Neoliberalismo

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La vida, la política y nuestras escuelas

Pablo Gentili

Por: Pablo Gentili

¿Por qué los neoliberales le temen a la educación?

La escuela es siempre un espacio político, aunque algunos se esfuercen en ocultarlo o condenarlo. No se trata de una elección o de una decisión. La escuela es un espacio inherentemente político porque es la institución que las sociedades democráticas consagran al ejercicio de un derecho tan esencial que su garantía potencia, amplía y vuelve efectivos otros derechos humanos fundamentales. Por eso, los conservadores siempre desconfían de la escuela pública, la atacan y tratan de desprestigiarla. Porque, ejerciendo su politicidad, la escuela es un laboratorio de participación y de formación ciudadana. Un espacio de construcción colectiva de la emancipación y de la libertad humanas.

El 1 de agosto, fuerzas militares de la Argentina dispersaron de forma violenta una ocupación de tierras en la provincia de Chubut, al Sur del país. Los territorios, que ahora pertenecen al magnate italiano Luciano Benetton, son reclamados ancestralmente por el pueblo mapuche, una de las naciones indígenas más perseguidas, reprimidas y segregadas tanto en Chile como en la Argentina. A la ocupación mapuche se había acercado días antes Santiago Maldonado, un joven artesano de 28 años, oriundo de Buenos Aires y que vivía en la localidad de El Bolsón, a pocos kilómetros de allí. Santiago fue visto por última vez durante la represión de las fuerzas de seguridad. Diversos testigos indican que lo vieron correr y ser apresado por los efectivos de la llamada Gendarmería Nacional. Desde entonces, nunca más se supo de él.

La desaparición generó una gran movilización ciudadana, que rápidamente fue amplificándose por las redes sociales con el lema #DondeEstaSantiagoMaldonado y recibió apoyo de líderes políticos, sociales y personalidades del mundo artístico.

La ministra de seguridad del gobierno de Mauricio Macri, Patricia Bullrich, sostuvo de inmediato que nada unía la desaparición de Santiago a la represión de las fuerzas de militares. En seguida, atacó a la población mapuche, sosteniendo que ésta, con acciones violentas, pretendía formar una república independiente dentro del país. Aunque se supo que su jefe de gabinete había ordenado y diseñado junto al comando de Gendarmería la violenta desocupación de la comunidad indígena, defendió al funcionario, diciendo que estaba en el lugar (un páramo distante a más de 1.500 kilómetros de Buenos Aires) porque “pasaba con su coche”. Durante los días siguientes, la ministra divulgó pistas que resultaron ser notablemente falsas, dejó trascender el nombre de un testigo protegido y manifestó que se estaba politizando el caso. Su verborragia le hizo cometer fallidos irrecuperables, como sostener que era del “bando de los que no querían encontrar a Santiago”, y no desaprovechó la oportunidad para minimizar las violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura militar. Las declaraciones de la ministra de seguridad no contribuyeron a otra cosa que a generar más indignación pública en una sociedad que ha demostrado no estar dispuesta a volver al pasado y continúa aún hoy juzgando a los genocidas que participaron de la desaparición forzada de 30 mil argentinos y del secuestro de centenares de bebes, niños y niñas.

Las escuelas y las universidades, junto a las organizaciones docentes y estudiantiles, desplegaron diversas acciones exigiendo la inmediata aparición con vida de Santiago Maldonado. En los últimos 35 años, desde el retorno a la democracia, el campo educativo ha sido uno de los que más activamente se ha movilizado en defensa de los derechos humanos. El 30 de agosto, la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina, CTERA, comenzó su campaña nacional: “¿Dónde está Santiago Maldonado?”, utilizando una serie de cartillas y materiales de discusión sobre derechos humanos y la desaparición forzada de personas para trabajar en las escuelas.

La acción del sindicato magisterial fue apoyada por miles de maestros y maestras en todo el país. La iniciativa se sumó a las que ya se estaban llevando a cabo desde el mismo día en que se conoció la desaparición del joven artesano. #DondeEstaSantiagoMaldonado se multiplicó como tema de reflexión y controversia en las escuelas.

Las acciones de debate escolar alrededor del caso Maldonado generaron una fuerte reacción negativa del gobierno nacional y de algunos gobiernos locales, como el de la Ciudad de Buenos Aires, bastión electoral del presidente Mauricio Macri. El rechazo a discutir el tema en las escuelas fue replicado por activistas de las redes sociales y por algunos medios de comunicación favorables al gobierno. También, por padres y madres indignados ante la inclusión del tema y, particularmente, de los materiales de CTERA en las escuelas. Se realizaron declaraciones públicas con miles de firmas y se recomendó que quienes no quisieran que sus hijos discutieran el asunto, exigieran que se los retirara del aula cuando el tema fuera tratado. Reunidos alrededor del hashtag #ConMisHijosNo, la campaña fue creciendo, denunciando que se trataba de politizar las escuelas.

La ministra de seguridad del gobierno de Mauricio Macri, Patricia Bullrich, sostuvo de inmediato que nada unía la desaparición de Santiago a la represión de las fuerzas de militares

La ministra de educación de la Ciudad de Buenos Aires, Soledad Acuña, sostuvo que no se debía “pasar el límite de la politización”, sin indicar qué unidad de medida debía utilizarse para establecer el índice de politización de un asunto tan complejo como la desaparición de un ser humano

El mismo día 30 de agosto, el secretario de derechos humanos de la Argentina, Claudio Avruj, declaró que comprendía a los padres que se nucleaban bajo el lema #ConMisHijosNo, Sostuvo que consideraba “doloroso y peligroso” llevar el caso de Santiago Maldonado a las aulas. Después de casi 35 años de democracia, era la primera vez que un alto funcionario de derechos humanos, cuya función es proteger la lucha por la memoria, la verdad y la justicia, símbolos indelebles de la democracia en la Argentina, se apoyaba ahora en el olvido, en el silencio y la indiferencia ante la desaparición forzada de un ser humano.

El gobierno del país que más ha avanzado en la condena a los genocidas militares y civiles, capaz de movilizarse multitudinariamente ante la más mínima sospecha de que podría volverse atrás en la lucha por los derechos humanos; el del país que sigue recuperando nietos, nietas, hijos e hijas secuestrados en los años setenta; el gobierno del país de las abuelas y de las madres de Plaza de Mayo; el del país del Nunca Más, ahora se horrorizaba ante el debate escolar generado por un caso de desaparición forzada. El gobierno del país de la lucha por la aparición con vida de 30.000 víctimas de la dictadura, consideraba que las escuelas y los docentes estaban politizando el caso de un nuevo desaparecido, esta vez, en democracia.

El 30 de agosto, los sindicatos docentes argentinos lazaron su campaña nacional para discutir la desaparición de Santiago Maldonado. El 30 de agosto, el secretario nacional de derechos humanos, Claudio Avruj, sostuvo que hacer esto era “peligroso”. La fecha no fue una simple coincidencia. El 30 de agosto fue declarado por las Naciones Unidas como el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. Los docentes argentinos y el gobierno de Mauricio Macri decidieron celebrarlo, cada uno a su manera.

¿Por qué?

«Esta semana comenzarán las clases en Cataluña. Cada sala de clase, cada centro educativo se llenará de niños y niñas. También se llenará de preguntas, de dudas, de miedos, de silencios, de interrogantes vitales. Comenzarán las clases y nos preguntaremos: ¿por qué? ¿Por qué ocurrió un atentando tan brutal y devastador en una ciudad pacífica y abierta como Barcelona? ¿Por qué nos preguntarán nuestros alumnos y alumnas? ¿Por qué?»

Así comenzaba su intervención el periodista y educador Jaume Carbonell en un homenaje que, hace pocos días, CLACSO le realizó al gran teórico de la educación, José Gimeno Sacristán, en Valencia.

Como Carbonell, muchos aprendimos de la obra de Gimeno Sacristán que la escuela no se vuelve o se transforma por un acto de voluntad individual en un espacio político. La escuela es siempre un espacio político, aunque algunos se esfuercen en ocultarlo o condenarlo. No se trata de una elección o de una decisión. La escuela es un espacio inherentemente político porque es la institución que las sociedades democráticas consagran al ejercicio de un derecho tan esencial que su garantía potencia, amplía y vuelve efectivos otros derechos humanos fundamentales. La escuela es siempre política porque allí se educan las nuevas generaciones y se educan, con ellas, los que han sido educados para educarlas. La escuela es política porque allí se ejerce el derecho a vivir en una sociedad donde el conocimiento es un bien público y común. Porque, siendo el primer espacio donde se practica el diálogo y la deliberación entre sujetos diversos y plurales, comienzan a ejercitarse y a construirse los valores que sustentan cualquier democracia efectiva, toda ciudadanía crítica y activa.

Por eso, los conservadores siempre desconfían de la escuela pública, la atacan y tratan de desprestigiarla. Porque, ejerciendo su politicidad, la escuela es un laboratorio de participación y de formación ciudadana. Un espacio de construcción colectiva de la emancipación y de la libertad humanas. Aunque se esfuercen por denunciar que la politización de la escuela avasalla y limita la libertad de opinión y de elección individual, no hay nada más político que el esfuerzo conservador por proclamar el carácter apolítico de la educación. Un esfuerzo discursivo que redoblan cuando reducen la cuestión de la calidad de la educación a un asunto eminentemente técnico, normativo o procedimental; esto es, cuando limitan el debate sobre la calidad educativa a las pruebas de aprendizaje estandarizado, como la que propone la OCDE con el Programa PISA.

La necesidad de despolitizar la escuela es una de las más urgentes cruzadas moralizadoras del neoliberalismo, reduciendo la educación de los más ricos a un espacio reproductor y amplificador de sus privilegios, y la educación de los más pobres a una simple preparación para el ejercicio y la disciplina de un mercado de trabajo que les exigirá sumisión, silencio, ignorancia y obediencia.

La discusión de situaciones que involucran una clara y brutal agresión a los derechos humanos (como la desaparición de ciudadanos por parte del Estado, o los atentados sufridos por la población civil indefensa), constituyen un insumo pedagógico fundamental para el desarrollo de comunidades de aprendizaje críticas y activas, como las que deben aspirar a construir las escuelas de calidad. Y lo es, porque es en la escuela donde comienzan a edificarse los principios republicanos y democráticos del bien común; el lugar donde la ética deja de conformarse con la retórica evasiva de una promesa sólo accesible a los virtuosos, para transformase en un saber práctico que guía la construcción colectiva de la igualdad y de la justicia social. La política no “entra” en las escuelas. La política impregna las escuelas, las constituye y les da sentido, como el oxígeno le da sentido al aire, como el sol le da sentido a la flor. La política dota a la escuela de sentido, porque lo que se pone cada día en juego en la escuela es nada menos que la interpretación del pasado y la construcción del futuro, porque es en la escuela en donde los seres humanos comienzan a transformarse en sujetos del presente.

Que la escuela no sea otra cosa que un espacio anodino, sin otro horizonte que el del entrenamiento repetitivo y desinteresado, o el del disciplinamiento idiotizante,la locomotora que conduce y reproduce una sociedad de papanatas indolentes, también es la forma en que, con pasmosa frecuencia, la escuela ejerce su papel político.

No hay política en la escuela. Es que la política, para transformarse en un elemento vital para la construcción de sociedades libres, emancipadas y autónomas, necesita convertirse en escuela, volverse pedagogía, constituirse en práctica docente y confundirse, mezclarse, mimetizarse con el concierto cacofónico que se ejecuta, cada día, en una sala de clase.

Por eso, esta semana, cuando los niños y las niñas de Cataluña y de toda España vuelvan a sus escuelas, se preguntarán por qué. Y nadie podrá silenciar esa pregunta. Ni siquiera los burócratas, quienes, por detrás de la aspiración de neutralidad ideológica de la escuela, pretenderán hacer del silencio el eufemismo de la ignorancia.

Si la escuela está impregnada, construida y cimentada de política, la vida humana no le puede ser indiferente. Ni en Buenos Aires, ni en Barcelona, ni en ningún sitio.

Fuente del Artículo:

https://elpais.com/elpais/2017/09/13/contrapuntos/1505337330_354035.html

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España: La recuperación económica se basa en un tsunami de devaluación salarial y precariedad

La Izquierda Diario

Por: La izquierda Diario

La salida actual de la crisis de la economía española se está produciendo tal y como todos los datos económicos indican a costa de los trabajadores, lo que se manifiesta en una intensa devaluación salarial y una profunda precarización laboral.

Aunque el crecimiento económico y el beneficio empresarial se han restablecido prácticamente a los niveles pre-crisis, los trabajadores sin embargo han sufrido una devaluación salarial media del 12,6% durante el período 2008-2016, una vez descontada la inflación, y una tasa de temporalidad del 26,8% durante el último año.

La economía española ha venido obteniendo crecimientos del PIB durante los tres últimos años del entorno del 3,3% y ha alcanzado, a finales de 2016, un volumen total del PIB en su máximo histórico- al haber sido superado el dato de 2008- y lograr los 1,18 billones de euros. Pero esta riqueza no ha ido a parar a los bolsillos de la clase obrera, sino que ha servido para atajar la crisis financiera, reducir la deuda pública y restablecer la rentabilidad empresarial. Y todo ello a costa de las clases populares. Es decir, posibilitar que la crisis la paguen los trabajadores y los ricos sean… cada vez más ricos.

La realidad económica no ofrece sino un cuadro intenso y generalizado de devaluación salarial y precarización de trabajadores, que ha recaído sobre todo en los más jóvenes, las mujeres, los desempleados mayores de 50 años y los parados de larga duración. Así, los datos económicos tan positivos de los que el Gobierno de Rajoy no deja de presumir se basan exclusivamente en un retroceso brutal de las condiciones de vida de la clase trabajadora, como no se había producido en décadas.

El retroceso experimentado se ha basado en una devaluación salarial que, según determinados sectores y sobre todo para los contratados más precarios, ha alcanzado rebajas salariales con picos del 20-30%. Es decir, una auténtica devaluación salarial de caballo. Además, se ha llevado a cabo una implantación extensiva y muy generalizada de la precarización que supone que al menos un 60% de los trabajadores y trabajadoras a tiempo parcial no esté conforme con la jornada laboral que se le ha impuesto y que tiene en muchos casos salarios tan bajos que implican que el 12,6% de los asalariados no llegue ni a percibir el salario mínimo de 707,70 euros al mes brutos. Mientras, por otra parte, se les obliga en muchas ocasiones a realizar horas extras, en lugar de ampliarles la jornada, y, por supuesto, sin recibir retribución alguna por esas jornadas extra.

En general se ha producido un sometimiento duro de los trabajadores a los empresarios, facilitado por las reformas laborales emprendidas por Zapatero en 2010 en primera instancia y continuadas por Rajoy en 2012, que terminó por darle la vuelta de tuerca necesaria para asegurar el incremento del beneficio de los empresarios sobre la base de aumentar la explotación de los trabajadores.

El artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores, por ejemplo, permite tras la reforma laboral cambios salariales decretados unilateralmente por el empresario. Además, se han abaratado los costes del despido en torno a un 40% y se han facilitado y ampliado las causas de despido procedentes y la imposición de EREs y ERTEs en las empresas, entre otras muchas medidas antiobreras.

El empleo como factor de pobreza

La realidad salarial es desoladora, un tsunami de temporalidad y devaluación salarial, como lo demuestran todos los datos laborales y económicos. Esta situación está provocando un fenómeno que se caracteriza por un grave incremento de la miseria entre los trabajadores y trabajadoras, que incluso cuando están empleados, un número muy cuantioso de ellos (sobre todo jóvenes, mujeres, inmigrantes y empleados de baja cualificación), se vean incapaces de afrontar los gastos esenciales para su supervivencia.

Esto queda claramente expresado si tenemos en cuenta que la cuantía del salario más frecuente hay que distinguirla del salario medio, que es más bien una “engañifa” estadística. El que más se da entre los trabajadores es de tan solo 16.498,47 euros al año lo que implica en realidad 993 euros mensuales netos al mes por 14 pagas. Por lo tanto, si antes de la crisis ser mileurista era una desdicha ahora es contemplado con admiración por la mayoría de los trabajadores que ni siquiera alcanzan ese salario.

Pero la situación es mucho peor que esto. El salario que percibe el 10% de los trabajadores que menos gana (trabajadores a tiempo parcial) es de tan solo 350 euros mensuales, por lo que no les permite ni siquiera cubrir los gastos mensuales de alimentación pese a estar trabajando.

Incluso el salario medio que ya indicamos, que supone un auténtico engaño estadístico dado que las medias distorsionan la información, implican un salario medio de tan solo 1.309 euros netos en 14 pagas, es decir, muy ligeramente por encima de los 1.000 euros, lo que tampoco resulta ninguna bicoca. Conclusión: muchos más de la mitad de los trabajadores y trabajadoras son mileuristas o incluso ganan menos de 1.000 euros.

Si analizamos los datos facilitados por la Encuesta de Presupuestos Familiares (EPF) elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), en la que se facilita información detallada de los gastos familiares comprobamos que con el nivel de salarios existentes resulta imposible pagar los gastos básicos de comida, ropa, energía y vivienda. Por lo que solo con dos o más sueldos y la aportación, en muchos casos, de la pensión que puedan recibir abuelos o padres, un inmenso sector de familias trabajadoras pueden salir adelante, y con muchas penurias.

Además, el sector de los trabajadores más “protegidos”, es decir aquellos que disponen de un convenio y que vienen a ser un poco más de la mitad de los asalariados, también se ven atacados duramente en sus ingresos. Así, tenemos que ocho de cada diez convenios firmados no están garantizando el poder adquisitivo actualmente, pese a que la inflación está en mínimos históricos. El 83,6% de los convenios firmados a julio de este año no disponían de cláusulas de garantía salarial en el caso de que la inflación desborde el aumento salarial pactado. Aumento pactado que es de un raquítico 1,33%.

Según los datos de la última EPA en junio de 2017, y pese a haber superado los niveles de PIB de 2007, tan solo se había recuperado la mitad del empleo perdido. De los 3,8 millones de ocupados que se perdieron por el camino quedan aún por recuperar nada menos que 2,4 millones de empleos, más de la mitad de los perdidos todavía. Esto es así porque la población ocupada ha pasado de 20,7 millones que hubo en 2007 a 18,3 millones, último dato tras el fin de la temporada turística de este verano.

Sin embargo, como decíamos, el PIB ha sido ya incluso algo mayor al máximo histórico de 2007, lo que implica que la productividad obtenida, es decir el grado de explotación de la mano de obra, ha permitido que con algo más de dos millones menos de trabajadores, se obtenga una riqueza de conjunto superior que se han embolsado el su mayor parte los empresarios.

Además, el nivel de desempleo sigue siendo muy elevado. Según la última EPA del mes de junio todavía permanece en un elevado 17,2% pese a que se ha reducido desde el 26,94% de 2013. El 54,6% de los parados es de larga duración y la tasa para los jóvenes menores de 25 años es del 39,5% y para las mujeres el 19%. Teniendo en cuenta, además, que las prestaciones al desempleo se han reducido considerablemente y solo llega a algo más del 50% de los parados.

Otro dato a tener muy en cuenta es la disminución del peso de las rentas del trabajo en favor de las rentas del capital. Las rentas del trabajo se han reducido hasta el 47,6% del PIB, una reducción de 30.000 millones, cuando el 2008 representaban el 50%. Mientras, las rentas de capital han crecido y son ahora un 43%, dos puntos de crecimiento desde el 2008.

Todo esto nos lleva a que, según datos del INE basada en la encuesta de condiciones de vida que elaboran, casi tres de cada diez ciudadanos se encontraban en riesgo de exclusión social (28,6%). De entre ellos el 6,4% tiene una situación de carencia material severa

Las cúpulas sindicales burocratizadas trabajan para el Gobierno y los empresarios

Mientras tanto, las cúpulas de los sindicatos burocratizados de CC.OO. y UGT han estado reuniéndose y firmando acuerdos tanto con la CEOE como con el gobierno neoliberal del PP de Rajoy durante todo el período de crisis.

Sirviendo de sostén al gobierno de Rajoy y acordando con la CEOE indirectamente la devaluación salarial y la precariedad laboral -según se tratase de trabajadores sujetos a convenio o directamente desregularizados y abandonados a su suerte-, cuando no directamente traicionando mediante acuerdos sectoriales firmados por las cúpulas sindicales a espaldas de los trabajadores. Así fue recientemente el caso del acuerdo con la patronal hotelera en contra de lo defendido por Las Kellys, o el de Telemarketing, o en su día el acuerdo con Movistar, traicionando la denominada “revolución de las escaleras” de los técnicos de Movistar.

La realidad es que la burocracia de CC.OO. y UGT no sólo dejó pasar sin pena ni gloria la Reforma laboral de 2012, sino que ha firmado todo lo que la CEOE les ha puesto encima de la mesa, incluidos los acuerdos salariales causantes de la devaluación salarial. Su filosofía de “la moderación salarial” para salir mejor de la crisis lo único que ha garantizado es el enriquecimiento de los empresarios a costa de los trabajadores. Así las subidas salariales medias en los convenios firmados fueron: del 1,16% en 2012, prácticamente un 0,5% en 2013, 2014 y 2015 y un 1,02% el 2016. De los trabajadores fuera de convenio, más de la mitad del total de asalariados, mejor ni hablar, basta con ver los datos existentes.

CC.OO y UGT ahora han comenzado una campaña reivindicativa sobre la necesidad de incrementar los niveles salariales. Pero esto no irá muy lejos. De hecho, la CEOE está ofreciendo un aumento salarial de entre el 1% y el 2% más medio punto más porcentual por productividad que a los sindicatos les parece insuficiente, de momento, puesto que están solicitando una horquilla de aumento de entre el 1,8% y el 3%. Pero el dirigente de la CEOE Juan Rosell ha argumentado que no hay necesidad de subir mucho más allá de lo que se ha venido negociando en los diferentes convenios durante todo este período. Es decir, la propia moderación salarial practicada debilita ahora enormemente la posición de CC.OO. y UGT a la hora de exigir tan solo un poquito más.

Mientras los trabajadores y trabajadoras no destituyan a las cúpulas burocratizadas de CC.OO. y UGT y se hagan con el control democrático de estos sindicatos, desarrollando una política sindical apoyada sobre la base de la movilización y la extensión y unificación de las luchas, confluyendo con los trabajadores insertados en el denominado “sindicalismo alternativo”, no habrá salida.

@as_juancarlos

Fuente:http://www.laizquierdadiario.es/La-recuperacion-economica-se-basa-en-un-tsunami-de-devaluacion-salarial-y-precariedad?id_rubrique=2653

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Panamá: ¿Cuál es el miedo de enfrentarse a la OCDE?

Noticias

Panamá / www.radiopanama.com.pa / 27 de Septiembre

El abogado Linares señala que todos saben cual es la forma de comercio de Panamá.

El abogado Adolfo Linares señala que todo el mundo sabe cómo es el sistema comercial y de finanzas de Panamá y que la única intención de entidades como la OCDE es perjudicar al país. Linares resalta que no conoce el miedo que le tienen las autoridades a un enfrentamiento con la OCDE.

Sobre la Asamblea Nacional, el abogado agregó que allí hay una crisis de institucionalidad y que los únicos culpables de esta crisis son los funcionarios.

Fuente: http://www.radiopanama.com.pa/noticias/actualidad/cual-es-el-miedo-de-enfrentarse-a-la-ocde/20170922/nota/3587788.aspx

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Entrevista a Pablo Gentili: ‘Es un tiempo Regresivo para América Latina’

Entrevistas

La Razón (Edición Impresa) / Mauricio Quiroz Terán / La Paz

El Secretario de Clacso habla de los desafíos del movimiento progresista en América Latina y de las perspectivas de la integración.

La entrevista se produjo poco antes de la ceremonia de clausura del coloquio Geopolítica, integración regional y sistema mundial que organizó el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso) para celebrar el 50 aniversario de su vida institucional. En ese acto se entregó un premio al presidente Evo Morales. El pedagogo explica que este reconocimiento llegó con demora, porque anteriormente otros líderes progresistas recibieron tal distinción.

El pedagogo Pablo Gentili asegura que la altura de La Paz no le afecta; pide un mate de coca para conversar con Animal Político sobre los resultados del foro que se organizó en la sede de la Vicepresidencia del Estado, y sus visiones sobre los desafíos políticos que actualmente enfrenta la región. Fue el viernes 18 de agosto.

— ¿Qué evaluación tiene sobre los resultados de este coloquio?

— Este evento, además de los temas importantes que analizó, planteó la posibilidad de un diálogo de saberes sur-sur porque participaron intelectuales de varias regiones del planeta, una alternativa a la visión eurocéntrica que se tiene del conocimiento. Clacso promueve los diálogos con intelectuales de India, de África y recientemente hemos logrado un acuerdo de cooperación con el Consejo de Ciencias Sociales Árabes. Se trata de un esfuerzo para que este diálogo de saberes se plantee de manera mucho más horizontal y menos subordinada a las grandes agencias de producción del pensamiento.

— ¿Cree que es un diálogo cuyo contenido está invisibilizado?

— En algunos casos está negado porque no existe, porque no lo conocemos, porque no lo leemos, porque en nuestras universidades si tú preguntas a un estudiante de Ciencias Sociales —de Bolivia, Argentina, en México— cuántos autores árabes leyó a lo largo de su formación, probablemente la respuesta sea  ninguno. Igual con autores de China o India (…). Desde Clacso luchamos para ampliar la visión, son muchos los autores que se invisibilizan, eso sin negar el aporte de intelectuales de Europa y Estados Unidos.

— ¿Qué destaca de este diálogo sur-sur, tomando en cuenta el contexto político que está viviendo la región y el mundo?

— Estamos en un momento de gran perplejidad, porque el periodo de transformación política, social, económica, educativa y cultural ha entrado en crisis. No creo que esto se haya agotado y no creo que sea solo un ciclo y lo que estamos viviendo sea el fin de ese ciclo posneoliberal o posprogresista. No lo veo así, porque no creo que la historia sea una sucesión de ciclos, como una simple evolución; es más compleja y exige diálogo y debate para comprender este momento de crisis capitalista que se traduce en un conflicto de intereses intercapitalistas (…). Esto supone una oportunidad, unos desafíos que deben ser asumidos por el mundo intelectual y todas las sociedades.

— ¿Qué desafíos puede citar?

— Uno, que nos interpela todos los días, es el desafío para la democracia; hay un proceso de despolitización que es extremadamente peligroso, porque surgen líderes que presentan fórmulas desde fuera de la política. El caso más notorio es Donald Trump, un empresario con una gran capacidad para hacer negocios por fuera de los valores de la democracia. Con discursos simples se gana a los pobres. Tenemos un ejemplo parecido con Mauricio Macri en Argentina que a pesar del apoyo que recibió aplicó políticas contra los menos favorecidos (…). mientras que benefició a los dueños de empresas.

— Está el desafío de repensar la democracia. ¿Qué otro apunta?

— Repensar el ejercicio de los derechos, especialmente el de la educación. Me explico. No solo se trata de reducir las tasas de analfabetismo, sino de democratizar el sistema educativo. El derecho a la educación que no se puede restringir únicamente a la capacitación para el mercado de trabajo, porque eso despolitiza la educación (…). Hay que comprender cómo el mercado de trabajo discrimina a los negros, a los indígenas; a las gordas, a los feos. ¿Por qué las mujeres ganan menos? Esas preguntas hay que responderlas para avanzar en los derechos.

— Pero, al final el contexto actual es mucho más complejo…

— Sí. Aquí hay un desafío sobre el qué derecha ganó terreno y se está aprovechando por nuestra incapacidad de asumirlo. El tema es la lucha contra la violencia; nosotros vivimos en la región más violenta del planeta. Vos me puedes decir, pero qué pasa con Siria. Y eso depende qué dato usas. En Siria, en mayo, murieron 2.300 personas en la guerra; en ese mismo mes murieron en Brasil 3.800 personas asesinadas; de las cuales el 80% tenían menos de 24 años. ¿Quién las mató? Amigos, la violencia de género y redes de criminalidad; en muchos otros casos los mataron fuerzas de seguridad, a las que pagamos para que nos protejan.

— ¿Y qué hace la izquierda ante este fenómeno que es global?

— Maneja una tesis que sorprende la sigamos repitiendo: si reducimos la pobreza atacamos a la violencia. Este es un prejuicio, porque significa atribuirle a los pobres las causas de la violencia, que tiene que ver con la falta de perspectiva de desarrollo. Pero tampoco supimos intervenir en las fuerzas de seguridad pública, que vulneran derechos de los jóvenes pobres, porque quienes mueren asesinados no están en la clase media.

— Vistos estos desafíos, ¿cómo se puede concebir la integración en América Latina?

— Este es un tiempo regresivo para América Latina, pero estoy seguro de que lo vamos a recomponer. Hace 10 años rechazamos esa integración que nos mantenía como el patio trasero de Estados Unidos; pudimos haber avanzado más, pero los gobiernos progresistas no apuraron estos procesos. Por ejemplo, Brasil y Argentina deberían haber permitido que Bolivia llegue a ser miembro pleno del  Mercosur. En Brasil destituyeron a Dilma Rousseff y en Argentina eligieron a Mauricio Macri (…). Ahora será más difícil para Bolivia integrarse en la región.Además, aquí aparece el dilema de la integración en América Latina; porque no puede haber integración real si la región no es más justa.

— ¿Qué nos puede decir sobre la iniciativa de Clacso de crear el instituto Marco Aurelio García?

— Es una iniciativa que lleva el nombre de una persona que trabajó mucho por la integración.

En un momento de crisis de la integración, tenemos que crear instituciones académicas que ayuden a hacer un balance crítico de lo que no se hizo y lo que se debería hacer. Funcionará primero en Buenos Aires.

‘Celebro que a muchos no les guste Evo’ 

El Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso) entregó hace 10 días un premio al presidente Evo Morales al término de un coloquio internacional que organizó en La Paz para conmemorar el aniversario 50 de su fundación.

Pablo Gentili, secretario ejecutivo de Clacso, defendió la distinción a Morales en esta entrevista con Animal Político, precisamente en momentos en los que organizaciones académicas del país calificaron de “unilateral” la entrega del laurel al Mandatario.

“Se trata de una visión política, que es legítima, y que tienen las instituciones aquí; celebro que haya gente que no le guste Evo, porque eso muestra que esta institución es democrática”, afirmó Gentili, poco antes de la ceremonia de premiación con la que se clausuró el coloquio.

El directivo recordó que la entidad también apoyó actividades académicas en las que se cuestionó la política ambiental del Gobierno boliviano y que la decisión de galardonar a Morales “era una deuda”, puesto que en 2014 Clacso entregó una distinción similar a líderes regionales, como el expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, en ocasión de una asamblea que se desarrolló en Medellín, Colombia.

“Se lo concedimos porque Morales ha contribuido de hacer de Bolivia un país más justo y no es una cuestión solo de su apariencia. ¿Hay problemas en Bolivia? Muchísimos, pero los resultados del Gobierno boliviano son importantes. Además fue uno de los grandes artífices de la integración regional”, aseguró Gentili.

El Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario y el centro de posgrado de la Universidad Mayor de San Andrés (Cides-UMSA) cuestionaron a Clacso por el premio. La entidad agrupa a 616 centros de investigación de América Latina.

Pablo Gentili

Además de habitar en el mundo académico es un activista en la defensa de la educación pública y las igualdades. Estuvo en La Paz para el coloquio que organizó Clacso en ocasión del 50 aniversario de la entidad que agrupa a 616 centros de investigación de 47 países del hemisferio occidental.

Datos

Nombre: Pablo Gentili Nació: Buenos Aires, Argentina. 1963

Profesión: Pedagogo

Ocupación: Secretario Ejecutivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso)

Perfil

Es doctor en Educación por la Universidad de Buenos Aires. Desde 1992 reside en Brasil. Es autor de una veintena de libros sobre las reformas educativas en América Latina.

Fuente de la Entrevista:

http://www.la-razon.com/suplementos/animal_politico/Pablo-Gentili-tiempo-Regresivo-AmericaLatina_0_2774722522.html

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Formación docente en la universidad pública neoliberal

Iván Salinas

Por Ivan Salinas

El gobierno de Bachelet ha optado por una fórmula que desintegra a los actores sociales que hicieron posible –protesta mediante- el contexto de reforma educativa. La separación planificada de proyectos de ley que impactarán la nueva organización del sistema escolar y universitario ha disminuido la capacidad de organización y participación articulada de los diversos actores sociales. En un frente, un gremio docente altamente golpeado por la reforma a su profesión debe recibir otra iniciativa de reforma a la organización del sistema público de educación: la desmunicipalización vía ‘gerencialización’ de la administración pública de la educación, sin modificar el modelo subsidiario de financiamiento que ha ahogado y destruido la educación pública.

En otro frente, la reforma a la educación superior ha implicado la gratuidad para un mercado educativo, organizado bajo un mismo principio de subsidiariedad. Además, el gobierno separó hábilmente la discusión de la reforma a la educación superior con dos proyectos de ley: uno que da cuenta de un marco general del sistema, y otro que aborda a las universidades estatales. Así, el gobierno ha dividido y desactivado políticamente a los actores que pujaron por la reforma, desorientando sus focos de acción y aislándolos en un escenario en donde muchos están más preocupados de las elecciones presidenciales y parlamentarias.

Esta iniciativa de reforma educacional, por motivos lógicos, impacta como una síntesis a los programas de formación docente. Algunas razones son: la ley se refiere de forma explícita a elementos de la formación docente que reorganizarás sin duda sus orientaciones y relaciones con la profesión; la ‘desmunicipalización neoliberal’ de la educación escolar impactará sobre las condiciones de los futuros docentes en sus espacios de ejercicio profesional; la nueva propuesta de organización de la educación superior influirá en las orientaciones que deberán tener las instituciones para comprenderse a sí mismas y su relación con el gobierno central.

Las condiciones actuales de la profesión docente y el nuevo escenario de reforma a las universidades ponen un desafío mayor para la formación docente, particularmente en las instituciones estatales. La pérdida de autonomía en los gobiernos universitarios, las condiciones de precarización de sus funcionarios, la falta de proyecto público que se materialice en condiciones financieras a las universidades estatales, las presiones del mercado por responder a las caídas de matrícula, y las presiones de la “calidad” neoliberal arriesgan los procesos formativos que la ley y política pública declaran, y por cierto que no responden a las demandas del movimiento social por el derecho a la educación.

En un escenario donde se ha culpado a los docentes, a la pedagogía y sus actores, de la crisis del sistema educativo, es justo dar cuenta de lo que ha pasado con su formación a raíz de la iniciativa neoliberal que ha sido ejecutada en instituciones públicas y privadas por los últimos gobiernos. Lo primero, algo no tan novedoso: la pedagogía ha sido históricamente un espacio de intelectualización formal de los sectores populares. Quienes la estudian son mayoritariamente mujeres que provienen de hogares donde el ingreso familiar es bajo.

Está documentado que los docentes egresados tienden a desempeñarse en establecimientos parecidos a los que cursaron durante su escolaridad, creando los llamados ‘círculos de segmentación’. Por lo tanto, al culpar a los docentes lo que se asume es una posición clasista con la vieja fórmula de ‘culpar a la víctima’. Lo segundo: la mercantilización dirigida por los gobiernos neoliberales de la dictadura y post-dictadura creó las condiciones para masificar la matrícula en pedagogía. Entre los años 2000 y 2011 la matrícula en formación inicial docente se triplicó, impulsada en gran parte por la política de créditos garantizados a la demanda conocidos como CAE. Esto significó, en la práctica, un gran influjo de dinero público a la banca y una multiplicación de programas en instituciones privadas con matrícula masiva, sin necesariamente atender de forma apropiada a las discusiones sobre los aspectos formativos de la pedagogía.

Lo tercero es que, ante el escenario de crecimiento desregulado, la reacción de los gobiernos fue estimular un debate normativo para un mercado, basándose en lenguaje empresarial: orientaciones mediante estándares, sistema de acreditaciones de carreras e instituciones, y sistemas de medición externa al desempeño educativo. En ese marco se inscriben la redacción del Marco para la Buena Enseñanza, la multiplicación de la aplicación del SIMCE a las escuelas, su uso en leyes gerencialistas para crear nuevos mercados con la educación -como la de Subvención Escolar Preferencial, la de Aseguramiento de la Calidad, los nuevos marcos legales de acreditación de carreras e instituciones, y los convenios de desempeño para la formación inicial docente.

En cuarto lugar, el sistema y la profesión docente recibieron todo la batería discursiva que implicó agresivamente una intervención del mercado sobre sus carreras. A raíz de la explícita culpa atribuida a los docentes dispuesta en informes como el de McKinsey & Company y otros documentos asociados al Banco Interamericano de Desarrollo, emergen un conjunto de organizaciones que sistematizaron esta crítica y la multiplicaron en un conjunto de iniciativas. En Chile, organizaciones no gubernamentales como Educación 2020 y Elige Educar estimularon públicamente un discurso de culpa a los profesores del sistema y a sus cualidades “de calidad”, asumiendo una posición de abierto enfrentamiento social con quienes eran formados en el sistema masificado de educación: las mujeres de origen popular.

El discurso agresivo contra la profesión docente se asocia también a una fórmula de influencia política construida desde los medios y ellobby desregulado. Es decidor que hoy el Ministerio de Educación y la reforma está en manos de quienes formaron Educación 2020. Por otro lado, otras iniciativas, de corte más ideológico pero no menos agresivo, formularon en la práctica la posibilidad de prescindir de la pedagogía como carrera ética y profesional y la asumieron como un voluntariado formativo, dedicado a los más pobres como forma de acumular “capital humano”. Hablamos de EnseñaChile, inspirado en la iniciativa estadounidense TeachforAmerica, que promovió la idea de labor docente como una forma individual de acumular las competencias que necesitan las empresas. En todo este recorrido quedan varias cosas fuera, como la introducción de mecanismos como la prueba INICIA, pero lo central es señalar que la formación docente se ha visto impactada de forma muy dinámica y agresiva con las reformas y discursos de carácter neoliberal de la última década, y que eso tiene impacto en cómo se concibe, hoy mismo, la ley que reorganizaría a la educación superior en general y estatal en particular.

Un reciente reporte del Observatorio de Formación Docente permite estimar el impacto nacional que han tenido las políticas educacionales sobre la formación inicial docente. Algo notable es que desde el 2011, año en que estarían ingresando los estudiantes masivamente financiados por el CAE a las aulas como docentes, se ha notado un descenso en las matrículas de pedagogía en primer año. En 2017, éstas son menores que lo que había el 2005. El descenso se puede explicar por las adecuaciones que hacen a su matrícula las instituciones privadas: los institutos profesionales que no pueden seguir impartiendo pedagogías, y las universidades privadas que deciden acomodarse a las nuevas exigencias de ingreso y funcionamiento. Otro dato relevante es que las tasas de deserción de la profesión, que, de acuerdo a reportes de investigación, se acercan al 45% hacia el quinto año de ejercicio profesional.

Si bien en lo oficial se dice otra cosa, el espíritu de la Ley 20.903, que crea el sistema de desarrollo profesional docente, fue impactar de forma drástica las carreras de pedagogía para desprofesionalizarla. Ha sido un pilar central de la reforma educativa de Bachelet, y constituirá sin duda parte de su legado declarado. La moneda de cambio para desprofesionalizar la pedagogía fue la asignación competitiva de mejores ingresos para docentes que se han adaptado de mejor forma a las lógicas neoliberales del desempeño educativo. Es decir, el sometimiento a un frecuente proceso de vigilancia sobre competencias profesionales mediante pruebas estandarizadas descontextualizadas. Sospecho que ninguna otra profesión en Chile aceptaría tal nivel de control del Estado.

Las condiciones actuales de la profesión docente y el nuevo escenario de reforma a las universidades ponen un desafío mayor para la formación docente, particularmente en las instituciones estatales. La pérdida de autonomía en los gobiernos universitarios, las condiciones de precarización de sus funcionarios, la falta de proyecto público que se materialice en condiciones financieras a las universidades estatales, las presiones del mercado por responder a las caídas de matrícula, y las presiones de la “calidad” neoliberal arriesgan los procesos formativos que la ley y política pública declaran, y por cierto que no responden a las demandas del movimiento social por el derecho a la educación.

En ese escenario, para la formación docente, la reforma a las instituciones estatales tal como está propuesta –y en conjunto con el resto de iniciativas- puede resultar en un mayor retroceso social, que situará a la pedagogía como una carrera tecnificada y no una profesión con saberes propios que deben desarrollarse como campo disciplinar, tanto intelectual como profesional. Enfrentarse a ese escenario en la soledad del aislado actuar institucional de los rectores o las federaciones de estudiantes es una invitación a perder. Es importante recuperar iniciativa crítica, unitaria, política y socialmente relevante, si es que buscamos recuperar la centralidad de lo público en la construcción del derecho a la educación. Hoy, estamos perdiendo esa batalla, tanto dentro como fuera de nuestras neoliberalizadas instituciones.

Fuente: http://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/2017/09/12/formacion-docente-en-la-universidad-publica-neoliberal/

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Libro: Educar para el Mercado: Escuela, universidad y ciencia en tiempos de neoliberalismo

Reseñas

Libro: Educar para el Mercado: Escuela, universidad y ciencia en tiempos de neoliberalismo.

La publicación, que viene siendo presentada en diferentes ámbitos desde el pasado mes de agosto, analiza desde la mirada de diferentes autores, las estrategias que se vienen llevando adelante por el gobierno actual de Argentina que están situando a la educación y la ciencia al servicio de los intereses del mercado. Asimismo, plantea fuertes cuestionamientos a la lógica neoliberal que conlleva la reducción del gasto y la inversión en escuelas, universidades y ciencia, y la aplicación de políticas de ajuste.

“El gobierno pretende que el conocimiento adquiera la forma de mercancía, y la educación y la ciencia se conviertan en instrumentos al servicio del mercado”,señaló Filmus durante la presentación del libro en la sede de UTE. Agregó que el mismo surge como una respuesta “a la falta de respeto de este gobierno nacional por los docentes y por la educación. Un gobierno que vino a educar para el mercado de trabajo en una sociedad que restringe el trabajo, a desarticular el sistema educativo nacional, a desjerarquizar el trabajo profesional docente, a reducir la educación a un proceso biológico y a privatizar la educación”.

Publicada por Editorial Octubre en Buenos Aires, la obra es una compilación de Daniel Filmus y contiene, además de sus propias reflexiones en relación a este tema, los destacados aportes de las académicas y especialistas en educación Graciela Morgade y Sandra Carli, los investigadores científicos Diego Hurtado y Alberto Kornblihtt, la socióloga Marta Novick, el director del Grupo Octubre, Victor Santa María, el académico y rector de la Universidad Nacional Arturo Jauretche, Ernesto Villanueva, y el rector de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo, Nicolas Trotta”

La publicación se estructura en base a los siguientes contenidos:

  • Presentación: Nicolas Trotta
  • Prólogo: Daniel Filmus
  • Capítulo I: La restauración de las políticas neoliberales. Por Daniel Filmus
  • Capítulo II: Pisaleaks o la supuesta neutralidad de la “evaluación”. Por Graciela Morgade
  • Capítulo III: Management público, conservadurismo y reocupación estatal: el lugar de las universidades públicas. Por Sandra Carli
  • Capítulo IV: La universidad ayer y hoy: perspectivas. Por Ernesto Villanueva
  • Capítulo V: ¿Políticas para la competitividad o de reducción de derechos? Por Marta Novick y Víctor Santa María
  • Capítulo VI: Crisis en Ciencia y Técnica: causas y consecuencias. Por Alberto Kornblihtt y Diego Hurtado

 Agradecemos a Daniel Filmus y a Inés Tenewicki por compartirnos la información necesaria para dar difusión a esta importante publicación.

Fuente de la reseña de libro: http://privatizacion.campanaderechoeducacion.org/educar-para-el-mercado-escuela-universidad-y-ciencia-en-tiempos-de-neoliberalismo

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Perú entre la huelga de maestros y la crisis del relato oficial

Nicolás Lynch

Por: Nicolás Lynch

Una poderosa huelga de maestros comienza a quebrar el consenso neoliberal en Perú. Las elites políticas intentan desconocer su potencial.

Por primera vez en varios años, un movimiento social provoca una grieta de proporciones en la hegemonía política y cultural que el neoliberalismo ha impuesto a la sociedad peruana. Desde hace más de dos meses se desarrolla una huelga de maestros de la educación pública en Perú. La huelga, que empezó en el sur con varias manifestaciones regionales, continúa hasta hoy en la mayor parte del territorio nacional. Desde el año 2003 no había una huelga de estas proporciones en el magisterio. La medida de fuerza cuenta con una adhesión de aproximadamente 250.000 maestros de un servicio público total de 340.000 docentes. Esto lo hace el movimiento social más grande y con más tradición de lucha que han debido enfrentar algunos de los gobiernos de derecha que se han sucedido en los últimos 15 años.

El movimiento huelguístico llega además en un momento de drástica reducción del auge económico de la década pasada por la caída de los precios de las materias primas en el mercado mundial, que señala un crecimiento del PIB que apenas superará el 2,5% este año, frente al 6% de los años anteriores. Por otra parte, encuentra a la derecha dividida, con el presidente Pedro Pablo Kuczynski en control del Ejecutivo y el partido de la familia Fujimori, Fuerza Popular, en control del Congreso y en pugna constante con el primero.

En este contexto, los maestros han procedido a derrotar varios aspectos del relato dominante difundido por la buena parte de la elite política y los principales medios de comunicación. Primero, la invisibilización de la huelga cuando sucedieron los primeros conatos en el sur. Segundo, que la huelga era un invento de Sendero Luminoso, cuando aquella llegó a la capital trayendo la voz de miles de maestros del interior. Tercero, que como sus dirigentes estaban ligados a grupos terroristas, no había con quién negociar, por más que ya existía un Comité Nacional de Lucha y sus dirigentes se paseaban por los medios de comunicación y el Congreso de la República. Y cuarto, que como no había dirigentes confiables, había que negociar por la vía de intermediarios, sin sentarse a la mesa con los verdaderos interlocutores. Estos sucesivos momentos señalan un desprecio por el otro –por parte de las autoridades y los medios— por ser pobre, provinciano y maestro, como pocas veces se ha visto en nuestra historia reciente.Todo ello tiene el corolario de un Poder Ejecutivo que ha dado por finalizada la huelga y miles de maestros que continúan movilizándose y acampando en el centro de Lima.

A contrapelo de este relato, el movimiento magisterial ha demostrado a lo largo de dos meses que es un movimiento real, constituido abrumadoramente por maestros de base, con una plataforma justa y que atiende a los problemas de fondo de la educación peruana. Un movimiento que, además, ha repercutido en casi todas las ciudades del Perú y ha despertado la simpatía y solidaridad de los estudiantes, padres de familia y sociedad en general porque ven reflejada su propia situación de carencia. Todas estas cuestiones le han dado legitimidad a la huelga entre la población. Sin embargo, a diferencia de otras grandes huelgas magisteriales de décadas pasadas, su dirección ha sido fragmentada, en buena medida espontánea y sin reconocimiento legal, lo que le ha quitado fuerza en la resolución del conflicto. Paradójicamente, la dirección nacional del sindicato más reconocido, el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Perú (SUTEP), dice que no hay huelga. Este otrora sindicato radical, dirigido por el partido de izquierda Patria Roja, ha sido definitivamente rebasado por sus bases. Asimismo, esto ha permitido la influencia de sectores más radicales ligados a Sendero Luminoso que, a pesar de ser minoritarios, han dado pie para la satanización de la huelga por los poderes políticos y mediáticos.

El movimiento, con una diversidad de reclamos y amplias dimensiones, expresa el fracaso de una política educativa que se ha presentado en la última década como una «reforma de la educación», clave en la hegemonía neoliberal, que le permite pasar del asalto a los bolsillos al asalto a las mentes de los peruanos. Esta política fracasa en un punto fundamental: la necesaria relación que debe existir entre el salario del docente y la evaluación a la cual se lo somete. Desde la famosa frase del dúo Alan García-José Antonio Chang, el primero presidente de la República y el segundo su ministro de Educación en el quinquenio 2006-2011, «no habrá aumentos sin evaluación», se llega a la radicalización de esta política que se lleva a cabo en la gestión ministerial de Jaime Saavedra, tecnócrata de la filas del Banco Mundial, que abarca tres años (2013-2016) y alcanza dos gobiernos. La experiencia nos ha señalado que no se puede evaluar al maestro sin tomar en cuenta las condiciones materiales, el salario y las condiciones de trabajo en las que desenvuelve. Evaluar a quien no puede reproducir su fuerza de trabajo lleva a una explosión como la que hemos visto en las últimas semanas.

Esta es la «teoría del maestro barato» que llevó a Saavedra, en la práctica enviado del Ministerio de Economía y Finanzas en el Ministerio de Educación, a multiplicar varias veces el número de maestros contratados y adjudicar menos de la mitad de las plazas que tuvo a disposición para nombrados. En otras palabras, multiplicar a los contratados que cuestan menos y evitar a los nombrados que cuestan más. La teoría del maestro barato con una evaluación por encima de sus posibilidades tiene como objetivo tener asustado al magisterio para controlarlo políticamente. Esta es una cuestión clave en un gremio con gran capacidad de protesta como el de los maestros. Ahora bien, ¿por qué se produce esta huelga en junio-julio de este año? Por la amenaza de una evaluación de desempeño para el segundo semestre de 2017, que junto con la ausencia de aumentos a la vista, los maestros interpretan como un procedimiento masivo de despido de la carrera docente. Esto hace que la combinación de bajos sueldos y evaluaciones llegue a su punto de ebullición.

Empero, está también la negativa magisterial –casi de principio– a someterse a cualquier evaluación que tenga consecuencias, en caso de no aprobarla en tres oportunidades, en su salida de la carrera docente. Este es un debate tan antiguo como el inicio de las evaluaciones a principio del siglo XXI. Aquí chocan el interés corporativo del gremio interesado en la estabilidad laboral con el interés social interesado en la calidad de la educación. El mal tratamiento de esta contradicción puede llevar a una radicalización sin salida de los docentes y a su aislamiento del resto de la comunidad educativa y de la sociedad en general. Por ello, es de fundamental importancia un manejo adecuado de la cuestión, que incluya el aumento de las remuneraciones y las pensiones, las capacitaciones necesarias y, finalmente, la participación de los profesores en las evaluaciones.

Pero no solo se trata de salarios y evaluaciones. Los maestros señalan también la necesidad de revisar la Ley General de Educación de 2003 y la Ley de Carrera Pública Magisterial de 2012, así como de aumentar el porcentaje de la riqueza nacional que se dedica a educación en el presupuesto nacional. En este punto plantean una cifra quizá inviable, 10% del PIB, pero si erran en el número no lo hacen en el tema, ya que la meta de 6% se planteó en el Acuerdo Nacional hace 15 años y solo hemos llegado a 3,8% del PIB como presupuesto educativo en la actualidad. Aunque el poder lo niegue, existe una preocupación de estos maestros por la educación en su conjunto, solo que abordar el problema supone revisar leyes y presupuestos y la política educativa ya fracasada, a lo que tercamente se oponen las elites neoliberales, ya que es uno de los pilares de su hegemonía actual.

Todo esto se produce en un contexto de división del sindicato magisterial. Una división que no es nueva y tiene ciertamente como ingredientes la disputa de grupos como Sendero Luminoso y Puka Llacta con Patria Roja, tradicionalmente el partido de mayor influencia sindical en el magisterio. Hoy se observa que la dirección nacional, el Comité Ejecutivo Nacional del SUTEP, en manos de Patria Roja, ha sido largamente rebasado por sus bases, en una magnitud que no puede ser explicada solo por la disputa con los grupos radicales. Es indudable que el efecto de la política neoliberal en los maestros ha sido subestimada por la dirigencia nacional, y esa es la clave de su desplazamiento. No sabemos aún cuál será el futuro del sindicato magisterial, pero la solución corresponde solamente a los maestros y ojalá el resultado sea un sindicato nacional unitario y democrático.

Queda por ver cuál será el resultado de la huelga actual. Ante la fuerza del movimiento social y la falta de alternativas del gobierno de Kuczynski, este parece haber tomado la decisión de liquidar la huelga, es decir, de aparecer derrotándola más allá del acuerdo o el desacuerdo al que se llegue. Esta opción es clara cuando se descalifica a la dirigencia que conduce a la mayoría de las regiones a través del llamado Comité Nacional de Lucha. Primero se anuncia que no se negociará con ella y luego, ante la presión de la opinión pública, se decide hacerlo de manera vergonzante, mediante intermediarios, estableciendo una distancia entre maestros y funcionarios del sector que es resentida por los primeros. En este punto, con la ministra del sector educación Marilú Martens en el sexto piso del Ministerio de Educación y los dirigentes magisteriales en el primero, la negociación lógicamente fracasa. El espectáculo de una negociación que en realidad ha sido una no negociación ha indignado a los huelguistas y los ha llevado a continuar su lucha, recordando el desprecio de la elites de este Perú, en muchos sentidos todavía colonial, por las mayorías populares.

Los gestos hablan por sí solos. Ojalá que los próximas días deparen algo mejor.

*Fuente: http://nuso.org/articulo/peru-maestros-en-huelga-gobierno-en-silencio/

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