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Ante los desafíos en la educación superior, la unión sindical marca la diferencia

Por: Internacional de la Educación 

«La austeridad en los presupuestos públicos, la disminución de sueldos, las amenazas a la libertad académica, la creciente precarización del trabajo docente, la expansión de la privatización y disminución del personal académico sindicalizado», son algunos de los principales desafíos que enfrentan los docentes en la enseñanza a nivel superior, explicó en México, Nelly Stromquist, experta en política educativa internacional.

La experta de la Universidad de Maryland en Estados Unidos expuso durante la conferencia titulada  “Entre los derechos del profesorado de educación superior y los desafíos del presente”, organizada por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) de México, que contó con la participación de la Internacional de la Educación (IE).

Stromquist destacó que estos retos no son nuevos, pues desde hace más de 20 años la UNESCO emitió la “Recomendación relativa al personal docente de la enseñanza superior”, que delineó los derechos y obligaciones que permiten garantizar la protección de esos profesionales.

Señaló que hasta el momento esos lineamientos no se han cumplido en su totalidad y la información que lo evidencia se encuentra en su investigación titulada “Veinte años después: Los esfuerzos internacionales para proteger los derechos del personal docente de la enseñanza superior siguen siendo insuficientes”.

Alertó que la Recomendación de la UNESCO, único referente internacional relativo a las condiciones del personal que trabaja en este nivel educativo, es poco conocido en el mundo y así quedó demostrado en una encuesta aplicada por la IE a diversos académicos, docentes, dirigentes sindicales y personal de distintas organizaciones que se ocupan de la educación.

Los cuatro pilares relativos a los derechos de quienes laboran en el Nivel Superior son: La libertad de enseñar; La libertad de llevar a cabo investigaciones y difundir los resultados de las mismas; La libertad de participar en órganos profesionales u organizaciones académicas representativas, y La libertad de ejercer sus libertades civiles sin sufrir discriminación alguna y sin temor a represalias o censura institucional.

En tanto, Howard Stevenson, director de Investigación en la Escuela de Educación de la Universidad de Nottingham, Inglaterra, destacó la importancia de los sindicatos y la unidad. «Cuando trabajamos individualmente no podemos lograr los cambios, pero cuando trabajamos colectivamente sí podemos. La clave es la unión. En la experiencia personal, juntos tenemos la fuerza para cambiar las cosas. Este sindicato tiene esa oportunidad. Es ahora cuando hay que recordar: la unión hace la fuerza”.

Por el SNTE, la profesora Juana Imelda Infante Arratia reiteró que se requiere mejorar las condiciones laborales de los docentes de educación superior, incluidas las Escuelas Normales, y resaltó el tema de la sindicalización. “Es la manera de apoyar a los profesores de este nivel para que ejerzan sus derechos como académicos, que cuenten con libertad de cátedra, pero además que tengan los derechos como trabajadores con sus prestaciones de ley”.

Como invitados, acudieron Nikola Wachter y Martin Henry del área de investigación de la Internacional de la Educación e Ina Eriksson del Sindicato de Docentes de Suecia.

*Fuente: https://www.ei-ie.org/spa/detail/15786/ante-los-desaf%C3%ADos-en-la-educaci%C3%B3n-superior-la-uni%C3%B3n-sindical-marca-la-diferencia

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Argentina: Gran repercusión de la visita de Del Caño en apoyo a la lucha docente

Por: laizquierdadiario.com/ 09-05-2018

El diputado del PTS en el Frente de Izquierda aportó $50.000 de su banca al fondo de lucha. Por la mañana del martes se hizo presente en la acción del puente de Neuquén resuelto por la asamblea docente.

“La lucha de las trabajadoras y trabajadores de la educación son un ejemplo, peleando junto a la comunidad en defensa de la educación pública y defendiendo el salario contra el techo salarial que quiere imponer Macri y los gobernadores” Con estas palabras del diputado, La Mañana de Neuquén anunciaba la llegada de Del Caño a la provincia para traer su apoyo a la lucha docente. Esa misma tarde, compartiría una reunión con docentes, estudiantes terciarios y secundarios impulsada por la Agrupación Negra de ATEN.
“¿Lo presente bien? Usted viene en el marco de esta lucha docente que lleva adelante ATEN por no haber alcanzado un acuerdo salarial” preguntó el conductor del programa matutino de Radio Nacional. “Venimos a apoyar la lucha de los y las trabajadoras de la educación de Neuquén, que están dando una pelea muy justa y que se hace mucho más necesario con el aumento de las tarifas y los precios, para que no sean los trabajadores los que paguen la crisis”, planteó Del Caño y remató “Los docentes lo plantearon muy claramente y se está dando el apoyo de muchos sectores de la comunidad educativa con respecto al paro que es comprender que aca no se trata del salario docente solamente sino del conjunto de la educación, del presupuesto, que hace a tener escuelas en condiciones. Es una pelea que va mucho más allá del salario docente, hace a la calidad educativa y muchos padres lo comprenden y los estudiantes tambien».

El conductor de Viento a Favor destacó la presencia del diputado Del Caño en el piso de LU5 y aprovechó para preguntarle sobre las medidas que el gobierno anunciaba horas después de la jornada de los y las docentes en distintos puntos de la provincia. “La vuelta al FMI no significa otra cosa que más endeudamiento a cambio de peores condiciones para el conjunto del pueblo trabajador. Todos recordarán los canjes y megacanjes del gobierno de De La Rua”. Y hacia el final enfatizaba “En este marco de situación es fundamental poner nuestra fuerza y nuestras bancas al servicio de la pelea de los trabajadores y los sectores populares, por eso vinimos hasta acá e hicimos este aporte al fondo del huelga de $50000 que se suman a los $30000 que ya hizo mi compañero Raul Godoy de la banca del PTS en el FIT”.

En el mismo sentido en Va con Firma afirmó que “nuestras bancas en el Congreso están a disposición de nacionalizar esta lucha, y junto al sindicalismo combativo y la izquierda vamos a seguir exigiendo a las centrales sindicales que rompan la tregua y convoquen a un plan de lucha nacional, para derrotar los tarifazos, romper los techos salariales y enfrentar los despidos”

Distintos portales y radios provinciales dieron cuenta de la importante visita del diputado que manifestó su compromiso de llevar la lucha docente al Congreso Nacional para amplificar su reclamo.

*Fuente: http://www.laizquierdadiario.com/Gran-repercusion-de-la-visita-de-Del-Cano-en-apoyo-a-la-lucha-docente

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Entrevista a Idel Vexler: En Educación se necesita continuidad para avanzar

América del Sur/ Perú/ Fuente: www.expreso.com.pe.

Entrevista a Idel Vexler: En Educación se necesita continuidad para avanzar

¿Qué opinión le merece el mensaje del premier Villanueva en el Congreso de la República?

Ha sido muy corto. Y seguramente el ministro ampliará y detallará lo mencionado por el premier. Anunció buenas medidas. Señaló que habrá nombramiento de 38 mil docentes (consecuencia de la ley que promovimos); aumento progresivo a los maestros, para lo cual instalamos una comisión plural y especializada para evaluar su viabilidad  técnica y financiera; metas de aprendizaje al 2021 dándole énfasis a la mejora de la calidad en la secundaria y en el ámbito rural; acceso a internet en los próximos tres años del 35 % de las instituciones educativas públicas de primaria y secundaria. Aunque no tocó el tema de la educación superior y especialmente universitaria.

 ¿Y sobre las cifras relacionadas con las metas de aprendizaje?

Ha señalado que una de las metas al 2021 es lograr que el 15 % y 25 % en segundo y cuarto de secundaria rural, respectivamente, alcanzarán aprendizajes satisfactorios en Comprensión Lectora. Pretende pasar del 2 % al 15 % en lectura en segundo de secundaria. Es razonable. Pero en cuarto grado, donde no hay línea de base y no está programada ninguna evaluación, me parece que la cifra se cae de débil e inconsistente desde el punto de vista empírico.  Otra de las metas es que en Comprensión Lectora se pase del 46 % a más del 55 % y en Matemáticas pasar del 34 % al 45 % en el año 2021. Me parecen bien. Aunque no está programada ninguna evaluación para segundo grado de primaria. De modificar el programa de evaluaciones nacionales tendríamos en  segunda, cuarto y sexto de primaria, así como en segundo y cuarto de secundaria, muchas evaluaciones. Hay que privilegiar más la enseñanza.

El premier dijo lo siguiente: “Tenemos que recuperar el tiempo perdido y poner el pie en el acelerador”. ¿Qué le suscita esta expresión?

¿Tiempo perdido? Si se refiere a nuestra gestión ministerial,  esto no es exacto considerando que entre septiembre de 2017 y marzo de 2018 se hizo efectivas todas las mejoras salariales a los directores, docentes, auxiliares y promotoras de inicial; se desarrolló intensamente la meritocracia magisterial con evaluaciones de desempeño, nombramientos, ascensos, acceso a cargos directivos;  se mejoró el currículo –que está listo–, así como se definió con precisión los valores, los contenidos referidos al fenómeno del terrorismo y la educación sexual integral, y se ha repuesto el área de Historia, Geografía y Economía.

¿Qué más puede señalar sobre el currículo?

Se ha reajustado técnicamente para que sea más sencilla su utilización en los colegios. Y está íntimamente vinculado al desarrollo del programa de tutoría y orientación educativa para acompañar educativamente a los niños, niñas, jóvenes y adultos para prevenir conductas de riesgo. Sobre todo para la prevención de la violencia en general, la violencia contra la mujer y la que se da entre escolares (‘bullying’).

 El nuevo ministro de Economía habla de gastos superfluos en la administración pública hasta por 10 mil millones de soles. ¿Qué podría comentar?

Por supuesto. En nuestra corta gestión realizamos la racionalización del gasto, de órdenes de servicios, viajes, asesorías y consultorías. Dejamos cero consultorías. En mi despacho hubo una sola asesora pero que fue encargada de gestionar una dirección. De ocho asesores que encontré dejé cero. Es más, prohibí eventos en hoteles de 5 estrellas. El suscrito y mis viceministros y secretaria general realizamos cero viajes al extranjero. Nos dedicamos a viajar trabajando por todo el Perú.

–¿Algo que quiera destacar durante “el tiempo perdido” en sus seis meses de gestión?

Lo digo con satisfacción y humildad: se llevó adelante una gran movilización educativa “cerca de las escuelas” mediante el diálogo con los maestros, padres de familia, alcaldes, gobernadores, comunicadores sociales y otros –a nivel nacional  para recuperar el liderazgo, la rectoría y principio de autoridad del sector.  Esto ha permitido que el año escolar 2017 terminara bien y el 2018 comenzara con los mejores auspicios. Si mantenemos está política, tendremos un buen año escolar 2018.

–¿Alguna sugerencia al ministro Alfaro?

Le deseo los mejores éxitos en su gestión. Todos debemos apoyarlo. Le recomiendo que mantenga a los educadores profesionales en las direcciones de línea relacionadas con el trabajo pedagógico. Debe formar equipos multidisciplinarios de profesionales que conozcan de educación y tengan experiencia escolar directa. Que mantenga cercanía con mis colegas maestros y con las escuelas.

VARIOS PROYECTOS QUEDARON LISTOS

1,500 colegios técnicos y 1,500 especialistas

“Mi intención era hacer un trabajo más sostenido con un poco más de tiempo. Pero logramos hacer cosas importantes y han quedado listos varios de mis proyectos en el sector. Por ejemplo, la reorganización del ministerio para hacerlo más expeditivo en función de las necesidades del sistema educativo peruano, con el fin de restablecer las direcciones nacionales de Tutoría y de Educación Ambiental.

“Igualmente, concretar el fortalecimiento de la gestión descentralizada generando 1,500 especialistas en educación para tener buenos equipos pedagógicos en las Direcciones Regionales de Educación y de las UGEL, estableciendo al mismo tiempo un sistema de evaluación anual vinculante de los directores regionales con el Minedu.

“Y en educación técnica el proyecto para tener 1,500 colegios técnicos de calidad, 26 institutos tecnológicos de excelencia y universidades públicas equipadas. Y algo no menos importante: avanzar con la conversión de programas no escolarizados a Centros de Educación Inicial. Me hubiese gustado seguir inaugurando muchos colegios emblemáticos a lo que le pusimos mucha fuerza”, concluye Vexler.

Fuente entrevista: http://www.expreso.com.pe/entrevista/idel-vexler-en-educacion-se-necesita-continuidad-para-avanzar

 

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El cártel de la Reforma Educativa ataca de nuevo

Por: Insurgencia Magisterial/Lucía Rivera Ferreiro, Roberto González Villarreal, Marcelino Guerra Mendoza.

Estaban callados, parecía que no se movían. Salvo algunas declaraciones aisladas durante las precampañas, organizaciones de base empresarial que hace cinco años tuvieron un destacado protagonismo antes, durante y después de la aprobación de la reforma educativa 2013, parecían meros espectadores, atentos al curso de las campañas electorales en este 2018.

Solo parecía; el cártel de la reforma educativa ataca de nuevo; así quedó palmariamente demostrado cuando en las pantallas de Cinépolis, en las redes sociales, medios impresos y televisión abierta, comenzó a proyectarse un spot en el que cuatro niños con los mismos nombres de pila que los candidatos presidenciales, aparecieron defendiendo la transformación educativa.

Ningún ciudadano común dispone de los medios para desplegar una campaña como esta, con esa velocidad y a un costo que no imaginamos pero que seguramente es muy alto. Solo el cártel de la reforma educativa es capaz de realizar acciones de este tipo, cuenta con los recursos y los medios para hacerlo.

Los grupos pertenecientes a la oligarquía nacional que impulsan este tipo de campañas nunca han permanecido indiferentes al tema educativo, mucho menos después de haber descubierto la manera de influir en la definición de políticas educativas y controlar el sistema público, sin necesidad de ocupar la SEP.

Los empresarios y grupos conservadores se han vuelto expertos en construir redes y relaciones que de una forma muy efectiva, les permiten incidir directamente en la opinión pública mediante la manipulación mediática, también en la definición de políticas educativas y en el control del rumbo de la educación nacional; todo esto además de realizar negocios a costa del erario, faltaba más.

Estos grupos tienen muy claro qué transformación educativa quieren promover; su intervención no comienza ni termina con un gobierno en particular. Para ellos, la educación pública es un asunto estratégico que han tomado por asalto y no piensan abandonar nunca. El motivo: de ello depende imponer un proyecto de país y consolidar un modelo económico.

Cuando los partidos plantean en las campañas la posibilidad de reformar la reforma, ellos ya se anticiparon; ¿será que no se enteran? ¿o es que sí lo saben y solo buscan congraciarse con el empresariado?

Por ejemplo, Mexicanos Primero planteó desde hace un año, la necesidad de reformar la reforma, perfeccionarla para transformar las prácticas y actitudes reales. En abril de 2017, con motivo de sus diez años de existencia, difundió en su página web, tres prioridades inmediatas para el 2018:

  1. Implementación de cambios constitucionales y legales, enfocados en los estados.
  2. Formación continua y permanente de maestros
  3. Transformación de las escuelas normales.

En cuanto a lo que MP llama agenda para el futuro con una visión a diez años, sus prioridades para complementar los cambios educativos en marcha son:

  1. Desarrollo integral de la Primera Infancia.
  2. Educación ética y ciudadanía
  3. Inglés y plurilingüismo
  4. Educación para toda la vida y en todo lugar.

Para conseguir sus propósitos, desde hace un año, MP advirtió que echaría mano de su experiencia de investigación, innovación, de campañas de movilización ciudadana, difusión en medios, propuestas jurídicas y operativas, para avanzar en una transformación del sistema educativo (Mexicanos Primero cumple 10 años) que han venido empujando desde que surgió la organización.

Además de definir y publicitar sus prioridades, la organización realizó cambios en puestos clave con miras a asegurar la continuidad de la reforma educativa. La presidencia de Mexicanos Primero que ocupaba Claudio X. González Guajardo, fue asumida por Alejandro Ramírez Magaña, dueño de Cinépolis y presidente del Consejo Mexicano de Negocios: la Vicepresidencia recayó en el hermano de Claudio, Pablo González Guajardo, también director general de la empresa familiar Kymberly-Clark México. David Calderón, vocero de la organización, asumió la presidencia ejecutiva y Juan Alfonso Mejía López, director del capítulo Sinaloa de MP, titular de la Unidad de la Coordinación Ejecutiva y Coordinador General de la Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación, consejero nacional del PAN e integrante del equipo de transición de Calderón, pasó a ocupar la dirección general (Asume sinaloense dirección general de Mexicanos Primero). Calderón y Mejía, son la cara académica de MP.

En estos enroques estratégicos, se mantiene una combinación equilibrada de personajes con determinadas características. Obviamente, el empresariado ocupa las posiciones clave, son los que llevan la batuta; otros integrantes cuentan con experiencia partidista o están vinculados a ciertos partidos políticos, al poder legislativo y/o al sector público, en particular a la SEP. De esta forma, se asegura el establecimiento y/o mantenimiento de relaciones entre diferentes sectores y grupos por fuera de la organización; perfiles multifacéticos y estrategias de incidencia, son dos rasgos característicos de un modus operandi conocido como gobernanza corporativa, que le ha dado al cártel de la reforma educativa, magníficos resultados y dividendos.

El cártel de la reforma educativa consigue lo que se propone gracias a la construcción de redes con una amplia gama de entidades públicas y privadas. Ha sido capaz de tejer multiplicidad de relaciones con el poder legislativo, con dependencias públicas y entidades gubernamentales a nivel municipal, estatal y federal; establece alianzas con organizaciones y redes de la sociedad civil, con empresas, grupos y asociaciones empresariales; también con universidades y centros de investigación, y desde luego, los vínculos con medios de comunicación, fundamentales para manipular la opinión pública.

Para dar una idea de cómo funciona, veamos un ejemplo reciente. Desde hace cinco meses, 300 organizaciones entre las que se encuentra ACUDE, Un Kilo de Ayuda y por supuesto, Mexicanos Primero, iniciaron acercamientos con los equipos de campaña de los candidatos, para que suscribieran diez compromisos del Pacto por la primera infancia, esto luego de haber probado el esquema con diferentes gobiernos estatales.

Faltan casi dos meses para las elecciones y ya lograron que cuatro de cinco candidatos presidenciales se comprometan con una de las tres prioridades que desde hace un año propusieron para el 2018. López Obrador no llegó al acto protocolario, pero en declaraciones posteriores se pronunció a favor de esta iniciativa.

Tanto Mexicanos Primero como todas las demás organizaciones de base empresarial- conservadora con cara civil, se autodefinen como plurales y sin fines de lucro. Pero cuando se mira con detenimiento su composición, estructura y funcionamiento, más que pluralidad, lo que se aprecia es la presencia de los mismos grupos de interés que utilizan distintos membretes para firmar desplegados, realizar campañas en medios de comunicación que son de su propiedad, acordar con gobernadores, cabildear con legisladores o abiertamente plantear determinadas exigencias al sector gubernamental.

En realidad, las organizaciones y redes principales son más bien cerradas, los nodos centrales dependen de figuras que son dueñas de grandes empresas o pertenecen a familias propietarias de grandes negocios. A menudo ocupan las portadas de revistas como Forbes por ser las más adineradas, controlan los medios de comunicación y se erigen como autoridad para opinar en materia educativa.

Para aparentar pluralidad, han fundado diversas organizaciones. Es el caso de Claudio X. González, creador de Fundación Televisa, Aprender Primero, BÉCALOS, la Unión de Empresarios para la Tecnología en la Educación (UNETE). Detrás de esta “pluralidad” de membretes, se encuentran exactamente los mismos grupos e intereses ¿Quién es el empresario y activista Claudio X. González?).

En el actual contexto electoral, un rápido recorrido por lo que han dicho y hecho en los últimos dos meses, permite ver sumodus operandi.

El 8 de marzo, alrededor de cien organizaciones entre las que se encuentra Mexicanos Primero, México Evalúa, Enseña por México, ÚNETE y SUMA por la educación, citaron a una reunión privada a los candidatos de las tres coaliciones (Dialogan ONGs con Meade sobre educación). En esa reunión, Marinela Servitje, heredera de Bimbo, directora general del Museo del Niño, integrante de una familia ligada a organizaciones de ultraderecha católica como el Opus Dei y los Legionarios de Cristo (Los Servitje, incendiarios y conservadores),  dijo que el objetivo era exigir a los aspirantes que colocaran el tema educativo como una prioridad en su agenda;  informó también que se trataba de un encuentro previo a otro que se realizaría en mayo.

Días después, el presidente de SUMA por la educación reconoció la intención  de repetir la iniciativa 10Xlaeducación, probada seis años atrás con los candidatos de aquél entonces:

“Nuevamente llevaremos a cabo este ejercicio a través de un primer evento llamado Diálogo con los candidatos, que se efectuará a principios del mes de mayo….Quien no acuda se encuentra en su derecho, sin embargo, la ciudadanía cada vez está más atenta a las indefiniciones, a los intereses particulares de los grupos de poder a los que sirven, y a la ausencia de propuestas transformadoras para la educación (10xlaeducación: candidatos, respuestas y compromisos).

El 31 de marzo, los medios confirmaron la realización de la segunda edición sexenal de la iniciativa 10 por la educación para repetir la fórmula del establecimiento de compromisos de campaña (10 por la educación: las preguntas que harán reflexionar a los candidatos) que hace seis años presentara EPN como iniciativa de reforma constitucional.

El 3 de abril la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) dio a conocer sus exigencias, que no difieren de las planteadas por las OSC de base empresarial. Mediante el “Manifiesto México”, exigió a candidatos, propuestas concretas para atender siete demandas. Una de ellas, Educación de calidad e innovación, contempla los aspectos siguientes: formación de calidad, desde la primera infancia, capacitación, infraestructura y mejores condiciones laborales de docentes a partir de resultados, con evaluación integral eficaz (La Coparmex presenta “Manifiesto México”).

Otro hecho, aparentemente desconectado de los anteriores, es el cambio de consejeros del INEE. El 25 de abril el senador Ernesto Cordero del PAN, tomó la protesta a Bernardo Hugo Naranjo Piñera en lugar de Eduardo Backhoff y a Patricia Gabriela Vázquez del Mercado en lugar de Margarita Zorrilla, como consejeros del INEE por un período de cinco años.

Ambos fueron propuestos por EPN en acuerdo con Otto Granados titular de la SEP; el perfil y trayectoria de los nuevos consejeros, contrasta con el de los consejeros salientes procedentes de la academia. Los legisladores de los diferentes grupos parlamentarios desecharon las postulaciones de los consejeros salientes que buscaban repetir en el cargo, y aprobaron sin mayor discusión los nombramientos propuestos por el ejecutivo, cuyo perfil le permitirá al cártel de la reforma educativa, maniobrar con más holgura dentro del INEE.

Los flamantes consejeros del INEE son dos casos ejemplares de profesionales con perfiles polifuncionales que busca reclutar el cártel de la reforma. Reunir en una sola persona conocimiento, experiencia y trayectoria en el sector público, que cuente con relaciones con el empresariado y conozca el sector privado, facilita enormemente el sostenimiento y fortalecimiento de la gobernanza corporativa en la que ya son expertos.

Naranjo Piñera es uno de esos académicos-funcionarios-consultores que hoy abundan en la administración pública. Doctor en Política Educativa por la Universidad de Stanford, ha sido simultáneamente consultor independiente de Proyecto Educativo SC, que es de su propiedad, y también asesor de la Secretaría de Educación del gobierno de Puebla. Cuando decimos simultáneamente, quiere decir que ha recibido al mismo tiempo, recursos públicos por partida doble: como asesor del gobierno de Puebla, y por realizar estudios por encargo de la SEP (A confesión de partes…). Entre sus méritos está una encuesta a estudiantes de escuelas normales el año pasado, para conocer su opinión sobre el servicio docente.

En cuanto a Patricia Gabriela Vázquez del Mercado Herrera, es maestra en Política Pública comparada por la FLACSO y licenciada en Pedagogía por la Universidad Panamericana, la misma donde estudió Peña Nieto. Se desempeñó de junio de 2015 a la fecha, como secretaria de Educación del Gobierno de Puebla (INEE: ¿escándalo en puerta?).

En su intervención durante la ceremonia de nombramiento de los nuevos consejeros, el senador del PAN Romero Hicks, figura clave en la aprobación de la reforma constitucional, resumió así los pendientes del INEE:

“…consolidar la autonomía, complementar la evaluación y la formación de todos los agentes de la educación; en materia de la Ley General del Servicio Profesional Docente, hemos pasado de la recomendación al mérito. Necesitamos una evaluación más amable, una mejor formación, una incorporación de las voces de los maestros, de los alumnos, de los padres de familia, de los directivos y autoridades en la evaluación del sistema” (Intervención de Juan Carlos Romero Hicks durante la presentación del dictamen para la elección de integrantes del INEE).

Los cambios en el INEE ocurren en un contexto electoral en el que la reforma educativa está en disputa. En este proceso, es evidente la intervención del gobierno federal y también de los partidos políticos, particularmente el PRI y PAN, cuyas relaciones con el empresariado son de íntima cercanía si no es que de simbiosis.

Por su parte, los empresarios y organizaciones civiles de base empresarial (que son los mismos), fueron los primeros en hablar de reformar la reforma; se anticiparon a plantear que las prioridades educativas son la atención a la primera infancia, la actualización docente (desde luego, sin quitar el dedo del renglón de la evaluación). Desde hace varios años, son ellos quienes llevan la delantera en la definición de conceptos como calidad y aprendizaje, realizan o encargan estudios a modo para proponer políticas “basadas en evidencia”, presionan o negocian con los poderes públicos para asegurar las condiciones institucionales y la aprobación de las reglas necesarias para operarlas, también proponen crear los organismos vigilantes de la implementación en los que a menudo se insertan como observadores. Desde su lógica estratégica, las autoridades educativas locales, directivos y maestros están nada más para atender la implementación de programas, acciones y proyectos construidos con base en sus intereses, así como corregir sus fallas. Esperan que lo hagan con la mayor eficiencia y eficacia posible.

Seguramente habrá quien piense que criticamos por criticar, que las intenciones del empresariado y entidades privadas son loables, proponen y actúan con mayor claridad y rapidez que las propias autoridades educativas. Tienen razón si nos atenemos a esta que es su cara visible.

Debajo de las loables intenciones para mejorar la calidad de la educación, está la expoliación, el enriquecimiento a costa de recursos públicos, las ganancias que le están dejando a entes privados programas como Escuelas al Cien; la infraestructura escolar no mejorará, los trabajos se hacen mal y a medias por particulares que se embolsan millones que no se reportan. Una visita a escuelas beneficiadas, permite comprobarlo fácilmente.

Por si hubiera duda, basta ver los informes de la Auditoría Superior de la Federación para comprobar que los programas de política educativa nacional nunca cumplen los objetivos para los que fueron creados. Pese a ello no se suspenden, los problemas se minimizan, no hay castigo ejemplar contra el desvío o la opacidad en el manejo de recursos (ASF detecta anomalía de 200 mdp en gasto educativo…). Tampoco son sancionados los funcionarios responsables, que por cierto, a menudo son también empresarios.

Mientras los críticos siguen engatusándonos con el fracaso, o peor aún, con la muerte de la reforma, y los candidatos presidenciales parecen ir a la zaga, limitándose a incorporar demandas definidas desde antes por otros, las élites políticas, los grupos conservadores y oligárquicos, actúan estratégicamente, con visiones de largo plazo, tejiendo y extendiendo sus redes de poder económico, político, intelectual y comunicacional más allá de los períodos sexenales. No han dejado de moverse, no están dispuestos a ceder un ápice, buscan apoderarse por completo del territorio educativo para obtener ganancias y hacer negocios, pero ante todo, para imponer un proyecto educativo que garantice por largo tiempo, el sostenimiento de un modelo económico depredador. En eso están empeñados, van derecho, por la derecha y no se quitan. ¿Nos limitaremos a contemplar la devastación?

Contacto: labandadelxs3@gmail.com

Fotografía: notisistema

*Fuente: http://insurgenciamagisterial.com/el-cartel-de-la-reforma-educativa-ataca-de-nuevo/

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¿Educación inclusiva o diferenciada?

Europa7 España/ 07.05.2018/ Fuente: www.deia.eus.

“La educación segregada no promueve la igualdad, pero tampoco la libertad”

La educación diferenciada es legal. Un Tribunal Constitucional (TC) dividido -ocho magistrados a favor y cuatro en contra- avala la financiación pública de los colegios que separan a sus estudiantes por sexo. El fallo considera que la segregación por sexo entra dentro del ámbito de la libertad de enseñanza y, por tanto, este tipo de colegios tienen derecho a recibir subvenciones públicas. Tras dos décadas de debate dentro y fuera de los juzgados, la conclusión es que separar a niños y niñas no es inconstitucional, pero, ¿es un buen modelo educativo?

El Gobierno vasco nunca ha retirado la financiación pública a los centros de educación diferenciada al considerar que “no es discriminatoria”, argumento que usó el Tribunal Supremo para echar por tierra el intento de la Junta de Andalucía de cerrar el grifo a estos centros en su comunidad. En concreto, los Presupuestos de la CAV contemplan este año una partida de 13,5 millones de euros para financiar a los seis colegios -vinculados en su mayoría al Opus Dei- que solo aceptan o chicos o chicas en sus aulas: Gaztelueta, en Leioa;Munabe y Ayalde, en Loiu;Arangoya, en Bilbao;Erain. en Irun, y Eskibel, en Donostia.

La organización en la que se agrupan cuatro de estos centros, COAS, ha editado un documento en el que informa de las “ventajas” de este modelo. COAS defiende que separan a chicos y chicas porque maduran a distinto ritmo y obtienen mejores resultados académicos porque la homogeneidad entre profesor y estudiante crea un clima de mejor empatía y disciplina. Sostiene que hay una mejor percepción del rol de las personas del mismo sexo y se reducen las diferencias por esta razón en el currículo y en las oportunidades del alumnado. Asegura que, al estudiar separados, se elimina la dominación de género y otras conductas conflictivas hacia el otro sexo. Dicen que se dan más oportunidades de liderazgo ya que no hay tantos estereotipos por la presión grupal. Esta corriente se basa en la neurociencia y aduce razones físicas y psicológicas para justificar que niños y niñas aprenden y procesan sus emociones de forma distinta y que, por tanto, hay que enseñarles de forma diferente.

Pero esta manera de concebir la enseñanza choca de plano con el paradigma educativo mayoritario actual, un sistema mixto, basado en la educación inclusiva y en la coeducación. “Hay estudios para todo, proponga una hipótesis y encontrará un estudio que la corrobore”, afirma Amelia Barquín, profesora en la Facultad de Ciencias de la Educación de Mondragon Unibertsitatea. Barquín asegura que “la neurociencia no dice que niños y niñas aprendan de forma diferente, como defienden los segregacionistas, sino que cada persona tiene una serie de características y capacidades y necesita distintos recursos”. Por tanto, considera que “dividir a toda la población en dos categorías y decir que una aprende de una forma y la otra de otra es una forma falsa de interpretar lo que dice la neurociencia”.

Para esta especialista en el tratamiento inclusivo de la diversidad cultural “la educación segregada no promueve la igualdad, pero tampoco la libertad y la diversidad. Y para mí esto es importante porque cuando hablamos de inclusión no solo hablamos de igualdad de oportunidades, que también, hablamos de la libertad de las personas para construirse como personas”. Y según dice, “encerrar a los seres humanos en dos categorías y tratarlas de forma homogénea está lejísimos de la neurociencia y del sentido común”.

Desde la óptica de la educación inclusiva, Barquín cree que “la diferenciación no tiene cabida y la segregación por sexo tampoco. En un mundo en el que vivimos y viviremos juntos, una educación que no nos prepara para vivir juntos no puede ser buena”. Además, dice, “no hace falta haber hecho un máster para darse cuenta de que quienes promueven la segregación son sectores ultraconservadores y ultracatólicos que precisamente no son los más inclusivos y que más apertura hacia la diversidad demuestran. Todo lo contrario”.

Barquín censura que el TC aluda a la libertad de elección de la familias para financiar a estos centros porque “la libertad de elección no es un derecho absoluto”. “Hay cosas -dice- que podemos elegir, pero que están mal, no son morales, ni beneficiosas para la chavalería o para la sociedad. Es como la libertad de expresión, que no lo ampara todo”. Y es que desde su punto de vista, por encima del deseo de las familias “están los derechos de la chavalería”.

Fuente: https://www.deia.eus/2018/05/05/sociedad/euskadi/educacion-inclusiva-o-diferenciada

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Costa Rica: Financiamiento de la educación pública

Centroamérica y El Caribe / Costa Rica/ 07.05.2018 / Fuente: www.nacion.com.

Para calcular el 8 % del PIB, es necesario considerar todos los gastos con fines educativos. Eso no puede excluir los aportes al Instituto Nacional de Aprendizaje.

El financiamiento de la educación pública reviste enorme interés, no solo por la elevada inversión anual de recursos públicos, sino por los réditos esperados por la sociedad en términos de cantidad y calidad de graduados en todos los niveles del sistema. Si los programas de estudio se diseñan de manera adecuada, existirá una importante correlación entre los niveles de educación y la posibilidad de que sus beneficiarios encuentren oportunidades de empleo bien remunerado.

La generosidad constitucional respecto al aporte estatal a la educación pública no debe interpretarse como carte blanche para que los recursos se gasten de cualquier forma

El artículo 78 de la Constitución Política dispone la obligatoriedad de la educación preescolar y la general básica. Ambas son gratuitas y costeadas por la nación, así como la educación diversificada en el sistema público. En cuanto a la educación superior, el mismo artículo constitucional asigna al Estado el deber de facilitar la prosecución de estudios superiores a quienes carezcan de recursos pecuniarios. En ese nivel, el mandato constitucional no insiste en obligatoriedad ni en la gratuidad, como lo hace en los niveles inferiores. Además, dispone que el apoyo estatal a quienes opten por la educación superior deben focalizarse en las personas de menores recursos.

Por su parte, el artículo 85 dispone que el Estado “dotará de patrimonio propio” a las universidades públicas y “les creará rentas propias, independientes de las originadas” por ellas mismas. Las universidades estatales cuentan con un patrimonio, pero se espera que produzcan rentas independientes para ayudar a cubrir sus costos. Esas rentas pueden provenir de ventas de servicios de consultoría altamente especializadas, lo cual no solo liga fuertemente a las universidades con la sociedad donde operan, sino que les suple valioso material empírico para fortalecer la base teórica de las carreras. Las rentas también pueden provenir del cobro de matrículas (lo cual incluye préstamos) a los estudiantes de hogares acomodados. Así operan prácticamente todas las universidades del mundo.

Costa Rica optó por fijar el aporte anual del Estado a la educación pública en al menos un ocho por ciento del valor de la producción nacional (8 % del PIB), lo cual es alto, y más aún si se tiene en cuenta el nivel de presión tributaria y el enorme déficit fiscal. Para calcular el porcentaje es necesario tomar en cuenta todas las erogaciones estatales que, por una u otra vía, van a la educación, y eso no puede excluir los aportes al Instituto Nacional de Aprendizaje. Dejar esos gastos fuera del cálculo es elevar la contribución estatal todavía más y ya existen costos asociados con la educación que no suelen tomarse en cuenta para el cómputo, como los subsidios con cargo al presupuesto nacional por concepto de pensiones a exempleados del sector educativo.

Por otra parte, la evidencia empírica muestra que la inversión nacional en educación no rinde lo que debiera, pues otras naciones obtienen resultados superiores, como lo demuestran las pruebas del Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA, por sus siglas en inglés.).

La generosidad constitucional respecto al aporte estatal a la educación pública no debe interpretarse como carte blanche para que los recursos se gasten de cualquier forma. Es preciso emplearlos con eficiencia. Las universidades públicas también deben procurar hacer su aporte financiero mediante la generación de los recursos esperados por la Constitución.

Los medios económicos del país son limitados. Esa verdad no es menos cierta cuando se trata de causas tan importantes como la educación. El 8 % del PIB es un esfuerzo muy importante. En las circunstancias actuales no puede ser ampliado a capricho. En cambio, es indispensable sacarle el mayor provecho.

Fuente:  https://www.nacion.com/opinion/editorial/editorial-financiamiento-de-la-educacion-publica/XYAV75B32VCADNGNMOIUC35ZGE/story

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Puerto Rico: La Cámara verá proyecto sobre educación especial

Centroamérica y El Caribe / Puerto Rico/ 07.05.2018 / Fuente: www.elnuevodia.com.

El proyecto para crear la nueva Ley de Educación Especial será considerado dentro de dos semanas por el pleno la Cámara de Representantes sin tomar en cuenta gran parte de las enmiendas recomendadas por el Departamento de Educación en el proceso de vistas públicas, adelantó el representante Rafael ‘June’ Rivera Ortega.

Como presidente de la Comisión de Educación Especial de la Cámara, Rivera Ortega dirigió el proceso de evaluación del proyecto de ley.

En una vista celebrada el 4 de abril, Educación presentó una ponencia con sobre 100 enmiendas, en la que alertó que ese lenguaje incluido en la medida ya es atendido en la Ley federal de Educación para Personas con Discapacidad. Argumentó, además, que el proyecto es muy específico en ciertos aspectos que deben ser dejados en manos de la agencia mediante reglamentación.

Rivera Ortega dijo, tras la vista, que la secretaria de Educación, Julia Keleher, se comunicó con él. “Ella lo que me dijo es que apoya la medida como la radiqué”, aseguró. “Se queda como está ahí”, agregó al señalar el proyecto de 144 páginas.

Una de las principales objeciones de Educación tiene que ver con la creación de la nueva Secretaría Asociada del Programa de Educación Especial, una especie de miniagencia   con autonomía administrativa, fiscal y docente. Su titular sería nombrado por el gobernador y tendría que ser confirmado por la Asamblea Legislativa.

En la vista pública, Educación planteó que la Secretaría aumenta los gastos y la nómina, criticó que tenga su propia División de Compras de Bienes y Servicios y que solicite directamente su presupuesto a la Legislatura.

Rivera Ortega argumentó, en una entrevista en su oficina, que la ley vigente de Educación Especial le daba ese poder a la actual Secretaría Auxiliar de Servicios Educativos Integrales para Personas con Impedimentos, pero la ley nunca se respetó.

“La autoridad la tiene el secretario de Educación Especial”, contestó Rivera Ortega cuando se le preguntó cómo se resolverían disputas entre el titular de Educación y este funcionario.

El proyecto también ordena la creación de un panel de seis jueces administrativos supervisados por un juez administrador que tendrán la misión de atender querellas de padres y tutores. Todos   tendrían que ser confirmados por la Asamblea Legislativa.

Rivera Ortega sí acogió una petición de la Oficina de la Administración de Tribunales para que estas vistas no se celebren en tribunales, como dispone la medida originalmente.

En la actualidad, estas vistas se celebran en las regiones educativas -conocidas tras la aprobación de la reforma educativa (Ley 85) como Agencias Locales Educativas- y Rivera Ortega ha argumentado que el proceso coloca en desventaja a los querellantes al celebrarse los procedimientos en un edificio de la dependencia.

No se ha determinado dónde se celebrarán las vistas con la enmienda acogida.

La legislación propuesta también crea la Junta Examinadora de Defensores de Niños con Discapacidades, un ente creado bajo el Departamento de Estado que licenciará a estas figuras que en la actualidad son conocidas como intercesores. Estos ciudadanos privados o agrupados bajo organizaciones acompañan a padres o tutores de estudiantes en vistas administrativas del DE. Según Rivera Ortega, el trabajo de estas personas no está regulado y tampoco sus honorarios.

De convertirse en ley el proyecto, estos tendrán que aprobar un examen confeccionado por el Departamento de Estado y cumplir con una serie de requisitos, que incluye una cuota anual máxima de $100 para realizar el trabajo. Los honorarios serán reglamentados por el Departamento de Estado.

De otro lado, Rivera Ortega no acogió enmiendas como eliminar de la medida un listado de las condiciones de salud incluidas en la definición de un niño con discapacidad o dejar en manos del DE la reglamentación necesaria para confeccionar el Programa Educativa Individualizado (PEI) de cada estudiante de educación especial.

El DE también objeta que se eleve a rango de ley lo que se conoce como el Remedio Provisional, una herramienta que forma parte del laudo del pleito de clase Rosa Lydia Vélez que pueden utilizar los padres o tutores para exigirle a la agencia que sufrague los costos con proveedores privados de servicios que la agencia no puede brindar a los niños.

La posición del DE es que el titular de la agencia establezca, como dice en la Ley 85 de reforma educativa, “normas para la operación de este mecanismo”.

“Queremos hacerlo por ley. El reglamento es una autorización que se le da a la agencia para que legisle internamente”, dijo Rivera Ortega, acompañado por su asesora, Carmen Pereles, una veterana de 36 años de servicios en el DE.

“Si estuviera atendido, la pregunta que hay que hacer es por qué al día de hoy tenemos ejemplos que demuestran que no se está cumpliendo con el estudiante?”, se preguntó.

Fuente: https://www.elnuevodia.com/noticias/locales/nota/lacamaraveraproyectosobreeducacionespecial-2420427

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