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Cambios y retos del CONAFE en la 4T

Por: Diego Juárez Bolaños
Académico del INIDE, Universidad Iberoamericana Ciudad de México
Responsable Técnico de la Red Temática de Investigación de Educación Rural (RIER)

El Observatorio del Derecho a la Educación y la Justicia (ODEJ) es una plataforma para el pronunciamiento público, impulsado por el Campo Estratégico en Modelos y Políticas Educativas del Sistema Universitario Jesuita (SUJ). Su propósito consiste en la construcción de un espacio de análisis informado y de posicionamiento crítico de las políticas y las reformas educativas en México y América Latina, arraigado en la realidad social acerca de las injusticias del sistema educativo, y recupera temas coyunturales y estructurales con relación a la agenda educativa vigente.


El pasado 11 de febrero, Gabriel Cámara rindió protesta como nuevo director general del Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe). Este organismo descentralizado del gobierno federal es el encargado de ofrecer servicios educativos de los niveles inicial, preescolar, primaria y secundaria a los niños, niñas y adolescentes de las localidades rurales más pequeñas y dispersas del país. Precisamente el 11 de septiembre de este año, el Conafe celebrará 50 años de existencia.

El haber existido por casi 50 años es un logro del Conafe, en un país donde son constantes los casos de desaparición de instituciones educativas. Un logro más, es el haber subsistido a una importante cantidad de directores que llegaron al cargo por claros criterios políticos, más que por sus conocimientos y experiencias relativos a la educación rural.

Sin duda, la designación del nuevo director en Conafe es uno de los mayores aciertos en materia educativa del actual gobierno federal. Basta recordar que el Director que antecedió en el cargo al Dr. Cámara fue señalado en diversos medios de comunicación por otorgar contratos millonarios a empresarios cercanos a su persona, por lo que fue denunciado por ejercicio abusivo de funciones, tráfico de influencias, peculado y conflicto de interés (El Norte, 2020).

Un perfil totalmente opuesto es el de Gabriel Cámara, quien cuenta con una larga experiencia relacionada con procesos educativos en los territorios rurales. Ha sido Consejero Técnico de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu); colabora en la organización civil Redes de Tutoría, la cual impulsa las estrategias pedagógicas llamadas Comunidades de aprendizaje y redes tutoras; ha fungido como asesor del propio Conafe durante la implementación de los modelos de Posprimaria Comunitaria en la década de 2000 y del actual modelo de educación comunitaria nombrado Aprendizaje Basado en la Colaboración y el Diálogo (ABCD); además de haber colaborado con telesecundarias rurales y de haber participado en procesos de formación a diversos actores educativos, incluyendo funcionarios y académicos.

Sin embargo, el Dr. Cámara llega a una institución debilitada durante la presente administración federal. A pesar de los impactos sociales y educativos que ha tenido Conafe durante varias décadas en las poblaciones que, al menos en el discurso, son el centro de atención de la 4T, su presupuesto ha pasado de poco más de 4 mil 800 millones de pesos en 2019, a alrededor de 3 mil 900 millones en 2021 (SHCP, 2021). De esta manera, los recursos públicos para atender la educación básica de los pobladores de las comunidades rurales más pequeñas y dispersas del país han disminuido casi 20% durante los últimos dos años.

Lo anterior marca el principal reto que Gabriel Cámara y su equipo enfrentarán en Conafe: la falta de recursos económicos para fortalecer las tareas del Consejo. Ya que la disminución presupuestal del Conafe es una acción regresiva, se tendría que dar a conocer tal hecho tanto en el área hacendaria federal, como en el poder Legislativo, además de la opinión pública. Podría desarrollarse una estrategia del Conafe en los ámbitos político y comunicativo para obtener un presupuesto mayor durante 2022. Dispone de abundantes argumentos para intentarlo.

Otro de los retos que enfrenta el Conafe tiene que ver con las figuras educativas que imparten la educación comunitaria. Desde sus inicios, la institución atiende los centros educativos mediante jóvenes que realizan su servicio social en las comunidades rurales. Diversos estudios y evaluaciones (Arteaga, Popoca y Juárez, 2020; RIER/INEE, 2018; Urrutia, 2014; Juárez, 2009; Ezpeleta y Weiss, 2000) han mostrado que la reducida formación didáctica de estos jóvenes servidores sociales es una limitante del funcionamiento del Consejo. A ello habría que sumar el hecho de que muchos de los docentes egresados de Escuelas Normales y UPN’s no están dispuestos a trabajar en las pequeñas y alejadas comunidades rurales que atiende Conafe.

Una alternativa para atender este asunto ha sido el firmar convenios entre Conafe y diversas instituciones formadoras de docentes, a fin de que los estudiantes realicen su servicio social o prácticas profesionales como maestros rurales. Ello permitiría incrementar el perfil educativo de las figuras que atienden las escuelas comunitarias.

Un reto más tiene que ver nuevamente con el tema presupuestal. Durante la llamada 4T se han ampliado para los jóvenes las posibilidades para obtener alguna beca. Y los recursos que otorgan tales becas son muy similares a lo que se paga a los líderes educativos del Conafe. Esta ampliación de oferta de becas ha impactado en la cantidad de jóvenes que desean ser figuras educativas del Conafe, además de que se ha incrementado su tasa de deserción (RIER/ INEE, 2018). Tendría que ser un motivo de vergüenza nacional que el gobierno federal continúe ofreciendo apoyos que apenas rebasan los $3,500 pesos mensuales a las figuras educativas que trabajan en las escuelas de las poblaciones más pequeñas y dispersas del país.

Durante varios ciclos escolares el Conafe creó una figura educativa llamada Asesor Pedagógico Itinerante (API), la cual reforzaba el trabajo pedagógico en ciertas escuelas, donde los alumnos hubiesen obtenido un bajo rendimiento escolar. Los API’s constituían la única figura con estudios profesionales que trabaja en las localidades atendidas por Conafe. Sin embargo, sin alguna explicación pública y sin mostrar razones técnicas que llevasen a tal decisión, el Conafe despareció la figura del API en 2020. Un desafío más del Dr. Cámara y su equipo en el Consejo será dar marcha atrás a tal decisión.

El último reto que deseamos destacar se relaciona con las limitaciones pedagógicas que ha mostrado el modelo educativo ABCD que utiliza el Conafe desde el ciclo escolar 2016-2017. Entre éstas, se encuentra la dificultad para aplicarlo con estudiantes de preescolar y de los primeros grados de primaria, además de que el modelo no considera estrategias para la enseñanza de la lectoescritura, lo que se suma a la necesidad de contar con diversos recursos (libros, recursos tecnológicos) que faciliten procesos investigativos en el alumnado, recursos cuya existencia es muy limitada en las escuelas comunitarias y al preocupante “olvido” que ha tenido la implementación del modelo en poblaciones de estudiantes indígenas y de jornaleros agrícolas migrantes.

Esperamos que éstos y otros temas sean abordados por las nuevas autoridades a cargo del Conafe. Los niños, niñas y adolescentes habitantes del medio rural lo merecen. Mejorar la pertinencia de la educación rural es una exigencia social y moral que ya no debería esperar por más tiempo.

Referencias

Arteaga, P., Popoca, C. y Juárez Bolaños, D. (Coords.). (2020) La Educación Rural en México. Propuestas para una política educativa integral. Ciudad de México: Universidad Iberoamericana.

El Norte (2020, 4 de julio). “Denuncian peculado en Conafe”. Monterrey. https://www.elnorte.com/denuncian-peculado-en-conafe/

Ezpeleta, J., Weiss, E. et al. (2000). Cambiar la escuela rural. Evaluación cualitativa del Programa para Abatir el Rezago Educativo. 2ª edición revisada. México: Departamento de Investigaciones Educativas del CINVESTAV.

Juárez Bolaños, D. (2009). “Educación rural en México: el caso de los cursos comunitarios”. En J. B. García Horta, y J. M. Fernández Cárdenas (eds.). Investigación, política y gestión educativa desde Nuevo León: Una aportación joven al debate nacional. México: UNESCO Comité Norte de Cooperación/ Universidad Autónoma de Nuevo León, pp. 263-286.

Red Temática de Investigación de Educación Rural- RIER e Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, INEE (2018). Evaluación de las intervenciones públicas y programa de escuelas multigrado. https://www.inee.edu.mx/portalweb/suplemento12/evaluacion-intervenciones-y-programa-escuelas-multigrado.pdf

Secretaría de Hacienda y Crédito PúblicoSHCP (2021). Paquete Económico para el Ejercicio Fiscal. Años 2019 y 2021. https://www.ppef.hacienda.gob.mx

Urrutia de la Torre, F. (2014). ¿Por qué los bajos resultados del Conafe en primaria? Restricciones para el buen desempeño del Consejo Nacional de Fomento Educativo. Revista Latinoamericana de Estudios EducativosXLIV(1), 47-70.

Fuente: http://www.educacionfutura.org/cambios-y-retos-del-conafe-en-la-4t/

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La mal llamada federalización de la nómina

Por:  Lev M. Velázquez Barriga

En enero de 2020 se firmó el Convenio de Coordinación para Establecer el Mecanismo de Pago de Nómina de los Trabajadores del Sector Educativo al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo, o bien, lo que comúnmente conocemos como Federalización de la Nómina; con él, se pondría fin al trato diferenciado entre los trabajadores de la educación federales y los estatales, a estos últimos, por años y de manera sistemática, se les dejó de pagar prestaciones, se les retrasaron quincenas, se les mantuvo en la incertidumbre de recibir su salario en los últimos meses del año fiscal o bien con la amenaza de no pagarles completo con el pretexto de que el Estado no tenía los fondos suficientes. Ya han pasado dos meses de haberlo signado, pero la problemática prevalece, agregando a los agravios anteriores la reestructuración del impuesto sobre la nómina, cuyo descuento es mayor a los dos últimos aumentos salariales.

No es un documento público como se presume oficialmente, no se encuentra en ningún portal de las dependencias involucradas; para acceder a él, tuvimos que solicitarlo a la comisión de transparencia y lo recibimos hasta varios días después. Se trata de un “Convenio” exclusivamente para coordinar el pago de la nómina, donde se estipula que el patrón sigue siendo el gobierno estatal y de ningún modo la Secretaría de Educación Pública (SEP) o la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en representación de la federación, serían patrones sustitutos; pero, tampoco se puede hablar de federalización porque la parte mayoritaria del salario sigue siendo responsabilidad del gobierno michoacano en un 64.5 % y la minoritaria del gobierno federal en 35.5 %.

No se acuerda la federalización de los servicios educativos, los programas estatales o de las escuelas que muchas veces quedaron inoperantes por falta de recursos indispensables, así sucedió con los albergues escolares o los Centros de Desarrollo Infantil; no se federalizan las claves presupuestales o los techos financieros que sustentan a los trabajadores de la educación; no se federaliza su sistema de pensiones, de ahorro ni su servicio médico; no entran en el convenio los sistemas de la educación media superior que dependen del Estado y que han sido tratados en iguales o peores condiciones que en la educación básica.

Un problema central que debería resolver el “Convenio”, es el pago de prestaciones que por años dejaron de percibir los mentores para completar el salario precario que los caracteriza, de los más bajos entre los sectores profesionales en México y muy por debajo de la media mundial entre los salarios docentes en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos; pero no se establece ese compromiso pues los rezagos y los problemas arriba señalados quedan en manos del gobierno michoacano actual, que de manera consecutiva aparece encabezando la lista de los gobernadores peores evaluados a nivel nacional por su pésima administración; estamos hablando del mismo mandatario que camina impunemente por el mundo, después de que el año anterior envió un paquete fiscal a sabiendas de que sólo contempló el pago de la mitad de las quincenas de los maestros y que en recurrentes ocasiones se declaró incompetente, al grado de manifestar públicamente que dejaba la responsabilidad de los servicios de educación básica y normal, sin acuerdo con la federación de por medio.

Si bien es cierto que, ante el incumplimiento por parte del gobierno estatal, la SEP está facultada para solicitar de las participaciones federales que le corresponden a esa entidad para ejecutar la nómina educativa, ya se han dado varias incidencias que lo ameritan y esto no ha sucedido. El “Convenio” deja otras incertidumbres que colocan al magisterio en medio de posiciones político electorales, que sin duda pretenden cada una por separado cobrar factura en los comicios venideros: se puede deshacer en cualquier momento por una o las dos partes, con 60 días de anticipación; además tiene finiquito, se vence en diciembre de 2024, justo cuando termina el actual gobierno de la 4T. En estas circunstancias, la estabilidad salarial presente y futura de los maestros dependería de pactos políticos, estaría condicionada al comportamiento conservador de su naturaleza rebelde y hasta a su inclinación electoral; a todas luces se parece a un mecanismo de control sindical.

El tema de la Federalización de la Nómina podría quedar en asunto local, si no fuera porque Michoacán es el primero que atraviesa por lo que se prefigura como el laboratorio nacional; en puerta quedaron otros estados que solicitaron la misma conversión, en donde se mantienen latentes las esperanzas magisteriales de que pronto verán fluir sin ninguna traba el sustento diario para sus familias; en todo caso, estas inconsistencias son parte de un cúmulo de agravios e incumplimientos: la fallida democratización del SNTE, la no apertura de la normal del Mexe, la sistemática represión contra la CNTE sobre todo en el sureste del país, la implementación del régimen de excepción laboral y del nuevo sistema de carrera docente, el deterioro de las percepciones de los jubilados con la Unidad de Medida Actualizada (UMA), que conjuntamente van dando vida a una nueva revuelta pasados los tiempos de la contingencia sanitaria.

Fuente: https://rebelion.org/la-mal-llamada-federalizacion-de-la-nomina/

Imagen: https://pixabay.com/illustrations/atm-machine-using-screen-touch-3669795/

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Argentina: Solidaridad en tiempos de cuarentena: sanjuaninos ofrecen servicios online para ayudar

América del Sur/Argentina/22-03-2020/Autor(a) y Fuente: www.diariodecuyo.com.ar

Por: Redacción Diario De Cuyo

Desde psicólogos y médicos hasta docentes se ponen a disposición para colaborar en momentos en los que no se puede salir de casa.

Desde este viernes el país vive una situación inédita: la de la cuarentena total que implementó el Gobierno de la Nación para tratar de contener la expansión del coronavirus. En ese contexto, algunos profesionales sanjuaninos utilizaron las redes para poner a disposición de todos sus servicios en forma gratuita. Desde psicólogos, pasando por docentes y hasta personas dispuestas a salir a hacerles las compras a quienes integran los grupos de riesgo escribieron sus mensajes.

“Con un grupo de profesionales de la psicología, el coaching y docentes estamos llevando a cabo una acción de apoyo emocional por vías virtuales (teléfono, chat, videollamada, zoom, skype, etc.). Está dirigido a cualquier persona que en este contexto de asilamiento y crisis sienta la necesidad de compartir sus inquietudes y hablar de sus emociones. Es completamente gratuito y anónimo”, escribió Jorge Baletti.

Al respecto, comentó que armó un listado de profesionales voluntarios que él mismo coordina para trabajar con las personas que necesiten la colaboración. Su celular es 264-4989280 y su cuenta de Facebook e Instagram a las que se le puede escribir mensajes privados es Jorge Baletti.

* Comprar para quienes no pueden salir

«Estando en cuarentena estuve charlando con mi mamá, me dijo que seria fabulosa la idea de que nosotros los jóvenes nos pongamos a disposición de los adultos mayores para hacerles algún favor. Ellos son los más vulnerables y los que más nos necesitan», relató en torno al modo en que se le ocurrió la idea.

E invitó a otros a sumarse a la iniciativa: «Sería un hermoso gesto de nuestra parte», afirmó. Quienes quieran comunicarse con ella pueden hacerlo a la cuenta de Facebook, Meli Herrera.

* Música en vivo y a la carta

Durante la cuarentena, cada noche, a las 23, regalarán a la gente una canción interpretada en vivo. «Obvio, pueden hacer pedidos y vamos armando lista!!!», aseguraron Pierina Ciallella y Marcelo Bartolomé.

La transmisión en vivo se realiza en su cuenta de Facebook: Dúo Mixtura.

* Ayuda con la tarea I

«Soy profesora de Educación Física y con mucho gusto te resolveré tus dudas a distancia. Mientras estamos en casa, si necesitas ayuda sobre algo que le hayan encargado a tu hijo o hija, contactame y sin ningún tipo de costo te apoyo. ¡Vamos a salir de esto juntos!», escribió.

Su cuenta de Facebook: Celi Correa.

* Ayuda con la tarea II

Martín Olivares se ofreció también para ayudar con la tarea realizada en el hogar, pero en torno a materias relacionadas con contabilidad y economía.
«Contactame por privado y ayudo sin cargo por medio de un tutorial, video de WhatsApp o con un simple chat», escribió. Y destacó: «En esta pandemia nos ayudamos entre todos».
Para contactarse con él se puede acceder a la cuenta de Facebook con su nombre.

* Médico digital

Un médico sanjuanino que vive en Córdoba se ofreció a ayudar de modo online a quienes tengan dudas en torno al coronavirus o síntomas leves compatibles con la enfermedad.

* Para cuidar la alimentación y entretenerse

A todos ellos se suman los otros dos profesionales que ya habían sido noticia por su solidaridad: el médico Fernando Rocchietti y la psicóloga infantil Maria Eugenia Torres Flores.

Fuente e Imagen: https://www.diariodecuyo.com.ar/sanjuan/Solidaridad-en-tiempos-de-cuarentena-sanjuaninos-ofrecen-servicios-online-para-ayudar-20200320-0021.html

 

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Educación Especial

Por: Thomas Rivera Schatz.

Para corregir un injusto recorte presupuestario realizado por la Junta de Control Fiscal de la ley Promesa, esta semana aprobamos en el Senado la Resolución Conjunta 399 de nuestra autoría para asignar $123 millones de fondos estatales al Programa de Educación Especial del Departamento de Educación. Esta agencia funciona con fondos combinados, estatales y federales, por lo que le fueron asignados un total de $262 millones cuando aprobamos el presupuesto para el presente año fiscal 2019-2020. Posteriormente, y de manera unilateral, la junta recortó la aportación estatal de $183 millones a solamente $60 millones, para una reducción de $123 millones que ahora insistimos en asignar.

Recientemente, el Departamento de Hacienda anunció que los ingresos al Fondo General de Puerto Rico para el pasado año fiscal 2018-2019 superaron la suma de $11,800 millones. Esa cifra histórica de recaudos públicos sobrepasó por más de $2,000 millones la cantidad presupuestada para ese año fiscal, según el presupuesto certificado por la junta. Además, sobrepasó por más de $1,136 millones la proyección de ingresos que la misma junta había realizado para ese año fiscal.

Este importantísimo programa ofrece servicios a más de 115,000 niños y adolescentes, que representan casi una tercera parte del total de la población estudiantil del sistema público. Entre los servicios de este programa, figuran los educativos en el salón de clases o en el hogar; educación física adaptada y servicios educativos en instituciones juveniles. También se ofrecen evaluaciones y terapias en áreas como habla y lenguaje, ocupacional, psicológica y física; asistencia tecnológica con evaluaciones, adiestramientos y provisión de equipos necesarios para el estudiante; transportación a los estudiantes y subsidios a los padres; y servicios suplementarios y de apoyo, incluyendo los servicios de asistentes especiales (TI) e intérpretes (TII), entre otros.

No existe excusa presupuestaria válida para no tomar acción inmediata en la atención de las necesidades de los estudiantes de educación especial. En ese sentido, el Senado ha cumplido nuevamente con su responsabilidad. La junta alega que la millonada que hace falta para cuadrar el presupuesto en este programa debe surgir de ahorros operacionales en el Departamento de Educación, pero no dice cuándo ni cómo. Es una injusticia pretender que decenas de miles de niños y sus padres tengan que esperar por ese “milagro” administrativo y presupuestario. Sencillamente, eso es inaceptable. La junta debe reconsiderar su actitud simplista de pretender cuadrar sus números a “marronazos” desde la comodidad de un escritorio y a expensas de los más necesitados y vulnerables.

El Departamento de Educación también tiene que hacer su parte de manera urgente y en el Senado estamos dispuestos a apoyar nuevos esfuerzos y enfoques. Desde la década de los años 80 hay un pleito de clase en la corte federal por las deficiencias de este programa. Incluso, anualmente el departamento paga millones en multas federales. Hace falta revisar la estructura operacional y administrativa de este programa; evitar papeleo y procedimientos engorrosos y burocráticos. Hay que utilizar la tecnología de manera inteligente, integrada y sensible a la conveniencia de los niños, sus padres y los proveedores de servicios que tardan meses en cobrar. No debemos permitir que personas en el gobierno con mentalidades burocráticas y hasta policiales continúen sentándose en escritorios a diseñar estructuras administrativas y reglamentarias que el mismo gobierno no está preparado para implantar eficientemente. Esta es una mala costumbre histórica en el gobierno de Puerto Rico. Agencias que tienen sistemas tecnológicos que no se comunican entre sí, provocando lentitud y servicios deficientes. Implantan reglamentos, formularios y requisitos que después la misma agencia no puede procesar.

El rediseño administrativo, operacional y tecnológico de este programa debe conducirlo a ser capaz de poder canalizar la inversión total de los fondos federales que recibe anualmente.

La junta debe apoyar esta asignación de fondos que es absolutamente necesaria, prioritaria y humanitaria. Y el Departamento de Educación debe utilizar estos fondos y los fondos federales para alcanzar la máxima excelencia en los servicios, la accesibilidad y la facilidad en la solicitud y utilización de estos. Si lo que se ha hecho durante décadas en el Programa de Educación Especial no ha funcionado, es hora de rehacerlo completo. Nuestros estudiantes y el futuro de Puerto Rico no merecen menos.

Fuente del artículo: https://www.elvocero.com/opinion/educaci-n-especial/article_a6268dc2-c483-11e9-9ebd-8bf9544f0b60.html

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Colombia: Ponen en cintura a instituciones educativas piratas

América del sur/Colombia/28 Febrero 2019/Fuente: Semana 

La Secretaría de Educación de Bogotá anunció un cambio en el enfoque de inspección y vigilancia de establecimientos ilegales.

Con el fin de lograr resultados efectivos y un mayor control sobre el universo de instituciones educativas en Bogotála Secretaría de Educación Distrital anunció un cambio en el enfoque de inspección y vigilancia de los establecimientos educativos ilegales en la capital del país.

En este sentido, la secretaria de educación de Bogotá, Claudia Puentes, explicó que se están desarrollando herramientas para facilitar el reporte de los casos de ilegalidad, por parte de la ciudadanía, y rediseñando el trámite sancionatorio para reducir los términos.

Señaló que la función de vigilancia se ejercerá sobre el universo de instituciones educativas: 1.808 colegios privados, 401 oficiales, 429 instituciones de educación para el trabajo y desarrollo humano (ETDH), 129 centros de enseñanza automovilística y 900 fundaciones, corporaciones y asociaciones, así como 1.408 asociaciones de padres de familia.

De acuerdo con cifras reportadas por la secretaría, de mayo a diciembre de 2018 la entidad aumentó las actuaciones administrativas, pasando de 57 a un total de 133 decisiones en el periodo mencionado. “Las instituciones que incumplen evaden la norma y, una vez impuesta la sanción, a través de recursos dilatan la ejecución de la misma”, precisó.

Es por esto que la Secretaría de Educación está mejorando la gestión, acelerando los términos en la etapa de indagación y en la formulación de cargos. De esta manera, el proceso se reduce de 3 años a un año. Además, tiene georreferenciados los colegios, según el uso del suelo, para asegurar un mayor control sobre las instituciones.

Adicionalmente, se está formulando un nuevo reglamento territorial que armoniza las acciones con el nuevo Plan Maestro de Equipamientos Educativos; precisa la articulación de actividades y competencias entre director local, nivel central de la Secretaría de Educación y alcaldías locales; establece algunos roles y regula las actividades del personal a cargo de inspección y vigilancia; e implementa el comité asesor de inspección y vigilancia, en el cual participan el nivel central y local.

También especifica los criterios para la autorización de los derechos académicos y unifica los criterios para los diferentes procedimientos de otorgamiento de licencias, aprobación de costos y procesos administrativos en general.

“Junto con el Concejo de Bogotá estamos haciendo un fuerte trabajo de inspección y vigilancia, para evitar que los padres de familia sean asaltados en su buena fe con servicios educativos que no cuentan con todas las licencias”, puntualizó.

Imagen tomada de: https://static.iris.net.co/semana/upload/images/2019/2/22/602451_1.jpg

Fuente: https://www.semana.com/educacion/articulo/instituciones-educativas-ilegales-en-bogota/602452

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Reino Unido: menos exámenes y mejor calidad de la educación

Europa/ Reino Unido/ Por: Angela Irazabal Peña/ Fuente: www.eliberico.com.

Reino Unido planea hacer una inspección para ir más allá de los resultados de los exámenes. Las nuevas directrices pretenden centrar más el foco en la calidad de la educación en vez de en los ‘resultados’. Uno de los departamentos del Gobierno británico, Office for Standards in Education, Ofsted, ha propuesto un nuevo objetivo. Pretende concernir a la sociedad que la educación se ha centrado demasiado en los resultados de los exámenes. La educación de calidad, es decir, el aprendizaje se está dejando a un lado y lo primordial es pasar los controles.

Las nuevas medidas están impuestas por la inspectora jefa de los colegios de InglaterraAmanda Spielman. En un discurso comentó que quería realizar reformas tanto en los colegios estatales como en los independientes y también en la educación superior y universidades. Reducir los colegios que dejan de lado a los niños menos aptos es una de las medidas que se adoptarán. En caso de que no se cumplan, los inspectores de Ofsted lo penalizarán.

La calidad de la educación, antes que los resultados de los exámenes

Sobre este nuevo acuerdo, el director de Ofsted, Sean Harford, ha comentado que “cubren todo el recorrido desde el nacimiento hasta el aprendizaje adulto”. Para ello, la calidad de la educación será lo principal. Los exámenes pierden la relevancia actual.

Como su propio eslogan indica el objetivo principal de Ofsted es encargarse de los servicios y habilidades que los niños y niñas necesitan. Su cometido es inspeccionar y regular los servicios que cuidan y protegen a los niños y a los jóvenes. Además, también se encargan de proveer servicios educativos a aprendices de cualquier edad.

Cada semana realizan inspecciones y visitas de regulación por todo el país y publican los resultados a través de su página web. Ofsted no depende de ningún departamento ministerial. Se trata de una organización conformada por especialistas independientes e imparciales. Sin embargo, si reportan todos los informes y proyectos en los que colaboran.

Fuente de la noticia: https://www.eliberico.com/examenes-educacion-reino-unido/

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Educadores ticos divulgan borrador de acuerdo para finalizar huelga

Centro América/Costa Rica/29 Noviembre 2018/Fuente: Prensa Latina

Los sindicatos del sector educativo, en huelga general por tiempo indefinido contra el plan fiscal hace 80 días, divulgaron hoy un borrador de acuerdo con el Ministerio de Educación Pública (MEP) para deponer la protesta.
La propuesta, que ahora será discutida por las bases de esas agrupaciones, fue elaborada por representantes del Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense (SEC), la Asociación Nacional de Educadoras y Educadores (ANDE) y la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE) y presentada ayer al titular del MEP, Édgar Mora.

Divulgado hoy aquí, el borrador indica que los tres sindicatos se comprometen a levantar el movimiento de huelga y a reanudar los servicios educativos a partir del próximo viernes en todos los centros de enseñanza del país.

Aclara que ‘aquellas personas trabajadoras que en razón de la distancia en que se encuentran ubicados sus centros de trabajo, requieran más tiempo para reincorporarse a sus labores, podrán hacerlo el día lunes 3 de diciembre de 2018’.

Destaca que el MEP no realizará ninguna acción discriminatoria o represalia contra las personas que integran el personal de esa cartera, por el solo hecho de haber ejercido el derecho fundamental a la huelga, tutelado por la Constitución Política, convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo y el Código del Trabajo.

Igualmente, prosigue, ambas partes garantizan a las personas funcionarias que actualmente se encuentran laborando o que se reintegren el goce de un ambiente laboral sano.

En cuanto a los salarios, ambas partes respetarán lo que en definitiva resuelvan los tribunales de trabajo en el procedimiento de calificación de la huelga, señala la propuesta.

El cuarto y último punto sostiene que una vez levantado el movimiento de huelga, durante el mes de diciembre, representantes del MEP y los tres sindicatos se reunirán para acordar las medidas administrativas necesarias para normalizar los servicios educativos al cierre del año lectivo 2018 y el inicio del curso lectivo 2019.

Refiere que la agenda de estas reuniones se formará con los temas de interés de ambas partes, entre las que destacan que el Gobierno no establecerá ninguna conducta, acción discriminatoria, represalia o rebaja salarial, entre otras, contra quienes participaron en la protesta.

También, dejar sin efecto las suspensiones, sustituciones o cualquier otro tipo de procedimiento disciplinario y supresión de recargos a los participantes en el movimiento de huelga.

Tras el primer mes de la huelga general por tiempo indefinido contra el proyecto legal Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, plan o reforma fiscal, iniciado el 10 de septiembre pasado, los sindicatos del sector educativo mantuvieron la protesta, pese a que otras organizaciones obreras llegaron a acuerdos con sus patronos para deponer el paro.

Durante más de un mes y cuando hoy se cumplen 80 días de la huelga general, el SEC, la ANDE y la APSE revelaron que tras el criterio de la Sala Constitucional en que le da luz verde a la discusión del plan fiscal en el segundo y definitivo debate en la Asamblea Legislativa, decidieron en conjunto reunirse con Mora y entregarle la mencionada propuesta.

En declaraciones a la prensa, el ministro espera que los afiliados confirmen lo expresado en el borrador de propuesta de acuerdo.

Fuente: https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=232448&SEO=educadores-ticos-divulgan-borrador-de-acuerdo-para-finalizar-huelga
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