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Racismo y educación superior en Argentina: la Ley de Educación Superior no asegura derechos establecidos en la Constitución Nacional

Por: Daniel Mato

El racismo es una ideología según la cual los seres humanos seríamos clasificables en razas, algunas supuestamente superiores a otras. La discriminación racial es su forma más visible, pero no es la única. Existen otras menos manifiestas que condenan a algunos grupos de población a hacer sus vidas en condiciones desventajosas, inequitativas, y estas circunstancias han sido en alguna medida naturalizadas por otros sectores sociales.

El sistema de educación superior juega un papel clave en la reproducción y naturalización del racismo en todos los ámbitos sociales, y en particular en el resto del sistema educativo, porque en él se forman profesionales que diseñan y aplican las políticas educativas, así como los cuadros docentes y de gestión de todo el sistema educativo. También se forman profesionales que luego ocupan posiciones decisorias en los más diversos campos sociales, pero que debido al racismo reciben una preparación monocultural, inapropiada para actuar en una sociedad socio-culturalmente diversa.

En Argentina, el racismo no afecta solo a personas y comunidades de pueblos indígenas y afrodescendientes, pero numerosas publicaciones permiten afirmar que les perjudican especialmente (Abeledo et al, 2020; Carrasco, 2002; Diafar 2019; ENDEPA, 2018; Geler et al, 2018; ONU, 2012, 2017, 2019). No obstante, son escasos los actores sociales que perciben las inequidades y la desigualdad que afectan a estos pueblos: en buena medida han sido “naturalizadas”. La educación superior tiene una importante responsabilidad en este problema, así como grandes posibilidades de contribuir a revertirlo.

 

El racismo se expresa de diversas formas en el sistema de educación superior

En el sistema de educación superior argentino, el racismo se expresa de diversas formas. Una de ellas es la escasa participación de personas indígenas y afrodescendientes entre su estudiantado y sus cuadros docentes y de gestión. Esto es consecuencia de diversos tipos de factores que no es posible detallar en este artículo, pero que he analizado en un estudio específico realizado para el recientemente publicado Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo 2020 América Latina y el Caribe (Mato, 2020). Estas circunstancias, a las que suele aludirse mediante la expresión “racismo estructural”, menoscaban las posibilidades de que personas de estos grupos de población culminen la educación secundaria y de que aquellas que lo logran puedan acceder a educación superior, incluso aunque sea gratuita.

Esta exclusión de carácter estructural afecta derechos establecidos en dos instrumentos jurídicos internacionales a los cuales el inciso 22 del artículo 75 de la Constitución Nacional otorga “jerarquía superior a las leyes”: la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales. No obstante, a diferencia de la Ley de Educación Nacional 26.206, la Ley de Educación Superior (LES) no dispone nada al respecto, es decir, no asegura estos derechos. Esta omisión contrasta con lo dispuesto en el literal c del artículo 2 de la LES que establece que es responsabilidad del Estado nacional y los jurisdiccionales promover políticas de inclusión educativa que reconozcan “las diferentes identidades de género y de los procesos multiculturales e interculturales”. También contrasta con lo previsto en el literal d que dispone la responsabilidad de establecer medidas “para equiparar las oportunidades y posibilidades de las personas con discapacidades permanentes o temporarias”. A esta omisión no la resuelve la imprecisa referencia a “procesos multiculturales e interculturales”. La LES debe asegurar explícitamente los derechos constitucionales de estos grupos de población. Mientras no lo haga, los mecanismos de exclusión continuarán actuando.

El racismo también se expresa en la educación superior de otras formas. Por ejemplo, en la ausencia de conocimientos, lenguas, historias, visiones de mundo y valores de pueblos indígenas y afrodescendientes en los planes de estudio de prácticamente todas las carreras. Estas exclusiones también son violatorias de los derechos establecidos en el inciso 22 del artículo 75 de la Constitución Nacional. Además, afectan la calidad de la formación profesional y ciudadana que las instituciones de educación superior ofrecen a todas y todos sus estudiantes, de la investigación que realizan y de la extensión que practican.

Adicionalmente, estas omisiones también deslegitiman el valor de las culturas de estos pueblos y de este modo promueven y refuerzan diversos tipos de prácticas de discriminación racial que continúan afectando de manera directa a estudiantes. Además, afectan sus trayectorias de formación y promueven su deserción, como lo documentan numerosas publicaciones (Artieda et al, 2017; Guaymás, 2018; Ivanof et al, 2016; Loncon, 2019; Mancinelli, 2019; Mato, 2020; Núñez, 2019; Ossola, 2003; Sulca 2019).

Estos tipos de problemas afectan a los sistemas universitarios de toda América Latina. Por eso la Conferencia Regional de Educación Superior en América Latina y el Caribe, celebrada en Córdoba en junio de 2018 (CRES 2018), emitió una declaración final que incluyó varias recomendaciones orientadas a “interculturalizar” la Educación Superior. Entre otras, enfatizó la necesidad de erradicar el racismo; garantizar los derechos educativos de estos y otros grupos de población históricamente discriminados; incorporar sus cosmovisiones, lenguas, sistemas de conocimiento y formas de aprendizaje; y la necesidad de reconocer sus instituciones de educación superior propias.

Argentina se encuentra muy atrasada en la materia, respecto, por ejemplo, de Canadá, Estados Unidos, México, Nicaragua, Colombia, Ecuador, Bolivia o Brasil. Algunos de estos países tienen leyes que reconocen y apoyan las actividades y títulos otorgados por universidades propias de pueblos indígenas. Otros cuentan con universidades interculturales creadas por los respectivos estados, o con programas de becas y acompañamiento específicamente diseñados para estos grupos de población (Mato, 2018).

Conviene destacar que estos avances no obedecen a una supuesta mayor proporción de la población indígena en estos países. Según el censo de 2010, en Argentina la proporción de población indígena respecto del total nacional era de 2,4%, en tanto en Brasil el mismo año fue de menos del 0,5% y en Canadá fue aproximadamente la misma que en Argentina.

El sistema de educación superior resulta clave para asegurar los derechos de estos sectores de la población en todos los ámbitos sociales. Porque en este sistema se forman profesionales que pasan a ocupar posiciones de toma de decisión en diversos ámbitos políticos, económicos y sociales, que prestan servicios a una población social diversa, para lo cual no son apropiadamente preparadas o preparados. Además –y especialmente importante– se forman docentes para todos los ciclos del sistema educativo, quienes por no tener una preparación adecuada difunden el racismo hacia toda la sociedad.

Actualizar la LES para asegurar los derechos establecidos en la Constitución Nacional

La LES no asegura los derechos educativos de personas y comunidades afrodescendientes y de pueblos indígenas establecidos en la Constitución Nacional. La gravedad del problema no permite esperar hasta que se gesten los acuerdos necesarios para que la LES sea reformada de manera más abarcadora, como está planteado. Esto puede tomar años. Entre tanto, esta ley se puede actualizar, como ya se hizo, por ejemplo, en el año 2002, cuando mediante la Ley 25.573 se realizaron incorporaciones y modificaciones destinadas a asegurar los derechos de personas con discapacidad.

Es necesario actualizar la LES. Es necesario que en ella se establezcan mecanismos de consulta con participación de representantes de comunidades indígenas y afrodescendientes acerca de todos los asuntos sujetos a la misma que les conciernan, tal como lo disponen los ya mencionados y otros instrumentos internacionales ratificados por Argentina. Resulta interesante notar que la Ley de Educación Nacional sancionada en 2006 ya cuenta con mecanismos de este tipo, pero la LES aún no.

Es necesario que la LES promueva que el sistema de educación superior en su conjunto sea pertinente y relevante respecto de la diversidad cultural de la sociedad argentina, y que esto sirva de base para el diseño de políticas y programas específicos orientados a fortalecer las experiencias en la materia que han venido desarrollando algunas universidades y para fomentar el establecimiento de otros en aquellas que aún no existen.

También debería sentar bases firmes para asegurar que el objetivo de formar docentes para todos los niveles y modalidades del sistema educativo, expresado en su artículo 4, sea efectivamente asegurado en todas las jurisdicciones. Actualmente en solamente cuatro provincias existen oportunidades de formación de docentes para educación intercultural bilingüe.

Es necesario también que establezca bases para el diseño de una política que haga efectivamente posible el ingreso, una trayectoria exitosa y la graduación de estudiantes indígenas y afrodescendientes. Los desafíos a atender no son solo económicos, y además varían a lo largo y ancho del territorio nacional. Existen dificultades asociadas a la distancia de los centros educativos, diferencias lingüísticas, extrañamiento por migración y cambio de contexto socio-cultural, entre otros (Mato, 2020).

 Referencias

Abeledo S y otros (2020): Informe ampliado: efectos socioeconómicos y culturales de la pandemia COVID-19 y del aislamiento social, preventivo y obligatorio en los Pueblos Indígenas del país. Segunda etapa, 2020. http://antropologia.institutos.filo.uba.ar/sites/antropologia.institutos.filo.uba.ar/files/info_covid_2daEtapa.pdf.

Artieda T, L Rosso, A Luján y AL Zamora (2017): “Programa Pueblos Indígenas de la Universidad Nacional del Nordeste. Reflexiones y propuestas en torno a la inclusión y la interculturalidad”. En Educación Superior y Pueblos Indígenas y Afrodescendientes en América Latina. Políticas y prácticas de inclusión, democratización, e interculturalización. Sáenz Peña, EDUNTREF.

Carrasco M (2002): “Una perspectiva sobre los pueblos indígenas en Argentina”. En Derechos Humanos en Argentina. Informe 2002. Buenos Aires, CELS y Siglo XXI.

CRES (2018): “Declaración Final”. Conferencia Regional de Educación Superior en América Latina y el Caribe. http://espacioenlaces.org/declaracion-cres-2018.

DIAFAR et al (2019): Diáspora Africana de la Argentina. Presentación ante el Grupo de Trabajo de Expertos sobre los Afrodescendientes. Buenos Aires. Marzo.

ENDEPA (2018): Informe Alternativo elaborado por el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (ENDEPA) para ser considerado en la 64° sesión del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, revisión de Argentina. Aristóbulo del ValleENDEPA.

Geler L, A Egido, R Recalt y C Yannone (2018): “Mujeres afroargentinas y el proyecto Certificar nuestra existencia. Una experiencia de trabajo multidisciplinar en Ciudad Evita”. Población & Sociedad, 25 (2).

Guaymás A (2018): “Educación superior y pueblos indígenas y afrodescendientes en Argentina: Logros, desafíos y recomendaciones”. En Educación Superior, diversidad cultural e interculturalidad en América Latina. Caracas, UNESCO-IESALC y Córdoba, UNC.

Ivanoff SL y DL Loncon (2016): “Cátedra libre de Pueblos Originarios, Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Experiencias, Interpelaciones y Desafíos”. En Educación Superior y pueblos indígenas en América Latina. Experiencias, interpelaciones y desafíos. Sáenz Peña, EDUNTREF.

Loncon D (2019): “La Universidad con identidad: presencia indígena en las aulas universitarias”. Colección Apuntes, 15. Buenos Aires, Cátedra UNESCO Educación Superior y Pueblos Indígenas y Afrodescendientes en América Latina, UNTREF.

Mancinelli G (2019): Territorialidad y educación superior en las comunidades wichí del noreste salteño. Tesis de Doctorado en Antropología, UBA.

Mato D (2020): “Pueblos indígenas y afrodescendientes e inclusión educativa en Argentina”. En Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo 2020 América Latina y el Caribe – Inclusión y educación: Todos y todas sin excepción, Global Education Monitoring Report.

Mato D, coordinador (2018): Educación Superior, diversidad cultural e interculturalidad en América Latina. Caracas, UNESCO-IESALC y Córdoba, UNC.

Nuñez Y (2019): Interculturalidad, educación superior y mercado laboral. Un recorrido por las trayectorias de los estudiantes universitarios y egresados guaraníes de la Provincia de Misiones y del Estado de Paraná. Tesis de Doctorado en Antropología Social, UNaM.

ONU (2012): “La situación de los pueblos indígenas en Argentina”. En Informe del Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, James Anaya.

ONU (2017): “Informe del Relator Especial sobre las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia sobre su misión a la Argentina. Nota de la Secretaría”.

ONU (2019): Declaración a los medios del Grupo de Trabajo de Expertos de las Naciones Unidas sobre Afrodescendientes, al finalizar su visita oficial a la Argentina, 11 al 18 de marzo.

Ossola MM (2003): Jóvenes wichí en la educación superior de Salta: interpelaciones escolares, étnicas y etarias. Tesis de Doctorado en Antropología, UBA.

Sulca O (2019): “La discriminación que no me contaron… La viví”. Colección Apuntes, 13. Buenos Aires, Cátedra UNESCO Educación Superior y Pueblos Indígenas y Afrodescendientes en América Latina, UNTREF.

 Daniel Mato es doctor en Ciencias Sociales, investigador principal del CONICET, y director de la Cátedra UNESCO Educación Superior y Pueblos Indígenas y Afrodescendientes en América Latina de la Universidad Nacional Tres de Febrero.

Fuente: https://www.nodal.am/2020/11/racismo-y-educacion-superior-en-argentina-la-ley-de-educacion-superior-no-asegura-derechos-establecidos-en-la-constitucion-nacional-por-daniel-mato/

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Colombia: Niños indígenas en riesgo de desnutrición y muerte

Por: hrw.org

Se debe mejorar el acceso de los wayuu a alimentación, agua y atención en salud durante la pandemia.

La pandemia de Covid-19 y las medidas de aislamiento dispuestas para contenerla están provocando que les resulte aún más difícil sobrevivir a los wayuu, un pueblo indígena que habita en Colombia y Venezuela, señalaron Human Rights Watch y el Centro de Salud Humanitaria de Johns Hopkins en un informe conjunto y una publicación multimedia que se dieron a conocer hoy.

A causa de la pandemia y el aislamiento, a los miembros del pueblo wayuu en el departamento de La Guajira, Colombia, les resulta sumamente difícil acceder a alimentos, agua y atención médica en un momento en que estos servicios son más necesarios que nunca. El gobierno colombiano debería adoptar medidas urgentes para proteger los derechos de los niños y las niñas wayuu.

“Las comunidades indígenas de La Guajira no tienen acceso a alimentos suficientes ni al agua necesaria para practicar una higiene básica, incluyendo para lavarse las manos, y la información y acceso a la atención en salud es sumamente deficiente”, señaló José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “Esta situación ha contribuido a que durante años los wayuu hayan sufrido uno de los niveles más altos de desnutrición infantil en Colombia, y resulta sumamente preocupante en el contexto actual del Covid-19”.

La publicación multimedia, “Un pueblo resiliente: El pueblo indígena wayuu de Colombia enfrenta una crisis de desnutrición en medio de la pandemia”, deja al descubierto las dificultades que enfrentan las familias wayuu en una región marcada por la inseguridad alimentaria e hídrica y un acceso limitado a la atención en salud. La mala administración y la corrupción gubernamental generalizada, la crisis humanitaria en Venezuela y los efectos del cambio climático han agudizado los problemas de inseguridad alimentaria y desnutrición. La Corte Constitucional de Colombia ha concluido que las actividades mineras en la región también han degradado la calidad del agua y el acceso a esta para algunas comunidades wayuu.

En enero de 2020, investigadores de Human Rights Watch y del Centro de Salud Humanitaria de Johns Hopkins, basado en la Escuela de Salud Pública Bloomberg de la Universidad Johns Hopkins, entrevistaron a más de 150 personas en La Guajira y en Bogotá, incluyendo miembros y autoridades del pueblo wayuu, exiliados venezolanos, funcionarios de Naciones Unidas y del gobierno colombiano, representantes de organizaciones no gubernamentales internacionales y locales, funcionarios de organismos humanitarios, personal de atención de la salud, docentes y científicos ambientales. Entre enero y junio, investigadores de Human Rights Watch y el Centro de Salud Humanitaria llevaron a

cabo otras 42 entrevistas telefónicas. También analizaron información y datos proporcionados por numerosos organismos gubernamentales, hospitales y organizaciones no gubernamentales internacionales y locales, así como varios documentos judiciales y de la Fiscalía General de la Nación sobre investigaciones en materia de corrupción.

Con una población de al menos 270.000 personas, los wayuu son el grupo indígena más numeroso de Colombia. La gran mayoría vive en el departamento de La Guajira, que tiene un territorio parcialmente desértico. Casi todos viven en áreas rurales o poblados pequeños; sus fuentes de alimentos y de ingresos tradicionalmente han sido la agricultura de subsistencia, la búsqueda estacional de alimentos, la cría de cabras o la pesca. Muchos otros trabajan en el sector de turismo o en la minería de sal o carbón, elaboran artesanías y las venden, o dependen del comercio con Venezuela. Según un censo llevado a cabo por el gobierno en 2018, el 90 % de las personas en La Guajira trabajan en el sector informal, incluyendo los sectores de turismo, hotelería y comercio transfronterizo.

Si bien Colombia ha reducido la tasa nacional de mortalidad de menores de cinco años en los últimos cinco años, la tasa en La Guajira ha incrementado en ese periodo. En 2019, la tasa oficial de muertes por desnutrición entre niños menores de 5 años en La Guajira fue casi seis veces la tasa nacional. Es posible que la tasa real sea aún más alta, según señalaron médicos, enfermeros, funcionarios gubernamentales y trabajadores de organizaciones humanitarias. El gobierno no registra todas las muertes, en parte porque muchos niños y niñas mueren en sus hogares. Si bien la tasa de mortalidad infantil por desnutrición en Colombia ha disminuido notablemente en los últimos años, este índice tampoco ha mejorado en el departamento de La Guajira, que actualmente registra el mayor número de muertes infantiles por desnutrición en el país.

Este alto número de muertes responde en gran parte a la inseguridad alimentaria e hídrica y los obstáculos para el acceso a la atención de la salud. Estadísticas oficiales indican que solo el 4 % de los wayuu que viven en zonas rurales de La Guajira tienen acceso a agua limpia y los que residen en zonas urbanas reciben un servicio irregular. La última encuesta gubernamental sobre nutrición, realizada en 2015, concluyó que el 77 % de las familias indígenas de La Guajira están afectadas por la inseguridad alimentaria; es decir, que no cuentan con un acceso seguro y permanente a alimentos de calidad en cantidades suficientes para una vida saludable y activa.

Los centros médicos en La Guajira suelen estar a gran distancia de las comunidades indígenas y acceder a ellos resulta costoso para muchos wayuu, que en algunos casos deben viajar varias horas para recibir atención médica. Muchos niños y niñas enfermos no sobreviven el viaje o experimentan una recaída después de abandonar el centro de atención.

Solamente 3 de los 16 hospitales de La Guajira ofrecen atención en salud especializada para manejar casos complejos de desnutrición aguda. La Alta Guajira, una región del norte del departamento donde vive la mayor cantidad de población wayuu, tiene solamente un hospital que ofrece atención básica. Los niños que requieren atención más especializada deben ser transportados a Riohacha, la capital de La Guajira, lo cual suele requerir un viaje de varias horas desde las comunidades, siempre y cuando las condiciones de la carretera permitan la circulación.

En los últimos años, las autoridades gubernamentales han implementado una amplia gama de programas y políticas para abordar la crisis de desnutrición, incluyendo intentos de ampliar el acceso al agua. No obstante, Human Rights Watch y el Centro de Salud Humanitaria de Johns Hopkins concluyeron que estos programas han presentado graves deficiencias y generado resultados limitados.

La corrupción gubernamental generalizada en La Guajira, especialmente en los contratos públicos y su ejecución, también está menoscabando los proyectos hídricos, los programas de alimentación escolar y los servicios de salud en el departamento. A través de 14 auditorías oficiales de programas de alimentación escolar en La Guajira, se determinó que se perdieron 30.000 millones de pesos colombianos (aproximadamente USD 10 millones) como consecuencia de la corrupción o una administración deficiente de los recursos. A pesar de los esfuerzos significativos de algunos funcionarios, en general las autoridades han logrado muy pocos avances para que los funcionarios corruptos de La Guajira rindan cuentas por sus delitos, lo cual prácticamente garantiza que continúe la corrupción, señaló Human Rights Watch. Un obstáculo importante es la cantidad limitada de fiscales, jueces e investigadores con que cuenta el departamento para perseguir la corrupción.

El Covid-19 introduce un nuevo desafío para los wayuu y para los limitados programas y servicios públicos en el departamento. Al 10 de agosto, las autoridades colombianas habían confirmado más de 2.700 casos de Covid-19 en La Guajira, incluidos 65 casos entre indígenas wayuu. En el contexto de acceso limitado a alimentos y agua, los efectos económicos y sanitarios de la pandemia de Covid-19 podrían ser devastadores para los wayuu si el virus alcanza una mayor expansión en la región, señalaron Human Rights Watch y el Centro de Salud Humanitaria de Johns Hopkins. Las autoridades habían confirmado más de 397.000 casos de Covid-19 y 13.000 muertes en todo el país por esta enfermedad hasta el 10 de agosto de 2020.

El Covid-19 podría ser transmitido fácilmente dentro de las comunidades wayuu, muchas de las cuales carecen de acceso a un suministro continuo y suficiente de agua que les permita seguir las pautas básicas de higiene para prevenir la propagación del virus. Si se contagian, muchos wayuu no tendrán acceso seguro a un hospital.

A su vez, profesionales médicos, funcionarios y residentes locales afirman que las medidas de aislamiento en Colombia, que comenzaron en marzo y continúan al menos hasta el 30 de agosto, así como otras restricciones a la movilidad, limitan gravemente el acceso de los wayuu a alimentos.

De conformidad con las normas internacionales de derechos humanos, el gobierno de Colombia tiene la obligación de asegurar, sin discriminación alguna, que todas las personas en el país gocen de un estándar de vida adecuado. Esto incluye como mínimo un suministro suficiente —físicamente accesible y asequible— y seguro de agua, acceso a alimentos nutritivos y a otros bienes esenciales que permiten una vida digna. Las normas internacionales de derechos humanos también protegen el derecho al disfrute del nivel más alto de salud posible y obligan a Colombia a asegurar que la atención médica sea accesible y asequible. Estos servicios deberían brindarse de modo que resulten culturalmente apropiados y tomen en cuenta las costumbres y tradiciones de los pueblos indígenas.

“La corrupción gubernamental en La Guajira, que en general queda impune, ha sido un factor clave en los problemas de acceso a agua, alimentos y servicios de salud que son esenciales para la supervivencia de muchos wayuu”, señaló Vivanco. “Las autoridades colombianas deben llevar ante la justicia a los responsables de la corrupción, así como asegurarse de manera urgente que la asistencia gubernamental llegue a los wayuu, especialmente durante la pandemia”.

A continuación, se presentan recomendaciones y un análisis de las medidas gubernamentales para abordar la crisis en La Guajira y combatir la corrupción.

Avances limitados en las acciones para garantizar el acceso a alimentos, agua y servicios de salud

En toda América Latina, la pobreza extrema, la degradación ambiental y la pérdida de tierras, territorios y acceso a alimentos tradicionales han contribuido a que las tasas de desnutrición entre los niños y las niñas indígenas dupliquen las de la población general. Durante años, informes sobre La Guajira han sugerido que el impacto desproporcionado de la desnutrición para los wayuu es incluso más agudo.

En La Guajira vive alrededor del 7 % de la población de Colombia, pero el departamento registra más del 20 % de las muertes por desnutrición en niños y niñas menores de 5 años. Según datos del gobierno, más del 75 % de las muertes por desnutrición en La Guajira corresponden a niños y niñas indígenas, aunque la población indígena representa el 42 % de la población del departamento.

La llegada masiva de ciudadanos venezolanos desde 2015 ha agravado la situación de los muy limitados sistemas de salud, agua y alimentos en el departamento, conforme lo señalaron médicos, docentes y funcionarios gubernamentales. La Guajira alberga al menos a 161.000 de los 1,8 millones de venezolanos que han migrado a Colombia, escapando de la crisis humanitaria y de derechos humanos en su país. Cientos de miles de exiliados venezolanos en Colombia atraviesan situaciones de inseguridad alimentaria. El gobierno colombiano y organizaciones humanitarias han adoptado medidas para brindarles apoyo en La Guajira, entre otras cosas, creando un albergue del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR) y otorgando algunos permisos de residencia temporal, pero estas medidas resultan insuficientes ante los enormes desafíos en el departamento.

En 2015, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instó al gobierno colombiano a adoptar medidas urgentes para garantizar al pueblo wayuu el derecho a acceder a alimentos, agua y atención de la salud en varios municipios de La Guajira. En sentencias de 2016 y 2017, la Corte Constitucional de Colombia ordenó al gobierno que abordara la crisis. En la sentencia de 2017, la corte determinó que, en parte por la inacción gubernamental, los wayuu habían experimentado una “vulneración generalizada, desproporcionada e injustificada de los derechos al agua, a la alimentación y a la salud”, y ordenó al gobierno que tomara medidas “urgentes y prioritarias” para asegurar que los niños y niñas wayuu tengan disponibilidad de alimentos, agua y servicios de atención de la salud accesibles y de calidad.

En febrero de 2017, el gobierno nacional intervino las entidades departamentales responsables del suministro de agua y de los servicios de salud y educación en La Guajira y nombró autoridades temporales del gobierno nacional para que se hicieran cargo de su administración y brindaran “orientación técnica”. El 2 de julio de 2020, el gobierno nacional restituyó la supervisión en materia de salud a las autoridades departamentales, pero los servicios de educación, alimentación y agua continúan bajo “intervención” hasta 2022.

El gobierno ha realizado esfuerzos para mejorar el acceso a alimentos, agua y servicios sanitarios para los wayuu en el marco de la llegada masiva de exiliados venezolanos a La Guajira, pero ha tenido resultados limitados.

En los últimos cuatro años —salvo por una breve mejora en 2017— las estadísticas sobre niños y niñas de La Guajira que sufren desnutrición aguda no han registrado mejoras significativas. Según datos del gobierno, hubo 1.607 casos de desnutrición grave en La Guajira en 2019; 1.647 en 2018; 993 en 2017 y 1.661 en 2016. En 2019, se registraron 64 muertes relacionadas con la desnutrición, mientras que en 2018 hubo 105; en 2017, 50; en 2016, 85 y en 2015, 48. La tasa de desnutrición y de muertes por desnutrición en comparación con los nacimientos en el departamento tampoco ha mejorado significativamente desde 2016.

Las muertes de niños y niñas de menos de 5 años a causa de diarrea —a menudo vinculadas con acceso a agua contaminada o insuficiente para una buena higiene— han aumentado en los últimos años, según datos del gobierno. En 2019, 46 niños y niñas de menos de 5 años fallecieron por diarrea en el departamento; en 2018, 33; en 2017, 13; en 2016, 23 y en 2015, 6. Las muertes a causa de diarrea, al igual que las muertes por desnutrición, son en gran medida prevenibles. La desproporcionada tasa de muertes por desnutrición en La Guajira, que es cinco veces más alta que el promedio nacional, resalta el pobre acceso a agua y a saneamiento en el departamento.

Human Rights Watch y el Centro de Salud Humanitaria de Johns Hopkins identificaron graves deficiencias en numerosos programas y políticas gubernamentales para abordar la desnutrición en La Guajira.

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) ha establecido dos centros de recuperación en La Guajira para niños y niñas con desnutrición aguda. Además, ha creado unidades móviles para evaluar a los niños y niñas, en cada una de las cuales trabajan un profesional médico, un profesional de enfermería, un trabajador social y un promotor de atención de la salud. Entre 2015 y 2018, el gobierno amplió la cantidad de unidades de 4 a 10. Según cifras aportadas por el gobierno, en estas unidades se evaluaron 27.000 niños en 2018.

No obstante, una autoridad de salud local entrevistada en enero señaló que aproximadamente la mitad de los niños y las niñas con diagnóstico de desnutrición en el departamento no reciben asistencia en el marco de los programas de alimentos o tratamientos de ese organismo. A su vez, las unidades móviles del ICBF solamente funcionaron durante tres meses de 2019, y no han operado al menos entre enero y julio de 2020 debido a la falta de presupuesto, según señalaron funcionarios del organismo a Human Rights Watch.

La falta de familiaridad con los centros de salud y de conocimiento del idioma, así como antecedentes de discriminación y desatención, son otros factores que obstaculizan y limitan el acceso de los wayuu a los servicios de salud. Muchos wayuu hablan únicamente wayuunaiki y no dominan el español, no todos los trabajadores de atención de la salud hablan wayuunaiki y no siempre hay intérpretes disponibles.

El tratamiento por desnutrición puede requerir hospitalizaciones prolongadas, en particular para los niños que tienen tanto desnutrición aguda como otras enfermedades. Es posible que los padres y madres no estén habituados a permanecer en hospitales o en ciudades, o no estén a gusto con la idea de dejar a sus hijas e hijos enfermos con personal médico en el cual no confían, según señalaron autoridades de salud y residentes. Asimismo, residentes y personal médico destacaron que el costo que deben afrontar las familias para permanecer cerca de los hospitales mientras sus hijos se encuentran hospitalizados suele ser prohibitivo.

Las brechas en la cobertura de atención médica también provienen de las dificultades logísticas para llegar a comunidades remotas. Las opciones virtuales como los servicios de telesalud son difíciles de implementar debido a las limitaciones en el acceso a internet en el departamento.

Para aumentar la seguridad alimentaria para los niños y niñas en riesgo, el gobierno también ha invertido millones de dólares en programas de alimentación escolar desde 2014, incluyendo aproximadamente USD 18 millones en 2019. Pero los alimentos proporcionados a veces han sido demasiado escasos o no han estado en buenas condiciones, según señalaron autoridades de la comunidad wayuu, fiscales locales y trabajadores de asistencia regionales. En algunas oportunidades, los contratistas a cargo de alimentos no han tenido en cuenta a los cientos de niños y niñas provenientes de Venezuela y los docentes han tenido que fraccionar las comidas para cubrir las necesidades de esos niños.

Las iniciativas gubernamentales para llevar agua a las comunidades indígenas de La Guajira se están llevando a cabo a un ritmo lento, a pesar de que el agua se está volviendo progresivamente más escasa y su acceso es cada más importante. Las autoridades gubernamentales han creado pozos, puntos provisorios de suministro público de agua y acueductos para mejorar el acceso al agua de las comunidades. Como parte de un programa en el que participan múltiples organismos, la Alianza por el Agua y la Vida en la Guajira, que comenzó en 2015, el gobierno informó que había construido o reparado 249 “soluciones de agua” hasta fines de 2019, incluidos pozos que funcionan con energía solar y eólica, instalaciones para el almacenamiento de agua y algunos pozos entubados profundos.

Sin embargo, los residentes manifestaron que muchas “soluciones de agua” se han contaminado o dejado de funcionar debido a falta de mantenimiento y que algunas solo funcionan de modo intermitente, puesto que el funcionamiento de sus bombas depende de que haya viento. Indígenas wayuu, funcionarios gubernamentales y funcionarios de organismos humanitarios señalaron que el agua de estos pozos a veces está sucia, tiene color amarronado o verdoso, o un sabor salado. Human Rights Watch visitó varios pozos y jagüeyes—reservorios indígenas de agua a cielo abierto— en diversas comunidades y encontró que, si bien algunos funcionaban y eran accesibles, el agua era turbia en ciertos casos y había presencia de animales como cabras o perros, lo cual representa un riesgo de contaminación.

El Ministerio de Vivienda ha comenzado a instalar pilas públicas —puntos provisorios de suministro público de agua— como parte del proyecto Guajira Azul, que comenzó en 2018. Aunque estas pilas pueden brindar acceso al agua en este contexto de urgencia, no son soluciones permanentes. En lugar de establecer medidas provisorias, se deberían construir y mantener fuentes de agua potable seguras y sostenibles.

Las soluciones provisorias también están siendo implementadas a un ritmo lento: al mes de marzo, el Ministerio de Vivienda había finalizado solo uno de los 19 puntos provisorios de suministro de agua que planeaba construir con financiamiento de la cooperación internacional antes de 2022. También había obtenido financiamiento para otros cuatro, según informó un funcionario gubernamental de alto rango de La Guajira. Un funcionario local informó que el plan se encuentra interrumpido en la actualidad a causa de la pandemia.

Otra medida temporal que beneficia a algunas comunidades es la entrega de tanques de agua suministrados por el gobierno. No obstante, la entrega plantea dificultades porque las comunidades wayuu tienden a encontrarse dispersas en zonas rurales. Residentes y autoridades locales explicaron que las entregas a veces son infrecuentes y que en ocasiones deben caminar varias horas para obtener agua. Este sistema no puede garantizar la calidad del agua ni la ausencia de contaminación en los puntos de recolección o de uso, dada la falta de presupuesto suficiente para realizar un monitoreo y tratamiento del agua.

Las autoridades colombianas —incluyendo la Procuraduría, la Contraloría y la Defensoría del Pueblo— también han señalado graves falencias en la respuesta del gobierno ante la crisis. Un funcionario de la Procuraduría, un órgano independiente responsable de proteger los derechos humanos y supervisar las decisiones de los funcionarios gubernamentales, manifestó que “existe incumplimiento por parte de la mayoría de las entidades” para adoptar “medidas adecuadas y necesarias” para abordar la situación de La Guajira. De manera similar, la Defensoría del Pueblo concluyó en un informe de diciembre de 2019, al cual tuvo acceso Human Rights Watch, que “[n]o se evidencian avances significativos en las medidas de largo plazo” que se necesitan para enfrentar la crisis.

Obstáculos al juzgamiento de hechos de corrupción

En 2016 y 2017, la Corte Constitucional de Colombia concluyó que la corrupción fue uno de los principales factores que afectaron el acceso de los niños y las niñas al agua, a los programas de alimentación escolar y a los servicios de salud en La Guajira. La corte determinó que la contratación de estos servicios fue realizada con poca transparencia y señaló que la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría debían priorizar las medidas para sancionar la corrupción en el departamento.

En los casos sobre programas de salud y de alimentación que se encuentran actualmente bajo investigación, la Fiscalía estima que se han perdido más de 13.000 millones de pesos colombianos (aproximadamente USD 5 millones) desde el año 2014 a causa de la corrupción en el departamento. A través de 14 auditorías realizadas a programas de alimentación escolar en La Guajira, la Contraloría determinó que se habían perdido cerca de 30.000 millones de pesos (casi USD 10 millones) por razones de corrupción o mala administración. En la mayoría de estos casos, la corrupción se produjo en la ejecución de contratos de prestación de servicios de alimentación y atención de la salud. Dado que estas cifras solo reflejan investigaciones de un grupo limitado de casos, es probable el valor total de los fondos perdidos a causa de la corrupción en La Guajira sea mucho más alto.

En abril de 2020, la Fiscalía, que lleva adelante investigaciones penales, informó a Human Rights Watch que estaba adelantando al menos 28 investigaciones en La Guajira por apropiación indebida de fondos públicos que estaban destinados a servicios de alimentación y salud. Estas incluyen tres contra exgobernadores y cuatro contra exalcaldes. Al mes de marzo, 21 personas habían sido imputadas en casos de corrupción y al menos 13 —incluyendo un exgobernador y cinco contratistas privados— habían sido condenadas, según manifestó la Fiscalía.

Por ejemplo, en dos investigaciones relacionadas con programas del ICBF llevadas a cabo en 2015 y 2016, los investigadores determinaron que funcionarios de gobierno y empleados de un proveedor de salud privado se apropiaron indebidamente de aproximadamente 3.712 millones de pesos (cerca de USD 1,2 millones) destinados a planes para proporcionar alimentos y atención médica integral a más de 28.000 niños y niñas menores de 5 años y mujeres embarazadas o lactantes en 2015. Los fiscales comprobaron que se habían utilizado facturas falsas, inventado nombres falsos y realizado pagos de alquileres por el doble del valor real. Al mes de marzo, la Fiscalía había acusado a 17 personas, incluyendo funcionarios de alto rango del ICBF, algunos de los cuales actualmente están a la espera de un juicio.

En 2017, el entonces alcalde de Riohacha, un municipio de La Guajira, y su entonces secretaria de educación fueron imputados en otro caso por la apropiación indebida en 2016 de más de 1.000 millones de pesos colombianos (USD 385.000) de un plan para alimentar a más de 16.000 niños y niñas de escuelas en comunidades rurales e indígenas de Riohacha. La Fiscalía comprobó que se les había pagado dos veces a algunos contratistas y que había sobrecostos en el  transporte. Algunos alimentos no habían sido entregados y otros no eran “aptos para el consumo humano” o eran de “mala calidad”, según los fiscales a cargo del caso. La Fiscalía informó a Human Rights Watch que el exalcalde y la exsecretaria fueron imputados y enviados a prisión preventiva en febrero de 2017. Otras personas todavía están siendo investigadas como parte del caso.

También se han producido casos de corrupción relacionados con los servicios de agua en La Guajira. Por ejemplo, en noviembre de 2016 la Fiscalía logró la imputación de 11 personas, incluido un exalcalde de Riohacha, por corrupción en la construcción de un acueducto entre 2012 y 2014. El acueducto nunca funcionó y los fiscales estiman que se perdieron más de 12.000 millones de pesos colombianos (aproximadamente USD 3,9 millones) a causa de la corrupción.

Si bien los fiscales han iniciado y llevado a cabo muchas investigaciones sobre corrupción en La Guajira, estas y futuras investigaciones sobre corrupción en el departamento enfrentan grandes obstáculos.

Un obstáculo fundamental es la cantidad limitada de fiscales que se ocupan de la investigación y el procesamiento de casos de corrupción en La Guajira y el número excesivo de casos que tienen a su cargo, según manifestaron los fiscales a Human Rights Watch. De los 47 fiscales que actualmente trabajan en La Guajira, solamente dos se encargan de casos de corrupción de funcionarios públicos, ambos de ellos en Riohacha. Cada uno tiene más de 400 casos a su cargo, según señaló la Fiscalía.

La cantidad de investigadores que apoyan a los fiscales en su trabajo también es insuficiente. El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), el área de la Fiscalía que se encarga de brindar apoyo investigativo y forense a los fiscales en procesos penales, cuenta con aproximadamente 60 investigadores en La Guajira. Pero solamente tres de ellos trabajan en los más de 900 casos de corrupción que se encuentran en investigación en este momento. Solamente uno de los tres ha recibido alguna capacitación para llevar adelante investigaciones sobre corrupción. Ninguno tiene formación en contabilidad ni análisis financiero, habilidades que, según señalaron los fiscales, son necesarias para adelantar estas investigaciones.

Los riesgos de seguridad que enfrentan los fiscales e investigadores también han menoscabado su capacidad de investigar delitos. Varios fiscales manifestaron a Human Rights Watch que han recibido amenazas por llevar a cabo investigaciones en la región. En 2016, al menos seis fiscales y cuatro investigadores que manejaban casos de corrupción en La Guajira fueron transferidos a Bogotá porque su seguridad estaba en riesgo, según señalaron los fiscales.

Numerosas investigaciones se llevan a cabo en Bogotá, donde hay muchos más fiscales e investigadores, algunos de los cuales se especializan en investigar la corrupción. De hecho, muchos de los casos en que la Fiscalía de la Nación ha logrado avances sustanciales contra la corrupción en La Guajira han sido investigados por la Unidad Nacional Anticorrupción basada en Bogotá. No obstante, como regla general el derecho colombiano obliga a los fiscales en Bogotá a presentar estos casos ante los tribunales de La Guajira, que también son escasos y enfrentan importantes demoras y problemas por la carga de trabajo atrasado.

El Consejo Superior de la Judicatura, que tiene la responsabilidad de supervisar el trabajo de los jueces en todo el país, señaló que solo hay seis juzgados en La Guajira que se pueden ocupar de casos de corrupción. Al mes de junio, los juzgados manejaban un promedio de 1.000 casos y tenían solamente entre tres y cinco funcionarios cada uno. El departamento tiene un tribunal con dos salas penales, cada una con dos funcionarios, incluyendo al juez. Debido a la abrumadora cantidad de casos, las audiencias de casos de corrupción son programadas aproximadamente cada siete meses, lo cual causa demoras significativas, según señalaron fiscales, autoridades de la Fiscalía y un funcionario de la Procuraduría a Human Rights Watch.

Otros tipos de investigaciones sobre corrupción en La Guajira también han producido avances muy limitados.

La Procuraduría, que está a cargo de llevar adelante investigaciones disciplinarias en contra de funcionarios públicos, ha logrado avances muy limitados —si es que alguno— en la investigación de hechos de corrupción en La Guajira. La Procuraduría informó a Human Rights Watch que ha iniciado 92 casos de corrupción en La Guajira desde 2016. Dos funcionarios gubernamentales han sido acusados, pero ninguno ha sido sancionado en procedimientos disciplinarios hasta el momento. Una razón clave que explica las demoras es la falta de personal suficiente. Un funcionario de la Procuraduría manifestó en marzo a Human Rights Watch que solo había un procurador a cargo de los casos de corrupción. Al mes de marzo, tenía aproximadamente 1.000 casos bajo su cargo, así como varias otras tareas.

La Contraloría, que puede sancionar a los funcionarios gubernamentales o a particulares que realicen una mala administración de los recursos públicos, también ha logrado resultados muy limitados. La Contraloría señaló en abril que había iniciado 28 investigaciones sobre corrupción en La Guajira desde 2016, incluyendo 21 que estaban relacionadas con programas de alimentación. En marzo, de esas 28 investigaciones, 23 seguían en curso y 3 se habían archivado.

En otros tres casos, la Contraloría archivó las investigaciones porque las personas investigadas devolvieron parte del dinero presuntamente robado o mal administrado. Entre las personas que están siendo investigadas hay 7 funcionarios gubernamentales, incluyendo dos exalcaldes, y al menos 21 contratistas, incluyendo varios de comunidades indígenas. En relación con casos de presuntas irregularidades en contratos de alimentación y atención en salud ocurridos 2016, la Contraloría había recuperado, hasta marzo de 2020, solamente 8 millones de pesos colombianos (aproximadamente USD 2.719) de los casi 6.400 millones de pesos colombianos (aproximadamente USD 2,1 millones) que esta entidad estima que se han perdido a causa de desmanejos y corrupción.

Recomendaciones

Human Rights Watch y el Centro de Salud Humanitaria de Johns Hopkins instan al gobierno del presidente Iván Duque a adoptar medidas concretas para garantizar los derechos de los niños y niñas indígenas wayuu de La Guajira a tener acceso a alimentos, agua y atención de la salud, liderando iniciativas orientadas a lo siguiente:

  • Aumentar y orientar, de manera urgente, los esfuerzos para brindar alimentos, agua potable segura y elementos de higiene suficientes a las familias de La Guajira que están expuestas al mayor riesgo de desnutrición, particularmente mientras las escuelas estén cerradas debido a la pandemia o por otros motivos.
  • Asegurar que, en coordinación con autoridades indígenas, las comunidades wayuu reciban la ayuda financiera nacional y local prometida por el gobierno como parte del paquete de estímulo fiscal por el Covid-19 para Colombia. Los requisitos para la solicitud de asistencia deben ser comunicados de manera clara, en idioma wayuunaiki y en español, y deben ser diseñados de manera apropiada para evitar las barreras técnicas o burocráticas.
  • Brindar pruebas de Covid-19 y atención médica que sean accesibles y asequibles para todas las personas de La Guajira.
  • Garantizar a las comunidades wayuu el acceso inmediato a servicios de salud, lo cual incluye aumentar los fondos para reactivar las unidades móviles del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para detectar y tratar la desnutrición; ofrecer asistencia, incluyendo subsidios al transporte de ida y vuelta a los hospitales; y brindar apoyo económico para que las personas accedan a servicios de salud y compren los medicamentos necesarios.
  • Integrar las creencias, las costumbres y los métodos tradicionales de las comunidades wayuu en las prácticas médicas y los centros de atención de la salud. Esto incluye trabajar junto con sanadores tradicionales, asegurar la disponibilidad de intérpretes de wayuunaiki y emplear servicios culturalmente apropiados en los centros médicos; por ejemplo, utilizar hamacas, en las cuales muchos wayuu están habituados a dormir, cuando resulte posible.
  • Priorizar planes para crear establecimientos de atención de la salud permanentes en comunidades wayuu o cerca de ellas, especialmente en la Alta Guajira.
  • Priorizar planes para fortalecer la conectividad del servicio de internet en zonas rurales a fin de implementar servicios de telesalud y mejorar el acceso a información y la consulta de servicios de salud, en coordinación con sanadores locales en quienes la comunidad confía y de conformidad con las normas culturales de los wayuu.
  • Ampliar las iniciativas relacionadas con medios de subsistencia en las comunidades wayuu, así como el apoyo para la extensión de actividades agrícolas, brigadas de salud animal y apoyo para cooperativas agropecuarias o establecimientos agrícolas comunitarios a corto plazo, y tomar medidas para monitorear y mitigar los efectos del cambio climático en La Guajira a largo plazo.
  • Agilizar el proyecto “Guajira Azul” del Ministerio de Vivienda para construir pilas públicas como una medida temporal en todo el territorio de La Guajira, orientando los esfuerzos particularmente a las comunidades expuestas a un mayor riesgo, y realizar mantenimiento de estas pilas de forma periódica.
  • Agilizar y dar prioridad a los planes para establecer y mantener sistemas permanentes de agua en las comunidades wayuu.
  • Ampliar la capacidad para registrar y brindar asistencia a los migrantes venezolanos que procuran obtener documentos de identidad y permisos.
  • Llevar a cabo un censo integral y una encuesta nutricional de las comunidades wayuu de la región para determinar la cantidad de casos de mortalidad infantil y desnutrición, así como el alcance de la migración venezolana, a fin de que esta información sea utilizada para definir políticas públicas orientadas a garantizar sus derechos.
  • Aumentar la cantidad de fiscales, jueces e investigadores que manejen las investigaciones penales, disciplinarias y administrativas sobre corrupción en La Guajira, y brindarles protección y capacitación adecuada a estos funcionarios para investigar hechos de corrupción.
  • Intensificar los esfuerzos para prevenir la corrupción en La Guajira, incluyendo a través de presupuestos participativos y una supervisión comunitaria genuina, y garantizar procesos de contratación competitivos y transparentes.

La investigación y redacción de este informe fueron llevadas a cabo por personal de Human Rights Watch y del Centro de Salud Humanitaria Johns Hopkins. Los autores que forman parte de Human Rights Watch son  Hilary Rosenthal, la Leonard H. Sandler Fellow; Nathalye Cotrino, asistente de investigación; Juan Pappier, investigador de las Américas; y Tamara Taraciuk Broner, subdirectora de las Américas. Shannon Doocy, profesora asociada de Salud Internacional en la Escuela de Salud Pública Johns Hopkins Bloomberg, y la Dra. Alia Sunderji, médica de emergencia pediátrica y MPH de Johns Hopkins, también son autoras de este informe.

Fuente: https://www.hrw.org/es/news/2020/08/13/colombia-ninos-indigenas-en-riesgo-de-desnutricion-y-muerte

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México: Indígena estudiante de enfermería protege a su comunidad del coronavirus

América del norte/México/18 Junio 2020/semana.com

La ONU resaltó la labor de Micaela Jiménez, quien traduce a su lengua materna la información para que su pueblo se mantenga libre de coronavirus.

Esperanza por Venir es el nombre de la comunidad de María Micaela Jiménez, una joven estudiante de sexto semestre de enfermería. Esta comunidad pertenece al municipio de Tumbalá, en Chiapas, al sur de México.

Micaela es la única persona que ha tenido acceso a una formación en salud en esta comunidad que tiene una población de poco más de 500 habitantes, así que ella ha tomado un papel muy activo en esta lucha contra la covid-19: “Nos han pedido desde la escuela, y claro, como parte de nuestra propia vocación, que seamos quienes podamos guiar a la gente enseñándoles las medidas de limpieza y seguridad para evitar contagios”.

Con esa responsabilidad de llevar el bienestar a su comunidad, Micaela comenzó por traducir a su lengua toda la información relacionada con la prevención del coronavirus.

«Hasta ahora no hay información en nuestra lengua en los medios, pero eso no puede ser impedimento para que la gente pueda estar a salvo y cuidar su salud (…) Yo me informo, veo qué dicen las autoridades de salud y a partir de ahí lo traduzco a nuestra lengua, que es el chol, para que todas las personas me entiendan, porque hasta ahora no hay información en nuestra lengua en los medios, pero eso no puede ser impedimento para que la gente pueda estar a salvo y cuidar su salud”, dice Micaela.

Aunque hasta ahora en su comunidad no se ha presentado un solo caso de covid, el miedo en la población indígena es latente dado que en Tumbalá ya se han reportado nueve casos y una muerte.

“Tienen miedo de que venga alguien de la cabecera municipal y nos pueda contagiar, o de que cuando nosotros vamos para abastecernos de cosas básicas podamos contagiarnos. Lamentablemente nuestra comunidad está alejada. Acá no tenemos acceso a muchas cosas como productos para limpieza, gel, algunas cosas de comer y tenemos que ir a la cabecera municipal que está a 50 minutos”.

La gente de Esperanza por Venir se dedica principalmente a la agricultura, por lo que quedarse en casa para evitar el contagio no es una opción. «Aquí en la comunidad casi toda la gente tiene que salir a trabajar porque va al día. Casi todas las personas son agricultoras, así que tienen que salir a la siembra, a quitar maleza, a cosechar o a ver el riego”, explica Micaela.

Pero Micaela tiene esperanza de lo que está por venir y está orgullosa de su comunidad. “Ser choleros es un gran orgullo, así nos sentimos por ser parte de esta comunidad. Estamos seguros de que podremos salir adelante, cuidando a todas las personas que vivimos aquí, compartiendo lo que tenemos, enseñando a los niños y niñas la importancia de la solidaridad y de la ayuda en las labores de la casa y de la comunidad”.

Fuente e imagen: https://www.semana.com/educacion/articulo/indigena-estudiante-de-enfermeria-mantiene-a-su-comunidad-libre-de-covid-19/679778

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“Si no paras de decir mentiras, el concepto de verdad simplemente desaparece”

“Si no paras de decir mentiras, el concepto de verdad simplemente desaparece”

Noam Chomsky nos atendió el miércoles 8 de abril desde su casa de Tucson (Arizona), donde se refugia con su esposa Valeria. Mantuvimos esta entrevista justo antes de que el senador Bernie Sanders anunciara la suspensión de su campaña para la candidatura del Partido Demócrata, lo que convertía al antiguo vicepresidente Joe Biden en el candidato al que se habrá de enfrentar Donald Trump en las elecciones de noviembre. Empecé preguntándole al profesor Chomsky acerca de lo que está ocurriendo ahora mismo en el contexto de las elecciones de 2020 y de lo que cree que va a ocurrir en noviembre.

Noam Chomsky: Si Trump resulta reelegido, el desastre es indescriptible. Significa que las políticas de estos últimos cuatro años, que han sido sumamente destructivas para la población estadounidense, para el mundo, se seguirán aplicando y probablemente se acelerarán. Lo que esto supondrá sólo para la salud es tremendamente grave. Ya mencioné los datos publicados por The Lancet. Irá a peor. Lo que supone para el medioambiente o la amenaza de una guerra nuclear, algo de lo que nadie habla, pero que es sumamente grave, es indescriptible.

Supongamos que Biden sale elegido. Diría que básicamente sería una continuación de Obama: nada espectacular, pero al menos no totalmente destructivo, y ofrecería oportunidades para que una sociedad organizada cambie lo que se está haciendo, ejerza presión.

Actualmente, con frecuencia se afirma que la campaña de Sanders ha sido un fracaso. Creo que es un error. Creo que ha sido un éxito extraordinario porque ha modificado por completo el escenario de debate y discusión. Cuestiones que eran inconcebibles hace un par de años ahora están en el foco de atención.

El peor delito que ha cometido, a ojos de las clases dirigentes, no es la política que propone, sino el hecho de que ha sido capaz de estimular movimientos populares que ya habían empezado a desarrollarse –Occupy, Black Lives Matter y muchos otros– y convertirlos en una corriente activista que no solo aparece cada dos años para presionar a un dirigente y se da media vuelta, sino que ejerce una presión constante, un activismo constante. Esto podría afectar a un gobierno de Biden. También significa, aunque solo se trate de una acción defensiva preventiva, que ha llegado el momento de lidiar con una crisis de gran magnitud.

Analicemos Medicare for All o la otra pieza principal del programa de Sanders, la educación universitaria gratuita. En todo el espectro de las corrientes ideológicas principales, incluso lo que llaman la izquierda dentro de dichas corrientes, las desaprueban porque las consideran demasiado radical para los estadounidenses. Pensemos en lo que esto significa. Es un ataque a la cultura y la sociedad estadounidenses, algo que se esperaría de un enemigo hostil. Esto significa que afirmar que deberíamos estar a la altura de países similares resulta demasiado radical. Todos tienen algún tipo de sistema nacional de salud, en la mayoría la educación superior es gratuita: los países con mejores resultados, como Finlandia, gratuita; Alemania, gratuita; nuestro vecino del sur, México, un país pobre, posee una educación superior de gran calidad, gratuita. Así que, para los estadounidenses, decir que deberíamos estar a la altura del resto del mundo se considera demasiado radical. Es un comentario asombroso. Como he dicho, es una crítica a Estados Unidos que se esperaría de un enemigo muy hostil.

Esta es la izquierda del espectro político. Lo cual indica que tenemos problemas sumamente graves. No es solo Trump. Él lo ha agravado todo aún más, pero los problemas son mucho más graves, como, por ejemplo, la catástrofe de los respiradores, que describí en su momento, basada en la lógica capitalista y con el mazazo extra de un gobierno ineficaz a la hora de lidiar con cualquier asunto. Esto va mucho más allá de Trump. Y tenemos que enfrentarnos a los hechos. Algunas personas lo hacen. Seguro que informaste –no lo recuerdo–,  probablemente informaste de que había que poner en marcha el Reloj del Apocalipsis en enero. ¿No?

Sí.

Fíjate en lo que ocurrió. Durante todo el mandato de Trump, el minutero del Reloj del Apocalipsis, el mejor indicador general de la situación del mundo, se acercó a la medianoche –el final–,  alcanzó el punto más alto de su historia. El pasado mes de enero, lo sobrepasó. Los analistas pasaron de los minutos a los segundos: cien segundos para alcanzar la medianoche, gracias a Donald Trump.

Y el Partido Republicano, que es monstruoso, ya no se puede calificar de partido político. Se limita a repetir, con vergüenza, todo lo que dice el amo. Carece absolutamente de integridad. Observarlo es increíble. Se ha rodeado de una colección de psicópatas que se limita a repetir con sumisión todo lo que dice. Un verdadero ataque a la democracia, junto con el ataque a la supervivencia de la humanidad… La guerra nuclear, aumentar la amenaza de una guerra nuclear, desmantelar el sistema de control de armas que, en cierto modo, nos ha protegido del desastre total… Observarlo es asombroso.

El mismo memorando que cité sobre el modo en que las políticas que estamos adoptando están arriesgando la supervivencia de la humanidad concluía argumentando que los bancos debían reducir su apoyo a los combustibles fósiles, en parte por las consecuencias para su reputación. La reputación de los bancos se está viendo perjudicada. ¿Y eso qué significa? Significa que los activistas los están presionando y tienen que conservar cierta reputación. Esa es una buena lección.

Y funciona. Hemos visto varios ejemplos muy llamativos. Por ejemplo, el Green New Deal. Hace un par de años era objeto de burla, si es que se llegaba a mencionar. Algún tipo de Green New Deal es esencial para la supervivencia de la humanidad. Ahora forma parte de todas las agendas. ¿A qué se debe? Al compromiso del activismo. Especialmente del Sunrise Movement, un grupo de jóvenes que llevaron a cabo acciones relevantes hasta el punto de llegar a los despachos del congreso. Recibieron el apoyo de Alexandria Ocasio-Cortez y otros jóvenes legisladores que llegaron a su cargo como parte de la oleada popular que se inspiró en Sanders: otro gran éxito. Ed Markey, senador por Massachusetts, se sumó a la causa. Ahora forma parte de la agenda legislativa. El siguiente paso es hacerlo viable para forzar su aprobación. Hay muy buenas ideas para lograrlo. Y esa es la forma de cambiar las cosas.

Si Biden alcanzara la presidencia, no sé si habría un gobierno absolutamente comprensivo, pero al menos sería abordable, se podría ejercer cierta presión. Y eso es muy importante. Si echamos un vistazo al estupendo historiador especializado en asuntos laborales –seguro que conoce a Erik Loomis, que ha estudiado los esfuerzos de la clase trabajadora para introducir cambios en la sociedad, en ocasiones en beneficio de los trabajadores, en ocasiones en beneficio de la sociedad en general–, presentó una idea muy interesante. Esos esfuerzos tenían éxito cuando había un gobierno tolerante o comprensivo, no cuando no lo había. Hay una gran diferencia –una de las muchas diferencias enormes entre Trump, el sociópata, y Biden, que es un poco vacuo– en poder presionar de un modo u otro. Es la elección más crucial de la historia de la humanidad, literalmente. Cuatro años más de Trump nos expondría a un grave problema.

¿Cómo es posible que Estados Unidos, el país más rico del mundo, se haya convertido en el epicentro de la pandemia?

Los países han reaccionado de formas muy diversas, algunos con notable éxito, otros con más o menos éxito. Hay uno que ha tocado fondo. Nosotros. Estados Unidos es el único país importante que ni siquiera puede proporcionar datos a la Organización Mundial de la Salud porque es sumamente disfuncional.

Esto tiene un origen. Parte de dicho origen es un sistema sanitario vergonzoso, que sencillamente no está preparado para nada que se salga de lo normal. Simplemente no funciona. Esto se ha visto agravado por la presencia de una extraña colección de gánsteres de Washington que pareciera como si, de forma sistemática, hubieran adoptado todas las medidas posibles para hacerlo lo peor posible. Durante el mandato de Trump, estos últimos cuatro años, se han recortado sistemáticamente en todos los aspectos relacionados con la salud. El Pentágono progresa. La construcción de su muro progresa. Pero cualquier otra cosa –de hecho, cualquier cosa que pudiera beneficiar a la población en general– empeora, y en particular la sanidad.

Algunos casos son casi surrealistas. Por ejemplo, en octubre, en un momento tremendamente oportuno, [Trump] canceló por completo un proyecto de la agencia para el Desarrollo de EE. UU. –se llamaba Predict– que trabajaba con países del Tercer Mundo y también en China, para tratar de detectar virus nuevos que podían convertirse en la pandemia prevista. Y de hecho desde entonces se preveía –al menos a partir de la epidemia del SARS en 2003–. De modo que tenemos una combinación de factores, algunos de ellos específicos de Estados Unidos.

Si queremos asegurarnos, o al menos tener la esperanza, de poder evitar nuevas pandemias –que es muy probable que lleguen y más graves que esta, en parte debido a la enorme y creciente amenaza del calentamiento global– tenemos que estudiar el origen de esta. Y es muy importante analizarlo detenidamente. De modo que, si echamos la vista atrás, los científicos llevan años prediciendo pandemias. La epidemia del SARS fue bastante grave. Se logró contener, fue el comienzo del desarrollo de las vacunas, pero nunca llegaron a la fase de prueba. Entonces ya se sabía que iba a ocurrir algo más y hubo otras epidemias.

Pero no basta con saberlo. Alguien tiene que coger el testigo y entregarse a ello. ¿Y quién puede hacerlo? Lo lógico sería que fueran las empresas farmacéuticas, pero no están interesadas. Siguen la buena lógica capitalista: las señales del mercado indican que prepararse para una catástrofe anticipada y prevista no genera beneficios. De modo que no les interesaba.

En ese momento, otra posibilidad es que el gobierno tome cartas en el asunto. Tengo edad suficiente para recordar que se puso fin al horror de la polio gracias a un proyecto que puso en marcha y financió el gobierno y que derivó en la vacuna de Salk, que era gratis, carecía de derechos de propiedad intelectual. Jonas Salk dijo que debía ser libre como el viento. Muy bien, se logró acabar con el horror de la polio, el horror del sarampión y otros. Pero el gobierno no ha podido tomar cartas en este asunto a causa de otro aspecto particular de la época moderna: la plaga neoliberal. Recordemos la alegre sonrisa de Ronald Reagan y su frasecilla que afirmaba que el gobierno es el problema, no la solución. De modo que el gobierno no puede intervenir.

Se han hecho esfuerzos, no obstante, para intentar prepararse para esto. Ahora mismo en Nueva York y otros lugares, médicos y enfermeras se ven obligados a tomar decisiones angustiosas sobre a quién matar –una decisión nada agradable– simplemente porque no tienen suficiente equipamiento. Y el obstáculo principal es la falta de respiradores, una enorme escasez de respiradores. Ahora bien, el gobierno de Obama se esforzó en intentar prepararse para esto. Y esto revela, de forma radical, el tipo de factores que nos conducen a la catástrofe. Contrataron a una pequeña empresa que estaba fabricando respiradores de gran calidad a bajo coste. La empresa fue adquirida por una más grande, Covidien, que fabrica respiradores sofisticados y caros. Y dejaron de lado el proyecto. Presumiblemente no querían que compitieran con los suyos, más costosos. Poco después, comunicaron al gobierno que querían rescindir el contrato. La razón era que no era suficientemente rentable, por lo que no se hicieron más respiradores.

Lo mismo ocurre con los hospitales. Los hospitales, según los programas neoliberales, se supone que tienen que ser rentables, es decir, no pueden tener capacidad de más, solo el suficiente número de camas para arreglárselas. Y de hecho, mucha gente, yo incluido, puede testificar que incluso los mejores hospitales han causado gran dolor y sufrimiento a los  pacientes, ya antes de que estallara esta pandemia, debido a este concepto de eficiencia bajo mínimos que maneja nuestro sistema sanitario privatizado con ánimo de lucro. Cuando algo se sale de lo normal, mala suerte. Y así funciona todo el sistema.

De modo que tenemos una combinación de la lógica capitalista, que es letal pero controlable, pero que es incontrolable siguiendo los programas neoliberales, que además dictan que el gobierno no puede intervenir y coger el testigo cuando el sector privado no lo hace.

Para más inri –y esto atañe específicamente a Estados Unidos– tenemos un espectáculo circense en Washington, un gobierno totalmente disfuncional, que está causando graves problemas. Y no es que no se supiera nada. Durante todo el mandato de Trump, incluso antes, se sabía que se avecinaba una pandemia. Su reacción fue reducir su prevención. Sorprendentemente, esta actitud continuó incluso después de que se manifestara la pandemia.

De modo que, el 10 de febrero, cuando ya era grave, Trump publicó sus presupuestos para el próximo año. Échenle un vistazo. El presupuesto mantiene el recorte de fondos del Centro para el Control de Enfermedades y demás instituciones gubernamentales responsables de la salud, sigue recortándolas. Aumenta la financiación de algunas cosas, como la producción de combustibles fósiles, concede nuevas subvenciones a las industrias de combustibles fósiles. Es decir, es como si el país sencillamente estuviera… Mejor dicho, el país sencillamente está gobernado por sociópatas.

Y la consecuencia, por tanto, es que reducimos los esfuerzos para lidiar con la pandemia que está tomando forma y aumentamos los esfuerzos por destruir el medioambiente –los esfuerzos en los que Estados Unidos, bajo el mandato de Trump, va a la cabeza en la carrera hacia el abismo. Ahora bien, hay que tener en cuenta que eso –obviamente– es muchísimo más grave que la amenaza del coronavirus. Y es nocivo y grave, en particular en Estados Unidos, pero de algún modo nos recuperaremos, a un precio muy alto. No nos recuperaremos del derretimiento de las placas de hielo polar, que está derivando en un efecto retroactivo, bien conocido, que va en aumento: a medida que se derriten, disminuye la superficie reflectante y aumenta la absorción en los mares oscuros. El calentamiento que provoca el derretimiento aumenta. Y solo es uno de los factores que nos lleva a la destrucción, a menos que hagamos algo al respecto.

Y no es ningún secreto. Recientemente, por ejemplo, hace un par de semanas, se filtró algo muy interesante, un memorando de JPMorgan Chase, el banco más importante de Estados Unidos, que advertía de que, según sus propias palabras, “la supervivencia de la humanidad está en peligro si continuamos nuestro camino actual”, que incluía la financiación de las industrias de combustibles fósiles por parte del propio banco; es decir, estamos poniendo en peligro la supervivencia de la humanidad. Cualquiera que tenga los ojos abiertos en el gobierno de Trump es perfectamente consciente de ello. Es difícil encontrar palabras para calificarlo.

(…) Trump está desesperado por encontrar un chivo expiatorio al que culpar por sus espeluznantes errores e incompetencia. El más reciente es la Organización Mundial de la Salud, el ataque a China. El responsable siempre es otro.

Sin embargo, es sencillo, los hechos son muy claros. El pasado mes de diciembre China informó rápidamente a la Organización Mundial de la Salud de que se encontraban con pacientes con síntomas similares a la neumonía de etiología desconocida. No sabían qué era. Aproximadamente una semana después, el 7 de enero, comunicaron a la Organización Mundial de la Salud, la comunidad científica internacional, que los científicos chinos habían descubierto el origen: un coronavirus parecido al virus del SARS. Habían identificado la secuencia, el genoma. Estaban proporcionando la información al mundo.

Los servicios de inteligencia de Estados Unidos eran perfectamente conscientes de ello. Durante los meses de enero y febrero intentaron que alguien en la Casa Blanca prestara atención a la llegada de una grave pandemia. Sencillamente, nadie les escuchaba. Trump estaba fuera jugando al golf o tal vez escuchando o comprobando sus índices de audiencia en televisión. Ayer supimos que a finales de enero, un funcionario de alto nivel, muy cercano al gobierno, Peter Navarro, había enviado un mensaje muy contundente a la Casa Blanca afirmando que se trataba de un peligro real. Pero ni siquiera él tuvo éxito.

Noam, usted menciona a Peter Navarro, delegado de comercio, que envió un memorando –acaba de publicarse en The New York Times– a finales de enero advirtiendo de que con el coronavirus podían morir aproximadamente un millón de personas. Y la reacción de Trump en ese contexto fue prohibir los viajes desde China, no actuar en consecuencia, que era asegurarse de que Estados Unidos tenía los test adecuados y los EPIs, el equipo de protección individual, que los médicos, enfermeras, el personal de limpieza de los hospitales necesitaban para sobrevivir, tratar a los pacientes y ayudarles a ellos a sobrevivir. Y ha salido a la luz que las agencias de inteligencia, en ese momento, incluso antes que Navarro, estaban advirtiendo a Trump. Si pudiéramos retroceder a hace dos años, cuando disolvió la unidad para pandemias dentro del Consejo Nacional de Seguridad, pongamos cuando estaba en China departiendo acerca de gastar dinero en bombas o un muro, que le dijeran: “Señor, también tiene que fijarse en lo que está ocurriendo aquí”. Y esa unidad, la unidad para pandemias, no solo se ocupa de cómo procedemos en Estados Unidos, sino que también se asegura –tal y como hace el Centro de Control de Enfermedades (CDC) y otros organismos del gobierno de Estados Unidos– de enviar científicos a otros países, como China, para investigar y ayudar a otros países, porque cuando se trata de una pandemia tenemos que ir todos a una. De modo que, ¿podría hablarnos de estas advertencias y por qué los test y los equipos de protección individual son tan importantes?

Hay que recordar que esa actitud continuó incluso después de que la pandemia estuviera presente. Ahora bien, la propuesta presupuestaria es asombrosa. Se hace el 10 de febrero, con la pandemia muy avanzada. Trump recorta aún más los materiales gubernamentales relativos a la salud para seguir atacando. Estaban en el patíbulo, al igual que durante todo su mandato.

De hecho, las imágenes que has mostrado antes son parte de una estrategia muy inteligente. Independientemente de que sea algo planeado a conciencia o simplemente intuitivo, eso no lo sé. Pero seguir la pauta de hacer una afirmación, contradecirla mañana y salir con algo nuevo al día siguiente es realmente brillante. Significa que lo van a justificar. Pase lo que pase, lo habrá dicho. Si disparas flechas al azar, alguna dará en el blanco. Y la técnica que emplea con el altavoz de Fox y una base de admiradores que solo sintonizan la Fox, Limbaugh, etc., simplemente van a escoger lo que resultó ser cierto y dirán: “Miren a nuestro maravilloso presidente, el mejor presidente de la historia, nuestro salvador, lo supo desde el principio como muestran sus declaraciones”. No falla.

Se asemeja mucho a la técnica de fabricar mentiras constantemente. Ya sabemos cómo funcionan, no hace falta insistir en el tema. Los diligentes verificadores de informaciones llevan la cuenta. Creo que hasta ahora hay detectadas unas 20.000. Y mientras Trump se muere de la risa. Es perfecto. No paras de decir mentiras y lo que ocurre es que el concepto de verdad simplemente desaparece.

En un fragmento del The Daily Show, de Trevor Noah, que se llama “Homenaje a los estúpidos heroescépticos de la pandemia del coronavirus”, aparecen varios miembros de los medios de comunicación de derechas, como Sean Hannity, Rush Limbaugh, Tomi Lahren y otros, así como congresistas republicanos y miembros del gobierno de Trump, minimizando o burlándose de la pandemia del coronavirus. Empieza el 24 de febrero y termina con Donald Trump el 17 de marzo y Hannity el 18 de marzo diciendo que ellos siempre se habían tomado la pandemia en serio.  De modo que, cuando usted escucha las noticias de Fox News –que no es un canal cualquiera, es la gente con la que se comunica el presidente Trump. Tal vez sean sus consejeros, porque continuamente le quitaron hierro a la situación–, ¿considera que el presidente Trump es responsable? ¿Diría que tiene las manos manchadas de sangre?

No hay duda. Trump hace una declaración disparatada. Después es amplificada por el altavoz de Fox News. Al día siguiente dice lo contrario. Se hacen eco; el altavoz lo amplifica. Hay que fijarse en el tono, el tono del reportaje es interesante. Es de una confianza absoluta, no lo que cualquier persona sensata y en su sano juicio diría: “No lo sabemos con certeza. Hay mucha incertidumbre. Hoy las cosas están así”. Nada por el estilo. Confianza absoluta. Independientemente de lo que nuestro querido líder diga, lo amplificamos. Y es un diálogo interesante. Amplifican lo que dice. Sean Hannity dice: “Es la mejor maniobra que se ha hecho en la historia universal”. Y a la mañana siguiente, Trump sintoniza Fox & Friends y escucha lo que se ha dicho. Se convierte en su reflexión del día. Es una interacción, Murdoch y Trump se preparan literalmente para intentar destrozar el país y destrozar el mundo, porque en el fondo, no debemos olvidarlo, hay una amenaza muchísimo mayor, que cada vez está más cerca, mientras Trump se abre camino hacia la destrucción.

Recibe ayuda. Así, en el hemisferio sur, bien abajo, hay otro loco, Jair Bolsonaro, que rivaliza con Trump para ver quién puede ser el peor criminal del planeta. Le está diciendo a los brasileños: “Esto no es nada. Solo es un resfriado. Los brasileños no contraemos virus. Somos inmunes”. Su ministro de Sanidad y otros funcionarios están intentando intervenir y decir: “Esto es muy serio”. Muchos gobernadores, afortunadamente, están ignorando lo que dice. Pero Brasil se enfrenta a una terrible crisis. De hecho ha llegado hasta el punto de que en las favelas, los barrios pobres de Río, donde el gobierno no hace nada por la gente, otros han intervenido para, en la medida de lo posible, imponer restricciones sensatas bajo esas miserables condiciones. ¿Quién? Las bandas criminales. Las bandas criminales que torturan a la población han intervenido para intentar imponer normas sanitarias. La población indígena se enfrenta prácticamente a un genocidio, lo cual no le importaría a Bolsonaro porque, en cualquier caso, cree que no deberían estar allí. Entretanto, mientras todo esto ocurre, se publican artículos científicos advirtiendo de que en 15 años el Amazonas pasará de ser un sumidero neto de carbono a un emisor neto de CO2. Algo devastador para Brasil –de hecho, para el mundo entero.

De modo que tenemos al llamado Coloso del Norte en manos de unos sociópatas, que están haciendo todo lo que pueden para perjudicar al país y al mundo. Y al llamado Coloso del Sur que, a su manera, está haciendo lo mismo. Sigo la situación de cerca porque mi esposa Valeria es brasileña y me mantiene al día con las noticias que están apareciendo en Brasil. Y, sencillamente, es asombroso.

Sin embargo, mientras tanto, hay países que están reaccionando con sensatez. De modo que, en cuanto empezaron a llegar las noticias de China –y hubo muchas enseguida, al contrario de lo que se está diciendo– los países de la periferia de China empezaron a reaccionar –Taiwán, Corea del Sur, Singapur–  de una manera bastante efectiva. Algunos de ellos lo tienen básicamente bajo control. Nueva Zelanda aparentemente ha contenido el coronavirus, tal vez casi por completo, con un confinamiento inmediato durante un par de semanas, y parece que está a punto de eliminarlo. En Europa, la mayor parte de los países vacilaron, pero algunos, los mejor organizados, actuaron enseguida. Es muy llamativo. Sería muy útil para los estadounidenses que compararan los desvaríos de Trump con las informaciones y declaraciones sobrias y objetivas de la canciller alemana Angela Merkel dirigidas a la población alemana, describiendo exactamente lo que está ocurriendo y lo que hay que hacer.

Quería preguntarte, mientras conversas con nosotros desde tu casa de Tucson, Arizona, donde estás confinado porque estamos en medio de esta pandemia para evitar la propagación y para protegerte a ti mismo y a tu familia: ¿Qué te da esperanza?

He de decir que sigo un régimen estricto porque mi esposa Valeria está al mando y yo sigo sus órdenes. De modo que Valeria y yo estamos aislados.

Pero lo que me da esperanza son las iniciativas que están adoptando sectores populares por todo el mundo, muchos de ellos. Algunas cosas que están pasando son verdaderamente motivadoras. Por ejemplo los médicos y enfermeros que están trabajando sin descanso bajo unas condiciones sumamente peligrosas, carentes –especialmente en Estados Unidos– del mínimo apoyo, viéndose obligados a tomar unas decisiones angustiosas sobre a quién matar mañana. Pero lo están haciendo. Se trata de un tributo ejemplar a los recursos del espíritu humano, un modelo de lo que se puede hacer, junto con los movimientos populares, los pasos para crear una Internacional Progresista. Son señales muy positivas.

Sin embargo, si nos remontamos a la historia reciente, ha habido épocas en que la situación parecía verdaderamente imposible y desesperada. Pienso en mi infancia, a finales de la década de 1930 y comienzo de la de 1940. Parecía que el ascenso del azote nazi era inexorable, victoria tras victoria. Parecía que era imparable. Fue la invención más espeluznante de la historia de la humanidad. Resulta que –entonces yo lo desconocía– los estrategas de EE. UU. esperaban que durante la posguerra el mundo se dividiera entre un mundo controlado por EE. UU. y otro controlado por Alemania, incluida toda Eurasia: una idea horripilante. Y se superó. Ha habido otros movimientos en defensa de los derechos civiles: el joven movimiento Freedom Riders que se manifestó en Alabama para animar a los granjeros negros a que fueran a votar, a pesar de la grave amenaza de muerte que se cernía sobre ellos y sobre los propios manifestantes. Son algunos ejemplos de lo que los humanos son capaces de hacer y han hecho. Y hoy en día vemos muchas señales: esa es la base de la esperanza.

Fuente: https://www.democracynow.org/2020/4/10/noam_chomsky_trump_us_coronavirus_response

Traducción de Paloma Farré.

Fuente de la Información: https://rebelion.org/si-no-paras-de-decir-mentiras-el-concepto-de-verdad-simplemente-desaparece/

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Libro(PDF): «Mujeres jóvenes y niñas indígenas en la explotación cauchera de la Amazonía (1904 – 1912): despliegues epistémicos emergentes del pensamiento alternativo latinoamericano»

Reseña: CLACSO

El 12 de octubre de 2012, en el corregimiento de La Chorrera, departamento del Amazonas, Colombia, se conmemoró el centenario del Etnocidio Cauchero Casa Arana. Las razones y justificaciones que motivaron esta investigación emergen de los Requerimientos realizados por descendientes de las víctimas de las comunidades indígenas afectadas; y de abordajes académicos a partir del Doctorado en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, línea: Jóvenes, Culturas y Poderes. En este contexto, el presente estudio recompone los hechos a través de diversas fuentes para visibilizar la violencia que se ejerció contra niñas y mujeres jóvenes indígenas, entre 1904 y 1912, primer período de la explotación cauchera; y para acercar al entendimiento sobre las razones que motivaron estos acontecimientos. El abordaje epistémico se realiza a partir de corrientes del pensamiento latinoamericano decolonial, relacional, ambiental y alternativo, las cuales reconocen y respetan la diversidad humana; la biodiversidad y la interculturalidad. Epistemes críticas de la modernidad occidental y de su espíritu colonizador, indolente y universalizantes. Todo ello desde una propuesta estética y ética de respeto por la memoria de las víctimas.

Autores (as): Alvarez Chica, Ana María

Editorial/Editor: Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud alianza de la Universidad de Manizales y el CINDE

Año de publicación: 2017

País (es): Colombia.

Idioma: Español.

ISBN: Reconocimiento-No Comercial-Sin Derivadas CC BY-NC-ND

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/deed.es

Descarga: Mujeres jóvenes y niñas indígenas en la explotación cauchera de la Amazonía (1904 – 1912): despliegues epistémicos emergentes del pensamiento alternativo latinoamericano

Fuente e Imagen: http://biblioteca.clacso.edu.ar/colecciones/saladelectura/index.php?a=q&r=1&hs=1&t=1&q=Pedagog%EDa&j=dl&c=general&fqf=TX&Submit=buscar+en+CLACSO

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Comunicación indígena y sus desafíos

Por: Itzamná Ollantay

Las y los indígenas en Abya Yala somos alrededor de 50 millones de personas. Representamos cerca del 10% de la población latinoamericana. Sin embargo, incluso en países mayoritariamente indígenas, como Guatemala, Bolivia, Perú, México, los pueblos indígenas aún “carecemos” de voz propia. No porque no nos asista el Logos (Palabra), sino porque para ser ciudadano/a en estos países “criollos” el o la indígena debe dejar de ser indígena, y asumir la identidad nacional criolla.

Y, si un indígena quiere ser periodista o comunicador, debe de conocer y aprender a decir las mentiras de los patrones como verdades “objetivas”. De lo contrario el o la indígena jamás será un periodista o comunicador cualificado para el sistema.

¿Qué significa tener voz propia para un indígena?

Tener voz propia no necesariamente significa informar o hacer comunicación en nuestros idiomas nativos. Nuestro idiomas indígenas son útiles para comunicar hacia adentro, pero lo que necesitamos es “anunciar nuestras verdades” hacia fuera.

En este sentido, para comunicar hacia fuera, y hacia adentro, la comunicación indígena debería ser:

Intercultural. En un Continente multicultural, como es América Latina, la comunicación indígena debe ser dialógica o polilógica (varias culturas conversando). Asumir que todas las culturas somos portadoras de verdades inconclusas. Por tanto, las y los comunicadores indígenas debemos escuchar también las otras verdades para liberarnos de prejuicios culturales que nos habitan.

La comunicación intercultural, para nosotros indígenas, implica estar seguros de nuestra identidad cultural, y salir al “encuentro” para enriquecernos mutuamente con nuestros interlocutores.

El o la comunicadora indígena, al ser portadora de dos o más culturas (la suya materna y la “cultura” nacional) debe colocarse simultáneamente en la situación cultural de su público receptor para estar seguro que lo que trasmite es copiado sin mayor “tergiversación”.

Comunitaria. Una impronta nuclear de lo indígena es la comunidad. Lo que existe coexiste tejiendo entramados comunitarios. Nadie existe fuera de la comunidad. Por tanto, la comunicación indígena no responde a los intereses del individuo que comunica. Es más, estos intereses individuales están supeditados al interés comunitario.

En este sentido, la comunicación indígena es esencialmente una comunicación comunitaria. Ningún comunicador indígena habla o debería hablar a título personal, o amparado únicamente en un cartón (título) profesional. Las y los indígenas debemos esforzarnos por ser “plumas”, “teclados”, “profetas”, de nuestros pueblos y comunidades. La comunidad es para el comunicador indígena lo que la tinta es para la pluma. Una pluma sin tinta no tiene sentido. Las verdades se construyen en comunidades, no sólo humanas, sino incluso cosmoteándricas.

Ascendente. Las verdades en los pueblos indígenas no obedecen a un autor individual. Las verdades se construyen en procesos asamblearios. De abajo hacia arriba. Con la mayor y amplia participación posible, incluso más allá de las murallas de lo público y lo privado.

Comunicación indígena que no hable desde las comunidades, aldeas, barrios… no puede ser comunicación. Noticia creada en las salas de edición, o sacadas únicamente de Google… no puede ser comunicación indígena.

Situada. La comunicación indígena es la voz, la herramienta, de pueblos subalternizados. Por tanto, para la o el comunicador indígena, el “eufemismo” de la “objetividad” o la “imparcialidad” no debería existir.

Somos plumas, teclados, o voces, de pueblos dominados/despojados, colonizados. En consecuencia la comunicación indígena es esencialmente político. No únicamente como vehículo de denuncia, sino también como el canal para proclamar las propuestas y agendas sociopolíticas y culturales de los pueblos y comunidades.

Comunicador o comunicadora indígena que no tiene claridad política, ni definición ideológica clara (más allá del binarismo izquierda-derecha) en pro de la liberación integral de nuestros pueblos no merece llamarse comunicador indígena.

El folclorismo, sea o no academicista, pervierte a la comunicación indígena. Más letal aún es para nuestra apuesta el o la comunicadora indígena “apolítica”.

Transformadora. Por estar los pueblos en situación de despojados y subalternos, la comunicación indígena no puede agotarse en ser “un adorno cultural” más para mantener el mortal sistema de la comunicación hegemónica. Toda comunicación, para ser tal, debe ser transformadora de la realidad.

En los diferentes países latinoamericanos, bajo regímenes de estados criollos etnofágicos, las realidades son adversas para nuestros pueblos. El colonialismo interno/externo, el patriarcado, el mercantilismo…, son realidades que debemos transformar desde la comunicación indígena, y con propuestas sociopolíticas que contengan improntas de nuestros pueblos.

Biocéntrica. Por las condiciones planetarias sobrevenidas, fruto de la modernidad irresponsable en su expresión económica y cultural, la humana se adentra hacia una batalla global “inter civilizatoria” entre la civilización de la muerte y la civilización de la Vida. Vida entendida como nuestra Madre Tierra y toda la comunidad cósmica que cohabitamos en Ella. Y la comunicación indígena debe de estar del lado de la civilización de la Vida.

En este sentido, la comunicación indígena no debe ser únicamente intercultural, comunitaria, decolonial y feminista,  sino también tiene que ser eco comunicación para el Buen Vivir.

*Fuente: https://www.telesurtv.net/staff/oitzamna

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Documental: La escuela del silencio

Presenta: Youtube

Documental que evidencia las dificultades de niñas en escuelas rurales.

Proyecto presenta la problemática de las niñas en las escuelas del Perú. … Además, señaló que “La escuela del silencio” representa el silencio social de ser niña en comunidades quechua-hablantes o aymara-hablantes con bajos recursos; por lo que existe un tema cultural que hay que abordar y transformar.

“Hoy las niñas y los niños acuden a la escuela primaria en similares porcentajes. Lo hacen en condiciones distintas que sus congéneres de las zonas urbanas. Conforme crecen las brechas se acentúan, y las niñas rurales y de barrios periurbanos van quedando rezagadas, con menos posibilidades de hacer realidad su proyecto de vida”, comentó.

El documental que ha sido producido por César Hildebrandt Chávez por encargo de UNICEF y con el apoyo del Ministerio de Asuntos Exteriores, Comercio y Desarrollo de Canadá, relata la historia de niñas que a pesar de vivir en entornos muy distintos – comunidades amazónicas, alto andinas y un asentamiento humano de Ventanilla – tienen un sueño común y enfrentan similares barreras para cumplirlos.

Ellas anhelan culminar la escuela y convertirse en profesionales. Estas niñas a su corta edad deben asumir el cuidado de sus hermanos menores y labores domésticas propias de una persona adulta; además deben trabajar para colaborar con la economía familiar; y día a día soportar la discriminación de género y la violencia en sus casas y colegios.

Miles de niñas y adolescentes están asumiendo responsabilidades que no les corresponden. Son niñas cuidando a otros niños y alejándose de la escuela; niñas trabajando para contribuir a la economía familiar. Deserción escolar, repitencia, bajos logros de aprendizaje y maternidad precoz suelen ser el resultado de esta situación.

Al referirse a “La Escuela del Silencio” la Embajadora de Canadá comentó “el video que comparte hoy UNICEF ayuda claramente a asegurar el derecho a la educación de las mujeres, desde un enfoque que articula género y diversidad cultural, reconociendo que la pobreza es un factor que dificulta fuertemente este ejercicio”.

Finalmente el representante de UNICEF señaló la necesidad de que Estado, cooperación internacional, sociedad civil y comunidad educativa aborden este problema con enfoque de género para garantizarles a las niñas el derecho a culminar su educación secundaria. Puntualizó que sólo así ellas podrán incorporarse en mejores condiciones al mercado laboral y romper con la cadena de pobreza que arrastran sus familias de generación en generación.

A tomar en cuenta:

  • Según el MINEDU el promedio urbano femenino de conclusión oportuna de la secundaria es superior al masculino. Sin embargo, se mantiene una brecha importante de más de 30 puntos, entre lo urbano y rural. El 76.9% de las adolescentes entre 17 y 18 años del área urbana han culminado la secundaria. En el área rural lo han hecho el 42.5%.
  • En el área urbana el 8.5 de las niñas que culminan sexto grado y el 9% de las adolescentes que culminan secundaria tiene atraso escolar. En el área rural ocurre lo mismo con el 28.9% y 26.8 % de las escolares, respectivamente. En el caso de la población indígena el promedio de atraso es de 33.4% al concluir la primaria y el 35.5% al terminar la secundaria.
  • El embarazo adolescente aumenta cuando menor es el nivel educativo. El 34,9% de las adolescentes que solo cuenta con nivel primaria está embarazada. Entre las adolescentes que tienen estudios superiores el porcentaje de embarazadas es de 4,5%.

Para mayor información en UNICEF, por favor contactar a Marilú Wiegold teléfono 613-0706 celular 99757-3218, e-mail mwiegold@unicef.org y Sandra Esquén, celular 99901-7866, e-mail sesquen@unicef.org  

Link. https://www.youtube.com/watch?v=wBG3jUvTMCs

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