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Bombas Molotov, las buenas y las malas

Por: Atilio Boron

En su acelerado proceso de putrefacción moral, los voceros de la derecha y la prensa hegemónica de la Argentina se rasgan las vestiduras ante la escalada violenta que viene teniendo lugar en los últimos días en el marco de las protestas por la desaparición forzada de Santiago Maldonado. En la ciudad de Buenos Aires y en El Bolsón los actos recordatorios al cumplirse un mes de tan deplorable suceso culminaron con graves enfrentamientos entre algunos grupos desprendidos de multitudinarias y pacíficas manifestaciones–en el caso de Buenos Aires, reuniendo a varios centenares de miles de personas en la Plaza de Mayo- y las fuerzas de seguridad. Los manifestantes se habían convocado para expresar su repudio ante la desaparición forzada del artesano a manos de la Gendarmería Nacional, a la escandalosa indiferencia del gobierno nacional –difícil de distinguir de un activo encubrimiento del crimen- y a la no menos desvergonzada actitud de la Justicia federal, que en sus averiguaciones demostró una ineptitud que se parece demasiado a la complicidad. Sería ingenuo ignorar que algunos de los desmanes y destrozos de ayer viernes fueron inducidos -e inclusive ejecutados- desde algunos oscuros rincones del aparato estatal (vulgo: “servicios”) con el objeto de desviar el foco de atención de la ciudadanía. Por eso no fue casual que poco después de ocurridos los principales titulares de la prensa, la radio y la televisión de la oligarquía mediática fuesen los incidentes y no la tenebrosa falta de información acerca de dónde está Santiago Maldonado y cuya desaparición constituye un crimen de lesa humanidad.

Centenares de imágenes dan cuenta de la agresión con bombas Molotov a gendarmes en El Bolsón, ataques con piedras y objetos contundentes a la policía en Buenos Aires, a comercios y edificios públicos y algunos privados, la erección de barricadas en la avenida de Mayo la quema de contenedores. En un alarde de mala fe y mendacidad, la derecha ahora condena sin atenuantes las tácticas violentas que durante tres meses celebraran como una esperanzadora manifestación de la vitalidad de la sociedad civil en … Venezuela. Las bombas Molotov arrojadas por los mercenarios contratados por el ala fascista de la oposición venezolana en contra de la Guardia Nacional Bolivariana no eran tales sino luminosas antorchas de libertad. La destrucción del espacio público y la propiedad privada en las calles de Venezuela eran saludables síntomas de la rebeldía de un pueblo contra la “dictadura” de Maduro. Pero ahora, en la Argentina de los presos políticos y de la criminalización de la protesta social, aquí se convierte en imperdonable pecado lo que allá era una excelsa virtud. Las Molotovs que en Venezuela prendían fuego a los agentes del orden y destruían guarderías infantiles, centros de salud, edificios públicos y privados y autobuses urbanos eran la expresión de un noble impulso democrático que se despertaba de su prolongado letargo. Aquí, la misma actitud, los mismos hechos son condenados como una conducta deleznable e incivilizada de hordas criminales que no respetan ni la ley ni el orden. Molotovs buenas, Molotovs malas.

Este doble discurso esta perversa dualidad de criterios revela el talante (in)moral de los supuestos representantes de la “democracia” y el “republicanismo” en la Argentina. En realidad y a pesar de sus reclamos no son ni lo uno ni lo otro; ni demócratas ni republicanos. Son simples ideólogos y propagandistas al servicio de los grandes poderes corporativos y de un estado de cosas insostenible, donde ocho individuos detentan tanta riqueza como la mitad de la población mundial. Gentes que ejemplifican con incomparable elocuencia la prostitución del periodismo -que por eso mismo ha dejado de serlo- y la absoluta capitulación de la “intelligentzia” liberal de este país degradada hoy a la condición de una cuadrilla de mentirosos seriales. Unos y otros tienen por misión ofuscar el entendimiento de la opinión pública, ocultar los oscuros negociados de las grandes corporaciones y sus representantes en el Estado, blindar mediáticamente a los gobernantes de turno y, en fin, distraer y embrutecer al demos con un aluvión de mentiras y toda suerte de vulgaridades televisivas –la infame cultura del “entretenimiento” urdida en Estados Unidos para mejor controlar a su población- que le impida al pueblo pensar, adquirir conciencia de su situación y luchar por la construcción de un mundo mejor.

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=231059

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Desafíos para la formación docente en tiempos de neoliberalismo

Liliana Sanjurjo

En año y medio de gestión educativa nacional sólo se conocen propuestas de achicamiento y de un Estado ausente

Con la intención de justificar el tema que hoy nos convoca comenzamos reiterando nuestro convencimiento acerca de que la formación docente es el corazón del sistema educativo, pues se trata de la formación de quienes estarán a cargo de todos los otros niveles. Es por eso que las políticas que se precian de progresistas, democráticas e inclusivas depositan allí muchos esfuerzos. También sentimos la necesidad de justificar por qué decimos «en tiempos de neoliberalismo». Podríamos fundamentar teóricamente por qué consideramos que las políticas del gobierno nacional se encuadran conceptualmente en lo que las investigaciones y las teorías políticas consideran neoliberalismo; podríamos hacer una larga lista de todas las medidas tomadas desde el inicio del 2016 que responden claramente a las recetas neoliberales; podríamos, también, remitirnos a las historias personales y partidarias de quienes conforman el gobierno nacional. Pero dado el espacio con el que contamos, nos remitiremos sólo a enunciar decisiones relativas a la formación docente que no dejan lugar a dudas a qué proyecto económico y político responden.

Uno de los problemas más graves que atravesó el subsistema de formación docente en los 90 fue, precisamente, el abandono por parte del Estado de su responsabilidad al respecto. La formación docente dejó de ser considerada una política estatal, como lo fue desde el mismo surgimiento del sistema educativo, y pasó a ser responsabilidad de las instituciones, de los propios docentes y estudiantes. La evaluación prevista en la tristemente célebre Resolución A 14, eximía tanto al Estado nacional como a los provinciales, de sus responsabilidades en cuanto al sostenimiento y mejora de la formación docente. Los directivos eran considerados los responsables de ampliar bibliotecas, informatizar las instituciones, los docentes de hacer posgrados, entre muchas otras exigencias. Los alumnos eran responsables de llegar al nivel superior con un capital cultural «ideal», sin tener en cuenta que éste tenía directa relación con lo que el mismo Estado les había ofrecido en los niveles anteriores y/o con las condiciones materiales, también directamente relacionadas con las políticas económicas. El instrumento privilegiado para implementar ese modelo de transferencia de la responsabilidad del Estado a las instituciones y personas fue, como es habitual, la evaluación estandarizada, con parámetros economicistas, exigiendo requisitos que, aunque eran claramente responsabilidad estatal, nunca se habían garantizado. La finalidad, no sólo oculta sino explícita, también fue la esperable: justificar el cierre de instituciones, es decir de lugares de trabajo para los docentes y lugares de estudio para los jóvenes. Nadie duda, ya, que las políticas de los 90 fueron claramente neoliberales.

Ministro ausente

¿En qué consisten las políticas nacionales actuales dirigidas a la formación docente? Para demostrar la ausencia total del Estado nacional bastaría con señalar que el ex ministro de Educación, Esteban Bullrich, fue el más ausente de toda la historia del sistema educativo. Asumió una cartera tan nodal para el sistema democrático a sabiendas que su único interés iba a ser preservar su propia figura para llegar a su candidatura como senador sin atravesar conflicto alguno. A tal fin, decidió no cumplir con la ley de financiamiento educativo, no llamar a paritarias, provincializar todo problema inherente a su cartera. La única idea que se conoce del ex ministro es la del emprendedurismo y la importancia que la escuela tiene al respecto, concepto peligroso y que desenmascara una filosofía que también intenta claramente transferir las responsabilidades de las malas políticas económicas a las personas.

Pero hay más datos de la realidad que nos permiten afirmar el nuevo avance de la ausencia del Estado en materia de formación docente. El Instituto Nacional de Formación Docente (INFD), creado en 2007 con la intención de volver a posicionarla como política del Estado —después del desmantelamiento de los 90— cerró o dejó caer todos los programas a través de los cuales la Nación apoyaba el fortalecimiento de esta formación en las provincias. Es más, hubo rumores, en los inicios de la nueva gestión, que el INFD se iba a transformar en un instituto de evaluación docente, rumores desmentidos por las autoridades.

Propuesta de achicamiento

Sin embargo, en más de un año y medio de gestión sólo se conocen propuestas de achicamiento del sistema formador y de desreponsabilización del Estado, típicas de las políticas neoliberales: el Estado deja de ser el responsable de las instituciones públicas y pasa a cumplimentar sólo una función evaluadora. Cabe insistir que no se trata de que la docencia no quiere ser evaluada, como dicen siempre los medios hegemónicos con la intención de desprestigiarla. Antes de la creación del INFD se llevó a cabo una intensa investigación sobre los institutos de formación docente de todo el país, dirigida por la prestigiosa pedagoga María Cristina Davini. La información reunida sirvió de base para que el INFD defina qué áreas debía contribuir a fortalecer. En cambio, las evaluaciones estandarizadas, descontextualizadas y que sólo miden resultados y no procesos, siempre tienen la finalidad de hacer ránkings, sin explicar la multiplicidad de factores que intervienen en los procesos y con la finalidad de desprestigiar instituciones y profesionales, de transferir responsabilidades y de justificar achicamientos.

En consonancia con las conocidas políticas neoliberales, el gobierno nacional insiste con la propuesta de cierre de los institutos pequeños que funcionan en zonas alejadas desconociendo, una vez más, la importante función académica y social que estas instituciones cumplen: forman a un porcentaje altísimo de docentes para todos los niveles y modalidades desde una tradición pedagógica reconocida como fortaleza y llegan a lugares a los que otras instituciones no logran llegar, lo que permite que muchos más jóvenes estudien y luego se queden a trabajar en su lugar de origen. La otra propuesta es nuevamente implementar la tristemente célebre evaluación estandarizada sin trabajarla con las jurisdicciones, con las instituciones y con los propios implicados.

Compromiso militante

Pero teniendo en cuenta que uno de los efectos que buscan las políticas neoliberales es la paralizar la resistencia (al respecto léase «La doctrina del shock. El auge del capitalismo desastre», de Naomi Klein), la mejor reacción es el compromiso militante de asumir desafíos posibles. Enumeraremos brevemente algunos. A los gobiernos provinciales que dicen oponerse a las políticas neoliberales les corresponde la difícil tarea de concretar esa oposición con decisiones claras. ¿Qué se hará frente a la propuesta de evaluación nacional estandarizada? ¿Se aceptará sin condicionamientos, como se hizo con el reciente operativo Aprender? ¿Se desistirá de participar? ¿Se mostrará cómo y cuánto ya se evalúa en los distintos niveles del sistema educativo? ¿Se hará circular toda la información que a través del mismo sistema o de investigaciones que utilizan dispositivos pertinentes y validados se ha logrado reunir? ¿Se convocará a las instituciones a discutir un proyecto de evaluación alternativo? También les caben otros desafíos: avanzar en el cambio de diseños curriculares, en los modelos de gestión institucional, asegurar las condiciones materiales —por ejemplo edificios propios—, articular con las universidades la formación continua de sus docentes.

Las instituciones de nivel superior no universitario también pueden ofrecer resistencias a las políticas neoliberales. En primer lugar revisando sus propios modelos de gestión secundarizados, escasamente participativos y que atentan contra la autonomía necesaria en las instituciones de nivel superior. Destacamos este desafío como problemática institucional porque conocemos las propuestas ministeriales para modificar los modelos de gestión y también las resistencias que ofrecen algunos directivos ante esos cambios. Otro modo de resistencia es la concreción de proyectos académicos, de extensión, de investigación, si es posible en articulación con otros institutos y/o con la universidad. También cabe mencionar como desafío para los profesores y estudiantes fortalecer permanentemente la propia formación y participar de todas las instancias posibles: institucionales, gremiales, políticas. No dejamos fuera de estos desafíos a la universidad que deberá, cada vez más, abrir sus puertas a los docentes de todos los niveles y modalidades, con propuestas académicamente valiosas como son los posgrados.

Fuente del articulo: http://www.lacapital.com.ar/educacion/desafios-la-formacion-docente-tiempos-neoliberalismo-n1445349.html

Fuente de la imagen: http://static.lacapital.com.ar/adjuntos/203/imagenes/021/155/0021155148.jpg

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No a la intervención extranjera. En defensa de Venezuela

Por: Boaventura de Sousa Santos

Venezuela vive uno de los momentos más críticos de su historia. Acompaño crítica y solidariamente la Revolución bolivariana desde el inicio. Las conquistas sociales de las últimas dos décadas son indiscutibles. Para comprobarlo basta consultar el informe de la ONU de 2016 sobre la evolución del índice de desarrollo humano. Dice este informe: “El índice de desarrollo humano (IDH) de Venezuela en 2015 fue de 0.767 –lo que colocó al país en la categoría de alto desarrollo humano–, posicionándolo en el puesto 71º de entre 188 países y territorios. Tal clasificación es compartida con Turquía. De 1990 a 2015, el IDH de Venezuela aumentó de 0.634 a 0.767, un aumento de 20,9 %. Entre 1990 y 2015, la esperanza de vida al nacer aumentó a 4,6 años, el período medio de escolaridad ascendió a 4,8 años y los años de escolaridad media general aumentaron 3,8 años. El rendimiento nacional bruto (RNB) per cápita aumentó cerca de 5,4% entre 1990 y 2015”. Se hace notar que estos progresos fueron obtenidos en democracia, solo momentáneamente interrumpida por la tentativa de golpe de Estado en 2002 protagonizada por la oposición con el apoyo activo de Estados Unidos.

La muerte prematura de Hugo Chávez en 2013 y la caída del precio de petróleo en 2014 causaron una conmoción profunda en los procesos de transformación social entonces en curso. El liderazgo carismático de Chávez no tenía sucesor, la victoria de Nicolás Maduro en las elecciones siguientes fue por escaso margen, el nuevo presidente no estaba preparado para tan complejas tareas de gobierno y la oposición (internamente muy dividida) sintió que su momento había llegado, en lo que fue, una vez más, apoyada por Estados Unidos, sobre todo cuando en 2015 y de nuevo en 2017 el presidente Obama consideró a Venezuela como una “amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos”, una declaración que mucha gente consideró exagerada, si no mismo ridícula, pero que, como explico más adelante, tenía toda lógica (desde el punto de vista de Estados Unidos, claro). La situación se fue deteriorando hasta que, en diciembre de 2015, la oposición conquistó la mayoría en la Asamblea Nacional. El Tribunal Supremo de Justicia suspendió a cuatro diputados por alegado fraude electoral, la Asamblea Nacional desobedeció, y a partir de ahí la confrontación institucional se agravó y fue progresivamente propagándose en las calles, alimentada también por la grave crisis económica y de abastecimiento que entretanto explotó. Más de cien muertos, una situación caótica. Mientras, el presidente Maduro tomó la iniciativa de convocar una Asamblea Constituyente (AC) a ser elegida el día 30 de julio y Estados Unidos amenaza con más sanciones si las elecciones se producen. Es sabido que esta iniciativa busca superar la obstrucción de la Asamblea Nacional dominada por la oposición.

El pasado 26 de mayo suscribí un manifiesto elaborado por intelectuales y políticos venezolanos de varias tendencias políticas, apelando a los partidos y grupos sociales en conflicto a parar la violencia en las calles e iniciar un debate que permitiese una salida no violenta, democrática y sin la injerencia de Estados Unidos. Decidí entonces no volver a pronunciarme sobre la crisis venezolana. ¿Por qué lo hago hoy? Porque estoy alarmado con la parcialidad de la comunicación social europea, incluyendo la portuguesa, sobre la crisis de Venezuela, una distorsión que recorre todos los medios para demonizar un gobierno legítimamente electo, atizar el incendio social y político y legitimar una intervención extranjera de consecuencias incalculables. La prensa española llega al punto de embarcarse en la posverdad, difundiendo noticias falsas sobre la posición del gobierno portugués. Me pronuncio animado por el buen sentido y equilibrio que el ministro de Asuntos Exteriores portugués, Augusto Santos Silva, ha mostrado sobre este tema. La historia reciente nos muestra que las sanciones económicas afectan más a ciudadanos inocentes que a los gobiernos. Basta recordar los más de 500 mil niños que, según el informe de Naciones Unidas de 1995, murieron en Irak como resultado de las sanciones impuestas después de la guerra del Golfo Pérsico. Recordemos también que en Venezuela vive medio millón de portugueses o lusodescendientes. La historia reciente también nos enseña que ninguna democracia sale fortalecida de una intervención extranjera.

Los desaciertos de un gobierno democrático se resuelven por vía democrática, la cual será tanto más consistente cuanto menor sea la interferencia externa. El gobierno de la Revolución bolivariana es democráticamente legítimo. A lo largo de muchas elecciones durante los últimos veinte años, nunca ha dado señales de no respetar los resultados electorales. Ha perdido algunas elecciones y puede perder la próxima, y solo sería criticable si no respetara los resultados. Pero no se puede negar que el presidente Maduro tiene legitimidad constitucional para convocar la Asamblea Constituyente. Por supuesto que los venezolanos (incluyendo muchos chavistas críticos) pueden legítimamente cuestionar su oportunidad, sobre todo teniendo en cuenta que disponen de la Constitución de 1999, promovida por el presidente Chávez, y disponen de medios democráticos para manifestar ese cuestionamiento el próximo domingo. Pero nada de eso justifica el clima insurreccional que la oposición ha radicalizado en las últimas semanas y cuyo objetivo no es corregir los errores de la Revolución bolivariana, sino ponerle fin, imponer las recetas neoliberales (como está sucediendo en Brasil y Argentina) con todo lo que eso significará para las mayorías pobres de Venezuela. Lo que debe preocupar a los demócratas, aunque esto no preocupa a los medios globales que ya han tomado partido por la oposición, es la forma en que están siendo seleccionados los candidatos. Si, como se sospecha, los aparatos burocráticos del partido de Gobierno han secuestrado el impulso participativo de las clases populares, el objetivo de la Asamblea Constituyente de ampliar democráticamente la fuerza política de la base social de apoyo a la revolución se habrá frustrado.

Para comprender por qué probablemente no habrá salida no violenta a la crisis de Venezuela, conviene saber lo que está en juego en el plano geoestratégico global. Lo que está en juego son las mayores reservas de petróleo del mundo existentes en Venezuela. Para el dominio global de Estados Unidos es crucial mantener el control de las reservas de petróleo del mundo. Cualquier país, por democrático que sea, que tenga este recurso estratégico y no lo haga accesible a las multinacionales petroleras, en su mayoría norteamericanas, se pone en el punto de mira de una intervención imperial. La amenaza a la seguridad nacional, de la que hablan los presidentes de Estados Unidos, no está solamente en el acceso al petróleo, sino sobre todo en el hecho de que el comercio mundial del petróleo se denomina en dólares estadounidenses, el verdadero núcleo del poder de Estados Unidos, ya que ningún otro país tiene el privilegio de imprimir los billetes que considere sin que esto afecte significativamente su valor monetario. Por esta razón Irak fue invadido y Oriente Medio y Libia arrasados (en este último caso, con la complicidad activa de la Francia de Sarkozy). Por el mismo motivo, hubo injerencia, hoy documentada, en la crisis brasileña, pues la explotación de los yacimientos petrolíferos presal estaba en manos de los brasileños. Por la misma razón, Irán volvió a estar en peligro. De igual modo, la Revolución bolivariana tiene que caer sin haber tenido la oportunidad de corregir democráticamente los graves errores que sus dirigentes cometieron en los últimos años.

Sin injerencia externa, estoy seguro de que Venezuela sabría encontrar una solución no violenta y democrática. Desgraciadamente, lo que está en curso es usar todos los medios disponibles para poner a los pobres en contra del chavismo, la base social de la Revolución bolivariana y los que más se beneficiaron de ella. Y, en concomitancia, provocar una ruptura en las Fuerzas Armadas y un consecuente golpe militar que deponga a Maduro. La política exterior de Europa (si se puede hablar de tal) podría constituir una fuerza moderadora si, entre tanto, no hubiera perdido el alma.

Fuente: https://www.rebelion.org/noticia.php?id=229675

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Costa Rica: Álvaro Santos Pereira, exministro de Economía de Portugal: ‘Cuando se piensa que es imposible, el pacto es posible’

Costa Rica / www.lanacion.com / 26 de julio de 2017

Vivió la crisis fiscal en Portugal como ministro de Economía. Tuvo que salir a pedir ayuda externa y ver las tristes secuelas que ese fenómeno dejó en su país.

Hoy dirige el Departamento de Economía de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), y desde ahí, está afanado en evitar que a Costa Rica le pase lo mismo.

Álvaro Santos Pereira, vino al país la semana pasada y estimuló a los diputados a buscar un pacto para avanzar en un paquete de reformas que incluyan tanto medidas de gasto, como de impuestos para evitar una crisis fiscal. Está convencido de que en un año preelectoral es posible lograr un pacto.

¿Qué lecciones de la experiencia de Portugal podrían servirle a Costa Rica?

En Portugal hubo un gran aumento de la deuda pública y privada, antes del 2010, llegó a un punto en que el Estado no se conseguía financiar (…), entonces tuve que pedir ayuda externa para Portugal en el 2011.

”El problema es lo que pasa después. Lo que muchas veces era impensable en Portugal aconteció, recortes que se pensaba que no se podían hacer, de sueldos, pensiones, despidos”.

Le escuché que era inconstitucional hacer esos recortes.

La Sala Constitucional portuguesa ha considerado después que han sido inconstitucionales, pero temporalmente ha dejado… digo, cuando estás en bancarrota, estás en bancarrota, no hay dinero y entonces temporalmente la Sala Constitucional ha decidido que estos recortes se pueden hacer un año o dos, pero después debe haber reposición.

¿Cómo fue el acuerdo?

Hubo dos acuerdos políticos interesantes. Primero, cuando se ha firmado el memorando de entendimiento con el Fondo (Monetario Internacional), con el Banco Central Europeo y la Comisión Europea, que eran los acreedores internacionales de Portugal, los dos principales partidos portugueses han firmado el acuerdo.

”Pero hubo otra cosa que ha sido más importante, seis meses antes de la reforma laboral la gente pensaba que era imposible llegar a un acuerdo de reforma laboral y otros acuerdos con los sindicatos y con las cámaras empresariales y nosotros lo hemos conseguido”.

¿Cómo?

Con mucho diálogo, mucho trabajo fuera de las luces de la prensa, de la política, muchas, muchas horas de trabajo, pero también haciendo un paquete de medidas en que todos ganaban y todos perdían, pero todos tienen su victoria, entonces los sindicatos tuvieron victorias, los empresarios tuvieron victorias, y el Gobierno ha servido un poco de intermediario.

”Las lecciones que quiero decir aquí para Costa Rica es que cuando se piensa que es imposible tener un pacto, cuando hay ánimos políticos, cuando hay mucha diversidad, o elecciones, como aquí en Costa Rica, si toda la gente entiende que todos tienen algo que ganar al hacer un pacto y avanzar por el bien de la nación, ese pacto es posible”.

En Costa Rica, posiblemente usted ya lo habrá notado, los diputados de oposición presionan por una reducción de gasto antes que aprobar nuevos impuestos, y ahí están los proyectos de empleo público, pero el Gobierno quiere los proyectos de IVA (Impuesto al Valor Agregado) y Renta.

Se tiene que hacer todo, no es solo el gasto o el combate a la informalidad, tiene que ser todo junto y ahí la única posibilidad que yo veo es exactamente que todos tienen que ganar. Tiene que haber un paquete de medidas donde los impuestos aumentan, los gastos disminuyen y la rigidez de los gastos disminuye, al mismo tiempo se tiene que contribuir con la disminución de la desigualdad.

”Es necesario un paquete de medidas que genere de 2% a 3% del PIB (producto interno bruto), lo más rápidamente posible”.

Usted ha enfatizado en la necesidad de que sea rápido, ¿qué tan cerca ve usted a Costa Rica de tener una crisis fiscal?

Yo pienso que prever eso es difícil, lo que sabemos es que el margen se está reduciendo. Por eso, no hay que esperar que pueda haber unshock externo. Es mejor no esperar a que pueda haber algún acontecimiento interno, o externo, que puede empezar el proceso que casi siempre es muy rápido.

Si Costa Rica lograra tener un avance satisfactorio en casi todas las medidas que se requieren para poder ser parte de la OCDE, pero no soluciona su problema fiscal, ¿el país correría el riesgo de quedar fuera?

“Las recomendaciones que hacemos no son vinculantes para entrar a la OCDE, pero claro, después de pasar todos los comités tiene que haber una votación política, en el consejo de embajadores de todos los países de la Organización. Entonces, claro, si hay un escenario muy malo, si la situación fiscal estuviera muy deteriorada en Costa Rica, eso podría influenciar la votación de los países, pero eso es una cuestión paralela. Las recomendaciones que estamos haciendo aquí es para el bienestar de Costa Rica, no para entrar en la OCDE”

Fuente:http://www.nacion.com/economia/politica-economica/piensa-imposible-pacto-posible_0_1647835212.html

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«El macrismo combina ineptitud, desconocimiento y voracidad ajustadora»

Entrevista a Gustavo Lerer, delegado general del Hospital Garrahan

Por: Mario Hernandez

M.H.: Desmantelaron el vacunatorio del hospital Garrahan, comentanos qué sucedió.

G.L.: En realidad el vacunatorio no se desmanteló, se achicó. Tiene una superficie muy pequeña, nunca se le dio verdadera importancia y se generaban espacios satélites donde se daban vacunas tanto para los chicos que venían de manera ambulatoria al hospital, así como para los adultos en situación de riesgo, gente mayor o gente enferma; y también para los trabajadores del hospital. Lo que hicieron fue eliminar todos los satélites con excusas ridículas, como que no cumplían con la superficie o las condiciones, pero cuando internan a los pibes en los pasillos no se fijan en las condiciones.

Lo que hubo en realidad fue un achicamiento y con esto una reducción de la cantidad de vacunas administradas en esos sectores. Lo que hay que decir es que el vacunatorio sigue funcionando, lo que pasa es que se arman colas mucho más grandes, la gente se pone muy molesta por la espera, algunos se van sin vacunar al niño o sin vacunarse en el caso de los adultos. Otros se ponen violentos con las compañeras que están trabajando allí.

M.H.: Me llamó la atención que este achicamiento se dio en paralelo con el proyecto de una diputada de Cambiemos que busca eliminar la vacunación obligatoria.

G.L.: De alguna manera son cuestiones paralelas que demuestran la estupidez y los ajustes que pretende hacer esta gente sin importarles la salud, ni la educación, ni nada. El proyecto de ley es escandaloso, hasta la propia Sociedad Argentina de Pediatría lo rechazó. Es un cachivache completo con argumentos pseudo progresistas o basados en terapias alternativas que no tienen validación científica, que dicen que ahora hay gente que no quiere vacunar a sus hijos y por eso es mejor que no sea obligatorio. Una estupidez completa porque está comprobado lo que significan las campañas de vacunación, que sean obligatorias, porque el que no se vacuna no solo se pone en riesgo a sí mismo sino que pone en riesgo a los demás porque se estimula a que se propague la enfermedad. Tiene más o menos que ver con lo que hicieron con los discapacitados y todas estas cuestiones que vienen haciendo, demuestran un desconocimiento y una ineptitud completa por un lado y por otro una voracidad ajustadora que se desarrolla permanentemente.

M.H.: En la última oportunidad que nos encontramos fue en el auditorio de ATE Capital participando de un plenario en apoyo al conflicto de PepsiCo, hoy (11/7) hubo una convocatoria realizada por los compañeros en relación a la ratificación de la Jueza Rodríguez Mentasti del juzgado Nº 3 de Garantías respecto del desalojo de la fábrica que está ocupada hace más de una semana por los trabajadores. Me gustaría aprovechar este contacto para escuchar una reflexión tuya respecto de la situación que atraviesan los trabajadores en este momento particular de nuestro país donde se han producido 1.000 despidos en la construcción en Zárate y hemos recabado información el fin de semana de que durante toda esta gestión de la administración macrista se han cerrado 7 fábricas por día.

G.L.: Esto tiene que ver con una situación económica mundial. Parece como que detrás de esto está Macri nada más y lo que hay que recalcar es que cuenta con el apoyo del conjunto de la burguesía y el conjunto de los partidos patronales, aunque para las elecciones hagan como “Titanes en el Ring”, hacen que se pelean pero no pasa nada. Por eso les han votado todas las leyes, Macri ha vetado leyes y no han hecho nada, por eso la CGT traiciona descaradamente y las situación se sostiene de esta manera. La discusión entre los sectores patronales es cómo aplicar el ajuste. El problema es que lamentablemente el movimiento obrero esta bastante golpeado, venimos de derrotas importantes como la de los choferes de Córdoba, lo de AGR, cuando se cierra una fábrica se luche o no es una derrota para los trabajadores, es un retroceso.

Los responsables son los dirigentes traidores que no unifican el plan de lucha para poder enfrentarse a los cierres de fábricas, ante los que hay que ocupar y exigir la estatización bajo control obrero, sobre todo en estos casos en los que las multinacionales producen un lockout para precarizar la producción.

En PepsiCo está claro que lo que quieren hacer es parecido a lo que hicieron con Paty, llevar a otro lugar la empresa adonde puedan contratar gente nueva, se sacan de encima los enfermos, contratan gente en situación precarizada, no cumpliendo con el convenio. En PepsiCo hay una Comisión Interna combativa que lucha por mejoras permanentes y por ahora la cuestión sigue abierta.

La patronal de la multinacional ha contado también con la complicidad y el acuerdo del gobierno. Se vive una ofensiva mayor con el proyecto de regreso a las AFJP, el alargamiento de la edad jubilatoria, con la liquidación de los derechos sociales, todos estaríamos como los compañeros de la UOCRA a quienes les depositan parte del sueldo en la bolsa de desempleo entonces uno se paga su propia indemnización en cuotas.

Frente a esto la única posibilidad es organizarse de manera clasista e independiente. El FPV plantea como solución votar a Cristina, junto con la CTA de Yaski, los dirigentes del subte, los dirigentes de ATE Capital, la cuestión es ¿“los vamos a castigar con el voto” para que luego otro sector burgués “la levante en pala” como le gusta decir a la ex presidenta?

La perspectiva de un gobierno de Scioli era con Miguel Bein en el Ministerio de Economía, siendo hoy uno de los principales aplaudidores de las medidas que saca Macri. Entonces la única posibilidad es la ruptura de los trabajadores con el FPV con el macrismo y el PJ y su organización en partidos de la clase trabajadora, revolucionarios que lleven adelante la lucha por el poder para los trabajadores.

Yo pertenezco al partido Causa Obrera y nosotros proponemos caracterizar que hay una crisis económica de trasfondo en el mundo, ya vimos lo que pasó en Grecia y no hay ninguna posibilidad de que dentro de los márgenes del sistema pueda haber alguna solución. La única salida es organizarse con un programa que dé respuesta a la situación, a la nacionalización de la banca, al comercio exterior, al control de los principales resortes de la economía y tratar de ganar a los trabajadores con ese programa para la construcción de un partido revolucionario que se ponga a la cabeza de esta tarea.

Antes de terminar, y volviendo al Garrahan, tenemos un banderazo por los 5.000 pesos reclamando por lo que fue la paritaria trucha de UPCN y quiero anunciar también que van a venir los compañeros del Posadas que están peleando porque les aumentaron la jornada laboral a los compañeros de la noche, que trabajan 10 horas y las quieren subir a 12. Esto va a ser el viernes 14 y también nos va a acompañar Claudia Aguirre, hermana de la joven misionera Victoria Aguirre que lleva más de dos años presa, injustamente acusada de la muerte de su hija Selene.

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=229480&titular=%22el-macrismo-combina-ineptitud-desconocimiento-y-voracidad-ajustadora%22-

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Argentina: La cruda ofensiva del capital

Por: Fabián Kovacik

Violento desalojo de la multinacional Pepsico

No son tiempos precisamente favorables a los trabajadores los que corren en Argentina. La violenta represión contra los obreros de la planta de la multinacional estadounidense Pepsico, ubicada en la localidad de Florida, al noroeste de la capital, fue un punto de inflexión en la era Macri. A los golpes y las balas de goma se sumó la violación de normas legales por parte de la patronal, con el apoyo explícito del gobierno y los sectores judiciales afines.

El 20 de junio pasado Pepsico Argentina –una fábrica de papas fritas y comidas saladas, con 58 años de presencia en el país– comunicó que la planta de Florida era inviable y sería cerrada, y que 155 de sus 691 trabajadores serían reubicados en la ciudad de Mar del Plata. Seis días después un grupo de los despedidos tomó la planta y 20 días más tarde fueron desalojados violentamente. La jueza Andrea Rodríguez Mentasty ordenó el desalojo, que dejó heridos por los palos y gases repartidos por la Policía Bonaerense. Hay grandes dudas sobre la legitimidad del nombramiento de la magistrada, que obtuvo el cargo de jueza a fines de diciembre de 2015: su ex marido, el diputado provincial macrista Walter Carusso, integra el Consejo de la Magistratura provincial, órgano encargado de designar a los jueces. Veinte días después de asumir Carusso en el Consejo, Rodríguez Mentasty llegó a jueza.

Apenas desalojada la planta en la mañana del viernes 14, el presidente Mauricio Macri advirtió que “no es legal que veinte personas ocupen una fábrica cuando el resto de sus compañeros ya fueron reubicados por la empresa y fueron pagas las indemnizaciones correspondientes”. El titular de Pepsico Argentina es Marcelo Bombau, gerente del grupo Clarín y propietario de al menos 12 sociedades off shore, según revelaron los llamados Panama Papers, sin contar una intrincada trama de participaciones societarias que incluyen los rubros alimentario, inmobiliario y financiero. Bombau también compartió gerencia en la multinacional Milkaut con el actual vicejefe del Gabinete presidencial, Gustavo Lopetegui. Un currículum prototípico de la picaresca empresarial con vínculos políticos. Tras el cierre del 20 de junio, la empresa comenzó a importar productos desde Chile, pese a que el balance de 2016 arrojó ganancias por 4.690 millones de pesos y ubicó a Pepsico Argentina entre las 20 compañías más ganadoras según el ranking elaborado anualmente por la revista especializada Mercado.

El desalojo de la planta llevó a que la Cámara del Trabajo ordenara el martes 17 la reincorporación de 11 trabajadores a partir de un recurso de amparo presentado por los despedidos apenas fueron cesanteados. El caso se convierte en testigo y los trabajadores fueron rodeados por organismos de derechos humanos y partidos de izquierda. En año y medio de gobierno macrista se cerraron 5 mil empresas medianas y pequeñas, con un saldo de 200 mil nuevos desempleados, de acuerdo a datos del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento.

Hace dos semanas la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, advirtió que no toleraría que la empresa de pintura Cintoplom, bajo control obrero desde 2003, siguiera en manos de los trabajadores. La gobernadora vetó una ley de la legislatura provincial que beneficiaba a los trabajadores de la empresa prorrogando el plazo de otorgamiento del inmueble a la cooperativa. Según el decreto firmado por Vidal, prorrogar la expropiación “puede configurar una turbación y restricción al derecho de propiedad”.

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=229499&titular=la-cruda-ofensiva-del-capital-

 

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Argentina: Conferencia de Pablo Gentili sobre educación y justicia social en América latina

Argentina/24 de Julio de 2017/

Es en el marco de los 70 años de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario (UNR).

El  pedagogo Pablo Gentili ofrecerá la conferencia «El laberinto de la desigualdad. Educación y justicia social en América latina», el martes 25 próximo, a las 18. Es en el marco de los 70 años de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario (UNR). La conferencia de Gentili es organizada por la Escuela de Ciencias de la Educación y la Facultad de Entre Ríos 758. La actividad es libre y gratuita.

   En su presentación Gentili abordará cómo «los gobiernos neoliberales que se expanden en toda la región, suprimen, limitan o amenazan los derechos de los trabajadores, de las poblaciones más pobres y vulnerables». «Todas, o casi todas las reformas económicas, políticas y sociales que se están llevando a cabo en nuestros países, están reduciendo derechos democráticos históricamente conquistados. En este marco, las razones que tratan de explicar por qué ocurre esto acaban siempre condenando a la educación y a los educadores y educadoras por la crisis que enfrentamos», anticipa sobre la conferencia que ofrecerá. Pablo Gentili es doctor en educación (UBA), reside desde hace más de veinte años en Brasil, donde es profesor de la Universidad del Estado de Río de Janeiro (Uerj), es el secretario ejecutivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso), además de autor de numerosos libros y publicaciones.

Fuente: http://www.lacapital.com.ar/educacion/conferencia-pablo-gentili-educacion-y-justicia-social-america-latina-n1437706.html

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