Mientras el foco informativo mira la evolución del covid-19, diversos movimientos sociales continúan luchando por el derecho al territorio, a la vivienda y a vivir en paz.
“No queremos tus donaciones. No queremos tus víveres disfrazados de intenciones de exploración”, dice el comunicado de comuneros y autoridades de rondas campesinas de las provincias de Huancabamba y Ayabaca, en la región Piura, norte del Perú.
De ese modo, el 21 de abril las comunidades afectadas por la empresa minera Río Blanco Cooper SA, rechazaron la maniobra de la minera que desde hace años pretende ingresar en esa zona y que ahora se aprovecha de las necesidades para dividir a la población.
El comunicado destaca que la empresa “disfraza sus verdaderas intenciones a través de donaciones”, ya que “desde que llegó a nuestra provincia solo ha traído muerte y ahora viene tendiendo actos de persecución y juicios iniciados contra nuestros dirigentes”. Les dicen que las medicinas que dona “no servirán cuando contamines nuestro medio ambiente y nuestras aguas” y que la ropa que quieren donar “no servirá cuando destruyas nuestros bosques de neblina”.
Además responsabiliza a la minera Rio Blanco “de las acciones que tome cada base o central de rondas contra sus promotores en la zona quienes deben estar en su casa y no dividiendo a nuestra población”.
La oposición a la megaminería en la selva amazónica o en las regiones andinas no han parado con la crisis del covid-19
Raphael Hoetmer, que ha acompañado las resistencias y marchas de los comuneros de Ayabaca, reflexiona por teléfono sobre la importancia del páramo y de los bosques de neblinas para el abastecimiento de agua de Piura y Cajamarca. “Es una zona de fuerte organización campesina, con rondas autónomas y autogestión de la vida. Rechazan la minería porque, aunque se saben pobres, quieren conservar un modo de vida que les ofrece bienestar y libertad, que empeoraría con la minería”.
Otra muestra de dignidad la ofrecen las comunidades de Morona Santiago (Ecuador), que son denunciadas por la minera Explorcobres, por haber atacado el campamento La Esperanza el 28 de marzo. Siempre según la empresa, los comuneros —a los que tilda de “delincuentes”—, tomaron el campamentos , “quemaron varias instalaciones, equipos y un vehículo”.
También en Ecuador, la comunidad San Pedro Yumate, que resiste a la minera Río Blanco en el macizo de Cajas, a una hora de Cuenca, instaló el lunes la tercera pluma (barrera) frente a la vía Cuenca-Molleturo-Naranjal, en una minga para impedir el paso a carros y personas no autorizadas por la asamblea comunitaria, nos escribe Paul desde su momentáneo confinamiento entre los shuar, en la Amazonía.
Mientras las mineras destruyen vidas, contaminan aguas y montes poniendo en riesgo la continuidad de las comunidades, los campesinos e indígenas no golpearon ni atacaron a ninguna persona, solo las instalaciones de las empresas multinacionales.
Seguimos en la región andina. El compañero y antropólogo Rodrigo Montoya nos envía un texto maravilloso, titulado “Aquí termina Lima”. Relata que miles de pobladores de Lima, que migraron años atrás desde diferentes provincias andinas, emprendieron una marcha de retorno a sus pueblos. “No se trataba de manifestante camino a una plaza pública para protestar”. Tenían en común su deseo de irse de la mega ciudad.
“La mayoría de caminantes era joven y tenía rostro andino”, escribe Rodrigo, que a sus casi 70 años fue alumno de la escuelita zapatista. Traigo este recuerdo porque es un compañero que ha hecho de su compromiso una forma vida. Aunque no sabe si desean irse de la capital para siempre, constata que se trata de un hecho “tal vez, demasiado importante”.
Se van de Lima porque no tienen trabajo, pasan hambre, y porque el individualismo de la gran ciudad golpea sus corazones. “A los viajeros de regreso les queda la reciprocidad del ayni —un día de trabajo por un día de trabajo, una carga de leña por una carga de leña— y la minga —un día de trabajo por una comida, con música, bebida y baile— entre familiares de un mismo ayllu o comunidad, como el último recurso en las tierras altas, allí donde los retornantes sin virus esperan llegar y ser bien recibidos”.
Tal vez estamos ante el comienzo de un ciclo inverso, la migración de la ciudad al campo, como nos proponen estos días los rebeldes de Rojava, “volver a la tierra” para “repoblar aldeas rurales”, como reza el comunicado del Comité de Solidaridad con Kurdistán de Ciudad de México. Siento que lo que están haciendo unos cuantos andinos, es todo un programa para enfrentar el colapso del sistema.
En Montevideo (Uruguay), desde enero ha tenido lugar “la mayor ocupación de terrenos en 50 años” producto de una explosión social “como la de Santiago de Chile”
Desde la región andina vamos hasta Montevideo (Uruguay). Allí se produjo lo que un jerarca del gobierno municipal definió como “la ocupación urbana más grande de los últimos 50 años”. Se trata de unas mil familias que ocupan un enorme predio de una empresa de servicios portuarios, abandonado desde hacia 50 años, cuyos dueños tienen una elevada deuda con el Estado..
La ocupación comenzó en enero con apenas 28 familias, en Santa Catalina, la periferia pobre del oeste de Montevideo. La necesidad provocó un estallido de familias que decidieron correr el riesgo de tomar un terreno privado, para superar el hacinamiento en el que viven. El jueves 16 de abril el Ministerio del Interior desplegó un fuerte operativo con decenas de policías, helicópteros y drones, deteniendo a cinco vecinos. Dos de ellas fueron procesadas con prisión domiciliaria.
El lunes 20 de abril, desafiando la cuarentena, entre 50 y cien ocupantes se manifestaron frente a la casa de Gobierno. Resistieron el desalojo, tomaron la iniciativa y desafiaron la cuarentena. Se trata de trabajadores empobrecidos, desocupados, empleadas domésticas, changarines, pescadores y hasta algunos policías, que no pueden siquiera pagar un modesto alquiler en una zona que fue cuna del movimiento obrero.
El abogado Pablo Ghirardo, que representa sindicatos y trabajó durante varios meses con los ocupantes del barrio que bautizaron Nuevo Comienzo, asegura que lo hicieron “por el hacinamiento, ya que viven hasta siete personas en un mono-ambiente que se llueve, además de la fuerte especulación inmobiliaria que hace impagables los alquileres”. En la concentración portaban pancartas donde se leía: “Tierra para quienes la habitan” y “No nos condenen por ser pobres”.
En el barrio funciona un merendero con donaciones de varios sindicatos y de vecinos solidarios. Trazaron las futuras calles y dejaron lugares libres para espacios colectivos y el salón comunal. Están tan bien organizados que la policía no pudo desalojados. La estaca que un día de enero colocó una vecina para marcar su espacio en un terreno baldío, se multiplicó hasta convertirse en barrio.
Jorge Zabalza califica la masiva ocupación como “una explosión social como la que iniciaron aquellos estudiantes que saltaron los controles en el metro de Santiago de Chile”. Cientos de miles son expulsados por el modelo extractivo a los márgenes de la ciudad. Para Zabalza, “la iniciativa individual que se volvió alud colectivo permite adivinar la existencia de un imaginario que anticipa futuras rebeldías populares”.
Fuente e imagen: https://www.elsaltodiario.com/coronavirus/movimientos-en-la-pandemia-nuevo-comienzo-rebosante-dignidad-autonomia
Japan is on the cusp of considering reopening schools nationwide but would do better by focusing on ramping up online learning, says Yuka Hasegawa.
It’s been barely two months since Japanese Prime Minister Abe issued an order on Feb 27 for schools to close as part of a first phase of nationwide restrictions to halt the spread of COVID-19 but it feels like forever.
With the announcement coming just four days before the actual shuttering, teachers say they were not given enough heads-up to prepare for education to continue apace while students stay home or design suitable homework.
One might think it strange home-based learning has become this huge challenge for Japan, but the country’s technologically superior reputation masks society’s low-tech workings.
Soon after the news broke, Japanese students and their parents were called back before the closure to collect assignments for the break. These took the form of paper worksheets.
An elementary school student and her mother walk toward her school in Tokyo, Japan, February 28, 2020. (Photo: REUTERS/Issei Kato)
Indeed, the Japanese education system scores well on paper.
The education system continues to produce top-performing students since the inception of the Organisation of Economic Cooperation and Development’s Programme for International Student Assessment, with bigger proportions of the country attaining tertiary education compared to OECD averages.
But a deeper dive into what makes the system tick reveals vulnerabilities in an increasingly digital world when it hasn’t quite made that leap towards embracing information and communications technologies (ICT).
On a macro level, Japan’s public expenditure on primary, secondary and post-secondary education is 2.9 per cent of GDP – one of the lowest among 35 countries – according to an OECD Education at a Glance survey 2019.
Much of it goes to Japanese educators, who pull in some of the world’s longest hours, and have demurred from introducing new technology and teaching methods into the classroom because of lack of familiarity and resistance to change.
What this has also translated into is a sluggishness to transform, where decades-old, one-way instructional teaching remains dominant despite the world increasingly needing education systems to cultivate curiosity, critical thinking and agility, which requires team-based learning and two-way discussions.
On a micro level, that has manifested in low investments in ICT, hindering the adoption of online learning.
There is only one computer for every 5.4 students in public elementary and junior high schools. Few districts have given out computers or tablets for home-based learning during this school closure.
The Japanese government only recently put in place plans to ramp up ICT infrastructure in schools, and for every student to have access to a computer, with 231 billion yen (US$2.15 billion) allocated under a Global Innovation Gateway for All (GIGA) school programme over the next four years.
FILE PHOTO: School students participate in a special lecture about national flags by Tokyo 2020 Olympic and Paralympic Games flag organiser Tadamasa Fukiura (not pictured) at Koto City Ariake Nishi Gakuen in Tokyo, Japan February 10, 2020. REUTERS/Ju-min Park
Even as I write this, in Osaka, one of the countries’ busiest and most densely populated cities, parents have headed to schools to pick up new textbooks and assignments twice in April, and have become responsible for checking their kids’ schoolwork.
This stymying of the adoption of tech also has knock-on effects given the need for social distancing. Take for example, the idea that teachers say they have found keeping tabs on individual students to be close to impossible – because schools have only a limited number of phone lines.
Information regarding assistance for low-income households that need computers and plans for the future regarding home-based learning have not been forthcoming.
JAPAN’S EDUCATION SYSTEM RESTS ON ONLINE LEARNING
The Japanese government knows this situation is less than tenable.
But instead of funneling more resources towards getting online learning up to mark, they are sidestepping that elephant in the room and allowing prefecture authorities to decide, in consultation with the national COVID-19 public health expert panel, whether schools can be reopened, on a case-by-case basis.
Yet risk-averse local governors have kept 95 per cent of the 300,000 public elementary and junior high schools closed as of last week.
Japan knows it has a lot riding now on the Japanese government’s announced acceleration of the GIGA initiative to provide one computer for each student within the 2020 fiscal year.
These plans, long overdue, are supposed to provide for critical infrastructure for households to make online learning a reality, including the rental of mobile routers for those in need and the implementation of a remote learning system.
Schools in Japan have been closed, but that could be counterproductive, experts say. (Photo: AFP/STR)
Yet whither are such plans? Frustrated Tokyo parents, fed up with the lack of progress on this front, have taken to circulating surveys regarding their status and submitting their findings to municipal authorities and the Tokyo Metropolitan Board of Education.
UNINTENDED CONSEQUENCES
Much has been put on hold while schools scramble to find their footing, with the school term neither here nor there.
Seven prefectures postponed first days of schools, meaning new students have yet to see their classmates or teachers, but, weirdly, have worksheets for studying at home and little contact with their teachers.
The lack of communication is throwing what has been a big transition point in the lives of many students into disarray, though in a warped way, this disorientating feeling is a rare, shared experience many Japanese are finding some level of togetherness on as the pandemic threatens to split Japanese society.
While COVID-19 is bringing into sharper focus the digital challenges that have plagued Japan’s education system, it has also accentuated disparities between well-funded private schools, where students have easy access to advanced educational online resources and an array of personal devices that aid remote learning, and scrappier public schools that do not have the benefit of generous corporate sponsors or well-endowed, successful alumni.
When much of Japan’s aspirations to be an egalitarian society rests on the small shoulders of the education system, public schools have ironically avoided technological adoption to avoid avert accentuating disparities between families that can afford electronic devices and those who cannot.
Yet, such a disposition has put all their students at a far greater disadvantage this coronavirus outbreak.
Where over 1.4 million students (or about 15 per cent) have subscribed to lunch school fees, these needed services have also been suspended given distribution challenges, with the food donated to quarantined patients cooped up in hotel facilities.
A LOST GENERATION?
Much has been said about the lost generation of Japanese graduates who entered the job market in the decade after the early-1990s, when the country underwent a period of stagnation. Japan is facing a situation of similarly unprecedented proportions.
An employee of an official nursery school taking care of young children in Yokohama. (Photo: AFP)
Some hope lies ahead as Osaka governor Hirofumi Yoshimura announced on Apr 22 an intention to shorten the summer vacation to secure class time for schools if the coronavirus comes under better control.
But news of a Toyama prefecture cluster that same day, where four students and a class teacher in Shinmei Elementary School were found to be infected with the coronavirus despite being in contact for only four days, suggest we are unlikely to see a mass reopening of all schools in Japan even if significant precautions were taken.
Until the virus can be brought under control, Japan needs to ramp up its ability to roll out online learning.
That has been talk about tech but more focus should be shone on the human beings, especially the policymakers who must get into swift action to make this happen. This would especially require the cooperation of educators to embrace uncertainty and adapt to new ways of teaching.
Source of the notice: https://www.channelnewsasia.com/news/commentary/japan-close-schools-coronavirus-covid-19-online-learning-laptops-12683174
Si en la memoria histórica de la pandemia iremos de incluir la muerte de una niña de 12 años por hambre, es señal de que Bolivia anda muy mal. Somos el país líder en tristeza. ¿Qué nos muestra esta aciaga realidad? Que en ausencia de políticas sociales más certeras, queda agudizar la sensibilidad e intensificar los lazos solidarios en las redes familiares, vecinales y comunitarias que nos rodean para soslayar la muerte.
Las redes solidarias son prácticas precoloniales que permitieron soportar la vida en momentos de dureza y crisis de diferente índole. La ciencia y la tecnología a esta altura del siglo XXI han demostrado no ser suficientes para prevenir y enfrentar crisis sanitarias como la actual, por lo que tendremos que echar mano de un bien cultural valioso, como la solidaridad.
Las tendencias en el mundo vislumbran que la pandemia del coronavirus no presenta una temporalidad exacta. Esa variabilidad en los periodos de su desarrollo irá a desencadenar, inevitablemente, escasez, desempleo, hambruna, angustia y miedo ante la incertidumbre del hoy y el mañana, tanto de lo material como primera necesidad como lo utilitario, generado por la sociedad de consumo capitalista.
En ese devenir, la autoorganización de la sociedad desde su experiencia comunal, urbana y rural, alumbra un camino alternativo que puede reducir las carencias y quién sabe, ojalá, salvar vidas. Varias acciones ya han montado el andamiaje de esa estructura societal hace algunas semanas y esperemos perduren.
Carteles con “Toma lo que necesita” acompañan alimentos puestos en mesas callejeras y bolsas colgadas en las rejas de los garajes. Camiones de frutas distribuyen en casas de zonas populares. Ollas comunes se preparan en colegios e iglesias. Empieza a moverse la máquina de la solidaridad en los difíciles y complejos días que irrumpen en la vida cotidiana.
Los mercados y ferias están ahí puntuales, pero la oferta sube cada vez más los precios para bolsillos que se achican como uno de los efectos de la Covid19. Esa es la suerte de la población más carente de condiciones para enfrentar las restricciones que provoca la enfermedad, pero que también provoca la política social del gobierno transitorio, insuficiente e insostenible. Amplios sectores no recibirán los bonos o no aguantarán el peso del calendario.
La respuesta provisoria de la solidaridad a través de las redes vecinales, populares, familiares, gremiales y de organizaciones sociales y religiosas, es y será absolutamente imprescindible. Pequeñas y medianas empresas también aportan de acuerdo a sus posibilidades. En algunas plazas se pueden ver bolsas colgadas con pan, verduras y con el desprendimiento de la gente. La persona o familia que lo necesita va y lo toma. No hace falta ningún resguardo uniformado.
También existen donaciones mayores, como los camiones desplazados desde el Trópico hacia el Altiplano y los Valles. Esas acciones malinterpretadas y castigadas, fueron el bienestar de muchas familias. En algunas iglesias y colegios, las ollas comunes, donde vecinas y vecinos entregan alimentos, por turno, puede comer la gente que vive en la calle, que fue abandonada u olvidada. Incluso en Pisiga y Colchane, donde han confinado a varios compatriotas, la olla común ha mitigado el hambre de centenares de personas.
Así cual telaraña, la red de redes solidarias se extiende por el territorio nacional. En ese sentido, el aislamiento obligatorio encierra nuestra individualidad, mas no nuestro “yo colectivo”. Que así sea.
Fuente del artículo: https://rebelion.org/hambre-y-redes-solidarias/
Imaginen que una nave tripulada por seres procedentes de otra civilización inteligente (distinta a la nuestra, por lo tanto) se acerca a la Tierra para conocer su naturaleza y cómo vivimos sus habitantes.
Enseguida descubren que allí se ha propagado un virus que infecta a millones de personas y que produce docenas de miles de muertes, en casi todos los lugares y muchas más de las que registran las estadísticas a las que tienen acceso, gracias a su conocimiento y tecnología, muy superiores a los de la Tierra.
Para saber la situación más concreta, los efectos que realmente está teniendo la epidemia y las medidas que estos humanos llevan a cabo para paliarlos, deciden acudir a la más alta autoridad de la máxima potencia económica, militar, cultural y política de ese planeta, el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Justo cuando van a ponerse en contacto con él, se encuentra dando una rueda de prensa en la que propone inyectar desinfectante y luz en el cuerpo de las personas afectadas como forma de acabar con él. Incrédulos, los visitantes deciden, entonces, recurrir a otras fuentes de conocimiento.
Comprueban más tarde que, al principio de la epidemia, todos los líderes y gobiernos de planeta le había quitado importancia pero que ahora todos sin ninguna excepción la contemplan con sofoco y la consideran de gran peligro. Ya saben que se trata de un mal global, cuya expansión no es posible detener mediante fronteras físicas y que se requeriría una actuación así mismo global para poder hacerle frente con algún éxito, por ejemplo, compartiendo recursos sanitarios, investigando en equipo la obtención de vacunas o poniendo a disposición unos de otros el conocimiento y los medios materiales, personales o económicos necesarios para evitar una catástrofe.
Los visitantes, sin embargo, comprueban que no se ha producido ningún tipo de encuentro global porque las instituciones en donde solían sentarse todos los países del planeta sin excepción, como las Naciones Unidas, hace tiempo que están devaluadas y apenas tienen influencia en las decisiones de los países más poderosos. Es más, el presidente de la gran potencia mundial había decidido que su país (el más rico del planeta) dejase de contribuir y colaborar, precisamente en ese momento, con su oficina dedicada a combatir este tipo de desastres sanitarios, la Organización Mundial de la Salud.
Los visitantes extraterrestres no pueden explicarse la actuación de los humanos de la Tierra en materia de prevención vírica. Los científicos de ese planeta saben que allí hay más de 300.000 virus que podrían producir un efecto parecido o peor que el Covid-19 y, a pesar de ello, sus gobiernos siguen dejando el descubrimiento de vacunas y remedios en manos de laboratorios privados, los cuales, lógicamente sólo tratarán de descubrir aquello que resulte rentable a sus propios negocios y no al interés general. La situación de desarme sanitario les parece tan increíble como absurda. No pueden entender que Estados Unidos dedique casi 600.000 millones de euros a gasto militar y luego resulte que el 80 % de las medicinas que se consumen en su interior provengan de China, que se supone que es uno de los adversarios que justifican semejante dispendio militar.
Los visitantes se sorprenden especialmente de esta falta de colaboración global cuando se dan cuenta de que las cadenas globales de suministro de alimentos están cediendo, algo que ha puesto de relieve, entre otros muchos investigadores, un economista al servicio de la FAO, la oficina de las Naciones Unidas dedicada a los problemas de la alimentación, en un artículo aparecido en la revista Nature. Allí se señalan algunos ejemplos de lo que, en realidad, está pasando en todo el país: «En India, los agricultores están alimentando con fresas a las vacas porque no pueden transportar la fruta a los mercados de las ciudades. En Perú, los productores están vertiendo toneladas de cacao blanco en el vertedero porque los restaurantes y hoteles que normalmente lo comprarían están cerrados. Y en los Estados Unidos y Canadá, los agricultores tuvieron que tirar la leche por la misma razón. Legiones de trabajadores migrantes de Europa del Este y África del Norte están atrapados en las fronteras, en lugar de cosechar en las granjas de Francia, Alemania e Italia. Estados Unidos, Canadá y Australia dependen en gran medida de los trabajadores agrícolas temporales que no pueden viajar debido a restricciones de virus». Y también se advierte en ese artículo de que el miedo a la pandemia ha producido «reacciones en cadena caóticas» muy peligrosas que ya han hecho subir los precios de productos básicos para la alimentación humana, como el trigo (8 % en comparación con los de marzo del año pasado) o el arroz (25 %).
Esa información hace que los visitantes se interesen por el hambre y descubren también que afecta a 821 millones de personas, a pesar de que sólo con los productos alimenticios que se desperdician en todo el planeta se podría alimentar a 1.260 millones de seres humanos todos los años. Cuando analizan la forma en que los humanos de la Tierra organizan la producción y el consumo de los productos básicos que necesitan, los visitantes se sorprenden sobremanera del gran daño que provocan sobre su medio ambiente natural y, a su vez, del coste tan enorme que esto lleva consigo, tanto en dinero como en vidas humanas.
Así, la contaminación del aire mata a siete millones de personas cada año y los desastres naturales causados por el clima a unas 600.000. El 40 % de la población mundial ya tiene problemas con la escasez de agua y todos los años mueren 2,2 millones de personas por simples diarreas. Como consecuencia en gran parte del modo de vida existente en la Tierra, el nivel del mar ha subido el doble de lo previsto en los últimos 25 años, un tercio de las especies marinas están en riesgo por el cambio climático, las capas de hielo que cubren la superficie terrestre se están descongelando un 20 % más de lo previsto por los científicos y la del Ártico se ha reducido en un 40 % en los últimos 35 años. La deforestación (que produce la quinta parte de las emisiones de CO2 que destruyen la Tierra) avanza a un ritmo de 13 millones de hectáreas cada año (casi la cuarta parte de España). Al ritmo en que se produce y consume en el planeta que van a visitar, en 2050 vivirán en tierras desertificadas unos 4.000 millones de personas y la resistencia a los antibióticos, provocada entre otras causas por los contaminantes vertidos en el agua y en los alimentos, será la primera causa de muerte en el mundo ese año.
A los visitantes les confunde la forma económica tan extraña con que los habitantes de la Tierra hacen frente a estos problemas pues se calcula que podrían evitarse con 19,5 billones de euros, mientras que el coste de soportarlos supone 47 billones. Y también les resulta incomprensible que los actuales habitantes de la Tierra no tengan en cuenta que después de los que viven ahora allí tendrán que venir otras generaciones futuras, sus hijos, nietos y biznietos, cuyo bienestar y forma de vida no parece preocuparles. Aunque igualmente les sorprende el escaso cuidado que tienen con los niños pues, como señalaba el informe Acción humanitaria para la infancia 2019 de UNICEF que han consultado, «la infancia sufre la mayor amenaza para su desarrollo en los últimos 30 años». Algo que también produce perplejidad a los alienígenas, porque en ese informe se indica que sólo harían falta 3.500 millones dólares para conseguir que todos los menores del planeta tuvieran cubiertas sus necesidades básicas, más o menos los presupuestos de los 20 o 25 equipos de fútbol europeos con mayor presupuesto.
Las cuestiones económicas asociadas con la propagación del virus llaman extraordinariamente la atención de los visitantes. En concreto, que tampoco en este campo haya habido una respuesta global a los cientos de millones de desempleos que va a producir, ni a la pérdida de las miles de empresas que proporcionan los suministros básicos para la población. Les sorprende también la imprevisión ante la gigantesca crisis de deuda que inevitablemente se producirá una vez que se salga de la crisis actual. Aunque nada les produce tanto estupor como el hecho de que en la Tierra se dediquen casi 125 veces más recursos a realizar apuestas en una especie de casinos financieros, para estos visitantes completamente desconocidos y cuya lógica apenas entienden, que para las actividades directamente encaminadas a satisfacer sus necesidades reales. Unos casinos a cuyo mantenimiento se dedica más atención en la Tierra que al cuidado y a la vida de los seres vivos.
Los visitantes, en fin, tampoco pueden entender que en el planeta que desde las profundidades del espacio se muestra con una belleza formidable sea, en realidad, un infierno innecesario para una parte tan grande de sus pobladores. Y no pueden explicarse cómo, a pesar de la existencia de tantos dioses e iglesias que pregonan la bondad y el amor por todas sus esquinas, haya tantos conflictos armados, un ambiente tan extendido de odio y revanchismo y un sentido tan escaso de la solidaridad y de la cooperación mutua.
Más que nada, en el informe que realizarán de sus descubrimientos sobre el planeta Tierra, destacarán la falta de conciencia de sus pobladores sobre su propia existencia y sobre el hecho de que conforman una civilización que se encuentra en peligro real y cercano de extinción como consecuencia de sus decisiones decisiones.
Ya de vuelta, uno de los alienígenas señaló en su tableta orgánica una de las páginas de Pensamientos despeinados, un librito de Stanislaw J. Lec que había escaneado como recuerdo en la biblioteca de unos pueblos que habían visitado.
– Aquí está lo que les pasa a estos humanos, dijo: es un planeta que «tiene la conciencia limpia; no la ha usado nunca».
Fuente del artículo: https://rebelion.org/inconscientes/
Líderes indígenas solicitan se atienda abastecimiento de artículos de primera necesidad en las comunidades y se definan los protocolos para llevar insumos.
Monitores forestales ayudan en la divulgación de información para prevenir contagio por coronavirus.
El cierre total de sus territorios fue la primera medida que adoptaron las comunidades indígenas cuando el gobierno peruano, el 16 de marzo, decretó el Estado de Emergencia ante el avance del coronavirus.
Cerraron caminos, puentes, impidieron el ingreso de embarcaciones por ríos e incluso prohibieron los vuelos a lugares lejanos. Así, casi un millón de personas que viven en comunidades indígenas amazónicas de Perú apostaron por el aislamiento como la mejor forma de protegerse de la amenaza del nuevo virus.
Los pueblos indígenas se abastecen con los productos que cultivan o que obtienen de los ríos. Foto: Archivo Mongabay Latam.
Ahora, a un mes del inicio del aislamiento en Perú, las comunidades enfrentan más de un problema. Escasez de productos básicos, falta de servicios de salud y la ausencia de protocolos para atender a esta población ya de por sí vulnerable ante cualquier enfermedad.
“Durante las tres primeras semanas de cuarentena hemos insistido para ser visibles ante el gobierno”, dice Lizardo Cauper, presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep).
El líder indígena señala que entre las propuestas presentadas al Ejecutivo consideran como las más importantes la atención en los servicios de salud, la implementación de un mecanismo de apoyo económico, la entrega de alimentos de primera necesidad y de mascarillas para su protección. “Se tienen que tener listos los protocolos desde el Estado. ¿Por qué han demorado tanto en visibilizar a los pueblos indígenas?»
El presidente Martín Vizcarra informa todos los días sobre el avance del COVID-19. Foto: Agencia Andina.
El jueves 9 de abril, el presidente Martín Vizcarra dijo que el gobierno está preparando un plan específico para las comunidades indígenas y amazónicas. “Como Estado debemos tener una propuesta integral de atención”, manifestó. Sin embargo, el tiempo pasa y los planes aún no se concretan.
Por lo menos 200 miembros de comunidades indígenas estaban de paso en Iquitos cuando el gobierno peruano decretó el Estado de Emergencia y el inicio de la cuarentena. La mayoría había llegado a la ciudad para hacer trámites de rutina o recibir atención médica.
Desde entonces, la situación se tornó crítica para estas personas que no contaban con los recursos suficientes para permanecer en la ciudad durante la cuarentena.
Las poblaciones indígenas son las más vulnerables debido debido a los altos índices de anemia y desnutrición. Foto: Ministerio de Cultura.
“Incertidumbre, abandono, necesidad, son los sentimientos de nuestros hermanos que vinieron a Iquitos sin saber que no iban a regresar a sus comunidades por la cuarentena”, dice Jorge Pérez, presidente de la Organización Regional de Pueblos Indígenas del Oriente (Orpio).
El líder indígena cuenta que algunos de ellos dormían en sus botes anclados en los puertos y trataban de sobrevivir como podían, mientras otros recibían ayuda de sus familiares. “Sus viviendas son muy precarias y comparten espacios muy reducidos”, apunta.
Hasta ahora, la única atención que han recibido ha sido la entrega de canastas con productos básicos que ordenó el gobierno se entregue a las familias de menos recursos.
Las comunidades indígenas tomaron la decisión de cerrar sus territorios desde que se decretó el Estado de Emergencia en Perú. Foto: Ministerio de Cultura.
Pero no ha sido el único caso. “Hemos mapeado unos 500 indígenas que viven en Lima que son awajún y wampís. Y desde Ucayali nos ha llegado una lista que solicita el bono de 380 soles”, dice Ángela Acevedo, viceministra de Interculturalidad del Ministerio de Cultura.
Loreto es una de las regiones con mayor cantidad de casos de COVID-19 en Perú, hasta el momento se han reportado 332 casos en esa región y son nueve las personas fallecidas.
Hace una semana, el virus llegó al centro poblado San Lorenzo, en Datem del Marañón, habitado por indígenas y colonos. El temor ante la llegada del coronavirus está presente en todas las comunidades indígenas.
Los pueblos de la Selva Central vigilan los ingresos por carretera a sus comunidades. Foto: Agencia Andina.
“No hay abastecimiento de insumos básicos. Los pueblos indígenas están abandonados. Solo una cooperante pudo llegar a tiempo con ayuda de víveres a los sectores de Santa Clotilde y Cushillococha”, agrega Pérez de Orpio.
El miércoles 8 de abril, una comisión multisectorial se reunió para evaluar la situación de Loreto. “Hemos establecido el comando Covid en esa región y continuaremos con las otras regiones amazónicas”, explica Acevedo, viceministra de Interculturalidad.
Acevedo señala que han sido las mismas organizaciones indígenas las que han colocado los temas en la agenda. Uno de estos puntos es la escasez de productos básicos en las comunidades. “Estamos evaluando cómo llegar a las comunidades para complementar su canasta básica. Pero tenemos que hacerlo con las mejores condiciones. El protocolo lo tenemos que diseñar con el sector Salud. Si se toma la decisión de llevar algo tiene que ser con toda la seguridad necesaria”, aclara.
Por su parte, el presidente de Orpio reclama que el tema indígena no es una prioridad. “Tuvimos que insistir para que nos escuchen”, comenta con relación a la reunión de todos los sectores para analizar las acciones en Loreto.
Una comisión multisectorial se reunió en Loreto para evaluar la situación de la región por el avance del COVID-19. Foto: Orpio.
“En Ucayali hay migrantes indígenas que viven en las ciudades en los denominados Asentamientos Urbanos Interculturales”, comenta Berlin Diques, presidente de la Organización Regional Aidesep Ucayali (ORAU).
Diques señala que estas comunidades urbanas congregan a una gran cantidad de personas. Le preocupa que se trata de población vulnerable porque ganan su sustento diario con trabajos informales. “Ahora no pueden realizar sus actividades y los problemas de falta de alimentos se agudizan para ellos”.
Julio Cusuriche, presidente de la Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes (Fenamad), señala que cumplir la cuarentena está resultando difícil para las 37 comunidades que pertenecen a esta organización.
El 25 de marzo, Fenamad envió una carta a la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Ariela Luna, solicitando que se incluya a las comunidades nativas en la entrega del bono de 380 soles que ha dispuesto el gobierno para las familias de escasos recursos económicos. “Ha empezado la escasez de los productos que no se producen en el campo. Y el bono de 380 soles no llega a las comunidades”, precisa Cusuriche.
Las comunidades se organizan para vigilar el ingreso a sus territorios. Foto: Agencia Andina.
El presidente de la Fenamad precisa que los líderes indígenas de la organización se mantienen en constante comunicación para tener un panorama de lo que sucede cada día en las comunidades. “No se permite el ingreso ni salida de los territorios. Las comunidades nativas fueron las primeras que cerraron sus fronteras para cumplir el aislamiento social. El control lo hacen los mismos comuneros, sin la presencia de policías y militares”.
Walter Quertehuari, presidente del Ejecutor del Contrato de Administración de la Reserva Comunal Amarakaeri (ECA-RCA), señala que su mayor preocupación es la posibilidad de que ingresen personas ajenas a la comunidad por el acceso que hay hacia la región Cusco. “Sabemos que hay personas que están escapando para la selva, además que transitan vehículos que trasladan alimentos. Tememos que el virus llegue porque somos una población muy vulnerable”.
En Loreto el aislamiento de las comunidades no ha sido del todo respetado. Cuando ya se había decretado la cuarentena, embarcaciones que salen desde Iquitos hacia Mazán y el río Napo partieron evadiendo la orden de inamovilidad.
La vigilancia también se da en las riberas de los ríos por donde transitan embarcaciones hacia as comunidades. Foto: Orpio.
“Hemos tenido que bloquear los ríos para impedir que transite cualquier tipo de embarcación”, cuenta Betty Rubio, presidenta de la Federación de Comunidades Nativas del Medio Napo Curaray y Arabela (Feconamncua).
La viceministra de Interculturalidad, Acevedo, señala que uno de los ejes considerados para atender a la población indígena es el control territorial. “Existen demandas para lograr un control efectivo en ríos y puertos y estamos coordinando con los gobiernos regionales y las Fuerzas Armadas. Inicialmente no hubo un control efectivo en los ríos”, reconoce.
Acevedo confirma que durante la primera semana de aislamiento social hubo embarcaciones que partieron de Iquitos, pero que el gobierno regional ha tomado el control. Sin embargo, la funcionaria señala que la realidad de cada región es distinta y por ello deben actuar de acuerdo a cada lugar. “En la selva central el acceso es principalmente por carretera, mientras que en Madre de Dios los ingresos se pueden dar por Puerto Maldonado o Cusco. Esto nos plantea más retos para resguardar sus vidas”.
Desde la Selva Central, Irupé Cañari, asesora legal del Comité Central de Autodefensa del Valle del Río Ene (CARE) también se refirió a los problemas de tránsito que se han presentado en la Selva Central. “Existe mucho traslado de colonos de la cuenca del Ene, trabajadores migrantes que se habían trasladado de Ayacucho, Junín y Cusco hacia el VRAEM. Ahora están tratando de regresar a su localidad tomando la ruta que va desde Pichari en Cusco hasta Satipo en Junín”.
En la ruta de Pichari a Satipo existen varias comunidades nativas. Fuente: Google maps.
En este caso preocupa a Cañari que quienes circulan por esta vía se conviertan en un riesgo de contagio para las comunidades indígenas ubicadas a lo largo de la carretera. “La semana pasada hubo movimiento masivo por esta carretera. Nos preocupa porque potencializa el riesgo”.
Cañari también menciona que hasta el momento no hay ningún caso de COVID-19 en las comunidades nativas de la Selva Central. “Eso es alentador”, agrega. Sin embargo, le preocupa que ya se han reportado dos contagios en Pichanaki, ciudad ubicada a una hora de Satipo, zona de ingreso a las comunidades nativas del VRAEM.
Los monitores forestales de Loreto están usando ahora la tecnología que tienen al alcance para difundir entre las comunidades indígenas las acciones de prevención contra la pandemia.
Monitores forestales utilizan la tecnología para informar sobre prevención por el coronavirus. Foto: Orpio.
“Enviamos las cartillas e infografías con información de cómo prevenir el contagio a través del whatssapp de los teléfonos que usamos para el monitoreo de las acciones ilegales en nuestros territorios”, cuenta Betty Rubio, presidenta de Feconamncua e integrante de la red de monitores forestales creada por la organización Rainforest Fundation US.
Así, relata Rubio, las medidas de prevención están llegando a las comunidades del río Napo en Loreto, además de que pueden intercambiar información de lo que sucede en cada lugar.
Los monitores han descargado la infografía elaborada por Orpio en los teléfonos y tablets que normalmente usan para rastrear la deforestación. Estas herramientas tecnológicas ahora las utilizan para brindar información a las comunidades.
En las comunidades se elaboran paneles con información relevante sobre el COVID-19. Foto: Orpio.
Una acción que busca, de alguna forma, suplir las serias deficiencias que presentan los servicios de salud en las comunidades nativas. Según el censo de 2017, de cada diez comunidades indígenas en Perú, menos de cuatro cuentan con un centro de salud en sus territorios, situación que coloca a los pueblos indígenas en mayor riesgo.
Según la antropóloga Beatriz Huertas, la situación de los pueblos indígenas es de extrema vulnerabilidad. La desnutrición y anemia, así como la alta prevalencia hepatitis B, tuberculosis, malaria o dengue los dejan sumamente expuestos a otras enfermedades.
Zebelio Kayap, líder indígena de las etnias awajún y wampís en la zona de frontera con Ecuador, menciona que en muchas comunidades nativas no se cuenta con centros de atención médica y en la situación actual de cuarentena tampoco llegan las brigadas de salud para que informen sobre el coronavirus.
“Brindamos información por teléfono. Pero donde no hay cobertura telefónica ni radio, no podemos alertar de los riesgos ni de las medidas de prevención”, comenta el líder indígena.
Las organizaciones indígenas difunden por redes sociales mensajes de prevención y atención de la emergencia. Fuente: Orpio.
“El Estado hasta ahora no tiene un plan de contingencia para las poblaciones vulnerables. Los puestos de salud de las comunidades nativas, cuando existen, están muy mal implementados. Si ocurre un caso de contagio en una comunidad, sería devastador, porque no estamos preparados”, dice Diques, presidente de ORAU.
Irupé Cañari de CARE también se refiere a los problemas de atención de salud en las comunidades. “No se han habilitado espacios específicos para atender a pacientes con COVID-19, tampoco hay protocolos de atención para pueblos indígenas. No sabemos cómo proceder en el hipotético caso de que se presente una persona afectada por el virus, ni como sería el traslado”.
La viceministra de Interculturalidad, Ángela Acevedo, comenta que los problemas de los últimos años en el sector salud en esta situación de emergencia se han hecho más evidentes. “Si bien no ha llegado el virus a las comunidades, existe un alto riesgo. Estamos viendo el mejor mecanismo para definir un protocolo de salud adecuado”.
Desde Amarakaeri, el líder indígena Quertehuari recuerda que hay muchas comunidades sin agua potable y que el abastecimiento de este recurso depende de pozos o directamente de los ríos. “El lavado de manos es muy importante, pero como cumplirlo si no se cuenta con agua potable ni jabón”.
Un derrame en la Refinería de Iquitos ocurrió el 8 de abril. Foto: OEFA.
Además de la falta de servicios básicos, muchas comunidades están expuestas a los derrames de petróleo que afectan directamente su provisión del recurso. En plena cuarentena, el 8 de abril, un derrame de hidrocarburo se produjo en la Refinería de Iquitos, ubicado en el distrito de Punchana, en Maynas, Loreto. La filtración del crudo afectó las localidades de Santa Clara del Ojeal y Barrio Florido.
El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) ha informado que se está supervisando la implementación del plan de contingencia de PetroPerú, empresa estatal a cargo de la refinería, así como las acciones de contención y limpieza de la zona afectada.
Fuente del artículo: https://es.mongabay.com/2020/04/covid-19-pueblos-indigenas-alimentacion-salud-peru/
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