Un llamado urgente para proteger la Amazonía hacen los pueblos indígenas amazónicos representados por la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA).
La COICA pide a las organizaciones sumarse a la iniciativa “Amazonía por la vida: protejamos 80% al 2025”, para establecer un acuerdo global por la selva tropical más grande del mundo.
El acuerdo busca garantizar la protección permanente del 80% de la selva amazónica para el 2025 y así evitar cruzar un punto de inflexión para la Amazonía, hogar de cientos de pueblos indígenas.
Nosotros, los pueblos indígenas de la Cuenca Amazónica, a través de nuestros conocimientos y saberes ancestrales, hemos protegido la Amazonía durante milenios. A esta lucha se han sumado aliados de organizaciones ambientales, de derechos humanos y la comunidad científica.
Hoy, de manera conjunta, hacemos un llamado a un acuerdo global para la protección permanente del 80 por ciento de la Amazonía para el 2025 como medida urgente para detener el punto de no retorno y responder a la crisis planetaria con un cambio transformador. Es el momento para que la comunidad internacional (gobiernos, sociedad civil, corporaciones, etc.) se una a nuestro esfuerzo por proteger el planeta.
La Amazonía es la selva tropical más grande y con mayor diversidad biocultural del mundo. Es el hogar de 511 pueblos indígenas, incluidos 66 grupos que viven en aislamiento voluntario y contacto inicial. Son más de 300 lenguas que se hablan en esta vasta región que cubre 9 países (Brasil, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Guyana, Surinam y Guayana Francesa).
La Cuenca alberga un tercio de las especies de plantas y animales de la Tierra y el 20 por ciento del agua dulce. Funciona como el corazón biológico de nuestro planeta: secuestra y almacena grandes cantidades de carbono, regula el clima continental y global, produce oxígeno y lluvia, impulsa los sistemas climáticos, entre otros beneficios.
Los Territorios Indígenas (TI) –que ocupan físicamente 237 millones de hectáreas en la cuenca del Amazonas- y las Áreas Nacionales Protegidas (NPA) son vitales para proteger la Amazonía.
Juntos cubren cerca del 50% de esta región. Casi la mitad (45%) del bosque intacto en el Amazonas se encuentra en territorios indígenas, un área más grande que Francia, Gran Bretaña, Alemania, Italia, Noruega y España combinados (FAO -FILAC 2021, p.12-13).
La Amazonía ya ha perdido el 17 por ciento de su cobertura forestal además, un 7 por ciento de sus selvas tropicales se han degradado. Si la deforestación y la degradación combinadas cruzan el umbral del 20 por ciento, los científicos advierten que el sistema alcanzará un punto de inflexión irreversible que puede traducirse en la muerte regresiva de todo el ecosistema. Esto liberaría emisiones masivas de dióxido de carbono y traería consecuencias rápidas y catastróficas para la estabilidad climática global.
Estamos al borde del punto de inflexión o de no retorno. Nuestras acciones en los próximos años determinarán el destino de nuestro planeta durante los próximos milenios. Asegurar la integridad de los sistemas hidrológicos, la biodiversidad y garantizar el rol fundamental de la Amazonía como regulador climático mundial, requiere que al menos el 80 por ciento de sus bosques permanezcan intactos.
Este es un llamado para establecer un acuerdo global para la protección permanente del 80 por ciento de la selva amazónica para el 2025, concertado por todos los gobiernos de la Amazonía y respaldado por los pueblos indígenas y la comunidad mundial.
El Pacto por la Amazonía requiere:
Una visión regional panamazónica que aterrice en un plan estratégico común construido sobre los estrictos lineamientos del Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI). Para lograr el 80% de protección al 2025, cada país amazónico debe desarrollar Planes de Acción Nacionales del Bioma Amazónico (PANBA) para detallar sus compromisos y cumplir con la meta de 80 x 25. El proceso debe contar con la participación plena de la sociedad civil, incluyendo a los pueblos indígenas que hemos sido administradores efectivos de este bioma durante milenios.
El 100% de las tierras indígenas legalmente reconocidas y demarcadas y, la asignación de recursos financieros permanentes que permitan su titulación y ampliación.
La implementación de un modelo de gobernanza con representación política y reconocimiento del rol de los pueblos indígenas en el logro de este objetivo a nivel nacional e internacional.
Una moratoria inmediata sobre la deforestación y degradación industrial de todos los bosques primarios.
La definición de una política forestal y de zonificación que permita la creación de zonas intangibles para áreas que permanecen intactas -sin carreteras y otras zonas exclusivas para actividades industriales.
La restauración de tierras degradadas.
Creación de reservas indígenas o áreas protegidas co-gestionadas, ampliadas para comunidades indígenas y locales1 que actualmente no constan como TIs o ANP y otros territorios (OECM) con las salvaguardas y responsabilidad de los Estados para garantizar la protección de los Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario y Contacto Inicial (PIACI).
Detener los impulsores clave de la deforestación actual y futura y las presiones del desarrollo industrial mediante la suspensión de nuevas licencias y financiamiento para la minería, el petróleo, la ganadería, las grandes represas, la tala y otras actividades industriales.
Una Condonación de Deuda condicionada a una moratoria permanente a la extracción industrial en territorios indígenas y áreas protegidas.
Que el sector financiero se comprometa a garantizar el cumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas y a poner fin a la deforestación en todas las cadenas de suministro que financian. Transparencia y rendición de cuentas del sector financiero y de las cadenas de valor.
La comunidad internacional debe adoptar políticas y marcos inmediatos que garanticen la afluencia permanente de recursos para lograr este objetivo.
La comunidad internacional dinamice recursos financieros necesarios para cubrir los costos de acceso a los servicios básicos de las comunidades indígenas, consolidar su autodeterminación, y fortalecer la gestión integral de los territorios, medios de vida sostenibles y uso del conocimiento ancestral.
Instamos a los países de la cuenca del Amazonas a declarar el estado de emergencia y detener de inmediato la expansión de actividades industriales destructivas, políticas gubernamentales y subsidios públicos dañinos que permiten una mayor destrucción de los bosques. El estado de emergencia abordaría los factores que impulsan la deforestación y, al mismo tiempo, dejaría espacio para el diseño y la implementación de estrategias dirigidas hacia un cambio transformador perdurable.
Las naciones industrializadas deben reconocer su papel en el cambio climático y el rol trascendental de la Amazonía en la mitigación del mismo y canalizar todos los recursos necesarios para garantizar una transición justa para quienes habitamos el bioma y para sus propios ciudadanos. El momento para la acción es ahora.
Los pueblos indígenas de los nueve países amazónicos invitamos a los gobiernos, científicos, ciudades, instituciones financieras y a todos los sectores de la comunidad global que estén dispuestos a actuar por el planeta, a que se unan y apoyen esta iniciativa. La firma de esta declaración es un primer paso para evitar el punto de no retorno de la Amazonía y proteger el 80% para el 2025.
La Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica – COICA y sus organizaciones miembros en los 9 países, a nombre de nuestras naciones y pueblos indígenas de la Amazonía:
AIDESEP, Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana.
APA, Asociación de Pueblos Amerindios de Guayana.
CIDOB orgánica, Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano.
COIAB, Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Amazonía Brasileña.
CONFENIAE, Confederación de las Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana.
OPIAC, Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana.
ORPIA, Organización Regional de Pueblos Indígenas del Amazonas (Venezuela).
OIS, Organizaciones Indígenas de Surinam.
FOAG, Federación de Organizaciones Autóctonas de Guayana Francesa.
COICA, Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica
Para sumar a su organización a la iniciativa solo debe ingresar a este enlace y completar la información requerida: https://bit.ly/2V8PH3c
El gobierno de mexicano planea pedir perdón al pueblo Yaqui y arrancar un plan de justicia en septiembre del 2021, con el territorio como eje. Sin embargo, uno de los ocho gobiernos tradicionales no participa y hay inconformidades. Hoy presentan los trabajos ante la ONU.
“La columna vertebral del Plan de Justicia para el Pueblo Yaqui es la demanda relacionada con la tierra y el territorio”, dijo Adelfo Regino Montes, titular del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), en enero de 2021 en Casa de la Niñez Indígena “General Lázaro Cárdenas” en Tórim, uno de los ocho pueblos yaquis.
Desde el inicio de los trabajos para realizar un plan de justicia, el territorio y el agua han estado en el centro del diálogo. Y en la memoria –tanto de las autoridades federales como del gobierno tradicional yaqui– está lo sucedido con el expresidente Lázaro Cárdenas del Río.
El INPI informa que tienen acuerdos sobre restitución del territorio, sobre la urgencia del agua, apoyos económicos, creación de universidades, bancos, vivienda, contralorías, carreteras y hasta un nuevo ordenamiento territorial ecológico le propusieron al pueblo Yaqui.
Pie de Página confirmó que de los ocho gobiernos tradicionales, siete participan en los trabajos de la comisión. El gobernador de Loma de Bacúm no. Este pueblo encabeza la defensa de la tierra ante la imposición de un gasoducto privado y hasta la fecha impide su construcción.
La ausencia de un gobernador tradicional repercute tanto en la legitimidad de los trabajos, así como en la información que llega a la tropa yaqui. Hay un desconocimiento de la tropa yaqui respecto a lo que han acordado sobre universidades, territorio, hasta un acueducto que acordaron construir.
Habitantes del pueblo yaqui denuncian la ausencia de la tropa yaqui en la totalidad de las reuniones que organizan para dar seguimiento al plan de justicia: “Sólo está en una cuantas manos y el grueso de la población está ajena a esta dinámica, por lo que es imposible generar consensos en los términos que la Tribu Yaqui acostumbra hacerlo históricamente”, denuncia una habitante que prefiere ser anónima por seguridad.
Las inconformidades de algunos pobladores se deben a que, en el arranque del proceso participaron los secretarios de Estado y ahora solo van suplentes que, dicen, les dan largas. Además, consideran que, hasta ahora, son nulos los avances de los acuerdos en el tema del territorio.
Traducido para Rebelión por Paco Muñoz de Bustillo
Las primeras pruebas de tecnología de intervención climática (o geoingeniería) en la estratosfera, financiadas por Bill Gates, han tenido que ser suspendidas debido a la presión del pueblo indígena sobre cuyas cabezas habrían tenido lugar, los sami (o lapones) del norte de Escandinavia. Es posible que estos test regresen a Estados Unidos.
El Comité Asesor del proyecto ha recomendado la cancelación del calendario de pruebas que debería implementarse en junio. La decisión se hizo pública el 31 de marzo.
Cuando, en 2010, se dio a conocer que Bill Gates invertiría 4,5 millones de dólares en investigaciones relacionadas con la geoingeniería*, Ken Caldeira, uno de los científicos encargados del proyecto, declaró que ese dinero no sería destinado a experimentos de campo. Pero esa línea roja se atravesó cuando el proyecto creció y se trasladó a [la Universidad de] Harvard. El Experimento de Perturbación Estratosférica Controlada, o SCoPEx, tiene planeado liberar alrededor de un kilogramo de carbonato cálcico, básicamente polvo calizo, desde una plataforma góndola transportada en un globo a unos 20 kilómetros de altitud. Las partículas cubrirían el equivalente a 11 campos de fútbol y se experimentaría el potencial de este material para bloquear una parte de la radiación solar y contrarrestar el efecto invernadero de las emisiones de dióxido de carbono. La prueba que iba a realizarse en junio no liberaría ninguna partícula y serviría para probar las tecnologías de la góndola.
El pasado mes de diciembre, SCoPEx anunció que, a causa de la pandemia, iba a trasladar a Suecia las pruebas del globo-góndola previstas para realizarse en Arizona y Nuevo México. El nuevo escenario sería el centro de lanzamiento de la Corporación Espacial Sueca (SSC) situado en Kiruna, cerca del Círculo Polar Ártico, tierra del pueblo sami. El problema era que nadie había hablado con los samis, ni con prácticamente nadie en Suecia.
Gráfico del globo científico de SCoPEx (Harvard)
El Consejo Sami, que defiende los derechos de este pueblo desde Noruega hasta Rusia, envió una carta el 24 de febrero al Comité Asesor de SCoPEx en la que no solo se oponían al experimento, sino también a cualquier investigación de geoingeniería fuera del consenso internacional. También firmaban la carta los líderes de la Sociedad Sueca para la Conservación de la Naturaleza, Amigos de la Tierra-Suecia y Greenpeace-Suecia. Los grupos ecologistas ya habían criticado el proyecto con anterioridad.
Los samis tienen motivos para preocuparse por lo que vuela sobre sus cabezas. Los vientos procedentes del desastre nuclear de Chernóbil llevaron la radiación hasta sus aldeas y los terrenos de pastoreo de los renos. Miles de animales tuvieron que ser sacrificados y, decenios después, la carne de reno debe seguir sometiéndose a pruebas de contaminación radioactiva. Los samis también han adoptado una clara postura en relación con el clima y han convencido al segundo mayor fondo de pensiones noruego para que retiren sus inversiones en combustibles fósiles. En 2017 acudieron a Standing Rock a apoyar a las tribus amerindias que luchaban contra el gasoducto Dakota que debía atravesar el río Misisipi.
Riesgo moral y de otros tipos
La carta de los samis y de sus aliados resume perfectamente la contradicción fundamental que encierra la investigación de la Universidad de Harvard y los experimentos de geoingeniería en general: instituciones privadas que asumen poderes y toman decisiones con unas consecuencias potenciales tan inmensas que se les debe exigir responsabilidad democrática.
La inyección de aerosoles en la estratosfera (SAI, por sus siglas en inglés), escriben los samis y los ecologistas, “conlleva riesgos de consecuencias catastróficas […] entre los que están su conclusión incontrolada […]” (si se interrumpiera, el efecto invernadero del dióxido de carbono se reanudaría y provocaría un súbito calentamiento, como un yonqui con síndrome de abstinencia“) “y efectos sociopolíticos irreversibles que podrían poner en peligro los esfuerzos globales necesarios para lograr sociedades de carbono cero”. Es decir, la geoingeniería proporcionaría una excusa para aquellos que se enriquecen con la quema de combustibles fósiles que incrementa el dióxido de carbono de la atmósfera. Al ofrecer protección contra los riesgos, se reduce el incentivo para eliminarlos. Es lo que se conoce como riesgo moral. “Por tanto no existen razones aceptables para permitir que el proyecto SCoPEx siga adelante en Suecia o en cualquier otro lugar”.
Alex Lenferma, un climatólogo sudafricano que escribe para el Carnegie Council, muestra el riesgo moral que entraña esta investigación: “David Keith (una de las cabezas del proyecto de Harvard a quien Gates llamó para que le ayudara a distribuir sus fondos de 2010) cuenta que la geoingeniería sería muy barata. Según él, costaría tan solo 10.000 millones de dólares (al año), el equivalente a una diezmilésima parte del PIB global, mientras que sus beneficios podrían superar el 1 por ciento del PIB global: un retorno mil veces superior a su coste. Aunque Keith advierte que esta tecnología no evita la necesidad de reducir emisiones, otros miembros de su equipo no parecen tan convencidos”.
“Su colega de Harvard Richard Zeckhauser declara que la `geoingeniería solar es la tecnología más prometedora que tenemos hoy día´. Es tan prometedora que según él sería positivo redirigir algunos de los esfuerzos para reducir la emisión de gases de efecto invernadero a la geoingeniería, una afirmación que casi equivale a promover el riesgo moral […]”.
La investigación ilustra sobre los peligros de continuar, con el espíritu del Lejano Oeste, las iniciativas independientes que tienen lugar fuera de una estructura de gobernanza global. La liberación en el hemisferio norte de partículas que protejen del sol podría incrementar las sequías en la India y en el Sahel africano, aun en el caso de que beneficiara al clima del norte. Jacob Pasztor, director ejecutivo de la Iniciativa para la Gobernanza de la Geoingeniería Climática Carnegie declaró a
Carbon Brief: “Si un país decidiera poner sus intereses en primer plano –es decir, si su presidente pensara que el país necesita bajar su temperatura y decidiera llevar a cabo ingeniería solar a escala regional–, las consecuencias podrían ser catastróficas en otras partes del mundo”.
Keith participó en 2020 en un estudio en el que se subestimaba el peligro. Estudios previos habían mostrado que los escudos solares empeoraban el impacto del clima en más de un 9 por ciento de la superficie de la Tierra. Pero si los escudos buscaban reducir solo la mitad del calentamiento “apenas aumentarían el clima en un 1,3 por ciento de la superficie terrestre”, según otro de los autores, Peter Irvine. “Nuestros resultados sugieren que cuando se utiliza la dosis correcta y a la vez se reducen las emisiones de gases efecto invernadero, la geoingeniería de aerosoles en la estratosfera podría ser útil para gestionar los impactos del cambio climático”.
“Existe un potencial real, tal vez un potencial significativo, de reducir los riesgos del cambio climático este siglo… y mucho”, afirmó Keith.
Las investigaciones que muestran que la geoingeniería puede ser barata, reducir el daño climático y tener un impacto mínimo cuando se utiliza “en la dosis adecuada” parecen argumentar a su favor. Aunque los científicos reconocen tener dudas, esa investigación conlleva cuando menos riesgo moral. Y esto es así especialmente cuando no existe un marco de gobernanza global o de responsabilidad democrática.
Los samis desafían a la Universidad de Harvard
Los samis se dirigieron directamente al Comité Asesor nombrado por Harvard para plantear el tema de la responsabilidad. Vale la pena citarles literalmente: “Existen graves problemas en términos de gobernanza y toma de decisiones en relación con SCoPEx. Consideramos extraordinario que el proyecto haya ido tan lejos como para establecer un acuerdo con la Corporación Espacial Sueca (SSC) sobre las pruebas de vuelos sin haber solicitado permiso o entablado ningún diálogo con el gobierno sueco, sus autoridades, la comunidad investigadora sueca, la sociedad civil sueca o el pueblo sami, a pesar de la naturaleza controvertida de SCoPEx […]”
“Es digno de atención que la Universidad de Harvard considere razonable que el comité cuyo papel es decidir si este polémico proyecto debe seguir adelante no cuente con ninguna representación del país donde se pretende realizar, Suecia, pues está compuesto exclusivamente por ciudadanos o residentes en Estados Unidos. Observamos asimismo que el Comité Asesor ‘independiente´ parece ser extremadamente homogéneo, no es representativo y ha sido nombrado por la propia universidad, sin incluir en él a los grupos afectados ni a ninguna voz crítica y no estadounidense” (Esta es la lista de sus miembros).
“El comentario del proyecto SCoPEx sobre el borrador del `Proceso de Participación´ elaborado por su Comité Asesor pone de manifiesto los aspectos esenciales y muestra su enfoque problemático respecto a la ética, la responsabilidad y la toma de decisiones. SCoPEx afirma que ningún proyecto de investigación debería tener que responder a preguntas como: “¿La investigación o el despliegue de geoingeniería solar supone un riesgo moral? ¿Es ético utilizar geoingeniería solar? ¿Quién debería decidir al respecto? ¿Puede gobernarse la geoingeniería solar y podemos confiar en esa gobernanza? ¿Es la investigación una pendiente resbaladiza hacia el despliegue de la tecnología?”. SCoPEx sostiene que si se aplicaran tales requerimientos la investigación tendría que detenerse y se lamenta de que no se haya actuado del mismo modo en otros campos de investigación, por lo que “no debería ser una carga para la investigación en geoingeniería solar”.
“Consideramos que, debido a los riesgos extraordinarios y específicos asociados a la inyección de aerosoles en la estratosfera, no puede tratarse a dicha tecnología y al proyecto SCoPEx como a cualquier otra investigación. Es preciso analizar en primer lugar las consideraciones descritas anteriormente en foros mucho más representativos e inclusivos que el Comité Asesor de SCoPEx. Por tanto, es preciso interrumpir la experimentación y el desarrollo de tecnología que llevan a cabo este tipo de proyectos”.
“Apelamos al Comité Asesor de SCoPEx y a la Corporación Espacial Sueca (SSC) para que reconozcan estos defectos y cancelen las pruebas de vuelo programadas en Kiruna. Los planes de SCoPEx para Kiruna suponen un auténtico riesgo moral […] La investigación y el desarrollo de tecnología relacionados con la inyección de aerosoles en la estratosfera tienen consecuencias en todo el planeta y no deben avanzar en ausencia de un consenso absoluto y global sobre su aceptación”.
Harvard se retira
La oposición indígena y ecologista ha hecho retroceder a la SSC y al Comité Asesor. El 31 de marzo, la revista MIT Technology publicó que la SSC se había retirado del proyecto y que el comité recomendaba “en una decisión inesperada” suspender las pruebas de junio. El grupo afirmó haber iniciado un proceso de participación pública con el fin de “ayudar al comité a comprender los puntos de vista de Suecia y de los indígenas y a realizar una recomendación receptiva y bien informada sobre las pruebas de vuelo del equipo en Suecia”. El principal investigador del SCoPEx, Frank Keutsch, declaró que los vuelos quedan suspendidos hasta que el comité pueda hacer alguna recomendación “basada en una fuerte participación pública en Suecia que incluya ampliamente a las poblaciones indígenas […]”.
Parece probable que las pruebas no vayan a efectuarse antes de 2022 y que no se hagan en Suecia. Cuando la pandemia se calme, posiblemente se realicen en Estados Unidos.
Ha sido preciso que los samis y sus aliados ecologistas hicieran retroceder al proyecto de Harvard para que se inicie un proceso de consultas. El hecho de que esto haya ocurrido con posterioridad subraya el punto fundamental. En geoingeniería (como en tantos otros temas cruciales) las instituciones privadas y los individuos actúan como gobiernos de facto y toman decisiones que afectan potencialmente a miles de millones de personas sin asumir ninguna responsabilidad democrática. Harvard, la primera universidad de EE.UU. y del mundo, es un buen ejemplo de ello. A pesar de las campañas que promueven la desinversión en combustibles fósiles, la universidad está investigando tecnologías que podrían frenar el movimiento para acabar con la quema de esos combustibles. Todo un símbolo sobre el riesgo moral. Planear un experimento en la atmósfera para probar una tecnología muy polémica en un país extranjero sin pensar en consultar a la sociedad civil de dicho país, y mucho menos al pueblo indígena sobre cuyas tierras iba a realizarse el experimento, evidencia una arrogancia típica del “nosotros sabemos más que tú”. Esa es lo que caracteriza al gobierno privado que no precisa rendir cuentas a la ciudadanía.
¿Deberíamos dejarnos guiar por los científicos?
El anuncio de la suspensión del experimento llegó unos días después de la publicación de un informe de la Academia Nacional de Ciencias (NAS)[de EE.UU.] en el que demandaba la puesta en marcha de un programa de investigaciones sobre geoingeniería.
“Esta propuesta es peligrosa”, escribía Frank Bierrman, profesor de gobernanza global de la Universidad de Utrecht y fundador del Proyecto de Gobernanza del Sistema Terrestre. “Las tecnologías de geoingeniería siguen siendo especulativas y asumen un nivel de comprensión del sistema planetario que no existe. Numerosos estudios han puesto de manifiesto los riesgos, especialmente para los países en vías de desarrollo y las poblaciones vulnerables, de que algo salga mal si se intenta “manipular” el clima. Y, lo que es más importante, la geoingeniería solar plantea unos desafíos a la gobernanza que son insuperables con el actual sistema político global”.
“Es evidente el punto de vista sobre gobernanza global que plantea la Academia de Ciencias en este informe: Estados Unidos es quien debería liderar las investigaciones, al menos por ahora. Otros países están invitados a unirse, pero nada indica que los autores de la academia conciban colocar a la geoingeniería bajo control global con poder de veto para los países más vulnerables del Sur global […] En su lugar, el informe de la NAS sugiere que son los científicos quienes deberían llevar la delantera, especialmente los estadounidenses. A partir de ahí, una red global de expertos podría dirigir de forma autónoma las investigaciones. No obstante, es de sobras conocido –y el propio informe lo reconoce– que esta comunidad científica global está enormemente sesgada a favor de unos pocos países industrializados. La gobernanza global de los expertos es el gobierno del Norte global, con algunas “consultas” a colegas de otros países. Es, como argumenté anteriormente, la típica “solución del hombre rico”.
El climatólogo Michael Mann, miembro de la NAS, mostró sus propias dudas: “El mensaje que trasmite un informe como este es de una naturaleza tan política como científica, pues será inmediatamente utilizado por los defensores de dicha propuesta. Y yo me siento sinceramente preocupado por la carnaza que ofrece a quienes minimizan los riesgos […] El propio informe, en mi opinión, está claramente sesgado. Cae víctima del riesgo moral del que advertía en mi libro The New Climate War […]”.
Mann lo explica con una cita de su ampliamente aclamado nuevo libro: “Un problema fundamental de la geoingeniería es que presenta lo que se conoce como riesgo moral, a saber, una situación hipotética en la cual una de las partes (la industria de los combustibles fósiles) promueve acciones que conllevan riesgos para la otra parte (el resto de nosotros), pero que son aparentemente ventajosas para ella misma. La geoingeniería proporciona un apoyo potencial a quienes salen beneficiados de nuestra continua dependencia de los combustibles fósiles. ¿Por qué amenazar nuestra economía con regulaciones draconianas sobre al carbono cuando tenemos una alternativa barata? Los dos principales problemas de ese argumento son (1) que el cambio climático supone una amenaza mucho mayor para nuestra economía que la descarbonización y (2) que la geoingeniería no es tan barata, pues trae aparejada enormes daños potenciales”.
Gates: la ingeniería por encima de la política
Gates ha coqueteado con la geoingeniería en otros proyectos. Junto con el exdirector de tecnología de Microsoft, Nathan Myhrvold, y su compañía Intellectual Ventures (de la que Gates es inversor), registró en 2008 una patente para aplicar la geoingeniería empleando agua fría del mar para reducir la intensidad de los huracanes. En 2010 anunció una inversión en Sea Spray, una compañía que investiga una tecnología que pulverizaría agua marina en la atmósfera para desarrollar nubes blancas que reflejen la luz del sol. Gates también financió a David Keith en la creación de una compañía para capturar CO2 directamente de la atmósfera. Carbon Engineering ha construido una planta en Columbia Británica (Canadá) y planea otra en asociación con Occidental Petroleum en la cuenca pérmica de Texas, uno de los centros de fractura hidráulica del continente. El mercado de carbono existente pretende seguir explotando el petróleo bombeando el CO2 que emite al interior de pozos. Chevron y BHP son otras compañías petroleras que han invertido en Carbon Engineering, al igual que el financiero de las arenas bituminosas N. Murray Edwards.
Las críticas a las inversiones de Bill Gates van mucho más allá de sus experimentos con geoingeniería y llegan hasta la desproporcionada influencia que ejerce su fundación sobre la salud global y el desarrollo y sobre la política educativa. El apoyo que otorga su fundación al modelo de agricultura industrializada para África y el plan educativo orientado a los exámenes (teach to test) llamado “Common Core” en Estados Unidos han sido sometidos a escrutinio. Su libro más reciente, Cómo evitar un desastre climático, ha recibido fuertes críticas por centrarse en la tecnología en lugar de buscar soluciones políticas.
El activista del clima Bill McKibben ha escrito en una reseña del libro publicada en el New York Times: “… es en la política… donde Gates lleva realmente anteojeras. `Mi pensamiento es más el de un ingeniero que el de un politólogo´, ha dicho con orgullo –aunque eso signifique que puede escribir todo un libro sobre el `desastre climático´ sin analizar el papel que ha desempeñado, y continua desempeñando, la industria de los combustibles fósiles en prevenir las acciones para impedirlo […] Esa es la razón por la que hemos desperdiciado casi 30 años de advertencias de la ciencia. `Yo no tengo una solución para la política del cambio climático´, dice Gates en su libro, aunque en realidad sí la tiene: creó una compañía, de la que su fundación es accionista, que ha donado dinero precisamente a los políticos a sueldo de las grandes petroleras. Un análisis de Bloomberg del último otoño descubrió que Microsoft solo ha asignado un tercio de sus contribuciones económicas a políticos respetuosos con el clima”.
Nadie es tan inteligente por sí mismo
En el mundo actual, el dinero y el poder están superconcentrados, reunidos en las grandes corporaciones, los individuos más ricos como Gates y las instituciones influyentes como la Universidad de Harvard. Existe la tendencia, especialmente entre aquellos que tienen éxito, de creer que su éxito se traduce en una mejor perspectiva sobre el modo de gestionar el mundo. Contando con su dinero, sus recursos y su prestigio, su discurso suena más alto, sofocando a menudo las voces de otras personas.
Pero no importa los brillantes o incluso lo bien intencionados que seamos, cada uno de nosotros, seres humanos, estamos limitados por nuestro propio punto de vista. Todos tenemos puntos ciegos. Todos cometemos errores. Cuanto mayor sea nuestro alcance, más perjudicial es el impacto potencial. Esa es la perdición de las estructuras de gobierno privadas cada vez más poderosas en el mundo. Es preciso contar con un marco inclusivo de responsabilidad democrática para alcanzar el mayor rango de conocimiento y perspectiva, reflejar los intereses más generales y evitar los escollos.
Los samis, hablando con la creciente autoridad moral de los indígenas y apoyados por sus aliados ecologistas, han aportado una voz fundamental al debate sobre la geoingeniería. El hecho de que no fueran invitados a opinar, sino que tuvieran que alzar su voz, lo dice todo respecto a las erróneas presunciones del gobierno privado. Lo mismo puede aplicarse a toda una serie de desafíos a los que se enfrenta nuestro mundo. Y en ningún otro lugar es eso más cierto que en un terreno con impactos tan globales y potencialmente catastróficos como la geoingeniería.
*La geoingeniería, también conocida como ingeniería climática o intervención climática, es la modificación deliberada y a gran escala del clima terrestre para combatir el calentamiento global. No debe confundirse con la ingeniería geotécnica (N. del T.).
Patrick Mazza es un activista y periodista. Tiene un blog:theraven.substack.com
Este es un perfil del defensor de derechos humanos Lázaro Sánchez Gutiérrez, quien fue secuestrado en la zona selva de Chiapas con Victórico Gálvez Pérez. Ambos son integrantes del Frayba y documentan violaciones a derechos de pueblos indígenas.
Dedicado a tsoly y a Citlalmina, dondequiera que se encuentren, luz.
En veces las aguas subterráneas
siempre se encuentran.
Lázaro Sánchez es un defensor de derechos humanos muy peculiar. Sorprende por ser pícaro y sonriente. Es reconocido en todo Chiapas por su enorme compromiso con los pueblos chol, tseltal, tsotsil, tojolabal. Le ha tocado documentar las geografías del despojo desde el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas. Incluso, periodistas locales lo ven como pieza fundamental para la labor de derechos humanos de este Centro.
O pasa de los 45 años. Tiene una conciencia que despertó a raíz del levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en 1994. Es originario de la zona chol de la selva de Chiapas. Por ese despertar, los horizontes que se juntan con el mar, aunada la marginación de su pueblo, fue a vivir a la ciudad de San Cristóbal de las Casas desde joven.
Recuerdo a Lázaro porque fue mi primer amigo cuando recién llegué a vivir en San Cristóbal aquel 2010. De día, mesereaba. De tarde y noche, leía, estudiaba, asistía a seminarios o se dedicaba al activismo documental. No recuerdo que descansara. Siempre muy trabajador y esmerado. Intercambiamos libros.
Visitaba constantemente a los presos políticos del Cereso 5. La articulación que hizo para visibilizar al colectivo La Voz del Amate fue clave para la liberación del profesor Alberto Patishtan años después.
Una vez me le pegué en un viaje para documentar las amenazas a un pueblo tsotsil llamado Mitzitón, que puso un bloqueo carretero en contra de la construcción de la autopista san Cristóbal-Palenque (la cual sigue vigente en este 2021). Lázaro siempre tuvo apertura para compartir lo que sabía y para contextualizar los códigos comunitarios a una joven reportera como yo, que publicaba en la Radio Comunitaria Frecuencia Libre.
En ese entonces, Lázaro todavía no trabajaba en el Frayba pero ya realizaba registros de atropellos contra derechos humanos. Él reconocía desde entonces el trabajo de este Centro de Derechos Humanos. Eso lo inspiró a estudiar Derecho. Se lo propuso, se tituló y logró trabajar ahí.
Bloqueo carretero en la comunidad de Mitzitón (2010), contra la autopista San Cristóbal Palenque. 10 años después continúa el intento de imponerla. Fotos: Daliri Oropeza
Su afán de justicia, compromiso y su gran corazón lo mueven a visibilizar las causas de cientos de familias, colectivos, pueblos indígenas. No se cansó de mandarme los comunicados del Frayba desde agosto del 2015 cuando entró. Me enteré gracias a Lázaro que Pedro Faro dirigiría el Cdh a partir del 2016. Difundió en 2014 sobre el asesinato del maestro Galeano. De todos los despojos, atropellos, presos políticos, foros del CIDECI, presentaciones del libro, congresos, él alerta a las comunidades solidarias. Un sin fin de causas que lucha por visibilizar. Siempre quiso mantener bajo su perfil.
Desde que lo conozco es muy reservado con su vida personal, pero cuenta con una compañera que lo respalda y ahora, con lo del secuestro, fue la primera en alertar a Pedro Faro sobre una llamada, en donde el mismo Lázaro les dijo que junto con su compañero del Frayba, Victórico Gálvez estaban bien, que se encontraban en la localidad San Felipe, cerca de Kuxulja, municipio de Ocosingo. Le pidieron que llevara dinero, no una cantidad exacta y que alguno de sus familiares lo entregara a las 8am.
San Felipe es un pueblo donde habitan en su mayoría integrantes de la Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo (ORCAO). De hecho, esta organización tenía un plantón sobre la carretera cuando Lázaro y Victórico se dirigían a Palenque a documentar una reunión de trabajo con integrantes de la organización Pueblos Autónomos por la Defensa de los Usos y Costumbres (PADUC) y a visitar a familiares de presos.
A la altura de este plantón perdieron comunicación y rastro. No es casualidad.
Hay dos hechos que no podemos perder de vista.
El primero: desde agosto de 2020, la ORCAO ha atacado por lo menos cinco veces a la comunidad zapatista de Moisés Gandhi, ubicada en el crucero Kuxuljá, municipio autónomo de Lucio Cabañas, (igual que San Felipe, en el municipio de Ocosingo), e incluso cometieron un secuestro anterior al de Lázaro y Victórico, de un hombre base de apoyo zapatista.
El 22 de agosto del 2020, ORCAO atacó con armas de grueso calibre, quemó y saqueó las bodegas de café del Centro de Comercio «Nuevo Amanecer del Arcoiris», ubicado en el crucero de Kuxuljá. El 8 de noviembre del 2020, secuestró a Félix López Hernández, base de apoyo zapatista de la comunidad de Moisés Gandhi a quien golpearon, amarraron y encerraron sin agua ni alimentos hasta el día 11 noviembre en que fue liberado. Este 2021 la ORCAO atacó con armas de diversos calibres en tres ocasiones. Las balaceras duraron entre tres hasta cinco horas.
El segundo: el Frayba se ha dedicado a documentar estos hechos paramilitares, además de lo que sucede en Aldama con los tsotsiles desplazados por violencia y despojo, también territorio zapatista.
Hasta ahora ORCAO actúa con impunidad y los agresores no han recibido condena o castigo, actúan en complicidad con las autoridades estatales.
Tanto Lázaro como Victórico cuentan con el reconocimiento a su trabajo de Derechos Humanos. La red de organizaciones de Chiapas, AJMAC, la Diósesis de San Cristóbal de las Casas, e incluso Gobiernos Comunitarios como el de Sitalá, se pronunciaron y exigen la liberación inmediata de los defensores de derechos humanos. Urgen a las autoridades a movilizarse.
Epílogo
Querido Lázaro,
Qué difícil es escribir sobre ti cuando siempre has querido ser bajo perfil.
Espero volver a verte.
Desde este Sur que sueña y que se sueña.
Bloqueo en la carretera San Cristóbal-Palenque, en la comunidad de Mitzitón, contra la construcción de una autopista. Foto: Daliri Oropeza
Según un informe de la FAO en los territorios comunitarios se preservan los mayores niveles de biodiversidad, mientras que fuera de estos son más altas las cifras de deforestación.
Los territorios ancestrales de los pueblos indígenas de América Latina ocupan actualmente entre 320 y 380 millones de hectáreas de bosques nativos, donde se almacena un tercio de todo el carbono contenido en los bosques del resto de la región y un 14 por ciento del carbono almacenado en los bosques tropicales de todo el mundo. En esos territorios comunitarios, donde se preservan los mayores niveles de biodiversidad, el área de bosque disminuyó un 4,9 por ciento entre 2000 y 2016, mientras que la deforestación fue del 11,2 por ciento en los bosques que están fuera de los territorios indígenas. La ganadería intensiva, el modelo agroindustrial y la minería son las principales actividades que, con connivencia de los Estados, avanzaron sobre esos territorios con máquinas o incendios.
El análisis surge de un reciente informe, que reúne 300 investigaciones de los últimos 20 años, publicado por la FAO y el Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe (FILAC), que insta a los Estados a reconocer los derechos colectivos sobre la tenencia de esas tierras e impulsar programas públicos de servicios ambientales para reconocer a los pueblos “guardianes de la naturaleza”. A su vez apunta a crear “procesos de desarrollo sostenible con identidad” como “una oportunidad para la acción climática”, que frene el avance de la deforestación y la pérdida de biodiversidad.
“Todo indica que, si no se toman medidas contundentes, los pueblos indígenas y tribales no podrán seguir resguardando los ecosistemas forestales en sus territorios como lo han hecho hasta ahora”, advierte el informe de FAO y FILAC.
“En la mayor parte de los territorios indígenas y tribales las principales amenazas a la cobertura forestal vienen de afuera”.
“Las ocupaciones de tierras de parte de ganaderos, colonos, mineros, palmicultores, productores mecanizados de soja y cereales, petroleros, narcotraficantes y especuladores de tierras; el aprovechamiento forestal por madereros y los incendios que todos estos grupos provocan”, enumera el informe sobre la base de un centenar de estudios centrados, principalmente, en los territorios de la cuenca del Amazonas —donde se encuentran la mayoría de los bosques de los territorios indígenas— y los bosques tropicales de Centroamérica.
El informe señala que la presión de la actividad extractiva en busca de la explotación de los recursos que conservan los pueblos indígenas en los bosques se incrementó en los últimos años. Por ejemplo, indica que “las emisiones anuales de carbono de la Cuenca Amazónica relacionadas con cambio en el estado de los bosques subieron en un 200 por ciento” y, en otro fragmento, destaca que “la mayor parte de la pérdida de bosques en América Latina está ligada a la expansión pecuaria”. El impacto climático a partir de la expansión de la frontera agrícola y el modelo extractivo, también puede verse reflejado en el último informe de Cambio Climático presentado por la Argentina.
Foto: FAO/Ana Reyes
La FAO y la FILAC señalan que una forma de resguardar a los pueblos indígenas y su condición de “guardianes de la naturaleza” es el reconocimiento formal de los derechos colectivos de los territorios indígenas por parte de los Estados, que “frecuentemente ayuda a evitar la entrada de grupos externos que destruyen sus bosques”. El documento destaca que los pueblos indígenas también son protectores de la biodiversidad.
“En los territorios indígenas de Brasil hay más especies de mamíferos, aves, reptiles y anfibios que en todas las áreas protegidas del país fuera de estos territorios”.
Entre las causas generales que incrementan la presión sobre los bosques, los organismos internacionales advierten “la creciente influencia política de las élites agropecuarias y extractivistas” y “el interés de los gobiernos por expandir las actividades extractivas y agropecuarias a nuevas regiones y así reactivar las economías nacionales”.
En ese contexto, FAO y Filac llaman a los gobiernos a invertir en proyectos que fortalezcan el papel que juegan los pueblos indígenas en la protección de los bosques como a través de programas de manejo forestal comunitario y potenciar la cultura y conocimientos tradicionales.
“El conocimiento tradicional de los pueblos indígenas y tribales sobre la fauna y la flora y sus usos, las plagas y las enfermedades, el fuego, el clima y los suelos y cómo todos ellos responden a las prácticas humanas, aportan al manejo, aprovechamiento, restauración y monitoreo de los bosques y a la adaptación a situaciones nuevas. A los pueblos indígenas y tribales estos conocimientos les permiten no solo entender mejor los bosques, sino también sacarles mayor provecho, fortaleciendo así los incentivos para mantenerlos en buen estado”, destaca el informe.
Una acción climática junto a los “guardianes de los bosques”
«Los pueblos indígenas y tribales, y los bosques en sus territorios, cumplen un papel vital en la acción climática global y regional, y en la lucha contra la pobreza, el hambre y la desnutrición», destacó el representante regional de la FAO, Julio Berdegué, respecto del análisis hecho sobre la base de 300 investigaciones de las últimas dos décadas.
Las investigaciones se centran, principalmente, en la Amazonía, que se acerca a un punto de inflexión que podría desatar “una reacción en cadena en la que la deforestación reduce las lluvias y aumenta la temperatura, y eso a su vez eleva la pérdida de bosques debido a las sequías e incendios forestales. Así, en unas pocas décadas, el ecosistema de bosque húmedo del este y sur de la cuenca se podría convertir en uno de sabana”. Lo que impactaría no solo en el clima global sino también en la producción de alimentos.
Ese servicio ambiental que ofrecen las entre 320 y 380 millones de hectáreas de bosque que habitan los pueblos indígenas de América Latina se traduce en 34.000 millones de toneladas métricas de carbono, una cifra más alta que todos los bosques de Indonesia o de la República Democrática del Congo.
El avance de la deforestación barre con ese servicio ambiental por lo que el informe resalta que los tasas más bajas de deforestación “se observaron en los territorios de los pueblos indígenas que cuentan con títulos legales colectivos reconocidos: entre 2000 y 2012, las tasas de deforestación en estos territorios en la Amazonía boliviana, brasileña y colombiana fueron solo la mitad a un tercio de las de otros bosques con características ecológicas similares”.
Los territorios indígenas reducen la emisión de gases de efecto invernadero
Uno de los ejes centrales de posibles acciones climáticas que plantea el informe para los Estados es el reconocimiento de la propiedad de la tierra colectiva. Según el análisis de estudios de casos en Colombia, Brasil y Bolivia; la tasa de deforestación dentro de los bosques indígenas donde se ha asegurado la propiedad de la tierra es 2,8 veces menor que fuera de esas áreas y, de esa manera, se evitaron entre 42,8 y 59,7 millones de toneladas métricas de emisiones de CO2 cada año. Algo así como sacar de circulación entre 9 y 12,6 millones de vehículos durante un año.
En ese punto, FAO y Filac subrayan que, en esos tres países, de las 404 millones de hectáreas ocupadas por los pueblos indígenas, los gobiernos han reconocido los derechos de propiedad colectiva o usufructo solo en 269 millones de hectáreas. Frente esa cifra, el informe señala que el costo de titularizar las tierras es de 6 dólares en Colombia y 45 dólares en Bolivia, mientras que costo promedio de evitar la emisión de CO2 a través de la captura y almacenamiento de carbono fósil, tanto para centrales eléctricas a carbón o a gas, es de 5 a 42 veces más alto.
El informe entrega más cifras respecto del impacto que genera la relación de los pueblos indígenas con la naturaleza a diferencia de las actividades desarrolladas fuera de esos territorios: mientras que los territorios indígenas de la cuenca del Amazonas perdieron menos del 0,3 por ciento del carbono en sus bosques entre 2003 y 2016, las áreas protegidas no indígenas perdieron 0,6 por ciento, y otras zonas que no eran territorios indígenas ni áreas protegidas perdieron 3.6 por ciento. “Aunque los territorios indígenas abarcan el 28 por ciento de la cuenca, solo fueron responsables por el 2,6 por ciento de las emisiones de carbono”, sentencia el informe.
Pese a que el mundo reconoce cada vez más a la naturaleza en el corazón de las culturas indígenas y valora los conocimientos tradicionales sobre la conservación del medio ambiente, deja fuera de la hoja de ruta para el desarrollo sostenible los derechos colectivos de estos pueblos a sus territorios y recursos, destaca un informe sobre el tema y afirma que mientras esas garantías no sean efectivas no se lograrán las metas de desarrollo.
Los pueblos indígenas se han distinguido históricamente por su relación respetuosa con la naturaleza, que ha demostrado ser menos mucho menos dañina en términos de degradación del planeta. Hoy, el mundo aprecia cada vez más esos conocimientos tradicionales de conservación del medio ambiente y es consciente de lo que pueden aportar a las estrategias de mitigación del cambio climático; sin embargo la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible no reconoce ampliamente todos los derechos de esas comunidades.
Así lo expone el quinto informe sobre la situación de los pueblos indígenas “Derechos a tierras, territorios y recursos”, divulgado este viernes por el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la ONU (DESA).
El documento afirma que garantizar plenamente los derechos y territorios indígenas ayudaría a reducir la pobreza y contribuiría a la seguridad alimentaria, además de que impulsaría el desarrollo al estimular la inversión en proyectos sostenibles.
Según datos de la ONU, los pueblos indígenas tienen casi tres veces más probabilidades que el resto de las personas de vivir en la pobreza extrema y actualmente representan casi el 19% de los pobres extremos que viven con menos de 1,90 dólares al día.
“La Agenda 2030 ofrece oportunidades para promover los derechos de los pueblos indígenas a sus tierras, territorios y recursos, también ayudaría a combatir y mitigar el cambio climático y su impacto”, dijo en el evento de presentación del estudio a la prensa el subsecretario general de DESA.
“Pero tienen muchas brechas y pueden implicar riesgos para los pueblos indígenas, por ejemplo, la Agenda 2030 no reconoce plenamente los derechos colectivos en relación con las tierras y los recursos o con la salud, la educación, la cultura y las formas de vida”, explicó.
Y esos derechos colectivos están en el corazón de las comunidades indígenas, acotó Harris.
Los derechos humanos son una parte central de la Agenda 2030 y se refieren a muchas áreas prioritarias para los pueblos indígenas, no obstante dejan fuera numerosos desafíos.
En muchas áreas del mundo siguen siendo limitados o no se reconocen los derechos de los pueblos indígenas a sus tierras, territorios y recursos. “Aunque haya apoyo legal a esos derechos, no se han implementado o son inconsistentes”, recalcó Elliot.
UNDP Peru/Mónica Suárez Galindo
Deyanira Mishari, , una líder indígena comunitaria en el Amazonas peruano
Inversiones perjudiciales
El informe indica que los proyectos de desarrollo que van en detrimento del medio ambiente socavan los derechos de los indígenas al progreso y la seguridad, al margen de amenazar sus territorios y recursos.
Es común también que se sacrifiquen los derechos de la población indígena por inversiones que favorecen a los turistas extranjeros sobre los medios de vida y los derechos humanos de los pueblos originarios, como ha ocurrido en Botswana, Kenya, Rwanda y Tanzania, entre otros países.
En este sentido, la presidenta en turno del Foro Permanente de Cuestiones Indígenas se pronunció a favor de la designación de más parques nacionales.
“Pero tenemos que hacerlo en cooperación con la población local y respetando los derechos de los pueblos indígenas, especialmente su derecho al consentimiento libre, previo e informado”, subrayó Anne Nuorgam.
La minería y la tala ilegales son otras actividades que afectan enormemente a las comunidades indígenas. Ecuador, Brasil y Venezuela son algunos de los países afectados por estas prácticas delictivas, cuyos responsables han llegado incluso a anunciar en las redes sociales la venta de tierras en la Amazonía brasileña.
PNUD Paraguay
Indígenas guaraníes de la comunidad Mbya, en Paraguay
Conflictos + ataques = migración y desposesión
Además, se han incrementado los conflictos en sus territorios, así como las agresiones y violencia impunes contra los indígenas defensores de sus derechos y del medio ambiente.
“Los ataques a sus comunidades han provocado la migración y desposesión y, en los casos de los pueblos cuyas tierras cruzan las fronteras nacionales, suelen colocarlos en un alto riesgo de apatridia”, alertó el subsecretario de Asuntos Económicos y Sociales.
Para los autores de la publicación, reconocer todos los derechos indígenas no sólo supone el bienestar de sus comunidades sino que también es una clave para progresar en algunos de los retos más urgentes de la humanidad, como el cambio climático y la degradación ambiental.
“No será posible alcanzar el desarrollo sostenible sin hacer efectivos los derechos colectivos de los pueblos indígenas a sus territorios y recursos”, enfatizó Elliot.
Recomendaciones
El estudio presenta varias recomendaciones entre las que destacan:
Los Estados deben incluir el reconocimiento de los derechos consuetudinarios o la tenencia de los pueblos indígenas sobre sus tierras y recursos en sus datos sobre derechos seguros de tenencia de la tierra en los informes de los Objetivos de Desarrollo
Los títulos de propiedad de la tierra de las comunidades indígenas deben proteger su derecho al consentimiento libre, previo e informado para participar en todas las decisiones que afecten a sus tierras y recursos.
Los gobiernos deben obtener más datos desglosados por etnia e identidad indígena a través de censos y encuestas de hogares para que se aborden mejor los problemas que enfrentan comunidades específicas en la implementación de los Objetivos de Desarrollo
Los gobiernos deben establecer mecanismos permanentes, abiertos e inclusivos de consulta, participación y representación de los pueblos indígenas en el ámbito local, además de instrumentar procesos regionales, nacionales e internacionales relacionados con los ODS para garantizar que tengan la oportunidad de contribuir y beneficiarse de ellos.
Las tasas de deforestación en América Latina y el Caribe son más bajas en las áreas indígenas y tribales donde los gobiernos han reconocido formalmente los derechos colectivos territoriales, de acuerdo con una revisión de más 300 estudios realizada en conjunto por la FAO y el FILAC.
Los pueblos indígenas y tribales, “y los bosques en sus territorios, cumplen un papel vital en la acción climática global y regional, y en la lucha contra la pobreza, el hambre y la desnutrición”, señaló Julio Berdegué, representante regional de la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura).
Sus territorios “contienen alrededor de un tercio de todo el carbono almacenado en los bosques de América Latina y el Caribe y 14 por ciento del almacenado en los bosques tropicales de todo el mundo”, agregó Berdegué.
La conclusión central del informe, con análisis de más de 300 estudios científicos realizados en los últimos 20 años, es que los pueblos indígenas y tribales han sido mejores guardianes de sus bosques en comparación con los responsables de los demás bosques de la región.
Los mejores resultados se observaron en los territorios de los pueblos indígenas que cuentan con títulos legales colectivos reconocidos: entre 2000 y 2012 las tasas de deforestación en varios de estos territorios en la Amazonia fueron solo entre la mitad y un tercio de las de otros bosques con características ecológicas similares.
Según los análisis de FAO-FILAC, la tasa de deforestación en los bosques indígenas donde se ha asegurado la propiedad de la tierra es 2,8 veces menor que fuera de esas áreas en Bolivia, 2,5 veces menor en Brasil y dos veces menor en Colombia.
Los territorios colectivos titulados evitaron cada año, en esos tres países, entre 42,8 y 59,7 millones de toneladas métricas de emisiones de dióxido de carbono (CO2), gas de efecto invernadero que causa calentamiento global.
Esas emisiones ahorradas equivalen a sacar de circulación entre nueve y 12,6 millones de vehículos durante un año.
De las 404 millones de hectáreas ocupadas por los pueblos indígenas, los gobiernos han reconocido formalmente sus derechos de propiedad colectiva o usufructo sobre cerca de 269 millones de hectáreas.
En la cuenca amazónica “45 por ciento de los bosques intactos se encuentran en territorios indígenas, y la evidencia de su papel vital en la protección forestal es clara como el agua”, según Myrna Cunningham, presidenta de FILAC.
“Mientras que el área de bosque intacto disminuyó solo 4,9 por ciento entre 2000 y 2016 en las áreas indígenas de la región, en las no indígenas se redujo en 11,2 por ciento”, dijo Cunningham.
Agregó que “eso hace evidente por qué su voz y su visión deben tenerse en cuenta en todas las iniciativas y marcos globales relacionados con el cambio climático, la biodiversidad y la silvicultura, entre muchos otros temas”.
Los pueblos indígenas y tribales participan en la gobernanza comunal de entre 320 y 380 millones de hectáreas de bosques en la región, que almacenan alrededor de 34 000 millones de toneladas métricas de carbono, más que todos los bosques de Indonesia o de la República Democrática del Congo.
Mientras que los territorios indígenas de la cuenca del Amazonas perdieron menos de 0,3 por ciento del carbono en sus bosques entre 2003 y 2016, las áreas protegidas no indígenas perdieron 0,6 y otras zonas que no eran territorios indígenas ni áreas protegidas perdieron 3,6 por ciento.
Como resultado, a pesar de que los territorios indígenas cubren 28 por ciento de la cuenca del Amazonas, solo generaron 2,6 por ciento de las emisiones brutas de carbono de la región.
Sin embargo, la investigación sugiere que su función protectora está cada vez más en riesgo, en un momento en que la Amazonia se acerca a un punto de inflexión, que podría tener impactos preocupantes en las precipitaciones y en la temperatura y, eventualmente, en la producción de alimentos y el clima global.
El informe pide a los gobiernos, a los financiadores climáticos, al sector privado y a la sociedad civil que inviertan en iniciativas que fortalezcan el papel de los pueblos indígenas y tribales en la gobernanza forestal, refuercen sus derechos territoriales comunales y los compensen por los servicios ambientales que brindan.
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Bloqueo en la carretera San Cristóbal-Palenque, en la comunidad de Mitzitón, contra la construcción de una autopista. Foto: Daliri Oropeza
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