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A flor de piel

Por: Carolina Vásquez Araya

Mirar hacia la calle desde la ventana, una parte de esta rutina recién adquirida.

6 de la mañana: Me despiertan la Pelusa y la Mimi algo impacientes y mirándome directo a los ojos, en espera de una señal de vida para comenzar a mover la cola y saltar de la cama. Sé muy bien que podría quedarme entre las sábanas porque no hay planes para hoy. De hecho, hace más de 6 semanas que no hay planes para el día; pero igual, con una persistencia encomiable, he insistido en darle un sentido positivo al encierro creando pequeños desafíos domésticos. Aunque agradecida por el privilegio de tener un techo y comida suficiente -mucho más que millones de personas cuyo día se inicia con el estómago vacío, en la incertidumbre y la necesidad- no puedo dejar de mirar con desconfianza al futuro inmediato.

Después de la invasión inicial de noticias y de sentirnos catapultados hacia una vorágine de información contradictoria cuyo efecto inmediato ha sido una profunda desconfianza hacia los medios y las fuentes oficiales, hemos pasado a la etapa del cedazo, en donde intentamos sin mucho éxito separar la paja del grano y darnos pequeños espacios de silencio mediático para no sentir, no saber y no ser absorbidos por la tensión y el temor natural al caos y a la desinformación. De todos modos, no siempre se puede ser tan racional cuando se trata de conservar la vida y el sentido común.

He pasado mi vida entera luchando por creer en conceptos tan elusivos como la justicia y el bien común y también he trabajado duro para tener la libertad de expresar mi pensamiento. A pesar de haber transitado por entornos de enorme incertidumbre política y de grandes fosos de inequidad social, todavía intento convencerme de la capacidad humana para experimentar algo parecido a la solidaridad, pese a las evidencias constantes de que en el fondo nuestra naturaleza nos hace egoístas y persistentemente impermeables al dolor ajeno.

Por esa necesidad de búsqueda de los motivos de tanta desigualdad, he llegado a conocer de cerca la miseria de quienes son considerados por las élites como un recurso indeseable pero necesario para acrecentar su riqueza. En el otro extremo del espectro, he tenido la oportunidad de constatar cuánto desprecio destilan esos núcleos privilegiados por quienes nunca han tenido las oportunidades ni los medios para superar su condición de pobreza, pero también cómo manipulan los conceptos para convencerse y convencer a otros de la inevitabilidad de las distancias sociales; como si estas nunca hubieran sido diseñadas y construidas a propósito.

Hace apenas unas semanas, creía que la pandemia nos equiparaba. Profundo error. Las nuevas condiciones comienzan a revelar hasta qué punto estamos distanciados frente a un enemigo común y cómo esta amenaza, supuestamente universal, se transforma en otro sistema de selección en donde los más pobres y los más vulnerables serán siempre los más castigados. Poco a poco, el mapa se define y las clases dominantes muestran la esencia de su codicia al aferrarse al poder y concentrar la toma de decisiones, afectando a millones de seres humanos alrededor del planeta. Ante ese poder prácticamente ilimitado, somos apenas un murmullo distante, una masa anónima con la impotencia y la rebeldía a flor de piel.

6 de la tarde: Termino el día con la sensación de no haber realizado ninguna tarea esencial. Me he empeñado en refugiarme en el no saber, como si esa barrera contra la especulación, la desinformación y la manipulación mediática pudiera, de algún modo, protegerme contra un enemigo ubicado al otro lado de la puerta de mi casa. Y vuelvo a mirar por la ventana, esperando que no llegue.

La amenaza sanitaria que nos rodea, también nos discrimina

Fuente e imagen: https://iberoamericasocial.com/a-flor-de-piel/

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Tener superpoderes: la lectura como experiencia de emancipación

Por: Amador Fernández Savater

¿Es la lectura algún tipo de experiencia subversiva hoy día? ¿Habilita modos de estar en el mundo heterogéneos, a contracorriente o en ruptura con los hegemónicos?

Sabemos que fue así en el pasado. Lo demuestra por ejemplo Germán Labrador en Culpables por la literatura, un formidable trabajo histórico-ensayístico sobre la contracultura española a lo largo de tres generaciones: los progres del 68, los libertarios del 77 y los modernos del 84.

Labrador parte de la idea de que el franquismo no fue solo un régimen político o una ideología autoritaria, sino también la producción y reproducción de un tipo de cuerpo: unos afectos y unos hábitos, una percepción y una sensibilidad, unas capacidades y unas intolerancias. A través de las instituciones disciplinarias del momento, mediante la represión y la violencia, el franquismo fabrica en serie un tipo de cuerpo a partir del mismo patrón: el cuerpo del líder –y de su consorte, modelo femenino– como imagen a imitar, replicar, encarnar.

Si el poder tiene una dimensión somática, la revuelta también: la contracultura consistió en deshacerse de ese cuerpo impuesto y darse otro, capaz de sentir, pensar y hacer distinto. Una transformación a la vez feliz y dolorosa, festiva y a la vez violenta, como testimonia la figura de Leopoldo Panero que dijo: “Yo me destruyo para saber que soy yo y no todos ellos”.

Se trataba de desaprender físicamente la dictadura: en los movimientos estudiantiles, los espacios homosexuales, a través de la música, las drogas… o la literatura. Esta funcionó entonces como tecnología de liberación, como territorio y materia de las transformaciones. La lectura movilizaba el deseo de vivir otra vida, de convertirse en otro, de ser otro. Un lobo estepario, el volcán de Lowry, Rimbaud, Artaud o el Capitán Trueno para la imaginación infantil: ser en todo caso un cuerpo capaz de vivir aventuras, más allá de la vida encogida bajo el franquismo.

La literatura concedía “un traje de Superman”, dice Labrador, a través del cual vivir dos vidas, muchas vidas, con la imaginación espoleando al deseo para funcionar de otro modo y querer otras cosas. Es el “lector arrebatado” dispuesto a vivir según el lenguaje, a creerse lo que lee, a encarnar las lecturas. La emancipación no solo ocurría en los espacios propiamente políticos, sino también en los cuartos, en las actividades aparentemente privadas, en los sueños.

El franquismo se hunde cuando ya no es capaz de inscribirse en los cuerpos. Ese es el fondo oscuro e inadvertido de la batalla por el cambio sobre el cual sucede la transición española. Y es lo que nos permite ver y valorar mejor el libro de Germán Labrador.

¿Y hoy, implica la lectura algún tipo de revuelta? Se me ocurren al menos dos respuestas positivas posibles.

La primera dice más o menos así: vivimos actualmente en la sociedad del espectáculo donde el mundo se nos presenta a diario como un conjunto de fogonazos mediáticos sin vínculos ni memoria. Nada lleva a nada y todo se evapora de inmediato. Lo que esta sociedad fabrica en serie es el “espectador” o el “opinador” de las redes sociales: un sujeto gregario y morboso, manipulado y desinformado, volátil y amnésico. En el fondo un no-sujeto.

En sus Comentarios sobre la sociedad del espectáculo, Guy Debord opone justamente el lector al espectador. El cuerpo del lector al cuerpo del espectador. Frente a la imagen donde “se puede yuxtaponer de todo”, que “no deja tiempo a la reflexión” y nos reclama pura “adhesión a lo existente”, la lectura es subversiva porque nos “exige un verdadero juicio a cada línea y solo ella puede darnos acceso a la vasta experiencia pre-espectacular”.

La lectura para Debord es el ejercicio crítico por excelencia. A través de un esfuerzo lineal y progresivo, se sigue un razonamiento, se comprueba si se sostiene, si una cosa se deduce de la otra. La lectura es una práctica de descodificación de sentido donde se discrimina lo verdadero de lo falso, lo bueno de lo malo. El sujeto crítico es un lector y sobre todo un lector del mundo, capaz de atravesar la opacidad estratégica del espectáculo y leer la realidad como se lee un texto. En ese libro Debord se presenta a sí mismo como el último gran lector, calificado para relacionar los hechos y pensar históricamente lo que se presenta como fenómenos aislados y sin pasado.

La dimensión subversiva de la lectura ya no habría que buscarla entonces en su capacidad utópica de plantear otros mundos posibles, sino en los superpoderes de la razón, la lógica y el conocimiento histórico dentro de un mundo que nos quiere fundamentalmente estúpidos.

Una segunda respuesta positiva sería la lectura como ejercicio de transformación de uno mismo. La lectura como “ejercicio espiritual”, podríamos decir siguiendo a Pierre Hadot, que nombra así las prácticas de auto-transformación entre los filósofos (estoicos, epicúreos, cínicos) de la Grecia antigua. ¿En qué sentido sería subversiva hoy la lectura como ejercicio espiritual?

El neoliberalismo también es un poder que produce y reproduce un tipo de cuerpo: en este caso el de un sujeto siempre movilizado, disponible y conectado, en constante superación de sí mismo y competencia con los demás, azuzado por la obsesión de “siempre más” (más rendimiento, más productividad, más consumo, etc.). El cuerpo-modelo a imitar hoy sería el del deportista, el youtuber, la celebridad…

La lectura, entendida como ejercicio espiritual, crea una forma de vida bien distinta: como disciplina de la atención, del estar-ahí y no en mil sitios y ninguno a la vez; como interrupción a través del silencio y del recogimiento de la carrera enloquecida del hámster en su rueda; como actividad que lleva incorporada la recompensa en sí misma y no es solo medio o instrumento de una finalidad exterior…

La lectura es un ejercicio de “pasividad activa”: por un lado, supone entrar en el mundo que otro te propone, salir de uno mismo y dejarse afectar; por otro lado, exige responder a lo que se lee y ser capaz de crear sentidos propios. El cuerpo que lee es muy distinto por tanto al sujeto incapaz de vérselas con la alteridad y al sujeto que se limita a consumir lo que se le presenta empaquetado.

El lector no se desconecta del mundo, sino que lo habita de otro modo, experimentando con los sentidos, poniendo en relación lo que lee y lo que ha leído, lo que lee y lo que ha vivido. Altísima intensidad de una inmovilización tan solo aparente, el cuerpo del lector corta en seco la fuga hacia adelante del sujeto de rendimiento neoliberal y hace una experiencia plena del presente.

Del lector arrebatado al lector disciplinado: los superpoderes que nos otorga la lectura hoy son distintos a los del pasado. No tanto imaginarnos seres distintos, como estar más presentes. No tanto vivir dos vidas, como intensificar la vida que hay. No tanto fugar hacia un mundo alternativo, como estar aquí y ahora.

Lectura como ejercicio utópico, lectura como ejercicio crítico, lectura como ejercicio espiritual: el mundo y las formas de dominio cambian, pero la lectura encuentra siempre el modo de ser una revuelta.

Fuente e imagen: https://www.filosofiapirata.net/tener-superpoderes-la-lectura-como-experiencia-de-emancipacion/
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Habitar la excepción: pensamientos sin cuarentena (I)

Por: Amador Fernández Savater

¿Gestionar o transformar?

Quién se hace cargo de lo que pasa, cómo y para qué, en cada crisis, en cada disfuncionamiento, en cada perturbación del sistema.

Se puede gestionar: la idea de la gestión es la “regulación” de lo que pasa para “volver a la normalidad”. Lo que pasa es un hecho aislado y sin historia, se puede conjurar y neutralizar. Las respuestas a la crisis en cuestión se dan en el mismo marco de lo existente.

Un “poder de salvación” administra nuestro miedo y nos promete la supervivencia a cambio de obediencia. La supervivencia, por cierto, será sólo de los más aptos. Porque la lucha de clases -o el conflicto social, si queremos hablar de otra manera- atraviesa en verdad la gestión y las medidas. Hay “inmunizados” (que se pueden proteger) y “expuestos” (que enfrentan las crisis a pelo y caen como moscas, objetos de las propias medidas de “salvación del cuerpo colectivo”: recortes, etc.).

La “gestión” es un bucle: oculta y tapa las preguntas radicales sobre las causas y las condiciones de los desastres y así las reproduce, preparando de tal modo nuevos episodios desastrosos.

Transformar significa hacer aparecer nuevos juegos de preguntas y respuestas, nuevas maneras de pensar y actuar, nuevas lógicas para pensar-hacer sobre los problemas (crisis económicas, crisis migratorias, crisis ecológicas, femicidios) desde otro marco. Un marco distinto, para respuestas distintas.

Transformar significa habitar la excepción.

Habitar la situación, no dejarse simplemente gestionar. ¿Qué significa? Poblar la situación de nuestras preguntas, nuestros pensamientos, nuestras necesidades, nuestros deseos, nuestros saberes, nuestras redes de afecto…

Habitar, estar presentes, no ser sólo espectadores o consumidores o víctimas de las decisiones de otros, sino sentir, pensar y crear a partir de lo que pasa, darle valor, compartirlo, hacer con ello mundo y vida.

De ahí saldrán los rudimentos para nuevos juegos de preguntas y respuestas, nuevas lógicas, nuevas ganas, nuevos marcos. Habitar la crisis, para no volver simplemente a la normalidad.

¿Quién define la situación?

La gestión instala un monopolio sobre la descripción de lo que pasa: “es así”, “obediencia o muerte”. Quien tiene el monopolio de interpretación -y de la experimentación práctica consecuente- tiene el poder.

Lo interesante de que haya distintas interpretaciones a la crisis del coronavirus es que abre fisuras en ese monopolio. Podemos ver que no hay una sola interpretación (científica, neutral, universal), sino distintas respuestas que arraigan en distintas visiones y cálculos político-económicos. Lo que se presenta como “neutro” es una hipótesis y una decisión sobre la realidad. La gestión del virus nos hace ver a la ciencia mezclada con las diferentes formas de “gubernamentalidad” (distintos cálculos político-económicos). Hay matices, discrepancias, conflictos incluso.

Cada descripción de la realidad (y cada respuesta a la crisis) no es sólo una hipótesis científica-universal, sino que incorpora una serie de valores, una dimensión ética referida a formas de vida. Lo que importa y lo que no importa, lo que debe ser defendido y lo que no, lo que hay que preservar y lo que se puede desechar.

Pensar ciencia + ética no significa una contra la otra, sino una con la otra en distintas alianzas y combinaciones. Cada descripción incorpora un mundo. ¿Qué respuesta damos? ¿Qué mundo queremos?

La izquierda en el poder

¿Qué oportunidades ofrece la izquierda en el poder? Podemos pensarlo así: el cálculo coste-beneficio en que consiste toda gubernamentalidad se hace más poroso a demandas no solo económicas (como la defensa del trabajo, del salario, de los derechos, de lo público-común, etc.). La gestión no es entonces (sólo) empresarial-securitaria, sino que se puede afectar por otros valores y formas de vida. Ahora mismo por ejemplo puede tener un gran “coste” político cualquier desconsideración a la sanidad pública.

¿Qué peligros tiene la izquierda en el poder? Los clásicos: la intensificación de las lógicas de delegación y representación (“ya se ocupan los buenos en mi lugar”) y mantener ciertas ilusiones sobre el mundo en que vivimos (transiciones energéticas, ciudadanismo, desarrollo sostenible) que obstaculicen el surgimiento de nuevos juegos de preguntas-respuestas que cuestionen el mismo marco en que se desarrolla hoy la vida.

Que aflore la autonomía de las voces afectadas, la autonomía del pensamiento y la acción, la autonomía de las redes y los saberes. No contra nadie, puede haber conflicto y cooperación desde la autonomía, pero tampoco sometida a nadie.

* Notas dispersas a partir de conversaciones y lecturas de estos días, con Jun Fujita, Marta y Natasa, amigxs de los talleres, Diego Sztulwark, Fredric Neyrat, Alain Brossat, Tiqqun-Comité Invisible, Blanchot, etc. Se apoyan sobre todo en a lectura de unas cuentas páginas de Llamamiento (Acuarela, 2008)

Fuente e Imagen: http://lobosuelto.com/cuarentena-amador-savater/

Fuente original: https://www.filosofiapirata.net/habitar-la-excepcion-pensamientos-sin-cuarentena-i/

 

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Libro(PDF): «Contra Nuestra América. Estrategias de la derecha en el siglo XXI»

Reseña: CLACSO

Franz Hinkelammert afirmó hacia fines del siglo XX una idea que tiene plena vigencia: «La nueva derecha es heredera de las dictaduras militares de Seguridad Nacional, y su vocación es asegurar el esquema de poder originado por esas dictaduras bajo formas democráticas, en beneficio de las élites y con la bendición de Estados Unidos».

En efecto, las estrategias de la derecha vuelven a sus orígenes. En el plano político, se ha intensificado el perfil ideológico desplazando el espectro hacia posturas ultraderechistas. El autoritarismo de nueva generación registrado durante la segunda década de este milenio definitivamente se ha exacerbado. Esta matriz se ha reforzado en lo económico, actualizando la antigua alianza tecno-militar en la composición de los gobiernos en cargos claves (Brasil, Paraguay y Colombia), al tiempo que se refuerza el imaginario del Estado emprendedor, ahora conducido sin mediaciones y en forma directa por empresarios (la denominada “CEOcracia”).

Autores (as): 

Jairo Estrada Álvarez. Carolina Jiménez Martín. José Francisco Puello Socarrás. [Editores]

Jairo Estrada Álvarez. José Francisco Puello Socarrás. Carolina Jiménez Martín. Victor Manuel Moncayo C.. José Honorio Martínez. Mabel Thwaites Rey. Jaime Caycedo. Sergio de Zubiría Samper. Pablo Guadarrama González. Osvaldo Martínez. Beatriz Stolowicz. Alba Carosio. Plinio Arruda Sampaio. Julio C. Gambina. Antonio Elías. [Autores y Autoras de Capítulo]

Editorial/Editor: CLACSO.

Año de publicación: 2020.

País (es): Argentina.

Idioma: Español.

ISBN: 978-987-722-588-4

Descarga: Contra Nuestra América. Estrategias de la derecha en el siglo XXI

Fuente e Imagen: https://www.clacso.org.ar/libreria-latinoamericana/libro_detalle.php?id_libro=1836&orden=&pageNum_rs_libros=0&totalRows_rs_libros=1375

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«Babelia» El texto inédito de Galeano que anticipa su visión de América Latina

Redacción: El País

‘Babelia’ adelanta un fragmento de ‘Guatemala’, un análisis político del continente escrito en 1967, cuatro años antes de ‘Las venas abiertas de América Latina’.

‘Babelia’ ofrece un adelanto de Guatemala. Ensayo general de la violencia política en América Latina, de Eduardo Galeano, que publica hoy la editorial Siglo XXI. Se trata de un rescate ampliado de un libro publicado en 1967 pero inédito en España. Tras una visita de Galeano, entre abril y mayo de 1967 a Guatemala, el escritor, de cuya muerte se cumplirán cinco años el 13 de abril, escribe este análisis político del continente, antecedente directo de su libro más importante, Las venas abiertas de América Latina. En el libro se investigan las implicaciones políticas para todo el continente de la situación guatemalteca, un tema sobre el que también trata la última novela de Mario Vargas Llosa, Tiempos recios.

«No tenían entonces fuego y Tohil lo creó y se los dio, y los pueblos se calentaban con este, sintiéndose muy alegres por el calor que les daba. El fuego estaba alumbrando y ardiendo, cuando vino un gran aguacero y granizo que lo apagó».

Popolvuh

“Mis pilotos son rubios y de ojos azules”, dijo una vez el ex presidente de Guatemala, Miguel Ydígoras Fuentes, “pero eso no quiere decir que sean norteamericanos”. La coincidencia física, en este país de indios, no resultaba, por cierto, casual. La intervención de los Estados Unidos en los asuntos internos de Guatemala abarca, desde hace mucho tiempo, todos los campos. La presencia imperialista en el país resulta, por su crudeza, ejemplar: este es un descarnado modelo de la explotación que sufren las atormentadas tierras del sur del río Bravo. Guatemala es el rostro, torpemente enmascarado, de toda Latinoamérica; la faz que exhibe el sufrimiento y la esperanza de estas tierras nuestras despojadas de sus riquezas y del derecho de elegir su destino. Desde los Estados Unidos se ponen y se quitan presidentes y dictadores en Guatemala; desde Wall Street se controla la economía, por la vía de las inversiones, el comercio y los créditos; el ejército recibe armas, adiestramiento y orientación de oficiales norteamericanos que a menudo participan personalmente en operaciones militares dentro del país; la prensa y la televisión dependen en gran medida de los avisos de las empresas extranjeras; funcionarios y técnicos de la Embajada de los Estados Unidos o de organismos “internacionales” ejercen un gobierno paralelo que pasa a ser único a la hora de las decisiones; la Coca-Cola ha sustituido a los jugos de fruta naturales y el dios de los protestantes y los mormones compite con las divinidades mayas, que han sobrevivido escondidas tras los altares católicos. El dominio y la explotación de Guatemala como si fuera un objeto de propiedad privada no es, por cierto, nuevo. Ha cobrado características singulares a partir de 1954, porque la invasión criminal que el imperialismo desencadenó entonces ha marcado a fuego la historia presente del país. La caída de Árbenz fue un eslabón decisivo de una larga cadena de agresiones que ni empezaron ni terminaron con ella. La situación actual no podría ser explicada sin tener muy en cuenta el proceso revolucionario de la década abierta en 1944 y su trágico fin: de aquellos vientos provienen estas tempestades. Las mismas fuerzas que bombardearon la ciudad de Guatemala, Puerto Barrios y Puerto San José a las cuatro de la tarde del 18 de junio de 1954, están hoy en el poder: ocupan, hoy, el poder real, tras las mamparas que les presta un régimen civil que se proclama, hipócritamente, heredero de la revolución derrotada. De aquel desastre en adelante, el pueblo derribado fue aprendiendo a levantarse por otros medios: en la revolución perdida está también la clave que explica la consolidación y el desarrollo de las guerrillas actuales.

Una conciencia nueva

La colonia quería hacerse patria: hasta 1944, el país había sido testigo y víctima, pero no protagonista, de su historia. Desde largo tiempo atrás, el destino de Guatemala se venía jugando a la suerte de monedas extranjeras, en Wall Street o en Washington o en los cuarteles generales del Pentágono. Encabezada por universitarios y jóvenes oficiales nacionalistas del ejército, la revolución estalló y puso fin al largo reinado del dictador Ubico –un viejo general cuyas simpatías germanófilas no le impidieron servir los intereses de las empresas norteamericanas y cuyo proclamado culto de la honestidad no obstaculizó sus excelentes relaciones con la oligarquía local–.

Este pequeño país de indios analfabetos y muertos de hambre se erguía sobre sus pies: Arévalo y Árbenz, elegidos sucesivamente por voto popular, habrían de encabezar la difícil aventura de la afirmación nacional. Nacional, digo, en un sentido que trascendía las fronteras de Guatemala: de estos gobiernos nacieron los mejores y más intensos esfuerzos por reconstruir, sobre nuevas bases, la perdida unidad centroamericana. Al haber sido desgarrada Centroamérica, como Latinoamérica toda, por las fronteras que el imperialismo consolidó o inventó para dominarla mejor, no será el imperialismo quien reconstituya la fracturada patria grande:

de los originales proyectos de Arévalo a la actual Sieca (Secretaría de Integración Centroamericana), media la misma distancia que separa a la Alalc (Asociación Latinoamericana de Libre Comercio) de los sueños de Artigas o Bolívar. La llamada “integración centroamericana”, tal cual se está realizando, no produce otra cosa que la desintegración de las débiles industrias nacionales del área, en beneficio de la integración de los negocios de las empresas extranjeras: las operaciones se planifican a escala regional; ampliados los mercados y eliminados los impuestos y los controles, el saqueo imperialista cobra nuevas formas más eficaces. Hace veinte años, las tentativas de la revolución guatemalteca por agrupar política y económicamente a Centroamérica tenían por objeto superar la balcanización del área, en beneficio del área misma; se intentaba dar una respuesta común al común desafío del subdesarrollo, vencer la fragmentación para poder vencer la miseria y el atraso. Pero la Odeca (Organización de los Estados Centroamericanos), nacida de aquellas inquietudes en 1951, terminó convertida en un organismo enemigo del gobierno de Guatemala: lejos de romper el aislamiento de la revolución popular, lo agudizó. Fue una de las catapultas utilizadas por los Estados Unidos para bombardear y aniquilar, al cabo de una larga y terrible campaña, al régimen de Árbenz. La Sieca es, pues, hoy en día, una digna heredera de aquella Odeca.

Las proyecciones centroamericanas de la revolución guatemalteca no podían cristalizar sino a través de otras revoluciones que no se produjeron. De sus pequeños países vecinos, gobernados por hombres de paja de la United Fruit o por dictadores vitalicios, Guatemala no recibió otra cosa que hostilidad o indiferencia. Pero la revolución inició y siguió su curso dentro de fronteras, hasta que fue finalmente aplastada por tropas preparadas por la CIA en Honduras y Nicaragua. Sus conquistas están todavía muy vivas en la memoria del pueblo. Un vigoroso plan de educación fue puesto en marcha; los trabajadores del campo y de las ciudades se organizaron en sindicatos, protegidos por el Código del Trabajo. La United Fruit Co., un Estado dentro del Estado, dueña de la tierra, el ferrocarril y el puerto, exonerada de impuestos y libre de controles, dejó de ser omnipotente en sus vastas propiedades. Las nuevas leyes laborales y de seguridad social hicieron posible el desarrollo del mercado interno, al aumentar el poder adquisitivo y el nivel de vida de los trabajadores. Mediante la construcción de carreteras y la creación del puerto de San José, en el Pacífico, se rompió el monopolio que la United Fruit ejercía sobre el transporte y el comercio. Se emprendieron ambiciosos proyectos de desarrollo económico, como las obras de electrificación del país, impulsados con capital nacional. “En Guatemala no hemos recibido empréstitos, porque sabemos muy bien que, cuando se reciben dólares con la mano derecha, con la izquierda se entrega soberanía”, había dicho Arévalo, un Arévalo por entonces bien distinto del que terminaría aconsejando la intervención armada contra la Revolución Cubana.

Guatemala empezaba a demostrar, a los ojos de toda Latinoamérica, que un país puede romper el subdesarrollo, salir de la miseria, sin humillarse como mendigo a las puertas del Imperio. Hubo una nueva Constitución, que por primera vez no fue una retórica trampa redactada por los doctores a espaldas de su pueblo, y hubo, sobre todo, una conciencia nueva: los obstáculos daban a Guatemala la certidumbre de su recién nacida fuerza. Los descendientes de los mayas estaban rescatando un sentido de la dignidad malherido desde los tiempos en que habían sido aplastados por la conquista española. El 17 de junio de 1952, el gobierno de Árbenz aprobó la ley de reforma agraria. Al dejar el gobierno, en su discurso de despedida, Arévalo había revelado que su administración había debido sortear treinta y dos golpes de Estado promovidos por la United Fruit Co. La reforma agraria era demasiado: resultaba un ejemplo insoportablemente peligroso para América Latina. La embajada norteamericana decidió que el gobierno de Árbenz olía fuertemente a comunismo y representaba un peligro para la seguridad del Hemisferio10. No era la primera vez que se calificaba así a un régimen nacionalista burgués con vocación de independencia. Ni Arévalo ni Árbenz se proponían, por cierto, la socialización de los medios de producción y de cambio: la ley de reforma agraria fijaba como objetivo esencial “desarrollar la economía capitalista campesina y la economía capitalista de la agricultura en general”. Al mismo fin estaban orientadas las demás medidas tomadas por ambos gobiernos. Esta “confusión” no sería la última, como lo demostró la sangre derramada en otros países en los años siguientes. La buena salud de las inversiones norteamericanas al sur del río Bravo y la política de poder de los Estados Unidos en su área natural de influencia se asientan sobre sagradas estructuras económico-sociales que determinan que en América Latina muera más de un niño por minuto de enfermedad o de hambre. Quien toque esas estructuras, comete sacrilegio: el escándalo estalla.

El crimen

Una aplastante campaña de propaganda internacional se puso en movimiento contra Guatemala. Desde allí viene la peste, se decía: “La Cortina de Hierro está descendiendo sobre Guatemala”. En los primeros meses del 54, más de cien mil familias habían sido ya beneficiadas por la reforma agraria, que sólo afectaba a las tierras improductivas y pagaba indemnización, en bonos, a los propietarios expropiados. La United Fruit sólo cultivaba el 8% de sus tierras extendidas hasta los dos océanos: se empezó a distribuir sus inmensos eriales entre campesinos pobres que se disponían a trabajarlos. El presidente de la United Fruit advirtió en una entrevista confidencial: “De aquí en adelante, ya no se tratará del pueblo de Guatemala contra la United Fruit Co.; la cuestión se convertirá en el caso del comunismo contra el derecho de propiedad, la vida y la seguridad del Hemisferio Occidental”. La OEA se reunió para otorgar su bendición a la invasión que la CIA estaba preparando contra Guatemala. Entre los indignados demócratas que levantaron sus manos para condenar al régimen de Árbenz en la Conferencia de Caracas, figuraron entonces los representantes de los más sangrientos dictadores de la historia del continente, vivas garantías de la estabilidad de América Latina: Batista, Somoza, Trujillo, Pérez Jiménez, Rojas Pinilla, Odría: aun ahora, tanta corrupción sumada rompería cualquier computadora que se propusiera medirla. “No teníamos dudas ni esperanzas”, escribiría tiempo después, a propósito de la Conferencia, el canciller guatemalteco Toriello. Aquella fue la última vez, ya en vísperas de la agonía, que Guatemala pudo levantar su voz para expresar la política exterior independiente que había nacido con la revolución y con ella murió: en Chapultepec, en San Francisco, en Río de Janeiro, en Bogotá, y en muchas otras ciudades europeas y americanas había resonado con fuerza suficiente y con suficiente coraje como para que los Estados Unidos consideraran inadmisible la insolencia de aquel pequeño país.

La OEA dio su visto bueno y el militar de turno, Castillo Armas, graduado en Fort Leavenworth, Kansas, abatió sobre Guatemala sus tropas entrenadas y pagadas por los Estados Unidos. La invasión, respaldada por el bombardeo de los F-47 piloteados por “voluntarios” norteamericanos, triunfó. Acorralado por el enemigo, traicionado por los jefes militares en quienes confió hasta el final, Árbenz no quiso, quizás no pudo, pelear. Aquella trágica noche de 1954, el pueblo escuchó por radio el texto grabado de su renuncia, no la esperada proclama de la resistencia11. Lo mismo ocurriría, después, con otros líderes de movimientos semejantes en América Latina: caudillos populistas o presidentes con intenciones reformistas de carácter nacionalista burgués terminarían sus días en el poder abandonándolo sin sangre; asustados, quizás, por las contradicciones que habían desencadenado y temiendo ser desbordados por las fuerzas populares que habían puesto en movimiento, ni Perón, ni Bosch, ni Goulart entregaron armas a los trabajadores para la defensa de sus regímenes enfrentados al desafío de sucesivos golpes militares.

Poco tiempo después de la invasión de Guatemala, ya se reconocía oficialmente, desde Washington, que la maquinaria del crimen había sido montada, aceitada y puesta en funcionamiento por manos norteamericanas. Fue un lindo trabajito de la CIA: uno de sus directivos, el general Walter Bedell Smith, pasó a integrar un año después el directorio de la United Fruit, en uno de cuyos sillones se había sentado ya Allen Dulles, por entonces hombre número uno de la Agencia Central de Inteligencia. El hermano de este, John Foster Dulles, había sido el más impaciente de los cancilleres en la reunión de la OEA. Se explica: en su escritorio de abogado se habían redactado los borradores de los contratos que la United Fruit firmó con el gobierno de Guatemala en 1930 y 1936.

Las recompensas

Castillo Armas cumplió su misión. Devolvió las tierras ociosas expropiadas a la United Fruit y otros terratenientes y entregó el subsuelo de 4 600 000 hectáreas, casi la mitad del país, al cártel internacional del petróleo. El Código del Petróleo fue redactado en inglés y llegó en inglés al Congreso: se tradujo al español a petición de un diputado que todavía tenía un resto de vergüenza. La revolución se había negado a entregar el petróleo, pese a las presiones ejercidas durante su década de gobierno. “¿Para quiénes guardan ustedes ese petróleo?”. “Para Guatemala”, había contestado Arévalo a un agente de la Standard Oil. Hoy día, el cartel mantiene en reserva, sin explotarlos, los yacimientos donde se ha detectado existencia de petróleo, una política que también practica en otros países latinoamericanos.

Castillo Armas gobernó a sangre y fuego. Clausuró los diarios de la oposición, que habían funcionado libremente en tiempos de Árbenz, y envió a la cárcel, la fosa o el exilio a los militantes políticos democráticos y a los dirigentes sindicales y estudiantiles. Por fin, él mismo fue asesinado. Eisenhower lloró su muerte: “Es una gran pérdida para su propio país y para todo el mundo libre”, dijo. Tras nuevas elecciones anuladas y una junta militar de efímero gobierno, ganó la presidencia el general Ydígoras Fuentes. Antes de la invasión de Castillo Armas, el propio Ydígoras había sido invitado por la CIA a encabezar la expedición. Él mismo cuenta, ahora, que rechazó la oferta: entrevistado por la periodista Georgie Anne Geyer en San Salvador, Ydígoras dice que, no bien ganó las elecciones, fue abordado por cuatro hombres de la CIA que lo amenazaron con tomar represalias si no pagaba el saldo de la deuda de tres millones de dólares que Castillo Armas había contraído para financiar su invasión teñida de Gloria.

Ydígoras ratificó con su firma un inconstitucional y bochornoso convenio de garantías a las inversiones extranjeras establecidas o por venir, que sirvió posteriormente de modelo a otros gobiernos latinoamericanos con ideas no menos dudosas sobre la dignidad nacional. Hizo, también, su propio ensayo de reforma agraria –con características tan singulares que sólo resultaron beneficiados los grandes terratenientes, según lo establece un reciente informe oficial–. Fue Ydígoras quien ofreció tierra guatemalteca para el entrenamiento de las fuerzas que se lanzaron al asalto de las playas cubanas en abril de 1961, a cambio de algunos compromisos de ayuda a su gobierno. Pero no por ello sus negocios con la CIA dejaron de ser ruinosos: todavía se queja, amargamente, de que los Estados Unidos no cumplieron con las condiciones del acuerdo y dice que obtuvo la cuota de azúcar que se le había prometido sólo cuando amenazó con boicotear las conferencias de la Alianza para el Progreso.

Fuente: https://elpais.com/cultura/2020/03/12/babelia/1584015233_867113.html

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Diez puntos sobre el cambio constitucional en Chile

Por:  Roberto Gargarella

Jaime Guzmán, el temible jurista del pinochetismo, concibió la Constitución de 1980 como una especie de cerrojo para evitar cambios futuros. Hoy, en el marco de un movimiento social sin precedentes en las calles, los chilenos abrieron el camino para redactar, desde cero, una nueva Carta Magna. La experiencia latinoamericana de estos años muestra los límites de avanzar en derechos sin avanzar sobre el núcleo duro: la organización del poder. No obstante, las resistencias conservadoras no harán fácil moverse en esa dirección.

Introducción

Quisiera presentar a continuación algunas reflexiones teóricas, surgidas a partir de interrogantes que nos plantea el constitucionalismo chileno de este tiempo, que nos llevan a pensar sobre problemas que lo incluyen y lo trascienden. Propondré entonces algunas consideraciones, relacionadas con cuatro «grandes temas» teóricos en el área, que examinaré de manera «situada», tomando como caso de estudio el cambio constitucional que se avecina en Chile. Los temas incluirán cuestiones como las siguientes: las relaciones entre el constitucionalismo y la democracia; los procedimientos del cambio constitucional; la «sustancia» o contenido del cambio; y el ideal democrático que anima o merece animar tales cambios. En el tratamiento de tales cuestiones aparecerán diez puntos principales sobre los que me interesará llamar la atención conforme a lo que es el espíritu de este escrito: presentar solo algunas primeras notas y varios apuntes exploratorios, relacionados con los temas que, en estas horas de crisis democrática y cambio constitucional, requieren de nuestro estudio más profundo.Constitucionalismo y democracia

1. La validez de las normas de facto. Cuando examinamos las relaciones entre el constitucionalismo y la democracia en Chile, un primer tema que inmediatamente exige nuestra reflexión es el de la validez de las normas de facto. Existe una enorme discusión teórica en torno del tema, que también, necesariamente, ha llegado a Chile, sobre todo a la luz de la Constitución de 1980, promovida por el dictador Augusto Pinochet y aprobada a través de una consulta que muchos expertos consideraron fraudulenta. ¿Tiene la democracia chilena las «manos atadas» por esa (así llamada) «Constitución tramposa»? ¿Puede entenderse que la Constitución de Pinochet sigue constriñendo las posibilidades de acción de las nuevas generaciones? En los hechos, la discusión sobre el peso y valor de las normas de facto reapareció en tiempos recientes, en Chile, cuando se comenzó a hablar de la necesidad de un profundo cambio constitucional. Así, por ejemplo, el ex-presidente Ricardo Lagos habló de una «nueva Constitución» aludiendo a la necesidad de «comenzar con una hoja en blanco», o el constitucionalista Fernando Atria se refirió a la importancia de «partir de cero» en materia constitucional1. En principio, ellos hablan de este «nuevo comienzo» (desde «cero» o desde una «hoja en blanco») para separarse de lo que fueran otros cambios constitucionales anteriores (i.e., la reforma de 2005) y para decir, como afirma explícitamente Atria, que lo que ahora se requiere es una «nueva constitución» y no una mera «reforma constitucional».Entiendo lo que ellos sugieren y estoy de acuerdo con lo dicho, pero creo que el problema es mucho más radical y debe ser tratado radicalmente. Pienso, en línea con el análisis que hiciera, en su momento y para Argentina, Carlos Nino, que las únicas normas válidas, prima facie, son las que surgen de procedimientos democráticos elementales, mientras que las normas de facto, en principio, no gozan de una presunción de validez2. La preservación de las normas de facto puede justificarse por razones de «paz social y seguridad» (por ejemplo, porque se generaría un caos innecesario si se declararan inválidos todos los matrimonios o los alquileres o contratos firmados durante la vigencia de esas normas), pero no porque esas normas tengan un valor intrínseco. De allí que la «prisión» que vino a establecer la Constitución de 1980 no debiera considerarse tal: la democracia no debe sentirse constreñida por el «atenazamiento» que le haya querido imponer una dictadura (un punto al que quiero referirme en el próximo acápite). Resulta sorprendente, en tal sentido, el acuerdo que parece haber en buena parte de la clase política y en parte de la comunidad jurídica chilena en torno de lo contrario: la validez prima facie de las normas de facto. Esa validez prima facie es una propiedad exclusiva de las normas que emergen de un proceso de discusión democrático. En definitiva, se puede y debe pensar en qué forma definir las nuevas normas que organicen la vida en común y cómo llegar a ellas, pero no desde la idea de que se trata de un laberinto de difícil salida y en el que la democracia aparece atrapada, como si hubiese un efectivo valor normativo en la legislación de la dictadura.

2. El constitucionalismo como «prisión» de la democracia: Jaime Guzmán. En 1979, y poco antes de la aprobación de la Constitución pinochetista, su principal ideólogo, Jaime Guzmán, declaró:

La Constitución debe procurar que si llegan a gobernar los adversarios, se vean constreñidos a seguir una acción no tan distinta a la que uno mismo anhelaría, [para que] el margen de alternativas que la cancha les imponga a quienes juegan en ella sea lo suficientemente reducido como para hacer extremadamente difícil lo contrario3.

Pocas veces en la historia del constitucionalismo nos encontramos con un reco- nocimiento tan abierto y descarnado de lo que aparece como la peor cara que una Constitución puede ofrecernos: la Constitución como «cárcel» de la democracia –como forma de aprisionarla– y no como manera de organizarla, hacerla posible o realizarla. Guzmán, como tantos, confundió la «validez» de una norma –su justificación pública– con su «vigencia», es decir, con su efectividad o estabilidad, que pudo deberse, como en el caso de Chile y la Constitución de 1980, primero al miedo y a las armas y luego a la dificultad de modificarla. Y lo cierto es que, en el presente, no hay ninguna razón filosófica, ninguna buena justificación para que las generaciones actuales se sientan aprisionadas por la Constitución de la dictadura. Los «enclaves autoritarios» que legó el pinochetismo no debieron considerarse tales, y los pocos que siguen operando en la actualidad (por ejemplo, a través de vetos minoritarios/quórums agravados) no debieran considerarse limitativos: es la regla de los iguales –la democracia– la que ha de gobernar y prevalecer, y no (no lo es, no puede serlo, no debe serlo, no hay ninguna buena razón para pensar que lo sea) la voluntad remanente de la dictadura.

Procedimientos

3. Sobre los plebiscitos de aprobación constitucional. La Constitución chilena de 1925 (la que fuera reemplazada durante la dictadura pinochetista por la de 1980) había nacido para «reparar» muchos de los problemas que eran propios de la pionera y autoritaria Constitución de 1833 (una de las más estables en la historia del constitucionalismo latinoamericano4). Para lograr su cometido, la Constitución de 1925 fue sometida a un plebiscito (en agosto de ese año), celebrado pocas semanas después de que el proyecto de Constitución fuera concluido en julio. El antecedente es interesante para subrayar algunas cuestiones. En primer lugar, la forma de redacción de ese documento constitucional resultó muy elitista: este fue elaborado mediante comisiones designadas siempre por el presidente Arturo Alessandri (es decir, no se trató de comisiones elegidas democráticamente). En segundo lugar, el plebiscito posterior (como suele ocurrir con las consultas populares, según veremos) apenas tuvo lugar para incluir algún matiz en relación con el tipo de preguntas cruciales que se presentaban a la ciudadanía5.

Mi opinión es que los demócratas que entendemos la democracia como una «conversación entre iguales» tenemos razones para resistir (al menos en principio, y dada su forma habitual y esperada) estos plebiscitos ratificatorios, aun cuando celebremos el gesto o «disposición democrática» que tales consultas populares, en su mejor expresión, nos ofrecen. Ello es así porque este tipo de plebiscitos constitucionales (tal como suele ocurrir con los plebiscitos sobre textos amplios y complejos, como el Acuerdo de Paz en Colombia o la consulta del Brexit) tienden a someter a la población a una inaceptable «extorsión democrática». Ilustro aquello en lo que estoy pensando con un ejemplo que se ha convertido en caso bastante típico en la región (un ejemplo que simplifica en exceso una situación que suele ser mucho más grave y forzada). En 2009, en Bolivia, se sometió a la consideración popular una Constitución de 411 artículos que incluía, entre muchas otras, una cláusula favorable a la reelección presidencial y varias normas relacionadas con los derechos sociales y multiculturales de los grupos más marginados. Un votante promedio, bien informado o sin mayor información sobre la Constitución, podía rechazar enfáticamente lo primero (la reelección), pero ansiar sin hesitaciones lo segundo (los nuevos derechos). Sin embargo, la consulta popular solo le permitía aprobar el «paquete cerrado y completo»: todo o nada. De este modo y para aprobar aquello que más ansiaba, ese votante quedaba «extorsionado» a aceptar lo que más rechazaba. Mucho peor: luego del plebiscito, la reelección que ese votante habría querido repudiar sería aplaudida y presentada por las autoridades de turno como un simple producto del clamor de la «soberanía del pueblo» (adviértase que aquí realizamos este ejercicio teniendo en cuenta solo dos de esos cientos de artículos plebiscitados como «paquete cerrado»).

4. El procedimiento de creación constitucional y el «reloj de arena». Existe un debate importante acerca del camino procedimental apropiado que debe adoptar la creación constitucional, en el contexto de una sociedad democrática. El especialista Jon Elster ha ilustrado lo que considera la forma ideal de diseño con la imagen de un «reloj de arena»: amplio e inclusivo por abajo (i.e., un plebiscito inicial para ver si la sociedad apoya el cambio constitucional); estrecho en el medio (i.e., la escritura de la Constitución a cargo de una comisión de expertos); y amplio otra vez por arriba (i.e., el cierre del proceso a través de un nuevo plebiscito ratificatorio6). La modalidad que parece haber ganado peso en Chile es una que está en línea con la sugerida por Elster, que en parte corrige y en parte mejora el proceso de redacción que culminara con la Constitución de 1925 (i.e., a través del plebiscito inicial y no solo final que se propone ahora; o a través de una comisión redactora más legítima y democrática, es decir, ya no –como en 1925– como producto exclusivo de la voluntad presidencial).Otra vez, sin embargo, las razones que teníamos para resistir los plebiscitos constitucionales son las que tenemos para encender una luz de alarma sobre las formas cerradas de la redacción constitucional, que luego pretenden «abrirse» (con un «sí» o un «no») a la consideración popular. Las objeciones surgen «naturalmente», tanto si partimos de la idea de democracia en tanto «conversación entre iguales» como si retomamos lo dicho por Nino en torno de la «validez» del derecho. El hecho es que las normas deben resultar de una discusión inclusiva, no por una cuestión antojadiza sino porque, en sociedades multiculturales, marcadas (como diría John Rawls7) por el «hecho del pluralismo» y (como diría Jeremy Waldron8) por el «hecho del desacuerdo», necesitamos que nuestros arreglos institucionales más básicos queden informados por las necesidades, demandas y puntos de vista de toda la sociedad. Cualquier comisión –pequeña y/o cerrada; de técnicos o expertos; de especialistas o de políticos– tiende a fracasar en su propósito de reconocer la diversidad y razonabilidad de los reclamos existente, por más bienintencionados y lúcidos que sean sus miembros. Finalmente, este tipo de dificultades «epistémicas» son las que explican las históricas dificultades que han mostrado los parlamentos compuestos solo por hombres (aun empáticos) para lidiar con los derechos de las mujeres; o los congresos sin representantes de los grupos indígenas, para dar cuenta de las necesidades de los derechos de tales grupos (y de allí, por tanto, la sabiduría del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo –oit–, al exigir la «consulta previa» y directa a los grupos indígenas cuando se discuten normas que afectan directamente sus intereses).

Contenido o «sustancia»

5. Derechos: una carta de derechos «espartana» y conservadora. Toda Constitución moderna aparece dividida en dos grandes secciones: la «declaración de derechos» (o «parte dogmática») y la «organización del poder» (o «parte orgánica»). Sobre la declaración de derechos presente en la Constitución de 1980 merecen decirse varias cosas. En primer lugar, ella destaca por incluir una de las cartas de derecho más espartanas, de entre las existentes, en una región que se caracteriza por su constitucionalismo «generoso» y «barroco» en relación con los derechos que reconoce. En segundo lugar, su texto resulta notable, también, por su carácter poco remozado o «antiguo»: la Constitución de 1980 insiste con una declaración de derechos de un estilo que fuera muy propio del siglo xviii o mediados del xix. Es una carta que mira con distancia y recelo la larga lista de derechos sociales, económicos y culturales y de derechos humanos que América Latina adoptó de manera pionera en la historia del constitucionalismo mundial con la Constitución de 1917 en México, y que sigue exhibiendo hoy como uno de sus principales orgullos. De modo similar, la actual Constitución de Chile resalta tanto por la virtual ausencia de herramientas participativas (herramientas que ya no son excepcionales, sino la regla común dentro del constitucionalismo regional), como por la negación del carácter multicultural del país (como si le avergonzara reconocer los componentes indígenas y plurinacionales que distinguen y dan riqueza al país). En tercer lugar, la declaración de derechos de la Constitución de Chile llama la atención por su carácter deficitario y conservador. En efecto, la Constitución chilena asombra por las trabas que establece a la negociación sindical (por ramas de actividad); la prohibición de la huelga de los empleados públicos; el bloqueo a las prestaciones plenamente públicas en salud, etc. Más aún, su lista de derechos enumera tales protecciones como si sus redactores se hubieran visto obligados a reconocer intereses fundamentales que el pueblo no merece, por lo cual la Constitución rodea la lista de derechos con restricciones y negativas que pocas constituciones exhiben (un ejemplo: en unos 20 casos, la Constitución usa la idea de «conductas terroristas» para justificar la limitación de derechos).

6. Organización del poder. Dicho todo lo anterior, llegamos al «núcleo duro» de la Constitución, a la organización del poder (a la que en trabajos anteriores me he referido como la «sala de máquinas» de la Constitución9). En todos mis escritos sobre la materia, me interesó señalar que el gran problema del constitucionalismo latinoamericano, al menos desde comienzos del siglo xx, ha sido el de promover reformas significativas en el área de los derechos (incluyendo las largas listas de derechos sociales y económicos, que siguen ausentes en el constitucionalismo chileno), sin modificar de manera acorde la organización del poder (o, para seguir con la vieja metáfora, «manteniendo cerrada la puerta de la sala de máquinas de la Constitución»). De ese modo, el constitucionalismo latinoamericano comenzó a virar, desde comienzos del siglo xx, hacia un «constitucionalismo con dos almas»: una, la relacionada con los derechos, que comenzaba a relucir nueva, moderna, de avanzada, de perfil social acentuado y democrática en sus ambiciones; y la otra, relacionada con la organización del poder, que se preservaba con los rasgos elitistas y autoritarios que fueran propios del constitucionalismo latinoamericano del siglo xix. Mi gran temor es que, en este tiempo de cambio constitucional profundo, el constitucionalismo chileno opte por «modernizarse» de la manera implausible, inatractiva, en que lo hiciera todo el constitucionalismo latinoamericano a comienzos del siglo xx. Más precisamente, el gran riesgo es que Chile opte por cometer ahora el «error» que el constitucionalismo regional cometió durante el siglo pasado y abrace una innovadora modificación en su declaración de derechos para mantener intocada su vieja, elitista y conservadora organización del poder. Por supuesto, entrecomillo la idea de «error» latinoamericano porque esa supuesta equivocación se debió a una decisión consciente de los sectores de poder tradicionales, que prefirieron entregar derechos, como concesiones a las demandas sociales que recibían de parte de los grupos más postergados, como forma de preservar todo lo demás, relacionado con la vieja organización de la maquinaria del poder. Como dijera la jurista Rosalind Dixon10, en América Latina, al igual que en otras áreas del mundo, se optó entonces por pensar los «derechos como sobornos»: si los grupos indígenas, o las minorías sexuales, o los estudiantes protestaban en las calles, los poderosos les «ofrecían» entonces derechos constitucionales, mientras preservaban inmodificados sus propios poderes. El riesgo que se advierte es ese: una nueva vuelta de los «derechos como sobornos», mientras la «sala de máquinas» del poder se mantiene incólume, cerrada como lo ha estado desde hace décadas.

La amenaza en cuestión es particularmente seria en Chile, dadas las condiciones de partida: el país no solo tiene una de las declaraciones de derechos más regresivas de la región, sino que además preserva una organización del poder tan autoritaria como pocas11. Ello es así (y solo para marcar algunos casos salientes) tanto por los modos en que concentra el poder en el Ejecutivo como por la forma jerárquica y verticalista en que diseña el Poder Judicial (algo asombroso en términos comparativos12); también por el centralismo que mantiene, además del insólito lugar que les sigue reservando a las Fuerzas Armadas (un capítulo para las Fuerzas Armadas, un capítulo para el Consejo de Seguridad Nacional). En ese contexto, se impone una «modernización» de la Constitución para que alcance el piso mínimo de derechos, garantías y procedimientos democráticos, que son parte ya del acervo del constitucionalismo contemporáneo –un cambio que, insisto, se impone, dado el carácter todavía retrógrado de la organización constitucional–. Sin embargo, Chile debe tomar este desafío que le impone su inaceptable «retraso» como una oportunidad para no «modernizarse» constitucionalmente de la manera impropia en que lo ha hecho toda la región. Chile tiene la oportunidad de optar por una declaración de derechos –no «barroca», pero sí– liberal, social y democrática, y de hacerlo ajustando de modo acorde toda su organización del poder de modo de convertirla en una organización, también, al servicio de ideales liberales, sociales y democráticos –un paso que, repito, los resabios del poder concentrado en América Latina han impedido–. Democracia

7. Democracia. En mi opinión, el tema mayor que subyace a todo cambio constitucional contemporáneo –el hilo que recorre y debe recorrer todo el debate constitucional– es el relacionado con la democracia. Como sabemos, la relación entre constitucionalismo y democracia no es armoniosa, sino tensa: el constitucionalismo refiere en primer lugar a los límites sobre el accionar mayoritario, mientras que la democracia se afirma en la apelación a la soberanía del pueblo, que reclama primacía. El devenir político puede ayudar a «aceitar» y facilitar los vínculos entre constitucionalismo y democracia o puede obstaculizar o enturbiar tales relaciones. Por ejemplo: en la declaración de Guzmán que citábamos al comienzo de este escrito, encontrábamos un ejemplo extremo de cómo ciertas apelaciones al constitucionalismo (a los límites sobre el accionar mayoritario) pueden servir como excusa para «ahogar» a la democracia.Ahora bien, aunque es cierto que el constitucionalismo pinochetista (en parte todavía presente en la Constitución de 1980) se propuso maniatar o sofocar la democracia –y en tal sentido fue un ejemplo desmesurado de lo que el constitucionalismo no debe hacer–, la realidad nos dice que, más allá de Chile y de manera común, el constitucionalismo tendió a imponer, a través de sus reglas, limitaciones demasiado exigentes y no siempre justificadas a la democracia. En buena medida, podría decirse, el constitucionalismo nació y se impuso, desde finales del siglo xviii, a través de un principio de «desconfianza democrática». Así, el académico brasileño Roberto Mangabeira Unger se ha referido al tema señalando el «pequeño secreto sucio» del derecho contemporáneo: la «disconformidad con la democracia»13. Según Unger, esa «disconformidad» ha quedado traducida, institucionalmente, en un «sinnúmero de instituciones» destinadas a socavar el peso de la regla mayoritaria (i.e., el control judicial, el Senado, el presidencialismo concentrado y unipersonal, las elecciones indirectas, los mandatos largos, la ausencia de mecanismos más directos y populares de control sobre los representantes, etc.).

8. Sociología política. Según entiendo, esa fricción que se ha ido profundizando entre el constitucionalismo y la democracia, y que hoy genera una relación muy tensa entre ambos ideales, reconoce dos fuentes principales (más allá de algunos «excesos brutales», como los representados por el pinochetismo de Guzmán). La primera de tales fuentes tiene que ver con un cambio en lo que llamaría la «sociología política» del constitucionalismo: las constituciones «fundacionales» –que en buena medida moldearon las nuestras– fueron diseñadas pensando en sociedades muy particulares, que ya no son las nuestras. Más precisamente, el constitucionalismo nació pensando en sociedades relativamente pequeñas, divididas en pocos grupos internamente homogéneos y compuestos por personas fundamentalmente movidas por el autointerés (i.e., mayorías y minorías; pobres y ricos; deudores y acreedores; no propietarios y propietarios). De allí que se pensara que, con la incorporación de algunos pocos actores al escenario institucional (algunos representantes del grupo de los propietarios, algunos representantes del grupo de los no propietarios, etc.), toda la sociedad podía quedar representada. Ese esquema «estalló en el aire» en estos tiempos caracterizados por la presencia de sociedades muy numerosas, multiculturales, divididas en infinidad de grupos internamente heterogéneos y compuestas por personas que, a la vez, son –cada una de ellas– «muchas personas» diferentes (hoy ya nadie se siente identificado con su «mero» carácter de obrero, gay, vegetariano, izquierdista: cada uno es muchas cosas al mismo tiempo y se identifica con todos esos rasgos diversos a la vez). De allí que, en buena medida, el viejo diseño institucional ya no sirva para albergar y dar cuenta de la infinita variedad propia de nuestras sociedades culturalmente plurales: el viejo traje constitucional quedó demasiado chico. Por ello, insistir con su recomposición nos lleva a un callejón sin salida: no hay vuelta atrás posible, capaz de reparar aquel diseño tan imperfecto, tan propio de otro tiempo.

9. Filosofía pública. El otro cambio radical –el más importante– entre el ayer y el hoy tiene que ver con la renovación de ideas y supuestos que se ha dado con el correr de los años, tal como sugiriera más arriba. En efecto, nuestras constituciones nacieron (algunas más –como la chilena–, otras menos –como las primeras constituciones revolucionarias francesas–) muy marcadas por un «principio de desconfianza» que fue imponiéndose en las latitudes más diversas, hasta aparecer como rasgo distintivo del constitucionalismo moderno: la idea de la «disconformidad democrática» de la que hablaba Unger. Un problema al respecto, que ya sugerí, es que tal «desconfianza democrática» no quedó como mera retórica de otro tiempo, sino que resultó plasmada en todo un esquema de instituciones («contramayoritarias») que pasaron a convertirse en marca de identidad del constitucionalismo, de ayer y hasta hoy. El problema mayor, desde entonces, es que ese ideario original de raíz elitista, plasmado en un esquema institucional todavía vigente, opera hoy en el marco de un contexto por completo diferente, en términos de nuestro modo de pensar compartido, en términos de lo que Michael Sandel denominara nuestra «filosofía pública»14. Hoy, para bien o mal, nos guste o no, lo compartamos o no, tiende a primar un sentir extendido de «empoderamiento democrático»: nos asumimos dueños de nuestro propio destino y, como tales, nos consideramos impropia e injustificadamente limitados en nuestras demandas y decisiones por un procedimiento legal y por un cuerpo de representantes, que consideramos no dispuesto a tomar en serio a la ciudadanía, a considerar y seguir la dirección política que esta propone. Aquí reside, entiendo yo, el quiebre mayor: el sistema institucional aparece preparado para «resistir» las demandas de la sociedad y poco sensible frente a ellas, poco capacitado para recuperar y procesar los reclamos. Este punto es el que parece explicar los «estallidos democráticos» que hoy advertimos en todo el mundo: desde la «primavera árabe» hasta los «chalecos amarillos», de los «pingüinos» chilenos a los «caceroleros» colombianos o argentinos, recorre el mundo un sentido compartido de disconformidad con los sectores de poder en general, y con la clase política en particular. Se trata de un «enojo» o una «incomodidad» profundos, que estallan ante la incapacidad del tejido institucional para receptar o entender siquiera la importancia, el sentido, la extensión o la profundidad de tales reclamos democráticos.

10. Constitucionalismo democrático en Chile. A la luz de lo dicho, Chile encuentra una buena oportunidad para adelantarse al constitucionalismo regional y plasmar, en su Constitución, el tipo de cambios que el resto de los países latinoamericanos se demora en plasmar. Tales cambios exigen reconocer que en una sociedad de iguales, cada individuo debe ser capaz de vivir su vida como quiere y cada sociedad debe tener la posibilidad de organizar su vida futura del modo en que considere más apropiado. Y esto último no se logra ni reparando el dañado sistema de «frenos y controles» propio del constitucionalismo, ni agregando nuevos derechos, ni concediendo nuevos plebiscitos, ni copiando del derecho comparado alguna institución saliente (i.e., defensor del pueblo, etc.). No se trata, en definitiva, de resucitar instituciones «muertas»15. Entiéndase: todos los cambios citados pueden ser deseables, justos y necesarios. Pero repito: tales cambios en el constitucionalismo no resuelven nuestro problema mayor, que es de carácter democrático. Lo que necesitamos es reconstruir la maquinaria democrática para permitir que aquel viejo esquema que fuera exitoso en algún momento (i.e., un esquema de frenos y balances destinado a canalizar institucionalmente la guerra civil) se transforme en otro, orientado en una dirección diferente: (no ya evitar la guerra, sino) favorecer por fin el diálogo inclusivo, entre iguales.La oportunidad es excelente, por la avidez del cambio que existe; por el reconocimiento de la necesidad de cambiar la Constitución; por los niveles de «empoderamiento democrático» que se advierten; por la ansiedad participativa que muestra la ciudadanía; por el excepcional compromiso constitucional que esa ciudadanía ya demostró en años anteriores (desde el «marca tu voto»16 a los cabildos constitucionales con más de 200.000 participantes); por el vigor y la dignidad notables que han demostrado los movimientos sociales y las movilizaciones de ciudadanos autoconvocados. Está la necesidad, está la oportunidad, está la capacidad, está la disposición ciudadana.Pero existe el riesgo de que, a pesar de todo, los sectores dominantes vuelvan a imponerse y la vieja dirigencia vuelva a intentar (ante todo) autopreservarse. El riesgo de que, en un nuevo ejercicio de ceguera política, los sectores conservadores tradicionales intenten nuevamente salirse con la suya, apostando a la desmovilización; procurando engañar a una sociedad a la que ya no se engaña (a través de las luces de colores de los nuevos derechos y las nuevas instituciones); actuando otra vez con el nivel de alienación política y desconexión social que han demostrado sus principales dirigentes en las semanas pasadas, como si todo esto se tratara de una cosa de niños, una aventura adolescente, un capricho social pasajero. Las señales al respecto no son buenas y se advierten en cada paso de los dados por el poder constituido en estos tiempos recientes: la dilación del proceso constitucional hasta abril o mayo, buscando la desmovilización ciudadana; los innecesarios quórums autoimpuestos (de dos tercios), adoptados con la excusa del consenso (un piso tan alto que va a dificultar, antes que facilitar, los acuerdos deseados y que va a ofrecer una herramienta de extorsión habitual a los sectores más conservadores); en el plebiscito de entrada y en el de salida, a los que se pretende asignar –tramposamente– el carácter de magia democrática (es decir, el poder de transformar en democrático un proceso que no lo es, y cuando, por las razones que vimos, tales plebiscitos tienden a constituirse en enemigos, antes que en aliados, de los demócratas); en la nueva apuesta por procedimientos elitistas de redacción constitucional (visible también, y no solo, en el peso de las comisiones técnicas y políticas); en el desaliento o la falta de aliento a los procesos de intervención directa de la ciudadanía (procesos de participación directa como los que pudieron distinguir a los recientes cabildos chilenos17 y como los que caracterizaron a los mejores procesos de creación constitucional de nuestro tiempo; quiero decir, procesos como los desarrollados en Canadá, Islandia o Irlanda, con puros representantes ciudadanos directos, sin la presencia en algunos casos de partidos políticos y con la selección realizada a través de mecanismos de «lotería»); en la sobreabundancia de propuestas de cambio cosméticas o irrelevantes (otra vez, las luces de colores de derechos que se cambian, sin cambios en la organización del poder); o en los cambios gatopardistas que se ofrecen para la organización del poder, orientados a cambiar algo para que todo siga como estaba.

Quiero decir –y con esto concluyo– que la sociedad civil chilena muestra en este momento una lucidez y un compromiso constitucional excepcionales. Sin embargo, ello se da en un contexto político e institucional agobiante, caracterizado por una dirigencia político-económica regresiva, conservadora, indispuesta a cambiar y que –esto es lo peor de todo– ni siquiera advierte la naturaleza y dimensión de la crisis que enfrenta. Espero que, contra lo que dice la historia y contra las «tenazas» impuestas por las viejas reglas (el «viejo traje constitucional»), la ciudadanía se mantenga de pie y firme, como lo está hoy, y logre que se tomen en serio sus decentes, sensatos, razonables y a la vez radicales reclamos democráticos.

  • 1.Atria Lemaitre: La Constitución tramposa, IOM, Santiago de Chile, 2013.
  • 2.C. Nino: La validez del derecho, Astrea, Buenos Aires, 1985.
  • 3.J. Guzmán: «El camino político» en Realidad No 7, 1979.
  • 4.Pablo Ruiz Tagle: Cinco repúblicas y una tradición, IOM, Santiago de Chile, 2016.
  • 5.

    El artículo 2º del decreto-ley 462, firmado por Alessandri, dispuso que cada elector recibiría tres cédulas: una roja, una azul y una blanca. La primera decía: «Acepto el proyecto de Constitución presentado por el Presidente de la República sin modificación»; la segunda, «Acepto el proyecto de Constitución, pero con régimen parlamentario y la consiguiente facultad de censurar Ministerios y postergar la discusión y despacho de la ley de presupuestos y recursos del Estado»; y la tercera, «Rechazo de todo el proyecto».

  • 6.J. Elster, R. Gargarella, Bjorn-Erik Rasch y Vatsal Naresh: Constitutional Conventions, Cambridge UP, Cambridge, 2018.
  • 7.J. Rawls: Political Liberalism, Columbia UP, Nueva York, 1991.
  • 8.J. Waldron: Law and Disagreement, Oxford UP, Oxford, 1999.
  • 9.R. Gargarella: Latin American Constitutionalism, Oxford UP, Oxford, 2013.
  • 10.R. Dixon: «Constitutional Rights as Bribes» en Connecticut Law Review vol. 50 No 3, 2018.
  • 11.Jaime Bassa, Juan Carlos Ferrada Bórquez y Christian Viera Álvarez: La Constitución chilena, IOM, Santiago de Chile, 2015.
  • 12.

    Jorge Correa Sutil: «The Judiciary and the Political System in Chile» en Irwin Stotzky (ed.): Transition to Democracy in Latin America, Westview Press, Nueva York, 1993; Javier Couso: «The Politics of Judicial Review in Chile» en Siri Gloppen et al.: Democratization and the Judiciary, Frank Cass, Londres, 2004; Lisa Hilbink: Judges beyond Politics in Democracy and Dictatorship: Lessons from Chile, Cambridge UP, Cambridge, 2007.

  • 13.R. Mangabeira Unger: What Should Legal Analysis Become?, Verso, Londres, 1996.
  • 14.M. Sandel: Public Philosophy, Harvard UP, Cambridge, 2005.
  • 15.F. Atria Lemaitre: La forma del derecho, Marcial Pons, Madrid, 2016.
  • 16.Movimiento promotor de una Asamblea Constituyente que llamó a marcar el voto con la sigla «AC».
  • 17.

    V. al respecto Constanza Salgado Muñoz: «La Constitución de 1980 y la demanda por una Asamblea Constituyente» en Revista Argentina de Teoría Jurídica vol. 16 No 2, 2015; Sergio Verdugo y Jorge Contesse: «Auge y caída de un proceso constituyente: lecciones del experimento chileno y del fracaso del proyecto de Bachelet» en Derecho y Crítica Social vol. 4 No 1, 2018; Claudia Heiss: «Participación política y elaboración constitucional: el caso de Chile» en Derecho y Crítica Social vol. 4 No 1, 2018; Domingo Lovera: «Proceso constituyente en Chile: el plebiscito como transición institucional» en Revista Argentina de Teoría Jurídica vol. 16 No 2, 2015; Fernando Muñoz: «Crítica del imaginario histórico del proceso constituyente de Bachelet» en Derecho y Crítica Social vol. 4 No 1, 2018.

Este artículo es copia fiel del publicado en la revista Nueva Sociedad 285, Enero – Febrero 2020, ISSN: 0251-3552

Fuente e imagen: https://nuso.org/articulo/diez-puntos-sobre-el-cambio-constitucional-en-chile/

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Única respuesta: culpar a otros

Por: lahora.com.ec

Se sacrifica a un individuo o a un grupo, pero el sistema sigue funcionando. Quienes manejan los hilos del poder estuvieron antes y están ahora, pues gozan de una “desbordante salud”. Indicadores, a veces engañosos, nos dicen que la brecha de desigualdad se ha reducido o que el desempleo disminuyó respecto a tal período.

El desempleo y la desigualdad son condiciones sociales muy complejas. La inyección de capital en la economía, público o privado, solo es parte del inicio del enfrentamiento al problema, nunca su solución definitiva. Los índices de desigualdad y desempleo en países más desarrollados y solventes que el nuestro, aumentan o disminuyen, pero siguen en pie.

¿Y qué es la autoridad? No es poder real visible. Las instituciones ya no tienen un monopolio, o semimonopolio, en el control de la información. Vivimos un ‘tsunami de información’ que carece de precedentes en la historia. Hasta poco ese control, si había fracasos, nos ponía delante a alguien a quien culpar.

Unos dicen que la pobreza y la miseria han cedido terreno desde la vuelta a la democracia. La sociedad ecuatoriana de los años ochenta del siglo pasado, ¿es la misma hoy? ¿Los requerimientos son inmutables? La ciencia y la tecnología a nuestro alcance, ¿son las mismas?

La más socorrida respuesta al problema es culpar a otros, a algún imperio a mano, bien sea el incario, la colonia española,  Norteamérica o China. Sin embargo, nada de esto pudo frenar (y extinguir) la turbulencia social y política que afloró en octubre. Esa fue, probablemente, la primera advertencia. Ahora se oyen voces airadas y burlonas donde antes sólo había silencio.

Fuente: https://lahora.com.ec/quito/noticia/1102303296/unica-respuesta-culpar-a-otros

Imagen: PublicDomainPictures en Pixabay

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