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OVE y FOVEDE: Incidencia Política de Educación desde Venezuela

Venezuela

“Amar los espacios donde hay diferencias”

El Foro Venezolano por el Derecho a la Educación (FOVEDE) es un colectivo nacional de maestros, maestras, investigadores, sindicatos, federaciones, universidades, ONG, entre otros, constituido por más de 65 organizaciones e instituciones a nivel nacional. Su conformación inició en el año 2019 y para enero del 2020 fue presentado formalmente, a través de una declaración abierta por el derecho a la educación pública, gratuita, científica, popular y de calidad en Venezuela.

Año de fundación: Enero 2020

Número de miembros: más de 65 organizaciones e instituciones

Actuación geográfica: nivel nacional.

Principales focos de trabajo:

FOVEDE es fundamentalmente un espacio de encuentro, que tiene como propósito generar diferentes debates constructivos de interés nacional sobre la educación, más allá de la dicotomía gobierno-oposición. De esta manera, se constituye como un foro abierto y de diálogo permanente, con el objetivo de encontrar consensos que permitan garantizar el acceso a la educación a toda la población.

Contactos:

Web: www.fovede2050.wordpress.com

Facebook: www.facebook.com/groups/844037862733110/

Instagram: fovede__educacion

Mail: fovede@gmail.com

Descarga el documento completo en: Ficha de Sistematización Incidencia política – Venezuela

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Pep Ruf: «Estamos vulnerando el derecho de las personas con discapacidad a la vida independiente»

Pep Ruf es probablemente la persona que más conocimiento tiene sobre lo que hay que hacer para promover los proyectos de vida independiente de las personas con discapacidad intelectual. Y, por tanto, para respetar aquello que les reconoce el artículo 19 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas: el derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad. Ruf es pedagogo y profesor de educación social en la UB y la UOC, y desde hace veinte años coordina el área de apoyo a la persona (que incluye vida independiente, inclusión laboral y ocio) de la Fundación Catalana Síndrome de Down, que ha acompañado a unos 250 proyectos de vida independiente y que en estos momentos presta servicio a 90 personas, la mayor parte con síndrome de Down.

Anteriormente, Ruf había trabajado en servicios residenciales y antes en el ámbito de los CRAE. Coincidimos con él en Sevilla, en el encuentro de familias con hijos con síndrome de Down que organiza cada año Down España, donde Pep Ruf ha impartido dos charlas, una para padres y madres, y otra para los propios jóvenes, sobre el reto de la emancipación de las personas con discapacidad intelectual.

¿Qué condiciones deben darse para poder realizar un proyecto de vida independiente?

La respuesta está muy condicionada por los recursos que destina la administración. En Cataluña hay unas 1.600 personas con discapacidad intelectual que están disfrutando de una vida independiente porque cuentan con un programa de apoyo. Respecto a España no tenemos datos fiables, se habla de 8.600 personas con discapacidad beneficiarias de asistencia personal, pero no sabemos cuántas de ellas tienen discapacidad intelectual, y además este dato no incluye otros servicios como pisos compartidos.

En Cataluña, este servicio fue regulado por la Generalitat con una prestación que se traducía en 10 horas semanales de media de apoyo a la persona, que comienza con todos los preparativos a realizar hasta que la persona puede trasladarse a su casa. Claro, diez horas por semana están dando respuesta a perfiles de autonomía medio-altos, es decir, a personas mayores de 18 y menores de 68 que pueden realizar una vida autónoma con apoyos intermitentes, y que tienen unos mínimos recursos (o bien por salario o bien por prestaciones sociales) que les permiten asumir el coste de una vida independiente, como la propia tenencia del hogar, los suministros, los gastos, etc. Y, además de autonomía, también es necesario que estas personas no tengan problemas de salud física y mental muy relevantes o que pongan en riesgo su seguridad. Es decir, lo que queda claro es que, al menos en Cataluña, esta prestación no está dando respuesta a todo el abanico de perfiles de personas con discapacidad.

Pero esto supongo que no será sólo por las prestaciones, imagino que la voluntad de la persona también va a influir.

Primero, en ningún sitio está escrito que el derecho a la vida independiente sea exclusivo de unos perfiles o de unas circunstancias concretas; por tanto, debe ser para todas las personas con discapacidad. Aquí ya tenemos una primera vulneración del derecho hasta que esto no se haga realidad, en Cataluña y en toda España. Segundo, estamos hablando de perfiles de personas que necesitan mayores intensidades de apoyo, y estas 1.600 personas que hay en Cataluña con un proyecto de vida independiente tienen una media de edad de unos treinta y bastantes años, lo que significa que hay una franja de personas que pronto empezará a envejecer, lo que forzosamente irá acompañado de la necesidad de ir aumentando progresivamente los apoyos que reciben si quieren seguir haciendo la vida que han tenido hasta ahora. Por tanto, sí o sí deben desplegar servicios que puedan dar respuesta a todos los perfiles, independientemente del tipo de discapacidad y de la cantidad de apoyo que necesite la persona.

En ningún sitio está escrito que el derecho a la vida independiente sea exclusivo de unos perfiles o de unas circunstancias concretas

¿Qué beneficio ha visto que tiene el optar por el modelo de vida independiente en relación con la opción de quedarse en casa con los padres?

Durante los 18 años que trabajé en servicios residenciales no conocí a nadie que hubiera decidido esa opción. O sea que la primera diferencia tiene que ver con la dignidad y la libertad, el poder decidir cómo, dónde y con quién quieres vivir. Segundo, ante los grandes temores y dudas que se planteaban, hemos confirmado que una persona con discapacidad es capaz de hacer vida independiente con apoyos, esto ya no es ninguna fantasía ni ninguna utopía, y por tanto aquí ocurre como con la educación inclusiva: ya no hay debate técnico sobre si es posible, en todo caso hay un debate político, sobre qué oportunidades queremos para estas personas, sobre si se deben crear opciones de vida alternativas a las que hemos conocido hasta ahora. Se habla de la institucionalización cuando estas personas pierden a su familia y deben ingresar forzosamente en servicios residenciales; pero también hay quien va a vivir con parientes, que no deja de ser otra forma de institucionalización porque muy a menudo no lo han elegido. Nadie forzosamente prolonga la convivencia con la familia de origen como única opción de vida conocida.

Yo le preguntaba por los beneficios…

Lo más claro es que el bienestar de la persona con discapacidad aumenta porque toma el control de su vida. Ver que es capaz, con los apoyos y acompañamientos necesarios, tiene un gran impacto en la persona y en su entorno. Pero también aporta tranquilidad. En estos veinte años hemos conocido a muchas familias que se han alegrado de haber tomado esa decisión, porque ven que cuando ellos falten su hijo o hija tiene un plan de vida. Nos falta resolver el tema del envejecimiento, que es la realidad con la que ahora nos estamos encontrando, pero al menos a las familias les da mucha tranquilidad ver que su hijo tiene un proyecto y un sistema de soportes montado, controlado y acorde con sus expectativas.

¿Cómo detecta un padre que su hijo le está pidiendo un proyecto de vida independiente?

Es que la respuesta está en la misma pregunta. Yo siempre digo que la vida autónoma la aprendí con el día a día y que me la permitieron en mi casa. Quisiera creer que una persona con discapacidad debe seguir el mismo itinerario. Porque las entidades ya van llenas de cursos y actividades e itinerarios formativos, y estas personas acumulan muchos créditos –por decirlo de algún modo– en sus currículos de autonomía personal. Por tanto, esta autonomía se empieza a ejercer y se empieza a fomentar en el ámbito familiar, desde pequeños, pero cuando se llega a cierta edad esta preocupación familiar por el día de mañana debería estar sincronizada con el interés personal de lo que quiero ser y lo que quiero vivir de mayor, por qué puedo y por qué no puedo, qué impedimentos tengo o no, qué soluciones hay o no, y esto hay que poderlo hablar. Hay hijos o hijas con los que este diálogo es muy fácil, y algunos con los que no, porque tienen dificultades comunicativas o porque no están interesados ​​en el tema. Hay familias que te explican que ellos tienen la preocupación y que su hijo no quiere ni oír hablar de alternativa alguna que no sea vivir con la familia. Y esto debe respetarse también. Lo que ocurre es que, a determinadas edades, esto implica una angustia para la familia muy importante. En estos casos lo que seguramente debe hacerse es dejar el día de mañana lo más planificado posible con el hijo o hija. Explicarle que nadie te obligará a cambiar tu situación, pero debemos hablar de qué futuro podemos prever, y que tú seas conocedor y valides que éste es el plan de vida que quieres.

A las familias les da mucha tranquilidad ver que su hijo tiene un proyecto y un sistema de soportes montado, controlado y acorde con sus expectativas

¿En la Fundación dan servicio a personas solas o siempre viven en grupo?

De estas 1.600 personas hay quienes viven solas o con aquellos que han escogido, y algunos viven en pisos compartidos promovidos por entidades. La Fundación siempre ha sido contraria a este modelo, porque partimos de la idea de que en el momento en que una entidad ostenta la tenencia de un piso y administra plazas o habitaciones, quién entra y quién no entra, y con qué requisitos, la entidad comienza a establecer normas de convivencia, criterios de funcionamiento… y aquí termina la vida independiente. Pero esto es un posicionamiento de la Fundación y hay otras entidades que, también muy legítimamente, han apostado por promover pisos compartidos porque hay gente que no puede permitirse comprar un piso o que no tiene los ingresos para alquilar. Nosotros también tenemos gente que comparte piso, por razones económicas, pero se han puesto de acuerdo ellos, yo nunca he decidido que tú vives con éste porque como no te puedes pagar un piso, y por eso yo os junto y os pasáis la vida juntos.

¿El apoyo de las 10 horas en que consiste?

Yo siempre explico que el apoyo a una persona con discapacidad física pasa mucho por la ayuda física, es decir, por hacer cosas por aquella persona, mientras que en el caso de la persona con discapacidad intelectual el apoyo pasa mucho por acompañar, intermediar, asesorar, orientar, hacer seguimiento, ayudar a aprender… Pero la función más genérica que veo es la de acompañar. Porque la vida independiente son imprevistos, cambios, y cuando ya tienes unos objetivos alcanzados de autonomía surge un imprevisto, empezando por el momento en que tu supermercado decide cambiar los productos de pasillo. Y este acompañamiento debe ir reduciéndose y debe ser muy intermitente y muy poco invasivo. En la Fundación tratamos de limitar los apoyos no por escatimar recursos sino porque es muy fácil invadir la autonomía y la intimidad, y si caes en esto te acercas mucho al modelo residencial. Siempre he dicho que el mejor apoyo a la autonomía es el más invisible, obviamente atendiendo a las necesidades de la persona.

¿Pero estas 10 horas se traducen en visitar la casa dos mañanas por semana?

Cada persona se las administra como quiere, en función de sus horarios laborales, de las actividades que tenga, y a veces también debemos ajustarnos a la disponibilidad de la persona de apoyo. Cada usuario tiene un educador de referencia que va a su casa, y un educador social, que es el técnico que realiza el seguimiento y la valoración desde el primer día. Por tanto, tienes dos referentes del servicio, y estas 10 horas se pueden distribuir como sea necesario, pensando en el día que toca hacer la compra, o la limpieza, o la planificación de la agenda… Pero hay que tener en cuenta que cuantos más días vamos menos rato podemos estar, y aquí entra también el tiempo de desplazamiento y el hecho de que no se puede entrar dando órdenes, sino que hay que conversar un rato, preguntar cómo va todo, etc. Hay unos rituales cuando entras en un domicilio que deben respetarse.

Ruf, en el taller impartido a jóvenes en el encuentro de Down España | Foto: VS

 

En su charla ha dicho que también ha visto muchas experiencias que no han tenido éxito; ¿qué factores hacen que una experiencia no acabe de funcionar?

Lo que decía es que hemos conocido casos de personas a las que no hemos podido ayudar, y que esto es la evidencia de que el derecho a la vida independiente no está garantizado a cualquier persona con discapacidad. Básicamente, cuando el proyecto no sigue adelante es porque no se da alguno de los factores de viabilidad: problemas de capacidad económica (por eso hablamos de garantizar unos ingresos mínimos para estas personas, que alteren salario y prestaciones sociales); acceso a la vivienda (las personas con discapacidad forman parte de los colectivos de exclusión residencial porque no se pueden comprar una vivienda y en muchos casos ni alquilarla, y esto debe verse como tal y se tienen que tomar medidas); la falta de apoyo de los referentes naturales (cuando digo que el derecho a la vida independiente no está reconocido por todos hablo también de familiares y gente del entorno de la persona); y por último, y muy especialmente, personas con nivel de autonomía más bajos que necesitan más apoyos de los que habitualmente están regulados en las prestaciones que existen en los distintos territorios. Estas personas por ahora no acceden a opciones de vida independiente: o se quedan con sus familias o acuden a servicios residenciales. No olvidemos que en Cataluña una plaza residencial cuesta, de media, unos 3.000 euros al mes. Ese mismo dinero convertido en asistencia personal daría salida a otras opciones. Esto implica reconvertir la cartera de servicios y trasladar recursos de un tipo de servicio a otro.

¿Y esto no se está haciendo?

Actualmente no vemos señales de una apuesta clara por parte de ninguna administración. En el caso de Cataluña, no olvidemos que el programa de apoyo al propio hogar, que nace en el año 2002, es la primera prestación antes de la Convención que se crea en toda España. Es la primera administración que regula en su cartera de servicios una prestación, que no da respuesta a todos, pero que ya abre esta vía, y lo hace dos años después de que la Fundación comenzara esta experiencia pionera. Pero veinte años más tarde todavía no se ha desplegado para todas las discapacidades ni para todas las personas con discapacidad intelectual, y por tanto aquí tenemos una asignatura pendiente importante.

Actualmente no vemos señales de una apuesta clara de promover la asistencia personal por parte de ninguna administración

Pensaba que antes me diría que hay casos que fracasan por la inmadurez de la persona, es decir, que ellas mismas o sus familiares les empujan a intentarlo cuando todavía no están preparadas.

Ha habido algún caso en el que quizás por parte de la persona no existía la demanda, o que la familia tenía la preocupación y la persona no lo ha aceptado. Pero algunos de estos casos son los de personas que necesitan más apoyos de los que ahora podemos proveerles. Cuando la asistencia personal esté desplegada por cualquier tipo de discapacidad y tengamos modelos más amplios de los que tenemos hoy teóricamente, no podremos decir que no a nadie. Otra cosa es que cada entidad gestione un tipo de servicio u otro, o trabaje con unos perfiles u otros, pero teóricamente por ahora una persona con discapacidad intelectual con un grado de dependencia 2 o 3 o vive en familia o va a un establecimiento residencial… perdón, va a una lista de espera de no sé cuántas miles de personas que están pendientes de tener una plaza residencial porque es lo único que hay, porque la asistencia personal todavía no se ha desarrollado por personas con discapacidad en Cataluña ni España.

¿Qué países deberíamos tomar como modelo?

La respuesta fácil es mirar al norte. Los países nórdicos –que tienen el nivel de bienestar social que tienen– son los que han desplegado más recursos de asistencia personal, y allí puedes encontrar a personas con pluridiscapacidades severas con servicios de asistencia personal. Pero no sólo podemos reflejarnos con el norte, también en el mundo anglosajón existen diferentes experiencias muy interesantes y, de hecho, el modelo de aquí fue importado de EE.UU, y era un modelo para cualquier tipo de discapacidad con cualquier intensidad de soporte. Lo que ocurre es que en nuestro país, por falta de recursos y por exceso de tecnocracia, tendemos a constreñir demasiado las prestaciones sociales con unos sistemas muy poco flexibles. Y las entidades que dependemos de fondos públicos acabamos, queriendo o sin querer, encorsetando los programas porque tienes una administración, que es quien te regula y te financia, que te dice hasta aquí y de este modo y de ningún otro. Y esto es un problema. La reconversión de esos 3.000 euros de los que te hablaba es una cuestión de voluntad política de reconvertir la cartera de servicios sociales, y hace falta un empujón para hacerlo.

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Argentina: «Vengo a mantener en pie la educación pública», dijo Fernández

El presidente encabezó la inauguración de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de José C. Paz (Unpaz)

El presidente Alberto Fernández recordó hoy que «en 2019 otros perdieron las primarias y al día siguiente cerraron el Ministerio de Salud, de Trabajo, y de Ciencia y Técnica».

«No saben la alegría que tengo de venir a inaugurar esta universidad y que venga a mantener en pie la educación pública», dijo el Presidente al encabezar la inauguración de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de José C. Paz (Unpaz), junto a funcionarios del Gobierno nacional, de la provincia de Buenos Aires y el intendente de ese Municipio bonaerense, Mario Ishii.

Fernández dijo hoy que «la educación es un tema central» y que hará todo lo necesario para que «la educación llegue a cada argentino y a cada rincón del país».

Fuente: https://www.puntal.com.ar/alberto-fernandez/vengo-mantener-pie-la-educacion-publica-dijo-fernandez-n149432

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España: Docentes piden una reunión con Sanidad y Educación por la suspensión de la vacunación a menores de 60 con AstraZeneca

  • Es la vacuna que se ha estado administrando a los docentes menores de 55 años.

Sindicatos docentes han pedido una reunión urgente con el Ministerio de Sanidad y el Ministerio de Educación y FP para que informen de primera mano sobre la suspensión de la vacunación a los menores de 60 años con la vacuna desarrollada por AstraZeneca, ya que esta es la vacuna que se ha estado administrando a los docentes menores de 55 años, entre otros colectivos profesionales, como bomberos o policías.

El pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) acordó este miércoles suspender la inoculación de esta vacuna en los menores de 60 años, después de publicarse un nuevo informe del Comité para la Evaluación de Riesgos en Farmacovigilancia Europeo (PRAC) de la Agencia Europea del Medicamento (EMA).

En el mismo, el organismo aseguró que existe una «posible relación» entre esta vacuna y los coágulos sanguíneos con niveles bajos de plaquetas, y señaló la necesidad de incluir estos acontecimientos adversos en la lista de efectos secundarios «muy raros» de la vacuna.

«Desde CSIF nos hacemos eco de la incertidumbre y la preocupación generada en la población general y de manera particular en los colectivos de empleados públicos, como en el ámbito de la Educación, que ya han recibido la primera dosis de esta vacuna. Exigimos mayor claridad sobre los criterios para aplicar una segunda dosis, que además coincidía con la celebración de las oposiciones a nivel nacional», ha solicitado este sindicato.

En este sentido, la organización sindical ha lamentado que desde que comenzara la campaña de vacunación contra el COVID-19, las autoridades sanitarias «no se hayan coordinado» con los representantes de salud laboral de los centros de trabajo.

Por ello, el CSIF ha exigido «coordinación, transparencia y coherencia» a las diferentes administraciones, ante la «gestión contradictoria y precipitada» que están mostrando. «Es preciso dejar de lado los criterios políticos y se atienda a la comunidad científica y a los profesionales», ha zanjado.

Por su parte, desde la Confederación STEs, el responsable del Área de Política Educativa, José Ramón Merino, critica la «improvisación» y «falta de criterio» de las autoridades sanitarias españolas con los cambios de criterio sobre la administración de la vacuna de AstraZeneca. «Aún reconociendo la celeridad que ha presidido la toma de decisiones por parte de los responsables políticos, en base a tratar de avanzar en la vacunación de toda la población, sería deseable que las decisiones que se tomen tengan continuidad en el tiempo», ha señalado a Europa Press.

Merino asegura que desde STEs se va a pedir una reunión «con carácter urgente» para «tratar de llevar algo de tranquilidad a las personas que trabajan en los centros docentes que se encuentran actualmente con mucha dudas con respecto a lo que va a pasar con las vacunas», así como para «exigir garantías».

«Estamos muy preocupados por esta situación y le mandamos con celeridad y urgencia que se clarifiquen todas las situaciones», ha solicitado, por otra parte, el presidente del sindicato de enseñanza ANPE, Nicolás Fernández, en declaraciones a Europa Press.

Desde ANPE exigen protocolos y criterios unificados a nivel estatal. «Nos dirigiremos al Ministerio para pedir esta coordinación y la unificación de criterios para facilitárselo a todo el profesorado en cualquier ámbito en el que estén destinados», añade Fernández.

«Si queremos garantizar la educación presencial tenemos que conseguir que todos los docentes estén vacunados antes de que finalice este curso cualquiera que sea la edad que tengan para así poder iniciar el curso próximo en las mejores condiciones sanitarias; proteger a los docente es proteger a la comunidad educativa», ha concluido.

Tras la decisión de este miércoles acordada en el seno del CISNS, la Comisión de Salud Pública se va a reunir este jueves, aunque con el propósito de analizar la posibilidad de administrar en España la vacuna de AstraZeneca a las personas mayores de 65 años.

Fuente: https://www.eleconomista.es/ecoaula/noticias/11147672/04/21/Docentes-piden-una-reunion-con-Sanidad-y-Educacion-por-la-suspension-de-la-vacunacion-a-menores-de-60-con-AstraZeneca.html

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Costa Rica: Menstruación e incontienencia excluyen a las personas de educación y vida laboral

42% de las mujeres se han rehusado a ir al trabajo o escuela por problemas relacionados con la menstruación.

“Cada día, millones de mujeres, hombres y niños, se abstienen de ir al trabajo, a la escuela o de participar en eventos sociales por motivos de higiene y de salud. Las preocupaciones u obstáculos pueden deberse a la falta de baños limpios o de acceso a productos de higiene, pero también a tabúes y estigmas culturales. Para muchas personas, esto resulta en la exclusión de la sociedad y para la misma, esto lleva a una pérdida de valor económico o a un aumento de los costos. Esto significa que hay una perspectiva tanto humana como empresarial para invertir en la higiene y la salud, difundiendo el conocimiento sobre ella”, comentó Anabel Rodríguez, directora comercial de Essity Costa Rica.

Essentials Initiative recoge las percepciones, retos y conductas globales que 15.000 personas encuestadas alrededor del mundo manifiestan sobre la higiene y cómo podría mejorarse, y contribuye a la discusión sobre temas como el ausentismo escolar, debido al contagio de infecciones en los niños; la falta de comunicación por parte de hombres y mujeres alrededor de la menstruación, entre otros.

Algunos de los datos que se destacan en el estudio global son:

  • 42% de las mujeres se han rehusado a ir al trabajo o escuela por problemas relacionados con la menstruación.
  • 38% de las personas que sufren de incontinencia urinaria se niegan a usar transporte público.
  • 87% de las personas no usan baños públicos, y un 43% no lo hace, ya que no se cuenta con lo necesario en cuanto a limpieza.

Este año, como respuesta a la crisis sanitaria mundial, el estudio incluye los resultados de una encuesta adicional, realizada en julio de 2020, centrada en la higiene y la salud durante la pandemia, en la que se preguntó a más de 10.000 consumidores de 10 países sobre sus actitudes y comportamientos en las áreas de hábitos de lavado de manos, higiene en los espacios públicos y consumo; así como políticas públicas y expertos. De esta forma, se logra conocer que las personas lavan sus manos 10 veces más al día que previo a la pandemia o que un 60% de las personas se sienten más seguras de visitar lugares públicos si se presentaran mejores condiciones de higiene.

“Hoy en día, el panorama es otro, los mismos usuarios nos llaman la atención si ven que el personal de salud o los centros médicos no toman las medidas de seguridad con la rigurosidad necesaria y son más minuciosos en cumplir protocolos recomendados. Esto es definitivamente, muy bueno porque no es solo lo que me afecta a mí como individuo sino el impacto que estas medidas pueden tener en el resto de la población. Es por esto, que todas las enfermedades respiratorias y de diarrea que producían brotes todos los años, han disminuido significativamente”, comentó la Dra Rosalía Fernández,  Jefatura de Control de Infecciones Intrahospitalarias y Vigilancia Epidemiológica del Hospital Metropolitano.

Algunos de los factores que más preocupan con relación al virus, es el uso del transporte y los baños públicos, mientras que el distanciamiento social y uso de mascarillas son vistos como más efectivos como métodos de prevención. Por otra parte, un 72% de los encuestados confía en las recomendaciones de los expertos.

Essity presentó la séptima edición del Informe sobre Higiene y Salud a la Fundación de Naciones Unidas para el Diálogo Global 2020, realizado en conjunto con el Consejo de Colaboración para el Abastecimiento de Agua y Saneamiento de Naciones Unidas (WSSCC).

El diálogo reúne a representantes del sistema de Naciones Unidas, del sector público y privado y de la sociedad civil para debatir las medidas para avanzar en los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Este año, especialmente a la luz de la pandemia de la covid-19 es crítico entender: ¿Qué acciones sobre la higiene y la salud mundial deben ser aceleradas?, de manera que el Informe sobre Higiene y Salud es un aporte clave para comprenderlas.

Fuente: https://www.nacion.com/revista-perfil/bienestar/menstruacion-e-incontienencia-excluyen-a-las/7KV4V3UJZBHOXJTPMB65LJOEKY/story/

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Puerto Rico: Extienden periodo de ventas sin IVU para uniformes y materiales escolares

América Central/Puerto Rico/02-08-2020/Autor(a) y Fuente: www.metro.pr

Debido al paso de la tormenta tropical.

La gobernadora Wanda Vázquez Garced informó que el primer periodo de venta de uniformes y materiales escolares para el año fiscal 2020-2021, libre del pago del Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU) que comenzó el pasado miércoles, se extenderá hasta el martes, 4 de agosto de 2020, debido al paso de la tormenta tropical Isaías.

“Tomando en consideración la situación de emergencia ocasionada por la tormenta tropical Isaías y cónsono con la política pública de aislamiento y distanciamiento social contemplada en la Orden Ejecutiva vigente, hemos extendido el periodo de ventas escolares sin IVU hasta las 11:59 pm del próximo martes, 4 de agosto. De esta manera, los consumidores tendrán más tiempo para poder programar sus compras siguiendo las medidas de seguridad”, expresó la gobernadora.

Por su parte, el secretario del Departamento de Hacienda, Francisco Parés Alicea, destacó que “el periodo previamente establecido de venta sin IVU vencía mañana sábado, 1 de agosto, por lo que los comerciantes podrán realizar la programación necesaria para la extensión hasta el próximo martes, según establecimos en la Determinación Administrativa 20-20. Asimismo, los exhortamos a repasar la lista de los artículos exentos del pago en la Carta Circular 20-31, disponible en la página web www.hacienda.pr.gov, sección Publicaciones”.

Entre los materiales escolares exentos están las carpetas, bultos escolares, goma de borrar, calculadora, tiza, cinta adhesiva, crayola, marcadores, bolígrafo, sacapuntas, lápices, tijera y reglas.  Se incluyen también, las loncheras, compás, cartapacios, pega, papel y cajas de lápices y otras cajas de materiales escolares, entre otros.

“Deben recordar que todos los libros impresos, los electrónicos y las libretas de notas compradas al detal, de cualquier tamaño, están exentos del pago de IVU durante todo el año. La exención es tanto para la compra como para alquiler”, dijo el secretario.

Aquellos consumidores que tengan alguna dificultad pueden recibir orientación llamando al Departamento de Asuntos del Consumidor al 787-722-7555. De igual forma pueden enviar información de cualquier queja o irregularidad en comercios a través de confidencias en la página web www.daco.pr.gov (http://www.daco.pr.gov/) o de Suri Confidencia en suri.hacienda.pr.gov.

Por otra parte, Parés Alicea anunció que la fecha de radicación y pago de todas aquellas planillas, declaraciones y formularios que vencen el 31 de julio de 2020 se extendió hasta el viernes, 7 de agosto de 2020.

Fuente e Imagen: https://www.metro.pr/pr/noticias/2020/07/31/extienden-periodo-ventas-sin-ivu-uniformes-materiales-escolares.html

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Qué la pandemia no agrave los sufrimientos populares

Por Julio C. Gambina

Antes de la pandemia por el coronavirus la situación de la mayoría de las trabajadoras y los trabajadores, las/os regularizadas/os o las/os que no lo están, las/os activas/os y pasivas/os, era grave, en términos de ingresos y acceso a derechos. Es una característica de este tiempo del capitalismo y la ofensiva capitalista, neoliberal, construida desde la salida de la crisis de los setenta del siglo pasado, que se manifiesta en caída de los salarios e ingresos populares, flexibilización y precariedad laboral, con empobrecimiento ampliado de los de abajo. La tendencia, más allá de algunos intentos por contener los regresivos efectos sociales, en el país y en el mundo, confirma un retroceso en las condiciones de vida de la mayoría social por casi medio siglo, y con impacto negativo sobre la naturaleza, afectada por el extractivismo exacerbado y el saqueo de los bienes comunes.

Esa “normalidad” no nos satisfacía y no queremos a ella volver, sin embargo, la presencia del virus corona y agrava los efectos regresivos sobre la población empobrecida, incluso, afectando a sectores de ingresos medios y altos, que claman contra ciertas medidas preventivas de aislamiento. El tema es el cierre parcial, bastante extendido, de esferas de la producción y la circulación de bienes y servicios, con su impacto limitante en el acceso a la satisfacción de necesidades elementales. Volver a la normalidad es el reclamo que se instala en cierto “sentido común”. Nos parece interesante discutir el tema relativo a que “normalidad” es aquella a la que se pretende volver. Por ejemplo, en aras de la “normalidad” se negocian salarios a la baja para mantener empresas, afectando desde el 30 al 70% de los ingresos salariales previos a la pandemia. Es sin duda un ajuste, tal y como ocurre con el ascenso de los precios, especialmente de los alimentos, medicamentos y otros bienes y servicios que integran la canasta básica. Para el caso argentino, más allá del congelamiento de tarifas y combustibles, entre otras disposiciones para evitar subas de precios, la última medición del INDEC explicita una nueva escalada de una inflación que venía en retroceso desde diciembre 3,7%; enero 2,3%; febrero 2% y que escala en marzo con el 3,3%[1], incorporando nuevas incertidumbres sobre el futuro cercano.

La política pública asistencial en materia de alimentos y de ingresos monetarios intenta morigerar los efectos dramáticos sobre una mayoría empobrecida, que no puede resolver en la emergencia la reproducción de una cotidianeidad de subsistencia. Un tema adicional son los problemas logísticos del abastecimiento que no llega a todos los territorios, e incluso, se agrava con la evidencia de compras amañadas y sobreprecios. Por ello, no debe sorprender que ante las insatisfechas necesidades emerge la protesta e incluso la movilización pese al aislamiento, caso visible ante cesantías; pero también la solidaridad vía ollas populares, comedores en las barriadas y formas de asistencia comunitaria auto gestionada. La demanda por “resolver” estimula perspectivas críticas de desobediencia o movilización. En algunos casos, esta perspectiva es utilizada por el discurso de los sectores hegemónicos que inducen un fin apresurado de las medidas de prevención que involucran a la cuarentena. Es fuerte la presión empresaria para terminar con el aislamiento, que actúa sobre la realidad de necesidades insatisfechas en buena parte de la población empobrecida.

Por eso se necesitan medidas de política económica que vayan más allá de la emergencia y la subsistencia para empezar un camino de transformación en la producción y circulación de bienes y servicios. Una orientación hacia una nueva “normalidad”, diferenciada de la lógica de orden económico en que estábamos antes de la COVID19. Un punto de partida proviene de la cuarentena comunitaria, de esa parte de la población que no puede por condiciones objetivas cumplir con el aislamiento obligatorio. A estos sectores y espacios territoriales debe llegar asistencia financiera, material adecuado, incluso medidas y medios de seguridad sanitaria, formación y asistencia técnico profesional suficiente, que permita encaminar la producción material para el autoabastecimiento y la generación de producción social al entorno cercano, incluso más allá. Esa será la base de un plan más amplio que organice la producción y circulación de bienes y servicios hacia otra “normalidad” del orden económico social. Un plan que articule el saber popular con el profesional y que hoy recorre experiencias autogestionarias en todo el país.

¿De dónde saldrían los recursos?

La propia situación mundial está orientado el debate hacia inusitadas medidas, que en otro tiempo podían parecer imposibles. Los propios organismos internacionales están llamando la atención para flexibilizar restricciones fiscales o monetarios de los países ante la COVID19. Se demandan urgentes disposiciones relativas a la recomposición de la capacidad de atención de la salud pública y a una orientación estatal de la inversión en desarrollo científico y tecnológico relativo a la sanidad y a la emergencia. Más que achicar el déficit, las propuestas se orientan a relajar la contención del gasto público.

Es la caída de la producción mundial la que impone flexibilizar las restricciones a la emisión, que era y es norma sagrada entre los cultores de la corriente principal del pensamiento económico. Esta flexibilización de la política económica se verifica en los principales países del capitalismo mundial. Solo EEUU aprobó un paquete inicial de 8 billones de dólares más flexibilizaciones crediticias y subsidios. En el mismo sentido y en proporción relativa avanzaron Europa, Japón e incluso China. Se trata de una flexibilización relativa a contramano de una verdad sostenida por la ortodoxia monetarista, impuesta por la realidad del impacto económico y social de la situación de crisis.

No solo emisión, sino impuestos extraordinarios a los sectores más acomodados. La difusión de estudios sobre la desigualdad extendió el consenso para aplicar una tributación que achique la brecha de ingresos y riqueza. En Argentina empezó el debate, estando aún pendiente el alcance de los sujetos de la imposición y el monto a tributar, el que debe calibrarse en función de las necesidades de la emergencia y el plan de transformación productiva requerido y antes mencionado. Es obvio que los presuntos sujetos del impuesto despliegan una campaña crítica, intentando legitimar su papel de esenciales a la hora de definir el proceso productivo, invirtiendo la lógica teórica de que el capital es producto del trabajo humano.

La propuesta realizada a los tenedores de bonos de la deuda pública externa de legislación extranjera en estos días, habilita la discusión del uso de los recursos públicos, especialmente por los tres años de gracia en pagos de capital e intereses que promueve. Esta propuesta, como el re-perfilamiento de la deuda en divisas de legislación nacional, suspendiendo los pagos por este año abre un debate sobre el tema de la deuda. No es menor liberar recursos en la coyuntura, pero es evidente que no alcanza postergar un año los vencimientos de legislación nacional o tres años los de legislación extranjera. El problema subsiste, aun cuando se posterga un desenlace de inevitable default. Hay quienes sostienen que lo importante es el hecho de la suspensión temporaria, pero también habilita imaginarios que chocarán con la realidad de una impagable hipoteca sobre la economía y la sociedad en su conjunto.

Los anuncios del gobierno sobre unos 66.500 millones de dólares en manos de privados, un 20% del total de la deuda, acompañados por el arco diverso del oficialismo y gran parte de la oposición, especialmente los gobiernos provinciales, manifiesta la voluntad de pagar la deuda pública, aunque ahora aparece la novedad de quitas de intereses (62%) y capitales (5,4%) con tres años de gracia. Argentina ofrece canjear a tenedores privados de bonos, 21 títulos con vencimientos que llegan hasta el 2117. El canje será por 10 nuevos títulos, 5 nominados en dólares y otros 5 en euros, con tasas de interés en ascenso desde 0,5% para los primeros vencimientos en 2023, y una suba progresiva que llega a tasas del 4,875%. La propuesta supone pagos del capital en cuotas anuales desde el 2026 al 2047. Todo con tres años de gracia, 2020, 2021 y 2022. La propuesta está abierta por 20 días y resulta incierto el final de la negociación. No queda claro el qué y el cómo de la acumulación económica desde ahora hasta el 2023 para generar las condiciones de pagos en ese año y luego con intereses crecientes desde el 2025, los que se acompañaran de desembolsos de capital desde el 2026 y sucesivamente hasta el 2047.

Una verdadera hipoteca. Por eso, la suspensión de pagos que se demanda ante la situación mundial y local resultaría más efectivo, claro que supone un nivel de confrontación más decidido con la lógica de poder especulativo local y global. Argentina no puede pagar afirman desde el gobierno e incluso el FMI, por lo cual, los escasos recursos de reservas internacionales deben ser aplicados a la emergencia y a la transformación productiva que sugerimos. No alcanza con años de gracia sin modificar el marco de la organización económica de la sociedad.

En realidad, la voluntad de pago se expresó desde el comienzo de la nueva gestión con las negociaciones abiertas con el FMI, lo que supone el reconocimiento de lo actuado en la gestión previa, del mismo modo que se estableció un cronograma de ofertas de negociación a creedores privados. Por eso el aval parlamentario para disponer más de 4.500 millones de dólares de las reservas internacionales dispuesto para cancelación de deuda en la “Ley de solidaridad” aprobada en diciembre pasado. Fue la primera medida para sustentar las emergencias ante el cambio de gobierno.

Sostenemos un financiamiento planificado que incluya emisión monetaria, utilización de las reservas internacionales, suspensión total de pagos de la deuda junto a una auditoria con participación popular, y una reforma tributaria a grandes fortunas para sustentar la emergencia y un plan de transformación económica. Una transformación del régimen y legislación financiero será también necesaria, con un conjunto de medidas relativas a la modificación sustancial del sistema de producción y circulación. Son definiciones que requieren de una acumulación de poder político que hoy necesita ser programa de una perspectiva de construcción de poder político para frenar las amenazas de mayor ajuste sobre la mayoría de la sociedad, pero, sobre todo, para pensar en el escenario futuro post pandemia. ¿Cómo queda la sociedad superada la emergencia en curso por el COVID19? ¿A qué orden económico social aspiramos? ¿Cuál normalidad motiva nuestra reflexión relativa al presente y al futuro? Son interrogantes que circulan más allá de la inmediatez por atender las urgencias de la reproducción de la cotidianeidad.

Buenos Aires, 19 de abril de 2020

[1] INDEC. Índice de precios al consumidor (IPC), marzo 2020, en: https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/ipc_04_20405E6A626E.pdf (consultado el 18/04/2020)

El Autor escribe para OVE

Imagen: Jackie_Chance en Pixabay

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