Page 2 of 56
1 2 3 4 56

Las 12 campanadas de la medianoche

Por: Elisabeth De Puig

¿Qué lanza al destierro a tantos dominicanos que se entregan a redes que los llevan a Chile o a las carreteras de Chiapas? ¿Qué nos espera realmente en estos próximos meses donde en el medio de un tercer año de pandemia la pobreza y sus estragos en la República Dominicana chocan con la imagen del país que queremos proyectar?

Las 12 campanadas de la medianoche del pasado viernes 31 nos propulsaron en el año 2022 y, simbólicamente, nos despojaron por un momento de todas nuestras cargas para abrazar el nuevo año esperanzados de iniciar un periodo más auspicioso que el acabamos de atravesar.

Sin embargo, tal duende travieso, ómicron se apoderó de nuestras mentes y nos acompañó durante la velada. Ahora todos quisiéramos saber si asistimos al principio del final de la epidemia o si estamos en presencia de una trampa del virus que se presta a resurgir, tal ave fénix, bajo nuevas formas de sus cenizas.

Los próximos meses lo dirán. No obstante, venga lo que venga, debemos seguir cuidándonos al máximo. Debemos reforzar las vacunas e invitar a vacunarse a los que no lo han hecho. Participando en el cuidado de los demás aportamos a nuestro entorno.

Para los moradores de la República Dominicana, el año 2021 estuvo marcado por un excelente desenvolvimiento en cuanto al enfrentamiento   de la pandemia. También por el hecho, digno de estudio, de que somos uno de los dos países con más baja letalidad de todo el continente americano.

En otro tenor, estamos siendo testigos de una lucha contra la corrupción sin precedente, y de una recuperación económica que nos coloca como uno de los países de la región mejor preparados para afrontar nuevos retos.

Con estas señales esperanzadoras, una pandemia de por medio y la tremenda amenaza del cambio climático, el presente sería el momento idóneo para reflexionar sobre el modelo de la sociedad que debemos construir para que la recuperación alcanzada y los pasos institucionales que se han dado se traduzcan en una transformación real hacia una sociedad ambiental, social y políticamente sostenible.

En muchos países ha tomado cuerpo el criterio de que la recuperación económica post pandemia no puede ser el mero retorno a las formas de consumir y producir de antes de la COVID-19. Hacerlo así sería reproducir las formas de maltrato a la naturaleza que han generado el cambio climático cuando de lo que se trataría es de revertirlas.

De la misma manera nos podemos preguntar a la luz del resultado de las últimas elecciones en Chile, campeón del neoliberalismo y de la desigualdad, si el modelo económico actual será sostenible políticamente en la República Dominicana a mediano plazo y si no se necesita trabajar desde ahora para lograr una sociedad más inclusiva donde impere la justicia social.

¿Qué lanza al destierro a tantos dominicanos que se entregan a redes que los llevan a Chile o a las carreteras de Chiapas? ¿Qué nos espera realmente en estos próximos meses donde en el medio de un tercer año de pandemia la pobreza y sus estragos en la República Dominicana chocan con la imagen del país que queremos proyectar?

En fin, las oportunidades deben existir para las grandes mayorías. De ahí la pregunta: ¿cómo repartir el maná del crecimiento entre los que más lo necesitan para que este gobierno sea el gobierno del cambio en aspectos fundamentales que tocan la vida misma de las personas?

Alarman las voces de la Sociedad Dominicana de Pediatría llamando la atención sobre el aumento de un 20% en la mortalidad infantil durante el pasado 2021, al igual que la recrudescencia del dengue y otras enfermedades.

Que una niña de 14 años haya dado a luz al primer bebé del año no es casual y solo refuerza la urgencia de la lucha contra las desigualdades y a favor de los derechos fundamentales de la niñez en la cual están envueltos, entre otros, la educación, la salud, la vivienda.

No solamente debemos velar porque no se produzcan desacatos a los derechos humanos en materia de migración, como los atropellos injustificables a las extranjeras que procuran servicios médicos en la República Dominicana, sino también recordar que las mujeres que votaron a favor del PRM esperan un código penal garante de derechos y a la altura del siglo XXI.

Aprovechemos pues el año 2022 para dar un salto hacia políticas públicas que logren cambiar el comportamiento social, propulsen una justa redistribución y aseguren un clima social favorable al crecimiento.

Fuente: https://acento.com.do/opinion/las-12-campanadas-de-la-medianoche-9020486.html

Comparte este contenido:

Libro (PDF): Resistir al neoliberalismo. Comunidades y autonomías

Reseña: CLACSO

*Disponible sólo en versión digital

En Resistir al neoliberalismo. Comunidades y autonomías Pilar Calveiro no se centra en las características del neoliberalismo sino, como su nombre lo in­di­ca, en la posibilidad y la potencia de las resistencias comunitarias. Para ello retoma la discusión sobre los rasgos violentos y autoritarios del neoliberalis mo, desarrollados en textos anteriores, enfatizando ahora en la conforma­ción de redes de poder que rebasan al aparato estatal. Ello obliga a desplazar el foco de análisis, del Estado y sus responsabilidades directas o indirectas, a la gubernamentalidad neoliberal, como una trama más densa y compleja. Se trata de observar la articulación de las redes de poder legal/ilegales y pú­blico/privadas que, en el neoliberalismo, ejecutan diversas violencias orien­tadas a desarrollar verdaderas políticas del miedo. Las desprotección social, así como las distintas violencias inherentes al neoliberalismo, genera miedos difusos, que se dirigen intencionalmente hacia el Otro —migrante, terrorista, indígena, criminal— y se utilizan como mecanismo de control poblacional. Las prácticas de desposesión, propias de este modelo, echan mano del miedo eincluso del terror para consumar sus objetivos de muerte.

Autora: Pilar Calveiro

Editorial/Edición: CLACSO. Siglo XXI.

Año de publicación: 2021

País (es): Argentina. México

ISBN: 978-987-813-047-7

Idioma: Español

Descarga: Resistir al neoliberalismo. Comunidades y autonomías

Fuente e Imagen: https://www.clacso.org.ar/libreria-latinoamericana/libro_detalle.php?orden=&id_libro=2420&pageNum_rs_libros=0&totalRows_rs_libros=1588

Comparte este contenido:

Eduardo Nava Hernández: Universidad pública y neoliberalismo

El debate abierto hace unas semanas por el presidente Andrés Manuel López Obrador a propósito de la penetración de la ideología y las políticas neoliberales en la UNAM y en general en las universidades públicas mexicanas no debe darse por concluido, sino entrando apenas en su etapa de planteamientos.

De inmediato diversos y dilectos representantes de las burocracias universitarias, encabezados por el mismo rector Enrique Graue de la Universidad Nacional, rechazaron los señalamientos del presidente, reivindicaron la autonomía de sus instituciones y sacaron a relucir ante la opinión pública los logros y aportaciones al conocimiento científico y social realizadas por las mismas. Destacó la intervención en una videograbación del secretario general de la misma UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas, resaltando la crítica que desde más de 125 publicaciones universitarias se han hecho al orden neoliberal contemporáneo. Desde luego, como economista, el funcionario conoce la amplia bibliografía escrita al respecto por sus colegas e investigadores de otras disciplinas sociales. Pero el punto nunca fue si, como resultado de las libertades de cátedra e investigación, los académicos han expresado esas posiciones críticas, sino cómo las instituciones en cuanto tales se amoldaron a las ideologías y prácticas dominantes en la sociedad y la administración pública durante las décadas de predominio del privatismo y el fundamentalismo del mercado.

Uno de los aspectos que debiera colocarse sobre la mesa es, desde luego, la funcionalidad de la autonomía universitaria, legítima y ampliamente justificada desde la Carta de Córdoba de 1918, para la configuración de grupos burocráticos autorreproducidos que dominan las instituciones y generan intereses particulares, más allá de la naturaleza pública de éstas. Ejemplos hay con profusión: la Sosa Nostra de Gerardo Sosa Castelán (hoy preso, pero cuyo grupo logró colocar diputados y funcionarios municipales en alianza con el Morena en las pasadas elecciones) en la Universidad Autónoma de Hidalgo; el grupo de Raúl Padilla en la Universidad de Guadalajara; el de Fernando Moreno Peña en la de Colima, entre otros; todos ellos surgidos bajo la otrora indisputada hegemonía del PRI, aunque hoy corran por otros derroteros políticos.

Hasta el presidente del Tribunal Universitario de la UNAM, Eduardo López Betancourt, se sumó a la crítica a esas prácticas mafiosas en su propia institución cuando declaró “[…]somos los universitarios los que debemos transformar a las universidades públicas, que por naturaleza deben ser esencialmente democráticas, por lo que es inaceptable que nuestras casas de estudios sean gobernadas por grupúsculos que durante años se han favorecido en todos los ámbitos económicos y particularmente en la obtención de prebendas académicas” (https://www.sinembargo.mx/07-10-2021/4038223).

En otros muchos casos, como ocurre con la Universidad Michoacana, son directamente los gobernadores en turno los que asumen el control político de las instituciones universitarias imponiendo a los rectores de su preferencia, muy a pesar de la formalidad de la autonomía. Quizá sea éste el patrón más extendido en nuestra educación superior.

No se trata, entonces, de cuestionar o poner en duda la importancia de ese nivel educativo para la población ahí formada profesionalmente, ni los aportes que sus investigadores y docentes hacen a la sociedad. Lo que está y debe estar en el debate son sus orientaciones educativas y de investigación y sus estructuras de comando, que es un tema eminentemente político tratándose de grandes organismos con repercusiones en los ámbitos regionales o nacionales.

El control político y el autoritarismo no iniciaron con la etapa de las doctrinas neoliberales; son de vieja data y tienen raíces profundas en la naturaleza casi por definición elitista de sus orígenes como instituciones o en haber surgido de decisiones de los grupos gobernantes; pero esos componentes se acentuaron como reacción a la presencia de pujantes movimientos estudiantiles y sindicales en las décadas de los sesenta y setenta. De las instituciones universitarias surgían muchos de los cuestionamientos al orden político autoritario y a la estructura social que reproduce en prácticamente todos los ámbitos la desigualdad: económica, sexual, laboral, etcétera, y el insuficiente cumplimiento de derechos para los grupos sociales debilitados.

¿Se acoplaron nuestras instituciones de educación superior a las prácticas dominantes de la política de privatización de la ganancia y el patrimonio sociales que es el núcleo del llamado neoliberalismo? Claro que lo hicieron; y lo raro sería que no lo hubieran hecho, dados sus múltiples enlaces y vasos de comunicación con las diversas instancias de poder político y, más recientemente, las económicas, también con intereses privatistas.

Baste, en primera instancia, con ver la proliferación de instituciones educativas privadas que ofrecen diversas licenciaturas, cursos y posgrados (no siempre de buena calidad). Tal propagación en los lustros recientes da cuenta, ante todo, de la insuficiencia de las instituciones públicas para satisfacer la demanda educativa y la formación reclamada por los mercados de fuerza laboral profesionalizada (es decir, de trabajadores capacitados en ámbitos casi siempre muy particularizados del conocimiento). Desde los años ochenta se frenó el crecimiento de la educación superior pública, junto con los presupuestos destinados a ese fin; se impusieron restricciones al ingreso (en áreas como Medicina, particularmente, con el costo social que eso ha representado ante una nueva situación como la actual pandemia) y a la matrícula, y todo eso dio lugar a un gran crecimiento de las empresas de formación profesional en el país, como es ya bien conocido.

Pero también se combatieron sus expresiones de autonomía más acentuada (como en las universidades de Guerrero, Puebla y Sinaloa) y se impusieron a la enseñanza orientaciones claramente técnicas por sobre las humanísticas y sociales, se prefirieron las carreras de alta particularidad, no los conocimientos enriquecidos interdisciplinariamente, y se buscó la vinculación con los mercados como prioridad educativa.

La entrega neoliberal de la autonomía universitaria se ha expresado también como una transferencia de funciones a organismos privados evaluadores o dictaminadores (el Ceneval, Centro Nacional de Evaluación de la Educación Superior), que incluye desde la selección de aspirantes al ingreso hasta la titulación de los egresados mediante exámenes estandarizados. Nuestras instituciones han abdicado ahí por completo de sus atribuciones legales sin que ante esos actos se eleven voces de protesta como lo hacen ante la crítica de sus desviaciones.

Una modalidad más reciente de la política universitaria de los gobiernos federal y estatal es la precarización creciente del trabajo académico. Según estimaciones recientes, en la misma UNAM, sin duda la mejor institución de educación superior en el país, el 70 por ciento de los trabajadores académicos son de asignatura contratados interinamente (https://www.sinembargo.mx/03-11-2021/4052400). La brecha salarial entre académicos de tiempo completo y docentes por materia se ha ampliado sustantivamente y, sobre todo, se han hecho mucho más estrechos los canales de ascenso a mejores plazas. La llamada meritocracia es una absoluta falacia, cuando las instituciones relegan a sus propios egresados a posiciones de labilidad laboral por decisiones de los grupos de poder que manejan las universidades para dar cobijo solamente a sus protegidos y adherentes.

La precarización no es meramente una determinada ubicación en el mercado laboral, sino un medio de control político que las autoridades usan ampliamente sobre los trabajadores. La amenaza del despido o de la no recontratación convierte al docente en un instrumento manejable al antojo de los directivos e introduce una diferencia sustantiva entre los definitivos de carrera y aquéllos que periódicamente tienen que postularse a exámenes o concursos, o simplemente al criterio de las autoridades de la institución, para conservar el empleo.

Esta situación también ha contribuido a debilitar al sindicalismo, y se extiende también, penosamente, a los organismos no autónomos, dependientes directamente del gobierno federal, como lo han mostrado los reportajes de Montserrat Antúnez sobre el hostigamiento laboral y la precariedad en el Instituto Politécnico Nacional (https://www.sinembargo.mx/30-10-2021/4049540) y de Mathieu Tourliere en la revista Proceso (2348, 31 de octubre de 2021) acerca de las Universidades para el Bienestar “Benito Juárez García”, creadas por el actual gobierno. Y no deja de ser una gran paradoja que a cargo de la Subsecretaría de Educación Superior de la SEP y de las UBBJG, aplicando esas políticas discriminatorias y atentatorias contra el trabajo, estén dos ex militantes comunistas como Luciano Concheiro Bórquez y Raquel Sosa Elízaga, respectivamente.

Pero eso no es todo. La aplicación por el actual gobierno de topes salariales y de un modelo de contención a las prestaciones establecidas en los contratos colectivos de trabajo es otro de los legados del en realidad no superado periodo de neoliberalismo en la educación pública. Y recientemente ha aflorado otra política de afectación a los trabajadores de la educación superior, con la pretensión de trasladar el régimen laboral de los trabajadores de los centros de investigación directamente dependientes de la Federación, del apartado A del artículo 123 al B, limitando por esa vía su capacidad para negociar contratos colectivos y para estallar huelgas, como se pretende con el CIESAS, o con la reducción del presupuesto (se ha hablado hasta de su desaparición) al CIDE y al Instituto Mora.

Sí, en estos casos y en muchos más, la recepción del liberalismo por las universidades formalmente autónomas y por las dependientes del gobierno federal ha sido amplia y abarcante en sus equipos dirigentes, y recorre con sus efectos también a las comunidades de estudiantes y trabajadores que los padecen. Por eso es que el debate debe seguir abierto dentro de las propias comunidades académicas y en el conjunto de la sociedad, y sobre todo conducir a acciones de fondo que lleven a recuperar su vocación democrática, su justificada autonomía y su espíritu de servicio al pueblo.

Eduardo Nava Hernández. Politólogo – UMSNH.

Fuente: https://rebelion.org/universidad-publica-y-neoliberalismo/

Comparte este contenido:

México: Elección en la UNAM. La antidemocracia en la UNAM, más vieja que el Neoliberalismo

Por: Mariana Morales

El pasado 11 de noviembre se llevaron a cabo las elecciones para elegir a 258 consejeras y consejeros del máximo órgano colegiado de la UNAM, el Consejo Universitario. A propósito de los debates sobre la universidad neoliberal, la burocracia dorada y la precarización que denuncian los docentes, los altos índices de expulsión de estudiantes en esta pandemia y las violaciones al CCT de los trabajadores administrativos ¿Qué transformación necesitamos en la UNAM?

Tras el cierre de la votación para elegir al nuevo Consejo Universitario, la Dirección General de Comunicación Social de la UNAM (DGCS), dio a conocer en un boletín, los indicadores de participación de estudiantes y docentes en la elección más importante de la UNAM:

Fuente: Boletín UNAM-DGCS-959/bis

Si bien, los porcentajes fueron emitidos de acuerdo al corte realizado a las 19:30 horas, indican una baja participación sobre todo de profesores y estudiantes, aunque con un aumento relativo en comparación con el 2016 en el sector de profesores de 16,46% a 33, 21%, en investigadores de 45,22% a 54,18% y en Técnicos Académicos de 27,48% a 40,37%.

Entre los datos que se presentan para esta elección, se presentaron 129 fórmulas de candidatos de bachillerato, licenciatura, posgrado y subsistimos de investigación, para elegir al 80% de los integrantes del nuevo Consejo Universitario.

¿Quiénes son el otro 20% en el Consejo Universitario? Son las representaciones “Ex Oficio”, integrada por 65 miembros, todos autoridades de la UNAM: son el Rector, el Secretario de la Universidad quien también es secretario del Consejo Universitario, las y los directores de las facultades, escuelas e instituciones universitarios. Y sí, queda la pregunta de ¿y a ellos quién los elige?

Sin entrar aún en la profunda antidemocracia que existe en este máximo órgano de autoridad, la participación del estudiantado es ínfima, siendo el sector más numeroso de la UNAM con 366,930 (Portal de Estadística Universitaria, 2020-2021) y el más activo políticamente; en el sector de investigadores, integrado por 2690, no sorprende que la confluencia de la participación sea tan amplia, pues representa uno de los sectores privilegiados de la universidad integrado y tiene 72 integrantes en el Consejo.

Particularmente en el sector de profesores, sí hay un aumento significativo que dobla la participación de este año comparado con 2016. Y esto no es casual, pues, desde el inicio de este año, profesores de asignatura y ayudantes emprendieron una lucha contra la precarización y explotación laboral que vive el gremio, ya que en la máxima casa de estudios, 37 mil 510 docentes concentran la mayor carga académica pero esto no se corresponde con el salario que perciben ni en garantizar la dignifican de su trabajo con los derechos laborales correspondientes como la estabilidad laboral y basificación.

Este proceso de politización y organización se vio respaldado por los estudiantes que se solidarizaron con los docentes, levantando paros en 27 facultades. Este clima político alimentó la conformación de distintas candidaturas críticas a la política imperante en la UNAM.

Por otro lado, es cierto que aunque las elecciones ya eran realizadas anteriormente de manera virtual, el escenario de polítización actual y el cuestionamiento a las «mafias», es pasivizado mientras la actividades se mantienen de manera virtual al tiempo que los Consejos Técnicos son los que deciden cómo se regresará a las actividad prensencial; lo cual también mengua la posibilidad de hacer campañas de los sectores críticos.

Si bien las problemáticas son harto viejas en la UNAM, incluso aún más que el neoliberalismo, estamos ante un escenario político en la universidad —también a nivel nacional e internacional— en el que las aguas se removieron por la crisis agravada por la pandemia, agudizando las desigualdades y, poco a poco, los sectores críticos vuelven sobre la defensa de la universidad para las grandes mayorías, su carácter público y gratuito, las demandas de género, etc. La pregunta que queda en el aire para tomar con seriedad es: ¿cómo nos articulamos y organizamos sobre las demandas ya muy claras para muchas, muches, muchos? ¿Para cuándo convocamos un Encuentro de las comunidades universitarias?

Una breve semblanza histórica de la antidemocracia en la UNAM

El reglamento interno del Consejo Universitario fue aprobado en la sesión del 18 de diciembre de 1929. Dicho reglamento, establece el funcionamiento e integración del órgano colegiado, así como las dictaminaciones para los procesos de elecciones, y las atribuciones de la que es competente: aprobación de métodos planes, métodos de enseñanza y evaluaciones; bases para la admisión de los alumnos; formular reglamentos internos; modificaciones del Estatuto General de la Universidad; incorporación de nuevas instituciones, entre otras.

Los años de entonces, fueron fundamentales para establecer los pilares del gobierno posrevolucionario y ese año particularmente se encontraba agitado por la guerra cristera, la fundación del PNR, la oposición al Maximato con la rebelión escobarista y el otorgamiento de la autonomía universitaria.

El preámbulo de la autonomía se da con una huelga estudiantil en 1929, en el que tuvieron lugar múltiples enfrentamientos y una dura represión orquestada por el entonces presidente Emilio Portes Gil y José Manuel Puig Casauranc, jefe del Departamento del Distrito Federal, mismo que después ordenó cesar la represión después de que estudiantes fueran heridos; entonces se declaró que el 23 de mayo fuera Día del Estudiante.

El movimiento estudiantil que comenzó por una reforma a los exámenes, rápidamente escaló en el cuestionamiento de la toma de decisiones autoritaria dentro de la Universidad y planteó como demanda central que el Consejo Universitario estuviera formado por representaciones proporcionales de maestros y estudiantes y que el Estado declarara la autonomía de la Universidad.

El tema de la autonomía, tras la discusión en el Congreso y en el Senado, fue resuelta por el presidente Portes Gil con la expedición de la Ley Orgánica y la conformación del Consejo Universitario, fincados en contra de lo que los estudiantes habían exigido: elegir al rector y la representación proporcional de maestros y estudiantes. Portes Gil eligió la terna para designar rector y designó al entonces Oficial Mayor de Gobernación, Ignacio García Téllez y se estableció el Consejo Universitario en junio de 1929. Desde entonces y hasta ahora se inaugura la historia antidemocrática de la UNAM.

Elecciones, precarización y nuevos escenarios de organización

La necesidad de transformación de la universidad ha tenido distintos ejercicios de organización y acción política, a veces con mayor envergadura y radicalidad, protagonizados por sectores estudiantiles: el 68 internacional, la movilización del 1986-87, la huelga del 99; del sector trabajadores administrativos con la huelga de 1972-73 que fundó el STEUNAM; la huelga de académicos que fundó el SPAUNAM en 1975; la huelga de STEUNAM y SPAUNAM en 1976, proceso que culminó con la huelga que dio origen al STUNAM en 1977 como sindicato de administrativos y académicos y la última huelga del STUNAM ya sólo con la titularidad del CCT de los trabajadores administrativos en 1988. Sólo por mencionar algunos de los más importantes.

Con las recientes elecciones al Consejo Universitario, nos preguntamos cómo están representados estos sectores que han protagonizado importantes luchas por la transformación de la universidad y que recientemente, docentes y estudiantes denunciaron la precarización dentro de la UNAM. Un rápido vistazo a las cifras que componen cada sector y los consejerxs que los representan advertirá que no existe proporción alguna en el máximo órgano de autoridad:

Fuente: Elaboración propia con datos del Consejo Universitario UNAM, Padrón Electoral para Comité Ejecutivo del STUNAM 2021-2024 y la Numeralia del UNAM 2020-2021.

En la elección del día jueves 11 de noviembre del año en turno, se eligieron 258 consejerxs. Los 65 miembros “Ex oficio”, son elegidos por la Junta de Gobierno que a su vez es elegida por el Consejo Universitario y señala que de manera excepcional se puede autoelegir; excepción que se volvió la regla.

La Junta de Gobierno tiene como facultad nombrar al Rector y a los directores de las facultades, escuelas e institutos, así como designar a los miembros del Patronato Universitario.

«De este modo es como se integra la estructura vertical y antidemocrática de la UNAM, cuyas autoridades operan como autócratas y la Junta de Gobierno, como el clivaje institucional de control y distribución de los mandos políticos, establecido desde 1945 bajo el supuesto de “defender los intereses de la universidad” y designan los cargos bajo procesos de auscultación por fuera de los miles que integran la comunidad universitaria.»

«Bajo esta estructura se han instituido formas de explotación laboral para la mayoría de los docentes, restricciones que elitizan y excluyen de la educación a miles de estudiantes pues la UNAM, impone la distribución desigual del presupuesto pues no sorprende que sean estas autoridades quienes concentran las mayores partidas presupuestales contrastando con los bajos salarios de profesores de asignatura, profesores ayudantes y de los trabajadores administrativos.»

Aún falta ver la conformación del nuevo Consejo Universitario, pero no nos sorprenderá ver que las y los elegidos serán parte de los grupos políticos de la UNAM que recrean la política de la burocracia dorada y preservan sus intereses.

Sin duda, en esta estructura bajo el neoliberalismo, se ensancharon las brechas de desigualdad y de toma de decisiones en la UNAM, sin embargo, lo que ya se ha puesto de manifiesto en las críticas es que hace falta la transformación universitaria, misma que no vendrá de las élites universitarias, sino desde sus bases, como ya ha demostrado la historia. La pregunta es: ¿cómo integramos la crítica comprometida por una universidad para todos para avanzar en organizarnos y disputar el poder a las élites?

Somos más, tampoco queda duda en eso; nos faltan los espacios colectivos amplios para avanzar en propuestas de estructuras para nuestra organización de manera independiente de las autoridades que han estado ligadas al PRI y los partidos de los empresarios y hoy, el partido del gobierno, no está exento de estas disputas.

Fuente de la información e imagen:  https://www.laizquierdadiario.mx

Comparte este contenido:

América Latina: Observatorio Latinoamericano presenta el escenario de la educación y de la privatización educativa en 10 países de la región

América Latina/05-11-2021/Autora: Ana Raquel Fuentes/Fuente: redclade.org

Serie de investigaciones elaborada por la IEAL revela que la consigna neoliberal se centra en la descalificación de lo público, en la limitación de las capacidades del Estado y en promover que las lógicas de mercado y el enfoque empresarial orienten la toma de decisiones en la política pública educativa

El Observatorio Latinoamericano de Políticas Educativas (OLPE) es una iniciativa del Comité Regional de la Internacional de la Educación América Latina (IEAL), creada para registrar el comportamiento de las políticas educativas en la región. En una serie de publicaciones sobre política educativa, el OLPE ofrece un análisis sobre cómo éstas se desarrollan a partir de los escenarios encontrados en los distintos países de América Latina, detallando las leyes que propician el comercio educativo y la incursión de actores privados dentro de esta arena, y alertando sobre las tendencias que buscan el debilitamiento de la educación pública en la región.

Según el análisis, por más de tres décadas, el proyecto neoliberal implantado en América Latina ha redefinido el rol del Estado, favoreciendo la lógica de mercado a través de las mismas políticas públicas. La política pública educativa no es una excepción, también reproduce los valores y las prácticas del proyecto neoliberal.

El observatorio detalla las acciones y modelos educativos por cada país. A continuación, una breve descripción por país.

El modelo de actuación del sistema educativo colombiano se caracteriza por la participación del sector privado en todos los ámbitos de la educación pública y persiste un trasiego sistemático de fondos públicos a las arcas privadas, mediante la compra pública de servicios educativos a grupos privados. Estos servicios incluyen desde la gestión de instituciones educativas hasta el diseño e implementación de modelos pedagógicos, pasando por el acompañamiento docente, la promoción de procesos de actualización profesional, la elaboración de contenidos educativos y la implementación de estos, así como los procesos de evaluación de los aprendizajes. Las autoridades educativas en Colombia han comprado al sector privado una amplia variedad de servicios educativos. Colombia es uno de los países donde más se ha avanzado con el comercio educativo a través de los modelos de alianzas público-privadas. El marco normativo que rige el Sistema General de Participaciones es el principal impulso para dirigir fondos públicos a proveedores privados de servicios educativos. Esa ley establece que hasta un 24% del presupuesto municipal se use para contratar servicios educativos con entidades no estatales. Con más de seis décadas de conflicto armado en Colombia, los gobiernos han estado enfocados en el desarrollo de la guerra y su agenda y gran parte del presupuesto estatal, también. Los gobiernos colombianos han gobernado subcontratando procesos completos de política pública, dejando un vacío en el rol del Estado.

En la gestión de la política educativa de Costa Rica, lo que se observa es que el Estado costarricense ha avanzado en un formato de gestión pública-privada y, al tiempo que se disminuyen los fondos disponibles para educación y se des-responsabiliza al Estado de la gestión de la política educativa, los grupos privados y la cooperación se instauran como tomadores de decisión e implementadores de la política educativa pública mediante el modelo de las alianzas público-privadas. El crecimiento de la oferta privada en todos los niveles educativos es un rasgo de cómo el Estado costarricense ha facilitado las condiciones para el comercio educativo, pero, principalmente, cómo el Estado ha permitido el deterioro y el déficit de la oferta pública y ha dejado en manos de las familias la responsabilidad de garantizar el derecho a la educación de sus hijas e hijos. En general, lo que se observa es que no solamente las autoridades, sino todos los actores privados, han naturalizado la participación de grupos empresariales y del sector financiero en la toma de decisiones y en la gestión de la educación pública.

En El Salvador, el marco legislativo es favorable a la educación pública y al rol del Estado.n Sin embargo, en el país centroamericano se han establecido mecanismos paralelos, que no son superiores a las leyes vigentes, pero que están investidos del carácter de “consenso multisectorial” y que son mecanismos favorables a la participación del sector privado, las ONG, las corporaciones religiosas, la cooperación y los medios de comunicación en la toma de decisiones en educación. Estos mecanismos son el Consejo Nacional de Educación (CONED) y el Plan El Salvador Educado (PESE). Persiste una crítica de parte de los sectores de la cooperación y fundaciones externas a la inversión pública en secundaria. Esta crítica la basan, por una parte, en que la educación secundaria no está suficientemente alineada con las necesidades del sector productivo del país. Complementariamente, los actores que comercian con la educación critican que, a pesar de la inversión, no se detiene la exclusión educativa y que cada año crece el número de “desertores” escolares.

Guatemala tiene particularidades propias como un Ministerio de Educación fuerte, comprometido con la política educativa y con la protección del derecho a la educación de la niñez y la juventud indígena. Los modelos de escuelas subvencionadas y de centros educativos por cooperativas de enseñanza, principalmente en las zonas rurales que estuvieron afectadas por la guerra, mantienen la ausencia del Estado en esas regiones, 25 años después de finalizado el conflicto armado. Aún con esas particularidades, actores como el Banco Mundial o Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés), han instalado su propia agenda en la política educativa y han dado pie para que se consolide la presencia de Organizaciones no Gubernamentales (ONG) y grupos consultores privados en los espacios de toma de decisión, el diseño de programas y proyectos educativos y en la implementación de servicios educativos.

En Honduras se observa una fuerte presencia de programas y proyectos educativos desarrollados por sectores privados, con el fin de implementarse en el sistema público. Estos son financiados con fondos de la cooperación internacional con la venia de la Secretaría de Educación. Lo que se observa es el avance de formatos público-privados y privados de gestión, administración e implementación de la política educativa pública. También las iniciativas de participación de las comunidades promueven la participación de grupos privados y ONG. Las principales formas de lucro percibidas no se nutren de fondos públicos, sino más bien, de fondos de cooperación que compran servicios de las ONG y grupos privados para que actúen en el ámbito de la educación pública.

En Panamá, el sistema educativo básico tiene tres niveles, 1) preescolar, primaria y premedia, 2) segundo nivel o educación media (secundaria), y 3) educación universitaria. El comercio educativo es más visible en los dos primeros niveles, que incluyen dos años de educación preescolar, seis de primaria, más tres de premedia, y tres de educación media. El país ha experimentado aumentos importantes en la cobertura educativa, por ejemplo, el aumento de 19 puntos porcentuales de cobertura de educación media del año 2011 al 2012. La legislación panameña facilita que las alianzas público-privadas atiendan las necesidades de infraestructura. La carencia de equipamiento y de acceso al agua en centros educativos, revistió aún más importancia a partir del inicio de la pandemia. En Panamá las iniciativas como el Plan Estratégico del Gobierno (PEG) 2019-2024, así como el Compromiso por la Educación y las recomendaciones que hace la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) al país, tienen puntos de convergencia como la intención de desvalorizar la gestión pública, poner en duda la capacidad estatal para llevar adelante una gestión adecuada, avanzar en la descentralización de la gestión educativa y pensar la política educativa centrada en el desempeño. Los casos del Programa Panamá Bilingüe y de la Beca Universal, y los subsidios de matrícula, dejan al descubierto cómo los grupos privados por un lado critican la función pública, pero por otro, están dispuestos a que se transfieran millones de dólares en recursos públicos a proveedores de servicios privados.

En Paraguay se nota una tendencia de los gobiernos de facilitar la participación del sector privado en los ámbitos de toma de decisiones de la política educativa, consolidando las oportunidades para el lucro privado y favoreciendo el desmantelamiento del sistema público. Esta situación se produce en un momento de debilidad institucional y de polarización política. La pandemia ha propiciado cuestionamientos a la gestión para las autoridades educativas, que en los últimos años han tenido una tendencia de recuperar prácticas autoritarias y de mayor incidencia de grupos fundamentalistas. Al igual que otros países de la región, se observa la injerencia de la cooperación internacional en la gestión de la política pública y la aceptación por parte del Estado. En particular, se nota la gran influencia de la Unión Europea, la USAID, y la Organización de los Estados Iberoamericanos.

En Perú se observa una creciente participación del sector privado y de la cooperación internacional (principalmente USAID) en los ámbitos de desarrollo de política pública y de toma de decisión en materia educativa. Se sobresalen dos tendencias preocupantes que pueden escalar hacia otros países de la región. Por un lado, el surgimiento de franquicias de escuelas privadas de bajo costo, como son las Innova Schools, y por otro, la inversión de grupos financieros y holdings comerciales en negocios educativos que actúan como franquicias o “cadenas” educativas.

En República Dominicana se observa una fuerte naturalización de la participación de actores privados, religiosos, de la cooperación internacional y de las instituciones financieras internacionales en los procesos de política pública, incluida la política pública en educación. Los grupos privados y empresariales están involucrados en procesos centrales de la política educativa como son la gestión interna en el Ministerio de Educación, el sistema de información interno, la carrera docente y la evaluación. Las principales tendencias de comercio educativo observadas hasta ahora están enmarcadas en el Pacto Nacional Educativo que surge a partir del Foro Nacional de Educación y de la aprobación del 4% del PIB para la educación (no exclusivamente pública) en el país. En el año 2015, el Banco Mundial aprobó un préstamo por US$ 50 000 000 para el desarrollo del Apoyo al Proyecto Nacional de Pacto Educativo para República Dominicana. Este préstamo contemplaba el reclutamiento y capacitación de maestros y maestras de escuelas primarias y secundarias, evaluación a estudiantes y docentes, evaluación de los centros de primera infancia y la gestión descentralizada de escuelas. El sector empresarial privado nacional participa activamente en el diseño de propuestas y en los niveles de toma de decisión con respecto a las políticas educativas. Igualmente, la cooperación internacional, principalmente la USAID y UNICEF también juegan un papel central en el diseño y la implementación de políticas educativas en el sector público.

La forma de privatización mayormente observada en el Uruguay es la configuración de redes de empresas privadas que venden servicios al Estado y entre sí, para gestionar diferentes componentes de la política educativa. La legislación uruguaya garantiza espacios de participación y construcción conjunta de la comunidad educativa en el nivel de los centros educativos, tanto en los proyectos pedagógicos como en la elaboración de proyectos en convenio con otros actores, etc. Esta participación es una forma de blindar y proteger al sistema educativo público. Si bien se observan experiencias importantes en las que algunos grupos privados le venden sus servicios a otros grupos privados y no directamente al Estado, estos servicios terminan por expresarse y concretarse en el ámbito de la educación pública, generando y naturalizando la permanencia de empresas privadas en el quehacer educativo público. En Uruguay, el avance del comercio educativo y del lucro privado en este país se ha dado, incluso frente a este marco normativo que protege la educación pública y los actores privados con agenda de lucro se han instalado como actores legítimos frente a la opinión pública. Sumado a esto, en Uruguay se percibe un alto nivel de sofisticación de los negocios en educación, que se organizan en formas de clústeres y que, por tanto, tienen interés en protegerse entre sí, para permanecer vigentes en el mercado.

Fuente e Imagen: https://redclade.org/noticias/observatorio-latinoamericano-presenta-el-escenario-de-la-educacion-y-de-la-privatizacion-educativa-en-10-paises-de-la-region/

Comparte este contenido:

México: También hay que sacudir a la SEP

«¿Cómo piensa AMLO remover el neoliberalismo y la derecha en educación cuando el secretario y la secretaria de educación piensan, actúan y se mueven como neoliberales? Así no se sacude nada…»

Quizá para muchos, las alocuciones de AMLO el 22 y 23 de octubre sobre la UNAM y la derechización de las universidades y del pensamiento, son otra de sus ocurrencias mañaneras. En una de esas tienen razón, pero en el Cortocircuito anterior (De acuerdo, la UNAM y las universidades se derechizaron), le tomamos la palabra para escribir nuestro acuerdo fundamental con una de sus frases: ¡hay que sacudirlo todo!

La racionalidad neoliberal, sus saberes, programas y experiencias lo han invadido todo, no solo las instituciones o la economía, también la educación, la salud, los conceptos, los valores, la subjetividad, las relaciones sociales, las creencias, todo. Por eso es tiempo de sacudirlo todo, ¡TODO!  En eso estamos de acuerdo.

El asunto es que si no se especifican los elementos que definen al neoliberalismo, si no hay claridad conceptual, corremos el riesgo de que la autodenominada transformación sea en realidad más continuidad neoliberal. Pero…¡un momento! Esa experiencia ya la estamos viviendo ¡Ya ha ocurrido en la IV T! ¡Eso es precisamente lo que pasó con la mal llamada cancelación de la reforma educativa!

No escribimos a toro pasado. Lo dijimos a tiempo, con mucho tiempo de antelación. Quien quiera verlo puede encontrar en nuestra página Insurrección Pedagógica, dos textos  sobre el tema, Cancelar la reforma educativa y  La continuidad neoliberal. En el primero, mapeamos las posibilidades conceptuales y políticas de la cancelación, a partir de una serie de elementos para luchar contra la educación neoliberal; en el segundo, demostramos que la reforma educativa de la IV T mantenía, legitimaba y profundizaba la anterior.

Por desgracia, esta discusión conceptual y política no ocurrió ni entonces ni ahora. Y aquí nos encontramos, en plena continuidad neoliberal en el campo educativo; la pandemia, el regreso a clases presenciales y la USICAMM, la han puesto en evidencia, para quien todavía lo dudaba.

Cabe precisar, para que no se malentienda: cuando nos referimos a cuestiones conceptuales no estamos hablando de las grandes teorías y los grandes meta-relatos, sino del modo como se conciben, enfrentan y atienden los problemas educativos. Nos referimos a cuestiones, ideas que se materializan de formas concretas, aquéllas que definen los problemas y, en consecuencia, las acciones, los programas, los presupuestos, la práctica educativa, la formación docente, los ingresos magisteriales…todo lo que afecta el cotidiano escolar y la vida de les, los, las maestras y las comunidades educativas.

Así que no son cuestiones menores, por el contrario, son fundamentales para comprender las políticas. Desafortunadamente (para nosotros), se le presta más importancia a la implementación que a la definición conceptual y a la formulación de los problemas; por eso nos va como nos va -entre otras cosas, evidentemente-.

Lo estamos viendo hoy, con dos de los conceptos más claros, más arraigados, más potentes de la reforma educativa neoliberal, la de antes y la de ahora: la autonomía de gestión y el dispositivo evaluador.

El concepto de autonomía de gestión fue utilizado en la reforma 2013 para plantear como tarea principal de la escuela, mejorar resultados de aprendizaje y garantizar las condiciones materiales, de infraestructura y operación cotidiana. Con ese fin, las escuelas debían elaborar una “Ruta de Mejora” que es básicamente lo mismo que hoy se conoce como “Programa Escolar de Mejora Continua”. Para asegurar que las escuelas no se desvíen de este camino, cada mes se les envía una “guía” que debe ser discutida en las reuniones de Consejo Técnico; se trata de una práctica que se mantiene.

Si bien el concepto quedó subsumido en la llamada Nueva Escuela Mexicana, es evidente que esta misma idea dirige todo el operativo de regreso a clases presenciales; son las comunidades educativas las que se han encargado de proveer los recursos materiales e infraestructurales para la bioseguridad escolar, eso sí, debidamente reguladas por las autoridades educativas.

En cuanto al dispositivo evaluador, ahora a cargo de la ultra cuestionada USICAMM, continúa cobrando víctimas. El magisterio lo está padeciendo en las evaluaciones de ingreso, promoción y reconocimiento. La evaluación docente a la que se identificó como el eje de la reforma neoliberal, continúa haciendo estragos, cuando en la reforma 2013 solo era uno de sus medios. Es cierto, se eliminó la evaluación de permanencia, y eso fue un triunfo de las resistencias, a no dudarlo. Por lo demás, los cambios fueron cosméticos, el tinglado completo quedó intacto, con sus mismos efectos y objetivos. Desde 2017 advertimos que una de las afectaciones de la evaluación docente, entre muchas otras, era la desaparición de la plaza base como garante de la estabilidad laboral (¡Adiós a la plaza! Cambiar a los maestros o cambiar de maestros). Hoy, la evaluación docente refrenda la inestabilidad, mantiene la incertidumbre y reafirma la inseguridad como inherente a la docencia.

Son solo dos casos, podríamos extendernos -y lo haremos en otras entregas- sobre los elementos que configuran la continuidad neoliberal de la reforma educativa. Hoy mismo, en plena IV, siguiendo la lógica AMLO, estamos ante la continuidad de la derechización educativa, nada más que ahora en la SEP y en el Sistema Educativo Nacional, no solo en la UNAM; así que, siempre con el argumento presidencial: ¡¡HAY QUE SACUDIR A LA SEP, PERO YA!!

¿Cómo hacerlo? Hay muchas maneras, iremos desbrozando ese camino poco a poco. Por ahora, van tres cuestiones que nos parecen relevantes, apenas para empezar la sacudida de la SEP:

  1. Empecemos preguntándonos por qué se han escogido como secretarios de educación pública, primero, a uno de los representantes mayores de El cártel de la reforma educativa,  Esteban Moctezuma Barragán; luego, a Delfina, una emprendedora en la SEP , distinguida militante de MORENA, cuya única pieza legislativa relevante fue proponer el emprendimiento en educación. ¿Cómo piensa AMLO remover el neoliberalismo y la derecha en educación cuando el secretario y la secretaria de educación piensan, actúan y se mueven como neoliberales? Así no se sacude nada.
  • Sigamos con uno de los aspectos más relevantes de la educación neoliberal: la precarización, sobrexplotación, flexibilidad, práctica y formación docente. Se eliminó supuestamente el Servicio Profesional Docente y fue sustituido por el Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros; queda claro que fue un cambio nominal solamente, al grado de que el eje conceptual de la ley y de la USICAMM es la estructura ocupacional vigente, a partir del cual se regulan desde las vacantes (interesante que se denomine así, eso ya merece una atención especial), hasta los ingresos, presupuestos y demás en los centros de formación docente. No hay algo más neoliberal que eso en la regulación magisterial; y los problemas que eso ha causado y sigue causando son enormes. Por eso, en la lógica de la crítica a la derechización y al neoliberalismo a la que nos provoca y anima el señor presidente, ¿qué tal si también sacudimos eso?, ¿qué tal si de una vez por todas agarramos el toro por los cuernos y ponemos en jaque las estructuras ocupacionales vigentes?

Por eso nos sumamos a la consigna presidencial: ¡A SACUDIR TODO! ¡Empecemos por la SEP!


Fuente:  Insurgencia Magisterial

Comparte este contenido:

Coronacrisis, neoliberalismo, democracia: Lo que vendrá

El coronavirus, en lugar de volverse un factor de cohesión para luchar contra un enemigo común, resultó lo contrario, a causa de ambiciones absurdas dentro del modelo neoliberal, que no sólo ha perdido legitimidad, sino que constituye una de las mayores amenazas tanto para la humanidad como para el planeta.

por Aram Aharonian

La pandemia puso en tela de juicio muchas de las certezas políticas que parecían haberse consolidado en las últimas cuatro décadas, sobre todo en el mundo occidental, esas que constituían (constituyen) el orden neoliberal.

Estas certezas eran el triunfo final del capitalismo sobre el socialismo soviético; la prioridad de los mercados en la regulación de la vida económica y social (con la privatización y desregulación de la economía y las políticas sociales y la reducción del papel del Estado); la globalización de la economía basada en ventajas comparativas en la producción y la distribución; la brutal flexibilización de las relaciones laborales como condición para aumentar el empleo y el crecimiento económico.

Esas certezas fueron aniquiladas por la realidad, y la coronacrisis demostró ante todo que es el Estado (no los mercados) quien puede proteger la vida de los ciudadanos.

También demostró que la globalización sólo beneficia a las trasnacionales y puede poner en peligro la supervivencia de los ciudadanos si cada país no produce bienes esenciales; que los trabajadores en empleos precarios son los más afectados por carecer de fuente de ingresos o protección social, una experiencia que en el Sur conocemos y padecemos desde hace mucho tiempo.

Y el acoso al sur no se detiene. Hace 20 años, según las agencias de inteligencia, la mayor amenaza terrorista contra Estados Unidos provenía de musulmanes ultraderechistas al otro lado del mundo –en Afganistán, Pakistán y Medio Oriente–, y hoy proviene del interior, de estadounidenses cristianos ultraderechistas y sus aliados, que se han expresado con actos violentos, incluso homicidios, en varias partes del país, y llegaron a intentar un golpe de Estado el 6 de enero al invadir el Capitolio para anular el proceso electoral nacional.

Ahora, la Casa Blanca y el Pentágono difundieron una serie de documentos en los que establecen que el cambio climático se yergue como una poderosa amenaza a su seguridad nacional, y alertan que tomarán medidas para prevenir sus consecuencias.

Según los documentos, EEUU debe prever que problemas ya existentes se agudizarán y surgirán otro nuevos, de los que sus tradicionales rivales, Rusia y China, podrán sacar provecho para su propio beneficio en detrimento de sus intereses. Uno de los aspectos que les preocupa especialmente es el de las migraciones, porque entienden que se incrementarán debido a las catástrofes provocadas por la furia de la naturaleza cada vez más descontrolada.

El fallecido historiador Howard Zinn señalaba que el establishment estadounidense depende mucho de la amnesia histórica, del hecho de que en ese país la gente no conoce esta historia. “No sólo no conoce lo que ocurrió a fines del siglo XIX o principios del XX; desconoce la historia de los 15 o 20 años atrás. Eso facilita que el gobierno diga al pueblo cosas que son inmediatamente aceptadas”, imponer imaginarios colectivos. Hoy, la memoria es clave para un futuro diferente.

Hasta el Papa Francisco se dio cuenta: aseguró que no se puede salir de la actual crisis por la pandemia “sin evolucionar hacia las periferias”, y tras exigir a los países más poderosos que reconozcan las asimetrías del mundo llamó a “abrirse y mirar hacia el futuro, sobre todo en este final de la pandemia (que) tiene que ser de una manera creativa. De una crisis no se sale igual, sino que se sale mejor o peor. Y ese final de pandemia tiene que ser hacia lo mejor. De lo contrario vamos a ir hacia atrás», dijo.

«En el imaginario colectivo existe una idea de que se puede recomenzar con una reconstrucción de las cosas como eran hasta ahora, pero eso no va. La pandemia es un desafío al cambio, es una crisis que nos lleva a cambiar. Si no, salimos peor, aunque no lo sintamos», añadió. Amén.

La humanidad ha perdido el control sobre el gigantesco experimento que ella misma desencadenó y que la conduce irremediablemente a una catástrofe. Contra lo que supone la inmensa mayoría, estamos en la hora de las definiciones y de las decisiones que habrán de determinar el destino de buena parte de la humanidad y sus creaciones, piensa el mexicano Víctor Toledo.

El sociólogo portugués Boaventura de Sousa Santos señala que las alternativas socialdemócratas y socialistas han vuelto a la imaginación de muchos, no solo porque la destrucción ecológica provocada por la expansión infinita del capitalismo ha llegado a límites extremos, sino porque, después de todo, los países que no han privatizado ni descapitalizado sus laboratorios parecen ser los más eficaces en la producción y más justos en la distribución de vacunas (Rusia y China).

Chau neoliberalismo

El presidente ruso, Vladimir Putin –al que difícilmente se lo pueda calificar de comunista- dijo que el modelo actual de capitalismo se ha agotado y que dentro de ese sistema es imposible salir del nudo de contradicciones cada vez más complejas que afectan a todos en ámbitos que van desde la crisis de la ecología, la degradación del medio ambiente, la injusta distribución de los bienes materiales, hasta la escasez de agua, la falta de energía eléctrica o las dificultades para recibir asistencia médica adecuada.

Lejos de Moscú, el expresidente de Bolivia, Evo Morales, señaló en su visita a México la incongruencia de los defensores del neoliberalismo, quienes antes de la pandemia clamaban por más mercado, mercado, mercado, pero ante la emergencia sanitaria y económica exigen todas las soluciones al mismo Estado al que tanto debilitaron y achicaron.

Indicó que las sociedades enfrentan dos alternativas: controlar los recursos naturales a través de la administración del Estado o cederlos a las transnacionales que actúan bajo la consigna del saqueo. A partir de esta alternativa, Evo criticó a los partidos que llegan al poder bajo las siglas del socialismo, pero una vez en el gobierno mantienen intacta la estructura de privatizaciones; una traición que comparó con el sistema político estadounidense, donde demócratas y republicanos se alternan sin cambios sustanciales.

Todos sabemos en que en nuestros sistemas capitalistas, las empresas y los empresarios son más importantes que el pueblo y las instituciones. Como ejemplo de la última semana, la multinacional energética española Iberdrola condicionó detener la incesante alza de precios de la electricidad –que alcanzó al 500%- a que el gobierno del presidente Pedro Sánchez se abstenga de cobrar impuestos que calificó de lesivos.

El alza de precios de la energía en España, país europeo, capitalista y con un presidente socialista de partido, puso en jaque a la industria y llevó a las familias a situaciones absurdas como lavar ropa o pasar la aspiradora de madrugada para evitar las cuotas de horas pico, y que ha empujado a las personas a buscar el auxilio de los bancos de alimentos porque ya no pueden permitirse el gasto de cocinar en casa.

Es otro ejemplo de que cuando se le da el control de un sector estratégico como el de la energía, la iniciativa privada lo convierte en arma para chantajear, extorsionar al Estado y la sociedad española a la puertas del invierno europeo, cuando el uso de la calefacción eléctrica o por gas (también en manos de empresas privadas) se convierte en asunto de vida o muerte en una amplia franja de la población.

Un editorial del diario mexicano La Jornada señala que cuando hemos llegado al extremo de que el consejo de administración de una trasnacional amenaza de manera directa a millones de personas y pone a un Estado en la disyuntiva entre cobrar impuestos o encarar un estallido de descontento social, está claro que el modelo neoliberal se ha vuelto en todo punto indefendible, y que emprender su desmantelamiento es una cuestión de supervivencia para las grandes mayorías.

El neoliberalismo también hace agua por este sur. La declaración de los estados de excepción en Chile y Ecuador es la mejor muestra del fracaso de las mal llamadas democracias liberales. En Ecuador sucede luego de que los Papeles de Pandora revelaron que el presidente Guillermo Lasso tiene cuentas ocultas en paraísos fiscales y blinda a militares y policías de cualquier juicio por sus actuaciones.

En Chile, el presidente Sebastián Piñera envía soldados, tanques y helicópteros de guerra a territorio mapuche, para frenar la recuperación de tierras del movimiento. Este hecho se produce mientras la Convención Constituyente sesiona para redactar un texto que supere la carta heredada del régimen de Pinochet.

Las cosas que se resuelven entre gallos y medianoches suelen ser poco democráticas. Las decisiones que afectan a las comunidades son producto de pactos o de imposiciones. Si el acuerdo es amplio, decimos que se trata de una disposición democrática. Por el contrario, cuando la decisión se toma entre pocos que pueden imponerla, hablamos de autocracia, dictadura, tiranía o plutocracia.

Las plutocracias establecen el predominio de la clase más rica de un país. El capitalismo, por lo tanto, ¿es un sistema esencialmente plutocrático? Si capitalismo y democracia se consideran una misma cosa, simplemente la vida no será digna (ni posible) para vastos sectores y la “inseguridad social” será la tónica de la convivencia: la calle, el estallido social parece ser la ¿única? respuesta de los muchos.

El mundo está en crisis. O mejor dicho, el modelo capitalista de mundo es el que lo está. A pesar de sus políticas distraccionistas como la mal llamada “revolución verde”, puerta de escape para la reconversión de un sistema capitalista estancado y de propiedad ultraconcentrada para seguir como modelo dominante, con las amenazas ambientales, climáticas y de guerra nuclear, poniendo en peligro la existencia de la humanidad.

Hay algo que está claro: nuestras sociedades latinoamericanocaribeñas ya no serán las mismas de antes de la pandemia. Y entonces habrá que “inventar” un pensamiento adecuado a la nueva realidad social. Habrá millones más de desempleados, mucha más hambre, paralelos a una impagable y odiosa deuda externa y a las políticas de ajuste que exige el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.

Uno de los principales desafíos que enfrenta el pensamiento crítico latinoamericano radica en plantear la crítica de los discursos legitimadores del orden colonial y la visión de “otro” inferior, o sea analizar la decolonialidad del saber y la necesidad de un saber situado, o sea la geopolítica del conocimiento.

Como dijera el gaucho Martín Fierro -poema considerado ejemplar del género gauchesco, escrito por el poeta argentino José Hernández en 1872-: Vengan santos milagrosos, vengan todos en mi ayuda, que la lengua se me añuda y se me turba la mente…

https://www.pressenza.com/es/2021/10/coronacrisis-neoliberalismo-democracia-lo-que-vendra/

Comparte este contenido:
Page 2 of 56
1 2 3 4 56