Políticas Públicas

Page 206 of 227
1 … 204 205 206 207 208 … 227

Una teoría social de la discapacidad

Noticias

NOREEN MCNULTY

[Michael Oliver y Colin Barnes, The New Politics of Disablement, 2ª ed., Londres: Palgrave Macmillan, 2012]

En 1990, cuando se publicó la primera edición de The Politics of Disablement: A Sociological Approach (La política de la discapacidad: un enfoque sociológico), de Michael Oliver, el movimiento por los derechos de los discapacitados estaba extendiéndose en EE UU y en el Reino Unido. En EE UU, en la década de 1980 diversas organizaciones de base empezaron a movilizarse en demanda de accesibilidad en el transporte, apoyo a una vida independiente e igualdad de derechos. Por ejemplo, ADAPT (Americans Disabled for Accessible Public Transit) empleó tácticas de desobediencia civil para detener el transporte público en señal de protesta por la falta de accesibilidad en el transporte. In 1988, estudiantes de la Universidad de Gallaudet, una institución dedicada a las personas con dificultad auditiva, se manifestaron en el campus y lo bloquearon y ocuparon, consiguiendo que fuera nombrado el primer presidente sordo en sus 124 años de historia. En 1990 se promulgó la Ley de ciudadanos con discapacidad. En el Reino Unido aparecieron movimientos de base similares y se promulgaron leyes encaminadas a proteger a las personas con discapacidad.

A la vista de estos avances, en la primera edición Oliver abogó por elaborar una “teoría social de la discapacidad”, con el fin de cuestionar el predominio de los enfoques médico y psicológico de las teorías de la discapacidad. “Esta teoría no podrá elaborarse hasta que las diversas disciplinas académicas se tomen en serio tanto la cuestión de la discapacidad como las experiencias de las personas discapacitadas.” Oliver alegó que la discapacidad no es un problema localizado en el individuo, sino un problema institucional, conformado por fuerzas económicas, políticas e ideológicas. En 1990, Oliver se mostraba optimista y pensaba que el movimiento seguiría mejorando las condiciones de vida de las personas con discapacidad.

Desde entonces, más de 30 facultades y universidades de EE UU ofrecen diplomaturas o licenciaturas en estudios sobre la discapacidad. Estados de todo el mundo han promulgado leyes y creado organismos o ministerios para personas con discapacidad. Han surgido innumerables organizaciones sin ánimo de lucro que prestan servicios y defienden a estas personas. Estos avances han mejorado sin duda la vida de algunas de ellas. Sin embargo, más de 20 años después, la mayoría de las personas con discapacidad no han experimentado un cambio significativo de sus condiciones de vida. Muchas de ellas siguen estando segregadas en la escuela, la vivienda y el empleo. La crisis económica actual ha dado pie a drásticos recortes de los servicios sociales, y la privatización de estos está deteriorando o amenaza con deteriorar las condiciones de vida de la mayoría de ellas, incluidas aquellas que dependen de los servicios que presta el Estado.

En esta nueva edición, The New Politics of Disablement, Oliver y Barnes no solo actualizan la primera, sino que analizan las teorías y los orígenes de la discapacidad y las formas en que la misma está representada en la sociedad en general. Avanzan una explicación de por qué el movimiento por los derechos de los discapacitados no ha logrado que se instauren cambios significativos y formulan una crítica de las teorías posmodernas/posestructuralistas dominantes en los estudios de la discapacidad de nuestros días. Esta edición de 2012 también se escribió en el contexto de una crisis capitalista global y con ánimo de propiciar un cambio transformativo para las personas con discapacidad, así como para todos los oprimidos. Oliver y Barnes ofrecen un enfoque basado en el materialismo histórico para describir cómo la categoría y el significado de la discapacidad surgió con el ascenso del capital y cómo su significado ha variado a medida que han ido cambiando las necesidades del capitalismo.

Los autores comienzan con un examen de las definiciones de discapacidad, del origen de los estudios sobre la discapacidad y del origen de la propia discapacidad. Parten de los movimientos de la década de 1960, que comenzaron a poner en tela de juicio supuestos y teorías que vienen de antiguo y que consideran que la discapacidad constituye una tragedia personal y un problema médico individual, consistente en las limitaciones o deficiencias funcionales de una persona. A través de la lucha reconocieron rasgos comunes de su experiencia de la discapacidad. “Su propósito [el de los activistas] era apartar la atención del público y de la política de la ortodoxia establecida y dirigirla hacia la función de las barreras económicas, políticas y culturales ‘incapacitantes’ que impiden a las personas discapacitadas participar en la sociedad como ciudadanos iguales.”

Oliver es citado a menudo como acuñador en 1981 del término “modelo social de la discapacidad”, y Oliver and Barnes responden en esta edición a las críticas a dicho modelo. Explican que “el modelo social rompe el nexo causal entre impedimento y discapacidad. No se niega la realidad del impedimento, pero este no es la causa de la desventaja económica y social de la gente discapacitada”. Acto seguido señalan que el modelo social no pretendía ser una teoría social, sino más bien un instrumento para el cambio político mediante la organización colectiva y una alternativa al modelo individual/médico. Reconocen que el modelo social es una visión simple de una cuestión compleja, pese al hecho de que muchos otros autores lo han utilizado en sus propias teorías sociales.

En un repaso de los estudios antropológicos y sociológicos sobre la discapacidad, los autores resumen toda una gama de enfoques de la discapacidad y el impedimento en diferentes culturas y las diversas maneras en que estas culturas han respondido a la diferencia y la discapacidad. Presentan un análisis materialista útil sobre la génesis de la discapacidad como “problema” o categoría social. En este terreno, los autores se basan en una visión marxista, materialista, de la historia de la humanidad, inspirándose en una serie de pensadores.

En épocas preindustriales, las personas discapacitadas no estaban excluidas de la actividad económica, pese a que tal vez se situaran en lo “más bajo” de la escala social. Con los cambios del modo de producción y de las relaciones sociales que trajo el capitalismo industrial, las personas con ciertos impedimentos no eran capaces de trabajar o no se las consideraba deseables. Además, a medida que la unidad de producción se desplazó del hogar a los asalariados individuales en el lugar de trabajo, esas personas con impedimentos se vieron ante más dificultades para encontrar trabajo y las familias para sostenerlos en casa. La urbanización, la segregación y el cambio de ideología contribuyeron a convertir la discapacidad en un “problema” social.

A su vez, el ascenso del capitalismo temprano comportó cambios subsiguientes en la ideología y la manera de ver a las personas con discapacidad, dando lugar a la sustitución de una explicación religiosa (es decir, la discapacidad como fruto del pecado) por otra científica o médica. Los autores trazan el desarrollo de una ideología del individualismo bajo el capitalismo y el ascenso de la medicalización de la discapacidad. Una condición o un impedimento que antes se consideraban un problema moral o social pasaron a ser objeto de intervención médica. Este periodo también fue testigo de la aparición de instituciones como una manera de tratar el “problema social” de la discapacidad, prestando asistencia fuera del hogar familiar, y como una vía de control social de los pobres. Vista como una “tragedia personal”, la discapacidad se considera un problema individual que debe resolverse cubriendo necesidades personales, lo que a su vez genera dependencia, en vez de situar el problema en el modo en que está organizado el trabajo y de reclamar un cambio de las estructuras económicas fundamentales.

El último capítulo, “Programas y acciones”, comienza con un comentario sobre la crisis económica actual y la respuesta a la discapacidad en el contexto de la crisis capitalista. A lo largo del libro, los autores siguen los avatares del desarrollo capitalista y sus efectos en la definición de la discapacidad y en la respuesta del sistema a la misma, incluida la reciente crisis mundial. Una respuesta del mercado consiste en la privatización de los servicios y la proliferación de organizaciones caritativas, pero ninguna de estas respuestas propicia la autodeterminación de las personas con discapacidad. Los drásticos recortes de los servicios públicos en un periodo de austeridad también suponen una amenaza para la supervivencia cotidiana y la calidad de vida. Otra respuesta estriba en aportar soluciones a la discriminación basadas en derechos. Los autores cuestionan esta solución y señalan sus limitaciones: “Centrarse en una vía de derechos hacia la emancipación como un fin en sí mismo, más que como un medio para conseguir un fin, siempre ha tenido muchas probabilidades de resultar contraproducente… Tener derechos legales no significa que se cumplirán, e incluso si se cumplen, que ese cumplimiento vaya a alcanzar el propósito deseado.”

Se plantean cuestiones relacionadas con las pruebas genéticas, la eutanasia y la ingeniería genética. Según Disabled People’s International, las sociedades “invierten millones en investigación genética para erradicar enfermedades y discapacidades, pero se niegan a satisfacer nuestras necesidades de llevar una vida digna e independiente”. Esta clase de respuesta, alegan Oliver y Barnes, impiden cambios que apoyarían y “de hecho celebrarían la realidad de la diversidad, la diferencia y la debilidad humanas”. Denuncian que “un enfoque de este tipo encaja perfectamente en las relaciones sociales y económicas del capitalismo al tratar de erradicar a los ‘anormales’ y a quienes devienen, o podrían devenir, una carga económica”.

The New Politics of Disability contiene una crítica útil del declive del movimiento de las personas discapacitadas en las últimas décadas. El capitalismo se adapta a nuevas ideas y las envuelve, absorbiendo partes del movimiento en organizaciones benéficas u órganos del Estado. Los autores dicen que “en efecto, hay activistas de la discapacidad que temen que la asimilación de la política de la discapacidad en los programas políticos del sistema socave los objetivos más radicales y las luchas políticas de las personas discapacitadas y sus organizaciones por la justicia social”. Señalan asimismo las limitaciones de las políticas de identidad, que según ellos suelen dejar de lado las bases económicas y materiales de la desigualdad y el objetivo de “redistribución político-económica”.

Falta una visión clara de cómo hacer avanzar las luchas en torno a la discapacidad, lamentan los autores. Claro que esto no es extraño, visto el estado actual del activismo por los derechos de las personas discapacitadas y la crisis global del capitalismo. Los países tratan de superar la crisis sobre las espaldas de los trabajadores, los estudiantes y las personas que, como las discapacitadas, dependen de los servicios públicos. El declive del marxismo y del materialismo histórico en las ciencias sociales y su repercusión en la teoría, la caída de la Unión Soviética, el predominio del mercado mundial, el debilitamiento del sindicalismo y la desaparición de la clase obrera son otras tantas razones que explican la falta de una visión clara del movimiento actual.

Oliver y Barnes mencionan su “optimismo menguante” desde la primera edición, que afirmaba la esperanza en el futuro del movimiento por los derechos de los discapacitados. Aunque son conscientes de los problemas y no ven “muchas perspectivas de transformación del capitalismo en un futuro previsible”, concluyen que “seguimos creyendo que la única estrategia política a largo plazo para las personas discapacitadas consiste en formar parte de una lucha mucho más amplia por crear una sociedad mejor para todas y todos”. Prevén que la operación de las personas discapacitadas solo acabará “cuando se supere la opresión de todas las personas en general, y esto solo ocurrirá mediante una transformación estructural, económica, política y cultural profunda y a base de resistencia”.

http://isreview.org/issue/90/social-theory-disability

Traducción: VIENTO SUR

Comparte este contenido:
Leer más »

FMI: World Economic Outlook (WEO): Too Slow for Too Long, April 2016

Noticias

The baseline projection for global growth in 2016 is a modest 3.2 percent, broadly in line with last year, and a 0.2 percentage point downward revision relative to the January 2016 World Economic Outlook Update. The recovery is projected to strengthen in 2017 and beyond, driven primarily by emerging market and developing economies, as conditions in stressed economies start gradually to normalize. But uncertainty has increased, and risks of weaker growth scenarios are becoming more tangible. The fragile conjuncture increases the urgency of a broad-based policy response to raise growth and manage vulnerabilities.

 

Sumario Ejecutivo en español

Nota de prensa del capítulo 2 en español

World Economic Outlook

 

Comparte este contenido:
Leer más »

Los desconciertos del profesor Obstfeld

Michel Husson

PERSPECTIVAS DE LA ECONOMÍA MUNDIAL

Se pueden encontrar, incluso dentro del FMI y la OCDE, economistas inquietos que denuncian al capitalismo. El abismo entre su diagnóstico y sus recomendaciones es otro síntoma de la profundidad de la crisis actual.

Maurice Obstfeld es director de investigaciones en el FMI. Su reciente presentación a la prensa de las últimas Perspectivas de la Economía Mundial del FMI/1 se produjo bajo el signo del pesimismo y el desconcierto. Ciertamente, afirmó que “no estamos en crisis”. Pero su fórmula, tomada de su presidenta Christine Lagarde, de que “no estamos en estado de alarma, sino en estado de alerta”, no resulta en el fondo nada tranquilizadora. Ya que el diagnóstico de conjunto es: “el crecimiento mundial continúa, pero a un ritmo cada vez más decepcionante, exponiendo a amenazas a la economía mundial. El crecimiento ha sido demasiado débil desde hace demasiado tiempo”.

Por “amenazas” hay que entender acontecimientos financieros, económicos o políticos que desestabilizarían aún más la economía mundial. Para hacerlas frente, la FMI recomienda una política con tres ejes: monetario, presupuestario y sin olvidar las inevitables “reformas estructurales”. Uno de los periodistas presentes reaccionó con algo de impertinencia ante el enunciado de este programa: “Hace ya 20 años que asisto a estas reuniones. Y siempre oigo las mismas cosas, una y otra vez. Usted ha dicho financiero, estructural y monetario. Pero como usted ya sabe, el monetario está casi agotado, el presupuestario está fuera de alcance para muchos. En cuanto al estructural, requiere un tiempo muy largo. En estas condiciones, ¿qué hay que hacer para mejorar la situación a corto plazo?”

Christine Lagarde:

“no estamos en estado de alarma”

Respuestas equivocadas de medio a medio

Excelente pregunta, que describe muy bien las angustias del FMI: se ven las amenazas, pero sus repetitivas propuestas están completamente equivocadas. Así, Obstfeld cita la salida de capitales de los mercados emergentes como ejemplo de los “episodios de turbulencias” que tanto teme. En lugar de hablar de los instrumentos que permiten regular el tipo de cambio –que es en teoría una de las principales misiones del FMI– se remite al capítulo 2 de las Perspectivas/2 que, en su opinión, demuestra que la mayor parte de los países emergentes “han conseguido hacer frente”. Es bastante alucinante, si se piensa por ejemplo en el impacto que ha provocado en Brasil la brutal retirada de capitales.

El gráfico adjunto permite recordar la historia. Muestra cómo el real brasileño se revalorizó considerablemente desde comienzos de 2003: el tipo de cambio del real pasó de 0,28 dólares a 0,62 dólares a comienzos de 2011. Es cierto que la crisis lo había hecho caer en 2009, pero la resistencia de los BRICS tranquilizó a los inversores, atraídos por una elevada rentabilidad. Pero a mediados de 2011 se retiraron: fue el sudden stop, la interrupción brutal de las entradas de capitales, que desencadenó una caída continua del real, equivalente a una devaluación del 60 % respecto al dólar. Se puede discutir cuál debería ser el tipo de cambio adecuado, pero una cosa es segura: no es gestionable una economía tan expuesta a la volatibilidad de los capitales.

Gráfico

Tipo de cambio del real respecto al dólar

Sólo es economía: Obstfeld se ha dado cuenta también de que “ en muchos países, la débil progresión de los salarios y las crecientes desigualdades han conducido a la extendida idea de que el crecimiento económico ha beneficiado sobre todo a las élites económicas”. No se sabe si comparte este punto de vista, pero la única consecuencia que deduce es que avanzan las actitudes nacionalistas y hay menos “derecho al error”.

En cuanto a las famosas reformas estructurales, el capítulo 3 de las Perspectivas/3, dedicado a ellas, lanza un mensaje prudentemente equilibrado: aunque “aumentan la producción y el empleo a medio plazo” (como todo el mundo sabe), tienen sin embargo que ir acompañadas de “políticas macroeconómicas complementarias para maximizar su efecto a corto plazo, dada la situación de subempleo en la mayor parte de las economías avanzadas”. Algunas reformas incluso pueden “volverse recesionistas en período de ralentización”. La recomendación del FMI es por tanto “establecer con cuidado el orden de prioridades y el calendario de puesta en marcha de las reformas”. Traducción: las reformas estructurales son seguramente una excelente idea, aunque tal vez no en una coyuntura recesiva.

El mismo “estado de alerta” se encuentra en el Monitor de las Finanzas Públicas (Fiscal Monitor), publicado al mismo tiempo/4. El cuadro que presenta es también inquietante: “los ratios de deuda pública se han deteriorado en casi todas partes y las finanzas públicas se han vuelto más vulnerables”. Según el FMI, es el resultado de la “debilidad persistente de la actividad económica”, que evidentemente no tiene nada que ver con las políticas de austeridad (o mejor dicho de saneamiento presupuestario, según la jerga neoliberal), cuya eficacia es elogiada en el propio informe. De este panorama, el director del Departamento de Finanzas Públicas del FMI, Vitor Gaspar, deduce este resplandeciente principio: “todos los países deben adaptarse a estas nuevas realidades, pero no hay solución única”. ¿Qué política presupuestaria hay que llevar a cabo en estas condiciones? Debe ser “favorable al crecimiento, sobre todo con medidas que estimulen el crecimiento a corto y a medio plazo”. ¿También en Grecia?

Todo ello revela un profundo desconcierto, que es fácil de explicar: el FMI señala con lucidez los disfuncionamientos del capitalismo mundial, pero las eventuales soluciones que podrían pensarse se escapan a su radar neoliberal.

Inversión: el sector privado no quiere, el público no puede

Hace un año, en sus anteriores Perspectivas de la Economía Mundial/5, el FMI ya se mostraba pesimista y se preguntaba por las razones del débil dinamismo de la inversión. Como en el caso del aumento de la deuda, lo explicaba de forma bastante tautológica, por la “debilidad general de la actividad económica”. Es verdad que la debilidad de la acumulación de capital es una característica esencial del actual período. Pero se merece un examen menos superficial.

Un estudio del Banco Internacional de Pagos/6 aporta a esta cuestión un punto de vista mucho más interesante. Sus autores comienzan por recusar la teoría de que la inversión estaría frenada por un crédito demasiado caro o forzado. Citan también la incertidumbre, pero le dan un contenido concreto: “podría ocurrir que las empresas prevean un retorno de la inversión inferior al coste del capital ajustado por el riesgo y comparado con las rentas que podrían obtener de activos financieros más líquidos”. Y aún cuando las empresas están relativamente confiadas sobre las perspectivas de la demanda, pueden “tener reticencias en invertir si piensan que la rentabilidad del capital adicional será débil”. La cuestión clave es por tanto “la falta de ocasiones de inversión rentables”.

Otro factor que pesa sobre la recuperación de la inversión es la lentitud del proceso de desendeudamiento (deleveraging). Entre 2007 y 2014, la suma total de las deudas, públicas o privadas, ha aumentado en 57 billones de dólares a escala mundial, y el ratio deuda/PIB en 17 puntos/7. Esta progresión afecta también a la deuda de las empresas que sigue creciendo rápidamente en algunos países: ha aumentado en 18 billones de dólares, pasando del 72,5 % del PIB mundial al 80,5 %, entre 2007 y 2014. Y el Global Institute McKinsey subraya que esto “implica nuevos riesgos para la estabilidad financiera y podría afectar al crecimiento económico mundial”.

Si la iniciativa privada ha perdido confianza porque escasean las ocasiones de inversión rentable, la inversión pública podría tomar el relevo. Esta idea ha dado lugar a múltiples propuestas, procedentes sobre todo de sindicatos o de economistas heterodoxos. Todas ellas insisten en el papel de la intervención pública en el desarrollo de las infraestructuras y en dirigir la transición ecológica. Sería la vía a seguir y todas estas contribuciones tienen gran utilidad para revalorizar la intervención pública en estrecha relación con el paso a un nuevo modelo de desarrollo.

Pero todas ellas chocan con esta contradicción fundamental: ¿cómo conciliar un relanzamiento de la inversión pública con las políticas de ajuste presupuestario? Esta contradicción es particularmente flagrante en el caso de la Unión Europea que ha “constitucionalizado” en la práctica la prohibición de cualquier nuevo endeudamiento y ha insistido en reducir al mínimo el presupuesto europeo.

Esto da lugar a diversas contorsiones retóricas. Por ejemplo, France Stratégie/8 identifica tres sectores prioritarios (transportes, energía e informática) pero añade a continuación esta cláusula de estilo: “dadas las actuales obligaciones presupuestarias, es imperativo seleccionar con cuidado las inversiones estudiadas, validando su utilidad social”. El FMI cree que ha llegado la hora de un esfuerzo (push) en materia de infraestructuras/9, y asegura que “proyectos financiados con deuda podrían tener grandes impactos sin aumentar el ratio deuda/PIB”, pero añade esta condición: “si es una inversión eficaz que responde a necesidades en infraestructuras claramente identificadas”.

En cuanto a la Comisión Europea/10, reconoce que “inversiones públicas en infraestructuras bien enfocadas pueden ser útiles en algunos casos”, pero añade a contunuación que “deben tenerse en cuenta las condiciones macroeconómicas, incluidas las obligaciones presupuestarias y la necesidad de aumentar la financiación privada”. No se podría subrayar mejor la prioridad dada de forma más o menos explícita a la iniciativa privada, y el creciente divorcio entre los criterios de rentabilidad y los que dan prioridad a la eficacia social y medioambiental.

Los salarios: ganancias contra mercados

Una idea se está abriendo camino: una revalorización de los salarios podría relanzar la actividad económica y reducir las desigualdades. Podría decirse incluso que el salario mínimo está de moda. En enero de 2015, se instituyó en Alemania un salario mínimo de 8,50 € la hora, sin que ello provocase la destrucción de 200 000 empleos como anunciaron los economistas neoliberales. Como lo demuestra Ronald Jansenn/11, consejero de la Comisión sindical consultiva ante la OCDE, el salario mínimo ha tenido en cambio el efecto de “forzar a los empleadores a ofrecer empleos ‘normales’, cubiertos por la seguridad social”. Una interesante lección que muestra a contrario que la flexibilidad no crea empleos sino que “permite a los empleadores transformar empleos regulares en empleos precarios o mal pagados”.

El pasado 1 de abril, David Cameron, primer ministro británico, decidió aumentar el salario mínimo en un 7,5 %. Pasaría a 9,10 € la hora (frente a 9,67 € en Francia), y debería aumentar un 40 % de aquí a 2020. En los Estados Unidos, el salario mínimo federal está bloqueado en 7,25 $ desde 2009. Barack Obama querría hacerlo subir a 10,10 $ antes de su marcha, Hillary Clinton duda entre 12 $ y 15 $, y Bernie Sanders reivindica claramente los 15 $. El Estado de Nueva York y California ya han decidido subirlo a 15 $, de aquí a 2018 y 2022. En Rusia, el salario mensual mínimo va a aumentar un 20 % y pasará a 7500 rublos (unos 98 €). Y se sabe que en China los salarios han aumentado a un ritmo de más del 10 % anual desde hace algunos años/12.

Hay una enorme contradicción con las llamadas políticas de competitividad que pretenden hacer bajar el “coste del trabajo”. Es la contradicción clásica entre ganancias y mercados, que Patrick Artus ha sabido resumir con mucha ingenuidad: las “políticas económicas de recuperación salarial, de reducción de las desigualdades salariales, pueden ser peligrosas si no van asociadas a la aceptación por parte de las empresas de una menor rentabilidad del capital«/13.

Las deudas: ¿nunca reembolsadas?

Otro motivo de inquietud preocupa a William White, el presidente del Comité examinador (Economic Development and Review Committee) de la OCDE/14. Cuando era economista jefe del Banco Internacional de Pagos, advirtió, junto con su colega Claudio Borio, de los riesgos de una crisis antes de que ésta estallase en 2008. Hoy piensa que la situación “es peor de lo que era en 2007” y que “hemos agotado todas las municiones macroeconómicas de que disponemos para hacer frente a los cambios de coyuntura”. La razón es la acumulación de deudas, propulsadas sobre todo por las políticas monetarias: “siempre ha sido peligroso confiar a los bancos centrales la tarea de resolver un problema de solvencia (…) Eso sólo puede llevar al desorden, y hay día alcanzamos el límite”.

“En el Banco Internacional de Pagos hemos dirigido

muchos buenos consejos a los bancos centrales,

pero por desgracia nadie nos ha escuchado”

Según White, la próxima recesión debería mostrar que una gran parte de las deudas acumuladas, públicas o privadas, “nunca podrán ser liquidadas ni reembolsadas”. Los gobiernos deberían adoptar “un enfoque más sistemático de reducción de deudas”. Y White no duda en incitar a los responsables públicos a “prestar más atención al crecimiento de los salarios, que se mantiene demasiado débil”. Aunque dicho en lenguaje diplomático, es un mensaje al que la OCDE no nos tenía acostumbrados.

Wwite resume bien el desconcierto de los más lúcidos economistas dominantes cuando declara que “los economistas han cometido un profundo error ontológico, postulando que la economía es comprensible. Y han inferido de ello que la podían comprender, y también la podían controlar”.

Se comprende este desconcierto ante un capitalismo manifiestamente trastornado al que nadie parece querer atajar: “dinero en todas partes, crecimiento en ninguna”, nos dicen tanto Le Monde como Le Figaro. Y esta vez es el lector quien queda perplejo cuando descubre que el propio The Economist se pregunta si no habrá “demasiadas ganancias”/15 y llega a reconocer que Hillary Clinton y Bernie Sander tienen razón cuando dicen que la economía está “trucada” (rigged), porque ganancias demasiado elevadas “puede significar que hay empresas más aptas para engullir riqueza que para crearla”.

William White: La macroeconomía moderna se funda

en una creencia errónea

Esta conclusión aclara y matiza la oposición entre keynesianos y marxistas sobre el análisis del período. A riesgo de caricatura, podría resumirse el debate de esta manera: los keynesianos dicen que es una política absurda no relanzar la demanda; y los marxistas replican: no es verdad, se trata de una política racional, porque pretende sostener la tasa de ganancia. Las políticas neoliberales tienen en el fondo dos objetivos: restablecer la tasa de ganancia y garantizar el capital ficticio, o dicho de otra manera los derechos de emisión del “1 %” sobre la plusvalía. Pero continuar estos objetivos, que sería lo racional desde el punto de vista de los intereses de los dominadores, engendra toda una serie de “turbulencias” en el funcionamiento del capitalismo: la acumulación del capital no llega a despegar, los mercados se frenan, y las deudas privadas o públicas conducen a una presión insostenible sobre la actividad económica. Retomando la fórmula de Artus, haría falta que las empresas “acepten una menor rentabilidad del capital” y, como subraya White, adoptar “un enfoque más sistemático de reducción de deudas”. Pero estas dos reivindicaciones son con toda evidencia totalmente extrañas a la lógica profunda del capitalismo.

20/04/2016

http://alencontre.org/laune/les-des…

Notas:

1/ «Press Conference on the Release of the April 2016 World Economic Outlook», 12 de abril de 2016.

2/ «Understanding The Slowdown In Capital Flows To Emerging Markets», FMI, World Economic Outlook, capítulo 2, abril 2016.

3/ «Time for a supply-side boost? Macroeconomic effects of labor and product market reforms in advanced economies», FMI, World Economic Outlook, capítulo 3, abril 2016.

4/ «Faire face à une nouvelle réalité», Boletin del FMI, 13 de abril de 2016.

5/ FMI, «Uneven Growth: Short- and Long-Term Factors«,World Economic Outlook, abril 2015.

6/ «(Why) Is investment weak?«, BIS Quarterly Review, marzo 2015.

7/ «Debt and (not much) deleveraging», McKinsey Global Institute, febrero 2015.

8/ «Trois secteurs cibles pour une stratégie européenne d’investissement» France Stratégie, noviembre 2014.

9/ «Is it time for an infrastructure push? The macroeconomic effects of public investment«, FMI, World Economic Outlook, capítulo 3, octubre 2014.

10/ «Infrastructure in the EU: Developments and Impact on Growth», European Economy Occasional Papersn°203, 2014.

11/ «The German Minimum Wage Is Not A Job Killer«, Ronald Janssen, Social Europe Jounal, 9 de septiembre de 2015.

12/ «Dernière innovation de la Silicon Valley : le salaire minimum le plus haut du monde«, Gilles Raveaud,AlterEcoPlus, 6 de abril de 2016.

13/ «Hausse des salaires versus exigence de rentabilité du capital», Patrick Artus, 8 avril 2016.

14/ «World faces wave of epic debt defaults«, William White, Enero-febrero 2016; ver también este video: «Today’s Central Banks Policy Risks Ending Unhappily«, Bloomberg, 9 de febrero de 2016.

15/ «Too Much of a Good Thing» The Economist, 26 de marzo de 2016.

Comparte este contenido:
Leer más »

En Paraguay: Política pública es necesaria para la renovación en educación, según Lafuente

Noticias
Paraguay/ AhoraPaís/ 30 Abr 2016

Lafuente sostuvo que seguirán introduciendo mejoras para optimizar la educación en nuestro país. Agregó que desde su administración se encuentran planificando una agenda pública con el objetivo de renovar la calidad de la educación.

Agregó que para esto se cumpla los actores de la sociedad deben apoyar en especial los padres, pues deben de involucrarse en el proceso de enseñanza de sus hijos. “Estamos trabajando en el rezago educativo, por lo que pusimos en práctica la educación infantil temprana, de modo a que los niños desde pequeños puedan aprender a desarrollar sus cualidades que le permitan aprender más”, señaló la secretaria de Estado.

Señalo que uno de los objetivos de la institución estatal, es contar con un programa de educación para los indígenas, como también un aprendizaje conveniente para las personas con discapacidad y las mujeres campesinas.

Al ser consultada sobre los docentes y alumnos que piden su renuncia, Lafuente ratificó que no va a presentar su renuncia y que continuaran con los trabajos para tener una mejor educación en nuestro país.

Saludo a maestros por su día

El jefe de Estado, Horacio Cartes, mediante su cuenta oficial de twitter, saludos a los maestros por su día, que se celebra cada 30 de abril en nuestr país.

El saludo correspondiente del Presidente Cartes a los maestros. FOTO: Twitter

El saludo correspondiente del Presidente Cartes a los maestros. FOTO: Twitter

Fuente: http://www.lanacion.com.py/2016/04/30/politica-publica-necesaria-la-renovacion-educacion-segun-lafuente/

Comparte este contenido:
Leer más »

Ética democrática frente a cuatro sillas vacías

Guido Zuleta

 

A las tensiones climáticas presentes en Nuestra América, la cual contiene recursos naturales vitales para la humanidad en peligro, se une la tensión política generada por grandes intereses que pretenden interrumpir sus avances sociales, realizados, con aciertos y errores, en medio de procesos democráticos responsables con los derechos humanos y los de la madre tierra.

En procesos democráticos como los de Brasil, Ecuador, Bolivia, Venezuela y sus instancias de integración como ALBA, UNASUR, CELAC, los avances sociales han sido reconocidos por instancias como la FAO y el PNUD de las Naciones Unidas.

En Venezuela, los intentos de interrumpir su proceso democrático usan la excusa de  violaciones a derechos humanos, o falta de independencia de poderes. A pesar de haberse realizado elecciones avaladas por organismos internacionales. Así como de haber recibido reconocimientos como la  representación venezolana en el Consejo de Seguridad y en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y asumir la presidencia pro témpore de UNASUR.

En medio de la  crisis económica, por la caída del precio del petróleo y climática, por la sequía del fenómeno El Niño, se plantean iniciativas como el desarrollo de misiones sociales y la aprobación, luego de una amplia consulta, el 27.02.2016, del Plan Nacional de Derechos Humanos, propuesta planteada en el primer Examen Periódico Universal (ONU 2011).

Frente a acciones contrarias a la institucionalidad democrática y llamados a la activación de la Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos, el Consejo Nacional Electoral entrega planillas para iniciar los requisitos para un constitucional referéndum revocatorio del presidente. Lo que hizo comentar a Luis Almagro, secretario general de la OEA “nuestra satisfacción por positiva decisión de CNE de Venezuela”. (El Nacional 27.04.2016).

Recientemente resalta la iniciativa avalada por el Secretario General de UNASUR, Ernesto Samper, con mensaje de apoyo del Nuncio Aldo Giordano, de constituir la Comisión Presidencial por la Verdad, Justicia y Reparación de la Víctimas. A la cual se invitó a cuatro diputados designados por la opositora MUD quienes todavía no asisten. ¿Es posible éticamente construir una democracia rechazando cauces institucionales, negándose a dialogar ?.

Frente a la crisis económica y climática, el gobierno democrático promueve el diálogo con sectores productivos privados y con comunidades para el abastecimiento y producción. Y frente a las acciones delincuenciales en el último tiempo, el Ministro de Defensa Padrino López, con base en el concepto de Seguridad de la Nación, planteado en la Constitución en función de los derechos humanos y la paz, en comunicado oficial a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (26.04.2016) afirma que se enfrenta una “…guerra no convencional promovida por el poder imperial, cuya finalidad es quebrantar nuestra moral y voluntad de lucha…tenemos el deber insoslayable de transmitir al pueblo venezolano total tranquilidad y absoluta certeza, sobre nuestro irreductible compromiso de respeto a la Constitución…para asegurar la armonía y convivencia entre todos los hermanos que hacemos vida en esta tierra de gracia, preservando la paz que será siempre nuestra principal victoria…” . Un mensaje ético de seguridad, en medio de los conflictos, en función de la paz, con verdad y justicia.

Comparte este contenido:
Leer más »

Participación ciudadana: posibilidades y límites

José Joaquín Brunner

Cabe esperar que un sano debate acompañe a este proceso de modo de evitar que se transforme en un vehículo de mistificación o sea usado para manipular a los ciudadanos.

Hay diferentes expectativas e interpretaciones respecto del proceso de participación consultiva impulsado por el gobierno con el propósito de obtener insumos para la formulación de una nueva Constitución. Asimismo, la puesta en marcha de este proceso ha dado lugar a una serie de controversias. ¿Hubo suficiente información de manera de incentivar la participación? ¿Sirvió de algo la etapa previa de educación cívica? ¿Llegaron a evaluarse sus resultados? ¿Existe un informe público al respecto? ¿Cuánta gente participó en la fase educacional preparatoria y cuánta se espera participe en la actual consulta-conversación? ¿Qué resultado se espera del período de cabildos y grupos autoconvocados? ¿En cuál papel cabe el Consejo Observador en este procedimiento consultivo? ¿Por qué debe ser observado el proceso?

I

La literatura reconoce una amplia variedad de procedimientos de participación en procesos de naturaleza política, con desigual alcance o cobertura y el uso de diferentes medios y metodologías.

Por ejemplo, pueden usarse referendos, audiencias públicas, encuestas de opinión, grupos focales, elaboración negociada de reglas y normas, conferencias de consenso, paneles o jurados ciudadanos, comités asesores públicos o ciudadanos, consultas a partir de documentos técnicos de autoridad, etc. Es interesante revisar algunas características de estos procedimientos para entender mejor aquel elegido por el gobierno. De hecho, cada uno cumple diferentes funciones, impone disímiles demandas de tiempo y usa distintos mecanismos.

Así, los referendos pueden involucrar a toda la población de un país o una comuna; suelen tener amplia cobertura. Los ciudadanos participantes votan. La participación es instantánea y se consuma en ese acto. Habitualmente se elige entre una o dos alternativas. Cada voto vale igual. El resultado es vinculante. En Chile se ha habla de usar este método para ratificar popularmente la carta constitucional que surja de los procedimientos previos.

Diferente es el modo de operación de las encuestas de opinión pública. En este caso se administra un cuestionario a una muestra representativa (cientos o miles de personas) de la población debidamente estratificada o segmentada. Las entrevistas mismas se realizan en un acto que puede tomar desde unos pocos minutos hasta una hora o más, según la amplitud del cuestionario. Y el procedimiento puede durar desde unos pocos días a algunas semanas. Puede llevarse a cabo presencialmente, cara a cara, o vía telefónica. Sirve esencialmente para reunir información. Se utiliza de forma intensa para fines comerciales o políticos. En interacción con los medios de comunicación, redes sociales, opinólogos y analistas que difunden e interpretan los resultados cuantitativos, las encuestas dan lugar al constructo que solemos llamar ‘opinión pública encuestada’, la que luego es invocada por la clase política con diferentes fines. En Chile, las encuestas se han convertido en una de las plataformas más utilizadas para guiar la polis. Así, el mercado de las ideas ha sido gradualmente reemplazado por el mercado de las preferencias.

Los grupos focales (focus groups) son instancias en que se reúne un número de 5 a 15 personas representativas del público o públicos objeto de indagación para conversar con un mínimo de dirección y orientación sobre uno o más asuntos propuestos por un facilitador. Persiguen conocer, por vía del análisis de esas conversaciones que son grabadas o filmadas, las opiniones o actitudes de los colectivos representados respecto de un temario implícito. Se usa extensamente en estudios de mercado, incluido el mercado de preferencias políticas y/o para profundizar sobre temas de seguridades ciudadana, reacciones frente a hechos o reformas, etc. En Chile su uso se ha extendido partiendo por el ágora hasta llegar a la acrópolis y la polis.

Las audiencias públicas son frecuentemente utilizadas por el Congreso y el gobierno para conocer opiniones expertas y/o de grupos de interés y partes interesadas sobre asuntos específicos, con el propósito de elaborar posteriormente o de afinar una política pública. Las audiencias pueden durar algunas horas o prolongarse a los largo de semanas o meses según el número de grupos, corrientes de opinión e intereses se desee escuchar y la complejidad de la agenda consultada. La información recogida puede o no incidir en los tomadores de decisiones; esto depende exclusivamente de quienes deciden y organizan las consultas. En Chile, los últimos gobiernos han empleado frecuentemente este medio de consulta en materias educacionales, de salud, medioambientales, relativas a la previsión, el transporte y para la legislación sobre transparencia y anti-corrupción.

La formulación de reglas negociadas se produce mediante la convocatoria a comités de trabajo donde las partes interesadas y representantes de la autoridad pública se reúnen para acordar una regulación de un cierto asunto o proceso, en un tiempo limitado. Suele practicarse en algunos países en materias medio ambientales o en instancias de regulación industrial y laboral.

Los paneles/jurados de ciudadanos elegidos para representar las diversas visiones respecto de un asunto controvertido funcionan en sesión cerrada con un facilitador independiente y la ayuda de expertos. Se reúnen en varias ocasiones hasta alcanzar algunas conclusiones que son dadas a conocer a través de un reporte o mediante una conferencia de prensa. A diferencia de las audiencias expertas, estas instancias implican a personas que no son especialistas y aportan el juicio ciudadano.

Los comités asesores integrados por públicos o ciudadanos se integran asimismo con personas representativas de la comunidad y/o de partes interesadas. Se reúnen convocadas por una autoridad durante un tiempo de varias semanas o meses para discutir sobre algún asunto relevante y facilitar una determinada solución o abordaje de un problema. Se ha usado, por ejemplo, tras algunas catástrofes para reparar daños o iniciar la reconstrucción de lugares.

Por último, las conferencias de consenso reúnen a miembros del público general (sin conocimiento especializado) en número de 10 a 20 seleccionados por un comité organizador, los cuales tras ser informados y preparados en la materia bajo escrutinio deliberan con ayuda de un facilitador, consultan  a expertos y organizan audiencias, arribando a conclusiones que son transmitidas al público. Pueden servir para luego escalar hacia consensos mayores, a partir de una base que ha sido previamente construida pensando en facilitar acuerdos.

Las consultas a partir de documentos técnicos preparados por la autoridad son utilizados por los gobiernos y agencias públicas con el fin de recibir opiniones ciudadanas sobre una propuesta. Sirven para dar un sustento más amplio al conocimiento experto al mismo tiempo que para enriquecer los contenidos de la propuesta ajustándolos a las percepciones del público.

Como puede verse, hay un variado arco de posibilidades de participación.

II

En el caso de la consulta organizada por la administración Bachelet, bajo la supervisión de un consejo independiente de observadores, se trata de un procedimiento complejo que durará varios meses. Se inicia -como se señaló antes- con cabildos y grupos autoconvocados a nivel comunal para luego ascender al nivel provincial y regional y concluir, finalmente, en el nivel nacional, mediante la elaboración de un informe síntesis de todas las anteriores etapas. Este documento servirá a la autoridad presidencial como insumo no-vinculante para la elaboración de las bases de una nueva constitución, las que serán entregadas al Congreso Nacional, el cual determinará el procedimiento a seguir para discutir y aprobar la nueva carta fundamental.

Si bien puede ser engorroso, este procedimiento establece un mecanismo adicional de participación al lado de los anteriores, aunque limitado en sus resultados. A fin de cuentas, se trata nada más que de reunir insumos no vinculantes. Es un mecanismo que algunos han entendido como una suerte de encuesta desestructurada de opinión pública, sin muestra representativa de la población y carente también de un cuestionario de base que luego permita ordenar y ‘medir’ las opiniones expresadas. Asimismo, se ha dicho que se asemeja a una secuencia de numerosos grupos focales en torno a un temario complejo -las reglas básicas de la institucionalidad política de la República y los derechos de los individuos- con facilitadores pero sin una metodología equivalente para recoger las opiniones ni para interpretarlas posteriormente.

En realidad, se trata de un medio adicional de auscultación y agregación de opiniones, deseos y preferencias recogidos en reuniones cara a cara, con una duración de tres o cuatro horas cada uno. Resultará en una expresión no-representativa, pero ojalá ‘masiva’ según esperan los patrocinadores gubernamentales de la consulta, de preferencias, las que deben servir para indicar las opiniones de un público no-especialista sobre la nueva constitución.

Algo similar, por tanto, al proceso de consulta aparentemente más expedito organizado por el Presidente Lagos, cuyo producto fue entregado ayer al público. Usando la tecnología digital de redes y sin mayor parafernalia ni etapa previa de educación cívica, cumplió igualmente el rol de auscultar ideas y preferencias.

En Chile, la participación voluntaria en actividades de la polis, bien sabemos, es bastante baja, incluso en el acto de votar que supone una inversión limitada de tiempo y energía. A su vez, la participación voluntaria en actividades solidarias de la sociedad civil -en juntas vecinales, parroquias, sindicatos, gremios, asociaciones culturales y comunitarias, etc.- es también limitada.

Dados estos antecedentes, se teme que la participación para producir insumos que alimenten una actividad relativamente esotérica como es la elaboración de una nueva constitución, pudiera terminar siendo relativamente baja, menos del 1% del electorado en cualquier caso.

Ante dicho riesgo, se han esgrimido dos argumentos. Uno sostiene que lo importante no es el número, sino que la `participación sea representativa de las diversas fuerzas políticas y visones culturales existentes en el país; sería de suyo bueno si atrae a mil personas que reflejen la pluralidad de la polis (¿pero cómo saberlo?), mejor si son diez mil y óptimo si son cien mil. Por consiguiente, lo importante sería la posibilidad de participar y que los participantes sean lo más variado posible. Un segundo argumento -más complicado- declara que de la ‘masividad’ del proceso de consulta depende la legitimidad del ejercicio participativo. Esto es, si fuera suficientemente numeroso (sin que se diga cuán numeroso, sin embargo), el proceso terminaría siendo representativo de una suerte de soberanía popular.

En realidad, estas formas meramente consultivas de participación difícilmente pueden reclamar para sí un poder legitimatorio, pues carecen ellas mismas de una fuente clara de legitimidad. Por eso se las define y entiende -desde el comienzo- como no-vinculantes.

Efectivamente, ellas no forman parte de una costumbre bien establecida y autoritativa que pudiera otorgarles un título especial de legitimidad tradicional; al contrario, se proclama su carácter innovador, de invento social e ingeniería de la participación. Tampoco son parte de la institucionalidad normativa de nuestro ordenamiento estatal, por lo cual se organizan precisamente como una actividad voluntaria, propia de los modos flexibles y relativamente espontáneos de la sociedad civil, aunque contradictoriamente se les impone una suerte de supervisión gubernamental. Tampoco gozan de un marco carismático de justificación, como pudiera ser un quiebre extraordinario de la constitucionalidad, una crisis fenomenal o el nacimiento revolucionario de un nuevo poder. En suma, las consultas pertenecen más bien al orden de la racionalidad instrumental y no, en cambio, al de la racionalidad sustancial y expresiva de la política.

III

Por lo mismo, nos encontramos ante un procedimiento que se halla sujeto a los típicos problemas que suscitan esta clase de ejercicios administrativamente organizados de participación masiva.

Primero, la ambigüedad del producto final. Cual es, en este caso, insumos -opiniones, sentimientos, preferencias, deseos, enunciados no-vinculantes- que servirán a unas instancias relativamente imprecisas para preparar un documento que irá a dar a otras autoridades para fines ulteriores que el público difícilmente puede captar con claridad. Al final de todo esto, se supone, habría un referendo. Y allí se cerraría el círculo, dotándose a todo el proceso de legitimidad retrospectiva. De modo que la participación más decisiva sería esta última (el referendo y no aquella previa consistente en cabildos locales, provinciales, regionales y de síntesis a nivel nacional).

Segundo, la restricción que impone la escasez del principal recurso imprescindible para la participación. Se trata del tiempo que se necesita invertir en los procesos de participación, tiempo que -como enseñan March y Olsen y varios estudios- es el más escaso de los bienes y explicaría la baja participación cada vez que ésta exige dedicar varias horas a desplazamientos, reuniones, asambleas, discusiones. Esto puede afectar desigualmente a mujeres y hombres, a distintos grupos de edad y varía según la época del año, la distancia hasta los locales de encuentro, la intensidad de la demanda por tiempo en otras actividades que compiten con la participación, las motivaciones individuales, el capital social y cultural de las personas, etc.

Tercero, los sesgos que pueden introducirse en diferentes momentos del proceso participativo distorsionando la pureza habermasiana de la deliberación racional, lo cual explica seguramente que el gobierno haya puesto el proceso en su integridad bajo la supervigilancia de un consejo de observadores independientes, aun sin poder evitar con ello el riesgo de que dichos sesgos ocurran ni poder atemperar las desconfianzas que surgen de la pregunta sobre quién es el guardián de los guardianes y así al infinito.

Cuarto, el riesgo que estas instancias de participación sean capturadas por minorías activas. Podría suceder con reuniones individuales, al imponer unos pocos su voluntad y activismo y conducir la deliberación hacia un fin preestablecido. O bien con una cadena de reuniones donde un grupo político organizado o una organización voluntaria controla las conclusiones actuando coordinadamente en medio de la dispersión de las voces espontáneamente congregadas.

En suma, estamos ante un experimento social probablemente más interesante para el posterior análisis sociológico y de la ciencia política que por su impacto real y efectivo en el proceso conducente a dar una mayor base de participación ciudadana y de legitimidad a la nueva constitución. Cabe esperar, por lo mismo, que un sano debate acompañe a este proceso de modo de evitar que se transforme en un vehículo de mistificación o sea usado para manipular a los ciudadanos.

Publicado en El Libero 27/4 /2016

Comparte este contenido:
Leer más »
Page 206 of 227
1 … 204 205 206 207 208 … 227