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Argentina: El cambio en educación atrasa

Por: Darío Balvidares 

Como se ha hecho una costumbre el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires transforma en “buena noticia”, todo lo que encubre una reforma que conculca derechos, además de hacer campaña con sus “logros”.

Lamentablemente, nada de lo que el gobierno de la Ciudad hace en materia de política educativa está reñido con la Ley de Educación Nacional (LEN) sancionada en 2006 (Filmus/Kirchner), lo que evidencia el carácter neoliberal que la propia ley conserva en su espíritu heredado de la derogada Ley Federal de Educación engendrada en 1996 durante el gobierno de Carlos Menen, que culminó la obra comenzada por el dictador genocida, Jorge Rafael Videla, en cuanto a la fragmentación del sistema y su consecuente desnacionalización del sistema educativo, cosa que nunca fue reparada, en todo caso el estallido del sistema educativo se enmascaró en el siempre balbuceante “federalismo”.

Entre las consecuencias, la que sobresale es la que demuestra que la premisa constitucional y otrora estatutaria, a igual trabajo, igual remuneración, es un magnífico enunciado histórico para un eventual museo lingüístico. Tampoco “fue magia”, en la medida en que las “recomendaciones” de los organismos internacionales se tomaban como mandatos por la sujeción a los créditos contraídos para la realización de la inevitable “transformación” educativa con miras a cumplir la entelequia de las llamadas “demandas” del siglo XXI. Primero como los Objetivos del Milenio, luego los Objetivos 2015, más tarde las Metas 2021 y ahora los que se anuncian en la Agenda 2030, a las que Argentina adhiere más allá del signo político que gobierne o haya gobernado. La derecha neoliberal copiando al pie de la letra las “recomendaciones”; los progresismos (casi neoliberales) cambiando un par de tonos al plagio, pero plagio al fin. ¡Todos juntos cantan la misma canción!

Valgan las líneas anteriores para refrescar en lxs lectorxs que el cambio de paradigma educativo que se encubre en reforma, tiene como ejes principales: 1) el debilitamiento sindical hasta lograr su desaparición o anexión como escudo de contención de las luchas laborales impulsadas por las bases. 2) la ampliación del mercado educativo, como lo vemos en el proceso de endoprivatización creciente, con fundaciones, universidades privadas, empresas y ong participando activamente del gobierno de la educación en las áreas de decisión, de diseño político, curriculares y de capacitación; además de otras áreas tercerizadas, como mantenimiento, en algunas jurisdicciones, como CABA, por ejemplo. 3) la performatividad económica de lxs estudiantes como finalidad última para complacer los intereses del mercado empresarial.

El real desfinanciamiento de la educación con respecto a la asignación de recursos públicos es una de las muestras de los puntos de encuentro de los signos políticos del establishment, aparentemente en pugna, más allá de los discursos. Prueba de ello es unestudio realizado por Argentinos por la Educación (fundación creada por ceos empresariales con inclinación fuertemente neoliberal) que muestran las jurisdicciones que menor presupuesto asignaron a educación en 2021respecto de sus presupuestos totales, y fueron, CABA (16.7%) y Santa Cruz (17.6%).

Por otra parte, también fue CABA una de las jurisdicciones que, según el informe, disminuyó la participación del presupuesto en educación entre 2004 y 2021 en 8.8 puntos porcentuales, al igual que Mendoza en el mismo período, con una merma presupuestaria de 7.3%. CABA, también es una de las jurisdicciones que menos destinan de su presupuesto educativo, al pago de salarios, sólo el 69%.

Es con este telón de fondo que el ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires envía, en estos días previos a las elecciones, una “carta” a las familias de los estudiantes, mostrando los “logros” gubernamentales con mecanismos discursivos que encubren los verdaderos fines reformistas de vulneración de derechos y desposesión pública.

Tras un edulcorado primer párrafo, donde se le atribuye “el rol fundamental…” a la docencia “con su tarea diaria”; el segundo párrafo esgrime, claramente, “las posibilidades de desarrollo profesional…”, para “una formación permanente de calidad y reconocimiento salarial por esa formación…”.

Luego manifiestan esos “logros” en cuatro puntos, la creación de la Universidad de la Ciudad (antes UniCABA); la mayor carga horaria para “la capacitación docente”; la reforma del Estatuto “después de 60 años” ; por último, los cambios en los incentivos “para el crecimiento profesional”.

Notaran lxs lectores que se hace mención a la Universidad de la Ciudad, pero se omite la formación docente en los 29 profesorados históricos, que el gobierno PRO deslegitima y pretende cerrar utilizando como caballo de Troya a la Universidad (PRO), como ha deslegitimado la ministra Soledad Acuña a lxs docentes, tratándolos de “fracasados”.

El punto de la capacitación docente, responde al negocio doctrinario de formar a la docencia lejos de la pedagogía crítica y sí en la pedagogía instrumental de la eficiencia, con cursos dados por fundaciones o capacitadores formados en universidades privadas.

Presentar como “logro” la reforma del Estatuto, que regula la actividad docente, “después de 60 años”, es uno de los objetivos de desposesión de derechos más buscado en relación con la asignación por antigüedad que declararon “obsoleta”. Entre otros tantos derechos vulnerados, como el derecho a huelga, penalizado con los descuentos; o el derecho por enfermedad, penalizado con la pérdida del otro caballito de Troya, el presentismo.

El controvertido “crecimiento profesional” docente en función del mérito es otro de los eslogan que encubre la meritocracia para establecer los incentivos por productividad, utilizando la lógica del mercado empresarial.

Sobre este tema, destacan en la carta a las familias “las nuevas medidas para seguir reconociendo la formación y el mérito” y entonces disponen “un nuevo reconocimiento salarial para directores y supervisores que se formen en gestión educativa…”

¿Y quién los va a formar, la fundación Varkey, que durante el gobierno de Mauricio Macri (2015-2019) fijó un convenio por el cual pagó 150.000 dólares mensuales (con contratos de 3 años en algunas jurisdicciones) o la Universidad Torcuato Di Tella?

También el folleto ministerial, alienta a docentes con título universitario, pagándoles incentivos diferenciales, vinculados a “Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemática (STEM), Lenguas Extranjeras y Educación e Inclusión Educativa”; así como extiende la información, comunicando a las familias la asignación de “un reconocimiento salarial extraordinario a todos aquellos docentes y directivos que, de manera ininterrumpida, asistieron todos los días a trabajar”.

Muy breve acotación, la primera es que no hay docentes, tanto han menospreciado y precarizado a la docencia que lxs jovenes no tienen la carreara como opción, y sobre todo, en CABA , por eso se recurre a universitarios. También faltan maestrxs, por eso habilitaron a estudiantes de los ultimos años de la carrera.

El folleto cierra con “Todas estas decisiones tienen un mismo objetivo: tener a los mejores profesionales enseñando en nuestras aulas. Porque de ellos depende el futuro de los estudiantes”, que no es más que la competencia entre docentes, el viejo sueño del viejo grupo Sophia: competencia entre docentes, competencia entres escuelas, salario por performance, escuelas asimiladas a los formatos de gerenciamiento empresarial.

Breve entrelíneas

Cuando decimos Grupo Fundación Sophia, decimos Horacio Rodríguez Larreta (fundador en 1993), María Eugenia Vidal, Gabriel Sánchez Zinny, Esteban Bullrich, Carolina Stanley, Soledad Acuña,Constanza Ortiz, entre tantxs otrxs. La ong perdió su personería jurídica en 2021, cuando hacía 15 años que no presentaba balances.

La reforma que se ostenta como un “logro” no es más que un refrito del proyecto “Hacia una escuela con mayor autonomía”, que el grupo Sophia había realizado en 1996 con la financiación del Banco de Boston (uno de los bancos fugadores de dólares en 2001).

Recuerdo que en ese mismo, 1996, publiqué un artículo (en colaboración) en la revista Novedades Educativas Nº 69 polemizando con el proyecto Sophia, en el que lxs docentes aparecen como los “responsables” del sistema educativo por ser los que consumen la mayor parte del “gasto”, entonces el proyecto proponía actuar sobre las condiciones de trabajo, reduciendo las remuneraciones de diversos modos y reformando el Estatuto docente. Sophia pretendía rebajar las asignaciones por antigüedad hasta un máximo del 60%; remover la estabilidad laboral (según Sophia era obsoleta); otra de las propuestas era minimizar el régimen de licencias (según Sophia era escandaloso).

Para que al Lectxr no le queden dudas, si bien el texto del proyecto original de Sophia no está digitalizado, sí hay una versión abreviada y aggiornada en el sitio del repositorio de la Universidad Católica Argentina (UCA).

¿No es curioso que un proyecto de reforma para la educación pública se encuentre añejando en una universidad privada? Pueden leerlo aquí. La UCA ha sido uno de los faros intelectuales en la interpretación de la reforma en favor de los intereses empresariales.

No son coincidencias, el proyecto exponía los mandatos internacionales sobre la educación, exponía la reforma en los términos de la Ley Federal de Educación de los tiempos del menemato.

Pregunta: ¿Por qué 27 años más tarde el proyecto Sophia se consolida?

La trastienda y los otros “logros”

Al principio de este artículo veíamos el informe de la ong Argentinos x Educación, la fundación que sintoniza ideoógicamente con Juntos por el Cambio. Pero, si bien, a pesar de la sintonía ideológica, números mediante, el informe Financiamiento Educativo Provincial no disimuló la disminusión sistemática de la inversión educativa que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires realiza año a año.

Aunque, para reforzar la idea y que no queden dudas sobre el desfinanciamiento continuo que realiza el Gobierno de la Ciudad sobre la Educación, sería importante agregar algunas consideraciones sobre elinforme de la (sub)ejecución presupuestaria del primer trimestre del corriente año, que no aparece en la “Carta” con los “logros” que el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires le envió a las familias.

Si vemos el presupuesto educativo de este año 2023 de la Ciudad, nos encontramos con que el total es de más de 362 mil millones de pesos y que deberían haberse ejecutado durante el primer trimestre más de 78 mil millones, sin embargo sólo se ejecutaron 70mil millones.

Pero, eso no es todo, de los 362 mil millones, 63 mil millones y medio son destinados a la Dirección General de Educación de Gestión privada, que en el primer trimestre deberían haberse liquidado 13.615.326.812 y se devengaron 13.585.421.317, casi la totalidad. ¡Eureka! (o eurUCA).

Lo cierto es que mientras la subejecución existe, es sólo para la llamada Gestión Pública. Ahora bién, ¿qué rubros son los afectados en el primer trimestre?

Asistencia Alimentaria y Acción Comunitaria con un presupuesto anual de casi 40 mil millones y medio y un presupuesto trimestral de más de 2.600 millones de los que solo se devengaron 1.000 millones, lo que parece demasido poco y la pregunta no es ¿dónde está el piloto? que sabemos quién es, sino ¿dónde fue el remanente no devengado?

Ya había habido irregularidades detectadas en elinforme de la Auditoría General de la Ciudad (AGC) en la Dirección General de Servicios a las Escuelas (DGSE) en 2022, en Asistencia Alimentaria Inicial y Primaria, en el que se detectan estas y otras tantas “desprolijidades” de las políticas públicas llevadas a cabo por el gobierno de la Ciudad en relación con el reclamo vinculado a las viandas.

Renglón seguido, aparece el Subsidio a las Cooperadoras Escolares, que en el año es de 474 millones y el estimado para ejecutar en el primer trimestre fue de 12.736.588 de los que se devengaron, 12.686.773, casi la totalidad, aunque como podemos apreciar siempre es menos.

Lo que realmente sorprende es el propio informe es lo presupuestado para Equipamiento Mobiliario, sobre un total anual vigente de 678 millones el devengado para el primer trimestre fue “0”.

Pero eso no es todo, el presupuesto anual de Infraestructura Escolar se estableció en 8.795 millones de pesos, el vigente es de 8.516, es decir, 279 millones menos que lo sancionado. Se definió que el el primer trimestre se invertirían 1.490 millones y medio, pero la realidad indica que solo se devengaron $915.982.176 .

Hay otro rubro, relacionado con el de infraestructura que es el de Mitigación de Riesgos y Ley de Escuelas Seguras, con un presupuesto anual de 1.355 millones, de los que en el primer trimestre deberían haberse devengado más de 170 millones, pero sólo fue de 42 millones.

Una más

Es absolutamente necesario proponer un contraste frente a la desposesión en curso y a la subejecución presupuestaria de facto.

Mientras que la cuestionada Asistencia Alimentaria fue subejecutrada con sólo 1000 millones de pesos, es decir, el 40% de lo presupuestado para el primer trimestre y el Subsidio a las Cooperadoras escolares fue de poco más de 12 millones sobre 474 presupuestados para el año y Mitigación de Riesgos en el 25% de lo que se debería haber ejecutado, la RESOLUCIÓN N.º 49/SSMAURB/23 , que tiene por objeto la inspección de veredas,asigna la suma de 2.246.912.850 depesosen el llamado a la licitación pública.

Y estamos hablando de la “inspección”, no de la obra necesaria para realizar o reparar las veredas, esa es la “eficiencia” del Jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, precandidato presidencial (Juntos por el Cambio), más preocupado por la inspección de baldosas que en “Con educación, hay futuro”, esalogan con el que finaliza la obsena “carta a las familias”.

Mientras esto ocurre, el ministerio de Educación de la Nación celebra junto al ministro de Economía y precandidato presidencial (Unión por la Patria), Sergio Massa, los créditos a 30 años del Banco Mundial para educación (por resultados).

Dos cuestiones son seguras; la primera, la línea política de la dependencia internacional en cuanto a educación va a continuar y se va a profundizar con Juntos por el Cambio o con Unión por la Patria. La segunda, ¡Es más fácil mentirle a la gente, que convencerla de que le están mintiendo! (adjudicado a Mark Twain) .

https://www.laizquierdadiario.com/El-cambio-en-educacion-atrasa

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Colombia: Reforma de la educación superior, todo lo que debe saber de los cambios que se proyectan

Con la propuesta se espera reorganizar el sistema de educación superior en Colombia y responder a las necesidades de formación de calidad

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Reconocimiento a los derechos de los pueblos indígenas, impostergable en momentos críticos para las definiciones políticas

Por: Tlachinollan

Preocupa al Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan la dilación de los Diputados que integran la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado de Guerrero para dictaminar la iniciativa de Ley presentada por la Comisión de Asuntos Indígenas. No vemos motivos ni fundamentos válidos para postergar indefinidamente su discusión y aprobación.

El reconocimiento constitucional y legal de los derechos de los Pueblos indígenas y Afromexicano es una demanda histórica por la que han dado la vida los pueblos de Guerrero. Ante la reiterada negativa de gobiernos neocoloniales han sido orillados a ejercer sus derechos de facto, como ejemplarmente lo ha hecho la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC-PC), al ejercer los sistemas normativos de los Pueblos Mephaá, Na Savi, Naua y Afromexicano que brinda seguridad, justicia y reeducación a más de 300 comunidades de la Montaña y Costa Chica. Orgullosamente podemos decir que en estas regiones la seguridad es un bien tangible, en una entidad desbordada por la violencia irracional que imponen los grupos de la delincuencia organizada.

En contrapartida, la postura obtusa de algunas autoridades, han criminalizado, perseguido y encarcelado a las autoridades indígenas que velan por los derechos del pueblo. Es preocupante que la clase política ignore el marco constitucional e internacional que ha reconocido ampliamente los derechos de los Pueblos indígenas y Afromexicano. Es más, varios organismos internacionales, jurisdiccionales y autónomos han instado al Congreso del Estado a legislar para reconocer los derechos y armonizar el marco jurídico estatal.

Ante esta lucha secular la Comisión de Asuntos indígenas del Congreso del Estado y los pueblos indígenas y Afromexicano, así como organizaciones sociales y derechos humanos, iniciamos un movimiento inédito que se concretó en un parlamento abierto y 10 foros de consulta realizados en varias regiones indígenas y municipios Afromexicanos del Estado. El gran logro de esta concertación social y política ha sido la elaboración de una iniciativa de reforma a la Constitución del Estado de Guerrero, que se encuentra en estudio en la Junta de Coordinación Política, que ha sido insensible para atender el reclamo de los Pueblos.

Como se puede constatar no encontramos motivos de fondo ni fundamentos jurídicos válidos para postergar la aprobación de esta reforma. Han sido más bien posturas mezquinas de algunos legisladores y legisladoras que con su visión corta y racista se niegan a atender una demanda histórica de los Pueblos, de contar con un marco jurídico constitucional y legal que reconozca sus derechos. Para ello existen recomendaciones de organismos internacionales y nacionales de Derechos Humanos y resoluciones de distintos Tribunales, incluida la Suprema Corte de Justicia de la Nación que obligan al poder legislativo local a armonizar el marco jurídico local. Es inconcebible que ante un movimiento tan creativo que han protagonizados los Pueblos indígenas y el Pueblo Afromexicano para impulsar transformaciones sociales en nuestro país y nuestro estado, quede trunco esta corriente de pensamiento jurídico innovador por los intereses electoreros y partidistas de un grupo de legisladores y legisladoras que no están a la altura de los grandes desafíos que enfrentamos en Guerrero.

En esta visión mezquina su verdadera pretensión es evitar que los Pueblos indígenas y Afromexicano participen eligiendo a sus autoridades a través de sus sistemas normativos, ya que la reforma permitiría que cerca del 40% de municipios con fuerte presencia de población indígena y Afromexicana ejerza sus derechos políticos a través de sus sistemas normativos.

Lamentamos esta visión crasa que tienen los legisladores locales, porque la reforma además de incorporar los más altos estándares de protección de los derechos de los Pueblos indígenas, es un esfuerzo innovador que tendrá un impacto nacional. La reforma protege el derecho a la tierra y territorio, a la educación, salud y alimentación con perspectiva intercultural, a la comunicación, acceso al presupuesto público para su desarrollo y a la conservación de su ciencia y artes, es por lo tanto, una reforma integral.

Obstruir el debate y aprobación de la iniciativa de Ley es apostarle al descarrilamiento legal y legítimo construido a pulso por los Pueblos indígenas y Afromexicano con el fin supremo del reconocimiento de sus derechos. Los legisladores locales exhiben su visión neocolonial, monocultural, racista y excluyente y privilegian sus intereses electoreros y partidistas por encima del reconocimiento de los derechos de los Pueblos indígenas y Afromexicano, que son imprescindibles para forjar un Estado cimentado en los derechos humanos y colectivos.

En estos momentos en que el pico de la pandemia está mostrando las grandes debilidades de un sistema económico y político basado en la ganancia y no en la protección de los derechos, hoy los Pueblos indígenas y Afromexicano, además de mostrar capacidad para implementar medidas preventivas eficaces, con los doce municipios que no tienen contagio de Covid-19, están dando la batalla para luchar contra el oprobio y exigir la aprobación inmediata de la iniciativa de Ley para saldar la deuda histórica de quienes han gobernado de espaldas al pueblo.

Por todo lo anterior solicitamos a los Diputados de la junta de Coordinación Política y a todos los que integran la actual legislatura a probar de inmediato la iniciativa de ley presentada que condensa las aspiraciones más altas de los Pueblos indígenas y Afromexicano y además constituye una deuda histórica de los gobiernos.

Fuente e imagen: https://desinformemonos.org/reconocimiento-a-los-derechos-de-los-pueblos-indigenas-impostergable-en-momentos-criticos-para-las-definiciones-politicas/

Publicado originalmente en Tlachinollan

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Los tres pies

Carlos Ornelas

“No le busques tres pies al gato, porque tiene cuatro”, reconvenía la abuela cuando los chamacos preguntábamos.

En menos de una semana aparecieron tres pilotes de la política educativa que, aunque parezcan incongruentes (cosas que se van, otras que regresan), son la marca de la Cuarta Transformación.

Primero, el jueves 17, el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, y la presidente de la Junta Directiva de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu), Etelvina Sandoval, hicieron votos para trabajar juntos por los maestros de México. La nueva institución, formuló Moctezuma: “Tiene por disposición constitucional la autonomía en todos los rubros de su trabajo, pero está diseñada para que trabajemos de manera conjunta”.

Se fue la “evaluación punitiva”, aseguró Sandoval.

Algo anda mal, pienso. Desde diciembre de 2017, el entonces candidato, Andrés Manuel López Obrador, se comprometió a terminar con la autonomía y aun con todo el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. No lo logró, pero lo transformó en un aparato afín la 4T. La Mejoredu, según la Constitución y su ley reglamentaria, sólo tiene autonomía técnica, ni siquiera administrativa.

Además, las evaluaciones continuarán, sólo se eliminará la de desempeño a los maestros; a menos que la mata siga dando y también se extirpen las pruebas (no nada más la estandarizadas) para el ingreso y la promoción. También, para lo que será la nueva carrera magisterial o pagos por mérito.

Segundo. La conjetura de que habrá formas de echar para atrás la ley no es tan descabellada.

Ya tuvimos el caso de la Normal de Tenería y más con los maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero.

“El jefe de la Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaría de Educación Pública anunció que solicitará que las plazas fuera del Fondo para la Nómina Educativa y Gasto Operativo se incorporen al Presupuesto de Egresos 2020, según los acuerdos obtenidos por el magisterio disidente de Guerrero, después de encabezar una ‘jornada de lucha’ en Palacio Nacional” (Reforma, 18/10/19). Su dirigente, Arcángel Ramírez Perulero, no cabía de contento.

Si a eso se le juntan las 120 mil plazas regularizadas de las que habló Alfonso Cepeda Salas, más las que llegan a Baja California, Michoacán, Oaxaca y Chiapas por goteo, es posible pensar que ya no habrá evaluación (ni punitiva ni benévola) para los maestros. La Mejoredu sólo evaluará a los alumnos. Sobre ellos irán las pruebas.

El secretario no sabe todavía si se mantendrá Planea, pero México seguirá dentro de las pruebas PISA, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Un punto de fricción con los líderes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, aliados del Presidente.

Tercero. El presidente López Obrador hizo un llamado al magisterio (y a los padres de familia también, pero con menos relieve) para que se unan de nuevo, pues ya no hay motivos para la zozobra: “Cumplimos cancelando la mal llamada reforma educativa y tenemos muy buena relación con el magisterio, con maestras con maestros, nunca más va a haber una campaña de desprestigio a los maestros”. Es tiempo de reconciliación, expresó AMLO.

El Presidente sabe que las diferencias entre las facciones del SNTE son profundas, hasta irreconciliables. La CNTE siente —y tal vez con razón— que monta en caballo de hacienda, que el Presidente le concede todo, que su estrategia —que sí es estrategia, bien diseñada y eficaz— de movilización-negociación–movilización le rinde frutos como nunca.

Tal vez sueñe con que esta vez sí se logrará desplazar a “los charros” de la dirigencia nacional del SNTE.

Por ello, pienso, el cuarto pie de ese gato que llamamos política educativa es concentrar de nuevo a los maestros en un órgano corporativo único, rígido y subordinado al poder presidencial, como en los viejos tiempos del preneoliberalismo. Ésta es la coherencia de lo que parece aislado.

Texto publicado originalmente en Excélsior https://www.excelsior.com.mx/opinion/carlos-ornelas/los-tres-pies/1343493

Fuente: http://www.educacionfutura.org/los-tres-pies/

Imagen: https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fi2.wp.com%2Fwww.ministerioinfantil.com%2Fwp-co.jpg

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La educación es de todos

Por: Santiago Gómez. 

 

La importancia que debe tener la educación para soportar la reconciliación de este país debe continuar siendo el centro de lo público. Las banderas de una educación para la tolerancia deben ondear durante lo que queda de este gobierno.

Lo aprobado para el sector educativo dentro del Plan de Desarrollo está armonizado con lo establecido en el Plan Decenal de Educación 2016-2026. En parte, reconoce tareas que habían quedado pendientes de los gobiernos anteriores, pero adicionalmente impone al Estado asumir retos de no poca monta para continuar dando un salto cualitativo importante.

En primera infancia se brindará atención a través de estrategias graduales de inclusión al sistema a 2 millones de niños y niñas, aumentando la cobertura en ese rango de edad a 68%. Adicionalmente, el gobierno plantea atender para 2022 un total de 1.8 millones de estudiantes en Jornada Única y se pretende reducir en 17% la brecha en cobertura urbana-rural. El Plan materializa la apuesta por Generación E, que destina recursos para fortalecer 61 instituciones de educación superior del sector público y genera nuevas oportunidades de acceso a 336.000 jóvenes.

También el Plan establece que el Estado asumirá retos estructurales como la revisión del Sistema General de Participaciones –SGP- que debió haber sido reformado en 2016, lo que implicaría un aumento significativo en los recursos para el sector educativo, creando una comisión de alto nivel que debe empezar a deliberar este segundo semestre del año; la reforma del ICETEX, en su gobernanza y su estructura financiera; la creación también de una Unidad Administrativa de Alimentación Escolar para fortalecer los esquemas de financiación, ampliar la cobertura, promover la transparencia y la calidad en la prestación de dicho servicio a los escolares y finalmente, la reforma del Fondo de Infraestructura lo que implicará 7.065 nuevas aulas funcionales y 5.606 que se entregarían en 2022.

El de Educación es el Ministerio que ha demostrado mayores logros durante el primer año de gobierno de Duque y además ha sido quizás el que ha enfrentado los retos más importantes desde el 7 de agosto pasado. La importancia que debe tener la educación para soportar la reconciliación de este país debe continuar siendo el centro de lo público. Las banderas de una educación para la tolerancia deben ondear durante lo que queda de este gobierno.

Fuente del artículo: https://www.vanguardia.com/opinion/columnistas/santiago-gomez/la-educacion-es-de-todos-GC1235008

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Por qué interesa el debate sobre ciencia y tecnología

Por: Silvia Ribeiro

Porque nos afecta a todos y hay mucho en juego. La disputa es entre los intereses de las megaempresas (trasnacionales y nacionales), que se han beneficiado en grande con la ley y programas actuales, y la necesidad de reformar el sistema de ciencia y tecnología para que sirva a las necesidades de la mayoría del pueblo mexicano. Son paradigmas opuestos: una ciencia elitista para producir tecnologías al servicio del lucro (tecnociencia) o la posibilidad de desarrollar una ciencia digna, comprometida con la sociedad que la sostiene, que reconozca e integre distintas formas de conocimiento, que desarrolle tecnologías para el bien común, en lugar de venderse al mejor postor.

Como planteé antes (ver ¿Ciencia para el lucro o ciencia para la gente?, La Jornada, 30/3/19), esta disputa se agudizó con una nueva propuesta de ley de humanidades, ciencia y tecnología presentada por la senadora Ana Lilia Rivera. Ésta propone sustituir la norma existente y reformar la Ley de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados para que la Comisión de Bioseguridad (que tramita las solicitudes de liberación de transgénicos) quede bajo el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología (Conahcyt).

La propuesta de ley plantea una reestructura del sistema nacional de ciencia y tecnología para eliminar duplicidades y devolver al Conacyt su papel rector en el tema, sobre la base de una ciencia y tecnologías que observen, entre otros, los principios de previsión, prevención y precaución, el derecho a consulta previa de los pueblos y comunidades indígenas y locales, que promueva la investigación de frontera y aquella orientada a la atención de problemas sociales prioritarios, así como fortalecer la planta productiva nacional para consolidar la independencia tecnológica del país.

Propone mantener programas de apoyo a sectores productivos, pero dirigidos al sector social y las micro, pequeñas y medias empresas (99 por ciento de las empresas en México, según el Inegi), prefiriendo proyectos que tengan como objeto prioritario contribuir a la protección de la salud, el medio ambiente y la riqueza biocultural del país, el uso racional y la conservación de los recursos naturales, el respeto del territorio, los conocimientos y la cultura de los pueblos y comunidades indígenas y equiparables. Requiere que los proyectos cuenten con una declaración formal de interés en la aplicación de la tecnología expresada por los potenciales usuarios.

Prevé realizar foros de consulta, abiertos a toda la comunidad de ciencia y tecnología, lo cual es un cambio muy positivo. La ley actual restringe la consulta a una sola entidad –el Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT), que integra a grandes asociaciones empresariales, las cuales han marcado su impronta en sus posiciones–, que además es financiado por el Conacyt, con lo cual el erario público paga el cabildeo en favor de las empresas. Muchas críticas al cambio de ley vienen de este foro y sus allegados, que avizoran perder privilegios.

La nueva ley propone abrir la consulta a sectores mucho más amplios de la sociedad, apoyando a campesinos e indígenas para que puedan participar. No obstante, es preciso aclarar en qué políticas y programas debe existir no sólo voluntad, sino obligatoriedad de consulta por parte del Conahcyt, con quiénes, en qué plazos y cómo se tomarán en cuenta los resultados.

Esto adquiere particular importancia, ya que el Conahcyt absorbería las funciones de la Comisión de Bioseguridad (actual Cibiogem).

Hasta ahora, las consultas sobre liberación de transgénicos de la Cibiogem han sido una burla. Las consultas electrónicas son de difícil acceso para los que serán afectados en sus territorios. La Cibiogem ha ignorado sistemática y arbitrariamente los aportes críticos en esas consultas. Peor aún, en consultas directas a pueblos indígenas, a las que la Cibiogem fue obligada por sentencia judicial a partir de demandas de organizaciones en la península de Yucatán, la Cibiogem y su entonces secretaria ejecutiva, Sol Ortiz, colaboraron con Monsanto y otras empresas, intentando manipular las consultas y dividir a los pueblos.

Pese a este historial –¿o gracias a él?–, el nuevo secretario de Agricultura, Víctor Villalobos, buen amigo de las trasnacionales de transgénicos, se llevó a Sol Ortiz a trabajar a la Sader como encargada de cambio climático, tema en el cual no tiene formación ni capacidad. Los que protestaron por otros nombramientos que califican de arbitrarios convenientemente se callaron en este caso.

Esos críticos a modo señalan también que las secretarías de Salud y Medio Ambiente tienen participación en las decisiones de liberación de transgénicos de la Cibiogem, lo que se perdería con las reformas a la ley. Por el contrario, al colocar la comisión bajo la junta del Conahcyt, esas y otras nueve secretarías estarán vigilando las actividades. La Semarnat tendrá que tomar en cuenta los dictámenes de expertos de Inecc, Conabio y Conanp, entes que dictaminaron en repetidos casos que no se debe liberar transgénicos en ciertas áreas, algo que la Semarnat y la Cibiogem ignoraron, aprobando igual la liberación de transgénicos en esas áreas.

Todo esto debe cambiar. Un primer paso es participar activamente en el debate.

Silvia Ribeiro es Investigadora del Grupo ETC

Fuente: https://www.jornada.com.mx/2019/04/13/opinion/019a1eco

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La entrega

Por: Hugo Aboites.

 

No hay ambigüedad que dure 100 años y la del gobierno de López Obrador en el tema de la educación tardó exactamente cinco meses en disiparse. Por un lado, sus reiteradas declaraciones de que se abrogaría completa la reforma, y, por el otro, la SEP insistiendo en su evidente inclinación por la OCDE y ese instituto. Lo más reciente fue, por un lado, la aprobación en las comisiones unidas de la Cámara de un dictamen abrumadoramente rechazado por académicos en la UNAM y maestros, y por otro, el esperanzador memorándum en que el Presidente planteaba lineamientos, “en tanto se alcanza un entendimiento con los padres de familia y los maestros sobre los cambios constitucionales requeridos…” (Pág. 2, primer párrafo). Esto último alentó la confianza de los maestros. Y, más todavía, cuando al memorándum del 16 de abril le siguió la convocatoria de la SEP a negociar el lunes 22. Sin embargo, sorpresivamente, el día 24 con la decisiva participación de la mayoría de diputados de Morena, el dictamen del paquete de modificaciones se lleva al pleno de la Cámara y en horas queda aprobado.

Es cierto que ya no se aplicarán evaluaciones punitivas a los maestros, pero seguirán excluidos del 123 y, con eso, indefensos, para empezar, ante un procedimiento de ingreso, promoción y reconocimiento de excepción que ya anuncian las modificaciones aprobadas. Pero, lo más grave, abre todavía más que en 2013 la conducción de la educación nacional a la representación local de la OCDE y de Mexicanos Primero. La SEP de Moctezuma Barragán justificó este despojo de conquistador, en la necesidad de ceder en algo a fin de conseguir la abrogación de la reforma. Pero era innecesario. Un gobierno con el respaldo popular al presidente que significan 30 millones de votos y, además, con el peso de uno de los movimientos sociales y magisteriales más poderosos de la historia reciente, pueden plantarse y empujar con fuerza extraordinaria una reforma de fondo. Si se quiere. Con lo aprobado queda claro que no se trataba de defender a la educación y al interés superior de niños, niñas, maestros y maestras, y sino de darle un poco a los maestros sin alterar demasiado el proyecto de control de le educación de conservadores, empresarios y la OCDE.

Y los diputados sabían contra quien iban, si no, ¿por qué el presidente de la fracción de Morena, Mario Delgado, hablando al día siguiente en Aristegui noticias, llama a los maestros a tranquilizarse, a tener confianza? ¿Por qué anticipa que habrá resistencia aunque –usando las mismas fatuas palabras de Mexicanos Primero en 2012– espera que sólo durará un tiempo? Tal vez, pero también puede que, como en 2013, la molestia aumente, venga luego la resistencia focal, la campaña de la derecha exigiendo represión y un gobierno crecientemente entrampado en un tema que es de Peña Nieto.

En un aparente intento por ofrecer esperanza, el Presidente ahora reitera que debe darse prioridad a los normalistas y desde la Cámara se habla de que las demandas y rectificaciones se incluirían en la legislación secundaria. Viendo cómo se arrasó con las propuestas y reservas de las minorías y hasta con la propia iniciativa presidencial, sería ingenuo confiar de nuevo.

La votación en la Cámara muestra la reactivación del Pacto por México, ahora con la inclusión de la mayoría de los diputados de Morena. Usando el mismo método de ceder para lograr, el PRI y el PAN elegirán a los integrantes del nuevo INEE con el mismo perfil del pasado (incluyendo a algún(os) progresista(s) pero, además, con una sustancial ampliación numérica. Ya no habrá sólo una Junta Directiva sino además un consejo técnico y otro más, consultivo. Decenas de integrantes más. Se busca así democratizar la imagen del nuevo organismo y legitimar más la presión empresarial y conservadora sobre la educación que comenzó a ejercer en 2013. Por eso mantiene su carácter de una entidad autónoma que desde fuera, desde la sociedad civil empresarial y de la OCDE, y por encima de una SEP que gusta de ceder, establece criterios, lineamientos, indicadores para normar, certificar, medir la excelencia (calidad) y, por tanto, asumir la conducción y el rumbo de la educación. Y esto incluye sobre todo el quehacer de millón y medio de maestros y maestras, además de estudiantes y comunidades que, una vez más, quedarán subordinados a las imposiciones pedagógicas de una cúpula privilegiada y conservadora y excluidos de la participación en la conducción nacional y regional de su propio trabajo educativo.

Sin embargo, los nuevos reformadores deben recordar que no se ha borrado el horizonte de una lucha larga, muy dura y que, por nacional y exitosa, puede ahora servir para unificar otras muchas resistencias. Las de comunidades y organizaciones sindicales contra los proyectos de despojo de sus derechos y de su patrimonio educativo, cultural y de territorio. Las que, cada vez más, sólo confían en la fuerza de su unidad.

Fuente del artículo: https://www.jornada.com.mx/2019/04/27/opinion/020a1pol

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