Un mundo patógeno, un país que lo imita. La salud para todos en el año 2000 quedó sepultada 22 años atrás. En consecuencia, los sistemas sanitarios y en particular el nuestro, han sufrido una metamorfosis, con estratos de asistencia.
(APe).- Argentina del 2022 derrama sangre de niños y niñas. El hambre arrecia, y la política gubernamental no pretende erradicarlo, aunque se trate del principal problema político. Cifras de pobreza, de obesidad y malnutrición infantil, en alza, sin que nos horrorice.
Un mundo patógeno, un país que lo imita. La salud para todos en el año 2000 quedó sepultada 22 años atrás. En consecuencia, los sistemas sanitarios y en particular el nuestro, han sufrido una metamorfosis, con estratos de asistencia: se encuentren en guetos pobres del conurbano, en la agonía de la obra social de un trabajo formal, o bien en el modo de seguro privado de salud, más conocido como medicina prepaga.
El modelo médico constituido en incoloro, inodoro e insípido, se despojó de historicidad, se impregnó de biologismo y billetes. Así persiste un formato cerámico sostenido por la mayoría de las escuelas de medicina. Abraham Flexner, en 1910, en Estados Unidos, con fondos de la fundación Rockefeller, elaboró el informe que lleva su nombre, para hacer de la medicina una ciencia biológica pura, intentando enterrar la idea que proponía, entre otros, Rudolph Virchow patólogo alemán que por el año 1848 afirmaba que la medicina es una ciencia social y la política no es otra cosa que medicina a gran escala.
De los médicos higienistas protagonistas de epidemias de cólera y fiebre amarilla a fines del siglo XIX a Ramón Carrillo, con sus inéditos logros entre 1945 y 1952. Desde Arturo Oñativia, que enfrentó a las industrias farmacéuticas, hasta el Pacto Onganía – Vandor con las obras sociales, prolegómeno de nuestro actual modelo sindical, carente de representación y de proyecto de país.
Desde la dictadura militar de 1976, que degradó a secretaría el ministerio de Salud, a cargo de un pediatra contraalmirante que no llamó la atención sobre la epidemia de mortalidad juvenil por violencia estatal en esos tiempos. Las estadísticas y la salud pública desaparecían junto con los desaparecidos. A la vez, descentralizó el sistema sanitario, sembrando la semilla para la salud en manos privadas; al florecimiento en 1991 con el documento del Banco Mundial “Invertir en Salud”, donde entre otras cosas, promovía Hospitales de Autogestión, forma encubierta de privatizar centros sanitarios. Simultáneamente el descarte de pobres iniciaba su ascenso más notorio para no detenerse. El trabajo se pulverizaba y un in-crescendo de hambre se extendía de manera exponencial, en la tierra del trigo y el pan.
La reforma constitucional de 1994 narra en el artículo 42 el siguiente enunciado: “Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección y a condiciones de trato equitativo y digno”. Es decir, frente nuestras narices, los constituyentes, colocaron en el lugar de consumidores, a toda aquella persona, incluidas niños y niñas, que acuden en busca del oxígeno que mitigue sus desesperadas bocanadas de aire durante una bronquiolitis o bien requieran la caricia receptora en su primer asomo a una vida que no parece serles propia.
Luego devinieron parches de gasa y tela adhesiva a la diezmada cartera sanitaria: Plan REMEDIAR, Plan Nacer, hoy nominado Plan SUMAR (Plan del Banco Mundial, donde hospitales y centros de salud, deben facturar prestaciones), plan médico comunitarios, y programas destinados a algunas patologías prevalentes. Necesarios, pero sin lograr mejorar indicadores vergonzosos.
Posteriormente la CUS (Cobertura Universal de salud), quiso imponerse como manera de encaminarnos a la modalidad de seguro de salud, luego de que un ministerio fuera degradado a Secretaría, una vez más.
La pandemia irrumpió acelerando la crudeza de una capacidad instalada que fabrica un mundo de exclusivos y excluidos. El compromiso y la entrega de un gran número de trabajadores de la salud y a la historia sanitaria argentina, hizo frente para mitigar los efectos del Sars cov-2. Hoy un nuevo ministro de la cartera económica, que toma la forma según la ley de los gases, dispuso que el tesoro recorte transferencias previstas en $50.000 millones a Educación y $10.000 millones a Salud.
Pandemia y después: En el primer trimestre de 2022, la facturación total de la industria farmacéutica en la Argentina registró 164.783,5 millones de pesos, lo que representa un incremento de 48,2% en relación con el mismo trimestre de 2021. Los ganadores de siempre, festejan en un podio cimentado sobre los cadáveres de la historia.
María Elena Walsh escribió “el país de no me acuerdo”. La tijera económica corta la salud y la obesidad infantil asciende al 37% en la población infanto-juvenil. La tasa más alta de la región. Los casos de suicidio en la adolescencia se triplicaron en los últimos 30 años. La cifra ascendió a 12,7 cada 100.000 adolescentes entre los 15 y los 19 años, y hoy constituye la segunda causa de muerte en la franja de 10 a 19 años, según el estudio “Suicidio en la adolescencia. Situación en la Argentina” presentado por UNICEF Argentina (2019).
Es hora que vayan dejando sus puestos los que siembran muerte, para dar paso a los que intentan arrimar sueños en los lugares donde los administradores de Dios, acercan siquiera una manta. Es hora de que se corra esa estirpe inmunda, inútil, burlona y en ocasiones desclasada; que mutó su piel, a un cuero impermeable sin terminales nerviosas sensibles, cubierto por trajes que valen lo que un sueldo mínimo para no ser pobre en Argentina y más.
Mientras la alianza espuria de funcionarios estatales de alto rango junto a los gerenciadores del poder supraestatal, se camuflan bajo banderas que falsifican democracia, hay archipiélagos de esperanza que enfrentan la lógica continental. Organizaciones sociales, redes comunitarias, educadores que abren las aulas para liberar; profesionales y auxiliares que aprietan los dientes para curar heridas del sistema; madrazas de comedores y merenderos con el don de gente necesario; nos demuestran con certeza empírica, que hay quienes pueden gobernar el país que soñamos, resistiendo al avasallante volcán de desprecio hacia los adalides de la nada.
Podemos gobernar con un ministerio de niñeces que se acuerde del cumpleaños de Natalia, Andrés, Laura o Gonzalo, y decida festejarlo con la torta de su súper-héroe favorito, en un canto con sabor a barrio. Podemos gobernar ese país, con un ministerio de vida con cada niño que llega a un consultorio, pese a recortes presupuestarios o lecciones incomprensibles de macroeconomía. Podemos edificar un ministerio de ternura pedagógica, haciendo del afecto la principal política educativa, narrando un cuento ante la mirada asombrada de unos ojos que no renuncian a la magia del pensamiento.
Podemos gobernar nuestros destinos, con secretarías que rompan las credenciales que acreditan pobreza, para entronizar a los portadores de la minoría de edad y que sean los destinatarios ineludibles de abrazos, alimentos de calidad y mesas de risas amigas, fraternas y desinteresadas.
(*) Médico Generalista. Casa de los Niños, Pelota de Trapo. Cesac Nº 8, CABA
De acuerdo con Albert Camus, “no hay más que un problema filosófico verdaderamente serio, y ese es el suicidio”. En el mundo moderno, la incidencia de este acto radical ha aumentado en gran proporción debido a muchos factores, algunos de los cuales este artículo revisa y acude a la sociología, la psicología y la literatura en busca de respuestas.
Ahora creo que todo va a cambiar./ Hace una semana compré un libro vital:/ Cómo conquistar amigos y disfrutar de la vida./ Cada mañana leo un capítulo:/ ayer me tocó repetirme, ante cada contratiempo:/ soy feliz, soy feliz, soy feliz/ hoy me toca abrirme vitalmente a todas las/ oportunidades o sea: decir a todo que sí/ mañana me tocará pensar un poco en los demás:/ tratar de adivinar qué quieren, para/ complacerlos de inmediato./ Yo creo que en una semana todo va a ser perfecto…/ salvo que aún no he decidido si seguir leyendo/o de una vez abrir la llave del gas.
Elena Jordana
Aquel día pretendía llegar a algún punto en la ciudad, no recuerdo cuál. Retengo la tarde y cierto brillo del sol posándose en el andén: esperar el Metro para abordarlo y dirigirme así a algún sitio. Es el propósito de poseer rumbo en medio de un mundo y de sí mismo. De pronto, la persona delante de mí desplegó algunos pasos erráticos y desconfiados; admiré a lo lejos el tránsito de esa bestia naranja que hasta entonces siempre me había parecido hermosa. Tras esos trazos, vi su cuerpo lanzarse contra las vías y sentí cómo su vida transitaba –de un momento a otro y a una velocidad infinita–, entre un inmenso estallido y el silencio absoluto.
Era alguien que se había suicidado frente a mis ojos. La fuerza de la máquina había fragmentado su cuerpo, el conductor frenó inhóspitamente y las personas al interior de los vagones se agitaron como cenizas desperdigadas, sin coherencia alguna entre sí. Luego, volvió a encenderse la máquina para dar marcha atrás y asomaron los restos desposeídos de una estrella embarrada contras las vías. La estación fue desalojada y trabajadores del lugar llegaron con bolsas negras para depositar sus restos. Casi no había nada que recoger…
Quería abrazar a mi madre, quería abrazar al mundo, quería saber su nombre. Busqué al siguiente día noticias sobre su muerte, no encontré ninguna, decidí llamarlo Joaquín para poder regresar algo de él a la realidad, yo tenía diecinueve años. Una altísima tristeza me colmó. Ver estallar a alguien hasta su propia extinción es una de las experiencias más violentas de la vida, pero también de las más naturales. Las personas colapsamos y desistimos de nuestra participación en el mundo, de forcejear con él a costa de convertir nuestro cuerpo en un arma, un mensaje, o sencillamente resguardarnos en el candor de una nada infinita.
Para la modernidad el suicidio agita explosivamente las coordenadas del individuo como pilar del Estado y de la sociedad: ¿Se trata del acto más egoísta y cobarde? ¿Del único acto que no resulta fallido? ¿Puede concebirse como el tránsito más libre y sublime? ¿O sencillamente se trata de una patología creciente o degenerada que transitaría tanto por la genética como por disposiciones fisiológicas al interior de esa compleja selva de enfermedades y padecimientos mentales alimentados y potenciados por nuestros tiempos?
Pobreza, desigualdad y suicidio
Los estragos de la pandemia global por Covid resultan evidentes: aumento radical de las desigualdades sociales. El Atlas de Salud Mental de la Organización Mundial de la Salud (OMS), muestra que los trastornos de ansiedad aumentaron en un 25.4 por ciento y los trastornos de depresión mayor en un 27.6 por ciento. Este panorama ostenta el precedente de una trayectoria en donde la estancia de adolescentes en centros psiquiátricos aumentó de manera estrepitosa. En las últimas tres décadas, el estado español vio cuadruplicar dicho fenómeno en personas de entre diez y veinticuatro años (José Juan Morales y Ana Torres Menárgues, El País).
El suicidio es definido por la Organización Mundial de la Salud como “el acto deliberado de quitarse la vida”. Aunque en términos fisiológicos pueda resultar certera dicha acepción, su orientación es una temible penumbra en términos sensibles. En diversas sociedades “primitivas” el suicidio constituía una práctica común, e incluso honorable, como en el caso de comunidades en Japón o China, mientras que en diversas tribus africanas era –y es– temiblemente condenado, hasta el punto en que se opta por no convivir con el cuerpo del suicidado e incluso por quemar su casa.
Infelizmente, el suicidio aumentará sustancialmente. Actualmente (y hasta donde los informes alcanzan) setenta y siete por ciento de los 700 mil suicidios anuales acontecidos globalmente trascurren en países periféricos y más de la mitad son realizados por hombres. De acuerdo con el Banco Mundial, cien millones de personas transitaron a la pobreza a causa de la pandemia, mientras que en el mismo período la franja de hambruna se engrosó en 40 millones de personas. Al mismo tiempo, el gasto público en salud mental sigue rondando la barrera pírrica del dos por ciento; dicha estimación puede ser completamente imprecisa en el caso de diversos países. Tal y como denuncia el minucioso informe de Oxfam: ¡Las desigualdades matan!
La pandemia por venir
En los términos de diversos organismos nacionales e internacionales se combaten los principales medios a través de los cuales la gente determina quitarse la vida, intentado que el acceso a ellos no resulte tan sencillo: plaguicidas (sobre todo, y no por nada, en el mundo rural), ahorcamiento y disparo con armas de fuego. Entre jóvenes de quince a veintinueve años ocupa la cuarta causa de muerte, por encima de los accidentes de tráfico, la tuberculosis y la violencia interpersonal. Existe un valioso discurso del rector de la Universidad de Atenas, Jristos Kitas, emitido durante los disturbios que se sucedieron tras el asesinato policial de Alexis Grigorópulos, un joven anarquista de 15 años, en 2008:
Hace al menos dos años dije a todo el que quisiera oírme que hay un divorcio absoluto entre la juventud y el sistema, pero nadie me hizo caso. Ahora todos reparan en los jóvenes. Su rabia ha tocado el corazón de la Universidad, y eso es lo grave, porque no sólo es un recinto donde se dan clases, sino un símbolo de la sociedad […] Claro que tienen razón para expresar su malestar, toda la razón del mundo.
Como señala la Organización Panamericana de la Salud: “Cada año mueren más personas a causa del suicido que por VIH o cáncer de mama, la malaria o que por la guerra y los homicidios.” En la actualidad, cada cuarenta segundos una persona se suicida a nivel mundial. A esa cifra debemos hacerla dialogar con las muertes acumuladas por el consumo de opioides sintéticos (principalmente fentanilo), que sólo en el último año acumularon 70 mil (de cien mil relacionadas a las drogas) en Estados Unidos, aunque estas defunciones no resulten sencillamente interpretables en el terreno del suicidio. Estudios recientes en ese país revelaron la profunda soledad y ruptura de lazos de confianza que experimentan actualmente las personas. En un de ellos se expone cómo, entre 1985 y 2004, el universo de vínculos sociales existentes en la población se redujo en un treinta por ciento, mientras que las personas que manifestaron no contar con nadie en quien confiar se triplicó (Maia Szalavitz, The New York Times). Es por ello precisamente que The Lancet ubica en la adicción a los opioides sintéticos una pandemia a la que nos aproximamos.
La (imposible) romantización literaria
En términos poéticos y discursivos no son significativas las campañas actuales. Quizás congratulen a nuestros funcionarios estatales y empresariales, pero en términos sensibles operan como un tratamiento superficial para una hemorragia que no pretende ser abordada de manera frontal. La Organización Panamericana para la Salud creó un lema que reza: “crear esperanza a través de la acción”. La frase es profundamente obtusa e incomprensible para quienes han extraviado las ganas de vivir. Goza de una poética famélica y no incita al diálogo ni a una sensibilidad para hablar de cómo la vida se ha devaluado. Quizás la poética gestada entre escritores suicidas pueda brindar un poco de ayuda, en principio, para intentar comprender o interpretar aquello que ocurre en el terreno del sentido y el valor de la vida. Lejos de la autodestructiva gala literaria que puede hacerse del dolor en torno al suceso, es posible encontrar una larga lista de escritores que han llevado sus vidas hasta sus extremos. En Wikipedia, por ejemplo, existe una lista compuesta por más de 180 nombres.
El suicidio es un tema instalado en la literatura de los últimos siglos, y no por casualidad. Existen obras enteras que lo tratan, como la Agencia General del Suicidio, de Jaques Rigaut, o más recientemente, El arte de volar, de Antonio Altarriba, donde el autor aborda audazmente el suicidio de su padre: volar, después de todo, era una práctica que antecedía al irreparable brinco al vacío para renunciar a la vida. Todo ello refleja que el suicidio es todo menos una práctica uniforme, cuyo sentido pueda ser universalmente equiparable u homologable. Sylvia Plath dejó pan con mantequilla en el cuarto de sus hijos antes de meter la cabeza en el horno, por si ellos despertaban con hambre. Por su parte, Ernst Weiss rasgó sus venas al contemplar la incursión triunfante del ejército fascista en París, mientras que Alejandra Pizarnik recurrió a una dosis letal de cincuenta pastillas de seconal sódico. Ella retrató la presencia de las sombras en nuestras vidas: “¿Cómo no me suicido frente a un espejo y desaparezco para reaparecer en el mar donde un gran barco me esperaría con las luces encendidas?”
Hace meses un amigo decidió quitarse la vida. Se trataba de un joven escritor y militante anarquista que participó en las protestas de Guadalajara (México) en 2004, en el marco de la III Cumbre América Latina, el Caribe y la Unión Europea, aquello que el estúpido presidente en turno de México denominó: “globalifóbicos”. No tenemos casi nada que reprochar a esa persona, cuya sensibilidad y ternura eran formidables y feroces, y que portaba en la piel la marca de una macana que le partió el cráneo. Nada que prevenir, todo por transformar radicalmente.
Samuel González Contreras es escritor, tallerista y promotor cultural.
Privar a las niñas del país de su derecho a la educación tendrá un efecto devastador en la economía del país.
Según un nuevo análisis de UNICEF, mantener a las niñas fuera de la escuela secundaria le cuesta a Afganistán el 2,5% de su Producto Interior Bruto (PIB) anual.
Si los tres millones de niñas que conforman el actual grupo de edad de ese tramo educativo pudieran completar su educación secundaria y participar en el mercado laboral, las niñas y mujeres podrían aportar al menos 5.400 millones de dólares (5.261 millones de euros) a la economía afgana.
Las estimaciones de UNICEF no tienen en cuenta el impacto no financiero de negar a las niñas el acceso a la educación, como el futuro déficit de profesoras, doctoras y enfermeras, el consiguiente impacto en la disminución de la asistencia de niñas a la escuela primaria y el aumento de los costes sanitarios relacionados con los embarazos adolescentes. Tampoco tienen en cuenta los beneficios más amplios de la educación, como el éxito educativo general, la reducción del matrimonio infantil y una menor mortalidad infantil.
“La decisión tomada el 23 de marzo de no permitir a las niñas volver a la escuela secundaria fue impactante y profundamente decepcionante. No solo viola el derecho fundamental de las niñas a la educación, sino que las expone a una mayor ansiedad y a un mayor riesgo de explotación y abuso, incluyendo la trata infantil y el matrimonio forzoso y temprano”, asegura Mohamed Ayoya, representante de UNICEF en Afganistán. “Ahora, este nuevo análisis explica claramente el terrible impacto económico que esta decisión tiene sobre el PIB del país”.
Consecuencias de la tardía educación de las niñas afganas
Antes de que los talibanes tomaran el poder el 15 de agosto del año pasado, más de 4,2 millones de niños en Afganistán estaban fuera de la escuela, el 60% de ellos niñas. Aunque el potencial coste de no educar a niños y niñas por igual es alto en términos de ganancias perdidas, no educar a las niñas tiene un coste especialmente alto debido a la relación entre el éxito educativo y el retraso del matrimonio y la maternidad por parte de las niñas, su participación en el mercado laboral, la toma de decisiones sobre su propio futuro y la mayor inversión en la salud y la educación de sus propios hijos más adelante.
El análisis muestra que Afganistán será incapaz de recuperar el PIB perdido durante la transición y de alcanzar su verdadera productividad potencial si no cumple el derecho de las niñas a acceder y completar la educación secundaria.
“UNICEF quiere ver a cada niña y cada niño de Afganistán en la escuela, aprendiendo”, asegura Ayoya. “No pararemos hasta lograr este objetivo. No es solo que la educación sea un derecho para cada niño y niña, es que es la base del futuro crecimiento de Afganistán”.
El compromiso de UNICEF con los niños y jóvenes de Afganistán
Con las niñas sin poder volver a la escuela secundaria, surgen otros problemas que UNICEF está tratando de paliar: la organización trabaja para llegar a las niñas adolescentes con los servicios que necesitan –como apoyo para prevenir la anemia o higiene y salud menstrual-, que UNICEF solía proporcionar en las escuelas. En los últimos doce meses, los servicios de salud y nutrición en las escuelas han llegado a 272.386 niñas y adolescentes con suplementos de hierro y ácido fólico. Es decir, la imposibilidad de las niñas de continuar su educación compromete su salud.
La desnutrición infantil también está aumentando. En junio de 2021 30.000 niños recibieron tratamiento contra la desnutrición aguda en el país; en junio de 2022 fueron 57.000, es decir, un aumento del 90%. Los niños están siendo obligados a trabajar para apoyar a sus familias en vez de ir a la escuela, el lugar más seguro en el que podrían estar.
“La de Afganistán sigue siendo una de las crisis de infancia más complejas y multidimensionales a nivel mundial”, concluye Ayoya. “Se trata de un momento crítico para una generación de niños en el país. Los derechos de las niñas están siendo atacados; sus infancias se ven dañadas por las privaciones. Por eso, a pesar de las dificultades para trabajar en este entorno, UNICEF está ampliando, ayudando y consiguiendo resultados como nunca antes. Y, mientras lo hacemos, queremos decir a la gente de Afganistán: no podríamos hacerlo sin vuestra confianza y apoyo. También queremos agradecer a nuestros donantes y aliados su generosidad hasta la fecha, pero les instamos a mantener su apoyo vital a los niños, especialmente con el invierno a la vuelta de la esquina”.
El 17 de junio, en un discurso dirigido a los miembros del poder judicial, Alí Jamenei, el dictador de la República Islámica, dijo: «El Dios de los años ochenta sigue siendo el mismo Dios que hoy». Tras este discurso, el ataque a manifestantes y activistas de todo tipo ha aumentado considerablemente: a sindicalistas, profesores, artistas, escritores, mujeres, estudiantes y defensores de los derechos humanos. La frase de Alí Jamenei se refiere a la masacre de decenas de miles de opositores al régimen, incluidos miles de presos políticos durante la década de 1980. Puede que el Dios del régimen no haya cambiado después de cuarenta años y sea tan sanguinario como antes, pero una cosa es cierta: el pueblo que le obedecía ha cambiado totalmente. Y el Dios-Dinero, que ha sustituido al Dios de los años 80, le ha superado en crueldad.
Pero, ¿cuáles son las razones de este discurso tan amenazador? Desde abril de 2022, no hay ciudad en Irán que no haya visto una escena de ira popular contra el gobierno. Es cierto que se están produciendo diversos movimientos en todo Irán, pero están desconectados y carecen de organizaciones coordinadas a escala nacional. El régimen, incapaz de gestionar las diversas y graves crisis que podrían llevarle al colapso, ha recurrido a una escalada represiva sin precedentes, a amenazas de masacre y a agresiones a las mujeres.
Las huelgas y las manifestaciones están formalmente prohibidas desde la guerra entre Irán e Irak (1980-1988); y las protestas sociales son ferozmente reprimidas. Sin embargo, entre el 1 de mayo de 2021 y el 1 de mayo de 2022, se registraron 4122 huelgas y protestas de trabajadores, profesores, funcionarios, pensionistas, trabajadores de hospitales, etc.
Una de estas huelgas fue la de más de 100.000 trabajadores y ttrabajadoras del sector petrolero y petroquímico. Duró dos meses y sólo terminó cuando se cumplieron la mayoría de sus exigencias. El último ejemplo es la lucha de decenas de miles de profesores y profesoras. Algo inédito en la historia de este régimen desde que tomó el poder en 1979, esta lucha se organizó simultáneamente en cientos de ciudades.
Por otra parte, en varias provincias se han producido numerosas manifestaciones violentas contra la escasez de agua. Fueron iniciadas por cientos de agricultores y a ellas se unieron decenas de miles de residentes locales. Todos las manifestaciones protestaban contra la mala gestión del agua por parte de la mafia del agua creada por el régimen. Irán, con un clima esencialmente árido, sufre actualmente un grave estrés hídrico (falta de agua), tanto para el consumo diario como para los cultivos y el ganado. Y los cortes de electricidad van en aumento.
Las autoridades son conscientes de que los métodos utilizados para reprimir y aterrorizar a la sociedad son ineficaces. Temen la convergencia de los distintos movimientos de protesta y la creciente solidaridad que están generando. Frente a esto, acentúan su habitual comportamiento violento: detenciones, elaboración de expedientes judiciales basadas en falsedades, acusaciones inventadas, difusión de mentiras y calumnias contra los que se atreven a protestar…
Cécile Kohler y Jacques Paris, dos sindicalistas franceses del sector de la educación, encontraron a conocidos sindicalistas iraníes durante un viaje turístico a Irán la pasada primavera. Las autoridades iraníes les detuvieron y acusaron de espionaje. Al mismo tiempo, se lanzaron operaciones de represión a gran escala. Decenas de profesores y sindicalistas conocidos y respetados en sus respectivos sectores de actividad fueron detenidos y acusados de «propaganda y conspiración contra el régimen islámico, en connivencia con una potencia extranjera».
Estas acusaciones, completamente falsas e infundadas, se fabrican únicamente para reprimir el movimiento sindical independiente y las protestas legítimas de las y los trabajadores y oprimidos. Algunas de las personas detenidas se han puesto en huelga de hambre. En solidaridad con ellas, más de sesenta presos se unieron a la huelga.
Las acciones de apoyo a los activistas encarcelados llegan de todo el mundo. El «Colectivo Sindical Francés para la Defensa de los Trabajadores en Irán», con el apoyo de dos estructuras sindicales ginebrinas y de componentes de la diáspora iraní, organizó una concentración el 10 de junio en Ginebra frente a la sede de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). A petición de su sindicato, de su familia y del Colectivo Sindical Francés, Reza Shahabi, activista de renombre mundial, suspendió su huelga de hambre ¡después de ¡42 días! Algunos presos siguen en huelga de hambre.
Cambio en la geografía de la protesta política. Cambio en el discurso del régimen
Está claro que desde 2017, la geografía de la protesta política ha cambiado. En la historia del Irán moderno, las principales protestas que suponían una amenaza para el poder del Estado tenían lugar principalmente en Teherán y otros centros urbanos importantes. Pero en 2017 y 2019 se produjeron movilizaciones significativas en ciudades y pueblos de la periferia. Este cambio ejerce una presión considerable sobre el aparato de seguridad del Estado, lo que le lleva a ser cada vez más violento y represivo en su intento por mantener el orden.
Sin embargo, los acontecimientos de los últimos cinco años ponen de manifiesto que las y los manifestantes están ahora dispuestos a emprender acciones más radicales y a pagar un precio más alto para conseguir lo que quieren. La naturaleza cambiante de las protestas, y de la resistencia en general, está modificando rápidamente el clima sociopolítico en Irán.
Una de las principales características de 2022 es la aceleración de los acontecimientos sociopolíticos y el incremento de la confrontación entre el régimen iraní y el pueblo en los ámbitos económico, político, social y cultural. Esto se refleja en las palabras del presidente Ebrahim Raissi [cuyo mandato comenzó el 3 de agosto de 2021] y en la eliminación de la llamada facción reformista.
El nuevo presidente Raissi es tildado de duro y apodado el verdugo. Es uno de los responsables de la masacre de miles de presos y presas políticos en 1988. El líder supremo del régimen, Alí Jamenei, esperaba que Raissi pudiera frenar las crecientes protestas, que se iniciaron durante la presidencia reformista de Hasán Rohaní [de agosto de 2013 a agosto de 2021].. Tras un año de presidencia de Raissi, el joven gobierno hezbolá de Jamenei [es decir, comprometido con los valores de Hezbolá, el partido de Dios] no ha logrado ninguno de sus objetivos.
En diciembre de 2017 y noviembre de 2019 se produjeron dos grandes oleadas de protestas. También hubo protestas después de que el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) derribara el vuelo 752 de Ukraine International Airlines sobre Teherán, tras el asesinato [el 3 de enero de 2020] por el ejército estadounidense del general Qassem Soleimani, hombre fuerte de Jamenei.
Todo esto sugiere que la dinámica de la protesta política en Irán está cambiando. Está surgiendo una creciente dinámica de radicalización entre las y los manifestantes, mientras que el Estado está dispuesto a utilizar la violencia extrema para mantener el control de la situación.
Las protestas generalizadas de noviembre de 2019 pueden considerarse el capítulo más sangriento de la historia reciente de la República Islámica de Irán. En un intento de justificar la respuesta violenta sin precedentes del Estado, el Líder Supremo hizo ajustes en su discurso. Esto puede interpretarse como un repudio a uno de los principios del jomeinismo (Estado islámico = gobierno de los desposeídos en la tierra) al redefinir la interpretación de los desposeídos (mostaz’afin):
La idea de los desamparados está mal interpretada, se ha identificado con los estratos sociales más bajos y, en los últimos años, económicamente vulnerables. ¡No! El Corán no los identifica como desamparados… Los desamparados hace referencia a los Imames [chiíes], los mentores y gobernantes de la humanidad; los que heredarán la tierra y todos sus recursos… el desvalido es el heredero temporal del mundo y el sucesor de Dios en la tierra.
Parece que en la interpretación moderna y neoliberal del concepto de los desamparado, Jamenei ha sido un buen discípulo del Fondo Monetario Internacional (FMI). La redefinición de los desamparados no es sólo una cuestión económica, sino también una legitimación de facto de futuras masacres, llevadas a cabo bajo las órdenes de Jamenei.
Estancamiento interno y cerco externo
A partir de enero de 2020, la República Islámica se enfrentó a una crisis a gran escala derivada del estancamiento político interno, el aislamiento internacional y unas condiciones económicas agobiantes. El régimen responsabiliza de esta situación a las potencias extranjeras y a los designados como su quinta columna dentro de Irán, como ha hecho durante los últimos 40 años. La República Islámica tiene enemigos externos, sobre todo Arabia Saudí, que ha estado librando una guerra de desgaste por delegación con Irán desde el comienzo de la guerra civil siria en 2011. Además de Arabia Saudí y sus aliados regionales, la República Islámica considera a Israel su archienemigo, una enemistad que se ha extendido al principal aliado internacional de Israel, Estados Unidos de América.
La implacable búsqueda de una política exterior de confrontación con Occidente por parte de la República Islámica ha tenido consecuencias negativas para la economía iraní: las restricciones económicas internacionales han reconfigurado la economía iraní. En los últimos años, Irán ha sufrido diversas y crecientes sanciones y medidas punitivas de EE UU. Éstas alcanzaron su punto álgido cuando la agresiva retórica de Teherán unió a Europa con EE UU contra el programa nuclear iraní.
No se puede negar que estos enemigos externos han desempeñado un papel considerable en la precaria situación actual de Irán. Esto es especialmente cierto en el caso de Estados Unidos, que bajo el mandato del presidente Donald Trump canceló unilateralmente el Plan de Acción Integral Conjunto (JCPOA) de 2015, que fue ganado con mucho esfuerzo por Irán y Occidente. La administración estadounidense lanzó entonces la política de máxima presión que está estrangulando la economía iraní. Sin embargo, la mayoría de los males de Irán son el resultado directo de las políticas económicas aplicadas: 1° el capitalismo desenfrenado, 2° la gestión mafiosa.
En cuanto a la segunda patología de la economía iraní, es el resultado de una compleja gama de causas internas, siendo las principales las inadecuadas decisiones de las autoridades y los problemas estructurales de la economía iraní.
Las causas externas incluyen la política de máxima presión de Trump y el empeoramiento de las malas relaciones de Irán con sus vecinos.
En definitiva, la economía iraní ha pasado por muchos periodos difíciles en las últimas cuatro décadas, marcados por la inflación, las frecuentes crisis monetarias y las repentinas subidas de precios de los productos esenciales y del combustible.
A esto se añade la corrupción endémica y los cárteles político-económicos semiestatales, que amplían aún más esta corrupción. En resumen, la economía iraní ha sido calificada repetidamente como una economía enferma. La corrupción, el clientelismo y el amiguismo se convirtieron en una de las principales características de la economía bajo la presidencia de Hashemi Rafsanjani (1989-1997) y en el sello distintivo de su administración. Es cierto que la época de Mohammad Jatamí (1997-2005) tuvo su cuota de escándalos y corrupción, pero su magnitud fue infinitamente menor que los innumerables fraudes que proliferaron durante la presidencia de Mahmud Ahmadineyad (2005-2013). Actualmente, Irán es uno de los países más corruptos del mundo.
Los principales beneficiarios de esta situación son las organizaciones cuasi-estatales y los cárteles, que tienen una larga historia en la República Islámica, pero que ahora están eclipsados por el complejo militar-industrial-financiero del CGRI (Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica). El poder político-económico del CGRI, que comenzó sus operaciones económicas con el presidente Rafsanjani, alcanzó su punto álgido con el presidente Ahmadinejad y ha seguido siendo dominante hasta hoy. Además de sus actividades en la construcción, la industria y las finanzas, la IRGC se beneficia de lucrativos contratos públicos y de una gran parte del presupuesto gubernamental. La participación del CGRI en el lucrativo contrabando de mercancías a través de los numerosos puertos y astilleros que controla es un secreto a voces.
La mala gestión de la economía es otra característica persistente de la República Islámica de Irán. Comenzó con la gran agitación de la revolución de 1979. Luego persistió (en diversos grados) durante la guerra Irán-Irak (1980-1988), y después bajo las presidencias de Rafsanjani y Jatamí. Pero de 2005 a 2013, el problema de la mala gestión se convirtió en antigestión. El presidente Ahmadineyad despreciaba a las élites tecnocráticas y le gustaba decir «deshazte de estas élites y todos los problemas del régimen se resolverán». Ahmadineyad mantuvo esta postura antielitista hasta el final y casi consiguió desmantelar las instituciones tecnocráticas de la República Islámica, expulsando quizás a miles de tecnócratas y directivos de nivel medio y alto. Esto sigue afectando a la economía iraní hasta el día de hoy.
El desastroso estado de la economía: ni reformable ni sostenible
Desde el estallido de la guerra civil siria en 2011, los extremistas del régimen han advertido repetidamente del peligro de una sirianización de Irán. Pero se puede argumentar que, de ser así, la responsabilidad recaería en los dirigentes de la República Islámica.
En la actualidad, la determinación de la República Islámica de conservar el poder es mayor que nunca y continuará con sus políticas y tácticas actuales con ese fin. En el plano económico, el régimen no puede esperar introducir nuevas innovaciones. De 2010 a 2013, en respuesta a las sanciones internacionales, Jamenei había lanzado un discurso de economía de resistencia para reforzar la capacidad interna de Irán y permitir que el país funcionara sin depender de los ingresos del petróleo o del comercio con Occidente. Este discurso ha seguido siendo la política económica oficial de la República Islámica, pero el régimen está muy lejos de lograr un objetivo tan ambicioso. Entre 2010 y 2013, el régimen utilizó diversas tácticas para luchar contra las sanciones y mantener el comercio. Pero, a petición del FMI, también tuvo que recortar el gasto reduciendo las subvenciones estatales y revirtiendo políticas como el apoyo a los precios de productos básicos como el pan, el combustible y otros bienes de consumo.
La política de reducción y supresión de subvenciones continuó incluso después del acuerdo nuclear de 2015, y el régimen no tuvo más remedio que seguir esta línea de actuación. Las consecuencias de esta política, que aviva la ira de la clase trabajadora y de las personas empobrecidas, fueron plenamente visibles en las protestas de noviembre de 2019. Desde entonces, son muy frecuentes las nuevas manifestaciones de este tipo.
En la actualidad, el sistema económico de la República Islámica es una mezcla de capitalismo salvaje del sector privado y de capitalismo estatal amiguista altamente corrupto. La estructura del régimen y los cárteles político-económicos intensifican los defectos de la defectuosa economía del país y fomentan la corrupción. Los problemas económicos han sido una fuente constante de preocupación para la República Islámica. Diversas acusaciones de mala gestión, incompetencia y corrupción han sido el sello de todas las facciones del régimen durante las distintas administraciones. Sus consecuencias han socavado a largo plazo la legitimidad del régimen en su conjunto.
Ante la catastrófica situación económica, el aumento de las movilizaciones populares y ante el hecho de que la única respuesta del régimen es la represión, los economistas iraníes dan la voz de alarma y advierten del caos.
En un audaz desafío al autocrático gobierno iraní, varias docenas de economistas de alto nivel publicaron el 10 de junio una mordaz «carta abierta al pueblo iraní», de 10 páginas y muy detallada, en la que advertían de que el país había alcanzado una «fase explosiva» de malestar social debido a la mala gestión económica y al descontento popular. «Nuestra advertencia a los funcionarios del gobierno es que la situación del país es extremadamente precaria», dijeron los 61 economistas y profesores universitarios. Continuaron: «Insistir en la eliminación de los subsidios durante este periodo de miseria agotará la paciencia de la población y la volverá contra el sistema actual y el gobierno. Este enfrentamiento puede ser muy costoso para ambas partes».
La carta se publicó en medio de protestas esporádicas contra la subida de precios, los bajos salarios y las malas condiciones de trabajo en los primeros seis meses de 2022. «En la situación actual del país, donde las políticas económicas y sociales están envueltas en el secreto, cualquier crítica al gobierno se interpreta como parte de un complot malicioso contra el régimen y el gobierno, lo que dificulta que los expertos o los círculos académicos planteen abiertamente estas cuestiones», advirtieron los economistas.
Los propios datos del gobierno reflejan «una historia desgarradora de desesperación», así como una pobreza creciente y un entorno desfavorable tanto para la producción como para los negocios, escribieron. La carta señalaba:
Irán ocupa el puesto 150 de 180 países en una encuesta de Transparencia Internacional sobre políticas anticorrupción;
Irán ocupa el puesto 127 de unos 200 países en el Índice de Buena Gobernanza;
Irán ocupa el puesto 127 de unos 200 países en el Índice de Buena Gobernanza;
El índice de confianza social, una medida del capital social, había alcanzado casi el 70% en 1981, dos años después de la revolución. En 2022 se había reducido a cerca del 20%;
La renta per cápita del país creció menos del 1% entre la revolución de 1979 y 2022;
El crecimiento medio del PIB de Irán entre 1980 y 2018 fue sólo del 1,6%, mientras que China, India, Turquía, Malasia, los Emiratos Árabes Unidos y Pakistán crecieron de media entre el 4% y el 10% durante el mismo periodo;
El 40% de los hogares iraníes vivían por debajo del umbral de la pobreza en 2021;
Con una tasa de crecimiento económico cercana a cero y un crecimiento de la población de alrededor del 13%, el iraní medio se ha empobrecido un 13% en la última década;
En la última década, la economía iraní ha experimentado el estancamiento más profundo de los últimos 70 años debido a las sanciones opresivas sin precedentes y a la pandemia de Covid-19;
La tasa de inflación media ha sido del 20% en las últimas cuatro décadas; ha superado el 35% en los últimos tres años;
Las importaciones de Irán han caído de 70.000 millones de dólares en 2011 a unos 35.000 millones en 2021, debido a las sanciones y a la reducción de los ingresos por exportación de petróleo;
Entre 2011 y 2018, el 1% de la población iraní, incluidos los segmentos más ricos de la sociedad, disponía de una media del 16,3% de los ingresos totales del país; esta riqueza equivale a la cuota del 40% de los segmentos más pobres.
La carta afirmaba que la «corrupción» y la «incompetencia» del gobierno, así como las políticas «disfuncionales», habían destruido la confianza de la población. Cualquier intento de criticar al gobierno se consideraba oficialmente como el fomento de complots «maliciosos», señalaron. Concluyeron: «Nuestra crisis económica y social, así como la destrucción y el deterioro del medio ambiente, la corrupción institucionalizada, la demolición del capital social, la fuga masiva de cerebros, el déficit presupuestario e incluso las sanciones, se deben generalmente a la débil gobernanza del Estado y a la ignorancia de las bases científicas de las políticas públicas».
Cuando se publicó, la carta fue ferozmente criticada en los medios de comunicación controlados por el régimen, pero fue ampliamente difundida en las redes sociales. Una semana después de la publicación de la carta, Jamenei, en su discurso, invocó la espada de Dios.
Es justo decir que el estado de la economía de la República Islámica de Irán nunca ha sido tan grave como ahora.
Conclusión
La legitimidad destrozada de la República Islámica, junto con la guerra económica de EE UU y el aislamiento internacional de Irán, han colocado a los dirigentes en un posición más débil de su historia. Pero esto no significa que el régimen vaya a derrumbarse pronto.
A nivel nacional, sigue siendo todopoderoso. Puede confiar en las modernas capacidades tecnológicas de vigilancia, en un eficiente aparato de seguridad y en la lealtad ideológica del CGRI. Por otro lado, el nivel de organización de la sociedad iraní sigue siendo dramáticamente bajo. Privada de liderazgo político, está sometida a una represión constante. Atravesado por divisiones culturales, étnicas y políticas, el país es actualmente incapaz de dar lugar a contrapoderes.
Sin embargo, el conflicto actual entre el Estado y la sociedad es una guerra de desgaste cuyo resultado es imprevisible. La República Islámica ha perdido el apoyo de gran parte de su base social tradicional en el Irán rural y entre las capas sociales empobrecidas. Es razonable suponer que muchos de los soldados rasos del CGRI y de la milicia paramilitar Bassijis [fuerza creada por Jomeini en noviembre de 1979] proceden de pequeñas ciudades y zonas rurales cuya población salió a la calle en masa entre 2017 y 2019 y fue brutalmente reprimida. Si estos soldados de a pie seguirán siendo leales a sus señores o no, es una cuestión a debate. Especialmente si la situación económica de Irán sigue deteriorándose y el régimen tiene problemas para mantener el bienestar y los privilegios de su aparato estatal, incluidas las fuerzas militares y de seguridad. Ante la política de tierra quemada del régimen, la amenaza de su autoimplosión y del país es una posibilidad real.
Las movilizaciones políticas están descentralizadas y ya no son monopolio de las grandes ciudades, donde el Estado concentra los medios para hacerles frente. A diferencia de las últimas tres décadas, las clases medias ya no están al frente de las protestas políticas en Irán. Los sectores mucho más pobres de la sociedad, que se han visto especialmente afectados por la actual crisis económica, están ahora dispuestos a mostrar su músculo en la arena política. La respuesta de mano dura del Estado a las protestas de 2019 demuestra que la élite política teme profundamente las protestas que, en el actual clima político iraní, están destinadas a repetirse.
En un artículo que analizaba la protesta masiva de 2017, escribí lo siguiente:
…El régimen ha demostrado que no tiene ninguna dificultad en imponer una represión aún más salvaje. El régimen iraní no es sólo un régimen capitalista, sino también un régimen ideológico, organizado de forma fascista, y luchará por sobrevivir. Dispone de una poderosa fuerza militar, así como de una milicia paramilitar bien organizada y con grandes intereses financieros propios.
Es difícil predecir lo que ocurrirá a partir de ahora. Sin embargo, podemos estar seguros de que nada será igual que antes. Por lo tanto, es una confrontación muy importante, delicada y larga. Es esencial que los que luchan en Irán obtengan un apoyo amplio y efectivo de las fuerzas de la izquierda, así como de los progresistas. La lucha por la democracia y las libertades civiles debe ser una de las dimensiones de nuestra lucha común.
Desde entonces, los acontecimientos en Irán confirman nuestro análisis y, por tanto, nuestras tareas, en esencia, siguen siendo las mismas:
…defender los intereses de los trabajadores de Irán, manteniendo una posición firme y constante, tanto antiimperialista como de oposición al régimen, hacer todo lo posible para extender y retransmitir una gran campaña de apoyo a las luchas del pueblo iraní… actuar con todas las fuerzas iraníes e internacionales que compartan estos principios. Sin embargo, no podemos unirnos a los defensores de una u otra facción del régimen, ni a los que quieren la guerra o las sanciones extranjeras, con la esperanza de evitar el cambio desde abajo. No suspenderemos nuestras críticas a quienes toleran la guerra imperialista o las sanciones económicas, porque son medidas que perjudican en primer lugar a los trabajadores, a las masas de Irán.
“Pasen a firmar los que no tengan miedo”, dijo el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari, copiando las palabras de Emiliano Zapata, a 268 líderes rurales, entre los que se encontraban familiares del Caudillo del Sur. En Los Pinos, ante un cuadro del jefe del Ejército Libertador, los dirigentes de las centrales nacionales pasaron uno a uno a suscribir el Manifiesto Campesino, que avaló el fin del reparto agrario y la privatización del ejido. La fecha quedó registrada junto a la emboscada de la Hacienda de Chinameca: 1° de diciembre de 1991.
Antes de comenzar la ceremonia, unos cuantos representantes que se olieron de qué iba la encerrona, preguntaron dónde estaba el baño y pusieron pies en polvorosa para no sumarse al documento. Entre ellos estaba Pancho, un líder tseltal que llevaba años luchando por la tierra con sus compañeros de la selva Lacandona. Regresó a su región y no volvió a aparecer en la vida pública hasta mucho tiempo después del levantamiento zapatista.
El compromiso de los líderes de superar el reparto agrario convocando a un gran esfuerzo de conciliación entre los hombres del campo adquirido ese día, fue visto como una gran traición por cientos de miles de campesinos en todo el país, pero especialmente por los chiapanecos, que llevaban décadas luchado por tierra. Esa contrarreforma al artículo 27 constitucional nubló el horizonte indígena y animó a centenares de comunidades a tomar las armas.
En el libro Voces de la historia, los habitantes de Nuevo San Juan Chamula, Nuevo Huixtán y Nuevo Matzan, recuerdan su experiencia y las de sus abuelos en las fincas y pueblos, donde nacieron y se criaron aguantando el hambre, así como las razones que los llevaron a colonizar la Selva, para buscar dónde comer un poco mejor y dejar atrás el dolor de la pobreza y el puro sufrir.
Casi todos los que conocemos salen a la finca. Con nuestro trabajo se hicieron ricos los patrones, aunque nosotros seguimos igual en nuestra pobreza. Además del trabajo pesado tenemos más sufrimiento en la finca. Al patrón no le importa el trabajador. Quedamos con hambre. Maltrataban mucho los caporales: chicoteaban, golpeaban con ramas, con cincho, con la palma del machete, daban patadas; con cualquier cosa venía el castigo, explican. Por eso, en un moderno éxodo, marcharon a buscar una nueva vida en la selva.
La lucha por la tierra se generalizó en todo el estado durante las décadas de 1970 y 80. Los indígenas no sólo buscaban recuperar la que los finqueros se habían apropiado por medio del despojo violento. También la que habían ocupado en la selva para huir de la miseria. Un decreto presidencial de Luis Echeverría Álvarez, en 1971, otorgó la posesión de 614 mil hectáreas a 66 familias lacandonas, negándosela al resto de pobladores. En palabras de la Unión de Uniones, detrás del decreto estaban los intereses de Nacional Financiera, es decir, de la gran burguesía, que pretendía llevarse toda la madera de caoba y cedro contenida en las miles de hectáreas tituladas a favor del grupo lacandón.
El gobierno quiso reconcentrar a los otros indígenas (tseltales, tsotsiles, choles) y fijar los límites de la Comunidad Lacandona, por medio de la Brecha. Las comunidades resistieron poniendo el cuerpo por delante con la consigna de ¡no a la Brecha! En octubre de 1981, 2 mil campesinos de la selva marcharon y ocuparon la plaza de Tuxtla Gutiérrez. Caminaron días para llegar a un vehículo que los trasladara a la capital del estado. Años después, su lucha cosechó frutos. En 1989, Salinas de Gortari entregó la dotación a 26 colonias.
En entrevista con Roberto Garduño en La Jornada, el mayor Sergio, el Representante, rememoró esas faenas y cómo los habitantes de la región se vieron amenazados por las autoridades: “Con el decreto de 1972, el gobierno empezó a decir que nos íbamos a salir por las buenas y por las malas… pero no quisimos salir porque nuestros padres y nuestros abuelos buscaron este lugar para vivir y trabajar”.
En la selva, los rebeldes aprendieron a manejar el fusil para defenderse de las guardias blancas. Luego siguió la educación política e ideológica y el fortalecimiento de la organización comunal. Sergio recordó el caso de la venta del café como síntoma de la injusticia, porque los coyotes engañan y pagan precios de risa por el producto.
Los zapatistas –añadió– “empezamos a trabajar en nuestras comunidades casa por casa y barrio por barrio. Mucho tiempo luchamos de manera pacífica, pero nos ignoraban, por eso empezamos… pero no nos han dejado, nos han reprimido, por eso hemos tomado el fusil”.
A pesar de que se había izado la bandera blanca en el campo, la sublevación de 1994 permitió a campesinos e indígenas, zapatistas y no zapatistas, recuperar miles de hectáreas. En lugar de parcelarlas como hicieron otros, los rebeldes impulsaron en ellas proyectos de asociación colectiva para la producción agrícola y ganadera, que les han permitido controlar su vida y practicar el autogobierno. Estas experiencias son la base material sobre los que se erigen los caracoles, que este 9 de agosto cumplieron 19 años de vida.
El agravio de Carlos Salinas contra los pequeños productores rurales, cuando en Los Pinos llamó a los líderes a que pasaran a firmar sin miedo un acuerdo para cerrar la puerta a la vía campesina de desarrollo, fue respondida años después por el EZLN, descarrilando en los hechos el fin del reparto agrario.
Pero el rechazo fue aún más lejos. Sobre ese ¡no! inicial, los rebeldes pasaron a construir una sociedad que representa todo lo contrario de lo que el salinismo quiso impulsar. Esa sociedad alternativa ha tomado forma en los caracoles. En ellos se sintetiza tanto la historia profunda y subterránea de campesinos e indígenas por la tierra y la autonomía, como su disposición y potencia para construir un otro mundo.
El término ‘desaparecido’ fue aplicado por las Madres de Plaza de Mayo a los secuestrados por la dictadura argentina. En su nuevo libro, el sociólogo Gabriel Gatti explora su utilidad para dar cuenta del anormal estatuto de los descendientes de haitianos privados de nacionalidad en la República Dominicana, los emigrantes sin nombre ahogados con sus pateras o las mujeres ‘esfumadas’ en Tijuana, entre otros muchos expulsados de los mapas por un sistema que los considera desechables.
Tener un nombre y un apellido inscritos en un registro civil, un volante de empadronamiento, un documento de identidad, una partida de nacimiento y, finalmente, un certificado de defunción, se nos antoja lo más normal del mundo: el ejercicio de nuestro derecho inalienable a probar que existimos o hemos existido en un espacio y tiempo dado.
Eso sí, para una fracción nada desdeñable de la población de unos cuantos países demostrar su existencia resulta inalcanzable. Son los “nuevos desaparecidos”: el objeto de estudio de Gabriel Gatti, sociólogo de la Universidad del País Vasco.
El investigador se internó en el tema movido por una circunstancia personal: su condición de hijo de un político uruguayo ‘desaparecido’ en el Buenos Aires de la dictadura de Videla. De ahí su interés inicial por víctimas similares de la represión política, como los fusilados en las cunetas durante la Guerra Civil.
Pero a medida que ahondaba en el asunto, se topaba con casos de personas cuyo paradero desconocido no era achacable al terrorismo de Estado, y, más impresionante todavía, con individuos vivos cuya existencia no constaba en ninguna parte ni parecían importarle a nadie.
Desaparecidos. Cartografías del abandono resume y relata la historia de este descubrimiento, una indagación intensamente personal y rigurosamente científica. Con un estilo a caballo de la crónica periodística y de la pesquisa sociológica que fue elogiado por el escritor Juan Villoro en su acto de presentación en Madrid, Gatti refiere los recorridos que lo llevaron de su seguro y “archimapeado” entorno profesoral a Melilla, Estados Unidos, México, República Dominicana, Colombia, Uruguay, Brasil y Suiza, el centro de la institucionalización jurídica de la figura del ‘desaparecido’ .
Lo que revelan los mapas
Observación etnográfica, estadísticas y entrevistas en profundidad trufadas con reflexiones teóricas, referencias a novelas y películas alusivas y conversaciones sobre sus hallazgos con su hija pequeña son algunos de losrecursos desplegados para desvelar realidades inesperadas y, con harta frecuencia, espeluznantes.
Portada de ‘Desaparecidos. Cartografías del abandono’. / Ed. Turner
En los mapas concienzudamente trazados por Gatti y otros preocupados por las nuevas formas de la desaparición se sitúan los bebés robados durante el franquismo; los descendientes de haitianos forzados en República Dominicana a un estatuto apátrida; los indigentes sin nombre arrojados a las fosas comunes de Brasil; los cuerpos que un siniestro personaje, el Pozolero, recibía en Tijuana para disolverlos en sosa cáustica; los que saltaron la valla en Melilla y aguardan recibir visibilidad y nombre; los niños indígenas enterrados en los internados canadienses….
Un lúgubre atlas que, admiten los “cartógrafos del abandono”, no recoge todos los espacios vacíos que representan a los “inexistentes en los mapas existentes”, según apunta Médicos Sin Fronteras. Lo más chocante para el autor —y también para el lector— es que esos ‘agujeros negros’ abiertos en el tejido social no se esconden por lo general en lugares recónditos.
Los nuevos desaparecidos pasan por delante de autoridades y vecinos antes de desvanecerse como por arte de magia sin que casi nadie haga preguntas; o bien son ciudadanos de apariencia normal que carecen de los papeles que prueben no digamos ya su ciudadanía, sino simplemente su existir; o bien bebés que lloran y patalean en un paritorio antes de ser declarados muertos, sustraídos y entregados a otras familias.
“Junto a espectáculos deslumbrantes de cultura y de civismo, de derecho y de progreso crítico, de movilización reflexiva y de creatividad social, estallan muestras de violencia desbocada que se hacen tierra, olor, paisaje, que lo penetra todo a un punto tal (…) que la desaparición parece ser la regla”. México, subraya Gatti, ofrece el ejemplo paradigmático de estas realidades contrapuestas.
Un tejido social creador de gente invisible
El hilo conductor de los ‘dispositivos’ que provocan estas desapariciones, se nos explica, no pasa tanto por las políticas criminales de los estados, como por las configuraciones sociales que propician que determinados sujetos o instituciones —narcos, proxenetas, mafias policiales, traficantes de inmigrantes, sacerdotes, leyes excluyentes…— decidan quién merece existir en términos legales o en la práctica.
En vez de acciones gubernamentales represivas, se observa una retirada del Estado de amplias esferas de la sociedad, una dejación de funciones resultado del achicamiento de la Administración y de su infrafinanciación promovida por el neoliberalismo. Su ausencia permite que ciertos individuos —incluidos funcionarios prevaricadores— se arroguen decisiones sobre la vida o muerte de los ‘nadies’, como denominaba Eduardo Galeano a los “que no son, aunque sean”.
Gatti ha aquilatado un estilo que, sin renunciar al rigor de la más exigente investigación social, se aleja de la gélida asepsia de la escritura académica. Y lo ha plasmado en este ensayo, una suerte de retrospectivo making of de sus textos anteriores sobre los mismos asuntos que elaboró conforme a los estrictos formatos universitarios.
Aquí ha expuesto lo que ocurre entre los bastidores del quehacer sociológico (las dudas, temores y esperanzas del investigador y sus tácticas para obtener información y colaboración, sus afectos y resquemores con sus fuentes…) y también, entre tanto tétrico testimonio, las redes de ayuda entre tejidas por trabajadores sociales, religiosos de a pie, líderes vecinales, voluntarios y funcionarios que por su cuenta procuran impedir que desaparezcan más personas o conseguir que otras “vuelvan a los mapas”.
Sin olvidar a los antropólogos y sociólogos urgidos por disponer de las categorías adecuadas para visibilizar y encarar situaciones que se hallan fuera del radar de las disciplinas empeñadas en mitigar el sufrimiento humano.
América Central/Guatemala/05-08-2022/Autor(a) y Fuente: www.telesurtv.net
Representantes de los sectores convocantes afirmaron que también expresarán su rechazo al Gobierno de Alejandro Giammattei.
Más de 20 organizaciones sociales e indígenas guatemaltecas convocaron a movilizaciones para los próximos días 9 y el 11 de agosto contra la corrupción, el alto costo de la vida y en defensa de la democracia, anunciaron este jueves ante la prensa.
En nombre del Comité de Unidad Campesina, Daniel Pascual, detalló otros de los problemas que enfrenta la población en Guatemala y por los que también realizan la convocatoria, como el aumento de la canasta básica, la situación de los salarios de los campesinos y la pobreza.
Además, indicaron que estas manifestaciones serán propicias para expresar el «rechazo al Gobierno de (Alejandro) Giammattei, por la defensa del espacio democrático, el derecho de los pueblos indígenas y campesinos y por una alianza política».
«Estamos siendo testigos del cierre de un ciclo de la estrategia del Pacto de Corruptos, porque ya sabíamos que estaban controlando el Estado, encabezados por Giammattei y una mayoría en el Congreso», dijo Pascual.
Representantes de los sectores convocantes también acotaron que manifestarán su descontento ante la detención de varios trabajadores del medio El Periódico, incluyendo a su presidente, José Rubén Zamora.
«Ahora tocan a un director de un medio de comunicación y el mensaje es clave y directo, silenciar y violentar el derecho de expresión y emisión de pensamiento, porque los pueblos indígenas y campesinos siempre hemos estado en represión permanente», aseveró Pascual.
Según los voceros, las protestas para el día 9 de agosto serían en varias regiones del país, mientras que para el 11 se prevé que se concentren en la capital, Ciudad de Guatemala.
Fuente e Imagen: https://www.telesurtv.net/news/guatemala-organizaciones-convocan-movilizaciones-20220804-0022.html
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Portada de ‘Desaparecidos. Cartografías del abandono’. / Ed. Turner
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