A pesar de que la mesa de negociación entre sindicatos, asociaciones profesionales y Conselleria de Educació valenciana para hablar sobre el decreto curricular de secundaria duró día y medio, las posturas en los dos puntos fundamentales no se han acercado en absoluto. Los ámbitos en primero de ESO se mantendrán de manera obligatoria y chicas y chicos tendrán que cursar obligatoriamente «proyectos interdisciplinares», lo que supondrá dos horas lectivas más a la semana a pesar de que los ámbitos se instituyeron para «simplificar» el paso de primaria a secundaria.
Según fuentes sindicales de STEPV, CCOO y UGT, desde la Conselleria no ha habido ningún tipo de acercamiento para posibilitar que los ámbitos en secundaria sean algo que se decida en los centros educativos y no se imponga a toda la comunidad desde el decreto curricular de secundaria que tiene que aprobarse en las próximas fechas.
Ninguna de las fuentes ha querido confirmar o desmentir la posibilidad de seguir los pasos de CCOO en Madrid que llevó a los tribunales el decreto de Isabel Díaz Ayuso precisamente por lo contrario, prohibir los ámbitos en secundaria. Esta idea de la líder popular, al menos por las medidas cautelarísimas puestas en marcha por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, supone una contravención de la normativa estatal que sí permite este tipo de organización.
Algunas fuentes creen que por la misma regla de tres, el decreto valenciano podría recurrirse ante la justicia al contravenir la autonomía de centro a la hora de organizarse como mejor le convenga y, de otra mano, por contradecir la Constitución que establece la libertad de cátedra para el profesorado, que se vería atacada por la obligatoriedad de esta organización por ámbitos. Pero, en cualquier caso, los sindicatos consultados no comentan nada sobre este particular.
Irene Murcia, presidenta de la Asociación OCRE, en la que se han reunido un buen número de docentes de la valencianos en contra de la imposición de los ámbitos, es profesora de Matemáticas. Estuvo presente los dos días de la mesa gracias a la invitación de UGT para hacerlo.
Se muestra relativamente esperanzada en que la Conselleria dé su brazo a torcer máxime cuando hubo unidad sindical en relación a la imposición de los ámbitos, así como sobre la ampliación del horario los tres primeros años de la secundaria al implementarse los proyectos interdisciplinares como una asignatura más. Pero es realista.
Sobre estos proyectos, desde Educación se defiente que se da una bolsa de dos horas a los centros (desde 1º de primaria hasta 3º de ESO) para que puedan organizar estos proyectos como mejor les convenga, con la mirada puesta en que puedan desarrollarse contenidos que pueden quedar algo al margen del currículo, como puedan ser temas de educación afectivo sexual o de los Osbjetivos de Desarrollo Sostenible o, incluso, centros de interés para el alumnado. En parte, con la idea de que el alumnado sea el centro del aprendizaje.
En cualquier caso, como los sindicatos, estudiarán la posibilidad de recurrir el decreto que impondrá definitivamente los ámbitos en 1º de ESO porque entienden que esta esuna decisión que debería ser de los claustros de los centros (ni siquiera de sus direcciones). Asegura que tanto en la asociación como en la plataforma Contra els àmbits imposats (contra los ámbitos impuestos), existen docentes que están a favor de esta organización, pero no con que se impongan.
Tanto Murcia como las fuentes sindicales preguntadas, aseguran que es necesario que la Conselleria dedique muchos más esfuerzos en personal y material, además de en formación, para que la organización por ámbitos pueda darse con garantías educativas para el alumnado. A pesar de esto, Murcia insiste en que es necesario que sean los claustros los que decidan.
En este sentido, comenta el informe de ANPE, de enero, del que se desprende que el 91 % de los centros de secundaria no están desarrollando los ámbitos en 2º de la ESO, curso para el que son vountarios. Desde su punto de vista esto debería hacer pensar a la Conselleria sobre el éxito de la iniciativa y para recular en la decisión tomada.
Por delante, más allá de protestas y posibles recursos a la justicia que todo el mundo está valorando pero nadie se atreve a plentar ahora mismo, queda la negociación, en julio, de las instrucciones de inicio de curso. Desde diferentes sindicatos se comenta que, si no es ahora, esperan en ese momento poder hacer modificaciones para frenar la imposición del desarrollo por ámbitos.
Ámbitos sí, pero no impuestos
Esta podría ser la postura generalizada del movimiento sindical educativo en la Comunitat Valenciana. Al menos, para STEPV, CCOO y UGT. Los tres sindicatos están a favor de que se puedan organizar los centros en secundaria por ámbitos. Francesc Cayo, responsable de pública en CCOO asegura que esta es la postura del sindicato, pero lo que no ven bien es que esta organización no la decida el claustro, sino la administración. Les gustar porque «tiene potencialidades» y puede ayudara al paso desde primaria a secundaria.
Desde STEPV, Marc Candela, responsable de Acción Sindical se muestra en la misma dirección. Cree que la autonomía de centro debería primar a la hora de modificar la organización de los centros educativos de secundaria, aunque, como responsable del sindicato, opina que, efectivamente, los ámbitos pueden ser interesantes para los institutos.
Desde la UGT, Kilian Cuerda recuerda que su sindicato fue el primero en pronunciarse en contra de la imposición y bien desde el principio ha estado al lado de la Plataforma contra els àmbits imposats y, ahora, de la Asociación OCRE. Se alegra también de que el resto de sindicatos hayan cambiado tu parecer y se acerquen a sus posturas y espera que, para la negociación de las instrucciones de inicio de curso pueda haber cambios.
Desde la Consellería insisten en que la organización por ámbitos se mantendrá porque la entiende como positiva. Eso sí, prefieren no hacer más valoraciones hasta que todo el proceso de negociación termine. Por delante queda hablar con las familias, el alumnado o la patronal de la concertada.
Deben hacerla a la par con el fortalecimiento de los propósitos, las estrategias, los desafíos y los compromisos del Pacto Nacional Educativo, aportando recursos, expertise y logística. Si quieren, pueden lograrlo.
Los dos instrumentos legales son: La Ley 1-12 y el Decreto 84-15. Apelando a su observancia, se torna un tanto incomprensible , y hasta preocupante, el que el liderazgo de esta gran revolución educativa nacional pretenda ser asumido solamente por el Ministerio de Educación (MINERD) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU), obviando el Pacto Educativo Nacional y sin tomar en cuenta a otros muchos.
La preocupación no es fortuita. Ahí está la noticia servida por el MINERD. “El Ministerio de Educación de la República Dominicana y el Sistema de las Naciones Unidas anunciaron hoy la realización de una gran Consulta Nacional que tiene como objetivos la transformación cualitativa de la educación dominicana, garantizar la recuperación de la interrupción educativa de la COVID-19 e identificar las principales transformaciones y palancas estratégicas para reinventar la educación para el siglo XXI”. (https://dominicanrepublic.un.org/es/184056-ministerio-de-educacion-y-naciones-unidas-haran-consulta-nacional-para-transformacion-de-la)
La nota periodistica también agrega:“Mauricio Ramírez, coordinador residente de la ONU en República Dominicana, expresó que la iniciativa forma parte de una convocatoria realizada por el Secretario General de la ONU, António Guterres, a los países a una cumbre mundial que busca movilizar la acción, soluciones y solidaridad para transformar la educación, como lo contempla los Objetivos de Desarrollo Sostenible y de la Década de Acción”.
Según el parecer de académicos y especialistas dominicanos consultados, la iniciativa resulta honrosa pero poco pertinente, en tanto entra en conflicto con la Ley 01-12 sobre la Estrategia Nacional de Desarrollo, END, que contempla la creación del “Pacto Educativo” y con el Decreto 84-15, que reconoce la legitimidad del mismo como estructura participativa con la responsabilidad de la identificación, realización, evaluación y veeduría de dichos cambios.
Reiteran los académicos y especialistas dominicanos consultados que la consulta que se proponen realizar el MINERD y la ONU para identificar y direccionar los cambios educativos ya se hizo y con un tiempo mayor a los 6 días que proponen ambas instituciones para realizar un diagnóstico tan profundo y exigente.
El Pacto Educativo Nacional para la Reforma de la Educación Dominicana partió de un amplio y planificado proceso de consulta a nivel nacional con instancias territoriales presenciales, virtuales, consulta a niños y comunidades locales. Siguió con la conformación de 10 mesas técnicas de trabajo, integradas por todos los actores de la comunidad educativa local, cuyo trabajo se extendió desde enero a marzo de 2014.
El poder democrático e inclusivo del Pacto Educativo Nacional deviene del compromiso manifestado por las instituciones que lo firmaron: 32 organizaciones gubernamentales, 25 del sector privado, 11 sindicatos, 23 organizaciones de la sociedad civil, 31 universidades y las 3 instituciones religiosas más importantes del país.
Fueron testigos 10 organismos multilaterales, 49 expertos nacionales e internacionales, y también estamparon su firma los 8 partidos y bloques políticos con representación congresual, dándole al documento una amplia base de legitimidad, a lo que pretendió ser la bitácora de la educación nacional con vigencia hasta el año 2030.
El Pacto estructuró sus compromisos con base en seis ejes principales: a) acceso a la educación; b) calidad de los aprendizajes; c) dignificación de la carrera docente; d) cultura de evaluación; e) gestión eficiente del sistema educativo; y, f) recursos para la educación.
Es más que probable que en un clima de madurez y armonía entre los sectores que deben ser tomados en cuenta para la reforma educativa nacional, al conflicto de la iniciativa del MINERD y la ONU con las dos normativas citadas se le llame con un nombre más “light” que haga innecesario prestar atención al conflicto procedimental surgido.
Los cambios de la educación nacional se hacen más urgentes después de los embates de la COVID-19. Por tanto, no hay que renunciar a la sinergia y a la fortaleza del MINERD y de la ONU para promover y hacer posible los cambios educativos que requieren la Revolución Industrial 4.0 y el cumplimiento de los compromisos de la END, y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS.
Consideramos positiva la participación del MINERD y de la ONU en la reforma de la educación nacional, pero deben hacerlo a la par con el fortalecimiento de los propósitos, las estrategias, los desafíos y los compromisos del Pacto Nacional Educativo, aportando recursos, expertise y logística. Si quieren, pueden lograrlo.Los conflictos bien asumidos pueden llevar a remar en el mismo sentido. ¡Eso espera el país!
Fuente e Imagen: https://acento.com.do/opinion/reforma-educativa-minerd-onu-choca-con-instrumentos-legales-9068486.html
Pilar Alegría tiene una agenda extremadamente apretada. Nos recibe en Valencia, después de su intervención en el XII Encuentro Internacional sobre la Profesión Docente, organizado por la Internacional de la Educación (sindicato mundial de docentes) junto a la OCDE. Media hora escasa para hablar de las 24 medidas que deberán cambiar la profesión docente, de ratios o de los procesos de empleo público de los próximos años.
Pilar Alegría (Zaragoza, 1977), ministra de Educación y FP, nos recibe en el valenciano Palau de les Arts durante la celebración del XII Encuentro sobre la profesión docente que organiza la Internacional de la Educación y la OCDE con un buen número de ministros de Educación de medio mundo.
La agenda es muy apretada, de manera que en media hora hay que intentar hacer balance de casi un año al frente del Ministerio y ver algunos de los retos para los próximos meses: oposiciones, estatuto docente o los primeros pasos de la Lomloe en las aulas coparán la conversación.
Casi un año desde el nombramiento ¿Qué balance hace?
Hago un balance muy positivo. La agenda durante este año ha sido muy intensa y lo que todavía nos queda. Creo que el hecho positivo de haber sido capaces de aprobar una ley educativa, de empezar a desplegarla (el próximo curso en los años impares ya se pone en marcha los cambios), el haber posibilitado hace unas semanas aprobar la Ley de FP que era una deuda pendientes… Empezar con el debate, que me atrevo a decir que es la reforma más importante que tenemos, la de la profesión docente con ese documento de las 24 medidas y estamos trabajando para la puesta en marcha de una leu de las enseñanzas artísticas para la vuelta del verano. Agenda intensa y dando pasos importantes hacia adelante.
Hablando de las 24 medidas, me gustaría saber si hay algún calendario previsto después de que hayan pasado cuatro meses desde su presentación.
Cuando dimos a conocer el documento, una de las primeras decisiones que tomamos en el Ministerio fue arrancar con un texto que nos permitiera establecer el marco de las negociaciones con aquellas cuestiones que histórica y reiteradamente los propios docentes nos habían trasladado como importantes que mejorar o resolver. Digo esto porque la prioridad no ha sido ni es marcar un calendario fijo y exacto. Es más importante, creo, que tengamos esa capacidad de escucha activa, diálogo con todas las partes (profesorado, administraciones educativas, las organizaciones sindicales…); una flexibilidad para dialogar con las partes implicadas y vamos a empezar esa segunda fase ahora que hemos recogido un número importante aportaciones de todas las partes interesadas. Nos gustaría que en escasas semanas podamos juntarnos con un documentos más cerrado y que parta de las cuestiones básicas en las que estamos viendo que puede haber consenso. Lo más importante es continuar trabajando con aquello en lo que hay mayor posibilidad de llegar a acuerdos y consensos importantes. Hay importantes visos de acuerdo.
¿En qué cuestiones hay ese acuerdo?
Estamos ahora mismo recabando las aportaciones de las organizaciones sindicales, CCAA… Hay cierto consenso en que hay cuestiones en las que se podría mejorar, como la formación inicial. Pero por respeto a los interlocutores, lo queremos llevar de primera mano a las diferentes mesas.
Los sindicatos echaban en falta más concreción en el documento en lo relativo a la profesión docente. ¿Por qué el ministerio no se metió algo más en esa piscina y en qué dirección podrían ir las cosas?
Por parte del Ministerio no ha habido ninguna huída. No es cuestión de un mandato de la propia Lomloe. Pero es verdad que a la hora de plantear este documento de reforma de la profesión docente, nos pareció más oportuno no bajar tanto a la concreción sino marcar, como te decía, el perímetro de los temas que debatir y de esa manera abrir a que todos los agentes implicados pudieran plantear cuestiones para, en semanas, poder sentarnos con distintas concreciones.
Yo soy respetuosa con las decisiones u opiniones de los sindicatos o las CCAA, pero creo que todos los que estamos en este mundo educativo sabemos que frente a cualquier tipo de novedad, las opiniones son plurales y divergentes. Por eso, ya que hablamos de una reforma que lleva esperando 40 años, entendíamos que la mejor manera no era empezar planteando un debate cerrado. Quisimos hacerlo de otra manera. Y nos sentaremos con las partes implicadas con cuestiones más concretas.
¿Cuál es el objeto del documento? ¿Qué nos gustaría? Ojalá seamos capaces, a través del diálogo y los puntos de encuentro, de llegar a ese ansiado Estatuto de la Función Docente. La puerta se ha abierto y ojalá, de abajo arriba, podamos llegar a ese Estatuto. Ese es el objetivo. Como decía al principio, no hay un plazo claro y determinado para llegar porque hay que hacer un camino, poco a poco, y escuchando y hablando mucho que es lo que nos mejora también.
“El compromiso con la reducción de la temporalidad es un interés del Ministerio y de las administraciones educativas»
Hablando de profesorado, uno de los temas complicados es el de las oposiciones y el cambio del sistema. Los sindicatos no han visto con buenos ojos la separación de las pruebas, que puede impedir que una misma persona se presente a plazas de reposición o de estabilización…
El primer objetivo que teníamos, o uno de los objetivos más importantes era reducir uno de nuestros principales males, la temporalidad. Esas tasas de reposición 0, esos recortes presupuestarios del Gobierno del PP, con la situación de pandemia que hemos vivido, nos han llevado a unas cifras de temporalidad en el sistema educativo no universitario entre el 23 y 24 %. Teníamos, además, sentencias europeas que nos empujaban en esta dirección también, por lo que el objetivo era reducir al 8 %. Se aprobó una ley en diciembre pasado, en el Parlamento, y teníamos que aplicarla en el terreno de la docencia.
Hay dos planteamientos, por un lado los interinos que tiene plaza previa al 1 de enero de 2016. Es el caso de quienes tienen que pasar el concurso de méritos. Y una fase de concurso oposición para las fechas posteriores. El Consejo de Estado nos hizo una observación esencial en la que determina que las plazas de reposición: personas que se jubilan, personas que van a otro puesto y dejan la plaza, tenían que ser cubiertas a través de concurso oposición y no de uno de méritos. Fue un observación esencial y nosotros la recogimos. Lo que se aprobó en el Consejo de Ministros atiende, por un lado, a esos interinos que llevan más tiempo, que podrán consolidar su plaza en el concurso de méritos y el resto podrán participar en un concurso oposición, en el que, como sabes, se han cambiado diferentes cuestiones. En cualquier caso debemos ir hacia esa necesaria estabilización que, te diré, es una reclamación importante, histórica y, a mí, es uno de los temas que más me han planteado cuando voy a zonas rurales: la grandísima movilidad que tienen los docentes. Creo que con estas pruebas, que se desarrollarán hasta 2024, vamos a conseguir esa reducción de la temporalidad. Y eso redundará en la mejora de las condiciones laborales y, por tanto, en una mejora del sistema educativo.
El hecho de que las CCAA hayan planteado la convocatoria de este año con el sistema previo al negociado con los sindicatos, deja en dos convocatorias la posibilidad de bajar la interinidad al 8 %. ¿Va a dar tiempo?
No tengas ninguna duda de que, si hay interesadas en que se hagan, estas son las administraciones autonómicas. La prueba de concurso de méritos la tienen que hacer de aquí al 24. Hay un interés general, no solo por parte del Ministerio. El compromiso con la reducción de la temporalidad en el sector educativo es un interés del Ministerio y de las administraciones educativas.
Me alegra su optimismo…
Bueno, creo que compartimos el objetivo, el objeto de mejorar la educacion. Y mejorar la educación en nuestro país depende de muchos factores y uno de ellos es seguir mejorando o mejorar también las condiciones laborales de nuestros profesores y profesoras. Es una de las principales premisas. Mejorar nuestro sistema educativo también pasa por mejorar los recursos y medios que tenemos a disposición. Y el mejor recurso que tenemos a nuestra disposición son nuestros profesores. Cuanto más capaces seamos de mejorar su proyección laboral, mucho mejor para todos.
PGA
Y hablando de condiciones de trabajo, hay que preguntar por las ratios. Decías en una entrevista que te parecía más interesante no hacer una bajada de ratios lineal sino viendo en dónde tenía más impacto…
No es un tema sencillo ni que tenga una respuesta única. Todo el mundo apostaría por tener menos alumnos por aula, empezando por el profesorado que, a veces, lo tiene muy difícil y hay que reconocerlo. Pero, debemos partir siempre de un planteamiento: las ratios deben estar al servicio de los objetivos y los procesos educativos. Así, el número de alumnos que tengamos dentro de un aula deberá ser el adecuado a la actividad educativa que se realice.
Te pongo un ejemplo: no hace mucho, visité un centro público, el IES Julio Verne en Leganés (Madrid), en el que profesores de distintas especialidades tenían un proyecto educativo en el que juntaban varios grupos de alumnos en un mismo espacio. Así el aula podía alojar a 60 o 90 alumnos a la vez durante dos horas, no una vez, sino muchas. Pero la ratio no se medía por curso, sino por profesor, que trabajaban de forma cooperativa en la misma aula. Y todo el mundo valoraba la experiencia de forma enormemente positiva.
Por tanto, la ratio ideal debe ser aquella que mejor facilite el aprendizaje de nuestros alumnos, siempre, claro está dentro de los límites que nos podamos permitir. Pero debe posibilitar la atención a la diversidad, la inclusión, la socialización y la buena gestión de las aulas.
Dicho esto, en los últimos años las ratios se han ido reduciendo y ahora mismo tenemos unos niveles homologables a los de la OCDE, más bajos aún si nos referimos a la ratio por profesor. Y se ha hecho un esfuerzo enorme durante la pandemia, que sería bueno mantener en lo posible.
En la regulación de los requisitos mínimos de los centros se establecen ratios por grupo según las etapas educativas. Pero sabemos que en la práctica hay otras fórmulas para calcular qué es lo mejor. Por poner otro ejemplo: adaptarlas a las características de las áreas o materias. Suele ponerse el ejemplo del inglés, asignatura en la que son frecuentes los desdoblamientos de los grupos. Pero eso no podía ponerse en una Ley y por eso siempre se ha optado por la fórmula de ratio por grupo y nivel, dando a las comunidades autónomas la flexibilidad necesaria para adaptarla a sus diseños curriculares y organizativos. Desde luego, aquí entran también las medidas de refuerzo de personal que debieran tener los llamados “centros de difícil desempeño”.
Y, por último, una vez más, basémonos en la confianza en los docentes: Demos autonomía al profesorado para organizar sus grupos y su trabajo cooperativo, dentro de los límites que los espacios y los recursos permitan. Y debemos seguir esforzándonos en la mejora de esos recursos y su formación.
El aprendizaje por competencias en absoluto desprecia la memoria, ni la memorización
¿Esto lo puede regular el Ministerio, una norma estatal que marque que centros con determinadas circunstancias pueden bajar ratios en ellos?
Más que hacer una normativa estatal, tendríamos que llegar a un acuerdo generalizado con las CCAA. Al final tienen la competencia. Yo soy respetuosa y estoy convencida, después de lo vivido estos dos años, que los territorios estarían en disposición de hacer un debate en esta línea.
Cambiando el tercio… en unos meses empieza la Lomloe a dar los primeros pasos. Ya tenía bastante polémica a sus espaldas, con un porcentaje de docentes que no les gusta y hace unos días con un manifiesto firmado por intelectuales. Parece que uno de los problemas importantes siempre es el de las comptencias vs- contenido.
Es que no es una antítesis, no son antónimos el aprendizaje por competencias y el memorístico, que parecieran campos ajenos. El aprendizaje por competencias en absoluto desprecia la memoria, ni la memorización.
Ayer tuve una reunión con el secretario general de la OCDE y con el padre del informe PISA, Andreas Schleicher. Ambos me trasladaron la satisfacción que hay en la OCDE por la reforma educativa aprobada en España y que lo que estamos empezando a poner en marcha es lo que otros países europeos habían y están desplegando; y las consecuencias han sido positivas objetivamente.
Toda reforma conlleva un debate acalorado, históricamente. Esto, per se, no es negativo, ahora bien, respondiendo a lo del manifiesto, respeto todas las opiniones, en este caso, conservadoras. Pero si las propuestas para mejorar la educación de mi país son no hacer nada o buscar siempre soluciones en el pasado, creo que no es el camino. En la educación creo que hay que remar al futuro; fijarnos en y hacer nuestras alternativas que otros países europeos están desarrollando y que les están funcionando bien; hacer nuestras las recomendaciones de organismos internacionales, que es lo que hemos hecho en esta ley, y, en definitiva, poner todos los medios para mejorar nuestro sistema educativo de nuestro país.
El camino de la mejora de la educación no es no hacer nada o buscar soluciones en el pasado
Las críticas que se han oído sobre la reforma educativa son reiterativas, no son nuevas. Algunas me llaman la atención, por ejemplo: la repetición. Hay gobiernos claramente conservadores que tienen la promoción automática, como Gran Bretaña. Al propio secretario general de la OCDE o (Andreas) Schleicher, les he hablado de este debate y les sorprendía porque en gran parte de los países de Europa la promoción, el paso de curso es universal en la etapa obligatoria. En la mayor parte de los países europeos. Respeto todas las opiniones, pero tengo claro que para mejorar la educación de mi país hace falta remar hacia delante y no buscar, siempre, fórmulas que nos llevan siempre a un pasado que creo que no nos llevan a ninguna parte.
Como ministra tiene el papel de confiar en que las CCAA van a implantar la ley sin más dificultad, aunque hay pruebas de que en algunas pasa lo contrario…
El ruido… No, las pruebas, no, el ruido y la puesta en escena nos dicen lo contrario. Digo esto porque cuando rascas y lees los decretos que aprueban esas CCAA que tienen mayor interés en criticar, a veces exageradamente, la reforma educativa, son prácticamente análogos a lo que ha aprobado el Ministerio de Educación.
Pensaba en Murcia, también en Madrid, como los dos baluartes más complicados. ¿Seguirá habiendo este ruido a partir de septiembre? ¿Le tocará al Ministerio tener que reconvenir a las comunidades?
Una cosa es el debate acalorado o la puesta en escena y otra cosa es qué nos hemos encontrado. Desde la crítica a lo que se publica no es tan divergente. No deja de ser curioso que hagas una crítica pero lo que queda es lo que legislas y lo que trasladas a los boletines. Y si uno se toma la molestia de leer los documentos que se aprueban, se da cuenta de que no colisionan con las del Ministerio. Evidentemente, si hubiese alguna cuestión que colisiona con la ley de educación, hay unos mecanismos de trabajo, de respuesta entre ministerio y comunidades. La mayoría de casos se resuelven a través de conversaciones o solicitudes de información. Mecanismos muy bien engrasados. Cuando hay alguna duda lo trasladamos y vemos si se puede o no hacer. Espero que a partir de septiembre, que empezamos con los nuevos currículos, el curso funcione con normalidad y que, además, será así, creo, porque tenemos unos magníficos docentes.
Sé que los cambios en las leyes educativas conllevan más trabajo para ellos, pero lo decía al principio, el trabajo que hacen y han hecho en la pandemia nos lleva a sentir un profundo orgullo por ellos. Junto a los sanitarios, su trabajo es el que más y mejor nos permite tener cohesión social.
En gran parte de los países de Europa la promoción, el paso de curso es universal en la etapa obligatoria
En relación a este esfuerzo docente a partir de septiembre, pienso en quienes no tengan claro lo del enfoque competencial. No sé si habrá un esfuerzo formativo en este sentido.
Hombre, creo que una de las cuestiones más importantes, de cara a septiembre y como parte importante dentro del objetivo de mejora de la profesión docente, es esa formación permanente. No solo pensando en esta forma de enseñar por competencias, sino porque es una necesidad. Por ejemplo, con la digitalización a la que nos hemos visto obligadas este tiempo, desde 2020, ahora con los cambios de la formación por competencias…
Un número importante de docentes en nuestro país ya enseña por competencias. Faltaba, creo, explicarlo en una ley educativa. En las múltiples visitas que hago a los territorios te diré que he hablado con muchos profesores y curiosamente veían favorable que se recogiera el aprendizaje por competencias y te decían que es lo que llevan mucho tiempo haciendo, quizá, llamándolo de otra manera.
Aunque no sea parte de la pregunta, este objetivo de mejora de la profesión docente, ¿cómo te diría?, no queremos mejorar al docente; tenemos unos magníficos docentes de los que me siento profundamente orgullosa; queremos mejorar la docencia, con ellos, porque son quienes nos han trasladado la necesidad de dar una vuelta a las metodologías, al aprendizaje digital… en ese camino, en ese reto, estamos muy ilusionados y volcados. En el centro del sistema, por supuesto, están los chavales y, en la misma línea, están los docentes.
Fuente e Imagen: https://eldiariodelaeducacion.com/2022/05/16/pilar-alegria-junto-al-de-los-sanitarios-el-trabajo-de-los-docentes-es-el-que-mas-nos-permite-tener-cohesion-social/
La capital catalana acoge estos días la tercera Conferencia Mundial de Educación Superior (WHEC2022) de Unesco con el objetivo de «remodelar las ideas y prácticas en la educación superior para garantizar el desarrollo sostenible para el planeta y la humanidad». La Internacional de la Educación, de la mano de CCOO exigen hablar, entre otros temas, de las condiciones laborales de PDI (personal docente e investigador) y PAS.
El empeoramiento de las condiciones laborales del personal docente e investigador, también del de administración y servicios, no es ninguna novedad desde hace algunos años. Numerosas han sido las informaciones desde, sobre todo 2010, que han dado la voz de alarma sobre salarios irrisorios y condiciones draconianas para el personal que da clase e investiga en las universidades españolas.
Se trata de una situación que no afecta, ni de cerca, solamente a España, sino que es una tendencia bastante extendida en otros países, de nuestro entorno cercano, pero no solo. También en América Latina la situación del profesorado universitario es precaria. Entre otros motivos, por la privatización de este sector educativo. La región sudamericana es, en el mundo, la que mayor tasa de privatización de universidades tiene. Al menos, así lo ha asegurado Yamile Socolovsky, responsable de Educación Superior e Investigación de la IE en América Latina (IEAL).
Tanto ella como David Edwards, secretario general de la Internacional de la Educación (IE) y Encina González, secretaria de Universidad e Investigación de FECCOO Estatal han celebrado esta mañana una rueda de prensa en Barcelona en el marco de la celebración de la Conferencia Mundial de Educación Superior de Unesco. El motivo, señalar algunos de los problemas más importantes de la educación superior que, según han comentado, parece que quedarán fuera deprograma de la Conferencia.
Problemas
Los problemas de la universidad, desde el punto de las centrales sindicales, se encuentran principalmente en la pérdida de condiciones dignas de trabajo en el personal docente de los centros de educación superior. La precarización de este sector supone, como explicó González, que en España no sea hasta los 45 años que alguien ve estabilizada su carrera profesional en la universidad. Esta es la razón de que sea complicado que la educación superior atraiga a personas jóvenes que hagan el relevo necesario.
Salarios bajos y concatenación de contratos temporales que, como explicaron tanto González como Edwards afecta principalmente a las mujeres, que se llevan la peor parte. Como comentó la responsable de CCOO, además de esto, ellas publican sus investigaciones en revistas más prestigiosas que ellos pero tienen menos citas (cosa que impacta también en sus condiciones de trabajo).
La mercantilización es otro de los problemas que han señalado los tres líderes sindicales. Uno de sus puntos importantes está relacionado con los requisitos, tanto en España como en buena parte del mundo, de que el personal docente e investigador, realice publicaciones en revistas prestigiosas e indexadas. Algo que repercute en sus condiciones salariales. Esta circunstancia supone que, explicó Socolovsky, que unas pocas editoriales de estas mismas revistas reciban importantes cantidades de dinero público que se paga para que este personal pueda publicar el resultado de sus investigaciones. En muchos casos, además, estas mismas editoriales cobran importantes sumas de dinero para permitir que otras y otros investigadores puedan leer estos mismos artículos.
Además de esta situación con las revistas indexadas, la situación de la pandemia y el cierre de centros universitarios durante varios meses en todo el mundo obligó a lo que en su momento el ministros Castells llamó enseñanza híbrida, es decir, a que las universidades rápidamente intentaran responder a esta situación a través de la digitalización de sus cursos. Una digitalización acelerada que, como denuncian los sindicatos, ha supuesto que muchas empresas tecnológicas hayan aprovechado para hacerse con parte de un nicho de mercado que mueve muchos millones de euros anualmente.
Como explicó Encina Gonzáles, la «digitalización ha consistido en poner lo mejor de cada quien sin que haya garantía de calidad de la enseñanza», a lo que se suma un sobreesfuerzo continuado durante muchos meses, una cierta exposición de la vida privada del profesorado y un empeoramiento de las condiciones de trabajo.
A esto, Edwards unió el negocio que supone «la recolección de datos a través de la huella digital del alumnado»; una huella que se produce por el uso de aplicaciones y redes privadas en vez de públicas y basadas en código abierto. Para él, los gobiernos deben proteger al alumnado y «deben ir más allá del enfoque comercial basado en datos».
Finalmente, el otro gran problema señalado por los representantes sindicales es la privatización de la universidad. Por una parte, con la proliferación de una gran cantidad de centros universitarios creados y gestionados por empresas privadas (como recordaja Yamile Socolovsky, América Latina es la región del mundo con más universidades privadas), como es el caso, como comentó Gonzáles, de Madrid y Cataluña en los últimos años.
Socolovsky sostuvo que es esencial una universidad pública «especialmente de los países de la región para superar obstáculos históricos que condicionan a nuestra población de llegar a condiciones dignas de vida».
Los tres dirigentes sindicales han exigido que estas situaciones tengan reflejo en el desarrollo de la Conferencia. Han denunciado que la agenda de este encuentro no es transparente y que no está claro qué tipo de declaración acabará publicándose una vez que termine y hasta qué punto la Unesco se verá obligada a seguirla.
Por eso han pedido tener más espacio en su desarrollo y que cuestiones relacionadas con la inversión pública o la mejora de las condiciones de trabajo (dignas y en libertad) tengan un peso importante en los debates.
LOSU
Sobre el nuevo anteproyecto de Ley Orgánica del Sistema Universitario que presentó hace unos días el ministro de Universidades, Joan Subirats, Encina González ha asegurado que todavía están valorando el texto pero que le parece «prolijo en ciertos temas y generalista en otros». Al sindicato le preocupa la financiación y el porcentaje sobre el PIB (que no se sabe si saldrá del Gobierno o de las CCAA) y que «se aleja de las medias de la UE y la OCDE».
También aseguró que queda perfilado todo lo que tiene que ver con el personal y se obvia la negociación con los representantes de los trabajadores. «No se constituye la mesa de negociación, dijo, y se deja en las CCAA la legislación».
González cree que esa posible desregulación por falta de claridad en el texto pueda suponer la creación de diferentes sistemas universitarios dependiendo de las comunidades autónomas, que no se contemple en el texto nada relativo al Estatuto del PDI o que haya poca definición en la posibilidad de que las matrículas sean gratuitas. También señala la preocupación de que el texto de la ley no haga un mayor control sobre la proliferación de universidades privadas y que, al no ser muy definida, sus desarrollos posteriores puedan suponer que se dé la vuelta al sentido del preámbulo de la ley.
Fuente e Imagen: https://eldiariodelaeducacion.com/2022/05/17/organizaciones-sindicales-reivindican-la-mejora-de-las-condiciones-laborales-en-la-universidad-durante-la-cumbre-de-unesco-en-barcelona/
Con más de 26 meses de duración, la huelga de las y los periodistas de la agencia mexicana de información Notimex es uno de los conflictos más largos de la historia sindical contemporánea de América Latina.
Se inició el 21 de febrero del 2020 y continúa. La lanzó SutNotimex (https://sutnotimex.com.mx/), el Sindicato Único de Trabajadores de Notimex, que cuenta con el apoyo activo del Sindicato Nacional de Redactores de Prensa, organización afiliada a la Federación Internacional de Periodistas (FIP) con sede en Bruselas, Bélgica.
Para esa fecha Notimex había despedido a 245 de sus 327 colaboradores. La principal reivindicación de la huelga sigue siendo la restitución del personal cesanteado y el pleno respeto al Contrato Colectivo de Trabajo.
Desde entonces, el servicio informativo “clásico” de Notimex está suspendido. La agencia reemplazó a una parte de los despedidos y recurrió a otros canales y medios sociales para tratar de mitigar el impacto de la huelga en su oferta informativa cotidiana.
SutNotimex contabiliza en la actualidad un centenar de miembros, el 90% son mujeres. “Hemos vivido dos años y dos meses muy complejos. Sin salarios y sin prestaciones sociales”, explica a este corresponsal Adriana Urrea, joven periodista y secretaria general de dicho sindicato. Urrea participó en la última semana de abril en el 4to. encuentro de la Red Sindical Internacional de Solidaridad y Lucha que se realizó en Dijon, Francia.
Adriana Urrea en la manifestación del Primero de Mayo
Aunque el Ministerio del Trabajo reconoció la legalidad de “nuestra medida de fuerza”, comenta Urrea, “hemos sufrido muchas presiones. Sectores del gobierno y ciertos medios de comunicación cercanos al poder nos han tratado de criminalizar. Esgrimen que nuestro movimiento no es legítimo”. Sin embargo, enfatiza, “hemos revertido estas acusaciones y ese intento de criminalizar nuestra lucha. Hemos modificado esa situación desfavorable, ganando una credibilidad social que no contábamos en 2020 cuando nos lanzamos a la huelga”.
Urrea ha sido acusada, a través de tres diferentes procesos judiciales, de corrupción y desvío de recursos públicos durante sus viajes de servicio en sus funciones de reportera, antes del conflicto. Fue declarada inocente en dos de los tres juicios por falta de mérito. Un tercer fallo, de abril del año en curso, la sanciona por no haber presentado comprobantes de gastos por la irrisoria suma de 120 dólares. “Es un burdo pretexto para desprestigiar nuestra lucha. Mis abogados tienen todas las pruebas en las manos y van a recurrir esta nueva embestida jurídica”, argumenta.
La acción legal tiene un objetivo claro: desprestigiar a la dirigente sindical. Algo totalmente coherente con la actitud de la dirección de Notimex, que ya en junio de 2021 propuso resolver el conflicto y respetar los salarios caídos con la única condición de que Adriana Urrea no regresara a su puesto de trabajo. “Las afiliadas y afiliados no aceptaron esta propuesta. Rechazaron la falta de respeto de la empresa tanto a la libertad sindical como a la persona que les representa”, explica la dirigente.
Al momento del balance de este conflicto siempre en marcha, la dirigente subraya con emoción la presencia mayoritaria de mujeres. “Protagonizamos una lucha larguísima con compañeras que no aceptan levantar la huelga porque sienten que sería una claudicación”. Y que se juegan por el sindicato que recuperaron de las manos de una burocracia inoperante y que lograron reconstruir.
Urrea reivindica también la enorme legitimidad nacional e internacional: “Amplios sectores gremiales y de la sociedad civil mexicana hoy nos apoyan activamente, nos reconocen y adhieren a nuestras demandas. Al igual que organizaciones del mundo entero. Esta es ya una gran victoria de nuestro combate sindical”.
Otra lucha, las mismas armas
A casi 4.500 kilómetros al sur de México, en diciembre pasado estalló un frontal conflicto sindical en pleno corazón del Perú andino. Sus protagonistas: los trabajadores de la mina de Andaychagua, en el departamento de Junín (44 mil kilómetros cuadrados). Exigen a la Volcan Compañía Minera, propiedad de la multinacional suiza Glencore, la firma de un Convenio Colectivo de Trabajo.
A pesar de que las autoridades peruanas ya habían reconocido la legitimidad de las demandas sindicales, ante el rechazo empresarial de negociar dicho acuerdo, el 20 de diciembre del año pasado el Sindicato de Trabajadores Mineros Metalúrgicos de Andaychagua convocó a la huelga. Luego de más de 60 días de conflicto, el Gobierno peruano exigió a la filial de Glencore que se sentara a negociar. La empresa rechazó la decisión oficial y optó por apelar ante la justicia, recurriendo a diversos pretextos formales.
“Una de las posibles causas de fondo por la cual la Volcan no aceptaría la negociación es la decisión del sindicato de ampliar el ámbito de afiliación a los trabajadores tercerizados”, explica en entrevista exclusiva Gianina Echevarría, asesora sindical y miembro de Programa Laboral de Desarrollo (PLADES), institución especializada en la problemática laboral en Perú y América Latina (http://www.plades.org.pe/).
La mina de Andaychagua, que se dedica especialmente a la extracción de plata y zinc, cuenta con aproximadamente 400 trabajadores directos (de planta) incluyendo el staff administrativo. Otros 1.100 son trabajadores de empresas subsidiarias o contratistas de la Volcan, por lo cual no gozan de los mismos derechos que los trabajadores directos. Sus contratos temporales pueden no ser renovados sin obligar a la Volcan a pagar indemnizaciones y derechos sociales.
Echevarría visitó recientemente Suiza invitada por organizaciones helvéticas para la celebración del 1 de mayo y para participar en varios eventos informativos sobre la situación sindical en su país. “Otro nivel de tensión, detonante de la huelga”, explica, “fue la oposición de la patronal de Volcan a firmar una Convención Colectiva con el sindicato. Éste propuso en julio de 2021 un pliego de peticiones que la filial de la Glencore rechazó negociar”.
Según esta asesora sindical, que representa también en Perú a la organización CNV Internacional –de los Países Bajos–, “las condiciones de trabajo de los trabajadores tercerizados son, muchas veces, peores que las de los empleados directos”. Laboran a cientos de metros bajo tierra, en espacios mal ventilados, con temperaturas muy altas y sin equipos de seguridad adecuados.
Desde el comienzo de la pandemia, la situación de los mineros se deterioró aún más. Esta situación impulsó al sindicado en su reunión de diciembre de 2020 a modificar sus estatutos, con el fin de autorizar la afiliación de sus colegas tercerizados. La oficina regional de trabajo aprobó este cambio, pero la filial de Glencore presentó un recurso para invalidarlo. Las autoridades rechazaron dicho recurso. La empresa entonces tomó represalias contra el sindicato y multiplicó los obstáculos jurídicos formales para no negociar con su contraparte sindical.
El respeto a los convenios y a la negociación colectiva es un derecho universal reconocido por la Organización Internacional del Trabajo y un instrumento esencial para los trabajadores. Sin embargo, dicho derecho produce irritación en amplios sectores patronales. La huelga sigue siendo en algunos países latinoamericanos, un arma esencial del combate sindical.
Miles de trabajadores recurren a esta medida de lucha. Paros que exigen grandes sacrificios personales de parte de sus protagonistas. Sin embargo, estas-os ven que sus reivindicaciones y luchas gozan de buena salud, recogen un apoyo social significativo y, muchas veces, incluso, su compromiso ejemplar despierta y moviliza a la solidaridad internacional.
*Artículo en homenaje a Victorio Paulón, amigo-hermano, compañero expreso político de la cárcel argentina de Coronda durante la última dictadura, destacado militante sindical argentino, fallecido el 5 de mayo del 2022 en Rosario, Santa Fe, Argentina.
América del Sur/Chile/06-05-2022/Autor(a) y Fuente: www.colegiodeprofesores.cl
Después de esperar más de tres semanas para concretar los compromisos logrados con la Corporación Municipal Gabriel González Videla, las y los profesores del Comunal La Serena iniciaron hoy un Paro de advertencia que les permita materializar avances en temas como Seguridad, Violencia Escolar, problemas de Infraestructura, salud mental, y recuperar la imputación del tiempo de colación a horas laborales.
El presidente del comunal La Serena, Daniel Aguilera, señala: «Nosotros hemos llegado a acuerdo firmados con el empleador la Corporación Municipal Gabriel González Videla, compromisos que no se han cumplido y es por ello que hemos definido una movilización de advertencia que se inició hoy. También estamos pidiendo al ministerio de Educación que regularice el tema de la deuda previsional, que alcanza cerca de $5.300 millones. Al respecto sólo señalar que el año pasado se logró que el ministerio liberara la subvención retenida y ese proceso se ha visto entrampado por temas administrativos tanto del empleador como del Ministerio».
El dirigente comunal también destacó que el cuerpo docente de La Serena está molesto debido a que han visto con mucha sorpresa que no existe una preocupación real por lo profesores en este retorno escolar 2022, y ello se ha visto reflejado en la Flexibilidad horaria para los y las docentes cuyos establecimientos se encuentran adherido a la reducción de la JEC, concluyendo que “se nos comprometió una reunión pocos días después de firmado los acuerdos, y a 3 semanas esto aún no ha sido efectivo”.
Fuente e Imagen: https://www.colegiodeprofesores.cl/2022/05/05/la-serena-mas-de-30-establecimientos-en-paro-de-advertencia-para-lograr-que-se-concreten-compromisos-que-fueron-firmados-con-las-autoridades-educativas/
América del Sur/Ecuador/06-05-2022/Autor(a) y Fuente: www.telesurtv.net
La UNE inició la huelga junto a 14 profesores, estudiantes, madres y padres de familias en Quito.
La Unión Nacional de Ecuador (UNE) instala una huelga de hambre frente a la Corte Constitucional del país para reclamar la equiparación salarial y expresar su rechazo al veto del presidente Guillermo Lasso a la Ley de Educación Intercultural Bilingüe (LOEI).
“La decisión del Gobierno de Guillermo Lasso, de vetar las reformas a la Ley de Educación Intercultural Bilingüe (LOEI), dio pie a la reacción inmediata a nivel nacional de la Unión Nacional de Educadores que resolvió iniciar este 3 de mayo una Huelga de Hambre, como medida de presión para exigir que los derechos de los docentes sean respetados”, indicó el colectivo.
La UNE inició la huelga junto a 14 profesores, estudiantes, madres y padres de familias en Quito, mientras que en la ciudad de Guayaquil 16 huelguistas se reunieron en la Plaza de San Francisco.
La organización reclama el cumplimiento de las reformas a la LOEI, y la no injerencia del Ejecutivo ecuatoriano; así como la equiparación salarial “que es parte justamente de la defensa de la educación pública”, de acuerdo al reclamo de la UNE.
De igual manera, representantes de gremios estudiantiles se sumaron a la huelga y denunciaron la represión ejercida por las fuerzas policiales. Asimismo, en Guayaquil también representantes del sector educativo protagonizan la huelga de hambre.
La presidenta de la UNE, Isabel Vargas, subrayó que “aquí estamos y aquí nos vamos a quedar hasta que la Corte Constitucional resuelva, se equiparen, y se reparen los derechos del Magisterio” tras el veto total del mandatario, Guillermo Lasso, a la LOEI, aprobada en la Asamblea Nacional.
Por su parte, el Frente Unitario de Trabajadores expresó su respaldo “al magisterio que lucha en defensa de la educación pública, y que ha sostenido durante toda la pandemia de la Covid-19 con sus propios recursos el sistema educativo”.
Fuente e Imagen: https://www.telesurtv.net/news/educadores-ecuatorianos-inician-huelga-hambre-derechos-20220503-0037.html
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