Políticas Educativas

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Reseña del libro “Educación, Política y Movimientos Sociales” (PDF)

Reseñas

Por: Selene Kareli Zepeda Pioquinto*

El libro Educación, Política y Movimientos Sociales, fue coordinado por la Doctora Guadalupe Olivier, está conformado por nueve capítulos, en los que colaboran: Lucía Rivera Ferreiro, Sergio Tamayo, Roberto González Villarreal, Massimo Modonesi, Saúl Velasco Cruz, Eduardo Bautista Martínez, Aleksandra Jablonska y Alejandro Álvarez Martínez.

Dicho libro se editó por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco y la Red Mexicana de Estudios de los Movimientos Sociales en 2016, con número ISBN-13 9786072809734, mismo que cuenta con 271 páginas.

Los autores antes mencionados son especialistas en educación intercultural, movimientos sociales, política educativa, educación artística; y a partir de la presente obra, han logrado mirar e investigar a la educación más allá de los centros escolares; tal como lo señala Olivier, “desde el ámbito político de la educación, frecuentemente se encuentran perspectivas que se concentran en el análisis y evaluación, en el mejor de los casos, de las políticas educativas (Olivier, 2016, p. 11). De tal manera, los análisis que en su mayoría se realizan respecto a educación “parten de una definición acotada de lo educativo, asociándolo a lo escolar, donde lo que puede observarse es una suerte de contextualización del problema educativo en el marco de luchas y disputas por el poder, pero sin tomar como eje básico propiamente el conflicto y las resistencias como el aspecto nodal desde una perspectiva que impacta en los procesos educativos” (Olivier, 2016, p. 11).

En este sentido, uno de los objetivos centrales del libro es dar muestra “de cuando la educación se encuentra con los movimientos sociales”, así como exponer “Casos y experiencias” concretas. De tal modo que, en el primer capítulo, Guadalupe Olivier presenta el carácter político de la educación, eje central que atraviesa toda la obra, siendo este: lo político, el conector entre educación con los movimientos sociales.

En los capítulos subsecuentes se hace un acercamiento particular a esas Otras formas de mirar el campo educativo, donde lo alternativo, la organización colectiva, lo pluricultural y multicultural también gestan proyectos en educación que muchas de las veces surgen a raíz de los movimientos sociales, como ha sido el caso de “El Centro de Estudios para el Desarrollo Rural” en Puebla, México; el Movimiento de los videoastas comunitarios, México; las expresiones artísticas populares del Movimiento Social Haitiano; así como las luchas, experiencias y educación política de la generación postzapatista, México. Siendo estos algunos de los casos concretos en los que profundizan los autores del libro.

A través de la obra Educación, política y movimientos sociales, se hace una invitación a ampliar la mirada con la cual se estudia a la educación, al tiempo que se exponen esas acciones educativas que dan cuenta de una educación contestataria, emancipatoria y comunitaria.

Enlace para descargar y leer el libro: https://redmovimientos.mx/wp-content/uploads/2020/07/Educacion-Pol%C3%ADtica-y-Movimientos-Sociales-Olivier.pdf

 

*Investigadora del Centro Internacional de Investigaciones «Otras Voces en Educación». Socióloga de la educación. Maestra en Desarrollo Educativo con especialidad en Política Educativa.

Fuente: la autora escribe para OVE

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Libro(PDF): Sentidos de lo común en la discusión teórica y en las políticas educativas en cinco países latinoamericanos

Reseñas

Reseña: CLACSO

*Disponible sólo en versión digital

 

En la universidad hay una conversación entre generaciones y entre quienes están involucrados en las prácticas académicas que debería seguir viva, cualquiera sean los formatos, los lenguajes y los artefactos que seamos capaces de crear o movilizar. Parte del futuro de la república académica se juega en los modos que encontremos de revitalizarla, de sacarla de la «evaluatitis» en la que muchas veces nos sumergen, y también se juega en la potencia de las nuevas revueltas estudiantiles para sumarse a esta conversación y animarse a replantear los términos y alcances en que se da. A ellos habría que darles la palabra.

Autor: Rosa Nidia Buenfil Burgos. [Coordinadora]

Rosa Nidia Buenfil Burgos. Ernesto Treviño Ronzón. Alejandro Pimienta Betancur. Daniel Saur. Sebastián Barros. Myriam Southwell. Olaya Ondina Dotel Caraballo. Pablo Toro Blanco. [Autores de Capítulo]

Editorial/Edición: CLACSO. 

Año de publicación: 2021

País (es): Argentina

ISBN: 978-987-722-811-3

Idioma: Español

Descarga: Sentidos de lo común en la discusión teórica y en las políticas educativas en cinco países latinoamericanos

Fuente e Imagen: https://www.clacso.org.ar/libreria-latinoamericana/libro_detalle.php?orden=&id_libro=2343&pageNum_rs_libros=0&totalRows_rs_libros=1508

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Denuncian a la Diputación de Cáceres por la destrucción de plantas insectívoras protegidas

Tercera Información

Por: Tercera Información

  • La destrucción de plantas de Drosera rotundifolia, una especie insectívora protegida como Sensible a la Alteración del hábitat, por parte de los Servicios de Conservación de Carreteras de la Diputación de Cáceres ha provocado dicha denuncia.
  • Ecologistas en Acción de Extremadura espera que se llegue al fondo de esta investigación y se depuren responsabilidades técnicas y políticas, así como que se produzcan cambios en la gestión ambiental de las carreteras de diputación de Cáceres, eliminándose, entre otras prácticas, el uso de herbicidas en las cunetas de las carreteras de la diputación provincial.

Ecologistas en Acción de Extremadura ha presentado una denuncia contra responsables del Servicio de Conservación de Carreteras de la Diputación de Cáceres. Dicha denuncia ha sido presentada ante la Fiscalía de los Juzgados de Plasencia por hechos que pueden revestir un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, relativos a la flora y fauna silvestres.

Los hechos, que llevan produciéndose en los últimos años de manera reiterativa, afectan a las poblaciones de diversas plantas protegidas y, en los últimos tiempos, a la especie Drosera rotundifolia, especie incluida en el catálogo de flora amenazada de Extremadura. Esta especie es una de las únicas dos plantas insectívoras presentes en la región extremeña.  En los márgenes de la carretera CC-102 entre Hervás y Jerte, la asociación ha tenido conocimiento de la destrucción por parte de los Servicios de Conservación de Carreteras de Diputación de Cáceres de una turbera (hábitat protegido) con la presencia de ejemplares de esta y otras especies protegidas.

De esta manera, ha comprobado como las rozas y vertidos de herbicidas realizados a tramos en la carretera CC-102 (Puerto de Honduras) por el servicio de Conservación de Carreteras de Diputación de Cáceres han supuesto la destrucción del 90% de una de las pocas turberas presentes en la región, que contaba con decenas de ejemplares de Drosera rotundifolia.

Ya en la pasada primavera ocurrieron hechos parecidos cuando el mismo organismo de Diputación roció con herbicida todas las cunetas de la misma carretera, dañando o eliminando varios ejemplares de especies protegidas de Cephalantera rubra (que cuenta con tan sólo 10-20 pies en la región), Limodorun abortivum, y más de 11 ejemplares de Neottía nidus-avis (catalogada como Vulnerable y de la que tan sólo se conocen dos poblaciones en Extremadura).

Se da la circunstancia agravante de que la existencia de estas poblaciones de plantas protegidas es conocida desde hace muchos años en esa carretera, tanto por la Junta de Extremadura como por la propietaria de dicha carretera, la Diputación de Cáceres. De hecho, la Drosera rotundifolia L. está catalogada por la Junta de Extremadura en el Catálogo Regional de Especies Vegetales Amenazadas como Sensible a la Alteración del Hábitat por Decreto 78/2018, que modifica y regula el catálogo regional de especies protegidas de Extremadura.

A pesar de lo expuesto, el Servicio de Conservación de Carreteras de Diputación de Cáceres viene utilizando herbicidas y desbrozando físicamente dichas poblaciones de plantas, según la estación del año, de forma reiterada como métodos de limpieza de hierbas en las cunetas, afectando gravemente a las plantas de esta población amenazada.

Estos desbroces de vegetación, que afectan tanto a especies protegidas como a espacios protegidos, deben ser contemplados en la redacción de los “Planes anuales y plurianuales de Conservación y Mantenimiento de Carreteras” de la Diputación de Cáceres y que, debido a estas afecciones, dichos planes deben ser informados por el Servicio de Conservación de la Naturaleza y Espacios Protegidos de la Junta de Extremadura.

Además la utilización de herbicidas en cunetas suponen una utilización alegal e irregular de estos productos, puesto que está prohibida su utilización sobre medios acuáticos y cursos de agua, siendo las cunetas una extensión más de la red de drenaje de ríos y cuencas hidrográficas.

Hay que resaltar que dichas plantas se encuentran en un hábitat de interés prioritario Cod UE. 7130 y de un espacio protegido de la Red Natura 2000 Sierra de Gredos y Valle del Jerte (Site Code: ES4320038).

Resulta patente, a la luz de lo expuesto, que los Servicios de Conservación de Carreteras de Diputación de Cáceres están poniendo en grave peligro la supervivencia de Drosera rotundifolia L. y el hábitat prioritario de Turberas, por su destrucción mediante medios mecánicos (desbroces) y herbicidas, con vulneración de Leyes y disposiciones de carácter general protectoras del medio ambiente en dicho lugar. La reiteración de los hechos pone en evidencia la existencia de dolo, así como la posibilidad de dejación de funciones y prevaricación pasiva por parte de los técnicos, tanto de la Junta de Extremadura como de la Diputación Provincial de Cáceres.

Fuente: https://www.tercerainformacion.es/articulo/actualidad/01/05/2021/denuncian-a-la-diputacion-de-caceres-por-la-destruccion-de-plantas-insectivoras-protegidas/

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Los que se fueron de la escuela (Parte I)

Observatorio del Derecho a la Educación y la Justicia

Por: María Eugenia De la Chaussée Acuña / Itzel López Nájera

Universidad Iberoamericana Puebla

El Observatorio del Derecho a la Educación y la Justicia (ODEJ) es una plataforma para el pronunciamiento público, impulsado por el Campo Estratégico en Modelos y Políticas Educativas del Sistema Universitario Jesuita (SUJ). Su propósito consiste en la construcción de un espacio de análisis informado y de posicionamiento crítico de las políticas y las reformas educativas en México y América Latina, arraigado en la realidad social acerca de las injusticias del sistema educativo, y recupera temas coyunturales y estructurales con relación a la agenda educativa vigente.

El propósito del siguiente artículo es presentar cómo se ha comportado el abandono escolar durante la contingencia por Covid-19; conocer los motivos del estudiantado según la manera en que los registra el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), y articular ambas dimensiones con la situación de pobreza estructural por la que atraviesa nuestro país.

De acuerdo con la SEP (2020), en el ciclo escolar 2019-2020 estuvieron inscritas 36.519 millones de personas en el sistema educativo nacional y para el ciclo escolar vigente, 2020-2021, únicamente 30.000 millones (Redacción. El Economista, 2021), es decir, dejaron de ir a la escuela de un ciclo escolar al otro, 6.519 millones (17.9%). Tan sólo en un año se perdieron 20 años de avance en la matrícula escolar, pues en el ciclo escolar 2000-2001, México tenía cerca de 30 millones de inscritos. En este escrito se entiende por abandono escolar lo que plantea la SEP, es decir, es la cantidad de alumnos que abandonan la escuela de un ciclo escolar a otro.

Según la encuesta ECOVID-ED para la medición del impacto de la Covid 19 en la Educación, realizada por el INEGI (2021), los estudiantes no se inscribieron por razones asociadas a la Covid-19 como el hecho de que alguno de los padres o tutores quedaron sin trabajo, o por falta de dinero o recursos para comprar un dispositivo electrónico (como una tv, computadora, celular, tableta o pagar la internet o la luz).

El abandono escolar y, como consecuencia, la falta de escolarización tiene implicaciones tanto personales como sociales, y afecta de distinta manera a las diferentes edades poblacionales. Desde el punto de vista social, reduce el nivel educativo general, empobrece la cultura, evita procesos necesarios de socialización, de educación en valores cívicos, democráticos y morales, trunca las posibilidades de contar con mejores empleos, obligando a la población a contratarse en empleos poco rentables como el informal, o ilegales como el narcotráfico o la delincuencia organizada. Para una persona puede implicar la incapacidad de leer, escribir, o realizar las operaciones matemáticas básicas.

Encuesta para la Medición del Impacto Covid-19
en la Educación (ECOVID-ED) 2020

A continuación, se presentan algunos datos significativos para el fenómeno del abandono, recogidos de la Encuesta para la Medición del Impacto Covid-19 en la Educación, relativos a los ciclos escolares 2019-2020 y 2020-2021. El dato global nacional es que 2.2% de la población de 3 a 29 años (es decir, 738.4 mil personas) declararon no concluir el grado escolar en el que se encontraba inscrito. Desagregado por nivel educativo, el nivel medio superior se identificó con el porcentaje más alto de no conclusión del ciclo escolar 2019-2020, con 3.6%, seguido de la secundaria, con 3.2%.

De esas 738.4 mil personas que no concluyeron, más de la mitad (58.9%) señaló que fue por un motivo relacionado a la Covid-19; 8.9% por falta de dinero o recursos; 6.7% porque tenía que trabajar y, finalmente, el 25.5% restante mencionó otros motivos distintos. El hecho de que desde ECOVID se desagregaran de esta manera los motivos, nos impide leer hasta qué punto la deserción fue causada exclusivamente por la pandemia, hasta dónde por razones meramente económicas, y qué tanto las segundas fueron en realidad consecuencia de la primera. Nos queda exclusivamente el dato de que 58.9% atribuyó a la Covid la causa de su no-conclusión, por lo que podemos interpretar a la contingencia como un factor relevante de abandono (hasta el momento no puede asegurarse si temporal o definitivo). Esto nos lleva a cuestionarnos, ¿qué tan significativo es, en términos históricos?

Los motivos específicos asociados a la Covid-19 por los que no se concluyó el ciclo fueron: perdió el contacto con maestras/maestros o no pudo hacer tareas (28.8%), alguien de la vivienda se quedó sin trabajo o redujeron sus ingresos (22.4%), la escuela cerró definitivamente (20.2%) y carecía de computadora, otro dispositivo o conexión a internet (17.7%). Aquí podría inferirse que los motivos “pérdida de trabajo” y “carencia de dispositivo o red”, nos llevan nuevamente a la variable “falta de recursos”, contabilizada arriba en 8.9%.

El porcentaje de población que No concluyó el ciclo escolar por motivo de la pandemia por Covid-19, según el nivel de escolaridad, se observa de la siguiente manera: preescolar (94.7%), primaria (73.2%), media superior (35.9%), educación superior (44.6 %); por lo cual, las infancias resultaron el sector poblacional más afectado.

¿Con qué insumos tecnológicos contaba la población en edad escolar durante estos periodos, como para continuar, o no, su preparación escolarizada? La herramienta digital más utilizada por las y los estudiantes fue el teléfono inteligente, con 65.7%; le siguió la computadora portátil, con 18.2%; la computadora de escritorio, con 7.2%, la televisión digital, con 5.3%, y la tablet con 3.6 %. En el nivel básico (primaria y secundaria), 70% utilizó el celular inteligente para continuar con su educación. La cifra nos muestra un escenario de precariedad digital, a lo cual se suma el siguiente dato: del total de estudiantes de primaria, 74.6 % comparte el dispositivo para tener sus clases y realizar sus tareas. Para el caso del alumnado de nivel medio superior, 61.1% y de nivel superior, 67.7% dispusieron del dispositivo con exclusividad. Esta disparidad nos hace notar que el dispositivo, su propiedad o su carencia, estaría configurando un posible escenario de dificultad en la continuidad de los estudios, o incluso de posible abandono. Para el ciclo escolar 2020-2021 esto queda evidenciado en la gráfica 1, donde 21.9% de los no inscritos, reporta carecer de computadora, dispositivo o conexión.

Gráfica 1

Nota: Suma más de 100% porque fue mencionado más de un motivo.

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI (Encuesta para la Medición del Impacto Covid-19 en la Educación

De la población No inscrita en el ciclo escolar 2020-2021, se tiene que 5.2 millones 3 a 29 años (9.6% en relación con la población total de 3 a 29 años), no están inscritos por Covid-19 o por motivos económicos para el ciclo escolar 2020-2021. De éstos, 3 millones corresponden al nivel de educación básica (preescolar, primaria y secundaria).

Respecto al dato de población que refiere no haberse inscrito por motivo relacionado a la pandemia se tiene que, para el rango de 6 a 12 años, lo indica 1.4%; para las edades de 13 a 15 años se tiene 4.8%, se incrementa la razón de no inscripción por Covid-19 para el grupo de 16 a 18 años con 6.8% y para el rango de 19 a 24, lo indica 5.2%.

Cabe remarcar que no es posible asegurar que hay abandono en un sentido tajante, pues según las razones esgrimidas ‒“las clases a distancia son poco funcionales”, “alguno de los padres se quedaron sin empleo”; “carece de computadora, dispositivo o conexión a internet”; “la escuela cerró definitivamente”; “el padre, madre o tutor no puede estar al pendiente”; “un familiar enfermó o falleció por Covid”; “el/la alumna enfermó de Covid”‒, todas ellas se encuentran dentro del ámbito de las consecuencias de la pandemia, y de ninguna de ellas se deriva que NO SE PIENSE VOLVER A LA ESCUELA, si es que las condiciones por pandemia y/o económicas se modificaran. La ECOVID-ED 2020 pudo haber indagado si pensaban volver en algún momento, cuando las condiciones fueran otras; sin embargo, al no preguntarlo, sólo contamos con datos para afirmar lo siguiente: sí hubo un importante número de no-conclusión del grado por razones de pandemia; igualmente fue importante el número de los que no se inscribieron al siguiente ciclo por esta razón. La interrupción en la escolarización sólo podrá establecerse como abandono o deserción, cuando haya concluido el ciclo escolar, y cuando sea posible registrar en datos cuantificables los efectos de la contingencia; mientras tanto, lo que sí podemos afirmar es que, al margen de que vuelvan o no los que se fueron, esas cifras de no conclusión van a representar un rezago para cada estudiante que retorne, y para el sistema educativo en su conjunto.

Abandono y pobreza

Según los datos históricos siguientes (ver Gráfica 2), en promedio, entre 2012 y 2019, 14.6% de los estudiantes de educación media superior, 7.5% de los de educación superior, 4.8% de los de secundaria y 0.7% de los de primaria abandonaron la escuela. Estos datos nos muestran que históricamente han abandonado más la escuela los alumnos de educación media superior, después los de educación superior y menos los de secundaria y primaria.

Gráfica 2

Fuente: Elaboración propia con datos de la SEP (www.planeación.sep.gob.mx/principalescifras/)

Los efectos de la pandemia por la Covid-19 representan nuevos retos para la educación en México. Sin embargo, buena parte del abandono escolar se debe al desempleo de los padres o a la falta de dinero o de recursos de las familias, lo cual nos debe llevar a preguntarnos qué ha pasado con el desempleo y, en el fondo, con la pobreza en México. Si no se atienden ambos aspectos, difícilmente se podrá mejorar la educación.

La pobreza está arraigada históricamente en la sociedad mexicana, y diversos autores como Moreno-Brid y Ros, (2009) Puyana y Romero, (2009), Boltvinik y Damián (2016), entre otros, la han abordado en su complejidad. Además de bajo ingreso y consumo, trae consigo analfabetismo, desnutrición y mala salud.

Para el Banco Mundial, los pobres son las personas que viven con menos de dos dólares al día, mientras que los que viven en pobreza extrema se mantienen con menos de 1.25 dólares.

A nivel mundial, en los años 80 comenzó a desarrollarse el concepto de pobreza multidimensional, tomando en cuenta no sólo la falta de recursos monetarios y materiales, sino también las carencias en educación, seguridad y libertad (Ortiz y Ríos, 2013).

Para el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval, 2010), la pobreza multidimensional implica que una persona se encuentra en dicha condición cuando no tiene garantizado el ejercicio de al menos uno de sus derechos para el desarrollo social, y si sus ingresos son insuficientes para adquirir los bienes y servicios que requiere para satisfacer sus necesidades.

Desde 2008, en México, con base en la información proporcionada por el INEGI, el Coneval publica cada dos años información sobre la medición multidimensional de la pobreza. Según Forbes (2021), los datos de Coneval correspondientes a 2020 estarán disponibles en agosto de 2021, aunque han hecho públicas algunas estimaciones. Para la medición, Coneval utiliza nueve indicadores: Ingreso, Rezago educativo, Acceso a los servicios de salud, Acceso a la seguridad social, Acceso a la alimentación, Calidad y espacios de la vivienda, Acceso a los servicios básicos en la vivienda, Grado de cohesión social y Grado de accesibilidad a carretera pavimentada.

Como puede observarse en la gráfica 3, en México, el número de personas en situación de pobreza pasó de 49.4 millones en 2008 a 70.9 en 2020, es decir, en 12 años se incrementó en 21.5 millones de personas.

Gráfica 3

Fuente: Elaboración propia con base en indicadores del Banco Mundial, de Coneval (de 2008 a 2018) y Forbes (2021).

Los datos anteriores implican que el porcentaje de la población en situación de pobreza pasó de 44.6% a 56.3% entre 2008 y 2020 (Gráfica 4).

Gráfica 4

  Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la Gráfica 3.

El reto mayor sigue siendo el sureste del país, donde se encuentran las entidades federativas con mayor porcentaje de población en situación de pobreza en la década 2008-2018: Chiapas (77.0% a 76.4%), Guerrero (68.4% a 66.5%), Oaxaca (61.8% a 66.4%), Veracruz (51.2% a 61.8%) y Puebla (64.6% a 58.9%) (Coneval, 2018).

Si bien es cierto que el gasto en programas sociales y combate a la pobreza se ha venido incrementando en las últimas décadas, esto no ha logrado revertir en gran medida la pobreza que afecta a México, pues en algunos periodos disminuyó, pero en los últimos años ha vuelto a aumentar. El modelo económico vigente no ha logrado corregir el problema de la pobreza, la desigualdad económica y, por lo tanto, la educación.

Articulando

De acuerdo con el comportamiento histórico expuesto, el estudiantado de nivel medio superior fue el que más abandonó sus estudios en el ciclo escolar 2019-2020, agravándose en este ciclo la situación de abandono por motivos de pandemia, lo que significa, para este nivel, 35.9%. Aunado a este abandono, se encuentran las cifras para el resto de niveles, donde los de preescolar representan un alto porcentaje, con 94.7% y la primaria con un también alto número de 73.2%.

Como se mencionó, entre los motivos más reportados en covid, tanto los directamente relacionados con la pandemia como otros indicados, muestran variables de carácter económico. Esta dimensión es significativa si tomamos en cuenta que las cifras de pobreza aumentaron también para este periodo, pasando de 41.6% de la población en situación de pobreza en 2018, a 56.3% en 2020. Pobreza y abandono son dos variables que parecen presentar una relación importante a primera vista en este contexto, y esta mirada panorámica que presentamos parece arrojar que las cifras por venir no resultarán del todo satisfactorias en términos de lo que significará para el rezago en el sistema educativo nacional.

Referencias

Boltvinik, J., y Damián A. (2016). Pobreza creciente y estructuras sociales cada

 vez más desiguales en México. Una visión integrada y crítica. Acta

Sociológica, 70(mayo-agosto), 271-296.

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (2019). Diez 

años de medición de pobreza en México, avances y retos en política social,

Cd. de México: Coneval.

 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2021). Encuesta para la Medición

del Impacto Covid-19 en la Educación (ECOVID-ED) 2020, Cd. de

México: INEGI.

Forbes (2021). 9.8 millones de nuevos pobres en México por pandemia. México: Coneval. https://www.forbes.com.mx/noticias-mexico-9-millones-pobreza-pandemia-coneval/#:~:text=El%20Coneval%2C%20organismo%20p%C3%BAblico%20que,el%2056.7%25%20de%20la%20poblaci%C3%B3n

Moreno-Brid, Juan C. y Ros, Jaime (2009), Development and Growth in the 

Mexican Economy: A Historical Perspective, New York: Oxford

Press.

Ortiz Galindo, J., y Ríos Bolívar, H. (2013). La Pobreza en México, un

análisis con enfoque multidimensional, Análisis Económico, XXVIII(69, septiembre-diciembre), 189-218.

Puyana, A., y Romero J. (2009). De la crisis de la deuda al estancamiento

 económico, México:  El Colegio de México.

Redacción (2021). La SEP inaugura el ciclo escolar 2021, 30 millones de estudiantes inician clases en casa, El Economista, 24 de agosto. https://www.eleconomista.com.mx/politica/SEP-inaugura-ciclo-escolar-2020-2021-arrancan-clases-a-distancia-20200824-0018.html

Fuente e imagen: http://www.educacionfutura.org/los-que-se-fueron-de-la-escuela/

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SEP: Adopta criterios burocráticos, no académicos

Juan Carlos Miranda Arroyo

Por: Juan Carlos Miranda Arroyo

Los criterios que toman las autoridades educativas y el personal de las mesas de “ayuda” son lamentables y escandalosos…

“Reforma Educativa” de la “4T”

Hoy ratifico lo que había manifestado días antes cuando envié, por este medio, una carta pública a la Mtra. Delfina Gómez, secretaria de Educación Pública:

Me parece que están cerradas las puertas para las profesoras y profesores que tienen experiencia en el sistema educativo público, como docentes, asesores técnicos o directores escolares, en el nivel de educación básica o media superior, ya que no han sido aceptados para concursar por una plaza de ascenso o promoción, dentro del marco legal y reglamentario establecidos desde 2019, debido a inconsistencias, de procedimiento, creadas por la propia burocracia educativa.

¿Cómo es posible que estas políticas, de “cierre de puertas” burocráticas, esté dirigido a las maestras y los maestros que cuentan con más de 15 o 20 años de experiencia docente o directiva en la escuela pública? Que, además, se han preparado académicamente (con la realización de estudios de licenciatura y posgrado en educación), pero que la normatividad de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM) no les ha permitido concursar por detalles de tipo burocrático (de forma) y sin aplicar criterios académicos o de responsabilidad dentro del sistema educativo (de fondo).

Hay docentes y directivas o directivos escolares que tienen más de 20 años de servicio docente en la escuela pública; o con más de 6, 8 o 10 años de experiencia como directoras o directores, quienes cuentan además con títulos de licenciatura (en instituciones de educación superior reconocidas por la propia SEP) y maestría en educación, o en disciplinas o campos de conocimientos afines, y que han recibido diplomas o constancias de reconocimiento al mérito académico (SEP), pero que durante el actual proceso de promoción (2021) no fueron aceptados debido a detalles de forma (falta de alguna fotografía o de algún sello); esto aun cuando han entregado documentos expedidos por la SEP.

Vuelve el cántaro al agua

Los criterios que toman las autoridades educativas y el personal de las mesas de “ayuda” son lamentables y escandalosos: ¿Por qué la propia SEP no reconoce a las maestras y los maestros que cursaron los programas nacionales de nivelación, actualización o regularización organizados en otros tiempos por la misma dependencia del gobierno federal? ¿Tiene lógica académica esa línea de políticas públicas educativas de exclusión? ¿O más bien lo que prevalece, una vez más, es la racionalidad (irracionalidad) burocrática?

Como se puede apreciar, estos procesos o trámites burocráticos, donde se deja fuera de los concursos a personas que han desarrollado una trayectoria académica decorosa, son injustos y contradictorios. Y no se trata de que a las y los docentes, en cientos de casos que hay como éste en México, se les otorguen plaza de directores o de supervisores escolares a través del nefasto “dedazo”, sino que se les permita concursar y demostrar sus capacidades académicas, docentes, directivas y profesionales en igualdad de condiciones.

Me pregunto una vez más: ¿Es intencional, por parte de la SEP, que se pongan en práctica este tipo de políticas inflexibles y de puertas cerradas? ¿Acaso las plazas ya están pactadas con las cúpulas sindicales nacionales y locales? Si eso es así ¿Entonces para qué se publican las convocatorias?

Más preguntas ¿Lo que buscan las autoridades educativas, federales y estatales, es contratar o promover sólo a quienes cuentan con estudios de normal básica, sin que hayan tenido el compromiso de prepararse más allá de esa formación elemental? Por lo que veo, todo parece indicar que, con estas políticas educativas y administrativas (con énfasis en decisiones burocráticas, no académicas), se busca premiar al “mínimo esfuerzo” académico y las más cortas trayectorias o experiencias profesionales.

Es lamentable, con este cuadro de hechos, el rumbo que toma, hoy, la “Reforma Educativa” de la “4T” (desde 2019), pues se cierran las puertas de las oportunidades para todas y todos aquellos trabajadores de la educación que han participado en los diferentes esquemas de “nivelación”, de “actualización” o de “superación profesionales”, que la propia SEP puso en marcha durante las últimas tres-cuatro décadas en todo el país, tanto para la educación básica como media superior.

¿Dónde están los dirigentes altos y medios del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación para defender a sus agremiados? ¿Dónde quedaron las figuras educativas y académicas previstas en la ley (Comisiones Tripartitas) para salvaguardar el sentido académico (no burocrático) de los concursos de admisión y promoción? ¿Dónde quedan los principios de transparencia y de rendición de cuentas ante este tamaño de atropellos?

Cabe resaltar que este tipo de atropellos y violaciones a los derechos de las y los trabajadores de la educación no sólo se han presentado en docentes y directivos de educación básica sino también en media superior; ello ha sucedido en estados como Querétaro, Estado de México, Tamaulipas, Chiapas, Quintana Roo y Jalisco, pero no dudo que hoy en día también se presentan, lamentablemente, en otras entidades del país. ¿Éste será el sello de la revaloración o revalorización del magisterio durante la gestión de la SEP en el marco de la “4T”?

Desde marzo pasado y hasta el momento en que escribo este texto (16 de abril), me han reportado, vía correo-e, diferentes casos donde la autoridad y las burocracias locales han actuado en contra de distintas figuras educativas, todas ellas y ellos aspirantes a una promoción (movilidad vertical) o al reconocimiento institucional, a través de incentivos económicos (movilidad horizontal), quienes han sido mal atendidos y pésimamente auxiliados, con actitudes de puertas cerradas.

Como parte de las inconformidades que, adicionalmente, se han cometido en contra de las y los aspirantes a ingresar al servicio público docente, mediante concursos de admisión, el próximo lunes 19 de abril se llevará a cabo una concentración frente a Palacio Nacional, para expresar de manera pacífica el malestar de las y los docentes ante este proceder de las burocracias educativas.

Hago un atento llamado para que la misma SEP, la Subsecretaría de Educación Básica, las autoridades educativas locales (en las entidades federativas) y USICAMM revisen de inmediato estos casos de bloqueo, abuso y maltrato a las y los maestros durante los procesos de admisión y promoción, a efecto que los resuelvan a favor de los participantes que lo ameriten o que reúnan los requisitos establecidos en la normatividad, porque sin ello se tenderán a bajar los niveles de valor académico que requiere la educación pública en México.

Fuente: SDPnoticias.

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Presencialidad ¿Les importa la educación?: Soledad Acuña y los hitos de su gestión

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Por: Patricio del Corro/Izquierda Diario 

La educación se transformó en una bandera en disputa entre el gobierno nacional y el gobierno de la Ciudad ¿Qué se discute y qué no? ¿Cuáles son los hitos de la gestión cambiemita en CABA? ¿Qué tapa la polarización por la presencialidad?

El estado de las escuelas, la falta de herramientas de la conectividad, la precarización de la docencia, y también cómo las escuelas son un lugar clave para que las y los pibes coman en un país donde 6 de cada 10 niñes viven en la pobreza, son algunos de los problemas estructurales que ningún gobierno ha cambiado, más bien han sido todos parte del problema.

Pero en la Ciudad de Buenos Aires el oficialismo tiene una tradición y una línea clara. No nos resulta una novedad el ataque del gobierno de Larreta y sus aliados a las y los docentes, estudiantes y hasta a padres y madres. Si vemos la gestión del actual oficialismo encontraremos una constante en la política de desfinanciamiento, de incentivo a la gestión privada de la educación, de avance en la degradación de los contenidos (con la plataformización como eje) y, para garantizar esto, siempre atacan toda forma de organización de docentes y estudiantes.

La confrontación con la comunidad educativa suele tener un objetivo electoral (Como hoy en día) o de corto plazo. El PRO y Larreta en particular, han sabido utilizar bien la jugosa pauta oficial (en 2020 gastó $900.000.000) para llenar de entusiasmo en el ataque a sus periodistas amigos.

Las y los docentes, y la comunidad educativa en general, han sido uno de los focos de ataque del oficialismo y esto también se debe a una voluntad de reducir lo más posible todo tipo de resistencia a sus políticas. Algunos de los ataques emblema fueron la eliminación de las Juntas de Clasificación docentes en 2011. El objetivo era simple: eliminar el sistema de elección que tenía la docencia para ese trabajo y poner funcionarios propios.

Para ese entonces Soledad Acuña ya era Subsecretaria de Equidad Educativa en el Ministerio de Educación y una de las espadas públicas de ese combate.

Acuña había llegado a ese cargo luego de la renuncia como ministro de Mariano Narodowski. ¿Por qué renunciaba? Por la causa por las escuchas ilegales donde Ciro James, siendo funcionario del Ministerio, espiaba hasta al cuñado de Mauricio Macri. Quien quedaba al frente de la cartera de Educación era el poeta contemporáneo, Esteban Bullrich.

Tanto Bullrich como Soledad Acuña venían del “Grupo Sophia”, una de las clásicas ONGs neoliberales, en este caso creada por Horacio Rodríguez Larreta, en los noventas y financiada desde el principio por instituciones como el Banco Mundial y grandes patronales nacionales y extranjeras. El grupo fue un enclave ideológico de las reformas educativas neoliberales. Esto muestra que cuando vemos los planes y los dichos de Acuña no se trata de improvisaciones.

Soledad Acuña se hizo cargo del ministerio en el 2015. Desde ese momento no dio puntada sin hilo.

No es casual que el esfuerzo presupuestario de la Ciudad en educación haya pasado del 27 % al 19 % en una década; tampoco que luego de años de mentir sobre la cantidad de vacantes en inicial y primaria, el gobierno de la Ciudad haya logrado que la Cámara de apelaciones de la Ciudad durmiera durante años un fallo en primera instancia que los obligaba a construir escuelas y mejorar el acceso al transporte, porque con el amparo que habíamos presentado con Myriam Bregman, docentes y familias demostramos (en un juicio que también llevó años) que había falta de vacantes y aulas superpobladas en las escuelas de la Ciudad. Lo tiene cajoneado la misma Cámara que ahora sacó un fallo express, un domingo, exigiendo abrir escuelas.

¿La Justicia de la Ciudad la digita Larreta? Obvio. Pero no nos olvidemos que, por ejemplo, a la jueza Macchiavelli la votó el frente de TODOS hace 7 meses. Incluida Ofelia Fernandez y quienes luego salen a horrorizarse por las consecuencias.

Hoy para que padres o madres tengan que demostrar que son pobres para que le aseguren una vacante en nivel inicial.

Otro de los capítulos más destacados en este sentido fue el proyecto de UniCABA, cuyo eje está en monopolizar los ejes de la formación docente desde el Ministerio y desfinanciando a los terciarios actuales.

La idea oficialista de los “docentes del futuro” es la idea de un tutor que solo reproduce un contenido bajado 100 % del Ministerio, incluso, si se puede, que “dé play” a las famosas plataformas educativas producidas por Santillana u alguna empresa privada. Dato:el enviado de la cientista política Soledad Acuña, para dar los informes del proyecto a la Legislatura, era un Ingeniero Químico, Diego Meiriño, quien había trabajado para… Santillana.

En el mismo sentido se marchó con la “secundaria del futuro”, proyecto que solo tenía como objetivo buscar el control ideológico de las aulas, avanzar con las llamadas “prácticas laborales” en lugar de horas de estudio y poniendo el otro eje en las “guías de aprendizaje autónomo” y las plataformas virtuales.

La mayoría de estos proyectos avanzaron utilizando el espionaje y la intimidación contra sus protagonistas, cuando no las sanciones, causas penales o, simplemente, con la policía reprimiendo.

El desprecio por quienes “caemos” en la educación pública lo ven les niñes y docentes hasta en la comida, tanto que entre la quita de carne en el menú. Llegó al extremo de que hubiera que presentar un amparo para garantizar la alimentación para les niñes en el distrito más rico del país.

Por eso en los últimos años, en la Ciudad la matrícula de las escuelas de gestión privada fueron creciendo. Incluso en las escuelas secundarias la opción paga superó a la pública. No hay casualidades.

Por eso cuando Larreta y Acuña hablan en nombre de las y los niños hay que agarrarse los bolsillos, pero ojo que con la polarización en torno a la presencialidad también se tapan los problema estructurales.

https://www.laizquierdadiario.com/Les-importa-la-educacion-Soledad-Acuna-y-los-hitos-de-su-gestion

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Política educativa: ¿qué cambios?

Pedro Flores Crespo

Por: Pedro Flores

Elecciones van y vienen. En ellas, es común observar que las y los candidatos a un puesto de elección popular prometen cambiar las cosas para terminar, luego de ganar, adoptando políticas y programas similares al de su antecesor.

¿Qué explica tal continuidad? No arriesgar demasiado – y pagar costos por ello – es una conducta común (racional) de directivos, alcaldes, gobernadores y presidentes electos. Bajo ciertas circunstancias puede ser más costoso propiciar el cambio verdadero que administrar la mediocridad. El status quo en democracia es posible.

Pero, ¿es tan negativa la continuidad como positivo el cambio? Depende de los resultados que tales políticas y programas estén dando en realidad. Resultados en términos de ampliación de posibilidades de vida, votos, paz social, legitimidad, respaldo popular, mejora de indicadores, etcétera. Puede ser que “nadar de muertito” sea más rentable políticamente que intentar una verdadera transformación, pero también es verdad que imponer el cambio resulta negativo. Ahí tenemos el ejemplo de querer “echar abajo” la reforma educativa del sexenio pasado con un enfoque improvisado. Incluso ahora, algunos analistas que se entusiasmaron con la Cuarta Transformación, observan que se cambió para seguir igual o peor.

Por eso la vigilancia continua y crítica de los gobiernos es necesaria. Si el grupo en el poder gana más a costa de la gente, no habría razón para sostenerlo. “Lo que pierdo impulsando el cambio es más de lo que gano haciendo lo de siempre”. Esta máxima la aplicó el gobierno de Vicente Fox (2000-2006) y así nos fue. Se perdió una oportunidad histórica de desmantelar el viejo régimen político y miren lo que resultó.

Ante las próximas elecciones, es muy probable que el cálculo sobre la rentabilidad del cambio y de la continuidad esté presente en la mente de las y los candidatos. Por ello, como ciudadanos, habrá que revisar minuciosamente sus propuestas para verificar a qué grado esa racionalidad calculadora se acopla con las necesidades reales de la gente.

¿En qué espacio confluye lo que desea la mayoría, lo que realmente necesita para ampliar sus capacidades, el bien común, y la calculadora racionalidad de las y los políticos? Este espacio no surge espontáneamente, hay que construirlo ¿Cómo? Estudiando, en un lapso amplio, las políticas educativas previas. En un análisis realizado para el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), identificamos que en la administración 2013-2018, la gran mayoría de los programas propuestos (96%) venían de los dos sexenios previos (Flores-Crespo, Pérez-Yarahuán, Andrade y Saint Martin, 2014). ¿En dónde estuvo el cambio? ¿Dio o no resultados la continuidad de programas?

Ante la cascada de propuestas (y ocurrencias) que estamos por escuchar, tratemos de interpelar públicamente a las y los candidatos para saber si ofrecen cambios razonados, continuidad infundada, ninguna de las dos, o si mantienen el clásico razonamiento calculador, que se ha traducido en hartazgo popular. “La eternidad se nos acaba”, diría Sabines. Frente a esto, está nuestro voto.

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