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Paraguay: Seis de cada diez alumnos no terminan la secundaria

Por: abc.com.py/04-04-2018

Seis de cada diez alumnos no logran terminar la educación secundaria. Además, el 60% de los alumnos que terminan la primaria lo hacen con severos problemas de calidad.

Comenzó el seminario sobre políticas públicas de educación secundaria organizado por el MEC y Unicef. El ministro de Educación, Raúl Aguilera, indicó que desde 2015 hasta 2017 se registró un bajón en la matrícula de la secundaria. Se debe aún evaluar si la disminución se debió a un sinceramiento de la cantidad de estudiantes a nivel país gracias al RUE (Registro Único del Estudiante) o a un progresivo abandono

Por su parte, Regina Castillo, representante de Unicef, enumeró la dramática situación del país en materia de retención escolar y subrayó que el abandono de la escuela es uno de los mayores flagelos de la educación paraguaya.

DATOS DE DESERCIÓN

-Seis de cada 10 estudiantes que se matricularon en 1er. grado en 2003 tuvieron que abandonar la escuela antes de llegar al 3er. año de la media.

-Entre los 13 y 14 años de edad se manifiesta el mayor proceso de abandono.

-Unos 150.000 estudiantes corren el riesgo de verse forzados a abandonar sus estudios, ya sea porque ingresaron tardíamente al sistema educativo, repitieron el año o viven en zonas rurales, donde se registra mayor deserción.

-Las razones económicas son la principal causa de abandono de la escuela. Niños y adolescentes se ven forzados a dejar la escuela o colegio para trabajar (mayormente en la chacra, en servicios domésticos y en albañilería) y así aportar al sustento del grupo familiar.

SEMILLITA

El ministro de Educación, Raúl Aguilera, indicó que es primordial afianzar las capacidades de lectoescritura desde los primeros años, lo que -está comprobado- es un componente determinante para evitar la deserción.

Aguilera indicó que los docentes del nivel inicial quieren volver a utilizar el antiguo libro de primaria «Semillita» para enseñar a leer, porque es mucho más sencillo y didáctico para los pequeños, en comparación con los materiales que se utilizan hoy para enseñar a leer.

Actualmente, se están analizando los desafíos y experiencias de otros países, como Chile, Perú, Uruguay y Argentina, en materia de educación, con panelistas invitados de esos países.

*Fuente: http://www.abc.com.py/nacionales/dramatica-desercion-escolar-6-de-cada-10-no-termina-la-secundaria-1686183.html

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España: 40 años de educación ¿en derechos humanos?

Por: Carlos Sanguino, responsable de Menores, Educación y Diversidad Afectivo-Sexual en Amnistía Internacional, 4 de abril de 2018.

“Soy una niña de doce años, y quiero decir una cosa:
Yo espero que se avance la igualdad entre los hombres y
las mujeres y que los homosexuales tengan más derechos…”

(Carta recibida por Ana, alumna de 12 años en 2010)

«Educación para la Ciudadanía sencillamente hay que suprimirla por inútil»
(Mariano Rajoy, en el 2009)

Allá por las navidades de 2010 llegó una carta a Amnistía Internacional. Apenas cuatro líneas escritas por Ana, una estudiante de 12 años de uno de los cerca de 700 colegios e institutos adheridos a nuestra Red de Escuelas por los Derechos Humanoshttps://redescuelas.es.amnesty.org/index.php. Había cursado uno de los tres cursos que en aquel momento eran obligatorios de la asignatura Educación para la Ciudadanía, y tras realizar un debate en clase sobre discriminación decidió escribirnos.

Un año antes, Mariano Rajoy, líder de la oposición parlamentaria, había manifestado públicamente aquello de «Educación para la Ciudadanía sencillamente hay que suprimirla por inútil» . Claro que quizás no conoció nunca a Ana. O quizás no le parecía importante la igualdad de género y el respeto a la diversidad.

Si esto es malo, es peor comprobar que la educación en derechos humanos no ha preocupado (casi) a nuestros Gobiernos en los últimos cuarenta años.

¿Qué es eso de la educación en derechos humanos?

Fundamentalmente, acciones orientadas a que las personas aprendan qué son los derechos humanos y la manera de reclamarlos. Nos sirve para desarrollar las habilidades y actitudes necesarias para promover la igualdad, la dignidad y el respeto en tu clase, en tu casa o en tu trabajo. Dicho con un ejemplo práctico, te sirve para darte cuenta de que una compañera de trabajo está siendo acosada o que un compañero de clase está sufriendo bullying y debemos intervenir. Y también para reclamar.

¿Cómo se hace esto? Hay muchas posibles vías: introducir contenidos sobre derechos humanos en asignaturas, utilizar metodologías participativas, generar un ambiente respetuoso y libre de acoso en los centros escolares.

Acto en el centro de Creación Contemporánea Matadero-Madrid en el que participaron distintos colegios. Durante el encuentro se trataron los derechos de las personas refugiadas. © Paco Ruano

Leyes 7 / Derechos Humanos 1

Y no hablamos de un resultado de fútbol. Hemos tenido en estos cuarenta años siete leyes educativas, de las cuales solo una (la Ley Orgánica de Educación de 2006) planteaba una asignatura obligatoria con contenidos sustantivos de derechos humanos.

Su puesta en marcha nació instalada en el conflicto, con la oposición de la Conferencia Episcopal Española que consideraba que adoctrinaba a los estudiantes y la del Partido Popular. Pese a ello, consideramos que era un buen primer paso y que había que profundizar en su implementación, así como adoptar otras medidas complementarias. Esta asignatura significaba cumplir con las recomendaciones de Naciones Unidas, y en la práctica quería decir que cientos de miles de estudiantes trabajarían en clase sobre igualdad de género, no discriminación o la declaración universal de los derechos humanos.

En ese momento nos equiparamos a los 20 países europeos que ya tenían asignaturas similares en el currículo, hasta que posteriormente la actual ley (LOMCE) suprimió la asignatura. Podemos afirmar con claridad que hoy estamos peor que hace unos años.

Trabajando en los materiales que se utilizaron durante el encuentro en que el se debatieron los derechos de las personas en movimiento. © Paco Ruano

¿Y antes?

Antes de eso, hubo algunos intentos que no tuvieron que ver con una asignatura. Y es que pensemos que partíamos de la franquista Ley General de Educación que a partir de 1978 tuvo que adaptarse al nuevo contexto, incluyendo elementos de participación política y ciudadanía democrática.

La LOGSE de 1990 planteó la idea de transversalidad en valores, incluyendo aspectos relacionados con derechos humanos pero de forma no evaluable, y tras la desaparición de Educación para la Ciudadanía, la actual LOMCE recuperó algunos de sus contenidos (los menos polémicos) en las asignaturas de Valores Sociales y Cívicos, optativas y alternativas a la de Religión.

Cuando las leyes no ayudan, la gente se mueve

Hay una regla constante, que no solo es aplicable a educación: cuando los gobiernos no cumplen con su trabajo, la propia gente se organiza para intentar solucionarlo. Por eso, desde finales de los años setenta comenzaron a surgir en España los llamadosMovimientos de Renovación Pedagógica (MRP), alternativa a los sistemas educativos oficiales y con una profunda relación con diferentes movimientos sociales. Los MRP pretenden la transformación del modelo educativo, incluyendo los derechos humanos como eje central de su planteamiento. Su trabajo ha sido variado y diverso, trascendiendo lo curricular y profundizando en aspectos como las metodologías participativas, la participación de la comunidad educativa, la creación de entornos no discriminatorios y libres de acoso, etc. Su papel ha sido fundamental para el desarrollo de la educación en derechos humanos durante todos estos años.

Los centros adheridos a la Red de Escuelas de AI trabajan temas de derechos humanos. En imagen, un grupo de jóvenes elaboran materiales que posteriormente se usan y se exponen. © Paco Ruano

40 años y mucho por recorrer aún

Y es que después de 40 años y 7 leyes, la realidad es que miles de estudiantes pasan por el sistema educativo en España sin que sea obligatorio que trabajen aspectos de igualdad entre hombres y mujeres, o que no se debe discriminar a nadie por ser de otro color o de otra orientación sexual. Nuestros estudiantes necesitan saber que aún hay al menos 114.000 personas desaparecidas en España, víctimas de la Guerra Civil y el franquismo, sin que se haya reparado a sus familiares, por poner un solo ejemplo. Esperemos que dentro de diez, cuando hablemos del 50 aniversario de Amnistía Internacional España, podamos contaros que hay vientos de cambio. Mientras tanto, desde Amnistía Internacional seguiremos promoviendo nuestra Red de Escuelas, que tiene como objetivo que centros educativos de todo el Estado trabajen sobre discriminación, refugio o defensores/as de derechos humanos y seguiremos presionando a nuestro Gobierno para que incluya de forma real la educación en derechos humanos en las próximas leyes educativas.

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El conocimiento, motor de la sociedad.

Por: Raúl Contreras Bustamante.

Esta semana tuvieron verificativo dos eventos trascendentes para la vida y el desarrollo cultural de nuestra sociedad. El primero al que me voy a referir es a la visita, el pasado 23 de mayo, del rector de la UNAM a la Cámara de Diputados para hacer entrega del Informe del Desarrollo en México 2016. Dicho documento realiza una evaluación de aquellos logros obtenidos de las metas no alcanzadas y también plantea propuestas de políticas públicas para nuestro país, en aras de cumplir con los objetivos comprometidos en la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 de Naciones Unidas.

El mensaje del rector Enrique Graue se sintetiza en una fuerte y clara definición: “La educación no puede detener su crecimiento. Sin ella, el país no tendrá un futuro cierto”. Sus palabras cobran sentido cuando se analiza que en el presupuesto federal de este año, el sector educativo sufrió una disminución real de 4.2%; y la educación superior fue la más golpeada, con un decremento de 6.4%.

Los recortes financieros a la educación y a la investigación en el presupuesto parecen ignorar que sin dichas actividades estratégicas no hay desarrollo ni tampoco existirá democracia plena, porque la nación requiere de la existencia de ciudadanos libres y soberanos en su pensar y actuar; capaces de tomar decisiones a partir de la apreciación que más se ajuste a la realidad.

La importancia de escuchar y tomar en serio este llamado radica en la necesidad de dejar muy claro que la educación, la investigación y la formación del conocimiento son indispensables para combatir a los grandes rezagos nacionales en materia de combate a la pobreza; generación de empleo; la repartición más igualitaria de la riqueza y un acceso efectivo a la salud de las clases más necesitadas. Para decirlo claro: la educación es una inversión y no un gasto.

El segundo acontecimiento fue el brillante discurso que el doctor Julio Frenkpronunció con motivo de su ingreso al Colegio Nacional, el pasado miércoles. Destaco una frase del actual rector de la Universidad de Miami, que atrajo mi atención y que coincide con lo antes expresado: “El conocimiento es el motor de la sociedad para transformar a la realidad social”.

El gran problema de nuestro país es que la educación no siempre ha sido considerada como prioridad ni comprendida como una inversión estratégica para nuestro desarrollo, sino que ha sido parte de políticas macroeconómicas, que la tratan por igual como cualquier otro capítulo de gasto.

La educación es el elemento nivelador por excelencia de las desigualdades sociales. Otorga la posibilidad a los niños y jóvenes mexicanos de aspirar de forma igualitaria a un mejor nivel de vida. No es poca cosa: puede ser su única oportunidad de modificar sus condiciones y limitaciones económicas de origen. Por ello, preocupa saber que en un futuro muy cercano, de no hacerse las inversiones públicas necesarias, seis de cada diez jóvenes en edad de cursar estudios superiores, no podrán tener acceso a ellos.

El conocimiento y la educación construyen un camino ilustrado hacia una mejor sociedad. Configuran una garantía institucional para el ejercicio del resto de los derechos, son parte fundamental y precondición de la construcción de la ciudadanía, a la vez de ser un control social efectivo en los procesos deliberativos: una garantía de pluralidad.

Como Corolario, las palabras de Sócrates: “Sólo hay un bien: el conocimiento. Sólo hay un mal: la ignorancia”

Fuente: http://www.excelsior.com.mx/opinion/raul-contreras-bustamante

Imagen: http://elperiscopi.com/wp-content/uploads/noticies/7828_m.jpg

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La Educación Mexicana y Pisa 2018.

Por: Mauro Jarquín.

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A lo largo de los últimos lustros, el campo educativo ha sido un rubro de importantes transformaciones orgánicas e ideológicas a nivel mundial, principalmente a partir de ciertas propuestas de cambio originadas en los pasillos de organismos multilaterales (OCDE-Banco Mundial), think-tanks, y gobiernos nacionales con alcance global. Dichos cambios se han llevado a cabo de forma armonizada con las dinámicas de funcionamiento del capitalismo cognitivo contemporáneo, para el cual el conocimiento y la educación se presentan como elementos fundamentales con respecto a las posibilidades de desarrollo de las economías y las sociedades en general.

En nuestro país, las autoridades educativas asociadas con organizaciones de corte empresarial, como Mexicanos Primero e instancias multilaterales, han recreado un análisis, programa y política sobre educación que, en consonancia con ciertas tendencias internacionales, se ha conformado como una serie continua de engranajes cuya forma y sentido es el de un programa gerencial de reforma en educación; es decir, un programa de reforma educativa inspirado en ciertos principios organizativos y programáticos retomados del mundo de los negocios y la administración privada, con el fin supuesto de maximizar la rentabilidad de los procesos educativos y sus resultados.

Dicho cambio de ruta ha sido acompañado de un replanteamiento de la función de la educación en la sociedad mexicana, el cual ha sido mencionado una y otra vez por secretarios de educación pública, subsecretarios, líderes empresariales, etc. Para ellos, la educación debe ser pensada ahora como una palanca fundamental del crecimiento y desarrollo económicos a través de la generación del capital humano idóneo para la ejecución de los procesos productivos; es decir, la educación debe producir una mercancía determinada que a través de su buen uso, coadyuve a mantener una economía sana, estable y en constante desarrollo.

Los valores de mercado han impregnado el programa educativo, considerando así que para que nuestra economía y sociedad se desarrolle, es necesario que la sociedad haga su trabajo, a través de un acercamiento cada vez mayor entre las prácticas educativas y los valores de eficiencia, productividad y emprendimiento capitalistas.

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Para lograr el control necesario con respecto a los productos escolares, el gerencialismo en educación ha importado también el término calidad, del mercado y sus transacciones, a los procesos educativos públicos. La noción de educación de calidad, aún no del todo definida y nunca consultada con las comunidades escolares, el profesorado y los propios estudiantes,  se presenta así como la garantía de que aquello que se realiza en las escuelas responde a los intereses y metas planteados por las autoridades educativas y por los intereses objetivos de la economía nacional (es decir, de los sectores y fracciones dominantes del capital doméstico). Considerando que bajo este esquema la escuela desarrolla sus tareas cotidianas como un espacio de producción y reproducción social de capital humano,  podemos pensar que una “educación de calidad” encuentra su materialización en un capital humano de calidad, el cual puede ser entendido como la acumulación de aptitudes y competencias suficientes para el buen desempeño de una persona a lo largo de su vida laboral en un contexto de flexibilización laboral y competitividad.

Ahora bien, ¿de qué manera puede comprobarse dicha condición deseada en los productos educativos? La respuesta, al parecer, es sencilla: a través de una evaluación. ¿Qué tipo de evaluación? Una evaluación estandarizada.

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Las políticas internacionales de medición de capital humano, las cuales buscan identificar su cantidad y calidad, han coincidido en que la prueba más relevante en este tenor es el Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos de la OCDE, conocido como prueba PISA. Según la OCDE, PISA es un proyecto cuyo objetivo es evaluar la formación de los alumnos cuando llegan al final de la etapa de enseñanza obligatoria a los 15 años [ y ] tiene por objeto evaluar hasta qué punto los alumnos cercanos al final de la educación obligatoria han adquirido algunos de los conocimientos y habilidades necesarios para la participación plena en la sociedad del saber[1].

Dicha prueba ha sido muy bien recibida por una gran cantidad de gobiernos y ministerios de educación en el mundo, aunque profundamente criticada desde distintas voces. Una de ellas es la de Julio Carabaña, sociólogo español, para quien: “El problema fundamental es que mide una cosa que ellos llaman literacia (literacy), que son aptitudes muy generales que se pueden desarrollar algo en las escuelas pero fundamentalmente no”. Lo anterior es algo que el informe PISA menciona en todas sus ediciones, al recomendar: “Téngase en cuenta a la hora de interpretar estos datos que cuando un país está por encima de otro en las clasificaciones ello no se debe a las escuelas solamente, porque las puntuaciones PISA dependen de toda la experiencia vital de los individuos”[2].

Nuestro país ha participado en la realización de dicha prueba desde hace más de 15 años, a lo largo de los cuales se ha encontrado en el último lugar de los países participantes de la OCDE. De estos resultados se ha culpado principalmente al magisterio, señalando en su labor la supuesta incapacidad para incrementar los niveles de calidad educativa en las escuelas nacionales, incluso sin dar suficiente atención al mismo diseño de la prueba.

Como menciona Carabaña, la medición de capital humano expresada en la prueba PISA tiene por objeto de análisis una dimensión del desarrollo intelectual que no depende exclusivamente del espacio educativo, sino también del contexto en el cual los individuos se desarrollan en sociedad. No es complicado comprender las implicaciones de lo mencionado previamente en una sociedad fragmentada por la desigualdad, la inseguridad, por la pobreza, por la falta de acceso a servicios educativos, culturales, médicos, etc. Una sociedad en la cual las posibilidades de desarrollar un capital socialefectivo se diluyen por la desconfianza, el temor y también, en muchos casos, por la desidia. PISA no solo evalúa a las escuelas, sino también evalúa a la sociedad en la cual estas escuelas están insertas, es algo que no debemos perder de vista.

Los resultados en PISA se han convertido en el leit motiv contemporáneo del debate educativo a nivel mundial, y el incremento de los puntajes en dicha prueba, una condición sine qua non de la política educativa de la gran mayoría de gobiernos avocados a mejorar en los rankings internacionales. Sus resultados son importantes porque se presume que aquellos países que han “mejorado su educación”, y con ello han logrado obtener los primeros lugares en la prueba, han alcanzado o mantenido el anhelado desarrollo económico. Los ejemplos recurrentes -lugares comunes de ello- son principalmente Singapur y Corea del Sur. En nuestro país, tal discurso ha sido repetido de forma impaciente por líderes empresariales que encuentran en los resultados PISA de cada edición, un aliento nuevo a su agenda educativa privatizadora[3]. Sin embargo, basta solamente con conocer un poco de historia de dichas regiones para comprender que tales explicaciones son, cuando menos, infantiles. El desarrollo de sus fuerzas productivas y la configuración de sus relaciones de producción, a la luz de importantes transformaciones geopolíticas en la zona, devinieron vientos de cambio en tales economías, y en dicho proceso de transformación, la inversión en los sistemas educativos, en tecnología, etc., fue un engranaje más en una narrativa bastante compleja.

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Asimilando la agenda educativa nacional con ciertas tendencias mundiales, el gobierno mexicano ha hecho explícito su interés por aumentar a toda costa los puntajes obtenidos por estudiantes mexicanos en PISA. No puede ser de otra forma, su reforma en educación, que tuvo por bandera el incremento en la “calidad educativa”, tiene que dar frutos de alguna manera, y no, no será a partir de una dinámica democrática de funcionamiento en los centros escolares, o a través de la mejora en las circunstancias sociales en las cuales se llevan a cabo los procesos educativos; mucho menos a partir del reconocimiento de la diversidad cultural de nuestro país, o del cada vez mayor interés del alumnado por el aprendizaje continuo a través de un ambiente escolar agradable; tampoco será vía una mejor remuneración al magisterio, o una inversión sin precedentes a las instancias de formación magisterial. Mucho menos debido a la cobertura educativa universal, o, al menos, a la existencia de comedores escolares en comunidades con alta marginación, no.

Los frutos de la reforma de Peña y los empresarios, asociados al paradigma gerencial en educación, buscan ser reflejados en el incremento del puntaje obtenido en la prueba de la OCDE. Ahora bien, en la misma lógica de la prueba, si ésta dice analizar aptitudes que se desarrollan tanto en el espacio escolar como fuera de él, ¿cómo nuestro país puede obtener un puntaje más alto con una sociedad en muchos aspectos sumamente golpeada y excluyente? Nuevamente, la respuesta parece sencilla: Cargándole todo el peso a la escuela.

Lo anterior nos lleva a una siguiente pregunta: ¿De qué forma la escuela podrá hacerse cargo del contenido educativo que no ha sido suficientemente desarrollado en  los procesos de socialización? La SEP nos dirá: a partir de una estrategia útil y, probablemente, exitosa.

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La estrategia de la SEP de cara a PISA 2018 es similar a determinadas políticas sobre educación que se han llevado a cabo en otros países, con miras a mejorar los resultados obtenidos en pruebas estandarizadas. El pasado 31 de enero, Otto Granados, actual titular de la SEP, habló sobre la aplicación de una “estrategia de capacitación” para preparar a los estudiantes mexicanos ante la prueba PISA 2018, la cual, según el secretario, “se trata de una  estrategia muy rápida, focalizada y efectiva de preparación para la próxima presentación de la prueba PISA, que deberá ocurrir en los primeros días de abril. [Para ello, las autoridades educativas] han diseñado una estrategia que tiene dos componentes: uno de entrenamiento y capacitación, pero otro también de motivación”[4].

En tal estrategia será fundamental el papel de la Fundación Carlos Slim, a través de la plataforma digital “PruébaT”, cuyo objetivo es “brindar de manera gratuita, experiencias de aprendizaje a docentes, estudiantes y padres de familia, con el fin de fortalecer conocimientos y habilidades indispensables para aprender a lo largo de la vida”. La plataforma, vinculada a la página “Fortalecimiento de los aprendizajes y competencias en los alumnos de 15 y 16 años” de la SEP, contiene material didáctico para “familiarizarse con PISA”, con su estructura, características y competencias evaluadas. En línea también aparece material similar al que se enfrentan los estudiantes con PISA, con miras a aprender cómo solucionar determinados planteamientos expuestos en la prueba de la OCDE.

Como en otros países, el sector privado ha sido llamado para participar en el coaching necesario para aumentar el puntaje total en pruebas estandarizadas. Al fin de cuentas, “son los privados los que de saber lograr objetivos específicos de mejor forma”.

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No obstante que las líneas generales de tal política de coaching con miras a la prueba no han sido publicadas aún en sus puntos más específicos, es imprescindible discutir los efectos sociales que tales políticas han generado en otras sociedades y las prácticas docentes que con esta buscan generarse.

Los sistemas educativos que le han dado demasiada relevancia a la medición educativa a través de pruebas estandarizadas han creado, en términos generales, un ambiente de trabajo tenso tanto para los docentes como para los estudiantes. Debido a que en tales políticas de evaluación lo que cuenta son los resultados y no tanto así el proceso pedagógico que llevó a determinados resultados, el foco tiende a ponerse en el momento de la prueba, el cual es tan solo una etapa, bastante restrictiva además, de los procesos educativos en las escuelas.

Distintas prácticas docentes se han llevado a cabo para aumentar los puntajes en pruebas estandarizadas, muchas de las cuales se ubican en el espectro de la exclusión educativa y la interiorización de prácticas competitivas en lugar de solidarias al interior del aula. De esta forma, acciones tales como la exclusión de la prueba a estudiantes con “bajos niveles de rendimiento”, o el teaching to the test, se han convertido paulatinamente en prácticas comunes que los docentes deben llevar a cabo para evitar resultados negativos en las pruebas y de esa forma, evitar también señalamientos públicos a los planteles educativos y repercusiones negativas en su trabajo.

El teaching to the test  (enseñar-preparar para la prueba), ha sido una práctica común en sistemas educativos en los cuales los resultados por centro escolar  en pruebas estandarizadas son centrales en materia de financiamiento educativo y reconocimiento social y consiste en utilizar tiempo destinado al contenido curricular en entrenamiento para responder correctamente las pruebas estandarizadas. En este sentido, probablemente el caso estadounidense sea el más representativo a partir de la entrada en vigor de la política No Child Left Behind, a principios de los 2000.

A propósito del teaching persisten varias tendencias interpretativas. Algunas apuntan a que tal práctica no es dañina al espacio escolar cuando los docentes se dedican a enseñar las “habilidades” requeridas para responder determinadas pruebas; es decir, cuando la enseñanza no se centra en la forma y contenido de las pruebas, sino en las capacidades requeridas para su buena resolución. Algunos más, mencionan que, aunque en ciertas prácticas de coaching se pretenda enseñar las aptitudes necesarias para responder la prueba, en última instancia lo que se hace es desplazar tiempo necesario en otro tipo de contenido curricular para destinarlo al entrenamiento de capacidades que pueden ser muy útiles para dichas pruebas, pero no para el desarrollo educativo integral de los estudiantes.

La política del teaching  ha generado distintos efectos en los sistemas escolares en los que se ha implementado, y con respecto a los cuales debemos estar atentos. Entre ellos se encuentra: el aumento del control docente en función de los contenidos que, según las autoridades educativas y las fracciones políticas dominantes en un tiempo-espacio determinado, deben ser enseñadas en la escuela; el ejercicio de prácticas educativas comprometidas más con los resultados medibles que con una sana y necesaria formación ética y la pérdida de interés en el aprendizaje por parte de los estudiantes, debido, entre otras cosas, a la falta de profundización en temas fuera del alcance de las pruebas.

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Aunque no de forma desarrollada, la propuesta de la SEP para “hacer frente” a PISA 2018 es, probablemente, la experiencia más cercana al teaching to the test llevada a cabo a nivel nacional. Este precedente genera una serie de problemas que es preciso analizar, específicamente a partir del papel central que la evaluación ha tenido desde hace algún tiempo en el sistema educativo nacional, principalmente en los años recientes.

Como se ha mostrado en distintos elementos de las transformaciones educativas, un elemento central de la política actual es la despedagogización de las escuelas, tanto por la posición marginal que se le ha atribuido al normalismo, como por la inducción de procesos pedagógicos enfocados a los resultados medibles, y no al desarrollo integral de las comunidades educativas.

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La lucha por una educación pública sólida y pertinente para las necesidades de nuestros pueblos no debe pasar únicamente por la lucha contra la evaluación punitiva presente en la conformación del Servicio Profesional Docente, sino también por reformar prácticas administrativas y pedagógicas más enfocadas a complacer al mundo de los negocios que a las comunidades educativas que le dan sentido a cualquier proyecto de educación nacional.

Fotografía: conaced
Fuentes:

[1] http://www.oecd.org/centrodemexico/medios/programainternacionaldeevaluaciondelosalumnospisa.htm

[2] http://eldiariodelaeducacion.com/blog/2016/11/28/pisa-mide-aptitudes-que-no-se-desarrollan-en-la-escuela/

[3] Véase: http://otrasvoceseneducacion.org/archivos/192271

[4] http://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/sep-capacitara-alumnos-para-contestar-prueba-pisa

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Colombia: Por falta de aulas, estudiantes de Santander recibirían clases en discoteca

Por: vanguardia.com/ 04-04-2018
Estudiantes de un colegio en Santander reciben clases en un restaurante escolar, donde el ruido de las licuadoras dificulta su aprendizaje. Ante la falta de aulas, la discoteca del corregimiento se adaptaría entre semana como salón escolar.
Se trata de unos 60 estudiantes de primaria y bachillerato del colegio San Pedro de la Tigra, ubicado a 11,5 kilómetros del casco urbano del municipio de El Playón, Santander.

El rector de la institución, Héctor Guillermo Mancera Jurado, explicó a Vanguardia.com que a este colegio rural cada año se le suman más estudiantes, pero su infraestructura se quedó pequeña para la demanda escolar. “Desde hace cuatro años le he solicitado a las autoridades departamentales y locales colaboración porque estoy sin aulas. Hace poco una comisión de padres fue a la Alcaldía de El Playón y no les dieron respuesta favorable».

La falta de salones obligó a Mancera Jurado a trasladar a estudiantes a las instalaciones de un salón de una asociación privada, al restaurante escolar y al aula de informática. «Tenemos una incomodidad total.El Municipio solo realiza inversiones en los dos colegios urbanos, todos los recursos de calidad se quedan allá. Es justo que también nos recuerden».

El rector considera esta situación, además de incómoda, peligrosa para los docentes y estudiantes. «Si llega a explotar un cilindro de gas del restaurante escolar, podría afectar a los más de 30 niños de cuarto primaria que reciben clase en este comedor”.

Igualmente, el rendimiento académico de los estudiantes se ve afectado, puesto que les cuesta mantener la concentración durante el proceso de aprendizaje. «Cuando las minipuladoras inician a hacer sus labores deben hacer al menos cinco licuados. Se interrumpe la clase con los ruidos de la licuadora industrial. Además, cuando se empiezan a preparar los alimentos salen los olores», indicó Mancera.

El rector pidió a la Alcaldía de El Playón, ser más riguroso para atender las necesidades prioritarias de la población. «El Alcalde endeudó el municipio por más de $1.300 millones para hacer el encerramiento de otro colegio. ¿Cuáles son las prioridades de la Administración Municipal? ¿Dónde queda la atención a las necesidades básicas de las comunidades?», se pregunta.

Ante esta situación estudiantes y padres de familia han protestado en la institución para reclamar mejores condiciones en el entorno escolar. «Se va a iniciar un proceso regular. Fue una comisión a la Alcaldía y la Gobernación pero no les solucionaron nada», explicó.

Según Mancera, en el colegio San Pedro de la Tigra se requieren al menos tres aulas más, para mitigar el problema. Incluso, el rector plantea que se verá obligado a enviar nuevamente a algunos estudiantes a recibir clases en la discoteca del corregimiento, como sucedió hace dos años.

«Es un salón amplio, pero una situación incómoda. Cada fin de semana se desarmábamos el salón de clases para que funcionara el negocio y el lunes volvíamos a armarlo para que asistieran los estudiantes».

Mancera aseguró que en su colegio además la carencia de aulas también hay ausencia de transporte escolar. «Tenemos estudiantes que deben caminar hasta dos horas y media. Los gobernantes no tienen dolencia».

Alcaldía dice que no tiene recursos

La secretaría de Desarrollo Social y Salud de El Playón, Nancy Gutiérrez, aseguró a Vanguardia.com queel municipio no tiene recursos para mejorar la infraestructura de los colegios rurales. «Prácticamente todo el presupuesto para educación se ejecuta en el colegio Camilo Torres. Estamos terminando la primera fase de construcción».

La funcionaria indicó que el alcalde de El Playón, Luis Ambrosio Alarcón, y el rector de San Pedro La Tigra fijaron una reunión para programar una visita a la Gobernación de Santander y encontrar una solución. «El rector no se ha acercado para confirmar dicha reunión”.

Además, Gutiérrez afirmó que para realizar obras relacionadas con educación el municipio depende de la Gobernación de Santander.

Al ser consultada por Vanguardia.com, la secretaria de Educación de Santander, Doris Gordillo, expresó que no tenía conocimiento de esta situación, por lo que no existe un plan para solucionar el problema de hacinamiento en el colegio San Pedro de la Tigra. «Estamos trasladando la información al Gobernador (Didier Tavera Amado), para ver como buscamos los recursos para construir las tres aulas».

Sin embargo Vanguardia.com corroboró que desde el 2015 el colegio ha enviado solicitudes para construir aulas escolares en dicho plantel educativo, tanto a la administración de Richard Aguilar Villa como de Didier Tavera.

A la fecha se desconoce cuántos recursos se necesitarían para edificar aquellos salones, por lo que Gordillo aseguró que se enviaría un ingeniero para que evalúe la situación, sin precisar cuándo. «Quedamos en que el rector vendría en la tarde de este lunes o el próximo miércoles para conocer más detalles».

¿Derroche de recursos?

Raúl Chinome, líder comunitario de El Playón, afirmó a Vanguardia.com que existe un abandono estatal a las escuelas rurales de esta localidad. «Es un municipio ubicado a tan solo una hora de Bucaramanga, pero se ve afectado por la corrupción y falta de liderazgo de esta Administración y las pasadas».

Chinome considera que se debe revisar la distribución de los recursos para la educación en El Playón, pues en una sola obra se invertirían $1.340 millones, al endeudar al municipio. Dicho crédito se pagarían con recursos de regalía entre 2018 y 2026. «Hay otras necesidades en la gran mayoría de las escuelas rurales, incluso algunas están a punto de caer», explica Chinome.

*Fuente: http://www.vanguardia.com/area-metropolitana/bucaramanga/428944-por-falta-de-aulas-estudiantes-de-santander-recibirian-clases-
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España: Las cuentas no salen en Educación

Europa /España/ 02.04.2018/ Fuente: www.hoy.es.

Cualquiera podría pensar que hay una relación directa de causa-efecto entre lo que se invierte en un producto y la calidad de este, que el coche es diferente, por ejemplo, si en su compra se han gastado 20.000 o 40.000 euros; y que el que cuesta más, es mejor.

Sin embargo, los números en Educación son otra cosa o, lo que es lo mismo, en el caso extremeño al menos, la relación causa-efecto no se está produciendo. Es decir, lo que la Administración está invirtiendo en las aulas no está conllevando mejores resultados académicos.

El Consejo Escolar del Estado ha hecho públicas recientemente sus recomendaciones para mejorar el sistema educativo tras chequearlo a fondo. De forma general, hace un llamamiento a los gobiernos para que recuperen la inversión destinada a Educación de antes de la crisis económica, un 5,2% del PIB, con el objetivo de alcanzar el 6% en los próximos años, y teniendo claro que el techo inversor debe elevarse hasta el 7%.

El objetivo, destinar más dinero para mejorar el sistema. Una asignatura pendiente en todas las comunidades autónomas del país, porque ninguna alcanza el 5%, excepto para Extremadura. Nuestra región bate todos los récords con un gasto de la Consejería de Educación equivalente al 7,54% del Producto Interior Bruto (PIB). Una cifra que no solo no alcanzan en el resto del país, sino tampoco en Europa. Lo datos económicos dados a conocer por el Consejo Escolar del Estado ponen de manifiesto que ni los grandes referentes educativos de la Unión, como son Dinamarca, Finlandia y Suecia, alcanzan el 7,54% extremeño. Están cerca, no obstante, especialmente el país danés con un 7,2%, como muestran los gráficos que ilustran esta información.

Además de en la clasificación del PIB, la comunidad autónoma tampoco está mal colocada en el ranking realizado en función del gasto por alumno. En este caso, si la media española sitúa el gasto medio por alumno en centros públicos en 5.169 euros y en 4.537 en los colegios privados, ambas cifras se elevan hasta los 5.881 y los 5.276 euros en Extremadura.

Algunas recomendaciones del Consejo Escolar del Estado

Gasto
Impulsar desde la Administración pública una política de eficiencia del gasto educativo y promover la formación de los directores de centro, entre otras cuestiones, en la gestión y control eficiente del gasto educativo.
Inversión
Recuperar la inversión destinada a educación de antes de la crisis económica, un 5,2% del PIB, con el objetivo de alcanzar, al menos, el 6% en los próximos años.
Docentes
Eliminación, con carácter permanente, de la tasa de reposición en el ámbito de la función pública docente; convocatoria de amplias ofertas de empleo público en todos los cuerpos docentes durante los próximos años para asegurar la prestación del servicio educativo en condiciones de calidad.
Evaluaciones
Que el Ministerio evite la inestabilidad entre los estudiantes publicando las características de las pruebas finales de Primaria, Secundaria y acceso a la Universidad con la suficiente antelación.
‘MIR’ educativo
Que se estudie la posibilidad de un MIR educativo, cuyas condiciones serán debatidas por todos los agentes sociales implicados y la comunidad educativa.

No obstante, no es la comunidad con mayor gasto por alumno en el conjunto del país, aunque sí se encuentra en la parte alta de la tabla. Por encima están los casi 9.000 euros del País Vasco, los más de 6.000 que destinan Navarra, Galicia, Cantabria y Asturias, y también los 5.981 euros en los centros públicos de Castilla y León.

Sin embargo, la realidad desvela que los resultados académicos que obtienen los alumnos extremeños no están en sintonía con la inversión educativa.

Los resultados

El indicador más habitual es, por su trascendencia global y por su amplia muestra, el informe PISA. Y el último señaló que, aunque los resultados suponían una leve mejoría con respecto al anterior, Extremadura está a la cola en Ciencias, Matemática y Lectura junto a Canarias y Andalucía.

Por el contrario, Castilla y León, Madrid y Navarra son las comunidades que copan los primeros puestos en España, uno de los 72 países participantes (35 miembros de la OCDE y 37 países asociados) en esta evaluación que se realiza cada tres años y que, de nuevo, volverá a repetirse este 2018 y Extremadura, como ha anunciado ya la Consejería de Educación, volverá a participar.

Más

El rendimiento del alumno también se refleja en lo que el Consejo Escolar del Estado llama tasa de idoneidad, el porcentaje de estudiantes que están en el curso que les corresponde dada su edad, es decir, los que no han repetido curso. Y en esta clasificación, Extremadura también sale mal parada. Entre los escolares de 10 y 12 años, la región no alcanza la media nacional, como tampoco lo hace con los de 15 años. Solo en lo referente a los alumnos de 14 años, con una tasa de idoneidad del 71,2%, está por encima ligeramente de la media nacional.

No obstante, además de inversión y resultados, para analizar la realidad educativa de un territorio hay que tener en cuenta otros muchos parámetros. Entre ellos, sin duda, su realidad socioeconómica y su dispersión geográfica. Y en el caso de Extremadura es preciso resaltar la apuesta de la Consejería de Educación por mantener las escuelas rurales, aulas con un número de alumnos muy por debajo de la ratio establecida. Una situación que seguro que introduce algún elemento de ineficiencia en el gasto, pero una medida con la que se contribuye al sostenimiento del territorio.

En cualquier caso, porque inversión y resultados académicos no van de la mano, y porque es conveniente acercarlos, el propio Consejo Escolar del Estado introduce en sus recomendaciones que el gran reto es el de la eficacia y eficiencia, el de la gestión adecuada de los recursos. Para ello solicita a las administraciones que impulsen «una política de eficiencia del gasto educativo» para la que sería necesario formar «a los directores de centro, entre otras cuestiones, en la gestión y control eficiente del gasto».

Otros estudios, como ‘Eficacia, eficiencia y equidad educativas en las comunidades autónomas. Financiación pública y políticas de mejora’, elaborado en la Universidad Camilo José Cela por Francisco López Rupérez -anterior presidente del Consejo Escolar del Estado-, exponen también otras propuestas a tener en cuenta por los gestores docentes para mejorar lo que se tiene, para sacar mayor rendimiento de lo que se dispone. Y una de las líneas a seguir, no la única que se recoge en el documento, es potenciar las medidas encaminadas a los alumnos socialmente desfavorecidos. En el caso de Extremadura, una línea a estudiar si se tiene en cuenta que en la región los escolares cuyas familias tienen pocos recursos económicos suspenden más.

Las notas y el dinero

Esta última cuestión acaba de ser estudiada de modo pormenorizado en un informe pionero. Lo firman Rosa Simancas y Gabriela Sicilia, profesoras de las universidades de Extremadura y Autónoma de Madrid, respectivamente, y se titula ‘Equidad educativa en España: comparación regional a partir de PISA 2015’. Su principal aportación es que por primera vez proporciona datos por comunidades autónomas sobre desigualdad y equidad educativa, dos conceptos relacionados pero no equivalentes. «La desigualdad educativa -explican las autoras- implica dispersión (variedad) en los resultados académicos, y por tanto, no supone necesariamente un aspecto negativo del sistema educativo». «Por el contrario -añade-, hablaríamos de inequidad del sistema educativo si las diferencias en las circunstancias socioeconómicas de los alumnos fueran las causantes de tal dispersión».

El estudio concluye que en términos generales, los estudiantes de las comunidades autónomas con más alto nivel socioeconómico obtienen mejores calificaciones, y al revés, aunque hay excepciones. Principalmente dos: Galicia y Castilla y León, que obtienen los resultados más altos en promedio pese a no presentar los niveles socioeconómicos más elevados. De hecho, Castilla y León es la mejor región de España en este y otros análisis sobre la materia. Limita con Extremadura, pero en lo que a sistema educativo se refiere, le saca una ventaja amplia. En el informe PISA 2015 -el primero en el que participaron todas las autonomías- obtuvo un 527 como puntuación media en Ciencias, la nota más alta de España, mientras que Extremadura se quedó en 494 (solo un punto más que la peor, Canarias). Para situarse: PISA, que examina a alumnos de 15 y 16 años, considera que treinta puntos de brecha -y entre extremeños y castellanoleoneses hay 33- equivalen a un curso lectivo de diferencia.

Los matices

En lo que sí está mejor la región que la media es en la nota global sobre equidad. Es decir, el nivel socioeconómico de los estudiantes condiciona sus calificaciones menos que en el conjunto del país. O visto de otra forma: en la región, obtienen peores notas que la media nacional todos, independientemente de su nivel socioeconómico.

Para medir la equidad, el informe publicado por las fundaciones Ramón Areces y Europea Sociedad y Educación toma como referencia el ISEC (Índice Social, Económico y Cultural). Se obtiene a partir de los cuestionarios que alumnos, padres, profesores y directores de centros elaboran para el PISA, y tiene en cuenta principalmente tres factores: el nivel educativo de los padres medido según los años de escolarización, el trabajo que tienen los progenitores y el número de recursos formativos y culturales que hay en el hogar, como libros o dispositivos digitales, entre otros.

Este valor permite a las autoras relacionar nivel soecionómico y resultados académicos. El entorno socioeconómico condiciona el rendimiento académico de once de cada cien alumnos. La tasa nacional es del trece, y los extremos los marcan Galicia (6 por ciento ) en el lado positivo y Murcia (17) en el negativo.

Por el contrario, Extremadura presenta el segundo porcentaje más bajo del país de alumnos resilientes, que son aquellos que logran sobreponerse a su origen socioeconómico desfavorable obteniendo altos niveles de desempeño», según definen Sicilia y Simancas.

En el capítulo de conclusiones, las autoras del estudio sitúan a Extremadura, junto a Andalucía, en el capítulo de regiones con elevados niveles de desigualdad y equidad. «Las mejores estrategias para incrementar el rendimiento promedio -aconsejan- serían aquellas diseñadas como intervenciones educativas mixtas, centradas tanto en alumnos de bajo rendimiento como en alumnos desfavorecidos».

Fuente de la noticia: http://www.hoy.es/extremadura/cuentas-salen-educacion-20180401002301-ntvo.html.

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Estado, políticas públicas y educación

Compiladores: Maria de Lourdes Pinto de Almeida. Marilda Pasqual Schneider. Jaime Moreles Vázquez. 

Autores: Antonio Bolívar. Camila Regina Rostirola. Daniel Schugurensky. Durlei Maria Bernardon Rebelatto. Edite María Sudbrack. Elton Luiz Nardi. Enrique Martínez Larrechea. Hildegard Susana Jung. Iana Gomes de Lima. Jaime Moreles Vázquez. José Camilo dos Santos Filho. João dos Reis Silva Júnior. Leticia Pons Bonals. Luiz Carlos Anelli Júnior. Maria de Lourdes Pinto de Almeida. Marilda Pasqual Schneider. Rosimar Serena Siqueira Esquinsani. Sara Aliria Jiménez García. Tharles Gabriele Cauduro.

Año: 2018

País: Argentina

Editorial: Clacso

Resumen: En ninguna otra época de la historia de la educación brasileña la infancia ha recibido tanta atención como en los días de hoy a tal punto que la educación infantil pasó a integrar la educación básica obligatoria. La aprobación de la Ley nº 12.796 en abril de 2013 que hizo compulsoria la matrícula a los cuatro años de edad en la Educación Infantil es tan sólo uno de los indicativos de cómo el tema de la infancia es central en la atención hodierna de educadores, gestores, investigadores, políticos y de la sociedad de modo general. Sin embargo, esa centralidad de la infancia e incluso la aprobación de la referida Ley, no nos garantiza que de veras se efectúe el cuidado educacional del niño. Por esa razón, tratar de la infancia, de su presencia en la escuela de forma compulsoria, de las condiciones de infraestructura para acoger a ese niño que llega más temprano a la escuela, de la manera como los municipios y las escuelas se están preparando para atender a esta nueva demanda formativa, son desafíos que necesitan ser enfrentados. El propósito de esta obra reside en contribuir para la calidad de la educación, especialmente la educación infantil. Esta obra presenta un estudio que hace una fotografía del esfuerzo de un municipio brasileño, de la región Sur, para hacer frente a la obligatoriedad legal de ofrecer educación infantil de calidad a los niños de 4 y 5 años. Más que etapa compulsoria, reflexiona sobre el derecho de tal nivel de escolarización, capaz de aportar elementos que contribuyan con las etapas subsecuentes de la Educación Básica. En esta perspectiva, el texto conyuga la ampliación del acceso con el desafío de la calidad.

Descargar aquí: http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20180323034026/Estado_politicas_publicas_educacion.pdf

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