Neoliberalismo

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Más allá de la defensa: a reconstruir y expandir la educación pública

José Miguel Sanhueza y Fernando Carvallo

Por:  José Migue Sanhueza y Fernando Carvallo

Hace algunos días se ha dado finalmente a conocer el Proyecto de Ley de Universidades del Estado. La iniciativa se encontraba pendiente luego de haber sido separada de la propuesta original de Ley de Educación Superior, con el fin de “agilizar” la tramitación de esta última. Esto ha provocado gran expectación e incertidumbre entre estudiantes, académicos y trabajadores respecto al contenido que tendría este proyecto, que en teoría debería responder a la preocupación por el rol de la educación pública en la reforma al sistema de educación superior.

Lamentablemente, como desarrollaremos a continuación (y con mayor detalle en un reciente Documento de Trabajo), este Proyecto resulta insuficiente, y en varios aspectos derechamente regresivo, para la posibilidad de una nueva educación superior que esté basada en la educación pública y la tenga como eje rector y mayoritario del sistema. Más bien, lo que hace es ratificar las orientaciones centrales de una reforma que termina consolidando la organización de mercado del sistema: regulando algunos de sus excesos e imperfecciones, y proponiendo un mecanismo para pagar la cuenta de dicho mercado.

Universidades para un Estado Subsidiario

La modernización neoliberal en la educación superior chilena sentó las bases de un sistema con escasos símiles a nivel mundial. Este sistema se instaló como respuesta al inconcluso proceso de “Reforma Universitaria” de los años 60 y 70. Mientras que en esta primera gran masificación de la educación superior la educación pública fue la centralidad, el proceso posterior puso como eje central la provisión privada de educación, donde instituciones que persiguen fines lucrativos (legal o fácticamente) recibirían recursos públicos para operar y competir de igual a igual con las instituciones públicas.

Las señales que entrega el Proyecto de Ley de Universidades del Estado resultan preocupantes para las perspectivas de una genuina desmercantilización del sistema. Si hasta ahora la Ley de Educación Superior se ha concentrado esencialmente en cómo controlar los excesos del mercado y en cuán rápido el Estado pagará la cuenta de éste, aquello es complementado con un proyecto de Ley de Universidades Estatales que construye un modelo de organización y de financiamiento de estas instituciones a la medida de un sistema de mercado.

Para hacer esto posible, la modernización neoliberal tuvo dos aspectos cruciales. Por un lado, la promoción de la entrada masiva de actores privados, eliminando barreras de entrada y creando mecanismos de financiamiento que incentivaran la competencia entre instituciones. Y por otro, la atomización de las instituciones públicas previamente existentes, convirtiéndolas en entidades de menor escala que pudieran y debieran competir por estudiantes y proyectos con los nuevos planteles privados. Aquello por cierto no significaba un Estado ausente, sino uno presente con un rol distinto, un rol “subsidiario”: financiar fundamentalmente a los estudiantes (o competitivamente a las instituciones) y establecer regulaciones generales al conjunto del sistema.

Los fundamentos de la modernización neoliberal, en lo esencial, no se han visto alterados tras el “retorno a la democracia”. Los gobiernos concertacionistas -en general- asumieron como propia la crítica neoliberal al viejo sistema universitario y la necesidad de proyectar los componentes modernizantes de la reforma dictatorial. Así, concibieron un rol del Estado enmarcado estrictamente dentro de la concepción subsidiaria: financiar, regular, certificar y orientar la acción de los privados. “Guiar al mercado”, en palabras de José Joaquín Brunner.

En virtud de lo anterior, para poder evaluar desde las fuerzas de cambio este Proyecto de Ley sobre Universidades Estatales se debe tomar como criterio fundamental si se mantiene la profundización del mercado por medio de un Estado Subsidiario, ajustandolo y perfeccionándolo; o si, por el contrario, se adopta una dirección distinta. Lamentablemente este proyecto, así como su articulación con la Ley de Educación Superior actualmente en discusión, perfilan la primera de ambas situaciones, lo que se ve expresada tanto en el perfil de la institución estatal que se busca construir, como en razón de la orientación general del sistema que se da por sentada sin mayor cuestionamiento.

Matrícula y financiamiento: Ambigüedad y ausencia de horizonte

Como fue señalado, las reformas dictatoriales, su continuidad y profundizaciones posteriores, han traído como resultado una educación superior hegemónicamente privada, cara, segregada, lucrativa y de baja calidad, donde la matrícula pública bordea el 16%, a diferencia del 60% que promediaban los países de la OCDE al año 2015. El actual proyecto ya desde su diagnóstico está lejos de plantear un horizonte distinto. Si bien se habla de recuperar y explicitar el rol del Estado por medio del fomento a la excelencia de sus Universidades, no se desarrolla, y menos aún se conflictúa, el estado actual de estas instituciones, ni la disminución progresiva en su participación en la matrícula, al mismo tiempo que se les obliga a negociar y competir por recursos.

Asimismo, el proyecto adolece de una visión global de qué se entiende por “educación pública”, concepto que incluso está ausente de todo el mensaje y articulado. Expresión clara de esta carencia es la reducción del Proyecto sólo a las actuales Universidades del Estado, excluyendo así de la “Red Pública” tanto a los Centros de Formación Técnica que el propio Gobierno ha buscado implementar, como a las actuales instituciones laicas del Consejo de Rectores (U. de Concepción, U. Austral de Chile, U. Técnica Federico Santa María), cuyo origen mismo responde a inquietudes locales de la época ante un Estado cuyo rol en la educación superior aún era muy incipiente, y cuyo quehacer siempre se ha entendido sometido a la deliberación democrática de la sociedad y en colaboración con la función pública.

Estas ausencias en el diagnóstico se ven reflejadas en el articulado. En lo referente a la matrícula, el Proyecto establece que las Universidades del Estado podrán crecer equilibradamente conforme a su Proyecto de Desarrollo Institucional, y faculta al MINEDUC a solicitar planes de ampliación de matrícula. Cabe reconocer como una conquista el que se abra explícitamente como posibilidad el crecimiento de la matrícula pública. Sin embargo, es un avance que aún se queda muy corto, al no establecer la opción de que sean las instituciones, coordinadamente, las que propongan estrategias de crecimiento, aspecto que sí estaba presente en minutas anteriores del proyecto. Esta limitante revela que no existe una decisión deliberada de revertir el carácter privado del sistema, sobre la base de la colaboración y articulación efectiva de las instituciones de educación superior pública.

Mucho más claro resulta lo anterior en lo que respecta al financiamiento. El proyecto establece como fuente de recursos permanentes el denominado “Convenio Marco” hoy existente, cuyo monto es definido en la Ley de Presupuestos de cada año. Esto abre un escenario de inestabilidad al sujetar los recursos de las instituciones a la negociación parlamentaria de cada año, primando las capacidades de lobby y las correlaciones de fuerza por sobre los intereses y las necesidades universitarias.

A su vez, se contempla un “Plan de Fortalecimiento” de 150 mil millones de pesos a 10 años. La cifra aparenta ser muy elevada, pero en promedio representa poco más de 830 millones anuales por institución: cerca del 0,1% del presupuesto de la U. de Chile, 1% de la U. de Tarapacá y 3% de la U. de Magallanes, por dar algunos ejemplos. Este Plan sería financiado a través de un crédito con el Banco Interamericano de Desarrollo y orientado a proyectos de mejoramiento focalizados, en la línea de lo que ha sido el Programa MECESUP.

De este modo, la lógica predominante del financiamiento a las Universidades Estatales no experimentará cambios significativos con este proyecto respecto a cómo ha funcionado durante las últimas décadas. El financiamiento a las instituciones sigue siendo un componente minoritario de los recursos fiscales que se desembolsan en educación superior, y, más aún, éste es asignado con mecanismos que obligan a las instituciones a competir en vez de colaborar.

Gobierno y condiciones laborales: Universidades para competir en el mercado

Si bien cabe destacar algunos aspectos en materia de desburocratización de la gestión de las universidades, en los hechos se configura un modelo de universidad estatal organizada para competir en el mercado. Esto se observa tanto en su sistema de Gobierno como en la relación que tienen con sus trabajadores.

En cuanto al gobierno de las instituciones, el proyecto establece como órgano rector una Junta Directiva (“Consejo Superior”) compuesta en forma mayoritaria por actores externos, junto a un Consejo Universitario de carácter consultivo, con una composición que puede ser triestamental, pero también puede no serlo, pues depende de cada institución. En los hechos, con esto se construye un modelo de gestión basado en la desconfianza a las comunidades, que atenta contra la indispensable autonomía para la docencia, la investigación, la creación artística y la vinculación con el medio, que es donde más se expresa la contribución de las universidades estatales al país. Más aún, este modelo de gobierno borra con el codo lo escrito a pulso por varias instituciones cuyas comunidades han emprendido significativos (y sin duda aún inacabados) esfuerzos por superar las formas de organización impuestas por los estatutos de la Dictadura.

Además, se establece una forma empresarial de relacionarse con los trabajadores de las universidades estatales. Si bien formalmente reconoce a sus funcionarios como empleados públicos, el proyecto legítima e incentiva la muy recurrente práctica de contratar funcionarios que desempeñan labores permanentes en calidad de “contrata”, empleo que por definición legal es transitorio, a través de la eliminación de los límites que establecen leyes generales para esta modalidad. A su vez, el articulado abre explícitamente la puerta a profundizar la proliferación de contrataciones bajo las normas del Código del Trabajo o derechamente a honorarios, bajo el pretexto de la “contratación de servicios específicos” que, en la práctica, frecuentemente terminan encubriendo funciones esenciales y/o permanentes de las instituciones.

La urgencia de reconstruir la Educación Superior Pública

En síntesis, las señales que entrega el Proyecto de Ley de Universidades del Estado resultan preocupantes para las perspectivas de una genuina desmercantilización del sistema. Si hasta ahora la Ley de Educación Superior se ha concentrado esencialmente en cómo controlar los excesos del mercado y en cuán rápido el Estado pagará la cuenta de éste, aquello es complementado con un proyecto de Ley de Universidades Estatales que construye un modelo de organización y de financiamiento de estas instituciones a la medida de un sistema de mercado.

Nos enfrentamos así a la posibilidad cierta de volver como país a replicar el mismo error cometido en educación escolar con la llamada “Ley de Inclusión”, construyendo una reforma incompleta, con efectos sistémicos contradictorios, y que, al no fortalecer de manera decidida la educación pública, termina finalmente favoreciendo la profundización de la hegemonía privada en la matrícula. Tanto si se aprueban ambos Proyectos tal como están, como también si es que se aprobase sólo el de Educación Superior y ninguna iniciativa sobre el sistema estatal, lo que se verá relegado una vez más será la educación pública y su futuro, en contraposición al sello que acompañó lo mejor de nuestra historia como país y que hizo posible el desarrollo del mundo moderno: una educación mixta con centralidad y mayoría de educación pública y laica.

Frente a esta realidad, existe hoy una profunda responsabilidad histórica de las comunidades de las instituciones estatales y de las fuerzas de cambio en general que va mucho más allá de la “defensa” de estas instituciones frente a los aspectos regresivos de las reformas propuestas. Por cierto que la defensa de la autonomía de las Universidades estatales y la demanda por un compromiso efectivo del Estado con ellas resulta fundamental. Sin embargo, y lamentablemente, mientras la educación superior pública eduque a menos del 20% de los estudiantes, su sola defensa siempre resultará una reivindicación insuficiente a la hora de apelar al conjunto de la sociedad chilena. A lo largo de toda nuestra historia reciente, el sólo “defender” a una educación pública cada vez más minoritaria en un contexto de creciente hegemonía privada, ha demostrado reiteradamente ser pan para hoy y hambre para mañana.

El gran desafío hoy es articularnos no solamente para defender a las Universidades del Estado, sino para ponerlas al servicio de una transformación profunda de nuestra educación superior, que recupere para la democracia y la soberanía de la sociedad un sistema que hoy está profundamente colonizado por el mercado. Todo ello mediante la construcción y expansión de una Red de Educación Superior Pública, que recoja en su seno lo mejor de nuestra tradición republicana, y se plantee como la alternativa masiva, democrática y de calidad que oriente al sistema de educación superior chileno en su conjunto. Hoy más que nunca, la mejor defensa de la educación pública es convertirla en la alternativa de las mayorías de los jóvenes chilenos.

Fuente: http://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/2017/06/28/mas-alla-de-la-defensa-a-reconstruir-y-expandir-la-educacion-publica/

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Hay vida e innovación más allá del neoliberalismo

Jaume Carbonell

Por: Jaume Carbonell

Hay textos, como los que se comentan, que hacen un discurso radicalmente antipedagógico y conservador de la escuela, identificando de manera simplista toda innovación educativa con el pensamiento neoliberal.

No hay duda que el neoliberalismo penetra con fuerza en la educación. Los postulados de Hayek y Friedman -por citar a dos de sus principales teóricos- encontraron un sólido acomodo en las políticas de R.Reagan y M.Thatcher en la década de los 80. A partir de ahí fue extendiéndose como una mancha de aceite tanto en Europa como en Latinoamérica, fusionándose con el pensamiento conservador y penetrando en los programas y gobiernos socialdemócratas, bajo el amparo de la globalización y diversas instituciones internacionales. La premisa nuclear se repite en todas partes: menos Estado y más mercado, lo que supone desactivar las políticas e inversiones públicas en beneficio de la desregulación y de los diversos procesos directos y encubiertos de privatización. Así, el derecho a una educación de calidad para toda la población se convierte en un bien de consumo de acceso diferenciado en función de la clase social. De ese modo el sistema educativo, investida de una renovada conceptualización y fraseología tan atractiva como engañosa, se supedita unidimensionalmente a los intereses del mercado -para ser más precisos, a las necesidades de un sistema del nuevo capitalismo rentista cada vez más injusto y voraz- en prejuicio de la necesaria transformación social y del desarrollo integral de los seres humanos.

Los libros de P.Carrera y E.Luque “Nos quieren más tontos” (La escuela según la economía neoliberal, Madrid, El Viejo Topo, 2016); y de C.Fernández Liria, O.García Fernández y E.Galindo “Escuela o barbarie” (entre el neoliberalismo salvaje y el delirio de la izquierda (Madrid, Akal, 2017), explican con toda suerte de argumentos cómo opera el discurso neoliberal en el sistema educativo, con algunos elementos novedosos e incisivos y novedosos –sobre todo los relativos al lugar de los organismos internacionales y a la situación de la universidad- y otros ya muy manudos y mejor contados. Pero el motivo de elegir estas dos obras no es para comentar, matizar o dialogar en torno a las esencias del neoliberalismo, sino para poner de relieve su rechazo radical y delirante (eso sí lo es y no lo que le atribuyen a la izquierda como señala el subtítulo del segundo)  a la pedagogía, y su discurso profundamente conservador en torno a la escuela: algo que reconoce sin tapujos el segundo: la escuela pública debe cambiar lo menos posible. “No cabe otra opción que la de estar contra el futuro, contra los retos, contra los desafíos”.

La tesis de estos autores es tan simplista como contundente: toda la innovación educativa está inspirada y controlada por el neoliberalismo. Y sostiene que el progresismo pedagógico y la izquierda le siguen el juego (también las trayectorias de los autores parten de posiciones políticas, que no educativas y pedagógicas, de izquierda.  Los palos se los reparten, entre otros, A.Garzón y E.Díez, de Izquierda Unida,  por su texto “La educación que necesitamos” y el Foro de Sevilla -un amplia plataforma de actores sociales y educativos comprometidos con la defensa de la escuela pública-  por su “Documento de Bases para una nueva Ley de Educación”, porque estiman que, con sus apuestas metodológicas y democráticas, flirtean y caen en los tentáculos del Dios Mercado que todo lo engulle.

¿Cuáles son los demonios más temidos a combatir de esta innovación educativa? He aquí algunos de ellos tal como son formulados  y que, con mayor o menor énfasis, están presentes en los dos libros. 1. El olvido de los contendidos y la degradación del conocimiento y la cultura que han dejado de considerarse útiles para pasar a ser “rarezas” minoritarias: “el saber y el conocimiento se han convertido en algo obsoleto”.  Es lo que definen como la escuela de la ignorancia que no hace otra cosa que descender de manera imparable el nivel educativo. Recomiendo acudir al libro de C.Baudelot y R.Establet “El nivel educativo sube”  (Madrid, Morata, 1998), y a un montón de investigaciones y evidencias actuales para refutar esta afirmación tan falsa como extendida. 2. La insistencia en negar la importancia que se le concede al método, como si éste no tuviera nada que ver con lo que se enseña y aprende para afianzar mejor la adquisición del conocimiento. Ambas obras són pródigas en disociaciones nada dialécticas. Y aquí la palma se lo lleva el Aprendizaje Basado en Proyectos. “Nuestra tesis es que el ABP no es un método más sino “el método” de la escuela neoliberal….. Es el aprendizaje-servicio, o la reconversión de la escuela en el supermercado de las empresas”. Y la colaboración y cooperación que ello conlleva no es más que un subterfugio (mecanismo)  para el adiestramiento  de destrezas y habilidades para llegar a ser más productivos en el mercado de trabajo en clave competitiva El segundo libro le dedica un capítulo entero). 3. El aprendizaje a lo largo de la vida. Es cierto que muchos organismos internacionales y empresas lo pregonan a bombo y platillo para ir recalificando la mano de obra ¡Y no es conveniente que así sea aunque bajo nuevos supuestos formativos! Además,  esta formación permanente o aprendizaje ininterrumpido es también un derecho histórico por el que han luchado ininterrumpidamente las clases populares y una necesidad actual para el empoderamiento cultural y político de la ciudadanía. El reto es su grado de equidad para que llegue a toda la población. 4. La supeditación exclusiva al mercado. Es obvio que la educación adquiere una dimensión cultural, social y humanamente más amplia, pero aquí la pregunta pertinente es: ¿No hay que formar también para el trabajo, para empoderar a los futuros trabajadores en otras lógicas productivas ligadas a la economía social colaborativa y al desarrollo sostenible? El 15-M, precisamente, afianzó y propagó estas nuevas formas de trabajo más cooperativas y horizontales. ¿Y acaso no es lo que han planteado históricamente los socialistas utópicos, los anarquistas y los marxistas, ciertamente con fracasos llamativos pero también con algunas experiencias solidariamente exitosas y transformadoras, lamentablemente demasiado efímeras por circunstancias que ahora no vienen al caso?  5. La participación democrática de la comunidad.  Se parte de una visión muy estatalista y centralizada, ignorando el peso determinante de los municipios y otros procesos comunitarios, de mayor proximidad, en la transformación social y política. Por eso se considera que los procesos de amplia participación democrática, con el concurso de diversos actores sociales, constituyen vías abiertas al modelo de gestión empresarial. Y 6. El desprecio absoluto hacia la pedagogía y, sobre todo, hacia  los pedagogos, considerados los causantes de todos los males y desgracias educativas, como si todos ellos fueran clónicos, cortados por el mismo patrón. Porque, más allá del debate que se plantea acerca de su carácter científico, algún aporte teórico habrá que reconocerlos cuando hay sectores del profesorado que dicen alimentarse del saber de algunos pedagogos -aunque sean pocos- y reclaman una mayor relación teoría-práctica, a pesar de las Facultades de Educación que, en efecto, requieren una reconversión radical (aunque algunos de estos autores preferirían su extinción sin más).

Es evidente, tal como se critica desde los propios sectores innovadores que apuestan tanto por la renovación de métodos y contenidos como por una escuela pública más democrática y equitativa, que bajo el paraguas de la innovación se cobijan discursos y prácticas muy heterogéneas, algunas muy elitistas, de una gran banalidad o movidas por un activismo sin ton ni son. También lo es que el capitalismo, en sus distintas fases y versiones, siempre ha mostrado una gran capacidad a la hora de apropiarse, tergiversar  y vaciar de contendido muchas conceptualizaciones y avances educativos y pedagógicos, algunos de carácter inequívocamente revolucionarios. Pero los autores de estas obras eluden, consciente o inconscientemente, los grandes relatos pedagógicos que han cuestionando  el sentido,  la función y la gramática de la escuela, y el qué y el cómo de lo que en  ella se enseña, introduciendo un conocimiento más sólido, democrático, actualizado y emancipador. Relatos que no están pensando en el mercado sino en la vida, no en una masa de productores anónimos sino en la formación de sujetos libres y críticos. Pongamos que hablamos de los Freinet, Dewey -de quien se hace una lectura muy restrictiva-, Freire y Milani. De sus múltiples seguidores anónimos y de otros muchos maestros que, por caminos diversos, no solo resisten, descodifican, desmontan y neutralizan los embates del neoliberalismo, sino que construyen con muchísimo esfuerzo -sí, porque las pedagogías innovadoras lo requieren más que las tradicionales y conservadoras- una escuela pública, más pegada a la realidad y donde todo el alumnado sin exclusión aprenda más y mejor. En cierto modo, se conecta con la mejor tradición de la II República, algo que también se reivindica en el segundo libre, aunque se ignora que la firme apuesta por la educación pública, -como así lo atestiguan numerosos textos, experiencias y testimonios- fue siempre de la mano de la renovación pedagógica y de la formación del profesorado. Por ello se habla de la edad de oro de la pedagogía.

Hasta aquí algunas pinceladas, conscientes que por razones de espacio no abordamos otras cuestiones: algunas muy bien tratadas y otras igualmente simplistas. No obstante, sería conveniente que alguien que dispusiera de tiempo y humor -no es mi caso- pudiera responder con otro libro a la cantidad de simplificaciones, inexactitudes y delirios, con argumentos y evidencias contrastadas, más allá de las experiencias y anécdotas personales. Lo tendría fácil para rebatir el conjunto de argumentos tan endebles de esta otra izquierda que en el terreno educativo y pedagógico propone un discurso muy trasnochado y conservador.

Fuente: http://eldiariodelaeducacion.com/pedagogiasxxi/2017/06/14/hay-vida-e-innovacion-mas-alla-del-neoliberalismo/

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Estados Unidos: La nueva Secretaria de Educación impulsa contienda ideológica

Noticias

Por: Duane Stilwell/eldiariony.com/09 junio 2017

La nueva Secretaria de Educación, Betsy DeVos, tiene planes para tus hijos. Quiere convencerte que las escuelas públicas y los maestros que trabajan para educar a nuestra juventud son parte de “un sistema hermético, una industria resistente al cambio, un mercado cerrado […] un monopolio, un callejón sin salida”.

Su plan para el futuro de la educación en Estados Unidos incluye subvenciones públicas para escuelas religiosas y para escuelas privadas con fines de lucro, y le gustaría usar dinero de los impuestos que todos pagamos para financiar cualquier tipo de escuela, con tal de que no sea parte del sistema de educación pública. ¿Cuál es la meta final? ¿Qué fin persigue Betsy DeVos?

Lo que impulsa a DeVos es una ideología egoísta que beneficia a la gente rica. Ella está convencida de que las fuerzas del mercado privado pueden “corregir” los problemas que afligen a nuestras escuelas, y en nombre de la “libertad de elección” tiene la ambición de privatizar el sistema de educación pública en este país, argumentando que sería más eficiente si fuera administrado con fines de lucro y no como un servicio público.

Pero no debemos caer en el engaño. La meta de DeVos, al igual que de la enorme camarilla de multimillonarios que son parte de esta administración, es salir victoriosos en la batalla de ideas. Esta contienda, que desde hace mucho lleva el nombre en inglés de “culture wars” o “guerra de la cultura”, busca convencernos que los ricos y los pobres tenemos los mismos intereses que defender. Para contrarrestar efectivamente esta ofensiva ideológica tenemos que conocer sus orígenes y estudiar sus principales argumentos, y debemos explicar por qué estas ideas perjudican nuestros intereses como seres humanos. Esta ofensiva ideológica está encaminada, en última instancia, a debilitar muchas de las conquistas sociales que nosotros, como trabajadores, hemos ganado a lo largo de los años, como el derecho a una educación pública gratuita.

La Fundación DeVos

En 1989 Betsy DeVos y su esposo, Dick DeVos, establecieron la Fundación de la Familia Dick y Betsy DeVos. La familia DeVos es una de las 100 familias más ricas de Estados Unidos, y la revistaForbes los incluyó en 2015 en su lista de las 25 familias que más dinero donan a varias causas filantrópicas y políticas. Hasta la fecha, la Fundación DeVos ha donado alrededor de 139 millones de dólares a varias causas, incluyendo hospitales y el desarrollo de nuevas medicinas, pero sobre todo a escuelas cristianas, misiones evangélicas y centros de investigación (Think Tanks) que respaldan el mercado libre a base de publicaciones y artículos para los periódicos, buscando influenciar la opinión pública.  La Fundación DeVos reparte su dinero principalmente entre las siguientes organizaciones: la Fundación de Michigan para los Valores Tradicionales; Enfoque en la Familia; el Centro de Derechos Individuales; el Instituto Acton; el Instituto de Justicia; el Centro de Derechos Individuales; el Centro de Recursos para el Embarazo de Michigan; el Fondo Educativo en Michigan del Derecho a la Vida; y la organización antiaborto Bautistas por la Vida.  De 1999 a 2014, la fundación dio más de $8 millones a escuelas cristianas, más de $5 millones a escuelas autónomas privadas y cerca de $60 mil a escuelas privadas. La familia DeVos también ha entregado más de $17 millones de dólares a candidatos y comités republicanos desde 1989. Por otra parte, la revista The Atlantic señaló que en un artículo de fondo en 1997, DeVos indicó que sus contribuciones financieras no son desinteresadas, sino que espera plenamente obtener provecho político de sus contribuciones. “Mi familia es la que hace las mayores contribuciones monetarias al Partido Republicano nacional”, escribió, y “he decidido dejar de ofenderme ante la sugerencia de que estamos comprando influencia. Ahora simplemente admito que es cierto”. DeVos añadió que “Nosotros … fomentamos una filosofía conservadora de gobierno… que consiste en un gobierno limitado y el respeto por las virtudes americanas tradicionales … Esperamos recibir algo a cambio de nuestras inversiones. […] Además, esperamos que el Partido Republicano utilice el dinero para promover estas políticas “.

Justificación ideológica

Para tener una idea más clara de la fuente ideológica de las ideas de la Sra. DeVos, lo mejor es explorar el sitio web del Instituto Acton. El Instituto Acton para el Estudio de la Religión y la Libertad es parte de la red de fundaciones ideológicas State Policy Network, un grupo de Think-Tanks en los Estados Unidos que promueve el capitalismo y las políticas de libre mercado y que es financiado por la familia DeVos. La misión del Instituto Acton es “promover una sociedad libre y virtuosa caracterizada por la libertad individual y sostenida por los principios religiosos”. El instituto promueve la idea de que la fe y la libertad económica son dos caras de la misma moneda, y que ninguna de las dos puede existir sin la otra.

Este argumento es, esencialmente, la manera más lógica para justificar que un multimillonario pueda acaparar y apropiarse personalmente de una parte tan grande de la riqueza del país. Pero además quieren sentirse virtuosos, y por eso usan una pequeña parte de su patrimonio para promover sus propios intereses en esta vida y, uno se imagina, en la vida siguiente. DeVos fue citada en 2001, por ejemplo, diciendo que su activismo por reformar el sistema educativo es simplemente un mecanismo para, en sus palabras, “avanzar el Reino de Dios”. Más tarde ese año dijo que “cambiar la forma en que bregamos … con el sistema de Educación en el país … realmente puede tener mayor beneficio para el Reino de Dios a largo plazo”.

Como Constantino el Grande (274/280 – 337 AD) , el emperador romano que declaró haberse convertido al cristianismo para evitar la inestabilidad de su reino y fortalecer su gobierno político sobre el vasto Imperio Romano, el Instituto Acton impulsa la idea de que la fe y el mercado libre son dos principios deben ir de la mano; que “la libertad económica es esencial para crear un ambiente en el que pueda florecer la libertad religiosa” y la idea que “el mercado sólo puede funcionar cuando las personas se comportan moralmente”. En las palabras de Lord Acton, historiador y político inglés, “La libertad es la condición esencial que facilita el gobierno” por aquellos con una conciencia religiosa.
Debido a sus esfuerzos en el ámbito ideológico, el Instituto Acton recibió el Premio Templeton de la Libertad en 2004 por su “extenso trabajo sobre la defensa moral del libre mercado”. Durante los últimos años, y después de varios reveses iniciales, DeVos ha tratado de promover la idea de que el gobierno debe usar fondos públicos para financiar las escuelas religiosas, usando estratagemas como los subsidios públicos para escuelas privadas y el establecimiento de escuelas autónomas (charter schools) para acostumbrarnos a la idea de que las escuelas religiosas deben tener acceso a fondos públicos.

Subsidios a la educación privada

Algunos de los grupos que DeVos apoya financieramente usan la idea de las escuelas autónomas como una táctica interina. Ultimadamente el objetivo es normalizar la idea de los subsidios con el fin de canalizar fondos públicos para las escuelas religiosas. DeVos y su esposo no ocultaron sus metas en una entrevista en el 2001 en una publicación de The Gathering, un grupo enfocado en el avance de la fe cristiana a través de la filantropía. A la pregunta de si las escuelas cristianas pueden sobrevivir sólo a base de donaciones privadas, y si podrían hacerlo sin acceso a fondos públicos, Betsy DeVos respondió que “No hay suficientes dólares filantrópicos en Estados Unidos para financiar lo que realmente se necesita en la educación. Lo que queremos es confrontar la cultura actual y ayudar a impulsar el reino de Dios”. Su esposo, Dick DeVos, agregó que “en muchas comunidades en nuestro país la iglesia ha sido desplazada por la escuela pública como el centro de la actividad …  Es ciertamente nuestra esperanza de que más y más iglesias tomen un papel activo en la educación” en este país.

Es irónico que estos multimillonarios, inspirados por Lord Acton, autor de la famosa frase que dice: “El poder tiende a corromper, y el poder absoluto corrompe absolutamente”, no sienten de ninguna manera que ellos mismos ya han sido corrompidos por el enorme poder económico y la influencia política que han acumulado en esta vida. Por el contrario, se sienten perfectamente justificados en utilizar su dinero para obtener ventaja en los ámbitos del poder y los medios noticiosos, impulsan sin remordimiento sus proyectos reaccionarios de ingeniería social, socavan los debates públicos con su injusta ventaja social, y estropean abiertamente el proceso democrático cuando usan su dinero para influenciar a funcionarios públicos. En el caso de DeVos, su influencia la ha llevado finalmente a la posición donde puede influenciar directamente la trayectoria educacional del país entero.

–Duane Stilwell es maestro bilingüe de Ciencias en  el estado de Nueva York.

*Fuente:https://eldiariony.com/2017/06/08/la-nueva-secretaria-de-educacion-impulsa-contienda-ideologica/

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Para superar el subdesarrollo nada mejor que las cooperativas

José Yorg
Por: José Yorg
“El desarrollo de la comunidad tiene como objetivo la promoción y movilización de recursos humanos e institucionales mediante la participación activa y democrática de la población, en todo lo que tiene que ver con mejorar el nivel y la calidad de vida”
Ezequiel Ander-Egg  

El repaso sobre la temática del subdesarrollo nos ha permitido también descubrir la extraordinaria y creciente importancia de las cooperativas en la superación de una etapa de atrofia civilizatoria.

Así, en esa tarea, analizamos la tesis doctoral de Aldo Ferrer, economista argentino, que reflejó en gran medida su experiencia en Naciones Unidas y se transformaría luego en su primer libro “El Estado y el desarrollo económico”.

“El desarrollo de las economías atrasadas -señalaba- exige un intenso esfuerzo colectivo de estímulo y organización de las capacidades productivas, que dada la debilidad de la empresa privada, sólo puede ser puesto en marcha por el Estado. Por otra parte y aunque parezca paradójico, el fortalecimiento de la empresa privada y su aporte efectivo al progreso económico y social depende de que el Estado cree las condiciones básicas que lo permitan”.

En esa misma línea de pensamiento, Raúl Prebisch- también economista argentino, secretario de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe- CEPAL entre los años de 1950-1963) ha llamado Centro y Periferia a los ámbitos que ocupan los países, sean desarrollados o subdesarrollados e introduce el concepto de “dependencia”, aquella relación existencia del país periférico con respecto al país centro. Consecuentemente, el país subdesarrollado y dependiente se organiza económicamente al servicio de los intereses del país centro.

La CEPAL es una de las comisiones regionales de las Naciones Unidas y su sede está en Santiago de Chile. Se fundó en el año 1948 para contribuir al desarrollo económico de América Latina.

Sin embargo, desde las reflexiones del escritor uruguayo Eduardo Galeano, “el Subdesarrollo es el Resultado Histórico del Desarrollo Ajeno” y así lo define:

“El subdesarrollo no es una etapa en el camino del desarrollo, no estamos viviendo la infancia del desarrollo. El subdesarrollo es el resultado histórico del desarrollo ajeno. Una historia que ya para América, tiene cinco siglos de edad, durante los cuales, América Latina en general ha estado trabajando para el desarrollo ajeno. Ha estado contribuyendo con su pobreza a la riqueza de otros. No hay en el mundo, ninguna riqueza que sea inocente, porque de algún modo son todas, riquezas que han resultado de un proceso histórico de estafa colosal”.

Más allá de nuestros notables desacuerdos con las posiciones neoliberales referidas a los límites y posibilidades porque imponen a la existencia concreta de los países, el método político-económico del subdesarrollado y dependencia, aceptado, por cierto, por los gobiernos, sin embargo, valoramos los eventuales intentos de salir de esa situación anómala.

A nuestro modesto juicio la situación del subdesarrollo es fundamentalmente un asunto político, de decisiones políticas que generan poblaciones con conciencia subdesarrolladas sobre la realidad. En ese marco apuntado, vemos con mucha frecuencia que suelen darse márgenes de posibles actuaciones, aunque sean ajustados, con posibilidades de encarar planes y proyectos que impacten fuertemente en las economías regionales y de tal modo superar marginalidad y miseria poblacional.

Cabe preguntar: ¿Están los gobiernos, realmente, interesados en superar el subdesarrollo?

Rol de las cooperativas en un plan de desarrollo

Incluir, específica y seriamente, a las cooperativas en un plan de desarrollo implica que dicho plan está orientado a impactar fuertemente sobre las trabas objetivas y/o ficticias que frenan el progreso económico y social de la población.

Las cooperativas son aquellas empresas organizadas, administradas y gestionadas por sus asociados y guiadas por los valores y principios rochdelianos: Membresía abierta y voluntaria; Control democrático de los miembros; Participación económica de los miembros; Autonomía e independencia; Educación, entrenamiento e información; Cooperación entre cooperativas; Compromiso con la comunidad.

Por tanto, por una parte se asume que el plan posee una gran dosis de realismo, practicidad, respeto por la pluralidad y el de humanizar la economía. Una decisión política de destrabar los frenos que mantienen a una economía subdesarrollada requiere de una herramienta que concite todo el entusiasmo y participación: Las cooperativas.

Estas organizaciones están orientadas a cumplir su deber con auto-disciplina y eficiencia dado su valor intrínseco de autonomía e independencia que las posesiona como empresas confiables, por ello, entendemos y proclamamos que para superar el subdesarrollo nada mejor que las cooperativas.

La economía social, materializada por la empresa cooperativa, integrada a un plan de desarrollo se viabiliza el accionar de un valioso instrumento para promover, precisamente, el desarrollo, humanizando la economía, generando puestos de trabajo de calidad y promoviendo la conciencia, la cultura del desarrollo local y global en la población.

¡En la fraternidad, un abrazo cooperativo!

*Fuente: www.rebelion.org
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¿Por qué las democracias predilectas asesinan indios insumisos en nombre del desarrollo?

Ollantay Itzamná
Por: Ollantay Itzamná 
Mientras las noticias espectaculares sobre América Latina están centradas en las “pacíficas” protestas callejeras de los ricos en contra de los pobres en Venezuela, en la América Latina profunda los pueblos indígenas y campesinos soportan una sangrienta y recargada represión neoliberal permanente, sin que ello sea noticia.

El pasado 20 de mayo, los hermanos Miguel y Agustín Vázquez, defensores del pueblo indígena Wixárrika, fueron asesinados por hombres armados, en un hospital, en Jalisco, México.

El 22 de mayo, en Chiapas, México, fue asesinado el defensor indígena, Guadalupe Huet, del pueblo indígena tzotzil, y consejero de la Organización Nacional del Poder Popular.

Según representante de la ONU en México, estos asesinatos están relacionados con la defensa de derechos que realizaban las víctimas.[1]

El pasado sábado 27 de mayo, Carlos Maaz Coc, indígena maya q’echí, del gremial de pescadores, fue asesinado en El Estor, Izabal, Guatemala, en el desalojo violento que realizó la Policía Nacional Civil de una protesta contra la empresa minera (CGN) que contamina el lago donde pescan. El gobierno nacional, no sólo respondió con represión a las demandas legítimas de los defensores del lago, sino que negó que existiese persona fallecida en el desalojo.

En Colombia, después de la firma de los Acuerdos de Paz, ya suman más de 30 defensores indígenas y campesinos asesinados violentamente. Todos por defender tierra y territorios. El último caso fue el asesinato del Gobernador del Cabildo Kite Kiwe, Gerson Acosta Salazar, en Timbío, Cauca, el pasado 19 de abril.[2]

Todos estos y otros asesinatos premeditados ocurren en pueblos indígenas que defienden sus territorios y medios de vida ante la violenta invasión de empresas hidromineras, sin licencia social.

¿Qué dicen los gobiernos neoliberales y organismo internacionales?

La honestidad intelectual y espiritual del entonces Canciller de Guatemala, Harold Caballero, en 2012, ante las denuncias públicas de la masacre de indígenas mayas en Totonicapán, por las fuerzas del orden, expresa el pensamiento compartido por los gobiernos neoliberales: El pastor evangélico y político que fungía como Canciller dijo:

“Tampoco vamos alarmarnos con ocho muertes. Aquí tenemos todos los días el doble de ocho asesinatos”.[3]

Si bien, organismos internacionales como la ONU emiten sus voces de “preocupación” al respecto. Otros, como la Relatoría de pueblos indígenas de la OEA son silentes cómplices.

Sin embargo, hay organismo financieros internacionales como el Banco Mundial (que financian proyectos hidromineros por todas partes) que son elocuentes en su valoración sobre el delicado tema.

En abril del 2016, en Nueva York, Jim Jong Kim, Presidente del Banco Mundial, al referirse al asesinato de la indígena lenca hondureña Berta Cáceres, justificó aquel acto delictivo en los siguientes términos:

“No se puede hacer el tipo de trabajo que estamos tratando de hacer y no tener algunos de estos incidentes.”[4]

Estas reacciones premeditadas de lo más “sublime” de la civilidad de las sociedades hegemónicas actuales evidencia lo medular de la filosofía occidental moderna respecto a los pueblos indígenas. En especial sobre defensores indígenas en resistencia ante avasallamiento de la mítica inversión privada en los territorios.

Para ellos, los derechos humanos son privilegios privativos para los nichos sociales que ellos representan. Al igual que la dignidad y la condición humana.

El o la indígena no tiene derechos. Sólo obligaciones. No es un ser humano, sino un complemento más de la tierra y de los bienes a saquear para generar divisas (para otros). El o la indígena tiene derechos sí, y sólo si es para defender la finca del patrón.

El o la indígena en resistencia es un patógeno a erradica de las fincas

Los “inversionistas” y gobiernos neoliberales protegen a los animales en extinción de la fauna silvestre, mientras aniquilan a mansalva a familias y pueblos indígenas enteros en busca del desarrollo criminal.

Promueven y premian a indígenas exóticos académicos y obedientes, pero castigan mortalmente a indígenas insumisos y en resistencia porque temen que la obediencia cristianamente instalada en las fincas (como máxima virtud) sea provocada por la insolencia de atrevidos defensores indígenas de derechos.

Estos neoliberales gobiernos democráticos y sus “inversionistas” del mal desarrollo, moral e intelectualmente, son más voraces que Colón, Cortés, Alvarado, Pizarro, Almagro, y otros, invasores de la primera generación. Éstos por lo menos no alardeaban discursos sobre derechos humanos universales, mucho menos presumían gobiernos democráticos, como sí lo hacen los actuales gobiernos de Guatemala, Honduras, México, Perú, Colombia,… países donde, acuerpados por organizaciones como la OEA, se masacran selectiva y silenciosamente a defensoras/es indígenas de manera impune, sistemático y permanente.

Notas:

[1] https://www.servindi.org/actualidad-noticias/25/05/2017/onu-dh-condena-los-asesinatos-de-lideres-indigenas

[2] http://www.telesurtv.net/news/Asesinan-a-otro-lider-indigena-de-Colombia-en-Cauca-20170419-0069.html

[3] https://www.plazapublica.com.gt/content/toto-41012-primera-masacre-del-ejercito-tras-la-firma-de-la-paz

[4] http://www.contagioradio.com/banco-mundial-justifica-el-asesinato-de-la-lideresa-berta-caceres-articulo-23274/

*Fuente: www.ollantayitzamna.wordpress.com
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Argentina: Fuga de capitales y aumento de la deuda externa

Noticias

Por: Fabian Kovacic

Argentina conoce un proceso de endeudamiento similar al observado poco antes de la debacle de 2001. La fuga de divisas y la falta de inversiones siguen deteriorando la economía cotidiana de los ciudadanos en el corto plazo.

Entre enero y marzo de este año la fuga de dólares del sistema financiero argentino alcanzó los 4.000 millones, según un informe del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda (Undav).(1) Un récord cuyo antecedente más cercano se dio en 2003, previo a la llegada de Néstor Kirchner a la presidencia.

En los últimos diez años, según otro informe, titulado “Paro y blanqueo. La dialéctica de los dos paros”, de los economistas Tomás Raffo y Claudio Lozano (del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas, Ipypp, y ligados a la Cta), la fuga de dólares alcanzó unos 240.000 millones con un aceleramiento en los últimos tres meses. Cifras similares exponen también en su último informe el Centro de Economía Política Argentina (Cepa) y estudios contables a los que consultó Brecha.

Dólares voladores

Datos como estos apuntan a un futuro incierto para la economía argentina. Según el informe de la Undav, la salida de 4.000 millones de dólares en dos meses supera en 83,9 por ciento al promedio de fuga de dólares de los últimos quince años, y los factores que provocan esa estampida financiera son los siguientes: una política de endeudamiento en pesos y en dólares; la apertura indiscriminada de la importación de bienes manufacturados que intensifica la salida de divisas y destruye el entramado industrial nacional; la eliminación de restricciones a la permanencia mínima de capitales que ingresan al país, lo que estimula la inversión especulativa y los llamados capitales golondrina (cortoplacistas) y, finalmente, el desmantelamiento de la Unidad de Investigaciones Financieras (Uif), que ha tenido como consecuencia la disminución de los controles que esa repartición estatal debiera ejercer para prevenir y combatir delitos económicos.

No obstante, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, insistió en considerar un logro el resultado de la colocación de bonos en lo que va del gobierno de Macri y el blanqueo de capitales pergeñado por su antecesor, Alfonso Prat Gay. Pasada la fecha límite del 31 de marzo para declarar bienes y capitales y acogerse al régimen de amnistía fiscal, la ley de blanqueo de activos generó un ingreso de 9.500 millones de dólares a las arcas estatales. A su vez, el titular del Banco Central (Bcra), Federico Sturzenegger, ensayó una cabriola gramatical para explicar la fuga de capitales. Frente al crecimiento de la deuda externa y la cantidad de dólares argentinos en cuentas extranjeras, Sturzenegger afirmó, en junio de 2016 durante un seminario en el Bcra organizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (Bid), que “el país es acreedor neto respecto del resto del mundo”, porque sobre un monto de deuda externa cercano a los 160.000 millones de dólares (a fines de 2015; 2016 cerró con una deuda externa bruta de más de 192.000 millones de dólares) los activos privados argentinos radicados en cuentas y propiedades fuera del país superan los 226.000 millones. “Esto es ine-ficiente, es cierto”, reconoció, admitiendo la desconfianza en el sistema económico local. “Pero el aspecto positivo es que el ahorro está ahí: lo que enfrentamos es la elección de dónde invertir y cómo hacerlo en moneda local”, añadió quien fuera funcionario durante el gobierno de la Alianza (1999-2001) y procesado a propósito de la operación financiera conocida como “megacanje”, por la cual en 2001, mediante la emisión de bonos, se difirieron vencimientos por casi 17.000 millones de dólares, lo cual dio lugar al tristemente célebre corralito financiero, implementado por el ministro Domingo Cavallo, que terminó con una salida masiva de divisas del circuito financiero argentino y la debacle de diciembre de ese año, con la caída del gobierno. Recién en setiembre pasado Sturzenegger fue sobreseído por la justicia federal.

Mitad en blanco

La mirada del titular del Bcra sobre los bienes en moneda y propiedades de argentinos en el exterior se apoya también en los resultados del llamado “blanqueo de capitales”. La ley de sinceramiento fiscal sancionada en julio de 2016 permitía declarar cuentas bancarias y propiedades pagando por única vez un impuesto mínimo de 5 por ciento hasta un máximo de 15 por ciento, según el monto y la fecha en que fuera hecha la declaración patrimonial. El resultado festejado por el oficialismo deja en claro que efectivamente los bienes argentinos en el exterior superan ampliamente la deuda externa del país. Brecha realizó una encuesta entre estudios contables vinculados con estas operaciones de blanqueo. Éstos coincidieron en que “muchos clientes optaron por no declarar los bienes fuera del país y otros tantos sólo blanquearon una parte, lo cual eleva la cifra de fuga de capitales probablemente al doble de lo declarado”.

Pese a los acuerdos firmados en los últimos años entre Argentina y Uruguay para detectar bienes de argentinos en el país vecino, para muchos estudios contables y bufetes de abogados de Buenos Aires sigue siendo una plaza atractiva para “resguardar valores”, según describió un contador a Brecha. Incluso teniendo en cuenta el acuerdo firmado entre ambos gobiernos en 2012, por el cual Argentina puede solicitar datos puntuales sobre cuentas bancarias, propiedades y movimientos financieros de argentinos en Uruguay, la situación sigue siendo favorable para inversionistas de Buenos Aires.

Panamá Papers

El revuelo que generaron las revelaciones de los llamados Panama Papers sobre las empresas offshore creadas por el estudio Mossack Fonseca en Panamá alertó a los argentinos que utilizaban ese método para la fuga de dinero. “Esa vía no tiene buena prensa, digamos, pero sigue siendo legal”, subrayó un contador a Brecha, y reconoció que en los últimos tres meses, mientras pequeños ahorristas blanqueaban dinero que tenían depositado en Uruguay, al mismo tiempo medianas y grandes empresas utilizaban el país para transferir dinero hacia otros destinos. “Panamá o Uruguay son vías legales dentro del juego de salida de efectivo por la eterna falta de confianza en la situación económica y legal del país”, señaló.

En ese sentido, y como contracara de la interpretación de Sturzenegger, el informe elaborado por los economistas Claudio Lozano y Tomás Raffo señala que “se trata de una fuga de excedentes económicos y financieros que lleva cuarenta años de historia económica”. Lozano y Raffo indican que además de los 240.000 millones de dólares acumulados en el exterior en setiembre de 2016 (según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, Indec), otras “estimaciones privadas ubican en 375.000 millones de dólares los activos de los millonarios argentinos en el exterior”.

El Centro de Economía Política Argentina (Cepa) confirma el fenómeno con otros datos reveladores. “Con la apertura de la economía en diciembre de 2015 y la salida del cepo al dólar impuesto por el kirchnerismo en 2011, se verificó que desde entonces por cada dólar ingresado como inversión salieron cinco fugados hacia el exterior”, sostiene en su informe de abril, titulado “Cinco por uno, no va a quedar ninguno”.

El informe muestra que está en obra un mecanismo de endeudamiento similar al practicado durante el gobierno de la Alianza, con un régimen de cambio flotante, inversiones extranjeras a corto plazo y compra de bonos argentinos de manera tercerizada, en el que el ciclo de salida de dólares se genera por la toma de deuda del Estado para pagar subsidios a empresas privadas contratistas de obras de infraestructura que luego salen del país a cuentas privadas en bancos extranjeros. El Cepa señala que “en este modelo, las reservas no tienen mayores utilidades dado que el Bcra no opera de manera directa en el mercado cambiario. El único fin del endeudamiento es el financiamiento artificial de la fuga de capitales”.Todos los informes mencionados señalan además de la fuga de capitales, la falta de inversiones o, en todo caso, que las inversiones de capitales golondrina volvieron a ser parte del panorama económico argentino desde que asumió Mauricio Macri, el 10 de diciembre de 2015. La reciente visita del presidente argentino a su colega estadou-nidense Donald Trump para atraer inversión hacia Argentina es parte de una coreografía de anuncios poco factible para un modelo pensado para la especulación financiera similar a la implementada en los períodos 1976 y 1983, bajo la dictadura militar y en los años del menemismo, cuando Sturzenegger y Dujovne fueron funcionarios de sus segundas líneas. Mientras tanto la emisión de deuda sigue creciendo a ritmo sostenido.

Nota

1) Santiago Fraschina (coordinador), “Política monetaria y cambiaria”, Marzo de 2017.Argentina conoce un proceso de endeudamiento similar al observado poco antes de la debacle de 2001. La fuga de divisas y la falta de inversiones siguen deteriorando la economía cotidiana de los ciudadanos en el corto plazo.

Entre enero y marzo de este año la fuga de dólares del sistema financiero argentino alcanzó los 4.000 millones, según un informe del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda (Undav).(1) Un récord cuyo antecedente más cercano se dio en 2003, previo a la llegada de Néstor Kirchner a la presidencia.

En los últimos diez años, según otro informe, titulado “Paro y blanqueo. La dialéctica de los dos paros”, de los economistas Tomás Raffo y Claudio Lozano (del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas, Ipypp, y ligados a la Cta), la fuga de dólares alcanzó unos 240.000 millones con un aceleramiento en los últimos tres meses. Cifras similares exponen también en su último informe el Centro de Economía Política Argentina (Cepa) y estudios contables a los que consultó Brecha.

Dólares voladores

Datos como estos apuntan a un futuro incierto para la economía argentina. Según el informe de la Undav, la salida de 4.000 millones de dólares en dos meses supera en 83,9 por ciento al promedio de fuga de dólares de los últimos quince años, y los factores que provocan esa estampida financiera son los siguientes: una política de endeudamiento en pesos y en dólares; la apertura indiscriminada de la importación de bienes manufacturados que intensifica la salida de divisas y destruye el entramado industrial nacional; la eliminación de restricciones a la permanencia mínima de capitales que ingresan al país, lo que estimula la inversión especulativa y los llamados capitales golondrina (cortoplacistas) y, finalmente, el desmantelamiento de la Unidad de Investigaciones Financieras (Uif), que ha tenido como consecuencia la disminución de los controles que esa repartición estatal debiera ejercer para prevenir y combatir delitos económicos.

No obstante, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, insistió en considerar un logro el resultado de la colocación de bonos en lo que va del gobierno de Macri y el blanqueo de capitales pergeñado por su antecesor, Alfonso Prat Gay. Pasada la fecha límite del 31 de marzo para declarar bienes y capitales y acogerse al régimen de amnistía fiscal, la ley de blanqueo de activos generó un ingreso de 9.500 millones de dólares a las arcas estatales. A su vez, el titular del Banco Central (Bcra), Federico Sturzenegger, ensayó una cabriola gramatical para explicar la fuga de capitales. Frente al crecimiento de la deuda externa y la cantidad de dólares argentinos en cuentas extranjeras, Sturzenegger afirmó, en junio de 2016 durante un seminario en el Bcra organizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (Bid), que “el país es acreedor neto respecto del resto del mundo”, porque sobre un monto de deuda externa cercano a los 160.000 millones de dólares (a fines de 2015; 2016 cerró con una deuda externa bruta de más de 192.000 millones de dólares) los activos privados argentinos radicados en cuentas y propiedades fuera del país superan los 226.000 millones. “Esto es ine-ficiente, es cierto”, reconoció, admitiendo la desconfianza en el sistema económico local. “Pero el aspecto positivo es que el ahorro está ahí: lo que enfrentamos es la elección de dónde invertir y cómo hacerlo en moneda local”, añadió quien fuera funcionario durante el gobierno de la Alianza (1999-2001) y procesado a propósito de la operación financiera conocida como “megacanje”, por la cual en 2001, mediante la emisión de bonos, se difirieron vencimientos por casi 17.000 millones de dólares, lo cual dio lugar al tristemente célebre corralito financiero, implementado por el ministro Domingo Cavallo, que terminó con una salida masiva de divisas del circuito financiero argentino y la debacle de diciembre de ese año, con la caída del gobierno. Recién en setiembre pasado Sturzenegger fue sobreseído por la justicia federal.

Mitad en blanco

La mirada del titular del Bcra sobre los bienes en moneda y propiedades de argentinos en el exterior se apoya también en los resultados del llamado “blanqueo de capitales”. La ley de sinceramiento fiscal sancionada en julio de 2016 permitía declarar cuentas bancarias y propiedades pagando por única vez un impuesto mínimo de 5 por ciento hasta un máximo de 15 por ciento, según el monto y la fecha en que fuera hecha la declaración patrimonial. El resultado festejado por el oficialismo deja en claro que efectivamente los bienes argentinos en el exterior superan ampliamente la deuda externa del país. Brecha realizó una encuesta entre estudios contables vinculados con estas operaciones de blanqueo. Éstos coincidieron en que “muchos clientes optaron por no declarar los bienes fuera del país y otros tantos sólo blanquearon una parte, lo cual eleva la cifra de fuga de capitales probablemente al doble de lo declarado”.

Pese a los acuerdos firmados en los últimos años entre Argentina y Uruguay para detectar bienes de argentinos en el país vecino, para muchos estudios contables y bufetes de abogados de Buenos Aires sigue siendo una plaza atractiva para “resguardar valores”, según describió un contador a Brecha. Incluso teniendo en cuenta el acuerdo firmado entre ambos gobiernos en 2012, por el cual Argentina puede solicitar datos puntuales sobre cuentas bancarias, propiedades y movimientos financieros de argentinos en Uruguay, la situación sigue siendo favorable para inversionistas de Buenos Aires.

Panamá Papers

El revuelo que generaron las revelaciones de los llamados Panama Papers sobre las empresas offshore creadas por el estudio Mossack Fonseca en Panamá alertó a los argentinos que utilizaban ese método para la fuga de dinero. “Esa vía no tiene buena prensa, digamos, pero sigue siendo legal”, subrayó un contador a Brecha, y reconoció que en los últimos tres meses, mientras pequeños ahorristas blanqueaban dinero que tenían depositado en Uruguay, al mismo tiempo medianas y grandes empresas utilizaban el país para transferir dinero hacia otros destinos. “Panamá o Uruguay son vías legales dentro del juego de salida de efectivo por la eterna falta de confianza en la situación económica y legal del país”, señaló.

En ese sentido, y como contracara de la interpretación de Sturzenegger, el informe elaborado por los economistas Claudio Lozano y Tomás Raffo señala que “se trata de una fuga de excedentes económicos y financieros que lleva cuarenta años de historia económica”. Lozano y Raffo indican que además de los 240.000 millones de dólares acumulados en el exterior en setiembre de 2016 (según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, Indec), otras “estimaciones privadas ubican en 375.000 millones de dólares los activos de los millonarios argentinos en el exterior”.

El Centro de Economía Política Argentina (Cepa) confirma el fenómeno con otros datos reveladores. “Con la apertura de la economía en diciembre de 2015 y la salida del cepo al dólar impuesto por el kirchnerismo en 2011, se verificó que desde entonces por cada dólar ingresado como inversión salieron cinco fugados hacia el exterior”, sostiene en su informe de abril, titulado “Cinco por uno, no va a quedar ninguno”.

El informe muestra que está en obra un mecanismo de endeudamiento similar al practicado durante el gobierno de la Alianza, con un régimen de cambio flotante, inversiones extranjeras a corto plazo y compra de bonos argentinos de manera tercerizada, en el que el ciclo de salida de dólares se genera por la toma de deuda del Estado para pagar subsidios a empresas privadas contratistas de obras de infraestructura que luego salen del país a cuentas privadas en bancos extranjeros. El Cepa señala que “en este modelo, las reservas no tienen mayores utilidades dado que el Bcra no opera de manera directa en el mercado cambiario. El único fin del endeudamiento es el financiamiento artificial de la fuga de capitales”.Todos los informes mencionados señalan además de la fuga de capitales, la falta de inversiones o, en todo caso, que las inversiones de capitales golondrina volvieron a ser parte del panorama económico argentino desde que asumió Mauricio Macri, el 10 de diciembre de 2015. La reciente visita del presidente argentino a su colega estadou-nidense Donald Trump para atraer inversión hacia Argentina es parte de una coreografía de anuncios poco factible para un modelo pensado para la especulación financiera similar a la implementada en los períodos 1976 y 1983, bajo la dictadura militar y en los años del menemismo, cuando Sturzenegger y Dujovne fueron funcionarios de sus segundas líneas. Mientras tanto la emisión de deuda sigue creciendo a ritmo sostenido.

Nota

1) Santiago Fraschina (coordinador), “Política monetaria y cambiaria”, Marzo de 2017.

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Livro: Universidades na penumbra

Reseñas
Universidades na penumbra
Neoliberalismo e reestructuração universitária

Pablo Gentili. [Organizador]

Edgardo Lander. Hélgio Trindade. Hugo Aboites. Marcela Mollis. Pablo González Casanova. Roberto Follari. Roberto Leher. [Autores de Capítulo]
 …………………………………………………………………………
CLACSO Coediciones.
ISBN 85-249-0811-4
CLACSO. CORTEZ.
São Paulo.
2001

Neste livro, renomados intelectuais discutem o presente e o futuro das instituições de ensino superior, no marco das severas condições de ajuste promovidas pelas políticas neoliberais na América Latina. As análises aqui desenvolvidas se organizam em torno de uma problemática comun -a fusão e confusão das linhas de demarcação entre o público e o privado nas universidades latino-americanas-, buscando examinar como se configuram as novas modalidades de privatização e mercantilização do ensino superior. Nesse espaço de penumbras, redefine-se agora uma nova geopolítica dos saberes hegemônicos, concomitante como a drástica restrição das condições de democratização das instituições públicas de formação superior. Um livro que alerta contra as reformas que levam nossas universidades à ruína, hipotecando assim o futuro de sociedades onde a pobreza e a exclusão social só fazem crescer e se multiplicar.
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