América del Norte/Canadá/19 de Agosto de 2016/Autora: Chinta Puxley/Fuente: The Huffintong Post
RESUMEN: Un estudio reciente sugiere que el legado de las escuelas residenciales ha dejado a algunas personas indígenas más cautelosos y temerosos del actual sistema educativo de Canadá. El estudio, publicado en la edición de este mes de la Revista Canadiense de Sociología, sugiere que la desconfianza lleva a los padres a ser menos comprometidos con los maestros y podría perjudicar a la educación de sus hijos. El artículo se basa en entrevistas con docenas de educadores y padres del sur de Ontario. La mayoría eran indígenas. La Comisión de la Verdad y Reconciliación escuchó el testimonio gráfico de supervivientes que se detallan a abuso físico, sexual y emocional. Sus hijos hablaron sobre el trauma intergeneracional que sufrieron como consecuencia de ello. La comisión estima al menos 6.000 niños murieron en las escuelas.El sistema educativo se espera la participación de los padres, lo que puede significar ventajas educativas para aquellos que están activamente involucradas, sugirió. «Es una parte muy importante de la cultura escolar, pero no todos los padres pueden participar en la misma forma.» Como resultado, algunos niños se les puede negar recursos importantes, tales como materiales de aprendizaje adicionales, actividades después de la escuela o los programas de dotados, dijo.Canadá está empezando a abordar la cuestión. Siguiendo las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, muchas provincias – incluyendo Alberta, Ontario y Manitoba – se están moviendo para incorporar currículo indígena en el aula a partir de la escuela primaria. Sin embargo, las escuelas y los maestros tienen que hacer más para llegar a las familias indígenas y para ayudar a reconstruir su confianza sacudida. Las escuelas juegan un papel importante en la reconstrucción de la confianza y la reconciliación.
A study suggests the legacy of residential schools has left some indigenous people more wary and fearful of Canada’s current education system.
The study, published in this month’s issue of the Canadian Review of Sociology, suggests that distrust leads parents to be less engaged with teachers and could hurt their children’s education.
The article is based on interviews with dozens of educators and parents from southern Ontario. The majority were indigenous.
Researcher Emily Milne, assistant professor of sociology at MacEwan University in Edmonton, said virtually every indigenous participant was touched in some way by the residential school experience.
«People expressed a bit less comfort with schools. There was a bit less trust there with schools because of this history,» Milne said. «It was very much part of their educational experience, discrimination that they experienced while they were in school.»
About 150,000 First Nations, Inuit and Metis children were taken from their families and forced to attend government schools. The last school closed outside Regina in 1996.
The Truth and Reconciliation Commission heard graphic testimony from survivors who detailed physical, sexual and emotional abuse. Their children talked about the intergenerational trauma they suffered as a result.
The commission estimated at least 6,000 children died at the schools.
One person Milne interviewed told her: «I have the worst fear of teachers … Even if the teacher is the same age as me, I’m still nervous around them.»
This unease can put indigenous children at a disadvantage, Milne said. The education system expects the participation of parents, which can mean educational advantages for those who are actively engaged, she suggested.
«It’s very much a part of the schooling culture but not all parents can participate in the same way.»
As a result, some children may be denied important resources such as extra learning materials, after-school activities or gifted programs, she said.
Milne found that fear and unease subsided somewhat depending on an indigenous person’s education level. The longer people spent in school, the more comfortable they were with educators.
«They were approaching education in different ways,» she said. «They had more knowledge of the school system that they could draw on to navigate the schooling process and be very present in their children’s schooling.»
Milne said Canada is starting to address the issue. Following recommendations from the Truth and Reconciliation Commission, many provinces — including Alberta, Ontario and Manitoba — are moving to incorporate indigenous curriculum into the classroom starting in elementary school.
But schools and teachers have to do more to reach out to indigenous families and to help rebuild their shaken trust, she added.
«Schools play an important role in rebuilding that trust and in reconciliation.»
VALENCIA. La reciente remodelación en el segundo y tercer escalón del Consell implicó la creación de una nueva dirección general de la Infancia y Adolescencia dentro de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas al frente de la que estará Rosa Molero, psicóloga y logopedacon más de 18 años de experiencia.
Entre sus 26 páginas de currículum destacan calificaciones «cum laude», numerosas publicaciones, estancias en otras universidades de España y su papel como consultora de EMDR, una terapia avalada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para el tratamiento del trauma.
Dentro de la labor que desempeñará, su formación como «experta en orientación y mediación familiar», su papel como especialista europeo en psicoterapia o su desarrollo como mediadora familiar le ayudará a encaminar su trabajo hacia un cambio del modelo de institucionalización del acogimiento del menor. Un término que se ha esquivado, por otra parte, en el nombre del cargo por motivos que a continuación describe.
La directora general de Infancia y Adolescencia recibe a Valencia Plaza para realizar su primera entrevista. Habla con pasión de los retos que tiene esta nueva dirección y, de la misma manera que acostumbra su consellera, no deja pasar la ocasión para distanciarse de las políticas llevadas a cabo en esta materia por el gobierno anterior.
¿Con qué carencias y necesidades se encuentra la Conselleria de Igualdad para crear esta nueva Dirección General de la Infancia y Adolescencia?
Necesidades todas y carencias también. Esta dirección general nace desde la necesidad de darle una entidad propia y visible a la infancia y adolescencia. De hecho, todos los partidos políticos que tienen representación parlamentaria se unen y junto a entidades que trabajan con la infancia como Unicef, Save the Children, Cáritas o Cruz Roja, firman un Pacto en el mes de junio. Este Pacto por la Infancia es un punto de salida de las políticas que tenemos que hacer y es lo que verdaderamente permite darle forma a lo que queremos hacer, aunque el modelo aún tenemos que construirlo.
¿Qué perfil debía tener la persona que ocupara este cargo?
Es una dirección general transversal. Era muy importante tener una perspectiva holística, ponernos unas gafas para mirar con perspectiva y reconocerlo no con los principios, sino con los derechos del interés superior de los niños y las niñas. Era importante tener presente el precepto del niño y adolescente de ser escuchado. Por tanto, esto son dos máximas que debía tener clarísimas la persona que ocupara este cargo. Esta dirección general es de la Infancia y Adolescencia, no es de aquellos niños llamados «menores» que es un término jurídico, pero ni es amable ni es inclusivo.
¿Cuáles son las líneas básicas de esta nueva dirección general?
La infancia es todo y, precisamente por eso, pensamos que quien ostenta este cargo tiene que generar o tener clara una idea, nosotros la llamamos las cuatro P: Promoción, Participación, Prevención y Protección. El antiguo gobierno tenía olvidados los tres primeros ámbitos y solo aplicaba el de la protección. Pero la promoción de los derechos de la infancia y la participación tienen que ser apuestas muy potentes. Queremos promover políticas en este sentido de manera que se potencien espacios y recursos.
Pero sobre todo el bastión más importante es el de la prevención, ya que es la política más adecuada para evitar la protección. Sin embargo, antes se fomentaba la protección dentro de un lenguaje adultocentrista. Un lenguaje del que nosotros queremos huir. Hasta ahora la protección ha sido un espacio para atrapar a los niños. Con la protección lo que se hace es decidir que un niño se debe retirar de su espacio convivencial porque no es el adecuado, pero la administración pública, el antiguo gobierno no tenía los recursos, ni la voluntad, además de no tener implantado el modelo para trabajar con su familia biológica. Trabajar para el retorno. De manera que el niño y la niña quedaba atrapado en el sistema de protección hasta que tenía la mayoría de edad y cuando la tenía, en un acto absolutamente demencial, lo que hacían era echarlo a la calle sin herramientas con las que buscarse la vida.
Queremos hacer unas políticas donde la emancipación y los procesos de fomento de los recursos personales se establezcan especialmente para estos chicos y chicas que están en el sistema de protección y cumplen la mayoría de edad en ella, para que tengan un espacio de tiempo mayor y puedan desarrollar ámbitos que les permitan tener o cumplir los aspectos que te permiten tener un futuro, es decir, la preparación para el trabajo.
¿Podemos entender entonces que habrá acciones conjuntas con Educación, Sanidad y otras consellerias?
Sí. Una de las premisas fundamentales de este gobierno es entender qué es la transversalidad. En particular la vicepresidenta ha liderado y está liderando estos espacios transversales para, entre otras cosas, poder trabajar aspectos muy complejos como son los niños, niñas y adolescentes que tienen problemas de salud mental, dificultades en la escolarización o que necesitan espacios de ocio para facilitar la inclusión e igualdad de oportunidades. Es decir, no es una tarea exclusiva de esta dirección general que quiere fomentar e impulsar todo esto, sino que es una tarea de todos: Educación, Trabajo, Vivienda… La dirección general de la Infancia y Adolescencia es una tarea de todas las consellerias.
Rosa Molero durante la entrevista en el Palau dels Valeriola. Foto: EVA MAÑEZ.
El Pacto por la Infancia que comentaba antes se crea tras conocerse el último informe sobre ‘El Estado Mundial de la Infancia’ del Fondo de la ONU, que refleja que en la Comunitat Valenciana hay más de 330.000 niños y niñas en riesgo de exclusión, ¿qué políticas debe poner en marcha esta dirección general para solucionar este problema?
Tenemos dos líneas de trabajo. Por un lado paliar y por otro prevenir. Ya tenemos este problema encima, tenemos algo más de un 37% de niños y niñas en situación de riesgo de exclusión social y tenemos un problema importante también en cuanto a la transmisión intergeneracional del empobrecimiento.
Pero es que estos 330.000 niños necesitan, se merecen, y la sociedad civil -que no solo el gobierno-, tenemos la obligación de paliar estas carencias a través de, por ejemplo, la ley que se va a trabajar y promulgar de renta básica. Es un aspecto que se va a tener muy en cuenta. Yo estoy muy esperanzada con el Pacto por la Infancia porque se reconoce, además del interés superior de los niños y de ser escuchados, la necesidad de incrementar a nivel presupuestario la dotación para este segmento de la población. Necesitábamos un modelo nuevo, pero también necesitamos una economía que nos permita llevar a cabo todo lo que queremos poner en marcha.
¿Con qué expectativas se llega a este nuevo cargo?
Con todas, con estas cuatro P. Pero somos conscientes de que tenemos que empezar por le principio y nuestra tarea es muy compleja porque se basa en construir deconstruyendo lo que ya había implantado. Además, a su vez, tenemos que ilusionar a los profesionales. Es verdad que necesitamos que estén más preparados, requieren de una formación muy específica porque, sobre todo los niños que están en el sistema de protección, son niños muy dañados que necesitan unos trabajos muy particulares. Pero el primer paso y el primer reto para nosotros es organizar. No digo reorganizar porque eso implicaría que había algo organizado y se ha desorganizado, sino que tenemos que organizar desde el principio lo que tenemos, conocerlo y territorializar los recursos.
Por ejemplo, los centros de día para niños y niñas están fundamentalmente en la costa, ¿qué pasa, que el interior no tiene niños con dificultades que necesitarían estos trabajos de prevención? El reto de organizar es fundamental. Hemos tenido durante muchos años una política fragmentadora, contenedora y asistencialista y esto ha hecho mucho daño. Sobre todo porque ha construido una manera de entender que a estos niños había que esconderlos, apartarlos.
¿Cuál es el reto más importante para usted?
Hay un reto que para mí es muy importante quizá por mi formación, porque aparte de psicóloga soy logopeda, y es el de la lengua. Para mí el lenguaje es fundamental. No se llama de infancia y adolescencia por casualidad, hemos huido del término «menor» porque es un término jurídico que no respeta la intimidad, la potencialidad. Siempre hablamos de necesidades y, ¿dónde quedan las potencialidades de los niños y niñas? Este reto del lenguaje permitirá generar un cambio de pensamiento, el pensamiento modificará las actitudes y las actitudes nos pondrán gafas para mirar con perspectiva, como decía antes… Y eso va a ser desde mi punto de vista fundamental.
«NO HAY CULTURA DE LA PREVENCIÓN, PERO LA PROTECCIÓN ESTABA EXTRAEXPLOTADA»
Otro reto es generar un cambio amable, tranquilo. Que no sea amenazante para la gente que está trabajando en los centros, no queremos decir que lo hayan hecho mal, simplemente seguían otro modelo que no es el nuestro ni el que nos gusta. Un modelo que queremos cambiar y que está muy interiorizado. Por eso queremos hacer un cambio respetuoso y que refuerce y trabaje mucho la pedagogía, que relaje la inquietud sobre las diferentes cosas que queremos modificar. Luego tenemos muchos más retos, por ejemplo en el campo de la protección tenemos que cambiar tantísimas cosas…
¿Cuáles?
Tanto la promoción como la participación y prevención son campos que no están explorados. No hay cultura de la prevención, pero la protección estaba extraexplotada. Por ejemplo, en el campo del acogimiento familiar nosotros apostamos por la desinstitucionalización. Queremos pasar del acogimiento residencial, al familiar. Creemos que es la forma más normalizada y natural para que un niño desarrolle de forma óptima sus capacidades.
De hecho, en octubre pondremos en marcha una campaña de desinstitucionalización llamada «Mejor en familia» de niños de 0 a 6 años. No queremos que ningún niño con esa edad esté en ninguna institución. Es verdad que los niños que tenemos institucionalizados tienen unas necesidades, pero estoy segura que hay una sociedad civil ahí fuera que responde a las necesidades que tenemos y no las conoce. Así que haciendo este tipo de campañas, aparte de hacerles conocedores de la situación, conseguiremos encontrarles familias a estos chicos.
Rosa Molero. Foto: EVA MAÑEZ.
Desde enero las familias de acogida no reciben las ayudas. ¿Cuándo podrán recibirlas?
Hay una diferencia importante entre las familias educadoras –que son las familias ajenas– que no tienen consanguinidad con el niño o la niña que tienen y luego las familias extensas. Estas eran las que estaban cobrando un módulo de cuatro euros frente a las familias educadoras que estaban cobrando nueve. Esto no sólo lo hemos paliado, sino que se ha igualado y subido a máximos, todas cobran 12 euros diarios. Es verdad que las familias educadoras, cobran el modulo por todo el año y lo que haremos el año que viene es que cobren por meses, como hacen las familias extensas.
Las familias educadoras han cobrado ya prácticamente todas, a excepción de alguna casuística, pero en principio las familias de urgencia y diagnóstico ya han cobrado todas y las de acogimiento permanente y temporal también. Lo que falta es que cobren las familias extensas. Y este retraso se debe a dos variables: en primer lugar, tuvimos que sacar una orden de base, esto fue un caramelito envenenado que nos dejó el antiguo gobierno y conllevó mucho tiempo. Además como queríamos que fuera un derecho subjetivo, no graciable, tuvimos que convertirlo en un decreto y posteriormente tuvo que salir la orden. Todo eso lo ha retrasado, pero es algo que no se repetirá en 2017. Y otra cosa que ha influido es que todavía hay ayuntamientos que no han firmado un convenio con nosotros.
¿Cree que era necesaria la obligatoriedad de incluir un informe sobre el impacto en la infancia que tienen todos los anteproyectos de ley que aprueba el Consell?
Esto es como todo. La perspectiva de infancia no ha estado nunca presente, ni se la esperaba. Es muy importante desde mi punto de vista que se haga un análisis de todo aquello que salga como norma. De hecho es un precepto legal, la propia legislación te obliga. Pero aunque no obligara, sería ética y moralmente un precepto, porque el interés superior del niño tiene que estar por encima de cualquier otro. Por lo tanto, esto no era algo cuestionable. Era una necesidad.
¿Qué nivel de participación tendrá la dirección general en estos informes?
Nosotros hemos liderado la defensa de este precepto siempre. Lo que hicimos fue introducir un curso con los profesionales que habían creado la guía para Unicef para crear estos indicadores para estudiar cuál era el impacto generado por las normas que se aprobaran y hemos introducido un curso en el Instituto Valenciano de la Administración Pública (IVAP) para que las distintas consellerias puedan prepararse. La idea es que quien genere la norma, genere el informe. Lo que pasa es que evidentemente, desde nuestra conselleria, no solo nos importa, sino que nos gusta liderar algo que es tan necesario. Pero simplemente ofreceremos una orientación.
Rosa Molero en la plaza de Nules. Foto: EVA MAÑEZ.
Respecto a esta transversalidad que comentaba anteriormente, ¿podemos esperar interacción con los servicios municipales?
Sí, para nosotros los servicios de proximidad, el municipalismo es una máxima. Pero tenemos que tener en cuenta que los ayuntamientos han estado muy dejados de la mano, están muy faltos de personal, tienen muchas tareas asignadas y esta transición, por lo tanto, también debe ser muy amable. Y además debe ir acompañada de presupuestos que le permitan precisamente generar los recursos necesarios. Es una apuesta firme desde el primer momento.
¿Qué objetivos se marca a corto y largo plazo?
A medio plazo la reorganización, el cambio de lenguaje y tener claro el modelo. A largo plazo, que la brecha que existe de desigualdad, la inequidad desapareciera. Este es un trabajo de todos, de la dirección general, que la prevención fuera tan potente que no existieran porque no hicieran falta medidas de protección que arranquen a los niños de sus espacios vitales, etc. Pero esto es casi una utopía. No obstante, si invertimos en prevención, tendremos una sociedad mucho más justa y unos adultos –que ahora son niños– con muchas más posibilidades y romperemos la transmisión generacional del empobrecimiento. Esto sería todo un reto.
¿Cree que hay consenso en todos los partidos políticos respecto a la infancia valenciana?
Yo soy muy positiva. Por lo tanto, para mí este Pacto supone, y así se lo recordaré a cada partido que lo haya suscrito, que hay una promesa, un firme compromiso por incrementar los presupuestos para infancia.
Europa/Francia/12 de Agosto de 2016/Fuente: FranceTV
RESUMEN: Una vez que comience el año escolar, los estudiantes desde el jardín de infantes hasta la escuela secundaria, van a entrenar para responder a los ataques terroristas. Entre las nuevas medidas dadas a conocer por el gobierno a un año del «intento de intrusión» se convirtió en una medida nacional después de haber sido aprobado por algunos estudiantes. Cada tercio de los estudiantes estará acompañado por una comisión de primeros auxilios. «Es extremadamente importante la formación de los estudiantes. Una vez más con el lenguaje apropiado y de acuerdo a su edad», dice Hervé France 3 Jean Le Níger, vicepresidente del CIPF. También se volverá a evaluar la seguridad de cada institución. A la vuelta de los edificios, se iniciará el trabajo si es necesario. El último anuncio hecho es seguido por los estudiantes de la academia en los procesos de radicalización, asi lo informó la policía.
Dès la rentrée scolaire, les élèves, de la maternelle au lycée, s’entraineront à réagir en cas d’attaques terroristes. Parmi les nouvelles mesures rendues publiques par le gouvernement, un exercice «attentat intrusion» par an sera obligatoire dans chaque établissement. Il devient national après avoir été testé par certains lycéens.
Interdiction de s’attrouper
Une prise de conscience qui pour tous les élèves de troisième s’accompagnera d’une sensibilisation aux gestes de premiers secours. «C’est extrêmement important de former les élèves. Encore une fois avec un langage adapté et selon leur âge», confie à France 3 Hervé-Jean Le Niger, vice-président FCPE. La sécurité de chaque établissement sera également réévaluée. Au tour des bâtiments, des travaux seront engagés si nécessaire, et il y aura désormais interdiction de s’attrouper. Enfin, la dernière mesure annoncée est le suivi par l’académie des élèves en processus de radicalisation, c’est à dire déjà signalés par la police.
América del Sur/Colombia/12 de Agosto de 2016/Fuente: Terra.com
Organismos de Naciones Unidas (ONU) expresaron hoy su preocupación por la persistente discriminación y vulneración de los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes en Colombia.
En comunicado, la oficina de la ONU para los Derechos Humanos y el Fondeo de Población de la ONU manifestaron su inquietud por «la persistente estereotipación de género y situaciones de discriminación y vulneración de derechos humanos profundamente arraigados en parte de la sociedad colombiana que permean los debates sobre la educación para niños, niñas y adolescentes en el país».
«Una de las bases fundamentales en el respeto de los derechos humanos es el compromiso por eliminar todas las formas de discriminación», señaló la ONU.
Explicó que «los derechos humanos son universales y le pertenecen a todas las personas sin importar su orientación sexual, su religión, su edad, su color de piel, su lugar de nacimiento, su discapacidad o su ideología».
Recordó que el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en una resolución del 28 de junio de este año, reafirmó que «todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos».
Hace pocos días surgió el debate sobre la revisión de los manuales de convivencia exigidos por la Ley 1620 de 2013 y la Sentencia T-478 del 2015 de la Corte Constitucional.
«Es importante reiterar que el Ministerio de Educación Nacional tiene la obligación de promover y garantizar que en los colegios se eduque en una cultura respetuosa de los derechos humanos de todas las personas y se erradique cualquier tipo de discriminación y violencia».
Advirtió que la sociedad colombiana está «en un camino fundamental de construcción de la paz, que esta la construimos todas las personas con el respeto universal de los derechos humanos, que incluyen los derechos sexuales y reproductivos reconocidos por la Constitución y la Ley».
«Esta es una gran oportunidad para que la comunidad educativa integrada por profesores, rectores, estudiantes y padres de familia comprendan que ninguna persona debe ser discriminada y que se rompan prejuicios, cambien mentalidades y creen entornos de inclusión e igualdad en los que se respete la dignidad humana».
El pronunciamiento de la ONU se da en el marco de una protesta y rechazo por parte de sectores conservadores colombianos a una iniciativa del Ministerio de Educación de impartir una cartilla para que trabajen los derechos sin discriminación sexual, religiosa o étnica.
Los sectores ultraconservadores consideran que la iniciativa es una directriz del Ministerio de Educación que busca incluir la ideología de género, que vincula temas de tolerancia y orientación sexual.
La Iglesia y asociaciones de padres de familia, por su parte, consideraron que los manuales implican imponer una ideología que destruye el concepto de «la relación complementaria entre hombre y mujer».
El Ministerio de Educación aclaró que cada colegio es autónomo para decidir cómo ajustar sus manuales y que el documento que elaboró para orientar a los rectores en ese proceso se hizo en cumplimiento de una orden de la Corte Constitucional.
Europa/España/12 de Agosto de 2016/Fuente: Ecodiario.es
La Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) ha condenado este miércoles el ataque que tuvo lugar este lunes contra un hospital civil de la ciudad de Quetta, la capital de Baluchistán, en el oeste de Pakistán, en el que murieron al menos 70 personas, entre ellas dos periodistas.
La directora general de UNESCO, Irina Bokova, ha subrayado que no existe ninguna «justificación» para «perpetrar actos de violencia contra civiles» y ha indicado que «la pérdida de estos profesionales de los medios de comunicación (…) socavan la capacidad de los ciudadanos para sostener un debate informado, que es la base de una buena gobernanza y diálogo».
El atentado comenzó con una explosión que alcanzó a las personas que acompañaban en ese momento al cadáver del presidente de la Asociación de Abogados de Baluchistán, Bilal Kasi, que murió por disparos de hombres armados.
El grupo Jamaat ur Ahrar, una facción escindida de los talibán que ha jurado lealtad a Estado Islámico, reivindicó la autoría del ataque. Jamaat ur Ahrar es el grupo terrorista que reivindicó el atentado que acabó con la vida de 72 personas en marzo de 2016 en un parque de la localidad de Lahore.
En el ataque murieron, entre otros, un cámara de ‘Dawn News’, Mehmood Jan, y otro de Aaj TV, Shehzad Ahmed.
La UNESCO condena de forma regular la muerte de trabajadores y profesionales de los medios de comunicación en línea con la resolución 29, adoptada por los estados miembro de la agencia en 1997, bajo el título de ‘Condena de violencia contra los periodistas’.
Africa/Sudafrica/29 de Julio de 2016/Fuente: All Africa
RESUMEN: La WCED recuerda al profesorado sobre su enfoque estricto con relación al castigo corporal. El Departamento de Educación del Cabo Occidental (WCED) considera que los incidentes de castigo corporal es muy grave. Por consiguiente, el departamento ha emitido una circular (0024/2016) para todas las escuelas y los funcionarios para recordarles que el Departamento tomará estrictas medidas disciplinarias contra los empleados que administran el castigo corporal o los alumnos de asalto. Los castigos corporales y asalto son considerados como la misma, y llevan las mismas sanciones, en términos de la Ley de SA Escuelas. De acuerdo con cifras estadísticas SA para seis provincias para el período de 2009 a 2012, el Cabo Occidental tiene la incidencia más baja de los castigos corporales en el país.Sin embargo, mientras que el número de casos notificados de forma independiente con Stats SA sigue siendo el más bajo, el Cabo Occidental en general, tiene el mayor número de casos que son investigados por el Departamento, como resultado de nuestros mecanismos de información y el compromiso con la investigación de todos los casos reportados a nosotros, ya sea a través de la línea directa de escuelas Seguras, oa través de las escuelas y oficinas del distrito.
The Western Cape Education Department (WCED) views incidents of corporal punishment in a very serious light.
My department has therefore issued a circular (0024/2016) to all schools and officials to remind them that the department will take strict disciplinary action against employees who administer corporal punishment or who assault learners.
Corporal punishment and assault are regarded as the same, and carry the same sanctions, in terms of the SA Schools Act.
According to Stats SA figures for six provinces for the period 2009 to 2012, the Western Cape has the lowest incidence of corporal punishment in the country.
Stats SA figures for these provinces are as follows:
Eastern Cape: 30.3%
KwaZulu-Natal: 21.4%
Free State: 18.4%
Mpumalanga: 11.5%
Gauteng: 4.6%
Western Cape: 4.5%
However, while the number of cases reported independently to Stats SA remains the lowest, the Western Cape generally has the highest number of cases that are investigated by the Department, as a result of our reporting mechanisms and commitment to investigating every case reported to us either through the Safe Schools Hotline, or through the schools and district offices.
Our record shows that the department does not hesitate when it comes to investigating allegations of corporal punishment and charging those responsible.
The WCED charged 160 teachers with assault, mainly corporal punishment, during the 2013/15 financial year, 204 in 2014/15 and 222 in 2015/16.
The figures reflect high levels of reporting by the department, but not necessarily the incidence of corporal punishment in the country as a whole.
While this increase is completely unacceptable, it is also encouraging that more cases are coming to the attention of the Department.
What continues to remain unacceptable is if there are serious incidents that are left unreported.
In the Western Cape we are committed to building a society based on the values of the Constitution. Physical assault does not reflect these values.
At the same time, the WCED is well aware of the challenges that many teachers face when managing and attempting to change behaviour.
The WCED provides extensive training and support on discipline and positive behaviour programmes via our district offices.
Those providing the training and support include former principals and teachers with many years of experience in dealing with the issue, and professional staff such as school psychologists and social workers.
The WCED has recently completed a roadshow to all districts and have included a discussion on Corporal Punishment with principals, also taking into account their concerns about processes followed when investigating such incidents, and the safety and actions of educators and staff when learners act in a violent manner or attend school high on drugs.
El presidente de Gambia, Yahya Jammeh, anunció la prohibición inmediata del matrimonio forzoso y con menores. “A partir de hoy, el matrimonio infantil por debajo de los 18 años es ilegal», afirmó el mandatario el jueves pasado durante un banquete con motivo del final del mes sagrado musulmán del Ramadán. Los casamientos entre niños estuvieron permitidos en el país africano desde su independencia en 1965.
Jammeh advirtió, además, que los infractores afrontarán duras multas y hasta 20 años de prisión por cualquier matrimonio infantil que se registre, y sostuvo que «si no lo denuncian y nosotros lo descubrimos, nos ocuparemos de ustedes». Y agregó, mientras pedía que se divulgue la noticia a toda la población: «El imán (sacerdote) y todos aquellos que dirijan la ceremonia de matrimonio irán también a la cárcel».
También se penalizará a los padres de las menores de 18 años que consientan el matrimonio, mientras que las personas que estén al corriente y no lo denuncien ante las autoridades podrán pasar hasta 10 años en la cárcel.
Esta nueva ley será aprobada antes del 22 de julio por la Asamblea Nacional, explicó el presidente.
El matrimonio infantil es una práctica corriente en África Subsahariana pese a que está prohibida por leyes adoptadas en varios países de la zona. En 2010, Unicef dio a conocer que un tercio de las mujeres de 20 a 24 años de edad en el mundo, se casaron cuando aún eran niñas.
Jammeh, que proclamó recientemente Gambia como «un Estado Islámico», también prohibió en noviembre la mutilación genital femenina, después de llegar a la conclusión de que se trata de una práctica tradicional y no dictada por la religión musulmana.
El presidente dirige con mano de hierro el país desde que tomara el poder con un golpe de Estado en 1994 y su régimen ha sido acusado de graves violaciones de los derechos humanos. Jammeh se ha caracterizado también por su beligerancia hacia los homosexuales, a quienes ha llegado a calificar de «alimañas» y relacionado con enfermedades como la lepra, la tuberculosis o la gonorrea.
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Rosa Molero durante la entrevista en el Palau dels Valeriola. Foto: EVA MAÑEZ.
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