El informe ‘Más allá del hambre’, de Plan Internacional, muestra, entre otras cosas, que las mujeres y las niñas son las víctimas «invisibles» al comer menos y en último lugar. Además sufren más violencia sexual. Unas 50 millones de personas se encuentran al borde de la inanición.
La ONG ‘Plan Internacional’ ha elaborado un exhaustivo informe ‘Más allá del hambre’ en el que analiza detalladamente la crisis de pobreza por la que atraviesa gran parte de África y las devastadoras consecuencias que eso conlleva: inanición, violencia sexual contra las mujeres, explotación…
Según el informe, casi 350 millones de personas de 82 países sufren inseguridad alimentaria en la mayor crisis de hambre en décadas, que ha llevado a 50 millones de personas al borde de la inanición.
Los más jóvenes, en peligro
Más de 7.000 personas 7.158 personas de Kenia, Somalia, Etiopía, Sudán del Sur, Malí, Níger, Burkina Faso y Haití, los países con una situación más crítica, han sido encuestados y algunas de las conclusiones generales es que los niños y adolescentes están «en grave riesgo» de sufrir formas de violencia como matrimonios infantiles, explotación o violencia sexual.
«A menos que se aumente urgentemente la ayuda internacional, innumerables niñas corren el riesgo de convertirse en víctimas invisibles de esta devastadora crisis del hambre. El hambre es un problema que tiene solución, pero es necesario actuar con urgencia para evitar que esta crisis alimentaria se convierta en una hambruna en toda regla que afecte sobre todo a los niños, y especialmente a las niñas», asegura Concha López, directora general de Plan International, desde Somalia.
Las mujeres y las niñas comen menos y peor que los hombres
Además, otra de los resultados de la encuesta es que debido a las políticas sociales discriminatorias de los países señalados las niñas y las mujeres suelan comer menos que los niños y los hombres del mismo hogar y además en último lugar. Algo que afecta directamente a su salud.
Aumenta el matrimonio infantil hasta en un 51% en algunos países
Por otra parte, en Etiopía, Kenia y Somalia el matrimonio infantil ha aumentado un 51% en el último año, según los datos disponibles, ya que las familias en una situación desesperada recurren a casar a sus hijas para aliviar la presión sobre la economía familiar u obtener el pago de la dote.
La odisea para buscar agua potable se ve más reflejada también en aquellas mujeres que deciden ir a los pozos por la noche para evitar aglomeraciones. De media, recorren entre 15 y 25 km, y en Kenia y Somalia las niñas y mujeres participantes en los grupos focales explicaron que se mueven en grupo para recolectar agua y leña con el objetivo de mitigar el riesgo. El problema es que al ser mujeres se enfrentan a posible violencia sexual.
«Las mujeres van por la noche a por agua a pesar de poder sufrir violencia sexual o del peligro de animales como las hienas»
«Recorrer largas distancias de noche es muy arriesgado para nosotras, las niñas y las mujeres más jóvenes están muy expuestas a riesgos de violencia sexual, incluida la violación, y se ven amenazadas
por animales salvajes peligrosos como las hienas; sin embargo, la mayoría de las veces preferimos ir a las fuentes de agua de noche para evitar la competencia y conseguir agua», asegura una mujer etíope entrevistada en el estudio de ‘Plan Internacional’.
Aumento de embarazos no deseados
Otro de los problemas que sufren las mujeres y niñas es el aumento de embarazos no deseados, y las personas encuestadas destacan la falta de acceso a suministros de salud e higiene menstrual. Por ejemplo, en Somalia, el 30% de las niñas y mujeres encuestadas mencionó como barrera la falta de dinero para comprar productos de higiene menstrual.
En junio de 2017, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, publicó el libro Desiguales. Orígenes, cambios y desafíos de la brecha social en Chile, el que dio a conocer las
enormes brechas que existen en nuestro país. Uno de los investigadores principales de aquel libro es Matías Cociña, quien referente al tema de las pensiones, uno de los más señalados y cuestionados durante años comentó que “los datos que mostramos en Desiguales indicaban que en el año 2015, de los pensionados y pensionadas de 65 y más años, un 47% recibía una pensión que estaba por debajo del 70% del salario mínimo. Sin los aportes previsionales solidarios (APS) del sistema, la cifra habría llegado al 73%. No es coincidencia, entonces, que en nuestra encuesta solo una de cada tres personas del primer quintil de ingresos pensara que contaría con ingresos suficientes en la vejez para cubrir sus necesidades básicas. En el corto plazo, es muy importante aumentar los aportes provenientes del pilar solidario. En el mediano plazo, probablemente habrá que discutir elementos más estructurales del sistema de seguridad social, discusión que le corresponde a las instituciones políticas”.
Otro de los temas que representan una demanda que no se circunscribe solo a la movilización actual, sino que viene de mucho antes, es el que dice relación con la presencia de “los mismos de siempre” en la toma de decisiones, terminología popular que se refuerza con los datos del libro.
Cociña manifiesta que “respecto de las autoridades políticas a nivel nacional, nuestros datos muestran que entre 1990 y 2016, siete de cada diez ministros o ministras, seis de cada diez senadores o senadoras y cuatro de cada diez diputados o diputadas, fueron a uno de 14 colegios de elite (todos de Santiago). En efecto, en Chile las personas que toman decisiones tienden a escogerse desde un subconjunto bastante reducido de la sociedad. Los mecanismos de reproducción de los segmentos de altos ingresos, particularmente mediante la educación, tienen mucho que ver con esto”.
Uno de los puntos más oscuros de la desigualdad social tiene que ver con la incertidumbre, específicamente la laboral, que es la que determina todo lo demás para las personas de escasos recursos. Del universo de trabajadores cubiertos por el seguro de cesantía en un período de 11 años, aquellos que partieron en un trabajo de bajo salario tuvieron empleo formal y con contrato indefinido menos de un 30% de esos 132 meses y tuvieron en promedio casi 10 empleadores.
Quienes partieron en un trabajo de alto salario estuvieron en esa situación más de un 72% de los meses y tuvieron en promedio menos de cinco empleadores. En otras palabras, la estabilidad de las trayectorias laborales está tremendamente estratificada en Chile.
El 1 % más rico ha acaparado casi dos terceras partes de la nueva riqueza (valorada en 42 billones de dólares), generada a nivel global entre diciembre de 2019 y diciembre de 2021, casi el doble que el 99% restante de la humanidad, según revela hoy un nuevo informe de Oxfam Intermón.
Durante la última década, el 1 % más rico ha capturado alrededor del 50 % de la nueva riqueza.
El informe La ley del más rico se publicó el día en que comenzó el Foro Económico Mundial en Davos. “Las élites se están reuniendo en un contexto en el que la riqueza y la pobreza extremas en el mundo se han incrementado simultáneamente por primera vez en 25 años”, afirmó Franc Cortada, director de Oxfam Intermón.
«Latinoamérica ha sido la región más golpeada por la pandemia en el mundo. Y a pesar de ello, sus ultra ricos se han embolsado ganancias estratosféricas durante la crisis, en gran medida como
resultado de los planes de estímulo inyectados con fondos públicos y su voraz aprovechamiento de las condiciones de mercado. Décadas de privilegios fiscales para los más ricos han sido elementos
clave en el aumento de las desigualdades", afirmó Gloria García Parra, directora regional en Oxfam para América Latina y el Caribe.
En América Latina, durante la pandemia, la riqueza de los 91 multimillonarios de la región ha crecido un 21%, cinco veces más rápido que el PIB de la región durante el mismo período. De estos 91 milmillonarios, 17 viven en países en los que no deben pagar ningún impuesto sobre herencias, donaciones o sucesiones: esto significa que pasarán más de 158.000 millones de dólares totalmente libres de impuestos a la próxima generación. Por otro lado, los salarios reales han perdido un 10% de valor (de 2020 a 2022) y 201 millones de personas (32,1% de la población total) viven ya en la pobreza. De ellos, 82 millones (13,1%) se encuentran en situación de pobreza extrema. A finales de 2022, la inseguridad alimentaria pasó a impactar a cuatro de cada diez personas.
Por cada dólar de nueva riqueza global que recibe una persona del 90 % más pobre de la humanidad, un multimillonario se embolsa US$1.7 millones. La fortuna de los milmillonarios crece a un ritmo de US$2.700 millones diarios. Esto se suma a una década de ganancias históricas en la que el número de esta casta privilegiada y su riqueza se han duplicado.
Por otro lado, la actual crisis de precios es también una crisis de desigualdad. Según el Banco Mundial, podríamos estar ante el mayor incremento de la pobreza y desigualdad entre países desde la Segunda Guerra Mundial. Países enteros se encuentran al borde de la bancarrota. Los más pobres destinan cuatro veces más recursos al servicio de la deuda (en manos de ricos acreedores) que a los servicios de salud pública. Brasil destinó en 2021 tres veces más al servicio de la deuda que a inversión en salud.
Mientras los hogares más vulnerables sufren para llenar el refrigerador o mantener una temperatura adecuada, el extraordinario crecimiento de los beneficios empresariales en sectores como el de la energía y la alimentación ha disparado de nuevo los patrimonios de los más ricos.
El extraordinario crecimiento en sectores como el de la energía y la alimentación ha disparado el patrimonio de los más ricos. Según las estimaciones de Oxfam, 95 empresas internacionales de
energía y alimentación han anunciado en 256% sus beneficios en el 2022. Generaron unos beneficios extraordinarios por un total de US$306.000 millones, y destinaron US$257.000 millones
(el 84 %) a remunerar a sus ya muy ricos accionistas. En América Latina y el Caribe, la alimentación, la salud, las finanzas y la minería han sido los principales sectores en que operan los nuevos milmillonarios de la región. Desde el inicio de la pandemia, la fortuna de tres de ellos ha crecido más del doble y para otros catorce, se ha incrementado en más del 50%.
En Latinoamérica, cerca del 50% de la población pertenece al sector informal. Sin redes de protección social y frente a un escenario de crisis que perfila bajo crecimiento, alta inflación, presión de deuda pública y una recaudación fiscal insuficiente, esta combinación letal puede dar lugar a movimientos de descontento social profundo. Una bomba de tiempo en un territorio que vive bajo la constante amenaza de democracias frágiles. A esto se suma que las medidas de austeridad de los gobiernos reducen el gasto en servicios públicos garantes de derechos, y no en el servicio a la deuda que generalmente está en manos de ricos acreedores.
La dinastía familiar Walton, por ejenplo, propietaria del 50 % de la multinacional Walmart, recibió 8.500 millones de dólares de dividendos a lo largo del año pasado. Solo en 2022, la riqueza del
multimillonario indio Gautam Adani, propietario de grandes compañías energéticas, se incrementó en 42.000 millones de dólares (un 46 %).
Durante los últimos 40 años, los Gobiernos de África, Asia, Europa y las Américas han ido reducido los tipos impositivos sobre las rentas más altas, mientras se han elevado los impuestos al consumo
sobre bienes y servicios, es decir, impuestos que recaen desproporcionadamente sobre quienes tienen menos y que amplían las brechas de género, de raza y otras desigualdades. Entre 2007 y 2019, la recaudación tributaria en América Latina y el Caribe creció apenas en un 7%, y ha sido a costa de elevar un 11% la contribución fiscal que recae sobre las familias a través de los impuestos al consumo y el trabajo, mientras la recaudación por rentas corporativas y riqueza ha caído en 5%.
Ningún país de la región grava las rentas del capital por encima de las rentas del trabajo en la actualidad.
En contraste, al menos 1.700 millones de trabajadoras y trabajadores viven en países donde el crecimiento de la inflación se sitúa por encima del de los salarios, y más de 820 millones de personas en todo el mundo (aproximadamente una de cada diez) pasan hambre. Las mujeres y las niñas suelen comer en último lugar y en menores cantidades en los hogares, y representan casi el 60 % de la población mundial que padece hambre.
Volviendo a Chile, de acuerdo al politólogo Ben Ross Schneider, del MIT, nuestro país posee un modelo denominado capitalismo jerárquico, donde la mayor parte de las grandes empresas son
controladas por un grupo reducido de personas vinculadas por la sangre y la clase. Ese capitalismo, describe Schneider, ofrece muy pocos buenos puestos de trabajo (los puestos gerenciales quedan
en manos de la élite) y muchos puestos mal pagados (temporales, en poder de la gran mayoría de los trabajadores).
Siguiendo ciertas estimaciones, en Chile el 1% más rico captura cerca del 17% de los ingresos fiscales, mientras que el 10% más rico percibe más del 50% de todos los ingresos. Peor aún, estas cifras parecieran ser estimaciones conservadoras ya que cuando se incluyen las ganancias no distribuidas de las empresas (ganancias retenidas al interior de las firmas) las cifras resultan aún más alarmantes: solo el 1% del país percibe alrededor del 24% de todos los ingresos generados (Top incomes in Chile: a historical perspective of income inequality; 2019).
Para mayor abundamiento, el índice Gini de la Región Metropolitana para el año 2017 correspondió a 0,50, levemente por sobre el de Chile (0,49), pero muy por sobre el de otras regiones, tales como la de O’Higgins (0,40), Arica y Parinacota (0,41), Tarapacá (0,42) y Antofagasta (0,43). De hecho, el segundo lugar del ranking de desigualdad en Chile lo ocupan La Araucanía, Aysén y Los Ríos, todas con coeficientes de Gini de 0,47, lo que constituye una diferencia no menor respecto de la Región Metropolitana y del promedio nacional (CIPER; 2019).
De acuerdo al informe How’s Life (2020) de la OCDE, el 53% de la población chilena está en riesgo de caer en la pobreza si tuviera que renunciar a tres meses de sus ingresos, el quinto país del
bloque con el mayor porcentaje y lejos del 36% que promedia todo el grupo.
Según la ONG Techo, entre los años 2011 y 2019 los campamentos aumentaron en Chile un 22%, llegando a 47 mil hogares y que, tras la crisis social, el número estaría acercándose -en los primeros análisis- a 52 mil familias o más y lo más probable es que en el contexto post Covid-19 esto se va a disparar probablemente a 100 mil hogares.
El gobierno de Piñera señaló que en tiempos de crisis sanitaria debía emplearse el seguro de cesantía para tener ingresos; sin embargo, se estimaba, en aquel período, que habían 2.5 millones de trabajadores informales, quienes cuentan con escasos ahorros, producto de precariedad laboral y la vorágine de tener que sobrevivir diariamente.
Los médicos siempre piden lavarse las manos varias veces al día para evitar el contagio de coronavirus, pero, de acuerdo a los datos del censo 2017, hay 383.204 viviendas que no cuentan con agua potable.
Unos 14 millones de trabajadores están afiliados a Fonasa, muy criticado por los pacientes por la mala atención en los hospitales, largas esperas para obtener una cita médica, incluso en urgencias,
y las malas condiciones de los establecimientos.
Chile tiene una situación muy deficitaria de médicos y enfermeras, de camas hospitalarias y de medicamentos genéricos, como lo revelan datos de la OCDE: en comparación con los países
integrantes de esa organización, Chile muestra un menor número de médicos (1,7 x 1.000 hab.) que el promedio de los otros países (3,2 x 1.000 hab.), menor número de enfermeras (4,2 x 1.000
hab. versus 8,8 x 1.000) y menor tasa de camas hospitalarias (2,1 x 1.000 hab. versus 4,8 x 1000), así como el porcentaje de medicamentos genéricos en el mercado es de 30 por ciento en Chile y
de 75 por ciento en los países de la OCDE.
Menos de 50 por ciento de los médicos trabajan en el sector público y una mayoría en el sector privado, atraídos por más cómodas condiciones laborales y mayores ingresos económicos.
El 56% de las viviendas en la Región Metropolitana son menores de 70 m2; siendo las 3 comunas con viviendas de menor área: María Pinto con 47,8 m2, San Pedro con 48,37 m2 y La Pintana 48.48
m2. En los sectores acomodados, los promedios del tamaño de las viviendas son: Lo Barnechea, 169,1 m2; Vitacura, 154,5 m2 y Las Condes 116,6 m2.
En cuanto a la enseñanza, la PAES 2022 arrojó la confirmación de las distancias existentes entre los colegios municipales y los particulares pagados, las que aún no logran ser revertidas. De acuerdo a lo afirmado por el Ministerio de Educación (Mineduc), existe una brecha “grande” la existente en ambas pruebas de Matemática, la que también existe entre recintos particulares pagados y
subvencionados.
La brecha entre hombres y mujeres en la prueba específica de Matemática también creció de un 0,21 en 2021 a un 0,23 en 2022, y llegó a un 0,32 durante este año, lo que es calificada como “pequeña” por el Gobierno.
Además, la PUC precisó que el promedio de estudiantes de colegios municipales en Competencia Lectora y Matemática fue de 611,2 y 528,8 respectivamente, mientras que en particulares
subvencionados fue de 643 y 552,9, y en particulares pagados de 749 y 700,5 puntos.
En el top 3 aparecieron las escuelas Los Andes de Vitacura, The Grange School y Villa María Academy, seguidas por Los Alerces, Cordillera de Las Condes, Tabor y Nazareth, Tabancura y Santiago College.
En cuanto a la educación pública, apenas tres liceos de administración municipal aparecieron entre los 100 primeros en puntaje. Estos colegios son el Liceo Augusto D’Halmar de Ñuñoa (15° lugar), el Liceo Bicentenario de Temuco (40°) y el Colegio de Maipo, de Buin (88°).
Además, en el top 100 solo apareció un colegio particular subvencionado. Se trata del Liceo San Pedro Poveda de Maipú (91°).
En el informe de la OCDE Hacer frente a la crisis del coste de la vida: ayuda a la renta de las personas y sus familias (2022), se señala que Chile es el octavo de los 36 países que integran el organismo que más ayuda entregó a los ricos que a los pobres.
Además, la OCDE plantea que “a medida que prosiguen los esfuerzos para contener la inflación, las ayudas públicas han sido fundamentales para aliviar la caída del nivel de vida que conlleva. Como
parte de las estrategias para repartir las cargas del aumento del coste de la vida entre los hogares, los empresarios y el gobierno, las transferencias directas también pueden frenar las presiones al
alza sobre los salarios”.
Sin embargo, estas políticas de ayuda no han logrado dar en el clavo para que lleguen a quienes más las necesitan, siendo uno de los problemas elegir entre la selectividad con aportes directos al
ingreso para los más pobres o la generalización, con aportes, subvenciones estatales y baja de impuestos para todos, incluidos quienes tienen rentas más altas.
Analizando las prestaciones sociales, el informe de la OCDE apunta directamente a aquellos países en que debido a problemas de focalización en sus ayudas han terminado por beneficiar a los grupos de renta más alta, en desmedro de los de renta más baja. Así, Chile figura como el octavo de los 36 países miembros de la OCDE en que el Estado ha ayudado más a los más ricos que a los pobres durante esta crisis mundial. Ahora bien, solo cuatro países presentan una brecha mayor entre lo que reciben los más ricos versus lo que recibe el quintil más bajo.
El Estado chileno ha destinado cerca de un 28% de sus transferencias al quintil más rico de la población, mientras que el quintil más pobre recibe apenas un 18% estimado de estas ayudas.
Finalmente, para contrarrestar esta creciente desigualdad, Oxfam está pidiendo a los gobiernos que aumenten los impuestos a sus residentes más ricos. Propone introducir un impuesto único sobre el patrimonio e impuestos sobre las ganancias extraordinarias para acabar con la especulación de las crisis mundiales, así como aumentar de forma permanente los impuestos sobre el 1% más rico de la población hasta al menos el 60% de sus ingresos del trabajo y el capital.
El 20% de los estudiantes franceses vive por debajo del umbral de la pobreza. El aumento del precio de los alimentos y de las facturas de energía agrava su situación. Y sin embargo, Francia concede más ayudas económicas a los estudiantes que muchos otros países europeos.
Nuestra reportera Valérie Gauriat se reunió en París, Rennes y Lyon con algunos de los que luchan por llegar a fin de mes, así como con las asociaciones que les apoyan.
De la covacha a la crisis energética
Los ojos de Baptiste y Mustafa se iluminan al ver los kiwis en su bolsa de la compra. «Los kiwis son un lujo», explica Batiste. Son dos de los mil estudiantes que participaron en el reparto de alimentos organizado en París por COP1, una asociación estudiantil creada durante la pandemia para apoyar a los estudiantes necesitados.
JR A’Weng, director general de COP1, dice que no pensaba que organizarían distribuciones de alimentos después de los cierres covídicos. Pero con la subida de la inflación, «cada vez es más difícil para los estudiantes hacer frente a la situación, y existe una verdadera inestabilidad financiera».
Mayor riesgo de fracaso escolar
Elodie suspendió sus exámenes dos veces en Lyon durante los cierres covid, por lo que perdió su beca. Empezó una nueva vida en Rennes (Bretaña). Pasó un mes en su coche antes de encontrar alojamiento para estudiantes. Aquejada de varias discapacidades, sus gastos médicos, sólo parcialmente cubiertos por la seguridad social, se comen su pequeño presupuesto. Su situación repercute en sus estudios.
» Me duermo durante las clases, falto a clase para ver a un asistente social o para ir a la distribución de alimentos», cuenta.
En Lyon, la tercera ciudad más grande de Francia, la federación de asociaciones de estudiantes, Gaelis, gestiona una llamada tienda solidaria donde los estudiantes pueden comprar productos al 10% del precio de mercado. Su presidenta, Laure Morin, explica: «La falta de seguridad económica que constatamos entre los estudiantes es una enorme carga mental para ellos. Los estudiantes se ven obligados a trabajar. Y si los estudiantes trabajan más de 12 horas paralelamente a sus estudios, tienen tres veces más probabilidades de suspender. »
La nueva edición del Foro Económico Mundial de Davos arranca hoy en Suiza, con la participación española de los empresarios Ignacio Sánchez Galán (Iberdrola), Josu Jon Imaz (Repsol), Rafael del Pino (Ferrovial), Francisco Reynés (Naturgy), Ana Botín (Banco Santander), José María Álvarez-Pallete (Telefónica) y Carlos Torres (BBVA), entre otros. La cita de 2023 reunirá a 52 jefes de Estado y de Gobierno, entre ellos Pedro Sánchez, y alrededor de 2.700 representantes “destacados” de 130 países. Políticos y empresarios, o sus comisarios. El objetivo del Foro es “reforzar la cooperación entre gobiernos y sectores empresariales, creando las condiciones para una recuperación sólida y duradera [de la guerra en Ucrania y la pandemia]”, ha declarado el fundador y presidente ejecutivo del Foro, Klaus Scwab.
En este contexto, ha sido la reputada organización internacional Oxfam Intermón quien ha querido advertir precisamente hoy de que el “1% más rico acumula el 63% de la riqueza producida en el mundo desde 2020” y que “esto se suma a una década de ganancias históricas en la que el número de milmillonarios y su riqueza se han duplicado”. La fortuna de los milmillonarios ha crecido a un ritmo de 2.700 millones de dólares al día.
En España, el valor de conjunto de la riqueza de los milmillonarios desde 2020 ha aumentado aproximadamente tres millones de dólares al día. Mientras, los trabajadores siguen perdiendo poder adquisitivo —un mes de salario en los últimos dos años— en una situación inflacionista, que afecta aún más a los trabajadores precarios y personas vulnerables—el 26% de los hogares, según Oxfam, viven devorados por la inflación—. En el mundo, 1.700 millones de trabajadores viven en países donde la inflación crece por encima de los salarios, añade la organización.
Mientras, los trabajadores siguen perdiendo poder adquisitivo en una situación inflacionista que afecta aún más a los trabajadores precarios y personas vulnerables: el 26% de los hogares, según Oxfam, viven devorados por la inflación
Es la ley del más rico, considera Oxfam Intermón. “Las élites se están reuniendo en un contexto en el que la riqueza y la pobreza extremas en el mundo se han incrementado simultáneamente por primera vez en 25 años”, afirma Franc Cortada, director de la organización.
Cortada sitúa la actual crisis de precios como la “crisis de desigualdad” más grande vivida desde la II Guerra Mundial. Según las estimaciones de la organización, 95 empresas de energía y alimentación han más que duplicado sus beneficios en 2022, generando unos beneficios extraordinarios de 306.000 millones, destinando 257.000 de esos millones (el 84%) a remunerar a “sus ricos accionistas”. “Esta codicia alimenta la inflación”, resume.
La tónica capitalista no distingue de hemisferios: tanto en Australia como en Estados Unidos y Reino Unido, la organización calcula que esos enormes beneficios han contribuido, “como mínimo”, al 50% del crecimiento de la inflación. La dinastía familiar Walton, propietaria del 50% de la multinacional Walmart, recibió 8.500 millones de dólares en dividendos a los largo del pasado año, apunta a modo de ejemplo. Ese mismo año, la riqueza del milmillonario Gautam Adani, propietario de grandes compañías energéticas, se incrementó en 42.000 millones de dólares —un 46%—.
“Estamos ante una crisis alimentada porque algunas de las grandes empresas y los súperricos se han aprovechado del contexto de incertidumbre, la pandemia y la guerra en Ucrania y están sacando tajada, inflando precios y márgenes, a costa de una gran mayoría”, apunta Cortada
Hacia una desigualdad estructural
Oxfam señala que la concentración de riqueza en España ha avanzado rápidamente desde 2008: mientras que aquel año el 1% de la población que acaparaba más riqueza concentraba el 15,3% de la riqueza neta total, en 2021 acumulaban hasta el 23,1%. Aproximadamente, uno de cada cuatro euros.
“La evolución de la desigualdad en España es un fenómeno preocupante: mientras los salarios pierden peso y capacidad de poder adquisitivo, las grandes empresas aumentan beneficios y la riqueza en España sigue concentrándose en manos de unos pocos”, alerta Cortada. Tanto es así que en 2021 consiguieron unos beneficios un 63% superior que en 2019 y en 2022 se han disparado otro 30%.
En el análisis de la situación de la nueva estructura de la desigualdad en España, la organización advierte de que, al igual que ya sucedió durante la crisis de 2008, “los milmillonarios también se han visto afectados por la actual crisis”, y aunque el valor de su riqueza cayó en momentos, “logran que sus ganancias se recuperen rápidamente, por encima del crecimiento del país”. En millones de hogares sucede todo lo contrario: cada vez les resulta más difícil llegar a final de mes. Concretamente, al 26% de la población española.
“Estamos ante una crisis alimentada porque algunas de las grandes empresas y los súperricos se han aprovechado del contexto de incertidumbre, la pandemia y la guerra en Ucrania y están sacando tajada, inflando precios y márgenes, a costa de una gran mayoría”, apunta Cortada.
Por ello, Oxfam solicita al Gobierno español que, “de manera inmediata”, impulse un pacto de rentas que profundice en la reforma fiscal elevando los tipos aplicados sobre las rentas de capital hasta equipararlas al tratamiento fiscal del trabajo; que se refuerce la lucha contra la evasión y elusión fiscal; que revise de forma “permanente” los impuestos a los beneficios caídos del cielo; que amplíe la cobertura del Ingreso Mínimo Vital, y que incremente el apoyo público a los autónomos y pequeñas y medianas empresas. “Es esencial garantizar que los salarios puedan recuperar su poder adquisitivo”, concluye Cortada.
Tax the rich
Por todo ello, Oxfam Intermón ha lanzando una campaña comunicativa de denuncia, bajo el hastag #taxtherich y el emoticono de la bandera rojo, con el objetivo de señalar “prácticas y políticas que son comportamientos propios de relaciones socioeconómicas tóxicas”, como que “los ultra ricos se aprovechen de las crisis para aumentar su riqueza, que vendan y contaminen aquí pero declaren en un paraíso fiscal, que aumenten sus beneficios pero no suban los salarios de su plantilla o que facturen millones pero apenas paguen impuestos”.
Foro de Davos
El Foro de Davos arranca hoy en esta ciudad suiza hasta el viernes 20 de enero. Debatirán sobre los riesgos “inminentes” para los dos próximos años que, a su juicio, son “la escasez de alimentos y de energía”, así como el aumento de los precios y el coste de la vida. Consideran que los efectos de la crisis sanitaria y de la guerra en Ucrania son “especialmente visibles” en Europa y que “amenazan con socavar” los “esfuerzos” para hacer frente a los riesgos a más largo plazo, “especialmente los relacionados con el cambio climático, la biodiversidad y la inversión en el capital humano” y genera riesgos “conexos” como la recesión, el sobreendeudamiento, la polarización social debida a la desinformación y el auge de las guerra geoeconómicas.
Para ello, la jefa de gestión de Marsh, Carolina Klint, ya ha sugerido cambios para “proteger la cadena de suministro”, lo que comportaría relocalizaciones, y afianzar, aún más, las alianzas “público-privadas”.
Si se aumenta un punto porcentual en la asignación de los recursos para la educación pública que se dedican al 20% más pobre de la población se podría sacar de la pobreza del aprendizaje a 35 millones de niños en edad escolar primaria en todo el mundo.
Los niños de los hogares más pobres son los que menos se benefician de la financiación nacional destinada a la educación pública, según afirma UNICEF en un nuevo informe publicado hoy. La organización pide también que se realice una inversión adicional y más equitativa para sacar a millones de niños y niñas de la crisis del aprendizaje.
El informe, titulado Transforming Education with Equitable Financing (Transformar la educación mediante una financiación equitativa), señala que, como término medio, el quintil de alumnos más pobres solo se beneficia del 16% de la financiación pública destinada a la educación, en comparación con el quintil más rico, que se beneficia del 28%. Entre los países de ingresos bajos, solo el 11% de la financiación pública para la educación se dedica a los alumnos más pobres, mientras que el 42% se dedica a los más ricos.
“No estamos cumpliendo nuestras obligaciones para con la infancia. Hay demasiados sistemas educativos en el mundo que invierten lo mínimo en los niños y niñas que más lo necesitan”, declaró Catherine Russell, Directora Ejecutiva de UNICEF. “Invertir en la educación de los niños y niñas más pobres es la forma más rentable de garantizar el futuro de los niños, las comunidades y los países. El verdadero progreso solo puede llegar cuando invertimos en todos los niños y niñas, en todas partes”.
El informe examina los datos sobre el gasto público para la enseñanza preescolar, primaria, secundaria y superior de 102 países. El estudio concluye que un aumento de un punto porcentual en la asignación de recursos públicos dedicados a la educación del 20% más pobre podría sacar de la pobreza del aprendizaje a 35 millones de niños en edad de asistir a la escuela primaria. A escala mundial, el estudio señala que es más probable que el gasto público para la educación llegue a los alumnos de los hogares más ricos tanto en los países de ingresos bajos como en los de ingresos medios.
La brecha es más pronunciada entre los países de ingresos bajos. Varios ejemplos muestran que los alumnos de los hogares más ricos se benefician de una financiación pública para la educación seis veces superior a la de los más pobres. Mientras tanto, en los países de ingresos medios, los alumnos más ricos de lugares como Côte d’Ivoire y Senegal reciben alrededor de cuatro veces más fondos públicos para la educación que los más pobres. Aunque la diferencia es menor en los países de ingresos altos, donde los más ricos suelen recibir entre 1,1 y 1,6 veces más fondos públicos que los más pobres, en Francia y Uruguay la diferencia es mayor.
Según el informe, los niños que viven en la pobreza tienen menos probabilidades de acceder a la escuela y la abandonan antes. Además, los niños de los hogares pobres están menos representados en los niveles superiores de la enseñanza, que reciben una cantidad mucho mayor de fondos públicos per cápita para la educación. También tienen más probabilidades de vivir en zonas remotas y rurales que, por lo general, no cuentan con suficientes servicios y se encuentran en el extremo más desfavorecido de la brecha digital.
Incluso antes de la pandemia de COVID-19, los sistemas educativos de todo el mundo no cumplían plenamente sus objetivos para con los niños, ya que cientos de millones de estudiantes asistían a la escuela pero no dominaban las competencias básicas de lectura y matemáticas. Según estimaciones recientes, dos terceras partes de los niños de 10 años de todo el mundo no pueden leer ni comprender un cuento sencillo.
Según el informe, una medida fundamental para hacer frente a la crisis del aprendizaje es que los gobiernos proporcionen una financiación equitativa y den prioridad a los recursos destinados a la educación pública, entre otras cosas centrándose cada vez más en el aprendizaje básico. Esto supone garantizar que la financiación pública para la educación preescolar y primaria llegue a todos y prestar especial atención a los pobres y marginados en los niveles superiores de la enseñanza.
Estas son otras conclusiones del informe:
En la última década, el gasto público en educación ha sido más equitativo en el 60% de los países sobre los que se dispone de datos.
Sin embargo, casi el 30% de los países destinan menos del 15% de los recursos de la educación pública a los alumnos de los hogares más pobres. Entre los países de ingresos bajos, este porcentaje es alarmantemente elevado, ya que alcanza el 80% de los países.
En 1 de cada 10 países, los alumnos de los hogares más ricos reciben cuatro o más veces los fondos del gasto público en educación, en comparación con los alumnos de los hogares más pobres.
Los llamamientos en favor de la educación en situaciones de emergencia suelen recibir solo entre el 10% y el 30% de las cantidades necesarias, con importantes disparidades entre países y regiones.
Es necesario tomar medidas urgentes para garantizar que los recursos destinados a la educación lleguen a todos los alumnos. En el informe se formulan cuatro recomendaciones fundamentales: desbloquear fondos públicos para la educación con el fin de promover la equidad; dar prioridad a la financiación pública del aprendizaje básico; monitorear y garantizar una asignación equitativa de la ayuda a la educación en contextos humanitarios y de desarrollo; e invertir en modalidades innovadoras para impartir educación.
América Latina persiste como un ámbito convulsionado por rebeliones populares y procesos políticos transformadores.
En distintos rincones de la región se verifica la misma tendencia al reinicio de los levantamientos que signaron el debut del nuevo milenio. Esas sublevaciones se aquietaron durante la década pasada y recuperaron intensidad en los últimos años.
La pandemia interrumpió limitadamente esa escalada de movilizaciones, que neutralizaron la corta restauración conservadora del 2014-2019. Ese período de renovado golpismo, no logró desactivar el protagonismo de los movimientos populares.
La rebelión del 2019 en Ecuador inauguró la fase actual de protestas, que ha repetido la tradicional tónica de irradiaciones. Bolivia, Chile, Colombia, Perú y Haití han sido los principales centros de confrontación reciente.
Los efectos políticos de esta nueva oleada son muy variados. Han trastocado el mapa general de los gobiernos, recreando la gravitación del progresismo. Esa vertiente se ha impuesto en el grueso de la geografía zonal. Al inicio de 2023 los mandatarios de ese signo prevalecen en los países que reúnen al 80% de la población latinoamericana (Santos; Cernadas, 2022).
Este escenario ha facilitado también la continuidad de los gobiernos acosados por el imperialismo estadounidense. Luego de soportar incontables embestidas, los diabolizados presidentes de Cuba, Venezuela y Nicaragua siguen en sus cargos.
También ha sido parcialmente contrarrestado el ciclo de golpes militares e institucionales, que apadrinó Washington en Honduras (2009), Paraguay (2012), Brasil (2016) y Bolivia (2019). La reciente asonada en Perú (2023) afronta una heroica oposición en las calles.
Esta rebeldía obstruyó, hasta el momento, la intervención disfrazada de los marines en países devastados como Haití. La misma lucha popular propinó duras derrotas a los atropellos intentados por los gobiernos neoliberales reciclados de Ecuador y Panamá.
Pero esta gran intervención desde abajo suscita una reacción más virulenta y programada de las clases dominantes. Los sectores enriquecidos han procesado la experiencia anterior y exhiben menos tolerancia a cualquier cuestionamiento de sus privilegios. Han articulado una contraofensiva ultraderechista para doblegar al movimiento popular. Aspiran a retomar con mayor violencia, la fracasada restauración conservadora de la década pasada. Este complejo escenario exige evaluar a las fuerzas en disputa.
REVUELTAS CON EFECTO ELECTORAL
Varios levantamientos de los últimos tres años tuvieron traducciones electorales inmediatas. Los nuevos mandatorios de Bolivia, Perú, Chile, Honduras y Colombia emergieron de grandes sublevaciones que impusieron cambios de gobierno. Las protestas callejeras forzaron comicios que derivaron en victorias de los candidatos progresistas, contra sus adversarios de ultraderecha.
Esta secuencia se verificó primero en Bolivia. La sublevación confrontó exitosamente con los gendarmes y tumbó a la dictadura. Añez tiró la toalla cuando perdió a sus últimos aliados y a los sectores medios que al principio acompañaron su aventura.
La corrupta gestión de la pandemia potenció ese aislamiento y diluyó el continuismo civil intentado por los candidatos de la centroderecha. La rebeldía desde abajo impuso el retorno del MAS al gobierno y varios responsables del golpe fueron juzgados y encarcelados. La conspiración continuó en el bastión santacruceño y actualmente se dirime si persistirá o será aplastada por una contundente reacción oficial.
Una dinámica semejante se verificó en Chile, como resultado del gran levantamiento popular y sepultó al gobierno de Piñera. La chispa de esa batalla fue el costo del transporte, pero el rechazo a los 30 pesos de esa erogación derivó en una imponente gesta contra 30 años de legado pinochetista.
Ese torrente condujo a dos victorias electorales que precedieron al triunfo de Boric sobre Kast. El gran aumento de la participación electoral con consignas antifascistas en los barrios populares permitió ese logro, en el país-emblema del neoliberalismo regional.
Por esa gravitación de Chile como símbolo del thatcherismo, la asunción de un presidente progresista, en el marco de la Asamblea Constituyente con gran presencia popular en las calles, despertó enormes expectativas.
Una secuencia más vertiginosa e inesperada se registró en Perú. El hastío popular con los presidentes derechistas salió a flote en protestas espontáneas y protagonizadas por jóvenes despojados de sus derechos. Ese levantamiento sucedió a la tragedia sanitaria de la pandemia, que potenció la ineptitud de la burocracia gobernante.
Castillo se transformó en el receptor del malestar popular y el fujimorismo no pudo frustrar su llegada a la Casa de Gobierno. El discurso redistributivo del sindicalista docente creó la expectativa de cortar con la agobiante sucesión de gobiernos conservadores.
En Colombia la rebelión masiva forzó al establishment a resignar por primera vez su manejo directo de la presidencia. Varios millones de personas participaron en imponentes manifestaciones. Las huelgas masivas confrontaron con una represión feroz y lograron tumbar una reforma regresiva de la salud. Al igual que en Chile se extendieron posteriormente para expresar el enorme malestar acumulado durante décadas de neoliberalismo.
Ese fastidio se tradujo en la derrota electoral del uribismo y del improvisado ultraderechista que intentó impedir la victoria de Petro. Con ese triunfo un líder de centroizquierda llegó a la presidencia, sorteando el terrible destino del asesinato que sufrieron sus antecesores. Lo acompaña una afrodescendiente representativa de los sectores más oprimidos de la población.
En la misma tónica se inscribió el triunfo de Xiomara Castro en Honduras. Su victoria premió la sostenida lucha contra el golpe que en el 2009 prohijó el embajador estadounidense. Esa asonada inició el largo ciclo latinoamericano de lawfare y golpismo judicial parlamentario.
Los 15 puntos de ventaja que Xiomara obtuvo sobre su contrincante neutralizaron los intentos de fraude y proscripción. En un dramático contexto de pobreza, narcotráfico y criminalidad, la heroica lucha popular desembocó en la primera presidencia de una mujer. Xiomara comenzó su gestión derogando las leyes de manejo secreto del Estado y de entrega de zonas especiales a los inversores externos.
Pero debe lidiar con la sofocante presencia de una gran base militar estadounidense (Palmerola) y una embajadora de Washington que interviene con toda naturalidad, en los debates internos sobre los asentamientos campesinos y las leyes de reforma del sistema eléctrico (Giménez, 2022).
VICTORIAS DE OTRO TIPO
En otros países el ascenso de mandatarios progresistas no fue un resultado directo de las protestas populares. Pero esa resistencia operó como un trasfondo del descontento social y la incapacidad de los grupos dominantes para renovar la primacía de sus candidatos.
México fue el primer caso de esta modalidad. López Obrador llegó a la presidencia en el 2018, en una dura confrontación con las castas del PRI y del PAN sostenidas por los principales grupos económicos. AMLO aprovechó el desgaste de las gestiones previas, la división de las elites y la obsolescencia del continuismo a través del fraude. Pero actuó en un contexto de menor impacto de las precedentes movilizaciones del magisterio y los electricistas.
Los sindicatos han quedado muy afectados en México por la reorganización de la industria y no fueron determinantes del giro político en curso. AMLO mantiene una relación ambigua con su referente histórico cardenista, pero inauguró una administración muy distanciada de sus antecesores neoliberales.
Tampoco en Argentina la llegada de Fernández (2019) fue un resultado inmediato de la acción popular. No reprodujo el arribo de Néstor Kirchner (2003) a la Casa Rosada, en medio de una generalizada rebelión. Previamente el derechista Macri sufrió un contundente revés en las calles, cuando intentó introducir una reforma previsional (2017). Pero no afrontó el periódico levantamiento general que sacude a la Argentina.
En ese país se localiza el principal movimiento de trabajadores del continente. Su disposición de lucha ha sido muy visible en las 40 huelgas generales consumadas desde el fin de la dictadura (1983). La sindicalización se ubica en el tope de los promedios internacionales y empalma con la llamativa organización de los piqueteros (desocupados e informales).
La lucha de esos movimientos ha permitido sostener los auxilios sociales del Estado, que las clases dominantes concedieron bajo el gran susto de una revuelta. Las nuevas formas de resistencia -enlazadas con la belicosidad precedente de la clase obrera- facilitaron el retorno del progresismo al gobierno.
En los últimos tres años, la decepción generada por el incumplimiento de las promesas de Fernández suscitó grandes rechazos, pero con protestas acotadas. Hubo importantes triunfos de muchos gremios, frecuentes concesiones del gobierno y protagonismo callejero, pero la acción del movimiento popular fue contenida
En Brasil la victoria de Lula ha sido un extraordinario logro, en un marco de relaciones sociales de fuerzas desfavorable para los sectores populares. Desde el golpe institucional contra Dilma el dominio de las calles fue capturado por los sectores conservadores que ungieron a Bolsonaro. Los sindicatos obreros perdieron protagonismo, los movimientos sociales han sido hostilizados y los militantes de izquierda adoptaron actitudes defensivas.
La liberación de Lula incentivó el reinicio de la acción popular. Pero ese impulso no alcanzó para revertir la adversidad del contexto, que permitió a Bolsonaro conservar una significativa masa de votantes. El PT retomó la movilización durante la campaña electoral (especialmente en el Nordeste) y revitalizó sus fuerzas en los festejos del triunfo.
En un marco de gran división de los grupos dominantes, hartazgo con los exabruptos del ex capitán y liderazgo cohesionador de Lula, la derrota de Bolsonaro ha creado un escenario de potencial recuperación de la lucha popular (Dutra, 2022). El temor a ese despunte, indujo al alto mando militar a vetar el desconocimiento del veredicto de las urnas que propiciaba el bolsonarismo.
Pero la batalla contra la ultraderecha recién comienza y para doblegar a ese gran enemigo resulta imperioso reconquistar la confianza de los trabajadores (Arcary, 2022). Esa credibilidad quedó erosionada por la desilusión con el modelo de pactos con el gran capital que desenvolvió el PT en sus gestiones anteriores. Ahora emerge una nueva oportunidad.
TRES BATALLAS RELEVANTES
Otras situaciones de enorme resistencia popular en la región no derivaron en victorias electorales progresistas, pero sí en derrotas mayúsculas de los gobiernos neoliberales.
En Ecuador se registró el primer triunfo de este tipo contra el presidente Lasso, que intentó retomar las privatizaciones y la desregulación laboral, junto a un plan de aumentos de las tarifas y alimentos dictado por el FMI. Ese atropello precipitó la confrontación con el movimiento indigenista y su nuevo liderazgo radical, que propicia un contundente programa de defensa de los ingresos populares.
A mediados del 2022, ese choque recreó la batalla librada en octubre del 2019, contra la agresión lanzada por Lenin Moreno para encarecer el precio de los combustibles. El conflicto se zanjó con los mismos resultados que la pugna anterior y con una nueva victoria del movimiento popular. La gigantesca movilización de la CONAIE ingresó en Quito en un clima de gran solidaridad, que neutralizó la lluvia de gases lacrimógenos gatillada por los gendarmes.
En 18 días de paro el experimentado movimiento indigenista derrotó la provocación del gobierno imponiendo la liberación del líder Leónidas Iza (Acosta, 2022). La CONAIE conquistó también la derogación del estado de excepción y la aceptación de sus principales demandas (congelamiento de los combustibles, bonos de emergencia, subsidios a los pequeños productores) (López, 2022).
El gobierno se quedó sin cartuchos cuando perdió credibilidad su insultante discurso contra los indios. Debió ceder ante un movimiento, que volvió a demostrar gran capacidad para paralizar el país y neutralizar los ataques contra las conquistas sociales.
Otra victoria de la misma relevancia se logró en Panamá a mitad del año, cuando los gremios docentes convergieron con los transportistas y los productores agropecuarios, en el rechazo al incremento oficial de la gasolina, los alimentos y los medicamentos. La unidad forjada para desenvolver esa resistencia sumó a la comunidad indígena a un movimiento de protesta, que durante tres semanas paralizó al país. Las marchas de protesta fueron las más importantes de las últimas décadas.
Esa reacción social doblegó a un gobierno neoliberal que debió retroceder en sus planes de ajuste. El presidente Carrizo no pudo satisfacer a las cámaras empresariales que exigían mayor dureza contra los manifestantes.
Esa victoria fue particularmente significativa en un istmo que tuvo un gran crecimiento en los ultima dos décadas, aprovechando los lucros que genera la administración del Canal para los grupos dominantes. La desigualdad es apabullante, en un país dónde el 10% de las familias más ricas cuenta con ingresos 37,3 veces más altos que el 10% de los más empobrecidos (D’Leon, 2022).
La invasión estadounidense instaló en 1989 un esquema neoliberal, que complementa esa asimetría con escandalosos niveles de corrupción. Tan sólo la evasión fiscal equivale a la totalidad de la deuda pública (Beluche, 2022). La victoria en las calles propinó una severa derrota al modelo que las elites de Centroamérica presentan como el rumbo a seguir por todos los pequeños países.
El tercer caso de una extraordinaria resistencia popular sin derivaciones electorales se verifica en Haití. Las gigantescas movilizaciones volvieron a ocupar el centro de la escena durante el 2022. Confrontaron con las políticas de saqueo económico que implementa un régimen manejado desde las oficinas del FMI. Ese organismo propició el encarecimiento del combustible que desató las protestas, en un país todavía desgarrado por el terremoto, el éxodo rural y el hacinamiento urbano (Rivara, 2022).
Las marchas callejeras se desenvuelven en un vacío político absoluto. Hace seis años que no hay elecciones, en una administración que prescinde del poder judicial y legislativo. El presidente de turno sobrevive por el simple sostén que aportan las embajadas de Estados Unidos, Canadá y Francia.
El desgobierno actual se prolonga por la indecisión que impera en Washington a la hora de consumar una nueva ocupación. Estas intervenciones con el disfraz de la ONU, la OEA y la MINUSTAH se han recreado una y otra vez en los últimos 18 años con resultados funestos. Los servidores locales de esas invasiones reclaman el reingreso de las tropas foráneas, pero salta a la vista inutilidad de esas misiones.
Esa modalidad de control imperial ha sido en los hechos sustituida por la generalizada difusión de bandas paramilitares que aterrorizan a la población. Actúan en estrecha complicidad con las mafias empresariales (o gubernamentales) que rivalizan por los botines en disputa, utilizando las 500.000 armas ilegales provistas por sus cómplices de la Florida (Isa Conde, 2022). El magnicidio del presidente Moïse fue apenas una muestra del descalabro que generan las pandillas manejadas por distintos grupos de poder.
Estas organizaciones han tratado de infiltrar también a los movimientos de protesta para desarticular la resistencia popular. Siembran el terror, pero no han logrado confinar a la población a sus casas. Tampoco pudieron recrear expectativas en otra intervención militar extranjera (Boisrolin, 2022). La rebelión continúa, mientras la oposición busca caminos para forjar una alternativa superadora de la tragedia actual.
ABORDAJES CENTRADOS EN LA RESISTENCIA
La secuencia de resistencias en el último trienio, confirma la persistencia en América Latina de un prolongado contexto de luchas, sujeto al patrón habitual de ascensos y reflujos. Los éxitos y los retrocesos son limitados. No hay triunfos de envergadura histórica, pero tampoco derrotas como las padecidas durante las dictaduras de los años 70.
Esta etapa puede ser caracterizada con distintas denominaciones. Algunos analistas observan un largo ciclo de impugnación del neoliberalismo (Ouviña, 2021) y otros destacan la preeminencia de acciones de resistencia popular determinantes de los ciclos progresistas (García Linera, 2021).
Esos abordajes jerarquizan acertadamente el papel de la lucha y la consiguiente gravitación de los sujetos populares. Aportan miradas que superan la frecuente desconsideración de los procesos que se desenvuelven por abajo. En este segundo tipo de miradas predomina un gran desconocimiento de la lucha social y una sesgada indagación de los cursos geopolíticos por arriba. Estudian especialmente cómo se dirimen los conflictos en el campo exclusivo de las potencias, los gobiernos o las clases dominantes.
Esta última óptica suele prevalecer en las caracterizaciones de los ciclos progresistas, como procesos meramente contrapuestos al neoliberalismo. Se resalta su incidencia política democratizadora, sus rumbos económicos heterodoxos o su autonomía de la dominación estadounidense.
Pero con ese enfoque se evalúan los distintos posicionamientos de los grupos dominantes, sin registrar las conexiones de esas estrategias con políticas de control o sometimiento de las mayorías populares. Omiten este dato clave, porque no valoran la centralidad de la lucha popular en la determinación del actual contexto latinoamericano.
Esta distorsión es muy visible en el sesgado uso de las categorías inspiradas en el pensamiento de Gramsci. Se toman esas nociones para evaluar cómo gestionan las clases capitalistas articulando consenso, dominación y hegemonía. Pero se olvida que esa cartografía del poder, constituía para el comunista italiano un elemento complementario de su evaluación de la resistencia popular. Esa rebeldía era el pilar de su estrategia de conquista del poder por parte de los oprimidos para construir el socialismo.
Una aplicación actualizada para Latinoamérica de este último enfoque exige priorizar el análisis de las luchas populares. Las modalidades que utilizan los poderosos para ampliar, preservar o legitimar su dominación enriquecen, pero no sustituyen esa evaluación.
COMPARACIONES CON OTRAS REGIONES
Al indagar la resistencia de los oprimidos se perciben las singularidades latinoamericanas de esas luchas. En los últimos años, la acción popular presentó semejanzas y diferencias con otras regiones.
En el 2019 se observaba en varios puntos del planeta una fuerte tendencia al despunte de una nueva oleada de protestas, liderada por los jóvenes indignados de Francia, Argelia, Egipto, Ecuador, Chile o el Líbano.
La pandemia interrumpió abruptamente esa irrupción, generando un bienio de miedo y enclaustramiento. Ese reflujo fue a su vez acentuado por la gravitación del negacionismo derechista que impugnó la protección sanitaria. En este marco salió a flote la dificultad para articular un movimiento global en defensa de la salud pública, centrado en la eliminación de las patentes a las vacunas.
Concluido ese dramático período de encierro, las protestas tienden a reaparecer suscitando las prevenciones del establishment, que advierte la proximidad de rebeliones pos pandemia (Rosso, 2021). Temen especialmente la indignación que genera la carestía del combustible y los alimentos (The Economist, 2022). Esa dinámica de resistencia ya incluye un significativo resurgimiento de las huelgas en Europa y de la sindicalización en Estados Unidos, Pero el protagonismo de América Latina continúa como un dato descollante.
En todas partes los sujetos de esa batalla reúnen a una gran diversidad de actores, con significativa relevancia del joven trabajador precarizado. Este segmento sufre un grado de explotación superior a los asalariados formales. Padece la inseguridad de su trabajo, la falta de prestaciones sociales y las consecuencias de la flexibilización laboral (Standing, 2017).
Por esas razones es particularmente activo en la lucha callejera. Ha sido privado de los ámbitos tradicionales de negociación y afronta una contraparte patronal muy difusa. En distintos países es empujado a imponer sus demandas a través del Estado.
Los migrantes, las minorías étnicas, los estudiantes endeudados son frecuentes actores de esas batallas en las economías centrales y la masa de trabajadores informales ocupa una centralidad semejante en los países periféricos. Este último segmento no integra el tradicional proletariado fabril, pero forma parte (en términos ampliados) de la clase trabajadora y de la población que vive de su propia labor.
Los piqueteros de Argentina conforman una variedad de ese segmento, que forjó su identidad cortando las calles, ante la pérdida del trabajo en los lugares que centralizaban sus exigencias. De esa batalla brotaron los movimientos sociales y distintas variedades de la economía popular. Un papel igualmente relevante, desenvuelven los sectores campesinos que forjaron el MAS de Bolivia y las comunidades indígenas que gestaron la CONAIE de Ecuador
Los vínculos de estos movimientos de lucha de América Latina con sus pares de otras partes del mundo han perdido visibilidad por el deterioro de las instancias internacionales de coordinación. El último gran intento de esa conexión fueron los Foros Sociales Mundiales, auspiciados en la década pasada por el movimiento alterglobalista. Las Cumbres de los Pueblos alternativas a los encuentros de gobiernos, banqueros y diplomáticos han perdido incidencia. La batalla contra la globalización neoliberal ya no tiene esa centralidad y ha quedado sustituida por agendas populares más nacionales (Kent Carrasco, 2019).
Ciertamente persisten dos movimientos globales de gran dinamismo: el feminismo y el ambientalismo. El primero ha logrado éxitos muy significativos y el segundo reaparece periódicamente con inesperados picos de movilización. Pero el ámbito común de campañas globales que aportaban los Foros Sociales no ha encontrado un reemplazo equivalente.
La gran vitalidad de los movimientos de lucha en América Latina obedece a múltiples razones. Pero ha sido muy gravitante su perfil político progresista, alejado del chauvinismo y del fundamentalismo religioso. En la región se ha logrado contener las tendencias reaccionarias que auspicia el imperialismo, para generar enfrentamientos entre pueblos o guerras entre naciones oprimidas.
El Pentágono no ha encontrado la forma de inducir en América Latina los sangrientos conflictos que logró desencadenar en África y en Oriente. Tampoco pudo instalar un apéndice como Israel para eternizar esas matanzas o convalidar el terror perdurable de los yihadistas.
Washington ha sido el invariable promotor de esas monstruosidades para intentar sostener su jefatura imperial. Pero ninguna de esas aberraciones prosperó hasta ahora en el Patio Trasero por la centralidad que mantienen las organizaciones de lucha popular.
Por esta razón América Latina persiste como una referencia para otras experiencias internacionales. Muchas organizaciones de la izquierda europea buscan, por ejemplo, replicar la estrategia de unidad o los proyectos redistributivos elaborados en la región (Febbro, 2022). Pero todos los pueblos del continente afrontan actualmente un peligroso enemigo ultraderechista, que analizaremos en el próximo texto.
RESUMEN
Los levantamientos populares contuvieron la restauración conservadora, recrearon escenarios progresistas y afrontan la redoblada contraofensiva de la derecha. Tuvieron efectos electorales inmediatos y provocaron la precipitada salida de los presidentes derechistas en Bolivia, Chile, Perú, Honduras y Colombia.
En México, Argentina y Brasil el descontento social no suscitó protestas equivalentes, pero dio lugar a victorias del mismo tipo en las urnas. En Ecuador y Panamá se consiguieron importantes triunfos en la calle contra los atropellos neoliberales y en Haití persiste una sostenida resistencia al caos impuesto por las elites y sus socios imperiales.
El análisis de esta lucha es frecuentemente desatendido por los estudios exclusivamente focalizados en la forma de dominio de los opresores. La evaluación de esa resistencia esclarece semejanzas y diferencias con otras regiones.
Ante un salario mínimo de casi 6 dólares a la fecha, y una remuneración de escasos 40 dólares mensuales, el objetivo será llegar a la sede del Ministerio de Educación, para continuar con la agenda de protestas en contra de las precarias condiciones laborales por la que atraviesan las y los venezolanos.
Los trabajadores de Educación continúan su lucha desde el pasado lunes 9 de enero, fecha a partir a partir de la cual han estado protestando en diferentes partes del país y, ante la negativa de respuestas a sus distintas demandas, en especial por un salario igual al costo de la canasta básica, han hecho un llamado nuevamente para 16 de enero, con el objetivo puesto en llegar a la sede del Ministerio de Educación en Caracas, donde exigirán mejoras salariales.
De manera simultánea, se espera que se produzcan réplicas de concentraciones multitudinarias en los diferentes ciudades del país, invitando a padres y representantes, así como demás sectores de la Administración Pública Nacional, quienes se encuentra en igual situación de paupérrimos pagos, para que se unan en una misma voz y sentido que acompaña el clamor de la clase trabajadora nacional, y mientras se retoman las negociaciones, las maestros y maestros dicen mantenerse en asambleas general informativas y organizativas realizadas en las distintas instituciones educativas.
Aunque en cuentas Twitter de sindicalistas y representantes de federaciones signatarias se encuentra esta nueva convocatoria, los trabajadores dicen sentirse auto-convocados para asistir a las concentraciones de protestas con el lema “magisterio en emergencia” ante los salarios que son insuficientes para cubrir sus necesidades básicas, y la aplicación ilegal del instructivo de la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre), el retraso de pago de deudas contraídas, encontrándose en seguridad social por ausencia y omisión del cumplimiento de beneficios contractuales.
Los maestros del país expresan su rechazo a una política anti-obrera que aplica Nicolás Maduro, justificada en sanciones y bloqueo económico que, aunque sea innegable, resulta irónico mirarles a través de las redes sociales, como muchos de su administración se encuentran en vida de opulencia y derroche mientras se le somete a los empleados público a la dura presión económica.
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