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Reconocimiento a los derechos de los pueblos indígenas, impostergable en momentos críticos para las definiciones políticas

Por: Tlachinollan

Preocupa al Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan la dilación de los Diputados que integran la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado de Guerrero para dictaminar la iniciativa de Ley presentada por la Comisión de Asuntos Indígenas. No vemos motivos ni fundamentos válidos para postergar indefinidamente su discusión y aprobación.

El reconocimiento constitucional y legal de los derechos de los Pueblos indígenas y Afromexicano es una demanda histórica por la que han dado la vida los pueblos de Guerrero. Ante la reiterada negativa de gobiernos neocoloniales han sido orillados a ejercer sus derechos de facto, como ejemplarmente lo ha hecho la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC-PC), al ejercer los sistemas normativos de los Pueblos Mephaá, Na Savi, Naua y Afromexicano que brinda seguridad, justicia y reeducación a más de 300 comunidades de la Montaña y Costa Chica. Orgullosamente podemos decir que en estas regiones la seguridad es un bien tangible, en una entidad desbordada por la violencia irracional que imponen los grupos de la delincuencia organizada.

En contrapartida, la postura obtusa de algunas autoridades, han criminalizado, perseguido y encarcelado a las autoridades indígenas que velan por los derechos del pueblo. Es preocupante que la clase política ignore el marco constitucional e internacional que ha reconocido ampliamente los derechos de los Pueblos indígenas y Afromexicano. Es más, varios organismos internacionales, jurisdiccionales y autónomos han instado al Congreso del Estado a legislar para reconocer los derechos y armonizar el marco jurídico estatal.

Ante esta lucha secular la Comisión de Asuntos indígenas del Congreso del Estado y los pueblos indígenas y Afromexicano, así como organizaciones sociales y derechos humanos, iniciamos un movimiento inédito que se concretó en un parlamento abierto y 10 foros de consulta realizados en varias regiones indígenas y municipios Afromexicanos del Estado. El gran logro de esta concertación social y política ha sido la elaboración de una iniciativa de reforma a la Constitución del Estado de Guerrero, que se encuentra en estudio en la Junta de Coordinación Política, que ha sido insensible para atender el reclamo de los Pueblos.

Como se puede constatar no encontramos motivos de fondo ni fundamentos jurídicos válidos para postergar la aprobación de esta reforma. Han sido más bien posturas mezquinas de algunos legisladores y legisladoras que con su visión corta y racista se niegan a atender una demanda histórica de los Pueblos, de contar con un marco jurídico constitucional y legal que reconozca sus derechos. Para ello existen recomendaciones de organismos internacionales y nacionales de Derechos Humanos y resoluciones de distintos Tribunales, incluida la Suprema Corte de Justicia de la Nación que obligan al poder legislativo local a armonizar el marco jurídico local. Es inconcebible que ante un movimiento tan creativo que han protagonizados los Pueblos indígenas y el Pueblo Afromexicano para impulsar transformaciones sociales en nuestro país y nuestro estado, quede trunco esta corriente de pensamiento jurídico innovador por los intereses electoreros y partidistas de un grupo de legisladores y legisladoras que no están a la altura de los grandes desafíos que enfrentamos en Guerrero.

En esta visión mezquina su verdadera pretensión es evitar que los Pueblos indígenas y Afromexicano participen eligiendo a sus autoridades a través de sus sistemas normativos, ya que la reforma permitiría que cerca del 40% de municipios con fuerte presencia de población indígena y Afromexicana ejerza sus derechos políticos a través de sus sistemas normativos.

Lamentamos esta visión crasa que tienen los legisladores locales, porque la reforma además de incorporar los más altos estándares de protección de los derechos de los Pueblos indígenas, es un esfuerzo innovador que tendrá un impacto nacional. La reforma protege el derecho a la tierra y territorio, a la educación, salud y alimentación con perspectiva intercultural, a la comunicación, acceso al presupuesto público para su desarrollo y a la conservación de su ciencia y artes, es por lo tanto, una reforma integral.

Obstruir el debate y aprobación de la iniciativa de Ley es apostarle al descarrilamiento legal y legítimo construido a pulso por los Pueblos indígenas y Afromexicano con el fin supremo del reconocimiento de sus derechos. Los legisladores locales exhiben su visión neocolonial, monocultural, racista y excluyente y privilegian sus intereses electoreros y partidistas por encima del reconocimiento de los derechos de los Pueblos indígenas y Afromexicano, que son imprescindibles para forjar un Estado cimentado en los derechos humanos y colectivos.

En estos momentos en que el pico de la pandemia está mostrando las grandes debilidades de un sistema económico y político basado en la ganancia y no en la protección de los derechos, hoy los Pueblos indígenas y Afromexicano, además de mostrar capacidad para implementar medidas preventivas eficaces, con los doce municipios que no tienen contagio de Covid-19, están dando la batalla para luchar contra el oprobio y exigir la aprobación inmediata de la iniciativa de Ley para saldar la deuda histórica de quienes han gobernado de espaldas al pueblo.

Por todo lo anterior solicitamos a los Diputados de la junta de Coordinación Política y a todos los que integran la actual legislatura a probar de inmediato la iniciativa de ley presentada que condensa las aspiraciones más altas de los Pueblos indígenas y Afromexicano y además constituye una deuda histórica de los gobiernos.

Fuente e imagen: https://desinformemonos.org/reconocimiento-a-los-derechos-de-los-pueblos-indigenas-impostergable-en-momentos-criticos-para-las-definiciones-politicas/

Publicado originalmente en Tlachinollan

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Los tres pies

Carlos Ornelas

“No le busques tres pies al gato, porque tiene cuatro”, reconvenía la abuela cuando los chamacos preguntábamos.

En menos de una semana aparecieron tres pilotes de la política educativa que, aunque parezcan incongruentes (cosas que se van, otras que regresan), son la marca de la Cuarta Transformación.

Primero, el jueves 17, el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, y la presidente de la Junta Directiva de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu), Etelvina Sandoval, hicieron votos para trabajar juntos por los maestros de México. La nueva institución, formuló Moctezuma: “Tiene por disposición constitucional la autonomía en todos los rubros de su trabajo, pero está diseñada para que trabajemos de manera conjunta”.

Se fue la “evaluación punitiva”, aseguró Sandoval.

Algo anda mal, pienso. Desde diciembre de 2017, el entonces candidato, Andrés Manuel López Obrador, se comprometió a terminar con la autonomía y aun con todo el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. No lo logró, pero lo transformó en un aparato afín la 4T. La Mejoredu, según la Constitución y su ley reglamentaria, sólo tiene autonomía técnica, ni siquiera administrativa.

Además, las evaluaciones continuarán, sólo se eliminará la de desempeño a los maestros; a menos que la mata siga dando y también se extirpen las pruebas (no nada más la estandarizadas) para el ingreso y la promoción. También, para lo que será la nueva carrera magisterial o pagos por mérito.

Segundo. La conjetura de que habrá formas de echar para atrás la ley no es tan descabellada.

Ya tuvimos el caso de la Normal de Tenería y más con los maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero.

“El jefe de la Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaría de Educación Pública anunció que solicitará que las plazas fuera del Fondo para la Nómina Educativa y Gasto Operativo se incorporen al Presupuesto de Egresos 2020, según los acuerdos obtenidos por el magisterio disidente de Guerrero, después de encabezar una ‘jornada de lucha’ en Palacio Nacional” (Reforma, 18/10/19). Su dirigente, Arcángel Ramírez Perulero, no cabía de contento.

Si a eso se le juntan las 120 mil plazas regularizadas de las que habló Alfonso Cepeda Salas, más las que llegan a Baja California, Michoacán, Oaxaca y Chiapas por goteo, es posible pensar que ya no habrá evaluación (ni punitiva ni benévola) para los maestros. La Mejoredu sólo evaluará a los alumnos. Sobre ellos irán las pruebas.

El secretario no sabe todavía si se mantendrá Planea, pero México seguirá dentro de las pruebas PISA, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Un punto de fricción con los líderes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, aliados del Presidente.

Tercero. El presidente López Obrador hizo un llamado al magisterio (y a los padres de familia también, pero con menos relieve) para que se unan de nuevo, pues ya no hay motivos para la zozobra: “Cumplimos cancelando la mal llamada reforma educativa y tenemos muy buena relación con el magisterio, con maestras con maestros, nunca más va a haber una campaña de desprestigio a los maestros”. Es tiempo de reconciliación, expresó AMLO.

El Presidente sabe que las diferencias entre las facciones del SNTE son profundas, hasta irreconciliables. La CNTE siente —y tal vez con razón— que monta en caballo de hacienda, que el Presidente le concede todo, que su estrategia —que sí es estrategia, bien diseñada y eficaz— de movilización-negociación–movilización le rinde frutos como nunca.

Tal vez sueñe con que esta vez sí se logrará desplazar a “los charros” de la dirigencia nacional del SNTE.

Por ello, pienso, el cuarto pie de ese gato que llamamos política educativa es concentrar de nuevo a los maestros en un órgano corporativo único, rígido y subordinado al poder presidencial, como en los viejos tiempos del preneoliberalismo. Ésta es la coherencia de lo que parece aislado.

Texto publicado originalmente en Excélsior https://www.excelsior.com.mx/opinion/carlos-ornelas/los-tres-pies/1343493

Fuente: http://www.educacionfutura.org/los-tres-pies/

Imagen: https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fi2.wp.com%2Fwww.ministerioinfantil.com%2Fwp-co.jpg

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La educación es de todos

Por: Santiago Gómez. 

 

La importancia que debe tener la educación para soportar la reconciliación de este país debe continuar siendo el centro de lo público. Las banderas de una educación para la tolerancia deben ondear durante lo que queda de este gobierno.

Lo aprobado para el sector educativo dentro del Plan de Desarrollo está armonizado con lo establecido en el Plan Decenal de Educación 2016-2026. En parte, reconoce tareas que habían quedado pendientes de los gobiernos anteriores, pero adicionalmente impone al Estado asumir retos de no poca monta para continuar dando un salto cualitativo importante.

En primera infancia se brindará atención a través de estrategias graduales de inclusión al sistema a 2 millones de niños y niñas, aumentando la cobertura en ese rango de edad a 68%. Adicionalmente, el gobierno plantea atender para 2022 un total de 1.8 millones de estudiantes en Jornada Única y se pretende reducir en 17% la brecha en cobertura urbana-rural. El Plan materializa la apuesta por Generación E, que destina recursos para fortalecer 61 instituciones de educación superior del sector público y genera nuevas oportunidades de acceso a 336.000 jóvenes.

También el Plan establece que el Estado asumirá retos estructurales como la revisión del Sistema General de Participaciones –SGP- que debió haber sido reformado en 2016, lo que implicaría un aumento significativo en los recursos para el sector educativo, creando una comisión de alto nivel que debe empezar a deliberar este segundo semestre del año; la reforma del ICETEX, en su gobernanza y su estructura financiera; la creación también de una Unidad Administrativa de Alimentación Escolar para fortalecer los esquemas de financiación, ampliar la cobertura, promover la transparencia y la calidad en la prestación de dicho servicio a los escolares y finalmente, la reforma del Fondo de Infraestructura lo que implicará 7.065 nuevas aulas funcionales y 5.606 que se entregarían en 2022.

El de Educación es el Ministerio que ha demostrado mayores logros durante el primer año de gobierno de Duque y además ha sido quizás el que ha enfrentado los retos más importantes desde el 7 de agosto pasado. La importancia que debe tener la educación para soportar la reconciliación de este país debe continuar siendo el centro de lo público. Las banderas de una educación para la tolerancia deben ondear durante lo que queda de este gobierno.

Fuente del artículo: https://www.vanguardia.com/opinion/columnistas/santiago-gomez/la-educacion-es-de-todos-GC1235008

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Por qué interesa el debate sobre ciencia y tecnología

Por: Silvia Ribeiro

Porque nos afecta a todos y hay mucho en juego. La disputa es entre los intereses de las megaempresas (trasnacionales y nacionales), que se han beneficiado en grande con la ley y programas actuales, y la necesidad de reformar el sistema de ciencia y tecnología para que sirva a las necesidades de la mayoría del pueblo mexicano. Son paradigmas opuestos: una ciencia elitista para producir tecnologías al servicio del lucro (tecnociencia) o la posibilidad de desarrollar una ciencia digna, comprometida con la sociedad que la sostiene, que reconozca e integre distintas formas de conocimiento, que desarrolle tecnologías para el bien común, en lugar de venderse al mejor postor.

Como planteé antes (ver ¿Ciencia para el lucro o ciencia para la gente?, La Jornada, 30/3/19), esta disputa se agudizó con una nueva propuesta de ley de humanidades, ciencia y tecnología presentada por la senadora Ana Lilia Rivera. Ésta propone sustituir la norma existente y reformar la Ley de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados para que la Comisión de Bioseguridad (que tramita las solicitudes de liberación de transgénicos) quede bajo el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología (Conahcyt).

La propuesta de ley plantea una reestructura del sistema nacional de ciencia y tecnología para eliminar duplicidades y devolver al Conacyt su papel rector en el tema, sobre la base de una ciencia y tecnologías que observen, entre otros, los principios de previsión, prevención y precaución, el derecho a consulta previa de los pueblos y comunidades indígenas y locales, que promueva la investigación de frontera y aquella orientada a la atención de problemas sociales prioritarios, así como fortalecer la planta productiva nacional para consolidar la independencia tecnológica del país.

Propone mantener programas de apoyo a sectores productivos, pero dirigidos al sector social y las micro, pequeñas y medias empresas (99 por ciento de las empresas en México, según el Inegi), prefiriendo proyectos que tengan como objeto prioritario contribuir a la protección de la salud, el medio ambiente y la riqueza biocultural del país, el uso racional y la conservación de los recursos naturales, el respeto del territorio, los conocimientos y la cultura de los pueblos y comunidades indígenas y equiparables. Requiere que los proyectos cuenten con una declaración formal de interés en la aplicación de la tecnología expresada por los potenciales usuarios.

Prevé realizar foros de consulta, abiertos a toda la comunidad de ciencia y tecnología, lo cual es un cambio muy positivo. La ley actual restringe la consulta a una sola entidad –el Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT), que integra a grandes asociaciones empresariales, las cuales han marcado su impronta en sus posiciones–, que además es financiado por el Conacyt, con lo cual el erario público paga el cabildeo en favor de las empresas. Muchas críticas al cambio de ley vienen de este foro y sus allegados, que avizoran perder privilegios.

La nueva ley propone abrir la consulta a sectores mucho más amplios de la sociedad, apoyando a campesinos e indígenas para que puedan participar. No obstante, es preciso aclarar en qué políticas y programas debe existir no sólo voluntad, sino obligatoriedad de consulta por parte del Conahcyt, con quiénes, en qué plazos y cómo se tomarán en cuenta los resultados.

Esto adquiere particular importancia, ya que el Conahcyt absorbería las funciones de la Comisión de Bioseguridad (actual Cibiogem).

Hasta ahora, las consultas sobre liberación de transgénicos de la Cibiogem han sido una burla. Las consultas electrónicas son de difícil acceso para los que serán afectados en sus territorios. La Cibiogem ha ignorado sistemática y arbitrariamente los aportes críticos en esas consultas. Peor aún, en consultas directas a pueblos indígenas, a las que la Cibiogem fue obligada por sentencia judicial a partir de demandas de organizaciones en la península de Yucatán, la Cibiogem y su entonces secretaria ejecutiva, Sol Ortiz, colaboraron con Monsanto y otras empresas, intentando manipular las consultas y dividir a los pueblos.

Pese a este historial –¿o gracias a él?–, el nuevo secretario de Agricultura, Víctor Villalobos, buen amigo de las trasnacionales de transgénicos, se llevó a Sol Ortiz a trabajar a la Sader como encargada de cambio climático, tema en el cual no tiene formación ni capacidad. Los que protestaron por otros nombramientos que califican de arbitrarios convenientemente se callaron en este caso.

Esos críticos a modo señalan también que las secretarías de Salud y Medio Ambiente tienen participación en las decisiones de liberación de transgénicos de la Cibiogem, lo que se perdería con las reformas a la ley. Por el contrario, al colocar la comisión bajo la junta del Conahcyt, esas y otras nueve secretarías estarán vigilando las actividades. La Semarnat tendrá que tomar en cuenta los dictámenes de expertos de Inecc, Conabio y Conanp, entes que dictaminaron en repetidos casos que no se debe liberar transgénicos en ciertas áreas, algo que la Semarnat y la Cibiogem ignoraron, aprobando igual la liberación de transgénicos en esas áreas.

Todo esto debe cambiar. Un primer paso es participar activamente en el debate.

Silvia Ribeiro es Investigadora del Grupo ETC

Fuente: https://www.jornada.com.mx/2019/04/13/opinion/019a1eco

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La entrega

Por: Hugo Aboites.

 

No hay ambigüedad que dure 100 años y la del gobierno de López Obrador en el tema de la educación tardó exactamente cinco meses en disiparse. Por un lado, sus reiteradas declaraciones de que se abrogaría completa la reforma, y, por el otro, la SEP insistiendo en su evidente inclinación por la OCDE y ese instituto. Lo más reciente fue, por un lado, la aprobación en las comisiones unidas de la Cámara de un dictamen abrumadoramente rechazado por académicos en la UNAM y maestros, y por otro, el esperanzador memorándum en que el Presidente planteaba lineamientos, “en tanto se alcanza un entendimiento con los padres de familia y los maestros sobre los cambios constitucionales requeridos…” (Pág. 2, primer párrafo). Esto último alentó la confianza de los maestros. Y, más todavía, cuando al memorándum del 16 de abril le siguió la convocatoria de la SEP a negociar el lunes 22. Sin embargo, sorpresivamente, el día 24 con la decisiva participación de la mayoría de diputados de Morena, el dictamen del paquete de modificaciones se lleva al pleno de la Cámara y en horas queda aprobado.

Es cierto que ya no se aplicarán evaluaciones punitivas a los maestros, pero seguirán excluidos del 123 y, con eso, indefensos, para empezar, ante un procedimiento de ingreso, promoción y reconocimiento de excepción que ya anuncian las modificaciones aprobadas. Pero, lo más grave, abre todavía más que en 2013 la conducción de la educación nacional a la representación local de la OCDE y de Mexicanos Primero. La SEP de Moctezuma Barragán justificó este despojo de conquistador, en la necesidad de ceder en algo a fin de conseguir la abrogación de la reforma. Pero era innecesario. Un gobierno con el respaldo popular al presidente que significan 30 millones de votos y, además, con el peso de uno de los movimientos sociales y magisteriales más poderosos de la historia reciente, pueden plantarse y empujar con fuerza extraordinaria una reforma de fondo. Si se quiere. Con lo aprobado queda claro que no se trataba de defender a la educación y al interés superior de niños, niñas, maestros y maestras, y sino de darle un poco a los maestros sin alterar demasiado el proyecto de control de le educación de conservadores, empresarios y la OCDE.

Y los diputados sabían contra quien iban, si no, ¿por qué el presidente de la fracción de Morena, Mario Delgado, hablando al día siguiente en Aristegui noticias, llama a los maestros a tranquilizarse, a tener confianza? ¿Por qué anticipa que habrá resistencia aunque –usando las mismas fatuas palabras de Mexicanos Primero en 2012– espera que sólo durará un tiempo? Tal vez, pero también puede que, como en 2013, la molestia aumente, venga luego la resistencia focal, la campaña de la derecha exigiendo represión y un gobierno crecientemente entrampado en un tema que es de Peña Nieto.

En un aparente intento por ofrecer esperanza, el Presidente ahora reitera que debe darse prioridad a los normalistas y desde la Cámara se habla de que las demandas y rectificaciones se incluirían en la legislación secundaria. Viendo cómo se arrasó con las propuestas y reservas de las minorías y hasta con la propia iniciativa presidencial, sería ingenuo confiar de nuevo.

La votación en la Cámara muestra la reactivación del Pacto por México, ahora con la inclusión de la mayoría de los diputados de Morena. Usando el mismo método de ceder para lograr, el PRI y el PAN elegirán a los integrantes del nuevo INEE con el mismo perfil del pasado (incluyendo a algún(os) progresista(s) pero, además, con una sustancial ampliación numérica. Ya no habrá sólo una Junta Directiva sino además un consejo técnico y otro más, consultivo. Decenas de integrantes más. Se busca así democratizar la imagen del nuevo organismo y legitimar más la presión empresarial y conservadora sobre la educación que comenzó a ejercer en 2013. Por eso mantiene su carácter de una entidad autónoma que desde fuera, desde la sociedad civil empresarial y de la OCDE, y por encima de una SEP que gusta de ceder, establece criterios, lineamientos, indicadores para normar, certificar, medir la excelencia (calidad) y, por tanto, asumir la conducción y el rumbo de la educación. Y esto incluye sobre todo el quehacer de millón y medio de maestros y maestras, además de estudiantes y comunidades que, una vez más, quedarán subordinados a las imposiciones pedagógicas de una cúpula privilegiada y conservadora y excluidos de la participación en la conducción nacional y regional de su propio trabajo educativo.

Sin embargo, los nuevos reformadores deben recordar que no se ha borrado el horizonte de una lucha larga, muy dura y que, por nacional y exitosa, puede ahora servir para unificar otras muchas resistencias. Las de comunidades y organizaciones sindicales contra los proyectos de despojo de sus derechos y de su patrimonio educativo, cultural y de territorio. Las que, cada vez más, sólo confían en la fuerza de su unidad.

Fuente del artículo: https://www.jornada.com.mx/2019/04/27/opinion/020a1pol

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Tiempo de reforma en la universidad

Por: Andreu Mas-Colell.

Las universidades españolas han sabido multiplicar su productividad científica y proveer a la economía con profesionales bien preparados. Su contribución a la productividad de la misma y a la atracción de inversiones ha sido así notable. ¿Cómo lo han podido hacer con medios inferiores a los de sus homólogos europeos? No hay misterio. La Universidad es intensiva en trabajo, de profesores y personal administrativo. Su calidad no es menor a la de sus homólogos y el servicio que reciben nuestros estudiantes es similar al de los suyos. Pero los salarios son inferiores. Añadamos el entusiasmo de un personal consciente de que se estaba levantado un país que, intelectual y económicamente, venia de muy abajo.

Ahora bien, la inercia y el voluntarismo no dan para más. Es un milagro que las universidades hayan superado la crisis y que sigan desempeñándose decentemente. Pero si no se confrontan con valentía las fuerzas que amenazan con empujarla, otra vez, hacia abajo, su deterioro es seguro, y más a corto que a largo plazo.

Los retos fundamentales del momento son tres: el de la financiación, el de la autonomía y el de la gobernanza. Hay otros problemas graves, por ejemplo el de garantizar una renovación generacional del profesorado que incorpore lo mejor que tenemos preparándose, en las universidades y centros de investigación de España o del exterior. Pero si se solucionan los tres retos antes mencionados, los demás caerán por añadidura. Los tres requieren convicción y acción política.

Hay que tener presente, en primer lugar, que la financiación universitaria se ha demostrado muy sensible a la coyuntura económica. Ha descendido más que la media durante la crisis. La razón es que en el ajuste a la crisis se han priorizado, ante todo, las pensiones y, a continuación, la salud y la educación obligatoria. Y un poco más atrás, la dependencia. El gasto público en estas categorías ha disminuido menos que la media y, como consecuencia, el resto lo ha hecho más. Por tanto, para mantener las cosas donde estaban, en el ciclo alcista que sigue a la crisis debería aumentar el gasto en ese resto por encima de la media. Pienso, sin embargo, que sería mejor evitar oscilaciones, y que un crecimiento modesto, pero sostenido, sería óptimo. Por ejemplo un aumento real (sin inflación) del 5% anual en la financiación pública de las universidades. Este, idealmente, debería ser un compromiso presupuestario de comunidades autónomas y de Administración central, seguramente en forma de apoyo a la investigación universitaria en este último caso. Un 5% sostenido parecerá muy poco a mis colegas, pero piénsese dónde estaríamos si se hubiese seguido esta senda en el pasado. Ciertamente, preferiría más, y con seguridad la Universidad utilizaría bien esta cantidad más. Pero quiero ser realista. La precedencia de pensiones, salud y educación obligatoria continuará y, dadas nuestras perspectivas fiscales, la tensión presupuestaria que se generará será considerable. Contar con grandes incrementos de apoyo público a las universidades sería un deseo de improbable realización.

Las universidades tendrán el dilema de perder calidad o aumentar la participación de los alumnos en la financiación

No voy a evitar temas difíciles: las universidades españolas se encontrarán ante el dilema de elegir entre perder calidad o aumentar la participación de los alumnos en la financiación, mediante sistemas de tarifación social: tasas de matrículas en función de la renta familiar. En particular, matrícula gratuita e incluso una beca salario para el que no puede contribuir. También debería instaurarse un sistema generoso de créditos. No negaré la existencia de una demanda en sentido contrario: acercarse a la gratuidad. El argumento es que así es en Alemania y en otros países europeos. Pero en estos países han estructurado sus prioridades de formas distintas. En Alemania existe el copago sanitario. Una vez establecida una política pronunciadamente favorable a las pensiones y a la gratuidad de la salud y la educación, todo lo demás, incluidas las universidades, va a sufrir. El dilema, pues, perdurará. Si la elección va en la dirección de permitir el deterioro, no duden que las familias que puedan pagar una educación universitaria de calidad la pagarán, pero lo harán a las universidades privadas. ¿Tiene sentido inducir la huida de las clases medias de la Universidad pública? ¿No sería mejor que las familias que pueden permitírselo contribuyan a la Universidad pública y así aseguren una Universidad de calidad también para los que no pueden? La izquierda se equivoca reivindicando la gratuidad. Que la derecha les acompañe debería abrirles los ojos.

Las universidades son, en teoría, autónomas. En realidad, lo son solo parcialmente, y su incardinación en la Administración pública ha significado una dependencia excesiva, y acentuada durante la crisis, de restricciones administrativas. El grado de autonomía debe ser mayor. El efecto de financiación y autonomía no es simplemente aditivo. Es multiplicativo, en el siguiente sentido: el beneficio de un aumento de financiación es mayor cuanto mayor sea el grado de autonomía de la Universidad. Por supuesto, una mayor autonomía es plenamente compatible con rendición de cuentas. La dirección en la que España debe avanzar es pues muy clara: soltar las amarras, legislativas y reglamentarias, que encorsetan la capacidad de acción de las universidades en todas las dimensiones.

Hay que terminar con el sistema de elección de rectores que es desconocido y exótico en nuestro entorno

La amarra principal que hay que soltar es la que impone un sistema de elección de la primera autoridad universitaria, el rector, por un procedimiento exótico y totalmente desconocido en nuestro entorno. Un procedimiento que tiene la curiosa virtud de restarle autoridad. Se acusa a veces de reduccionista a esta focalización en el procedimiento de elección de rector. No debería. Más bien pienso que la acusación resulta de la desesperanza y de la consiguiente adaptación mental que lleva a proclamar poco importante aquello que se cree irresoluble. No debemos rendirnos. Dotar a las universidades de un órgano colegiado superior con autoridad y con capacidad para nombrar a un rector —entre profesores o investigadores internos o externos a la Universidad— es la clave para atacar con efectividad los muchos otros problemas, como el de la contratación del profesorado. La potencia de la autonomía universitaria será mayor si los instrumentos básicos de dirección residen en órganos altamente competentes y con autoridad. Los informes realizados en la última década por encargo ministerial recomiendan ir en esa dirección. No es necesario encargar otro. Ahora conviene actuar.

En este tema podríamos ir con Unamuno y copiar las mejores prácticas. Si menciono a Finlandia se me dirá que no es realista tomar a países escandinavos como ejemplo. Pues tomemos a Portugal. Su ley universitaria establece que las universidades se rigen por un órgano colegiado superior (Consejo de Gobierno) que, en particular, nombra al rector, un profesor no necesariamente de la propia Universidad. Lo importante, y salvaguardando así el imperativo constitucional de la autonomía universitaria, es que una mayoría de este órgano es nombrado desde el interior de la Universidad. Además, las universidades portuguesas pueden individualmente elegir constituirse en fundaciones, y pasar de la contratación funcionarial a la laboral. Algunas lo han hecho y otras están en camino. Pero lo que merece subrayarse es que las universidades pueden elegir. Otro ejemplo, magnífico, de lo que significa la autonomía universitaria: la capacidad de las universidades de organizarse a su mejor entender.

Fuente del artículo: https://elpais.com/elpais/2018/11/30/opinion/1543591093_025939.html

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AFRICA Science academy calls for STI policy reform to meet SDGs

Africa/universityworldnews.com

Resumen: La Academia Africana de Ciencias ha pedido una reforma urgente de las políticas nacionales africanas de ciencia, tecnología e innovación (STI) para centrar su atención en las dimensiones sociales y ambientales del desarrollo y alinearlas más estrechamente con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (ODS)
En un estudio clave, África más allá de 2030: Aprovechando el conocimiento y la innovación para asegurar los Objetivos de Desarrollo Sostenible , la Academia Africana de Ciencias (AAS) dice que en 2016 menos de la mitad de los países africanos habían adoptado políticas de CTI. Aquellos que incluyeron a Argelia, Angola, Botswana, Burundi, Etiopía, Egipto, Gambia, Ghana, Kenia, Lesotho, Malawi, Mozambique, Namibia, Nigeria, Ruanda, Tanzania, Túnez, Senegal, Sudáfrica, Swazilandia, Uganda, Zambia y Zimbabue. Sin embargo, la mayoría de estas políticas no consideran los imperativos del desarrollo sostenible de manera integral, señala el informe. «En cambio, tienden a centrarse en la financiación de la investigación científica con menos énfasis en el desarrollo de la tecnología, las adquisiciones y la innovación. Esto puede estimular la producción de conocimiento para el crecimiento económico a corto plazo, pero no estimula la inclusión social y la sustentabilidad ambiental que son necesarias para el desarrollo sostenible a largo plazo «. El informe señala que» los esfuerzos para implementar una política efectiva de CTI están limitados por una política baja alfabetización, capacidad humana débil, supervisión y responsabilidad insuficientes, y presupuestos inadecuados para la
política de CTI «.


The African Academy of Sciences has called for urgent reform of African national science, technology and innovation (STI) policies to sharpen their focus on the social and environmental dimensions of development and bring them in closer alignment with the United Nations’ Sustainable Development Goals (SDGs).

In a key study, Africa Beyond 2030: Leveraging knowledge and innovation to secure Sustainable Development Goals, the African Academy of Sciences (AAS) says that in 2016 fewer than half of African countries had adopted STI policies. Those that had included Algeria, Angola, Botswana, Burundi, Ethiopia, Egypt, the Gambia, Ghana, Kenya, Lesotho, Malawi, Mozambique, Namibia, Nigeria, Rwanda, Tanzania, Tunisia, Senegal, South Africa, Swaziland, Uganda, Zambia and Zimbabwe.

However, most of these policies do not consider sustainable development imperatives holistically, the report notes. “Instead, they tend to focus on funding scientific research with less emphasis on technology development, procurement and innovation. This may stimulate the production of knowledge for short-term economic growth, but fails to spur social inclusion and environmental sustainability that are necessary to long-term sustainable development.”

The report notes that “efforts to implement effective STI policy are limited by low policy literacy, weak human capacity, insufficient monitoring and accountability, and inadequate budgets for STI
policy”.

Red flag

“In effect, our report is a red-flag to African countries that diffusion and adoption of skills in various technologies critical to sustainable development had been too slow,” Dr Evelyn Namubiru-Mwaura, the strategy and policy manager for AAS and editor of the latest study, told University World News in an interview in Nairobi.

According to AAS Executive Director Professor Nelson Torto, most scientific research programmes launched in the past decade have not been realigned with the SDGs and their targets. “We need to bring science and technology to bear on sustainable development targets that are related to reducing hunger and malnutrition, the high burden of disease, water shortages, energy insecurity, social inequality and loss of biodiversity,” said Torto.

He said this could only be achieved if institutions such as the AAS, the New Partnership for Africa’s Development (NEPAD) and the United Nations Economic Commission for Africa, among others, could be co-opted to develop a comprehensive guide for scientists to SDGs, focusing on how science, technology and innovation in Africa could drive those goals and targets.

Pointing to the fact that the AAS and national scientific institutions are the main voices representing science on the continent, Torto said they are better placed to provide leadership in the formulation of credible scientific policies based on expertise of scientists and researchers on the continent.

An urgent challenge

Fast-tracking the science, technology and innovation agenda in Africa is becoming increasingly urgent, as the report notes. According to Dr Ameenah Gurib-Fakim, president of Mauritius, about 65% of children born today will eventually be in jobs that do not exist currently.

“Over the coming decades, jobs will move by the millions from white collar office positions to those in computer, healthcare, scientific research, architectural and engineering fields,” said Gurib-Fakim, who is also the chair of the AAS-supported Coalition for African Research and Innovation.

For Africa this is a major challenge, according to Gurib-Fakim. The continent is home to 15% of the global population and boasts one of the world’s fastest growing populations but only produces 3% of the global gross domestic product (GDP). The continent also suffers 25% of the global burden of disease, including an increase in non-communicable diseases.

The urgent need to accelerate development based on science, technology and innovation was also highlighted by Akinwumi Adesina, president of the African Development Bank, when he addressed the third edition of the Africa Forum on Science, Technology and Innovation held last month in Cairo, Egypt.

Adesina said Africa was in a race against time as the continent is projected to have over 840 million youth by 2050. In the context of the fourth industrial revolution, highlighted by Garib-Fakim in the AAS report, with the rapid growth for instance in artificial intelligence, robotics, nanotechnology, biotechnology, genetic engineering and big data analytics, Africa needs to do more to catch up.

Bright spots

There are “bright spots” in terms of Africa’s development. According to the report, adoption and diffusion of information and communication technologies, especially mobile telephony, has been a bright spot in Africa.

“Platforms such as M-Pesa, the money transfer solution that was initially developed and launched in Kenya, are now common in East Africa, while virtual learning across the continent is improving access to education,” says the report. Similarly, genetic modification in agricultural crops, including cotton, is slowly been adopted on the continent, providing hope for increased food and textile production.

Amid efforts to build and mobilise a robust science, technology and innovation policy platform for Africa’s development, AAS offers itself as an apex institution to spearhead the efforts. It intends to collaborate with other scientific institutions such as the African Centre for Technology Studies, the Africa Technology Policy Studies Network and African universities that offer postgraduate studies on innovation and technology management.

According to Namubiru-Mwaura, plans are under way to set up a pan-African dialogue on how to increase investments in science, technology and innovation initiatives.

She said progress regarding investment in research and development in Africa has been mixed across the various countries. Whereas Algeria, Botswana, Kenya, Rwanda, Namibia and Tunisia have increased their national annual gross domestic expenditure on research and development (GERD), many other countries in Sub-Saharan Africa have reduced their investment.

“Unfortunately, even countries that are considered to be making high investments have not reached the target of 1% of GDP as recommended by the African Union in 2007,” said Namubiru-Mwaura.

According to the report, African research and development is mostly or exclusively externally financed. According to the Global Innovation Index of 2015, about 100% of Mozambique’s, 73% of Uganda’s, 60% of Kenya’s, and approximately 50% of Tanzania’s, Burundi’s and Senegal’s GERD was financed by external sources.

“Funding for scientific research, particularly in Sub-Saharan Africa, is from international donor agencies based in the European Union, the United States and Japan,” says the report.

Thus, if Africa is to forge ahead, the AAS says the continent should stop relying heavily on others for funding of its science, technology and innovation research and development projects. According to the African Development Bank, Sub-Saharan Africa needs to increase its current 0.41% share of GDP devoted to science, technology and innovation by a whopping 400% if it is to catch up with the 1.7% global average.

In its reform agenda for African science, technology and innovation, AAS offers the following recommendations:

  • African countries should improve intake and quality of science, technology, engineering and mathematics education in their universities and other tertiary institutions.
  • Countries should facilitate researchers’ mobility and joint research and development activities across regions on the continent.
  • Countries should improve the quality and relevance of their STI policy frameworks to sharpen focus on the social and environmental dimensions of sustainable development.
  • Countries should advance manufacturing technologies and develop specific technology policies and strategies in this area as one way of reducing dependency on imported commodities.

Fuente: http://www.universityworldnews.com/article.php?story=20180302073559245

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