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Evaluaciones, notas y resultados: hacia una escuela-empresa

Por: Anna Torralbo

Las calificaciones no sirven de nada, si el estudiante no entiende en qué aspectos tiene que mejorar y cómo puede hacerlo.

Se terminó el primer trimestre y miles de alumnos y alumnas llegaron a casa con el pertinente informe de notas. A algunos, este documento les dará fuerzas y seguridad a la hora de afrontar el resto de curso. Para otros, sin embargo, este mismo informe podrá significar una decepción: una valoración externa e impuesta que no acaban de entender. Y que un alumno no se sienta identificado o no comprenda el contenido de este informe es algo que debería preocuparnos, o si más no, hacernos reflexionar sobre este instrumento evaluativo y el modo en el que lo utilizamos.

Vayamos por partes porque hay diferentes aspectos que tener en cuenta. Por un lado, cabría hablar de la sobre-evaluación a la que tanto el alumnado como el profesorado estamos expuestos. Un informe cada tres meses, ¿no será demasiado? Hagamos números: desde ese primer día de escuela (a mediados de septiembre) hasta las vacaciones de Navidad, han transcurrido apenas tres meses; entre los cuales, no hay que olvidar, ha habido días festivos. Si tenemos en cuenta que el curso escolar ya se suele iniciar con una evaluación: la llamadaevaluación inicial (aquella que pretende ver en qué nivel se encuentra cada alumno en cada área); y que diseñarla, pasarla, corregirla y evaluarla suele tomar de tres a cuatro semanas, nos encontramos en que el tiempo invertido, desde que sabemos de dónde partimos hasta que hacemos la evaluación trimestral, se reduce todavía más, ¿dos meses?

Expuesto esto, la pregunta que viene es inevitable: ¿Un trimestre es suficiente tiempo para hacer un informe? ¿Hasta qué punto puede dar fe del ciclo de aprendizaje? Estamos ante un debate cada vez más extendido y más apoyado entre la comunidad de profesores, que en pocos años, hemos visto como el tiempo para el aprendizaje se reduce cada vez más en pro de las consecutivas evaluaciones.

Hagamos un supuesto. Pongamos el caso que un profesor/a inicia el curso con un grupo nuevo de alumnos. Es obvio que le llevará un tiempo conocerlos en lo que al ámbito de aprendizaje respecta: detectar sus dificultades y sus puntos fuertes, conocer su entorno familiar y cómo este afecta al aprendizaje, sus hábitos de estudio, etc. Por otro lado, también debe consolidarse la relación entre ellos, esto es, establecer empatía y confianza. Por no olvidar, que también debe crearse un ambiente propicio para el aprendizaje en el aula: ver en qué modo el grupo aprende mejor, de qué manera distribuir el aula, etc. Por otro lado, ellos también deben familiarizarse con este nuevo contexto: compañeros, profesor/a, contenido, ritmos, etc. Así bien, parece difícil que pueda rellenarse un informe concluyente sobre la evolución y los aprendizajes del alumnado en tan solo dos meses.

A todo lo dicho, además, hay que sumarle el hecho de que (quien más quien menos), todos los profesores estamos inmersos en un proceso de renovación/revisión que abarca distintos ámbitos: cambios en la metodología, retos de inclusión cada vez más presentes y exigentes, nuevos contenidos, nuevos materiales, nuevas manera y procedimientos de evaluación, etc. Con todo, lo que acaba ocurriendo es que, apenas has conseguido hacerte una libreta de programación, evaluación y seguimiento adecuada al grupo y a los nuevos retos que te has planteado para el curso; apenas sientes que conoces a tu grupo-clase y comenzáis a entenderos, tienes que sentarte y hacer un informe que marque con una nota hasta qué punto se han adquirido las competencias trabajadas. Este es el momento en el que te das cuenta de que el ciclo del calendario escolar no está en concordancia con el ciclo natural de enseñanza-aprendizaje e incluso de la relación alumnado-profesorado.

El sistema educativo se encuentra en un momento de cambios y de muchos debates que pretenden reajustar los pilares sobre los que se asientan las bases de la educación. Quizás sea por este motivo que nos encontramos ante tantas contradicciones; entre ellas, el hecho de integrar la evaluación continua: aquella que registra no un punto final, sino el proceso y progreso de aprendizaje), la autoevaluación: aquella que implica al alumnado en su propia evaluación y la de los compañeros; y las evaluaciones por parte del Estado y de los gobiernos autonómicos: evaluaciones diagnósticas. ¿En qué quedamos?, nos preguntamos los profesores. ¿Queremos realmente aplicar una evaluación continua y hacer al alumno partícipe del proceso? O bien queremos seguir dando todos estos informes cualitativos juntamente con las pruebas externas, las cuales, por cierto, hay que ensayar previamente para que los alumnos se acostumbren a la tipología de preguntas y planteamientos (¡más pruebas que pasar!).

Cada escuela tiene su propio proyecto educativo, eso es cierto, pero nadie se escapa de las exigencias de un sistema educativo que en poco tiempo ha dado un giro repentino y abrupto hacia los resultados, lo cual, a largo plazo, tiene toda la pinta de querer ir hacia la profesionalización de la educación en su aspecto más peyorativo. Escuelas que funcionan como empresas, las cuales, al terminar el año, hacen balance de los resultados académicos (ganancias) a partir de los cuales marcan ya los objetivos y las medidas para el curso siguiente.

Un sistema que categoriza las escuelas según sus resultados, casi podríamos hablar de un paralelismo con Bolsa: La escuela X ha bajado 2,5 puntos sus resultados. Baja la confianza en esta escuela y esto, sin dudarlo, tendrá consecuencias en los inversores (familias que inscriben a sus hijos en la escuela). Las escuelas, al fin, acaban dirigiendo sus esfuerzos a ganarse la confianza de los mejores inversores (familias con buenos ingresos), porque de ello dependerá el capital de que dispongan para hacer frente a la competencia cada vez más agresiva a la que están expuestas las escuelas-empresas actualmente.

¿Cómo podemos conciliar este alud de evaluaciones con el aprendizaje? Porque hay que decir que se hace arduo, y se trabaja bajo mucha presión (tanto para alumnos como profesores), cuando en el horizonte siempre asoman las orejas de las notas finales y de las pruebas diagnósticas. Si queremos que nuestros alumnos se inmiscuyan de lleno en el proceso de aprendizaje: y esto significa que desde que se comienza un tema o proyecto, hasta el momento de evaluar el dominio de las competencias adquiridas, ellos sean plenamente conscientes de en qué punto se encuentran; será necesario disponer de tiempo.

Cada vez somos más los profesionales que consideramos que el informe calificativo trimestral castra un proceso que en el aula tiene un ritmo distinto y que, en muchos casos, también atenta contra la idea, cada vez más consensuada, de que hay que atender a los distintos ritmos de aprendizaje. Hoy por hoy, todavía hay muchos profesores/as que al finalizar el trimestre corren a recoger notas para rellenar el informe, porque durante estos escasos dos meses no han tenido suficiente tiempo para hacerlo (ha habido muchas otras cosas importantes de las que ocuparse). Por este motivo, somos ya bastantes los que abogamos por reducir el número de informes calificativos en pro (si fuera necesario), de un informe que trate aspectos a menudo olvidados como son la adaptación al grupo, al profesorado, a la metodología de trabajo, etc; Un informe que nada tenga que ver con notas, sino con todos aquellos aspectos actitudinales y aptitudinales que hacen posible que, a lo largo del curso, se asuman las competencias trabajadas.

Su hijo ha sacado un bien en matemáticas, pero no sabe en qué ha fallado, o cómo puede hacer para mejorar estos resultados. Las calificaciones no sirven de nada, si el estudiante no entiende en qué aspectos tiene que mejorar y cómo puede hacerlo. Por no mencionar que, cuanto más tiempo hace que soy maestra, menos sentido le veo a las notas, pues, por mucho que nos esmeremos, nunca son objetivas: varían según el profesor/a, la escuela, el pueblo, la comunidad, etc.

Es hora de dedicar tiempo en el aula a pensar sobre los procesos, tiempo para reflexionar sobre qué hemos hecho, cómo lo hemos hecho y cómo podemos mejorarlo. Pero para ello, necesitamos que la sombra del informe trimestral no esté presente desde que iniciamos el curso. Necesitamos poder mirar hacia delante, y en vez de un muro, encontrar una llanura de espacio y de tiempo que nos permita llegar donde queremos llegar sin cojear.

El día en que dejemos de ver alumnos que al terminar el trimestre abren el sobre de los informes como cuando recibíamos las fotografías reveladas del laboratorio (preguntándose cómo habrán salido), significará que algo ha cambiado realmente.

Fuente: http://eldiariodelaeducacion.com/blog/2018/01/19/evaluaciones-notas-resultados-hacia-una-escuela-empresa/

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España: Educación vuelve a reducir las horas de Religión

Por: hoy.es/16-05-2018

La asignatura contará con una hora a la semana desde primero de la ESO hasta segundo de Bachillerato

El próximo curso, 2018-2019, Religión se impartirá durante una hora a la semana en Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y Bachillerato. Así se recoge en el borrador que ha elaborado la Junta de Extremadura para sustituir el actual currículum de ambas etapas y ajustarlo a lo dictado por el Tribunal Supremo.

La Consejería de Educación aprobó en 2016 un currículum que, en cuanto a Religión, establecía una carga horaria de una hora semanal desde primero de la ESO hasta primero de Bachillerato. Esto supuso, frente a cursos anteriores, que la asignatura perdía una hora en ESO y otra en primero de Bachillerato y, además, dejó de ofrecerse en segundo de Bachillerato.

La Iglesia, los docentes de Religión y la asociación de padres Apadex recurrieron el currículum en vía judicial y el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) les dio la razón y obligó a la Junta a recuperar la carga horaria que perdía la materia.

Por eso, en cumplimiento de los fallos del TSJEx, Educación volvió a dar una hora más a la asignatura en ESO (cinco horas en total en la etapa), una hora más en primero de Bachillerato y ofrecerla en segundo (en total, tres horas). Es la carga horaria que la materia tiene durante este curso 2017-2018. Pero la Junta advirtió que esta ejecución era provisional hasta el pronunciamiento del Supremo, tribunal al que recurrió los fallos del TSJEx. Por tanto, que el horario de este curso se podía modificar.
El alto tribunal ya ha dictado sentencia y ha establecido que la Consejería de Educación está obligada a ofrecer Religión en segundo de Bachillerato, pero no a modificar la carga horaria que había fijado para la materia tanto en ESO como en primero de Bachillerato en el currículum aprobado en 2016. De hecho, tal como recuerda la Junta en el borrador de decreto que el jueves se analizará en sectorial, el Supremo ha señalado que «no se discrimina a la Religión católica por dedicarle una hora semanal y la Junta de Extremadura no ha incurrido en infracción al ejercer su competencia».
Por lo tanto, lo que hace ahora la Consejería de Educación en el nuevo currículum, el que se aplicará el próximo curso 2018-2019, es volver a la carga horaria que tenía la asignatura en 2016. De tal modo que ya no tendrá cinco horas en ESO sino cuatro, una por cada curso, ni tres en Bachillerato, sino dos, una por cada curso. Porque el Supremo respeta la carga horaria establecida, pero obliga a ofrecer la asignatura en segundo de Bachillerato. Es en lo único que Educación modifica su currículum de 2016.

La oferta de la materia se hará en las tres modalidades de Bachillerato: Ciencias, Humanidades y Arte.

*Fuente: http://www.hoy.es/extremadura/asignatura-contara-hora-20180515105730-nt.html

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Ministro de Educación de Perú asegura inclusión de enfoque de género en currículo escolar

Por: mundo.sputniknews.com/ 16-05-2018

LIMA (Sputnik) — El ministro de Educación de Perú, Daniel Alfaro, sostuvo el lunes ante la comisión de Educación, Juventud y Deporte del Congreso que la inclusión del enfoque de género es un asunto «no negociable» dentro del Currículo Nacional de Educación Básica.

«Lo importante es que esta discusión no le trasmita a la ciudadanía un mensaje equivocado. Nosotros, como Ministerio de Educación, aseguraremos los derechos, deberes e igualdad de oportunidades de hombres y mujeres; y eso no es negociable», expuso Alfaro ante la

comisión.El secretario de Estado comentó que todos los temas que componen el currículo están aprobados, faltando únicamente el relacionado al enfoque de género, que ha sido objeto de una medida cautelar de parte del colectivo civil conservador Padres en Acción.

Esta medida cautelar está aún por resolverse en la Primera Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia de Lima.

Padres en Acción, junto a otros colectivos conservadores unidos a la Iglesia Católica y a las iglesias evangélicas, se muestra contrario al enfoque de género pues considera que esconde la llamada «ideología de género».

La «ideología de género», sostienen los sectores conservadores, es un programa nacido de las agrupaciones de la comunidad LGTB (Lesbianas, gays, transexuales, bisexuales) para «atentar» contra la estructura familiar tradicional.

Por otro lado, el ministro aseguró la presencia en el Currículo Nacional de la educación a los niños sobre la época crítica que sufrió Perú por el fenómeno del terrorismo, comprendida entre la década de los años 80 e inicios de los años 90.

«Tenemos que asegurarnos de que nuestros estudiantes la conozcan para que no vuelva a repetirse», expuso el ministro ante la comisión congresal.

El ministro aseguró que en el magisterio nacional no estarán admitidos, por ley, docentes que hayan sido condenados por delitos de terrorismo, apología al terrorismo, narcotráfico y violencia sexual.

*Fuente: https://mundo.sputniknews.com/americalatina/201805151078688651-igualdad-mujeres-lgtb/

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Declaración de académicas por tomas feministas:“No buscamos una universidad más neoliberal con perspectiva de género. Buscamos transformar la educación”

Por: The Clinic/16-05-2018
Estamos ante un movimiento de trascendencia histórica. Se levantan en nuestro país, en diversas universidades, asambleas, paros y tomas feministas, configurando formas de acción colectiva que hace pocos años atrás no eran siquiera imaginables y que hoy irrumpen en el escenario público para impugnar los cimientos patriarcales y androcéntricos de las instituciones universitarias.

Este nuevo ciclo de movilizaciones, que se inicia por denuncias de acoso sexual y por la insuficiencia de los protocolos y normativas existentes, abre una inédita posibilidad de poner en cuestión el sistema de educación superior en su conjunto, en tanto la violencia machista y la reproducción de las desigualdades de género denunciadas, están estrechamente imbricadas con el carácter antidemocrático y mercantil de las instituciones educativas.

Sabemos que la violencia de género es grande y compleja y que atraviesa todas las esferas de nuestra vida. Por ello, transformar esta dimensión en las universidades implica transformar estructuralmente la educación, minando las bases del sexismo que reproduce, en las instituciones educativas, la división sexual del trabajo, reforzando la asociación de razón, poder y éxito en el mercado con lo masculino y de emocionalidad, subordinación natural y precarización con lo femenino. En este sentido, no es para nada casual que usemos la frase “casa de estudios” para nombrar las universidades, si vemos cómo estas replican los roles de género, constituyendo así una extensión de la casa heteropatriarcal en la esfera de la educación formal.

La lucha contra el patriarcado y contra la reproducción de los roles de género es también una lucha contra la educación de mercado, pues las carreras feminizadas, asociadas a las labores de cuidado, crianza y empatía, son precisamente las más precarizadas, mientras que las carreras típicamente masculinas son las más valoradas socialmente, las más exitosas en el mercado y las que cuentan con mayores recursos. Esto sigue reforzando la reproducción de los roles de género y perpetúa la violencia hacia los cuerpos feminizados. El feminismo, precisamente, invita a impugnar esa reproducción y a entender que no podemos luchar en contra del patriarcado en la educación sin luchar en contra del mercado que refuerza las asimetrías de género y que orienta las instituciones educativas.

Pensar la educación feminista significa pensar la democracia, la libertad y la igualdad. Ideales que no son sinónimo de empoderamiento individual y meritocracia, sustentada en privilegios socioculturales y que tampoco pueden ser procesados mediante la adición cosmética de la “perspectiva de género” en cursos, programas de perfeccionamiento o formación contínua, capacitaciones u otros mecanismos propios de la administración universitaria neoliberal. Una educación feminista significa transformación desde la raíz, abarcando el orden jurídico (cambio de estatutos desde una ordenación feminista), igualdad sustantiva (procedimientos de paridad, igualdad de salarios, etc.), perspectiva teórica feminista para el cuestionamiento general del concepto de educación y de universidad, desde las disciplinas hasta las jerarquías. La educación feminista significa también retomar las históricas banderas de la lucha por la educación pública e insistir en la educación como un derecho social y en la necesidad de financiamiento directo a las universidades públicas, para poder materializar un proyecto educativo transformador y garantizar condiciones de dignidad e igualdad laboral para académicas/os y funcionarias/os, porque el feminismo impugna también la precarización del trabajo.

El feminismo pone en cuestión las jerarquías, los privilegios y las desigualdades, pues precisamente las asimetrías de poder y el carácter estamental en los espacios sociales generan condiciones propicias para el abuso y para su naturalización. En ese sentido, la democratización de las instituciones educativas y el trabajo triestamental son condiciones de posibilidad para llevar adelante la transformación de nuestras universidades desde una perspectiva feminista.

Las movilizaciones estudiantiles que han estallado son una rebelión contra la injusticia que imponen los mandatos del género en el neoliberalismo. Por tanto, la recuperación de la educación pública de la captura del mercado sexista no pasa por tener una universidad más neoliberal con “perspectiva de género”, sino por derribar las bases de la educación mercantil-sexista para construir desde el feminismo una nueva educación pública.

Saludamos y apoyamos con entusiasmo a las estudiantes que han levantado este movimiento y como diputada feminista, profesoras universitarias, escritoras e intelectuales hacemos un llamado a asumir un rol activo en esta movilización, organizándonos, creando espacios de discusión y articulándonos en una alianza feminista amplia, que siente las bases de un nuevo pacto social por una nueva educación pública, democrática y feminista.

Firmantes:

Camila Rojas Valderrama. Diputada Izquierda Autónoma. Frente Amplio.

Beatriz Sánchez. Instituto de Comunicaciones e Imagen. Universidad de Chile.

Faride Zerán Chelech. Universidad de Chile.

Diamela Eltit. Escritora.

Nelly Richard. Crítica Cultural y Ensayista.

Alejandra Castillo. Filósofa feminista. Departamento de Filosofía. Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación.

Daniela López Leiva. Encargada Feminista Diputación Camila Rojas Valderrama.

Pierina Ferretti. Socióloga. Centro de Estudios Culturales Latinoamericanos Universidad de Chile – Fundación Nodo XXI.

Camila Miranda. Directora Fundación Nodo XXI.

Carolina Olmedo Carrasco. Universidad Alberto Hurtado. Directora Fundación Nodo XXI.

Yesenia Alegre Valencia. Socióloga. Universidad Viña del Mar. Red de Académicas Feministas de Valparaíso.

Leticia Arancibia Martinez. Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Red de Académicas Feministas de Valparaíso.

Gloria Caceres Julio. Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Red de Académicas Feministas de Valparaíso.

María Angélica Cruz. Universidad de Valparaíso. Red de Académicas Feministas de Valparaíso.

Mónica Iglesias. Instituto de Sociología. Universidad de Valparaíso. Red de Académicas Feministas de Valparaíso.

Patricia González San Martín. Facultad de Humanidades. Universidad de Playa Ancha. Red de Académicas Feministas de Valparaíso.

Tania de Armas Pedraza. Directora Departamento de Sociología Universidad Playa Ancha. Red de Académicas Feministas de Valparaíso.

Sonia Reyes Herrera. Instituto de Sociología Universidad de Valparaíso. Red de Académicas Feministas de Valparaíso.

Lorena Zuchel Lovera. Departamento de Estudios Humanísticos UTFSM. Red de Académicas Feministas de Valparaíso.

Jeanne Hersant. Departamento de Sociología Universidad de Playa Ancha. Red de Académicas Feministas de Valparaíso.

Alejandra Ramm Santelices. Universidad de Valparaíso. Red de Académicas Feministas de Valparaíso.

Claudia Montero. Instituto de Historia y Ciencias Sociales Universidad de Valparaíso. Red de Académicas Feministas de Valparaíso.

Maribel Ramos Hernández. Departamento de Sociología Universidad de Playa Ancha. Red de Académicas Feministas de Valparaíso.

Marjorie Mardones Leiva. Facultad de Ciencias Sociales. Universidad de Playa Ancha. Red de Académicas Feministas de Valparaíso.

Pamela Soto Vergara. Psicóloga. Universidad Andrés Bello.

Luna Follegati Montenegro. Historiadora. Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación.

Rosario Olivares. Departamento de Filosofía. Universidad Alberto Hurtado.

Carolina Avalos. Facultad de Filosofía y Humanidades. Universidad Austral de Chile.

Lelya Troncoso. Trabajo Social. Universidad de Chile.

Mia Dragnic. Socióloga. Maestra en Estudios de Género. Universidad de Chile.

Caterine Galaz. Trabajo Social. Universidad de Chile.

Hillary Hiner. Escuela de Historia. Universidad Diego Portales.

Laura Albornoz Pollmann. Departamento de Derecho Privado. Universidad de Chile.

Daniela Marzi. Universidad de Valparaíso.

Javiera Arce. Universidad de Valparaíso.

Isabel Piper. Psicología. Universidad de Chile.

Paula Quintana. Instituto de Sociología. Universidad de Valparaíso.

Antonella Marín. Instituto Arcos Viña del Mar.

Paula López. Instituto Arcos Viña del Mar.

Eloid Chabaud. Instituto Arcos Viña del Mar.

Ana Luisa Muñoz. Profesora de Historia e Investigadora.

Claudia Rojas Necuhual. Facultad de Economía y Negocios. Universidad de Chile.

Ana Traverso. Facultad de Filosofía y Humanidades. Universidad Austral de Chile.

Karen Alfaro. Facultad de Filosofía y Humanidades. Universidad Austral de Chile.

Mónica Peña. Facultad de Psicología. Universidad Diego Portales.

Ariadna Biotti Silva. Archivo Central Andrés Bello. Universidad de Chile.

Javiera Carmona Jiménez. Universidad de Playa Ancha.

María José Yaksic. Magíster en Estudios Latinoamericanos. Universidad de Chile.

Ximena Azúa. Facultad de Ciencias Sociales. Universidad de Chile.

Daniela Jara. Instituto de Sociología. Universidad de Valparaíso.

Carolina Benavente Morales. Centro de Investigaciones Artísticas. Universidad de Valparaíso.

Javiera Robles Recaberren. Doctoranda en Historia. UNLP/IIGG-CONICET

Karin Berlien Araos. Departamento de Ingeniería Comercial. Universidad de Valparaíso.

Pamela Jaime Elías. Profesora de Historia.

María Isabel Puerto Perez. Abogada. Docente Universidad de Valparaíso.

Verónica Francés. Arquitecta. Centro de Investigaciones artísticas. Universidad de Valparaíso.

Carolina Andrade Amaral. Encargada Oficina Comunal Diversidades Sexuales y Docente en Violencia de Género. Universidad Andrés Bello.

Sara Avalos Urtubia. Profesora de Historia y Geografía. ONG Contra de Reñaca Alto.

Sandra Rojas Cáceres. Trabajadora Social. Universidad de Viña del Mar y Universidad de las Américas.

Ana Gálvez Comandini. Historiadora. Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación.

Alejandra Zuñiga Fajuri. Escuela de Derecho. Universidad de Valparaíso.

Marcela Díaz Rebolledo. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales FLACSO Chile.

Sofía San Martín Moreno. Socióloga. Universidad de Playa Ancha.

María Soledad Vargas Carrillo. Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Directora Magister en Comunicaciones.

Lina Marín Moreno. Universidad de Valparaíso.

Nico Mazzucchelli. Trabajadora Social. Académica Universidad de Viña del Mar y Universidad de Valparaíso.

Nicole Cisternas Collao. Socióloga.

Carolina Pinto. Socióloga. Académica Universidad de Viña del Mar.

Claudia Espinoza. Universidad de Valparaíso.

Tamara Ortega Uribe. Socióloga. Universidad de Playa Ancha.

Camila Arriagada B., Unidad de Control de Proyectos Universidad Técnica Federico Santa María

Claudia López, Departamento de Informática y Observatorio de Género en Ciencia e Ingeniería UTFSM.

Paulina Santander Astorga, Departamento de Industrias y Observatorio de Género en Ciencia e Ingeniera UTFSM.

Marianna Oyanedel, Departamento de Estudios Humanísticos UTFSM.

Aldonza Jaques, Departamento de Ingeniería Química y Ambiental UTFSM

Marcela Prado Traverso Facultad de Humanidades, Universidad de Playa Ancha

Francesca Iunissi, Facultad de Ingeniería, Universidad de Playa Ancha

Karen Alfaro, Facultad de Filosofía y Humanides, Universidad Austral de Chile

Ana Traverso, Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad Austral de Chile

Paola Bolados, Instituto de Historia y Ciencias Sociales, Universidad de Valparaíso.

Karina Marambio Guzmán, Escuela de Psicología. Universidad de Valparaíso.

Esperanza Díaz Cabrera, Profesora de Historia, Magíster en Historia.

Verónica Figueroa Huenchu. Instituto de Asuntos Públicos. Universidad de Chile.

Paulina Vergara Saavedra. Instituto de Asuntos Públicos. Universidad de Chile.

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México: Sistema educativo impide que jóvenes indígenas o con discapacidad terminen la secundaria

Por:animalpolitico.com/ 16-05-2018

El Conapred plantea el desarrollo de un modelo educativo inclusivo que combata la negación de acceso a la educación por la apariencia física, discapacidad y la falta de espacios accesibles en los centros educativos.

De los 28 mil jóvenes de entre 20 y 24 años hablantes de una lengua indígena, casi ninguno ha logrado concluir la educación secundaria, de acuerdo con un estudio del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

A través de un comunicado, el Conapred detalló que con base en cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), una de cada seis personas afrodescendientes es analfabeta; ello, se traduce en 15.7%, es decir, casi el triple de la tasa nacional que es de 5.5 por ciento.

Estas cifras evidencian, según el Conapred, la necesidad de que la educación en el país sea inclusiva, situación “que garantizaría que tanto las personas como los grupos históricamente discriminados accedan a los espacios educativos”, exponen en el comunicado.

La Conapred plantea que la educación inclusiva impulsa el desarrollo de contenidos académicos específicos para estos grupos, tomando en cuenta que las pruebas y evaluaciones son de manera general en idioma español, lo que repercute en forma negativa para los infantes y jóvenes que solo hablan lengua indígena.

Abundaron que la exclusión no solo se limita a la negación de acceso a la educación por la apariencia física, sino que también ocurre cuando las personas con alguna discapacidad de movilidad se enfrentan a la falta de espacios accesibles en los centros educativos; o bien, cuando quienes tiene ceguera no pueden estudiar ante la carencia de materiales en sistema Braille.

También existen casos en que falta la traducción en Lengua de señas mexicana para quienes viven con discapacidad auditiva, dificulta su desarrollo educativo. Por otro lado, las personas transgénero ven violentado su derecho a la educación ante la negativa de matricularse en una escuela por carecer de documentos que reconozcan su identidad de género.

Todos estos, casos de exclusión y discriminación.

Entre el 2017 y hasta el 31 de marzo, el Conapred registró al menos unas 200 quejas por actos de discriminación en el ámbito educativo, siendo las principales, la discapacidad con 87 casos; la apariencia física con 27 y la salud con 26.

Además, emitió resoluciones de actos de discriminación en el ámbito educativo relacionadas con el origen étnico, apariencia física, discapacidad, embarazo y estado civil.

El organismo recordó que en marzo pasado, con la finalidad de impulsar el cambio cultural en favor de la igualdad, la inclusión y el respeto a los derechos humanos de las personas, se celebró el “Encuentro de Experiencias de Educación Incluyente: Hacia una Educación Antidiscriminatoria”, realizado en Michoacán.

Ello, con la finalidad de cumplir también con los objetivos del Programa Nacional para la Igualdad y la No Discriminación, puntualizó.

*Fuente: https://www.animalpolitico.com/2018/05/conapred-discriminacion-escolar/ 
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España: El pacto educativo consuma su fracaso

España/15 de mayo de 2018/Por: Miquel Alberola/Fuente: https://politica.elpais.com

La falta de mayoría impide prorrogar la subcomisión creada en el Congreso para acordar una nueva ley.

El Pacto de Estado Social y Político por la Educación se ha dado por liquidado este lunes, después de que espirase el plazo para aprobar una prórroga de su actividad por falta de mayoría, según han confirmado fuentes parlamentarias a Europa Press. Las discrepancias con el Gobierno por la financiación del acuerdo llevaron a PSOE, Unidos Podemos, ERC, PNV y PDeCAT a abandonar la negociación el pasado marzo. Desde entonces, solo con el PP y Ciudadanos, la subcomisión creada ha permanecido en una situación de bloqueo, pese a que ambas formaciones han mantenido sus trabajos.

Pero estos partidos no han podido culminar el documento con las medidas que debía poner en marcha el Gobierno en una nueva ley de educación tras los 15 meses de trabajo de la comisión. Al no existir una comunicación oficial del abandono de la negociación del resto de formaciones, la proporción del órgano sigue viva y requiere el apoyo de tres quintos de sus integrantes, una representación que no alcanzan PP y Ciudadanos. Tras constatar el fracaso del pacto, ambos impulsarán medidas por separado a través de iniciativas parlamentarias.

La subcomisión se puso en marcha en diciembre 2016 por la necesidad del Gobierno de pactar una nueva ley de educación ante el proceso de derogación de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) iniciado por la oposición en el Congreso de los Diputados y tras la poda por parte del ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, de algunas de sus exigencias más polémicas. Durante sus 15 meses de existencia, unos 80 expertos han expuesto sus puntos de vista sobre los aspectos que debía contemplar una nueva legislación educativa.

Paralelamente, la Plataforma Estatal por la Escuela Pública, —integrada por representantes de alumnos, padres y profesores— redactó su propia propuesta para el Pacto de Estado por la educación que los grupos políticos acaban de empezar a negociar en el Congreso de los Diputados con un guion de 15 puntos. Uno de ellos, recuperar en cuatro años más de 7.000 millones de gasto educativo que se han recortado desde 2009.

La buena disposición de los grupos participantes saltó por los aires cuando llegó el momento de abordar el punto de la financiación. El Gobierno planteó un suelo de gasto adicional de 5.000 millones de euros para la educación no universitaria hasta 2025. El PSOE abandonó la negociación al comprobar que el PP no iba a apoyar una financiación que en 2025 debía alcanzar el 5% del PIB. Le siguieron después Unidos Podemos, ERC y PDeCAT. El último en abandonar fue el PNV, partido que siempre se mostró «escéptico en cuanto a su funcionamiento», alegando que la salida de otras formaciones dejaba el órgano sin la pluralidad necesaria para un efectivo acuerdo.

La falta de acuerdo y el colapso del foro en el que los partidos debían aproximar sus posiciones abre un escenario de incertidumbre respecto la vigencia de la LOMCE, cuyas polémicas reválidas quedaron en suspensión mientras se alcanzaba el Pacto de Estado Educativo, y después de que el Tribunal Constitucional rechazara el veto del Gobierno a paralizar la derogación de esta polémica ley.

Fuente de la Noticia:

https://politica.elpais.com/politica/2018/05/14/actualidad/1526314535_725460.html

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México: Promueven Modelo de Educación Dual

América del Norte/ México/ 14.05.2018/ Por: Luis M.Cárdenas M./ Fuente: www.elsoldedurango.com.mx/.

Se llevó a cabo la firma del convenio Modelo Mexicano de Educación Dual entre la Secretaría de Educación del Estado y el Consejo Coordinador Empresarial, misma que en un objetivo principal busca que jóvenes de bachillerato tengan la oportunidad de recibir su formación entre las aulas y las empresas, es decir combinar la teoría con la práctica y con ello tener una formación integral que ayude además a elevar la productividad en los centros de trabajo donde apliquen su formación.

El secretario de Educación, Rubén Calderón Luján comentó que es interés del Gobierno del Estado establecer estrategias educativas que permitan la educación integral, una de ellas puede ser la educación dual; este modelo se implementaría en la capital del estado.

Dijo que en la región Laguna de Durango ya se implementó el Modelo Mexicano de Educación Dual con experiencias exitosas entre Jonh Deere y Conalep. En esta empresa se ha reconocido el trabajo y compromiso de los estudiantes, quienes ya forman parte de la planta laboral y se han destacado por su profesionalismo y lealtad.

“Este convenio servirá para que los jóvenes de bachillerato de Subsistemas como CECyTE Durango y Conalep incursionen en las empresas de la capital, ayudará a la formación integral de los estudiantes, a mayor calidad en los servicios de las empresas y un incremento en la productividad”.

En Durango seguiremos promoviendo el Modelo Mexicano de Formación Dual como una estrategia y una política pública que busca el equilibrio armónico entre la teoría y la práctica en beneficio de los jóvenes, que adquirirán mayores competencias, de las empresas en tiempo invertido en capacitación y de toda la sociedad que contará con profesionistas mejor capacitados y actualizados, afirmó el funcionario estatal.

Por su parte Jaime Mijares Salum, presidente del Consejo Coordinador Empresarial dijo que el sector empresarial reconoce que el Modelo Mexicano de Educación Dual es de suma importancia para que los jóvenes lo aplique en las empresas y sobre todo los conocimientos que puedan adquirir; de esta manera su aprendizaje será más valorado a la hora de buscar trabajo, pues tendrán una formación teórica en las aulas y práctica en las empresas

“Es la oportunidad de compartir la experiencia, pero sobre todo también una necesidad de obtener ayuda extra en las empresas, es una gran aportación e intensión de aprendizaje, esto es una oportunidad para que tanto las empresas como los estudiantes puedan tener una formación mucho mejor”.

Asimismo María Elena Gaucín Morales, presidente de Canacintra Durango mencionó que este sector apoyará con gran interés que el Modelo Mexicano de Educación Dual sea lleve con éxito en esta región del estado; en la Expo de Alemania fue un tema muy importante no solo para Durango, sino para todo el país.

“Es muy importante que exista una vinculación entre el sector productivo y el sistema educativo y aprender de los casos de éxito de otras entidades para obtener buenos resultados”, destacó.

En esta rúbrica participaron Rubén Calderón Luján, secretario de Educación; Jaime Mijares Salum, presidente de Consejo Coordinador Empresarial; María Elena Gaucín Morales, presidenta de Canacintra Durango, Tomás Palomino Solórzano, subsecretario de Educación Media Superior y Superior.

Fuente de la noticia: https://www.elsoldedurango.com.mx/local/promueven-modelo-de-educacion-dua

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