Peña Gómez, Presidenta de la Comisión Derechos Humanos del Senado mexicano, ha destacado que “Indiferencia y criminalización fomentan exclusión de las poblaciones callejeras

El fenómeno de las personas en situación de calle, sin hogar, ha crecido exponencialmente hasta convertirse en una verdadera población callejera, a pesar de lo cual está invisibilizada y en situación permanente de vulnerabilidad y riesgo.

Este grupo poblacional si bien está conformada por una gran cantidad de niñas y niños menores de 8 años de edad, también hay adolescentes, adultos, personas de la tercera edad y por familias que se han conformado en la calle e incluso han procreado hijos o hijas.

Todas estas personas además de subsistir las condiciones propias de vivir en la calle, también deben sobrellevar la persecución y criminalización de las corporaciones policiacas y de funcionarios administrativos en las demarcaciones en donde se encuentren.

Las grandes poblaciones callejeras se ubican en principales ciudades de nuestro país, pero no es un tema exclusivo de la Ciudad de México, Monterrey, Puebla o Guadalajara, sino que ahora están presentes en las ciudades fronterizas y en aquellas que muestran un crecimiento acelerado.

México, como Estado parte de la Convención sobre Derechos de la Niñez, tiene la obligación de integrar a toda la población de niñas y niños menores de 18 años de edad, sin distinción de ningún tipo, en el mundo las y de los sujetos de derechos plenos, y ese es el gran reto que se tiene como país.

Las personas que viven en la calle tienen derechos reconocidos en nuestra Constitución y son los mismos derechos que tenemos el resto de mexicanas y mexicanos; por lo tanto, la población callejera debe ser reconocida en el marco de ese gran conglomerado de los derechos humanos que deben gozar irrestrictamente más allá de la condición en la que se encuentran.

Finalmente, el Senado de la República se preocupa y ocupa no solamente por visibilizar a esta población, sino también para que sus integrantes sean reconocidos como sujetos y sujetas plenas de derechos; así como para impulsar políticas públicas y acciones gubernamentales que garanticen este nuevo estadio que obliga la Convención sobre Derechos de la Niñez al Estado mexicano”, concluye Angélica de la Peña Gómez, entrevistada por el Observatorio SELVAS.

La segregación impide la paz, según Ministro Pardo

Rafael Pardo, ministro para el Posconflicto, aseguró durante la Conferencia internacional “Hábitat III FollowUp” realizada en la Universidad Nacional de Colombia U.N. de Bogotá el viernes 21 de octubre de 2016 – que las agendas de seguimiento de este tipo son muy eficaces para fortalecer las políticas públicas de las diferentes ciudades. “En Ecuador, una inmensa cantidad de personas no se sintieron representadas por los asistentes y esto hace que se tengan que crear alternativas de diálogo que lleven a derribar las barreras de relaciones con otros y que los ejercicios democráticos sean eficientes”.

Se puede considerar como histórico el pronunciamiento del representante del Presidente Santos, Rafael Pardo que subrayó que «la segregación es contraria a la paz. El contraste a la segregación es parte de la agenda del post-conflicto. Las ciudades son hoy el lugar más adecuado para el fortalecimiento de la democracia”.

A su vez Jordi Borja, catedrático de la Universidad de Barcelona famoso por transformar a Barcelona, enfatizó que “el derecho a la ciudad no es una lista de derechos bien intencionados. Es una estrategia transformadora, plantea acciones con la bandera de la justicia espacial. El Derecho a la Ciudad quiere decir conquistar poder político, no de participación para lograr consensos pasivos. Las ciudades deberían ser protectoras no resilientes, sin embargo no lo son. Quienes más necesitan la ciudad son los más necesitados. El derecho a la ciudad es una conquista del poder político en las clases sociales».

María Mercedes Maldonado, secretaria de transporte del Alcalde Petro (2012-2015) declaró que “la potencia del Derecho a la Ciudad se liga a su connotación política: interpelar y cuestionar un sistema basado en la propiedad privada y la mercantilización de la ciudad”.

He conversado con Roberto Lippi, Coordinador de ONU-Hábitat Colombia, que me ha comentado que “se trata de construir colectivamente una sociedad en paz y de aprovechar del post-conflicto como grande oportunidad para que el país avance más rápidamente en la senda de la prosperidad y de la inclusión”.

Lippi ha organizado en agosto en Cali el IV Foro Urbano Nacional (FUN4). Como resultado del Foro se formuló un manifiesto con ocho puntos que la delegación colombiana debe tener en cuenta para las discusiones durante Hábitat III.

Entre las ideas principales del manifiesto se destacan: i) El carácter participativo que se debe tener en cuenta para la implementación de la Nueva Agenda Urbana; ii) La promoción del derecho a la ciudad en Colombia; iii) La identificación de instrumentos financieros para la implementación de la Nueva Agenda Urbana; iv) Promover la integración territorial como herramienta fundamental para construir una paz sostenible en Colombia; v) Aumentar la autonomía política, técnica y financiera de los territorios; vi) Promover la innovación tecnológica en los procesos de urbanización y viii) Construir un pacto colectivo entre los sectores público, privado y la sociedad civil para abordar de forma contundente la inequidad (6).

Conclusión

El Observatorio sobre Latinoamérica SELVAS de Milán ha documentado el tema del derecho a la ciudad entre la Cumbre Mundial de Alcaldes de Bogotá y la Conferencia de Naciones Unidas Hábitat III de Quito, a través de varios artículos: Se abre Cumbre Mundial de Líderes Locales y Regionales CGLU (7), Cumbre Mundial de Alcaldes CGLU: El reto de las alcaldías es traducir el urbanismo en inversión social e inclusión (8), El camino difícil del derecho a la ciudad (9), la video-entrevista a Antonio Aniesa de las banlieux de Paris-CGLU (10) y la video-entrevista a Marisa Glave, congresista peruviana del Frente Amplio (11), Conclusiones de la Conferencia internacional “Hábitat III FollowUp”: Derecho a la ciudad, Nueva Agenda Urbana y contraste a la segregación, artículo de Morsolin para agencia ALAI (12).

Concluyendo, esperamos que el Presidente Juan Manual Santos, después de recibir el Premio Nobel de Paz, se comprometa a implementar la paz también en dirección de la lucha en contra de la segregación porque la realidad de Colombia in primis de Bogotá es intolerable. La comunidad internacional sigue presionando para que las palabras del Ministro Pardo se traduzcan en un compromiso real del Gobierno Nacional.

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