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La inocencia interrumpida

Por: Carolina Vásquez Araya

Las consecuencias de un embarazo temprano repercuten por el resto de la vida.

Los embarazos en niñas y adolescentes –de entre 9 y 18 años- cuyas cifras alarmantes se mantienen al alza en todos nuestros países, constituyen una de las más graves patologías sociales y la segunda causa de muerte en ese grupo etario. Dada la visión estrecha y patriarcal de quienes establecen la pertinencia de las políticas públicas, así como de sociedades cuyos marcos valóricos manifiestan una fuerte influencia de doctrinas religiosas, este sector de la población es uno de los más desatendidos y, por lo tanto, carente de palancas políticas para hacer valer sus derechos. Una de las principales causas de la vulnerabilidad en la cual se desarrolla la infancia es la preeminencia de la absoluta autoridad de los adultos en su entorno y, consecuentemente, la total indefensión de la niñez.

La inmensa mayoría de mujeres adultas –si no la totalidad- aun cuando muchas intenten negarlo, hemos sufrido el impacto de un sistema cuyas normas marginan a niñas y mujeres como si fuera una ley de la naturaleza. Los acosos y agresiones sexuales, tanto dentro del hogar como en el vecindario, en las calles o en la escuela, han sido una constante de abrumadora incidencia al punto de transformarse en una especie de maldición inevitable para esta mitad de la población. De tales agresiones, una de las más graves consecuencias son los embarazos en una etapa precoz del desarrollo.

Las instituciones encargadas de salvaguardar la seguridad de este importante segmento, sin embargo, han sido incapaces de protegerlas; ya sea por falta de políticas públicas o, simplemente, nulo interés por la integridad de un sector caracterizado por su escaso poder de incidencia política. Cautivas en un sistema que las castiga por su condición de niñas, las condena a embarazos, partos y maternidades para los cuales no están preparadas física ni psicológicamente, con riesgo de muerte y el desafío de afrontar una marginación familiar y social cuyo impacto les causará aislamiento, pobreza, pérdida de autoestima, patologías físicas y emocionales irreversibles y un sinnúmero de amenazas contra su normal desarrollo de vida.

A pesar del trabajo de algunas organizaciones preocupadas por hacer de este sensible tema un motivo de acción, resulta evidente la ausencia de mecanismos de protección para evitar los abusos y las consecuencias devastadoras de tales agresiones. Las sociedades aún son incapaces de captar las dimensiones de su responsabilidad en un problema de tal trascendencia y se hacen a un lado cuando se plantea la urgente necesidad de establecer parámetros legales –como el derecho al aborto y a la oportuna educación sexual y reproductiva- frente a esta terrible pandemia de embarazos tempranos, todos ellos resultado de violaciones.

Una niña no es un juguete sexual ni un objeto a disposición de los hombres de su entorno, pero miles de ellas terminan por perder su inocencia de golpe en una de las formas más crueles imaginables y sus victimarios –la mayoría de veces personas “de confianza”, como padres, hermanos, tíos, pastores y sacerdotes, maestros y vecinos- las transforman en sus esclavas sexuales bajo amenaza, sin la mínima posibilidad de defenderse. Es de preguntarse ¿en dónde están las instancias supuestas a protegerlas? ¿En dónde la justicia, los sistemas de educación y salud, en dónde sus familias? El drama persiste y las cifras aumentan a diario; las niñas desaparecen en redes de trata o sus cadáveres son desechados como basura en cualquier barranco, sin que a la sociedad eso le sea motivo suficiente para reaccionar.

Los derechos de la niñez continúan como tema pendiente.

Fuente: https://rebelion.org/la-inocencia-interrumpida/

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Libro (PDF): La función social de la educación superior en México : la que es y la que queremos que sea

Reseña: CLACSO

En este libro, referido a la Función Social de la Educación Superior en México, Guillermo Villaseñor profundiza y actualiza las reflexiones que inició hace varios años, al publicar su obra La Universidad pública alternativa (1994). Su nuevo libro es extremadamente oportuno, ya que las circunstancias en que se encuentra el país y, sobre todo, los efectos que éstas han tenido en las Instituciones de Educación Superior (IES) lo estaban exigiendo con urgencia.

 

Autor/a:                               Villaseñor García, Guillermo
Editorial/Editor: Universidad Veracruzana
Año de publicación:  2003
País (es): México
Idioma: Español
ISBN : 970-31-147-X
Descarga:   La función social de la educación superior en México : la que es y la que queremos que sea. 
Fuente e imagen:

 

http://biblioteca.clacso.edu.ar/

 

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La Crisis del Reformismo Educativo en México

 Juan Carlos Miranda Arroyo

“La Crisis del Reformismo Educativo en México. Observaciones críticas del período 2013-2020”, (En prensa, 2020), son el título y subtítulo del proyecto de nuevo libro que en estos días preparo, y del cual ya concluí el primer borrador general.

Aprovecho este espacio para compartirles, con gusto, que este libro es el producto de una serie de reflexiones que he escrito y publicado en los últimos cuatro años, en torno a las dos iniciativas de Reformas Educativas diseñadas y aplicadas en México durante la década pasada: La Reforma Educativa “reactiva”, que ha sido impulsada por el gobierno del presidente López Obrador, en lo que va del actual sexenio político (2018-2024); así como los intentos fallidos de cambio educativo del sexenio anterior (2012-2018), a través de la autoproclamada Reforma Educativa “Estructural” (“Pacto por México”) del ex presidente Peña Nieto.

Con este volumen se complementa también la caracterización e interpretaciones que propuse, hace dos años, sobre la Reforma Educativa 2012-2018, en el libro “Cambio Educativo y Políticas Públicas en México” (UPN, Unidad Querétaro, 2018). En esta oportunidad, incluyo, así mismo, textos que combinan los artículos gentilmente publicados en el sitio “SDP Noticias.com”, y algunas notas complementarias que he recopilado durante estos dos últimos años.

La pretensión de esta colección de ensayos breves, escritos a través de una narrativa de los hechos y de un análisis de las contradicciones y problemas, que derivaron, a mi parecer, en una crisis del “reformismo educativo”, es proponer un conjunto de observaciones críticas acerca de las Reformas Educativas puestas en marcha durante los últimos 10 años. El fenómeno de estudio que se construye, así, se organiza en dos campos o movimientos de reformas educativas iniciadas y diseñadas por las cúpulas dirigentes de este país. En ello está enfocado el análisis crítico, pues muestro sus semejanzas, discrepancias y coincidencias; sus elementos de ruptura y continuidades; sus precisiones e indefiniciones, entre otros aspectos.

Al mismo tiempo, introduzco una discusión informada acerca de las inconsistencias de la Reforma Educativa (2018-2020) que busca reemplazar a la anterior y que, lamentablemente, terminó por sólo convertirse en una reforma “reactiva”, no propositiva ni transformadora, de raíz”, como se propuso originalmente (al menos eso se percibe en lo que va del periodo sexenal). Este libro representa, en otras palabras, un análisis crítico de la narrativa y las agendas educativas oficiales de las dos reformas educativas ensayadas durante el período 2013-2020.

De manera esquemática, comparto con ustedes los títulos de los 10 capítulos generados al calor de la labor de integración de los textos: 1. Reforma Educativa: Continuidad o Cambio de Rumbo; 2. Rasgos del Reformismo en Educación; 3. Los núcleos de la discusión; 4. Alcances y perspectivas; 5. Lógicas del Reformismo Educativo; 6. Reforma Educativa: Mirar a la Escuela de otra manera; 7. Los sinsabores de las Reformas; 8. Orientaciones con mirada hacia el futuro; 9. Reflexiones y consideraciones finales; y Epílogo: Prioridades educativas (y obstáculos) 2020-2024.

Espero que este material de lectura y de análisis propuesto o sugerido, aporte algunos elementos esenciales al debate actual sobre las reformas educativas y sobre el complejo proceso de trazado-aplicación de las políticas públicas de este sector en México, durante el periodo mencionado.


*Fragmentos de la sección de ´presentación´ del libro: ““La Crisis del Reformismo Educativo en México. Observaciones críticas del período 2013-2020”, (En prensa, 2020), del autor de esta columna, y de próxima publicación.

Fuente:  https://profelandia.com/la-crisis-del-reformismo-educativo-en-mexico/

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España: Una iniciativa pretende fiscalizar los 2.000 millones del Fondo Covid

Europa/España/08 Octubre 2020/eldiariolaeducacion.com

  • La Plataforma de Infancia junto a PoliticalWatch ponen en marcha una campaña hoy bajo el nombre de #ColeSeguro, con la que quieren conocer en qué se están invirtiendo los fondos COVID destinados a las comunidades autónomas, así como recoger la opinión de la comunidad educativa sobre el funcionamiento de las diferentes políticas públicas puestas en marcha.

a promesa del Gobierno central de destinar 2.000 millones a las comunidades autónomas para que invirtieran en educación para compensar las dificultades provocadas por la pandemia de la Covid-19 se cumplió hace semanas. Antes del verano ya se publicaron en el Boletín Oficial del Estado las cifras que cada autonomía recibiría.

El problema mayor es que son fondos finalistas. Las administraciones pueden gastarlos en educación o en cualquier cosa. No tienen que rendir cuentas a nadie por este tema, como han reconocido varias veces fuentes del Ministerio de Educación. Conseguir la información sobre esta cuestión es realmente complicado. Algunas autonomías responden a esta pregunta enviando tablas informativas en las que no se aclara muy bien qué partidas las sufraga el fondo y cuáles el presupuesto autonómico. Otras se limitan a facilitar un escueto «hemos contratado 2.300 docentes».

Para paliar esta falta de información, la Plataforma de Infancia y la entidad PoliticalWatch, comienzan hoy una campaña, #ColeSeguro, que como mínimo se prolongará hasta el mes de diciembre. Se apoyará en tres patas fundamentales.Para ello, además de hacer incidencia en redes sociales, también han puesto en marcha la página web ColeSeguro: https://coleseguro.es

La primera, conseguir toda la información posible sobre esta inversión en educación de las autonomías. Para ello contarán con colaboradores que intentarán rastrear los fondos siguiendo la actividad parlamentaria en las diferentes comunidades autónomas, o buceando en los boletines oficiales de cada una de ellas para ir armando el complejo puzzle de las inversiones no finalistas. Un arduo trabajo con el que, explica Ricardo Ibarra, director de Plataforma de Infancia quieren averiguar dónde se está poniendo el dinero: bajadas de ratios, obras en los centros educativos, compra de material higiénico-sanitario…

La segunda de las patas será una encuesta de 32 preguntas que se centrará en actores de la comunidad educativa. Para ello consultarán a sindicatos, organizaciones de directores y directoras y, también, a las de estudiantes. El objetivo es saber cómo estas inversiones y políticas públicas están llegando a los 28.000 centros educativos que hay en el país.

Y, la tercera, será una encuesta dirigida a toda la sociedad en general, aunque principalmente pensada para las familias o las personas con niñas, niños y adolescentes cerca. El objetivo de sus preguntas será conocer cómo perciben ellas las actuaciones que se están llevando a cabo para garantizar la salud y la seguridad de las y los menores en los centros educativos.

Ibarra explica que esperan conseguir una muestra bastante grande para estas encuestas. Con toda la información que obtengan de cada una de estas partes intentarán ver cómo se relacionan unas con otras a lo largo del tiempo. Comenta el director de la Plataforma que, además, andando el tiempo y en función de la evolución de la pandemia intentarán hacer nuevas oleadas de encuestas para hacer ese seguimiento de la información.

Ambas organizaciones, si la financiación lo permiten, mantendrán el seguimiento de la información sobre las medidas, las políticas y las inversiones relacionadas con ellas a lo largo también de 2021.

Se trata de una iniciativa compleja, dado que, como constata el propio Ibarra, «no hay mucha voluntad de transparencia» en lo que se refiere a dar explicaciones sobre en qué y cómo se está invirtiendo el dinero para paliar las consecuencias de la pandemia y mejorar la atención a la infancia y la adolescencia en los centros educativos.

La dificultad de recopilar los datos

Durante las últimas semanas, hemos intentado recopilar algunas de las cifras de inversión de diferentes administraciones públicas autonómicas sobre la finalidad de los fondos Covid invertidos por el Gobierno central. Un total de 1.600 millones han ido a parar a las arcas de los territorios, bajo la premisa de que podrían gastarlos en educación. Pero sin obligación legal de hacerlo. Y sin un seguimiento o fiscalización de ningún tipo.

Hemos consultado a algunas de las autonomías que mayores cantidades pecibieron en su momento: Andalucía, Comunidad Valenciana, Comunidad de Madrid y Catalunya. Los datos que unas y otras devuelven son muy diferentes, en cuanto a concreción, sobre todo.

Por ejemplo, Catalunya, según el primer anuncio publicado en el BOE, recibió 337,4 millones de euros de los fondos. Esta cantidad se ha destinado al refuerzo de personal docente, también del de administración y servicios. Se han contratado refuerzos para la concertada y para los municipios. También ha habido inversiones en material informático, o se ha completado el Plan de Equidad Digital, se han comprado EPI, se han adecuado espacio, se han realizado pruebas de salus. Se han invertido en los comedores o en compensación para la escolarización en educación infantil pública y privada. Finalmente, se ha incrementado el servicio de transporte escolar y se ha indemnizado a empresas de comedor escolar.

El «problema» surge al comprobar que las candidades de todas estas inversiones exceden el fondo Covid destinado a Catalunya, además, de superar también otras inversiones provinientes del Gobierno central por vía de los programas PROA+ o de la inversión de la empresa Red.es. El total invertido cuenta con financiación de la propia Generalitat y las fuentes de Educació consultadas no saben decir en qué partidas exactas se ha gastado qué cantidad del Fondo Covid.

Aún así, Catalunya ofrece una información relativamente transparente. Las fuentes de la Comunidad de Madrid son más crípticas. Hasta hace unos días, lo único de lo que podían informar es que ya se estaban ejecutando los Fondos Covid destinados a la autonomía, cerca de 291,7 millones de euros. «En la actualidad, aseguran estas fuentes, este presupuesto ya se está ejecutando en lo más importante para el inicio de curso como la contratación de personal docente, infraestructuras educativas de diferente índole, la adquisición de material para los centros y todo lo que está siendo necesario para dar respuesta a las necesidades derivadas de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19. Por el momento no podemos ofrecer el desglose de cada uno de los gastos».

En la Consejería de Educación de Andalucía también han hecho un importante trabajo en relación a conocer en qué se han invertido cientos de millones de euros para este inicio de curso. Pero no se ha terminado de afinar esa transparencia. Según informan, la Junta ha puesto en marcha un Plan de Acción en Educación que está dotado de 600 millones de euros. Aunque en las últimas horas se ha visto aumentado tras el acuerdo firmado con los sindicatos para aumentar la ampliación de las plantillas docentes.

En cualquier caso, dentro del cómputo global de estos 600 millones (620 según las últimas cifras facilitadas por educación), estarían contenidos los cerca de 300 millones que ha recibido Andalucía. Aunque no se ha facilitado un desglose de qué parte del fondo Covid cae en cada nueva inversión, se cuenta con un aumento de las plantillas docentes tanto en la pública como en la concertada. También de las plantillas no docentes, con un aumento del personal de limpieza o de PTIS para los centros de educación especial. Además, se contempla un aumento de la inversión para obras en las infraestructuras y en material higiénico-sanitario.

Desde la Comunidad valenciana, fuentes sindicales aseguran que la inversión del fondo, unos 214 millones de euros, ha recaido en la contratación de más personal. Aproximadamente, dicen, un 80% del total. El resto se ha ido en material higiénico-sanitario, aunque hace unos días (finales de la semana pasada) había centros que todavía no habían recibido nueva financiación.

Fuente e imagen tomadas de: https://eldiariodelaeducacion.com/2020/10/07/una-iniciativa-pretende-fiscalizar-los-2-000-millones-del-fondo-covid/

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Libro (PDF): «Cambio climático y sus impactos en el Gran Caribe»

Reseña: CLACSO

Este libro recoge las experiencias del Primer Seminario sobre Cambio Climático y sus impactos en el Gran Caribe de 2019, dictado en la Universidad de La Habana, Cuba, y organizado por el Grupo de Trabajo de CLACSO «Crisis, Respuestas y Alternativas en el Gran Caribe» de conjunto con la Cátedra de Estudios del Caribe «Norman Girvan».

Los ejes transversales que atraviesan a los artículos seleccionados son el papel de las políticas públicas en el enfrentamiento al cambio climático en el Gran Caribe; la articulación con movimientos sociales y activismo en el enfrentamiento al cambio climático en el Gran Caribe; y la necesidad de la construcción de redes que impacten incluso en el discurso global y las relaciones internacionales. Considérese que, para los países caribeños, en la formulación de política exterior y participación en foros internacionales sobre clima y medio ambiente, resulta central el reconocimiento de la pequeñez y vulnerabilidad del Caribe. Tal argumento es estratégico para el desarrollo de las negociaciones. Las posiciones regionales necesitan identificar similitudes para concurrir desde una posición Caribe y convencer a donantes internacionales sobre la urgencia de destinar fondos y apoyos a proyectos para la adaptación y mitigación. El Seminario fue una experiencia positiva en el esfuerzo de articular ciencias naturales y sociales en torno a un tema singular: el cambio climático y sus impactos. En la región falta mucho por hacer en términos de avanzar hacia una comprensión integral sobre el cambio climático desde esferas de lo político, jurídico y económico. Lo ambiental no puede verseaislado de lo social, la conciencia ambiental no puede formarse sin una dimensión social.

Autor (a): Jaqueline Laguardia Martínez. [Coordinadora]

Jaqueline Laguardia Martínez. Arlene Gómez Palacios. Daniel Hernández Rosete. Marlén Sánchez Gutiérrez. Marta Rosa Muñoz Campos. María Isabel Romero Sarduy. Jorge Alfredo Carballo Concepción. Janet Rojas Martínez. Verónica Polo Jiménez. Jean Yves Lacascade. Raymond Laureano-Ortiz. Marisleidys Concepción Pérez. Mildred Cabrejas Quintana. Rosabel Sotolongo Gutiérrez. Maritza Islas Vargas. José Luis Perelló Cabrera. Sahilí Cristiá Lara. Sandy Yero Arbelo. Juan Manuel Fernández Lorenzo. Armando Caymares Ortiz. [Autoras y Autores de Capítulo].

Editorial/Edición: CLACSO

Año de publicación: 2020

País (es): Argentina

ISBN: 978-987-722-658-4

Idioma: Español.

Descarga: Cambio climático y sus impactos en el Gran Caribe

Fuente e Imagen: https://www.clacso.org.ar/libreria-latinoamericana/libro_detalle.php?orden=&id_libro=2234&pageNum_rs_libros=0&totalRows_rs_libros=1424

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Rezago Educativo

Por: Sergio Martínez Dunstan

La economía mexicana ha sido afectada por la pandemia. ¿A cuánto asciende el daño? El  Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), organismo público autónomo responsable de normar y coordinar el sistema del mismo nombre, lo estima tomando como punto de referencia el Producto Interno Bruto (PIB). En la metodología utiliza estadísticas, modelos econométricos así como las recomendaciones internacionales. En días pasados dio a conocer el cálculo del segundo trimestre del actual dos mil veinte. Resultó el – 18.9% de variación con respeto a igual periodo del año anterior. Abunda sobre el tema, por ejemplo, que las actividades secundarias son las más perjudicadas (- 26.0%) seguidas de las terciarias (- 15.6%) y las primarias mantuvieron casi la misma tendencia (- 0.7%). Recoge información fidedigna y la contrasta con las series históricas. A partir de ahí, diversas audiencias interpretan y emiten juicios de valor a fin de tomar decisiones oportunas para mejorar la economía, en este caso a través de políticas públicas. De manera similar, procesa datos sobre comercio, agricultura, ganadería, pesca medio ambiente, turismo, entre otros tópicos. ¿Y para el sector educativo? Se exponen indicadores desagregados por características generales, materiales y recursos e indicadores de eficiencia (matriculación, absorción, abandono escolar, eficiencia terminal y esperanza de escolaridad). Pero no se cuenta con una medida que sirva para conocer el aprendizaje de los alumnos en su paso por el sistema educativo nacional. Ese desapreció junto con el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. No hay manera de valorar objetivamente el estado actual, sus avances y/o retrocesos, que guarda la educación en México.

Cabría suponer que, al igual que la economía, la educación también haya sufrido  afectaciones a nivel sistémico, en lo general, como en lo individual. ¿En qué medida? Si el daño económico, según dicen los especialistas, es inédita como nunca había ocurrido en la historia de nuestro país, cabría suponer entonces que el rezago educativo es de la misma magnitud. Con la información que se cuenta disponible en las diversas dependencias gubernamentales ¿podría medirse el rezago educativo? ¿sería posible identificar las áreas geográficas, los estratos sociales, las edades cronológicas prioritarias de atención? ¿Cuáles son las capacidades o competencias necesarias de privilegiar para su desarrollo en los estudiantes? ¿cuáles déficits trae consigo y cómo se reflejará en lo social y en lo laboral? ¿en el desarrollo científico y cultural? ¿Estamos en condiciones de plantear alternativas de solución sin un diagnóstico técnicamente sólido? ¿Cuáles son los saberes y sus ignorancias de nuestros alumnos? ¿qué deberían saber? Al parecer, se están dando palos de ciego en la política educativa mexicana porque se desconocen las dimensiones del problema.

Basta tener presente que el Ciclo Escolar 2020 – 2021, en los hechos, aún no empieza. Las tres semanas de repaso es un reconocimiento tácito de las autoridad educativa federal de tal deterioro. Las inscripciones y reinscripciones concluyen el 11 de septiembre. Aprende en Casa II principia hasta el 14 del mes patrio. Es indudable el retraso del aprendizaje de los alumnos. ¿Cómo se resolverá tan grave situación? Sería muy cuestionable decir que esto es mejor que nada, mejor un rezago a medias que total, preferible un retraso a no recibir ningún tipo de educación formal. Hay que solventar el presente de acuerdo con las circunstancias pero con la mirada puesta en el futuro inmediato, en mejorar paulatinamente la situación educativa a corto, mediano y largo plazo y no sólo para salir del paso. Veo la necesidad de impulsar un Plan Emergente de Educación a fin de blindar la formación de los estudiantes de las vicisitudes propias de los tiempos por venir. O al menos concretar y darle viabilidad al Acuerdo Nacional de Educación. Es un asunto de muchos sino es que de todos y no sólo de la heroica labor de los maestros. Es aquí en donde se requiere replantear el perfil de egreso, el tipo de mexicano que se quiere formar. ¿El de la reforma integral de la educación básica y media superior? ¿el de los aprendizajes claves para la educación integral? ¿o el anunciado, y frustrado hasta el momento, Nuevo Modelo Educativo 2020? ¿o hay otro? La función de la Nueva Escuela Mexicana está en duda.


Por cierto, están ocurriendo algunos sucesos que dan muestra de la lucha por el poder y condicionan de una forma u otra el contexto educativo actual. Para ese fin, les recomiendo la primicia de Erick Juárez, Director Editorial de Educación Futura y publicada en ese mismo espacio el pasado 30 de agosto sobre el regreso al escenario político y sindical de Elba Esther Gordillo. Ella retuiteó recientemente el artículo de Alberto Aguirre en el periódico El Economista bajo el título “SNTE ¿democracia postergada?” en el cual se concluye que “El SNTE está obligado a convocar a un Congreso Nacional para reformar el Estatuto y elegir la nueva dirigencia nacional por voto secreto, libre y directo de los afiliados a la organización, según el calendario de renovación aprobado por la autoridad laboral. Ella también compartió en esa misma red social el video en el cual el Presidente señaló que se le había enjuiciado torciendo la ley y por consigna. Días después, al actual líder del sindicato más grande y poderoso de Latinoamérica, el SNTE, visitó Palacio Nacional al lado de Andrés Manuel López Obrador. Otra noticia que ha causado sorpresa es la negación del registro como partido político a Redes Sociales Progresistas dirigido por el yerno de la Maestra  y al Grupo Social Promotor de México impulsado por la actual dirigencia nacional del SNTE con el apoyo de la estructura del desaparecido Partido Nueva Alianza. Y la nota más reciente, las posiciones en el gobierno del Estado de México que aún conservaba el SNTE desde los tiempos de Elba Esther Gordillo se han venido perdiendo. Es indudable que la disputa por la educación y el magisterio se está dando sin cuartel ni tregua con miras al próximo periodo electoral.

Carpe diem quam minimun credula postero

Fuente: http://www.educacionfutura.org/rezago-educativo/

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Ecuador: Corte Constitucional autoriza que el gobierno recorte el presupuesto a Universidades

Corte Constitucional autoriza que el gobierno recorte el presupuesto a Universidades

La Corte Constitucional (CC) emitió una sentencia en la que consta la revocatoria de las medidas cautelares concedidas el pasado 12 de mayo, lo que frenaba temporalmente al Ministerio de Finanzas a reducir el presupuesto de las universidades.

La CC consideró que el Ministerio de Economía y Finanzas actúa dentro de sus competencias. “La emisión de las directrices presupuestarias constituye una medida constitucional y legal ordinaria”, señala la sentencia.

Fallo

“Consta como atribución del Ministerio de Economía y Finanzas el aumentar y rebajar los ingresos y gastos que modifiquen los niveles presupuestarios fijados. (…) Considerando esas premisas normativas, se concluye que la emisión de directrices presupuestarias por parte del Ministerio de Economía y Finanzas no constituye como tal una medida excepcional adoptada al amparo del artículo 165 de la Carta Constitucional, sino una medida del régimen constitucional y legal ordinario”, dice la CC.

Nóminas y sueldos

La reducción impacta sobre el pago de nómina de docentes y administrativos. En entrevistas pasadas, Fernando Sempértegui, rector de la Universidad Central señalaba que esto significaría una reducción del personal lo que impacta directamente en la calidad académica.

Por su parte, Agustín Albán, titular de la Secretaría de Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt), en conversación con Diario La Hora (el pasado17 de mayo) resaltó la necesidad de entender el ajuste presupuestario y su aporte durante la crisis.

Las autoridades universitarias han reconocido que el recorte planteado por el Ministerio de Finanzas, aplica en la partida 51, destinada al pago de salarios.

La Hora

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