Neoliberalismo

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La CEPAL y el pensamiento económico crítico

Autores Varios
Por: Juan J. Paz-y-Miño Cepeda

La CEPAL tuvo, desde su creación, una posición crítica frente a las realidades latinoamericanas.

El último número de El Trimestre Económico (Vol. 89, No. 353, enero-marzo, 2022 – https://bit.ly/3JSga9K), la afamada revista que publica el Fondo de Cultura Económica de México desde 1936, dedica sus artículos al pensamiento de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL). Es una referencia de enorme importancia para la región y vale resaltar algunos aspectos de carácter histórico.

Hasta bien entrado el siglo XX, el ensayo de carácter politológico y positivista dominó en los estudios latinoamericanos, pero la ciencia social, como tal, prácticamente se desarrolló con el avance de este siglo y normalmente desde mediados del mismo, como puede seguirse en Teoría, acción social y desarrollo en América Latina (1976), de Solari, Franco y Jutkowitz. La economía fue la más pobre entre esas ciencias. Sin embargo, la creación de la CEPAL, en 1948, tuvo impacto decisivo para ese desarrollo y su primer Estudio Económico de América Latina (1948-1949) resultó pionero en la materia.

Abordó el progreso técnico en la región, apenas visible en buena parte de los países; también trató el comercio externo, e inauguró la visión sobre los desniveles en los términos del intercambio, una concepción que fue eje de los análisis cepalinos en años posteriores. Sin embargo, el Estudio se limitó a cuatro países: Argentina, Brasil, Chile y México. Buena parte de los países latinoamericanos carecían de información nacional con la que se podía contar para un análisis pormenorizado de todos. La mayoría tenía economías primario-exportadoras, predominaban las haciendas y las relaciones económicas precapitalistas. Los técnicos de la CEPAL que llegaron a Ecuador recibieron informaciones del Banco Central (BCE), pero además de una serie de personas que podían dar cuenta de las realidades nacionales, de modo que con todo ello prepararon el informe El Desarrollo Económico del Ecuador (1953), estudio igualmente pionero en el país. La lectura de ese detallado documento no solo proporciona el retrato de aquellos momentos, sino que reflexiona sobre el atraso y sus condiciones sociales, incluso desde perspectivas históricas. Naturalmente, resaltan los asuntos relativos a la economía agraria y sus productos, ya que Ecuador era uno de los más atrasados países latinoamericanos, todavía bajo dominio oligárquico-terrateniente.

Por cierto, desde la fundación del BCE (1927) se pudo contar con buenas estadísticas técnicamente elaboradas. Los miembros de la Misión Kemmerer (norteamericana), con quienes se fundó la institución, dejaron informes en los que queda en claro que el país carecía, hasta entonces, de estadísticas y estudios confiables. Un artículo del historiador Michael T. Hamerly (“Los informes ministeriales y registros oficiales del siglo XIX como fuentes cuantitativas”, 1977) demostró que los informes de los Ministros de Hacienda y otros, tuvieron siempre datos inseguros, desconfiables o variables. El “Boletín” del BCE de los primeros años contiene los primeros estudios realmente económicos, aunque en décadas posteriores se transformó en un documento casi exclusivamente monetario y con algunos datos macroeconómicos.

Con el impulso de la CEPAL se fundó en Ecuador la Junta Nacional de Planificación y Coordinación Económica (1954), que empezó a jugar un papel fundamental desde la década de 1960, pues se le encargó la elaboración de los planes de desarrollo. Sus estudios siguieron la rigurosidad y las ideas de la CEPAL. En 1979 se transformó en CONADE (Consejo Nacional de Desarrollo). En 1998 le reemplazó la Oficina de Planificación y en 2004 la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES). Sus archivos y biblioteca, tan importantes como patrimonio para la historia económica del país, estaban literalmente “abandonados” (en el edificio del Consejo Provincial de Pichincha) cuando pasaron, al menos por un tiempo, a la biblioteca de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, en Quito; pero luego salieron de allí. ¿Dónde se encuentra este repositorio del patrimonio nacional? Ese periplo tiene que ver con el giro económico del Ecuador, que desde León Febres Cordero (1984-1988) inició el abierto rumbo empresarial-neoliberal y dejó a un lado la importancia de la planificación, recuperada en la década progresista 2007-2017 y abandonada nuevamente desde 2017, cuando se reinicia el ciclo empresarial-neoliberal. Bajo los gobiernos neoliberales incluso las estadísticas se “transforman”: interesan solo ciertos datos macroeconómicos, pero las informaciones más “sensibles” (como las tributarias relativas a las elites) se ocultan y no son públicas, como sucede en Ecuador actual.

La CEPAL tuvo, desde su creación, una posición crítica frente a las realidades latinoamericanas. Era imposible que no sea de otra manera, ante mentes brillantes como las de sus fundadores. En las décadas finales del siglo XX su presencia teórica en la región retrocedió, pues dominó la ideología neoliberal. Sin embargo, la CEPAL, hoy bajo la Secretaría Ejecutiva de Alicia Bárcena, ha retomado su posición crítica y, sobre todo, tiene un peso significativo en las propuestas para edificar economías sociales en América Latina, pues sus estudios han demostrado las nefastas consecuencias que ha provocado el neoliberalismo en la región. Los artículos del Trimestre Económico destacan esta etapa cepalina, en la que se movilizan ricas concepciones sobre la igualdad, la equidad de género, los derechos, el medio ambiente, la protección social, la redistribución de la riqueza, la cultura de privilegios. Y se incluye al final el estudio “La periferia latinoamericana en el sistema global del capitalismo” de Raúl Prebisch (1901-1986) -quien fuera Secretario Ejecutivo de la entidad-, un texto que mantiene increíble actualidad.

Fuente: https://rebelion.org/la-cepal-y-el-pensamiento-economico-critico/

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Henry Giroux, la derecha y la educación

Juan Carlos Miranda Arroyo

Por: Juan Carlos Miranda Arroyo

«La derecha en EU ve a la violencia como una solución para abordar los problemas políticos»

Hace unas semanas encontré un interesante ensayo del profesor Henry Giroux, académico de la Universidad McMaster, en el cual aborda los temas de la violencia de la derecha en Estados Unidos, el autoritarismo implícito y los desafíos educativos de nuestro tiempo. (1)

Por considerarlo de interés y actualidad, pongo a su consideración algunos fragmentos del texto mencionado, intercalo algunas reflexiones en torno a ellos y trato de conectarlos con nuestra realidad política y educativa en México.

Afirma Giroux: “El futuro de la democracia en Estados Unidos no estará determinado por las malas decisiones de un grupo reaccionario de jueces de la Corte Suprema. Tampoco se decidirá por la existencia de leyes de supresión de votantes, la ubicuidad de la gran mentira, la desigualdad estructural masiva o el ascenso del nacionalismo blanco a los centros de poder y una política dominada por la ideología supremacista blanca. Tampoco lo decidirá el acelerador retórico que produce sin cesar el ex presidente Trump con sus frecuentes alusiones a la violencia y la revuelta armada. Lo decidirá el creciente colapso de la conciencia, el socavamiento de la verdad y una conciencia de masas que apoya la violencia como arma central para el cambio social.” (2)

Lamentablemente, las formas que ha asumido la violencia como valor político y social no solamente son desviaciones incivilizadas que han inundado a la nación estadounidense, sino también han llegado a una importante cantidad de naciones de América Latina (como el caso de México) y el mundo.

“La violencia en los Estados Unidos se ha acelerado. Sobre la base de una historia de desechabilidad, genocidio y militarismo, ha ganado cada vez más apoyo, particularmente entre el Partido Republicano, como un camino potencialmente justificable al poder.”… “Los extremistas de derecha han redefinido la noción de libertad separándola de cualquier sentido del bien común y las consideraciones éticas, al tiempo que reducen cualquier vestigio de libertad a un derecho individual y totalmente privatizado. Imitando los valores neoliberales, la libertad ahora huye hacia adentro, reducida a un egocentrismo casi patológico que es cada vez más hostil al bien común, las cuestiones de apoyo mutuo y la responsabilidad social.”

La noción de derechos colectivos se ha erosionado para dar lugar, cada vez con mayor vehemencia, al derecho individual; como si éste fuera producto de una reivindicación por la conservación de la infraestructura productiva y la propiedad privada.

“El lenguaje de la violencia se ha normalizado en un Partido Republicano indiferente a sus elementos marginales que amenazan cada vez más la vida de los políticos con los que no están de acuerdo. Además, se ha instalado en la conciencia colectiva de un gran segmento del público como una forma rutinaria de abordar los problemas sociales, impulsar la retórica política y aniquilar la disidencia y la resistencia. La violencia define ahora la esencia misma de la política y se ha convertido cada vez más en un elemento rutinario de la vida cotidiana.”

La censura del pensamiento crítico, la represión hacia las protestas callejeras por pedir justicia y cuentas a los gobernantes, así como la negación de los espacios públicos para hacer conciencia sobre los problemas ambientales o raciales, han marcado la agenda de la derecha en el país vecino del norte.

“La guerra republicana contra la razón, la educación crítica y el pensamiento en sí está funcionando. Mucha gente en los Estados Unidos acepta cada vez más la violencia como una solución para abordar los problemas políticos. El lenguaje del militarismo y la violencia domina gran parte de las redes sociales de derecha y su alcance pedagógico sigue creciendo. Por ejemplo, la creciente amenaza del extremismo es evidente en la creciente cultura del racismo alimentada por el Partido Republicano y sus acólitos.”

Pero las olas conservadoras y los usos de la violencia de la extrema derecha no sólo caminan por los pasillos de la política electoral, sino que también transitan por los espacios ocupados por los poderosos medios de comunicación de masas.

“La insurrección del 6 de enero fue una etapa en la evolución de una política que ahora consagra la violencia como un camino potencial hacia el poder. El terror racial y una llamada de atención a la violencia dominan la política estadounidense, amplificada por una prensa dominante que se niega a nombrarla como una forma de política fascista, y una prensa de derecha que se deleita con una cultura espectacularizada de amenazas y violencia.”

Cuidado con los excesos en los procesos de militarización

“La guerra, el militarismo y la violencia dominan ahora la imaginación pública en los Estados Unidos. Detrás de los diversos intentos de los republicanos de derecha de destruir la educación pública, anular los resultados electorales, subvertir los derechos al aborto, producir formas malignas de anarquía en diferentes formas de privación de derechos, se encuentra un objetivo a largo plazo de destruir cualquier vestigio de democracia y las instituciones públicas que apoyan eso. Hay más en juego aquí que la degradación de la política.”

“Si la gente no puede escapar de la maquinaria de terror ideológico de la cultura que los convence de que todos sus problemas son una cuestión de responsabilidad individual, eso importa de clase, racismo, misoginia y otras formas de opresión no son sistémicas, y que la privatización de todo no debe ser vista como una forma poderosa de despolitización, Estados Unidos pronto se moverá hacia un orden social fascista completamente renovado. No hay democracia genuina.”

Reflexiones sobre el papel de la educación

Giroux se pregunta: “¿Qué significa abordar la educación en una época de tiranía? ¿Cómo podría la educación convertirse en un elemento central de la política y asumir el objetivo de educar a los estudiantes y al público para que piensen críticamente y aprendan a desafiar a los perpetradores de la supremacía blanca y la violencia social? …La educación en su máxima expresión debe definirse como un bien público, uno que se tome en serio la necesidad de crear ciudadanos críticos, informados y comprometidos. Como tal, no solo debe proporcionar las condiciones pedagógicas para que los estudiantes tengan conocimientos, se apropien críticamente de lo mejor de la Ilustración y otras tradiciones, sino que también debe infundir las artes liberales, si no todos los elementos de la educación, con un sentido social, ético y público, de responsabilidad.”

Recomiendo la lectura del texto completo (ver referencia al final), así como a hacer una revisión exhaustiva de la obra de Giroux, porque es probable que algunas de las claves críticas registradas en sus libros, nos ofrezcan elementos para comprender los códigos y las fibras más finas del poder político, económico y cultural que domina a nuestros países.

Nota y fuente consultada:

(1) Henry Giroux fue profesor de educación en la Universidad de Boston entre 1977 y 1983. Desde 2004 trabaja en la Universidad McMaster, donde actualmente imparte materias sobre Cadenas globales de televisión en la carrera de ciencias de la comunicación. Entre otros libros, es autor de: Ideology, Culture and the Process of Schooling (1981).

(2) Henry Giroux. “Contraataque: El autoritarismo de derecha y la crisis de la educación.” Diario de Badlands. Justicia social, económica y ambiental. 11 de dic., 2021.

https://badlandsjournal.com/node/2792

Juan Carlos Miranda Arroyo en Twitter: @jcma23

Fuente: https://profelandia.com/henry-giroux-la-derecha-y-la-educacion/

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Covid-19 y una cultura resiliente

Tercera Información

El 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud reconoció como pandemia la enfermedad ocasionada por el virus SARS-CoV-2, el terreno cultural salió de la escena tradicional y la industria del arte debió asumir nuevos derroteros.

Los artistas debieron plantearse un cambio radical y de primera mano que garantizara la subsistencia espiritual y económica, diera visibilidad a su trabajo y al mismo tiempo, fuera un acicate para el alma ante la alerta de una crisis mundial contra todo pronóstico.

La propagación del virus exigió cuarentenas, distanciamiento social, amenazas a los sistemas sanitarios y financieros, pérdidas de vidas humanas. Sin embargo, el caos dio paso a la innovación ante el cierre de museos, cines, teatros, la cancelación de festivales, conciertos y la diezmada vida cultural de las naciones.

Desde entonces emergieron alternativas para construir un entorno más incluyente y transversal. El confinamiento devino desafío creativo que llevó a elaborar materiales y proyectos, y profundizar en la recuperación de las artes y su nueva concepción.

Los llamados NFT (Non-Fungible Token) o cripto arte lograron efervescencia durante este tiempo, al igual que las exposiciones inmersivas, uno de los formatos con evidente alza con el cual el arte cobró una perspectiva diferente e interactiva por intermedio de sonidos, luces, imágenes y colores.

También los espectáculos con hologramas cobraron auge y adeptos, pues fue una peculiar forma de que los melómanos pudieran apreciar en la escena a sus cantantes preferidos, algunos muertos, desde la proeza tecnológica de la tercera dimensión.

La música se aferró a las nuevas tecnologías para garantizar su supervivencia. El streaming devino válvula de escape para solventar la depresión del mercado musical y mantener su vigor y solvencia.

También la danza, el teatro y la industria audiovisual se auxiliaron de mecanismos virtuales para llegar hasta los hogares de los espectadores, entretenerles e irradiar en sus pantallas la realidad desde una perspectiva optimista y conciliadora.

RESQUICIOS CULTURALES

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la Covid-19 generó una crisis de proporciones devastadoras que impacta directamente en las industrias creativas y del patrimonio y, a su vez, exacerba vulnerabilidades y desigualdades del sector.

Si bien las nuevas herramientas de comunicación permitieron emprender iniciativas culturales y artísticas, la pandemia demostró las brechas de los sistemas donde no todos tienen acceso a la conectividad, ni a la divulgada diversidad cultural.

De acuerdo con el crítico cubano Rolando Pérez, en muchos casos, sobre todo en los países del nombrado Primer Mundo, el número de ofertas no aumentó la pluralidad, sino que la manipuló y se apropió comercialmente de ella, mientras hizo disminuir las opciones de las culturas nativas.

Sobre el tema, el expresidente de Colombia Ernesto Samper Pizano, en una reunión del Grupo de Puebla dedicada a valorar las iniciativas de la cultura en pospandemia, afirmó que con esta crisis “nos anticiparon el futuro”.

Pero, ¿cómo debería ser ese futuro? Lo más importante, incluso para la cultura, es la integración de América Latina y la construcción de una ciudadanía sobre el mayor patrimonio: la diversidad, aseguró.

Por su parte el exdirector artístico del teatro Colón, Argentina, Marcelo Lombardero, aseveró que el mayor desafío de la pospandemia en términos culturales para el continente es desprenderse de la mirada neoliberal.

El neoliberalismo tiende a confundir el hecho cultural con un evento, pero el hecho cultural significa la unión de las fuerzas vivas de la sociedad en un trabajo que genera vínculos, alegó el artista e investigador.

Lombardero señaló como esencial la importancia de diferenciar el arte popular con el arte comercial llevando la mirada del multiculturalismo que permite el crecimiento y florecimiento de la cultura.

Por último, convocó a tener en cuenta el rol de las instituciones culturales, para qué, por qué y para quién están; justamente, desde una mirada de reconstrucción del tejido social.

CUBA RESILIENTE

En Cuba, este planteamiento es premisa y bandera. La pandemia potencia la innovación y el espacio virtual ofrece visibilidad a la cultura comunitaria, revela nuevos talentos, proyecta iniciativas novedosas que emergen desde los hogares, la raíz y el calor del barrio y los actores sociales.

Al decir del periodista cubano Ricardo Alonso, la cultura cubana no quedó silenciosa, sino que brilló más que nunca con luz de arte y pensamiento.

No faltó desde la comunidad el escritor, el actor, el cantante, el pintor, el bailarín o el realizador audiovisual, la canción o el poema dedicado a exaltar la voluntad y consagración de científicos y personal de salud.

Tal y como expresara el líder de la Revolución cubana, Fidel Castro, en los difíciles años del llamado Período Especial: La cultura es lo primero que hay que salvar. Y en 2021, salvó. El crítico Pedro de la Hoz coincide con muchos analistas en la función decisiva que desempeñó el movimiento artístico en el año que acaba de concluir.

Igualmente, reconoció que es preciso reponerse ante las limitaciones vigentes, aprendiendo de lo mucho que aún tiene por ofrecer la experiencia de hacer arte y generar cultura (en toda su dimensión conceptual) en tiempos de pandemia.

Bien pudieran servir de sumario las palabras del investigador Emilio Antonio Duarte cuando planteó que la política cultural de la Revolución cubana debe ser diseñada (y en eso trabaja) con base a la ciencia y la tecnología, teniendo en cuenta la relación dialéctica entre tradición cultural e innovación.

En su artículo sobre lecciones para una Cuba pospandemia, Duarte reiteró la necesidad de involucrar para el logro de estos fines a todos los actores sociales que enriquecen la nación independiente, soberana y su identidad cultural.

arb/yrv

(*) Periodista de la Redacción Cultura de Prensa Latina

Fuente de la información e imagen: https://www.tercerainformacion.es

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Las 12 campanadas de la medianoche

Elisabeth de Puig

Por: Elisabeth De Puig

¿Qué lanza al destierro a tantos dominicanos que se entregan a redes que los llevan a Chile o a las carreteras de Chiapas? ¿Qué nos espera realmente en estos próximos meses donde en el medio de un tercer año de pandemia la pobreza y sus estragos en la República Dominicana chocan con la imagen del país que queremos proyectar?

Las 12 campanadas de la medianoche del pasado viernes 31 nos propulsaron en el año 2022 y, simbólicamente, nos despojaron por un momento de todas nuestras cargas para abrazar el nuevo año esperanzados de iniciar un periodo más auspicioso que el acabamos de atravesar.

Sin embargo, tal duende travieso, ómicron se apoderó de nuestras mentes y nos acompañó durante la velada. Ahora todos quisiéramos saber si asistimos al principio del final de la epidemia o si estamos en presencia de una trampa del virus que se presta a resurgir, tal ave fénix, bajo nuevas formas de sus cenizas.

Los próximos meses lo dirán. No obstante, venga lo que venga, debemos seguir cuidándonos al máximo. Debemos reforzar las vacunas e invitar a vacunarse a los que no lo han hecho. Participando en el cuidado de los demás aportamos a nuestro entorno.

Para los moradores de la República Dominicana, el año 2021 estuvo marcado por un excelente desenvolvimiento en cuanto al enfrentamiento   de la pandemia. También por el hecho, digno de estudio, de que somos uno de los dos países con más baja letalidad de todo el continente americano.

En otro tenor, estamos siendo testigos de una lucha contra la corrupción sin precedente, y de una recuperación económica que nos coloca como uno de los países de la región mejor preparados para afrontar nuevos retos.

Con estas señales esperanzadoras, una pandemia de por medio y la tremenda amenaza del cambio climático, el presente sería el momento idóneo para reflexionar sobre el modelo de la sociedad que debemos construir para que la recuperación alcanzada y los pasos institucionales que se han dado se traduzcan en una transformación real hacia una sociedad ambiental, social y políticamente sostenible.

En muchos países ha tomado cuerpo el criterio de que la recuperación económica post pandemia no puede ser el mero retorno a las formas de consumir y producir de antes de la COVID-19. Hacerlo así sería reproducir las formas de maltrato a la naturaleza que han generado el cambio climático cuando de lo que se trataría es de revertirlas.

De la misma manera nos podemos preguntar a la luz del resultado de las últimas elecciones en Chile, campeón del neoliberalismo y de la desigualdad, si el modelo económico actual será sostenible políticamente en la República Dominicana a mediano plazo y si no se necesita trabajar desde ahora para lograr una sociedad más inclusiva donde impere la justicia social.

¿Qué lanza al destierro a tantos dominicanos que se entregan a redes que los llevan a Chile o a las carreteras de Chiapas? ¿Qué nos espera realmente en estos próximos meses donde en el medio de un tercer año de pandemia la pobreza y sus estragos en la República Dominicana chocan con la imagen del país que queremos proyectar?

En fin, las oportunidades deben existir para las grandes mayorías. De ahí la pregunta: ¿cómo repartir el maná del crecimiento entre los que más lo necesitan para que este gobierno sea el gobierno del cambio en aspectos fundamentales que tocan la vida misma de las personas?

Alarman las voces de la Sociedad Dominicana de Pediatría llamando la atención sobre el aumento de un 20% en la mortalidad infantil durante el pasado 2021, al igual que la recrudescencia del dengue y otras enfermedades.

Que una niña de 14 años haya dado a luz al primer bebé del año no es casual y solo refuerza la urgencia de la lucha contra las desigualdades y a favor de los derechos fundamentales de la niñez en la cual están envueltos, entre otros, la educación, la salud, la vivienda.

No solamente debemos velar porque no se produzcan desacatos a los derechos humanos en materia de migración, como los atropellos injustificables a las extranjeras que procuran servicios médicos en la República Dominicana, sino también recordar que las mujeres que votaron a favor del PRM esperan un código penal garante de derechos y a la altura del siglo XXI.

Aprovechemos pues el año 2022 para dar un salto hacia políticas públicas que logren cambiar el comportamiento social, propulsen una justa redistribución y aseguren un clima social favorable al crecimiento.

Fuente: https://acento.com.do/opinion/las-12-campanadas-de-la-medianoche-9020486.html

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Libro (PDF): Resistir al neoliberalismo. Comunidades y autonomías

Reseñas

Reseña: CLACSO

*Disponible sólo en versión digital

En Resistir al neoliberalismo. Comunidades y autonomías Pilar Calveiro no se centra en las características del neoliberalismo sino, como su nombre lo in­di­ca, en la posibilidad y la potencia de las resistencias comunitarias. Para ello retoma la discusión sobre los rasgos violentos y autoritarios del neoliberalis mo, desarrollados en textos anteriores, enfatizando ahora en la conforma­ción de redes de poder que rebasan al aparato estatal. Ello obliga a desplazar el foco de análisis, del Estado y sus responsabilidades directas o indirectas, a la gubernamentalidad neoliberal, como una trama más densa y compleja. Se trata de observar la articulación de las redes de poder legal/ilegales y pú­blico/privadas que, en el neoliberalismo, ejecutan diversas violencias orien­tadas a desarrollar verdaderas políticas del miedo. Las desprotección social, así como las distintas violencias inherentes al neoliberalismo, genera miedos difusos, que se dirigen intencionalmente hacia el Otro —migrante, terrorista, indígena, criminal— y se utilizan como mecanismo de control poblacional. Las prácticas de desposesión, propias de este modelo, echan mano del miedo eincluso del terror para consumar sus objetivos de muerte.

Autora: Pilar Calveiro

Editorial/Edición: CLACSO. Siglo XXI.

Año de publicación: 2021

País (es): Argentina. México

ISBN: 978-987-813-047-7

Idioma: Español

Descarga: Resistir al neoliberalismo. Comunidades y autonomías

Fuente e Imagen: https://www.clacso.org.ar/libreria-latinoamericana/libro_detalle.php?orden=&id_libro=2420&pageNum_rs_libros=0&totalRows_rs_libros=1588

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Eduardo Nava Hernández: Universidad pública y neoliberalismo

Noticias

El debate abierto hace unas semanas por el presidente Andrés Manuel López Obrador a propósito de la penetración de la ideología y las políticas neoliberales en la UNAM y en general en las universidades públicas mexicanas no debe darse por concluido, sino entrando apenas en su etapa de planteamientos.

De inmediato diversos y dilectos representantes de las burocracias universitarias, encabezados por el mismo rector Enrique Graue de la Universidad Nacional, rechazaron los señalamientos del presidente, reivindicaron la autonomía de sus instituciones y sacaron a relucir ante la opinión pública los logros y aportaciones al conocimiento científico y social realizadas por las mismas. Destacó la intervención en una videograbación del secretario general de la misma UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas, resaltando la crítica que desde más de 125 publicaciones universitarias se han hecho al orden neoliberal contemporáneo. Desde luego, como economista, el funcionario conoce la amplia bibliografía escrita al respecto por sus colegas e investigadores de otras disciplinas sociales. Pero el punto nunca fue si, como resultado de las libertades de cátedra e investigación, los académicos han expresado esas posiciones críticas, sino cómo las instituciones en cuanto tales se amoldaron a las ideologías y prácticas dominantes en la sociedad y la administración pública durante las décadas de predominio del privatismo y el fundamentalismo del mercado.

Uno de los aspectos que debiera colocarse sobre la mesa es, desde luego, la funcionalidad de la autonomía universitaria, legítima y ampliamente justificada desde la Carta de Córdoba de 1918, para la configuración de grupos burocráticos autorreproducidos que dominan las instituciones y generan intereses particulares, más allá de la naturaleza pública de éstas. Ejemplos hay con profusión: la Sosa Nostra de Gerardo Sosa Castelán (hoy preso, pero cuyo grupo logró colocar diputados y funcionarios municipales en alianza con el Morena en las pasadas elecciones) en la Universidad Autónoma de Hidalgo; el grupo de Raúl Padilla en la Universidad de Guadalajara; el de Fernando Moreno Peña en la de Colima, entre otros; todos ellos surgidos bajo la otrora indisputada hegemonía del PRI, aunque hoy corran por otros derroteros políticos.

Hasta el presidente del Tribunal Universitario de la UNAM, Eduardo López Betancourt, se sumó a la crítica a esas prácticas mafiosas en su propia institución cuando declaró “[…]somos los universitarios los que debemos transformar a las universidades públicas, que por naturaleza deben ser esencialmente democráticas, por lo que es inaceptable que nuestras casas de estudios sean gobernadas por grupúsculos que durante años se han favorecido en todos los ámbitos económicos y particularmente en la obtención de prebendas académicas” (https://www.sinembargo.mx/07-10-2021/4038223).

En otros muchos casos, como ocurre con la Universidad Michoacana, son directamente los gobernadores en turno los que asumen el control político de las instituciones universitarias imponiendo a los rectores de su preferencia, muy a pesar de la formalidad de la autonomía. Quizá sea éste el patrón más extendido en nuestra educación superior.

No se trata, entonces, de cuestionar o poner en duda la importancia de ese nivel educativo para la población ahí formada profesionalmente, ni los aportes que sus investigadores y docentes hacen a la sociedad. Lo que está y debe estar en el debate son sus orientaciones educativas y de investigación y sus estructuras de comando, que es un tema eminentemente político tratándose de grandes organismos con repercusiones en los ámbitos regionales o nacionales.

El control político y el autoritarismo no iniciaron con la etapa de las doctrinas neoliberales; son de vieja data y tienen raíces profundas en la naturaleza casi por definición elitista de sus orígenes como instituciones o en haber surgido de decisiones de los grupos gobernantes; pero esos componentes se acentuaron como reacción a la presencia de pujantes movimientos estudiantiles y sindicales en las décadas de los sesenta y setenta. De las instituciones universitarias surgían muchos de los cuestionamientos al orden político autoritario y a la estructura social que reproduce en prácticamente todos los ámbitos la desigualdad: económica, sexual, laboral, etcétera, y el insuficiente cumplimiento de derechos para los grupos sociales debilitados.

¿Se acoplaron nuestras instituciones de educación superior a las prácticas dominantes de la política de privatización de la ganancia y el patrimonio sociales que es el núcleo del llamado neoliberalismo? Claro que lo hicieron; y lo raro sería que no lo hubieran hecho, dados sus múltiples enlaces y vasos de comunicación con las diversas instancias de poder político y, más recientemente, las económicas, también con intereses privatistas.

Baste, en primera instancia, con ver la proliferación de instituciones educativas privadas que ofrecen diversas licenciaturas, cursos y posgrados (no siempre de buena calidad). Tal propagación en los lustros recientes da cuenta, ante todo, de la insuficiencia de las instituciones públicas para satisfacer la demanda educativa y la formación reclamada por los mercados de fuerza laboral profesionalizada (es decir, de trabajadores capacitados en ámbitos casi siempre muy particularizados del conocimiento). Desde los años ochenta se frenó el crecimiento de la educación superior pública, junto con los presupuestos destinados a ese fin; se impusieron restricciones al ingreso (en áreas como Medicina, particularmente, con el costo social que eso ha representado ante una nueva situación como la actual pandemia) y a la matrícula, y todo eso dio lugar a un gran crecimiento de las empresas de formación profesional en el país, como es ya bien conocido.

Pero también se combatieron sus expresiones de autonomía más acentuada (como en las universidades de Guerrero, Puebla y Sinaloa) y se impusieron a la enseñanza orientaciones claramente técnicas por sobre las humanísticas y sociales, se prefirieron las carreras de alta particularidad, no los conocimientos enriquecidos interdisciplinariamente, y se buscó la vinculación con los mercados como prioridad educativa.

La entrega neoliberal de la autonomía universitaria se ha expresado también como una transferencia de funciones a organismos privados evaluadores o dictaminadores (el Ceneval, Centro Nacional de Evaluación de la Educación Superior), que incluye desde la selección de aspirantes al ingreso hasta la titulación de los egresados mediante exámenes estandarizados. Nuestras instituciones han abdicado ahí por completo de sus atribuciones legales sin que ante esos actos se eleven voces de protesta como lo hacen ante la crítica de sus desviaciones.

Una modalidad más reciente de la política universitaria de los gobiernos federal y estatal es la precarización creciente del trabajo académico. Según estimaciones recientes, en la misma UNAM, sin duda la mejor institución de educación superior en el país, el 70 por ciento de los trabajadores académicos son de asignatura contratados interinamente (https://www.sinembargo.mx/03-11-2021/4052400). La brecha salarial entre académicos de tiempo completo y docentes por materia se ha ampliado sustantivamente y, sobre todo, se han hecho mucho más estrechos los canales de ascenso a mejores plazas. La llamada meritocracia es una absoluta falacia, cuando las instituciones relegan a sus propios egresados a posiciones de labilidad laboral por decisiones de los grupos de poder que manejan las universidades para dar cobijo solamente a sus protegidos y adherentes.

La precarización no es meramente una determinada ubicación en el mercado laboral, sino un medio de control político que las autoridades usan ampliamente sobre los trabajadores. La amenaza del despido o de la no recontratación convierte al docente en un instrumento manejable al antojo de los directivos e introduce una diferencia sustantiva entre los definitivos de carrera y aquéllos que periódicamente tienen que postularse a exámenes o concursos, o simplemente al criterio de las autoridades de la institución, para conservar el empleo.

Esta situación también ha contribuido a debilitar al sindicalismo, y se extiende también, penosamente, a los organismos no autónomos, dependientes directamente del gobierno federal, como lo han mostrado los reportajes de Montserrat Antúnez sobre el hostigamiento laboral y la precariedad en el Instituto Politécnico Nacional (https://www.sinembargo.mx/30-10-2021/4049540) y de Mathieu Tourliere en la revista Proceso (2348, 31 de octubre de 2021) acerca de las Universidades para el Bienestar “Benito Juárez García”, creadas por el actual gobierno. Y no deja de ser una gran paradoja que a cargo de la Subsecretaría de Educación Superior de la SEP y de las UBBJG, aplicando esas políticas discriminatorias y atentatorias contra el trabajo, estén dos ex militantes comunistas como Luciano Concheiro Bórquez y Raquel Sosa Elízaga, respectivamente.

Pero eso no es todo. La aplicación por el actual gobierno de topes salariales y de un modelo de contención a las prestaciones establecidas en los contratos colectivos de trabajo es otro de los legados del en realidad no superado periodo de neoliberalismo en la educación pública. Y recientemente ha aflorado otra política de afectación a los trabajadores de la educación superior, con la pretensión de trasladar el régimen laboral de los trabajadores de los centros de investigación directamente dependientes de la Federación, del apartado A del artículo 123 al B, limitando por esa vía su capacidad para negociar contratos colectivos y para estallar huelgas, como se pretende con el CIESAS, o con la reducción del presupuesto (se ha hablado hasta de su desaparición) al CIDE y al Instituto Mora.

Sí, en estos casos y en muchos más, la recepción del liberalismo por las universidades formalmente autónomas y por las dependientes del gobierno federal ha sido amplia y abarcante en sus equipos dirigentes, y recorre con sus efectos también a las comunidades de estudiantes y trabajadores que los padecen. Por eso es que el debate debe seguir abierto dentro de las propias comunidades académicas y en el conjunto de la sociedad, y sobre todo conducir a acciones de fondo que lleven a recuperar su vocación democrática, su justificada autonomía y su espíritu de servicio al pueblo.

Eduardo Nava Hernández. Politólogo – UMSNH.

Fuente: https://rebelion.org/universidad-publica-y-neoliberalismo/

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México: Elección en la UNAM. La antidemocracia en la UNAM, más vieja que el Neoliberalismo

La Izquierda Diario

Por: Mariana Morales

El pasado 11 de noviembre se llevaron a cabo las elecciones para elegir a 258 consejeras y consejeros del máximo órgano colegiado de la UNAM, el Consejo Universitario. A propósito de los debates sobre la universidad neoliberal, la burocracia dorada y la precarización que denuncian los docentes, los altos índices de expulsión de estudiantes en esta pandemia y las violaciones al CCT de los trabajadores administrativos ¿Qué transformación necesitamos en la UNAM?

Tras el cierre de la votación para elegir al nuevo Consejo Universitario, la Dirección General de Comunicación Social de la UNAM (DGCS), dio a conocer en un boletín, los indicadores de participación de estudiantes y docentes en la elección más importante de la UNAM:

Fuente: Boletín UNAM-DGCS-959/bis

Si bien, los porcentajes fueron emitidos de acuerdo al corte realizado a las 19:30 horas, indican una baja participación sobre todo de profesores y estudiantes, aunque con un aumento relativo en comparación con el 2016 en el sector de profesores de 16,46% a 33, 21%, en investigadores de 45,22% a 54,18% y en Técnicos Académicos de 27,48% a 40,37%.

Entre los datos que se presentan para esta elección, se presentaron 129 fórmulas de candidatos de bachillerato, licenciatura, posgrado y subsistimos de investigación, para elegir al 80% de los integrantes del nuevo Consejo Universitario.

¿Quiénes son el otro 20% en el Consejo Universitario? Son las representaciones “Ex Oficio”, integrada por 65 miembros, todos autoridades de la UNAM: son el Rector, el Secretario de la Universidad quien también es secretario del Consejo Universitario, las y los directores de las facultades, escuelas e instituciones universitarios. Y sí, queda la pregunta de ¿y a ellos quién los elige?

Sin entrar aún en la profunda antidemocracia que existe en este máximo órgano de autoridad, la participación del estudiantado es ínfima, siendo el sector más numeroso de la UNAM con 366,930 (Portal de Estadística Universitaria, 2020-2021) y el más activo políticamente; en el sector de investigadores, integrado por 2690, no sorprende que la confluencia de la participación sea tan amplia, pues representa uno de los sectores privilegiados de la universidad integrado y tiene 72 integrantes en el Consejo.

Particularmente en el sector de profesores, sí hay un aumento significativo que dobla la participación de este año comparado con 2016. Y esto no es casual, pues, desde el inicio de este año, profesores de asignatura y ayudantes emprendieron una lucha contra la precarización y explotación laboral que vive el gremio, ya que en la máxima casa de estudios, 37 mil 510 docentes concentran la mayor carga académica pero esto no se corresponde con el salario que perciben ni en garantizar la dignifican de su trabajo con los derechos laborales correspondientes como la estabilidad laboral y basificación.

Este proceso de politización y organización se vio respaldado por los estudiantes que se solidarizaron con los docentes, levantando paros en 27 facultades. Este clima político alimentó la conformación de distintas candidaturas críticas a la política imperante en la UNAM.

Por otro lado, es cierto que aunque las elecciones ya eran realizadas anteriormente de manera virtual, el escenario de polítización actual y el cuestionamiento a las «mafias», es pasivizado mientras la actividades se mantienen de manera virtual al tiempo que los Consejos Técnicos son los que deciden cómo se regresará a las actividad prensencial; lo cual también mengua la posibilidad de hacer campañas de los sectores críticos.

Si bien las problemáticas son harto viejas en la UNAM, incluso aún más que el neoliberalismo, estamos ante un escenario político en la universidad —también a nivel nacional e internacional— en el que las aguas se removieron por la crisis agravada por la pandemia, agudizando las desigualdades y, poco a poco, los sectores críticos vuelven sobre la defensa de la universidad para las grandes mayorías, su carácter público y gratuito, las demandas de género, etc. La pregunta que queda en el aire para tomar con seriedad es: ¿cómo nos articulamos y organizamos sobre las demandas ya muy claras para muchas, muches, muchos? ¿Para cuándo convocamos un Encuentro de las comunidades universitarias?

Una breve semblanza histórica de la antidemocracia en la UNAM

El reglamento interno del Consejo Universitario fue aprobado en la sesión del 18 de diciembre de 1929. Dicho reglamento, establece el funcionamiento e integración del órgano colegiado, así como las dictaminaciones para los procesos de elecciones, y las atribuciones de la que es competente: aprobación de métodos planes, métodos de enseñanza y evaluaciones; bases para la admisión de los alumnos; formular reglamentos internos; modificaciones del Estatuto General de la Universidad; incorporación de nuevas instituciones, entre otras.

Los años de entonces, fueron fundamentales para establecer los pilares del gobierno posrevolucionario y ese año particularmente se encontraba agitado por la guerra cristera, la fundación del PNR, la oposición al Maximato con la rebelión escobarista y el otorgamiento de la autonomía universitaria.

El preámbulo de la autonomía se da con una huelga estudiantil en 1929, en el que tuvieron lugar múltiples enfrentamientos y una dura represión orquestada por el entonces presidente Emilio Portes Gil y José Manuel Puig Casauranc, jefe del Departamento del Distrito Federal, mismo que después ordenó cesar la represión después de que estudiantes fueran heridos; entonces se declaró que el 23 de mayo fuera Día del Estudiante.

El movimiento estudiantil que comenzó por una reforma a los exámenes, rápidamente escaló en el cuestionamiento de la toma de decisiones autoritaria dentro de la Universidad y planteó como demanda central que el Consejo Universitario estuviera formado por representaciones proporcionales de maestros y estudiantes y que el Estado declarara la autonomía de la Universidad.

El tema de la autonomía, tras la discusión en el Congreso y en el Senado, fue resuelta por el presidente Portes Gil con la expedición de la Ley Orgánica y la conformación del Consejo Universitario, fincados en contra de lo que los estudiantes habían exigido: elegir al rector y la representación proporcional de maestros y estudiantes. Portes Gil eligió la terna para designar rector y designó al entonces Oficial Mayor de Gobernación, Ignacio García Téllez y se estableció el Consejo Universitario en junio de 1929. Desde entonces y hasta ahora se inaugura la historia antidemocrática de la UNAM.

Elecciones, precarización y nuevos escenarios de organización

La necesidad de transformación de la universidad ha tenido distintos ejercicios de organización y acción política, a veces con mayor envergadura y radicalidad, protagonizados por sectores estudiantiles: el 68 internacional, la movilización del 1986-87, la huelga del 99; del sector trabajadores administrativos con la huelga de 1972-73 que fundó el STEUNAM; la huelga de académicos que fundó el SPAUNAM en 1975; la huelga de STEUNAM y SPAUNAM en 1976, proceso que culminó con la huelga que dio origen al STUNAM en 1977 como sindicato de administrativos y académicos y la última huelga del STUNAM ya sólo con la titularidad del CCT de los trabajadores administrativos en 1988. Sólo por mencionar algunos de los más importantes.

Con las recientes elecciones al Consejo Universitario, nos preguntamos cómo están representados estos sectores que han protagonizado importantes luchas por la transformación de la universidad y que recientemente, docentes y estudiantes denunciaron la precarización dentro de la UNAM. Un rápido vistazo a las cifras que componen cada sector y los consejerxs que los representan advertirá que no existe proporción alguna en el máximo órgano de autoridad:

Fuente: Elaboración propia con datos del Consejo Universitario UNAM, Padrón Electoral para Comité Ejecutivo del STUNAM 2021-2024 y la Numeralia del UNAM 2020-2021.

En la elección del día jueves 11 de noviembre del año en turno, se eligieron 258 consejerxs. Los 65 miembros “Ex oficio”, son elegidos por la Junta de Gobierno que a su vez es elegida por el Consejo Universitario y señala que de manera excepcional se puede autoelegir; excepción que se volvió la regla.

La Junta de Gobierno tiene como facultad nombrar al Rector y a los directores de las facultades, escuelas e institutos, así como designar a los miembros del Patronato Universitario.

«De este modo es como se integra la estructura vertical y antidemocrática de la UNAM, cuyas autoridades operan como autócratas y la Junta de Gobierno, como el clivaje institucional de control y distribución de los mandos políticos, establecido desde 1945 bajo el supuesto de “defender los intereses de la universidad” y designan los cargos bajo procesos de auscultación por fuera de los miles que integran la comunidad universitaria.»

«Bajo esta estructura se han instituido formas de explotación laboral para la mayoría de los docentes, restricciones que elitizan y excluyen de la educación a miles de estudiantes pues la UNAM, impone la distribución desigual del presupuesto pues no sorprende que sean estas autoridades quienes concentran las mayores partidas presupuestales contrastando con los bajos salarios de profesores de asignatura, profesores ayudantes y de los trabajadores administrativos.»

Aún falta ver la conformación del nuevo Consejo Universitario, pero no nos sorprenderá ver que las y los elegidos serán parte de los grupos políticos de la UNAM que recrean la política de la burocracia dorada y preservan sus intereses.

Sin duda, en esta estructura bajo el neoliberalismo, se ensancharon las brechas de desigualdad y de toma de decisiones en la UNAM, sin embargo, lo que ya se ha puesto de manifiesto en las críticas es que hace falta la transformación universitaria, misma que no vendrá de las élites universitarias, sino desde sus bases, como ya ha demostrado la historia. La pregunta es: ¿cómo integramos la crítica comprometida por una universidad para todos para avanzar en organizarnos y disputar el poder a las élites?

Somos más, tampoco queda duda en eso; nos faltan los espacios colectivos amplios para avanzar en propuestas de estructuras para nuestra organización de manera independiente de las autoridades que han estado ligadas al PRI y los partidos de los empresarios y hoy, el partido del gobierno, no está exento de estas disputas.

Fuente de la información e imagen:  https://www.laizquierdadiario.mx

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