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Presidente de Costa Rica reitera compromiso con educación de calidad

Por: Prensa latina
El presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, reiteró hoy su compromiso con una educación de calidad para todas las personas e insistió en la urgencia de aprobar el proyecto de ley para la alfabetización digital.
Costa Rica sí puede, Costa Rica cree en sus nuevas generaciones y el futuro que está construyendo, apuntó Alvarado en el acto de inauguración del curso escolar 2021, efectuado en el Colegio Técnico Profesional de Purral, en el capitalino cantón (municipio) de Goicoechea.

El mandatario tico sostuvo que este regreso seguro a clases, con todos los protocolos sanitarios requeridos y con una modalidad de educación combinada (presencial y a distancia), es parte de nuestro compromiso por luchar por una educación de calidad para todas las personas sin distinción en todo el país.

‘Creemos en el derecho a la educación y creemos que debemos seguir adelante de la mejor manera posible’, subrayó y resaltó la importancia de regresar a las aulas no solo para desarrollar lo académico, sino también para promover la interacción y el ámbito emocional.

Más adelante, Alvarado insistió en la urgencia de aprobar en la Asamblea Legislativa el proyecto de ley para la alfabetización digital, al constituir una herramienta crucial de inclusión e igualdad para que estudiantes de todas las regiones puedan acceder a las tecnologías y a los conocimientos para su mayor aprovechamiento.

De su lado, la ministra interina de Educación Pública, Melania Brenes, indicó que por medio de la estrategia Regresar capacitaron a estudiantes y docentes en el área tecnológica, buscaron mecanismos para ejercer el derecho a la educación y a la alimentación y promovieron la seguridad de la comunidad educativa.

Al respecto, explicó, prepararon insumos de limpieza y desinfección para este año; sin embargo, lo más importante, como lo dice la campaña Yo me cuido, yo te cuido y la comunidad se cuida, es una responsabilidad de todas las personas para volver a compartir en la presencialidad.

Después de nueve meses de enseñanza a distancia por la Covid-19, hoy volvieron a los centros escolares un millón 196 mil 152 estudiantes bajo un modelo combinado, el cual alterna clases presenciales y a distancia, tanto de forma virtual como con materiales didácticos para quienes aún no pueden acceder a la tecnología.

El Ministerio de Educación Pública señaló que los docentes brindarán acompañamiento al estudiantado para construir procesos guiados, de acuerdo con las necesidades cognitivas y mejorar el nivel de logro en sus aprendizajes.

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4T: Revolución pasiva en educación

Por: Mauro Jarquin

En su primera intervención pública, Delfina Gómez, futura titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), afirmó que, una vez que tome la dirección de la dependencia, no tenía contemplado cambiar nada. Lo anterior no debería resultar sorpresivo.

La salida de Esteban Moctezuma se anunció en un momento en el cual cimientos, estructura y fachada de la propuesta educativa de la 4T en tanto continuidad neoliberal, resultaban ya muy claros. Basta echar un vistazo a la reforma constitucional, al programa sectorial de educación, a las leyes secundarias, al presupuesto destinado al sector educativo en su conjunto y a la restructuración de la relación entre Estado y docentes.

La llegada de la maestra Gómez es el inicio de una nueva etapa discursiva en las labores de la SEP, guiada ahora por contenidos populares y de acercamiento con los problemas cotidianos de las escuelas, con miras a gestionar el rumbo ya iniciado.

Más que un paso hacia el fortalecimiento democrático del sector educativo, lo anterior representa un giro estratégico encaminado hacia la legitimación de la revolución pasiva que la 4T ha impulsado en la educación nacional.

La noción de revolución pasiva forma parte del repertorio conceptual de un sector de la izquierda latinoamericana que ha buscado caracterizar fenómenos denominados como populistas o relativos a lo nacional-popular durante la segunda mitad del siglo pasado o a la luz de los progresismos contemporáneos que han tenido lugar desde los años 90.

Una característica de estos gobiernos es que, ante procesos relevantes de movilización social, convienen en la permisividad de ciertas concesiones respecto a las exigencias de grupos subalternos organizados. Ello tiene como contraparte el hecho de que las pautas de apertura suponen los propios límites en la acción colectiva y las perspectivas de éxito de los movimientos, buscando con ello conducir el proceso organizativo y eventualmente desactivarlo o integrarlo al proyecto en el gobierno.

Las revoluciones pasivas conllevan dos dispositivos para gestionar la tensión entre la regresión y el cambio progresista inherentes a su desarrollo: transformismo (inclusión de organizaciones y liderazgos de movimientos al proyecto populista en el gobierno, aún anclados en la resistencia) y cesarismo (liderazgo carismático que permite modular el ímpetu movilizador). Con ellos, se busca generar un desempate ante una situación política que puede dirigir al caos o la catástrofe.

La Reforma Educativa de 2013 prendió fuego en la pradera del campo educativo nacional, generando una movilización magisterial que logró cuestionar profundamente el proyecto gerencial que grupos empresariales, sus ramificaciones de sociedad civil y sectores políticos liberales habían impulsado para reformar la educación nacional según una serie de intereses comunes.

Una vez que erráticamente la reforma se presumía muerta, la 4T entró en acción, pasando del momento bonapartista (https://www.jornada.com.mx/2019/03/24/opinion/008a1pol) a la consolidación de un proyecto de revolución pasiva en educación que consistía en mantener las bases del proyecto educativo neoliberal sin sus partes más agresivas.

Para ello, y pese a las disputas mediáticas, tendió rutas de acuerdo con grupos de interés y partidos de la oposición, mientras repetía, una y otra vez, que eran los docentes quienes gozaban de prioridad en el diseño de la política. Los sectores dominantes quedaron conformes con la reforma y el magisterio disminuyó su movilización autónoma.

La 4T decidió mostrar pautas de cambio: desvinculó la evaluación docente de la permanencia en el empleo tal cual estaba en la Constitución, intervino positivamente en la liberación de presos políticos y en la reinstalación de docentes cesados por persecución y abrió las puertas para un acercamiento inédito entre sectores magisteriales críticos de la reforma neoliberal y el gobierno federal. Lo que hizo fue básicamente restaurar las circunstancias hasta antes de 2013, salvo que ahora con el cobijo de una campaña mediática de revalorización docente, anzuelo de un nuevo proceso de subalternización. Algo políticamente certero y electoralmente redituable.

No obstante, dichas decisiones han tenido su contraparte en políticas contrarias a todo proyecto posneoliberal, que en general han tenido buena recepción gracias a un liderazgo impecable del Presidente y a la incorporación de cuadros magisteriales a la 4T: a) golpeteo continuo a la tradición normalista; b) consolidación de orden filantrocapitalista en educación; c) privatización del proceso de toma de decisiones; d) fomento a la mercantilización de los datos de millones de estudiantes y docentes por la vía de la digitalización, y e) endoprivatización educativa, mediante la conservación de criterios gerenciales en la evaluación del ejercicio educativo cotidiano.

La revolución pasiva en curso constituye un desafío para la organización autónoma de estudiantes y docentes. Resulta imperativo afrontarla apelando a lo mejor de la tradición organizativa del magisterio.

Profesor FFL-UNAM

Fuente e Imagen: https://www.jornada.com.mx/2021/01/17/opinion/010a1pol

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Libro: El cártel de la reforma educativa. Redes conceptuales, institucionales y operativas

Autores:
Lucía Rivera Ferreiro

Roberto González Villarreal

Marcelino Guerra Mendoza

Año 2019

Universidad Pedagógica Nacional

 

Este es nuestro tercer libro dedicado a la reforma educativa 2013, producto de la investigación colectiva. El supuesto de partida es que nos encontramos ante un nuevo modo de conducir la educación nacional, incluso más allá del sistema educativo. Un número indeterminado de actores, con una multiplicidad de intereses, niveles de cohesión y permanencia variables, grados de autonomía, permeabilidad e interdependencia versátiles, con patrones y reglas de relación diversas, que aportan recursos de diferente tipo, y asumen responsabilidades tan distintas como asimétricas, convergen, no sin tensiones, en aspectos centrales de la reforma.

Lanzan jugadas político-cognitivas, ejercen presión, emplean novedosos modos de enlace y recurren a tácticas diversas, con miras a impulsar una sinergia estratégica sin parangón en las reformas anteriores. Los resultados de investigación aquí presentados, son apenas una primera aproximación a un modo de gobernar la educación que no parte del Estado, sino que se confunde con él, se desliga y se vuelve a enlazar según convenga; incita y provoca, acompaña y a veces, sustituye o se encabalga en agencias oficiales. No encontramos forma más apropiada de nombrar este fenómeno más que utilizando el término cártel, de uso común economía y la política, para referirse a formas
de control, producción y distribución de mercancías, a acuerdos informales, a estilos compactos de operar a modos de organización altamente efectiva, diseñadas para conseguir determinados propósitos.

Esta es la cuestión que intentamos mostrar los diferentes autores, cada uno desde su propia perspectiva.

Para descargar, haga clic en el enlace:

el-cartel-reforma-educativa-1

Fuente: https://sarrauteducacion.com/

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Educación e igualdad

La política educativa es un campo de conflicto social. Sólo desde una visión tecnocrática u organicista puede pensarse que es un campo donde es fácil el consenso —al margen de donde una visión social es tan hegemónica que no deja espacio para las alternativas—. Una de las utilidades de los enfoques institucionalistas es que permiten mostrar cómo en cada país existe un modelo educativo que es el reflejo de conflictos y trayectorias económicas y sociales distintas.

I

La gente de izquierdas tiende a pensar que el modelo escolar es un reflejo de la lucha de clases. Y en parte es cierto. La implantación de una escuela pública universal fue en muchos países producto de movimientos sociales igualitarios, enfrentados a poderes capitalistas que preferían una clase obrera analfabeta. En muchos lugares esta pugna capital-trabajo se solapó con una guerra entre religión y ciencia, entre escuela y catequesis. La estructura de muchos sistemas educativos nacionales refleja aún hoy este largo combate y este peso de intereses no enfrentados. No es casualidad que entre los sistemas educativos más fragmentados y clasistas de los países desarrollados figuren Reino Unido, Estados Unidos y España (particularmente en estos dos últimos países la intromisión de las religiones es más evidente).

La conquista de una educación pública universal es una victoria indudable de las luchas por un mundo igualitario. Pero es sólo un paso. Y gran parte de la política de la izquierda ha quedado limitada por esta victoria y ha olvidado las limitaciones y los peligros de confiar en el sistema educativo una buena parte de las políticas igualitarias. Sobre todo, cuando ha aceptado que el papel del sistema educativo es ofrecer igualdad de oportunidades a todo el mundo, olvidando tanto las desigualdades estructurales con las que niños y niñas llegan a la escuela como el discutible igualitarismo de una sociedad meritocrática. De ello se resienten no sólo las políticas igualitarias, sino también la propia capacidad del sistema educativo para generar individuos bien informados y con capacidad reflexiva.

II

El sistema educativo está condicionado por las desigualdades sociales. Y, a la vez, tiende a reproducirlas. Un análisis crítico del sistema educativo debe analizar tanto el contexto social en el que opera como sus propias estructuras internas y funcionamiento.

Las desigualdades más obvias son las que tienen que ver con la distribución de recursos. Tanto de la propia escuela (dotación de equipamientos y profesores, material escolar) como de las familias. Este es el campo donde las propuestas de acción son más fáciles de elaborar, aunque las desigualdades siguen siendo en muchos casos injustificables. Así lo ha puesto en evidencia la pandemia, al haberse querido imponer una enseñanza virtual a la que una parte de la población no podía acceder por falta de medios informáticos y buenas conexiones telefónicas.

Pero las desigualdades están también en las distintas dotaciones culturales de las familias y recursos familiares de todo tipo. Hay buenos estudios que encuentran una fuerte correlación entre el éxito educativo y los hábitos culturales de las familias en aspectos como la cantidad de libros en el hogar, la frecuencia de actividades de ocio cultural e incluso el tiempo que dedican las familias a la conversación intergeneracional. Los dos primeros elementos están claramente ligados a la posición social de las familias, el tercero lo está además a otros elementos: desde el tiempo disponible para el encuentro, hasta la riqueza de las relaciones sociales de cada familia. La importancia de estos aspectos es crucial porque conecta la experiencia educativa con el mundo externo, con la vida cotidiana. No es una cuestión determinista pero sí fuertemente condicionante. Para muchos niños y niñas el mundo de la escuela, lo que allí aprenden, es algo muy diferente a lo que experimentan en su ambiente doméstico y en su entorno de barrio. Para algunos la experiencia puede resultar fascinante pero para otros muchos no tiene mucho sentido. Algo que expresan muy bien las alumnas de un instituto del extrarradio parisino en la película La clase, al recordarle al profesor de lengua que ellas nunca hablan en pluscuamperfecto.

Todo esto es conocido y abre la posibilidad de políticas compensatorias, de un sistema educativo desigual en recursos para favorecer la igualdad: recursos escolares, dotaciones de profesorado especializado, becas… Y de la posibilidad de equilibrar en parte las desigualdades culturales con una buena oferta de actividades en los barrios y pueblos donde vive la gente menos culta, de generar contextos que reduzcan el abismo entre la escuela y la vida. Hasta aquí hay mucho espacio de políticas reformistas por recorrer.

III

Con ser importantes, estas cuestiones no agotan todos los problemas que plantea el sistema escolar. Hay una contradicción evidente entre una educación que en teoría debe fomentar de forma universal un amplio bagaje cultural, una capacidad crítica y reflexiva, y un sistema social jerárquico y tremendamente desigual. Un sistema social que es incapaz de ofrecer a todo el mundo un contexto vital como el que promueve en teoría la escuela. La forma como se salva esta contradicción es diversa. La más cruda es la que ofrecen los sistemas educativos más clasistas: una educación segregada, desigual para distintos colectivos sociales.

Pero hay otras formas más sutiles, igualmente creadoras de desigualdad. Como el establecimiento de un sistema evaluativo en el que unas personas siempre tendrán más ventajas que otras simplemente porque los hábitos sociales desarrollados en sus familias y entornos son más próximos a los estándares con los que son evaluados. Algo a lo que a menudo contribuyen de forma inconsciente los propios profesores cuando tienen que trabajar con criaturas de estratos desfavorecidos.

De hecho, la escuela tiende a evaluar sólo sobre algunas materias, no evalúa sobre todas las formas de actividad social. Y al hacerlo jerarquiza y promueve percepciones desiguales sobre el valor de cada actividad. Yo lo aprendí de joven. Era seguramente el más negado de mis compañeros en actividades manuales y deportivas. Mi memoria en cambio me facilitó ser un buen estudiante y me dio acceso a la educación superior. Los méritos de mucha de la gente de mi entorno en cuestiones como la habilidad manual o su capacidad de desarrollar actividades de cuidados, que requieren dominar un amplio campo de saberes y una elevada capacidad de empatía y tacto social, nunca merecerán la misma evaluación. De ser todo el mundo evaluado en todos los campos, la conclusión seguramente sería que cada cual es más capaz en unas cosas que en otras y que no hay forma de establecer una jerarquía social en función de las mismas capacidades.

Todos nos necesitamos. La imagen social que genera el sistema educativo, en cambio, tiende a jerarquizar saberes, a sobrevalorar las actividades asociadas al conocimiento abstracto y a minusvalorar el resto. Tiende a legitimar las desigualdades sociales y a generar individuos que en el tramo final del sistema educativo sienten que participan en una carrera competitiva en la que pueden triunfar, creen tener méritos que la sociedad les debe reconocer; y, por el contrario, otros que salen ya con el estigma del fracaso para el resto de sus vidas. Después, la cosa es más complicada cuando el sistema productivo no ofrece tanta cantidad de empleos de alto nivel, ni la superación de fases educativas garantiza el éxito. A medida que ha crecido el número de gente educada, se han multiplicado los mecanismos de selección y se han prolongado las carreras educativas, reproduciéndose nuevas jerarquías en las que juega un papel esencial la clase de origen.

IV

Esta contradicción esencial tiene otras consecuencias notables. Gran parte de la experiencia escolar se encuentra dominada por las dinámicas competitivas y evaluativas, lo que, lejos de fomentar un aprendizaje comprensivo y actitudes igualitarias y cooperativas, provoca aprendizajes fragmentados y personalidades inseguras y competitivas.

Provoca también una visión de la educación más como un mecanismo para acceder a privilegios sociales que como un espacio de conocimiento y maduración personal. Y sobre esta percepción se construyen nuevos mecanismos de selección social en el sistema educativo. La demanda de elegir la escuela de los hijos, excepto para grupos muy ideologizados, es menos una demanda sobre la calidad de la escuela —careciendo padres y madres, a menudo, de criterios para evaluarla— que una elección sobre las relaciones sociales que van a tener los niños. Gran parte del éxito de la escuela concertada en nuestro país se asienta en este modelo de elección de un mecanismo de exclusión social. Con el doble efecto de alejar a niños y niñas de colectivos indeseados y de cargar a la escuela pública con una proporción elevadísima de criaturas que necesitan de un soporte especial por motivos diversos (lengua, problemas familiares, discapacidades). Se trata de una demanda que se da especialmente entre las clases medias, pero que es también visible en aquellos barrios obreros donde opera alguna escuela concertada. E incluso es observable cierta diversificación entre las propias escuelas públicas a través de sofisticados mecanismos de exclusión.

Los problemas de la escuela, el racismo implícito que se esconde bajo la capa de excelencia cultural, la humillación que experimentan muchos críos en el sistema escolar, las redes sociales que protegen a unos y desamparan a otros, la mayor o menor capacidad de los enseñantes en desarrollar prácticas inclusivas y enriquecedoras, el impulso competitivo y la seguridad que genera el éxito escolar influyen de forma importante en la construcción de la subjetividad individual. Y constituyen un elemento central en la actual configuración de comportamientos de grupo. No es sin duda el único factor, pero el papel que juega el sistema educativo debe ser evaluado cuidadosamente a la hora de entender los comportamientos sociales que explican las dificultades que atraviesa la cultura igualitaria —visibles incluso en los comportamientos dominantes entre la “nueva izquierda” post-marxista— y el auge de diversas corrientes reaccionarias.

V

A una reforma educativa no le podemos pedir que lo resuelva todo. Ni siquiera que introduzca una reflexión crítica suficiente. La reforma actual aborda sobre todo algunas cuestiones que tienen que ver con la derecha tradicional (el papel de la religión en la escuela, los excesivos privilegios de la concertada en España), pero deja en el aire buena parte del desarrollo de un sistema educativo equilibrador de desigualdades y olvida todo lo demás. Hay un problema de recursos, que no se desarrollan, y de compromiso igualitario, que no existe más allá de los eslóganes electorales. Es un pasito, pero poco más. Para poder hablar de pasos mayores se requiere, antes que nada, generar una reflexión colectiva y un movimiento social: lo habitual para conseguir cambios de gran calado.

Fuente: https://rebelion.org/educacion-e-igualdad/

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Crecen movilizaciones en España contra reforma educativa

Decenas de miles de personas se volvieron a manifestar en las calles, y a través de sus vehículos para evitar los contagios en medio de la pandemia,  con el propósito de rechazar la nueva reforma educativa impulsada por el Ejecutivo español, integrado por la coalición del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Unidas Podemos (UP), que contó además con el respaldo de los partidos independentistas catalanes y vascos. La movilización ciudadana contra la nueva ley educativa, llamada “Ley Celaá (en alusión a la ministra de Educación, Isabel Celaá), ha ido creciendo en los últimos días, en lo que han denominado la “ola naranja” de descontento ciudadano.

La nueva ley educativa provocó una profunda división en el Congreso español, igual que las últimas cinco legislaciones educativas aprobadas en España en los últimos 40 años, en las que, al igual que ésta, ha sido imposible un “pacto de Estado” entre la izquierda y la derecha para hacer una política educativa de consenso. En esta ocasión los puntos de desencuentros fueron sobre todo tres: el retiro a los apoyos públicos para la llamada escuela concertada, la supuesta “marginación” del idioma español en algunas comunidades autónomas, como el País Vasco, Cataluña, Islas Baleares y Valencia, donde dejará de ser lengua vehicular de la enseñanza, y, por último, la regulación de la asignatura de religión para que no sea una clase evaluable y que al final tenga incidencia en el balance global del alumnado.

En la protesta participaron sobre todo familias que educan a sus hijos en las escuelas concertadas -más de un 30 por ciento del total de los alumnos en el país-, los propios docentes y directivos de los centros educativos y dirigentes y militantes de los partidos políticos de la derecha, sobre todo del Partido Popular (PP) y de la extrema derecha de Vox. La mayoría de las escuelas concertadas que hay en España tienen una administración o raíz vinculada a una congregación religiosa, lo que explica que la regulación de la materia de Religión sea uno de sus caballos de batalla.

La principal manifestación se celebró en Madrid, si bien hubo protestas en otras 20 ciudades, en las que también miles de personas desde sus vehículos enarbolaron la bandera naranja y desplegaron carteles con el lema “Stop Ley Celaá”

“Es una ley injusta, sectaria, que ataca las libertades de los ciudadanos, especialmente la libertad de elección de las familias de los colegios para sus hijos”, dijo duranta la marcha un representante del sindicato de profesores de la escuela concertada, Francisco José del Castillo, quien también señaló al gobierno de falta de diálogo y denunció que entre el profesorado “”estamos hartos de leyes ideológicas en la educación, que hacen imposibles las mejoras en el sector”.

Para contrarrestar las críticas a la nueva ley educativa, el PSOE organizó un acto de partido en el que participaron dos ex ministros de Educación con mucho prestigio en la sociedad y en el sector, Ángel Gabilondo y José María Maravall, quienes no sólo defendieron la nueva legislación, sino que advirtieron que “es una ley necesaria y urgente que viene a deshacerse de todos aquellos abusos, desequilibrios, que se habían amontonado en nuestro sistema educativo. Eran obstáculos para que las personas pudiera seguir progresando. Y está perfectamente insertada en el pacto constitucional”.

Fuente: https://www.jornada.com.mx/ultimas/mundo/2020/12/20/crecen-movilizaciones-en-espana-contra-reforma-educativa-1918.html

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Libro (PDF): Alternativas a la reforma educativa neocolonizadora : educación intra e intercultural

Reseña: CLACSO

La existencia de notables experiencias educativas y en diferentes contextos y países en Latinoamérica, puede enriquecer sustancialmente una reforma educativa. Para ello, la importancia de socializar las experiencias de diálogo intra e intercultural en Bolivia, Latinoamérica y el mundo debe ser considerada como la base de una nueva educación y universidad pública que tenga presencia y sea parte de los movimientos sociales. La propuesta de desarrollo endógeno sostenible se considera como una necesidad que las bases sociales encuentran desde la recuperación y reconstrucción de su propia identidad en el camino de auto-desenvolvimiento desde adentro que desenrolle todo su potencial de sociedad y de civilización en unidad con la tierra, el territorio, la madre tierra, el cosmos y toda la totalidad.

 

Autor/a:                               Mantilla, Julio –   Peréz, Raúl –  Copa, Cosme –  Delgado B., Adalino –   Tagle, Pamela –   Gonzales García, Jimena T. –   Zarate Pardo, Eugenio –   Fernández Negrete, Nelly – Delgado B., Freddy – Gómez, Felipe – Haverkort, Bertus – Mulino Giannattasio, Alexandra – Mazorco Irureta, Graciela – Monsalve, Mario – Carevic Rivera, Álvaro – Medina, Javier – San Martín, Juan – Yampara H., Simón – Illescas Pompilia, José Mario –  Mariscal Castro, Juan Carlos – Compilador/a o Editor/a  Delgado B., Freddy – Compilador/a o Editor/a   
Editorial/Editor: AGRUCO
Año de publicación:  2006

 

País (es): Bolivia
Idioma: Español
ISBN : 99905-869-4-2
Descarga:   Alternativas a la reforma educativa neocolonizadora : educación intra e intercultural
Fuente e imagen:

 

http://biblioteca.clacso.edu.ar/

 

 

 

 

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Luces y sombras de la reforma educativa

Por: Pablo Gutiérrez del Álamo

  • Dos meses de trámite parlamentario a puerta cerrada se han traducido en la aprobación de 320 enmiendas al texto original del Ministerio de Educación y FP para la nueva ley educativa. Un documento que no parece haber concitado, en la calle, todos los apoyos.

La Lomloe, la nueva ley educativa, llega esta semana al Pleno del Congreso en el que, si no hay sorpresas de último minuto, conseguirá los apoyos parlamentarios necesarios para que siga su curso hacia la aprobación.

Más de tres centenares de enmiendas han pasado el corte de las 1.100 que se habían presentado en total. Más o menos una cuarta parte. Las últimas fueron rechazadas o aprobadas en la sesión de la Comisión de Educación del pasado viernes que, durante alrededor de 10 horas, supuso un ejercicio de paciencia y aguante para propios y extraños.

De todas las medidas, más o menos importantes o de más o menos peso, cabrían destacar las conducentes a evitar que continúe acrecentándose la segregación escolar en todo el país (aunque con diferencias autonómicas) y la creación de guetos educativos y, al mismo tiempo, aun no suponiendo la apuesta por el fin de la escuela concertada que ciertos sectores esperan, las diseñadas para poner cierto coto a la privada financiada con fondos públicos.

Guetos, segregación y concertada

Algunas de las medidas aprobadas por el texto y que, presumiblemente, pasarán todos los trámites necesarios, ponen el ojo en uno de los problemas que en los últimos años más ha crecido en el sistema educativo. La segregación, principalmente socioeconómica, de los centros educativos. En la mente, los datos de la Comunidad de Madrid, una comunidad a la cabeza en la formación de centros gueto en los que se reúne, de forma más o menos sobrerepresentada, alumnado de estrato socioeconómico bajo, otro de procedencia migrante, o con necesidades específicas de apoyo educativo.

La Lomloe trata de abordar este problema otorgando nuevas funciones a las comisiones de escolarización que, además de realizar su trabajo habitual, tendrán que estar atentas a que no se produzca una segregación entre los centros educativos de las zonas de escolarización. Además, existe la pretensión de que esta escolarización tenga en cuenta a la población socialmente heterogénea.

En paralelo, mientras la demanda social desaparece como uno de los criterios que ha de tenerse en cuenta a la hora de la admisión de alumnos, vuelve a tomar peso la cercanía del domicilio al centro educativo.

Parte de las medidas relacionadas con la disminución de los guetos guardan relación con las que pretenden atajar a la concertada, como la eliminación, como veíamos, de la demanda social como criterio de escolarización, o la programación de la red por parte de las administraciones atendiendo a criterios que eviten la segregación.

En este cajón de sastre también podrían contarse la vuelta de tuerca a la prohibición del cobro de cuotas por parte de los centros privados sostenidos con fondos públicos. Una práctica prohibida desde la LODE pero que, de una manera u otra, se ha estado incumpliendo. A partir de la aprobación de la Lomloe, no se podrán pagar estas cuotas voluntarias y se intenta evitar que actividades complementarias por las que se cobra ocupen el horario lectivo o que supongan una discrimación del alumnado.

Estas, y otras medidas, como la prohibición de la cesión de suelo público para la construcción y gestión de centros concertados (que ha supuesto sonados casos de corrupción, amén de dejar a barrios de nueva construcción sin ningún centro público cercano), han encendido los ánimos de la comunidad educativa de la concertada.

Hace semanas comenzaron una campaña bajo el nombre de Más Plurales, en la que han recogido cientos de miles de firmas, además de organizar varias concentraciones frente al Congreso de los Diputados en los últimos días. Una campaña que no parará hasta que consigan paralizar la tramitación de la Ley. Algo que parece complicado.

Educación pública, eje vertebrador

Este ha sido uno de los mantras de la ministra, Isabel Celaá en los últimos meses. Con los cambios introducidos en los últimos dos meses a base de enmiendas, todavía lo será un poco más.

En varios lugares se apuesta por la creación de más plazas públicas. En la media estatal, los centros públicos tienen un peso aproximado del 65% de la escolarización, frente al 35 % de la privada y privada concertada. Claro está que hay enormes diferencias entre territorios como Madrid, País Vasco y Cataluña, en donde el peso de una y otra está mucho más cerca del 50 %, frente a Extremadura, Andalucía, Castilla-La Mancha… en donde la pública siempre ha tenido que hacerse cargo de un porcentaje mayor de la población.

Tal vez la materialización más clara de esta intención se refleja en la escuela infantil de 0-3, para la que ya se ha anunciado un programa de cooperación territorial que ha puesto sobre la mesa 200 millones de euros para la creación de plazas públicas para el ciclo. En la ley también se habla de esto y se deja muy clara la intención de que estas plazas sean, además de públicas, «asequibles», principal problema para muchas familias que, simplemente, no pueden hacerse cargo de los costes. La intención, aumentar la escolarización de un 30 % a, aproximadamente, un 50 %

El artículado también hace referencia a la creación de plazas públicas allá donde sean necesarias. En los últimos años, además de esos barrios que nunca han tenido un centro público, hemos visto cerrar otros por falta de escolares mientras en los cercanos concertados se mantenían los conciertos o aumentaban. El hecho de que la ley recoja que «la Administración debe ofertar plazas públicas suficientes» no es una simple fórmula. Es uno de los elementos para el incremento progresivo de los puestos de titularidad pública.

Bien es cierto que algunas de estas medidas, así como otras que desde la derecha y la concertada católica se han interpretado como un ataque a la libertad de elección de las familias, han sido lo necesario para que el PP avisara a los partidos que apoyan la Lomloe de que, en cuanto esta sea publicada la llevarán ante el Tribunal Constitucional.

La pregunta del millón, como siempre, es quién pagará el desarrollo y puesta en marcha de la nueva legislación. Esta no va acompañada de una memoria económica, aunque ya hace unos días, el Ministerio hizo públicos los datos que le corresponden dentro de los Presupuestos Generales del Estado de aprobarse. Unos 5.900 millones, un 139 % más que el presupuesto anterior y que, lógicamente, juega con un elevado porcentaje de los fondos europeos para hacer frente a la crisis derivada de la pandemia.

Habrá que esperar a ver cómo se traducen estos fondos en las diferentes comunidades autónomas también, pero un paso importante es que el texto legal asume el compromiso, al menos de palabra, de alcanzar en unos pocos años, el 5 % del PIB dedicado a la educación. Hoy estamos por debajo del 4 % y esa diferencia puede suponer unos 10.000 millones de euros más.

Luces y sombras

Como viene denunciando buena parte de la comunidad, la Lomloe no supone ningún cambio en las ratios que rigen el sistema educativo (20 en primaria y 25 en secundaria obligatoria). Unas ratios que solo en parte se están cumpliendo ahora, con la pandemia y que, en buena medida eran superiores en los centros educativos gracias a la excepcionalidad de poder ampliarla un 10 % en el caso de que fuera necesario. La excepcionalidad, durante los años de la crisis se convirtió en la normalidad, con aulas, en la postobligatoria, por encima de los 30 chavales y chavalas.

A esto podríamos sumar otros elementos que han podido pasar más o menos desapercibidos, como el sistema de entrada a la inspección educativa que, de seguir como reza el texto, dejará de ser através de concurso oposición para ser, sin más, una valoración de las aptitudes de quien quiera entrar en esta rama de la docencia.

Y todavía más dudosa es la disposición adicional cuadragésima octava en la que se pone sobre la mesa la posibilidad de retirar a un docente funcionario de la atención educativa directa con alumnado cuando muestre «una manifiesta falta de condiciones para ocupar su puesto docente o una notoria falta de rendimiento que no comporte inhibición». Aclara el texto (aunque no demasiado) que este cambio se produciría como consecuencia de «un expediente contradictorio que finalice con una evaluación negativa realizada por la inspección educativa». No se aclara la base para decidir qué es una manifiesta falta de condiciones para ocupar el puesto.

Aunque la ley realiza algunos avances, de mayor o menor calado, en relación a la inclusión educativa, como la escucha de la preferencia de las familias hacia la escolarización ordinaria frente a la especial; o la apuesta en infantil por la detección precoz y la puesta en marcha de medidas y ajustes razonables, o la consideración de las necesidades educativas a la hora de evaluar al alumnado en las diferentes etapas, el statu quo actual se mantiene, dejando la puerta abierta a la creación de más aulas específicas y centros de educación especial a pesar de las críticas del Comité que vigila el desarrollo de la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad.

Fuente: https://eldiariodelaeducacion.com/2020/11/18/luces-y-sombras-de-la-reforma-educativa/

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