Autor: Juan Carlos Miranda Arroyo
Más de un millón de maestras y maestros de Educación Básica (Preescolar, Primaria y Secundaria) regresaron hoy, viernes 3 de agosto, a sus escuelas; volvieron serios y no tan contentos a sus centros de trabajo para preparar los espacios, materiales y recursos educativos con la intención de iniciar el ciclo escolar del olvido, porque no hay nada como para estar profesionalmente motivados.
“La buena noticias es que ya se van” (refiriéndose a las autoridades educativas federales), dicen los maestros y las maestras en las escuelas. Y es que, nada más ni nada menos, el ciclo que viene representa el fin de un periodo oscuro para el magisterio nacional (bueno, una parte del ciclo, de aquí al 30 de noviembre). Será este período escolar, 2018-2019, que comenzará este mismo mes, el último que arrancará, en su retirada pírrica, el gobierno de Enrique Peña Nieto. Y me refiero al olvido, no porque lo logrado durante estos últimos 6 años de gobierno y de vida educativa nacional, no haya servido para nada, sino porque éste ha sido el sexenio en el cual a las maestras y los maestros de la escuela pública del país se les marginó, se les señaló, acorraló y difamó. Quedaron olvidados.
Durante estos años, salvo honradas excepciones, los docentes fueron vejados, menospreciados, desatendidos y sometidos al rigor administrativo, burocrático, porque la nueva ley “definió” que sólo se recontrataría a los “buenos” maestros y directivos, a los “idóneos” según la norma; razón por la cual se les puso en situación de desventaja y se les colocó en el banquillo de los acusados como presuntos responsables del desastre educativo nacional de los últimos 18 años, es decir, de lo sucedido en las aulas durante los últimos tres sexenios, en términos de aprendizajes.
Considero, sin embargo, que lo que es en verdad para el olvido, es lo que les hicieron a los docentes y directivos, así como a los asesores técnicos, durante este tiempo con las evaluaciones educativas: Les impusieron no sólo un “esquema de examinación” de dudosa consistencia técnica, sino que les aventaron a los policías federales y estatales, y en algunos casos a las fuerzas del orden del ámbito municipal, para vigilar y presionar en las sedes de aplicación de las evaluaciones a los aspirantes a ingresar al servicio; a los docentes y directivos que aspiraban a una promoción, así como a los que simplemente fueron llamados al “paredón”, es decir, a las evaluaciones de desempeño. Algo nunca visto en la historia de la educación pública en México. En eso sí que rompió una marca el actual sexenio peñista, como eficiente aplicador de evaluaciones educativas “industrializadas”, con la ayuda del INEE y de un palo con un clavo atravesado. Millones y millones de pesos del erario gastados en la cimentación del más moderno de los patíbulos.
La coyuntura, sin embargo, da para nuevas interpretaciones. Pedro Miguel, articulista de La Jornada, ha dicho recientemente que lo sucedido el 1 de julio, en términos políticos, no fue sólo un día electoral histórico, sino que fue una insurrección ciudadana para cambiar al régimen. De manera específica y en términos de políticas educativas, podríamos decir que lo acontecido hace un mes en las urnas en México, fue como un referéndum ciudadano también, pero en el que los maestros, las maestras, directivos escolares, asesores técnicos, todas las figuras educativas, así como las de apoyo y sus familias, votaron en contra de las decisiones tomadas en materia educativa durante el sexenio que llega hoy a su fin.
Anoche que revisé el documento electrónico denominado «Aprendizajes Clave para la Educación Integral. Guía de la Semana Nacional de Actualización, 6 al 10 de agosto 2018«, constaté lo antes dicho. El discurso oficial de las autoridades federales de la Secretaría de Educación Pública (SEP), es rígido, no cambia: entre líneas, indica que a los maestros no se les consulta. Los docentes y directivos, que son los protagonistas de las prácticas educativas cotidianas, “están para obedecer”, porque a ellos se les deben de imponen los planes, los programas, las normas, los esquemas de pensamiento y de acción del trabajo educativo. Su papel, -dice ese discurso-, es el de “adoptantes” o “aplicadores”, “maquiladores” de la llamada “Reforma Educativa” y su “Modelo”, ya que su función no es la de fungir como actores activos del cambio en las formas ni en los contenidos de los aprendizajes escolares.
La Guía de referencia, publicada por la Subsecretaría de Educación Básica de la SEP, a través de la Dirección General de Desarrollo Curricular, la Dirección General de Materiales Educativos, y la Dirección General de Desarrollo de la Gestión Educativa, ha sido diseñada de manera centralizada por la SEP, como lo hace año con año la dependencia, con la finalidad de ofrecer un dispositivo de actualización dirigido al personal docente, directivo y de asesoría técnica que trabaja en la Educación Básica en todo el país, tanto en escuelas públicas como privadas. La magna operación consiste en dar continuidad a la centralización del llamado “Currículum Escolar único, obligatorio y nacional” renovado en 2017 (para Preescolar, Primaria y Secundaria), como parte esencial de esas políticas públicas propias de un modelo centralista adoptado en México desde la época de José Vasconcelos (1921). En la lógica del esquema “centralista”, las autoridades educativas estatales, según ese discurso oficial, son incapaces siquiera de redactar una cuartilla, mucho menos podrían diseñar un plan de capacitación y actualización para docentes y directivos. Como si los equipos técnicos estatales fueran menores de edad. Nada más falso.
La organización de las sesiones de actualización, que dura una semana (al parecer este año serán dos), se lleva a cabo a través de los equipos técnicos estatales y la estructura operativa de las supervisiones escolares (cada supervisión gobierna a un grupo de entre 8 y 12 escuelas), que funcionan como canales de transmisión de los contenidos y métodos educativos que impone el centro burocrático de la SEP (con base en la Ley General de Educación vigente). Las funciones y responsabilidades de coordinación de cada uno de los grupos de docentes durante el período de actualización, en cada escuela o zona, están a cargo de los supervisores, los directores de escuelas o los integrantes de los equipos de asesores técnicos adscritos a cada zona o sector escolar. Imaginen a toda una red de millones de maestros y maestras que trabajan, en serio, para la educación de los niños, las niñas y los jóvenes de forma simultánea en toda la nación.
A los maestros y a las maestras se les dan indicaciones para aplicar los programas federales. Eso es lo que se va a hacer, una vez más, a partir del próximo lunes. Es raro, por lo tanto, que los profesores y las profesoras sean invitados a formular preguntas como las siguientes: ¿Cuáles son los argumentos y los fundamentos de la actualización educativa y pedagógica que sugiere la SEP a las figuras educativas de todo el país en esta coyuntura 2018? ¿Por qué? Porque eso ya está definido, ya está dado; ha sido resuelto con “absoluta eficiencia” por los equipos técnicos en los cónclaves de la SEP. ¿Llaman a reflexionar, a pensar el currículo escolar? No. Durante estas sesiones simplemente piden a los trabajadores de la educación que se sujeten a lo establecido desde el Centro, desde el ombligo del universo educativo que representa la SEP: “Organicen su ruta de mejora”, les ordenan. ¿Cuáles son los aspectos críticos, la consistencia técnica y las observaciones, desde la experiencia, que se podrían sugerir sobre los contenidos y métodos propuestos en el marco de la “Reforma Estructural a la Educación”? ¿Qué alternativas conceptuales y procedimentales (frente a un currículo diseñado desde la noción de “competencias” y de “aprendizajes clave”) se ponen a consideración de las figuras educativas durante este fin de sexenio e inicio del ciclo escolar? No, eso no lo vayan a preguntar, por favor, no vaya ser que se enojen las autoridades y luego llamen a la policía.
Esta semana de actualización docente, que iniciará la siguiente semana, será el adiós a un estilo de realización y ejercicio de las políticas públicas en educación en México (el “reformismo conservador”); una forma, un esquema y un contenido que prevalecieron durante los últimos 18 o quizá 24 años. Espero que sea el momento propicio para pensar y repensar en fórmulas diferentes de crear y hacer la cosa pública en el campo de la educación, a partir de este cruce de caminos que representará el nuevo gobierno 2018-2024. Será tiempo de pensar y actuar a favor de las necesidades educativas de los niños, las niñas, los jóvenes y sus familias, pero con su propia voz. Ojalá ésta sea la fecha en que quede en el olvido la época en que las maestras y los maestros mexicanos fueron llevados a evaluar a punta de cañón.
Pero para olvidar habrá, primero, que escucharlos; y luego, recuperar su experiencia, sus saberes, su creatividad, su confianza y su compromiso por la educación.
Fuente: https://www.sdpnoticias.com/nacional/2018/08/03/sep-las-maestras-y-los-maestros-en-el-olvido
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