Por: Revista innovamos/Tomás Loyola Barberis/21-07-20017
El informe La privatización educativa en América Latina: una cartografía de políticas, tendencias y trayectorias, firmado por Antoni Verger, Mauro Moschetti y Clara Fontdevila de la Universitat Autònoma de Barcelona, y presentado por la Internacional de la Educación (IE), hace un repaso, en primer lugar, del fenómeno privatizador en las últimas dos décadas, especialmente, y de los distintos factores que han generado dicha ola en cada uno de los países, las cuales suelen tener un punto en común: son de carácter estructural, es decir, fomentadas activamente por el Estado, o porque este ha asumido una actitud pasiva ante diversas circunstancias.
“América Latina destaca no solo por tener la tasa de escolarización primaria privada más elevada del mundo, sino por ser además aquella en la que el crecimiento de la oferta privada ha sido más sostenido”, explica el informe nada más comenzar su lectura. Tanto en Primaria como en Secundaria, los países latinoamericanos se sitúan a la cabeza de las regiones con mayor participación privada. En Primaria comparten lo más alto del ranking con los Estados de América del Norte y Europa Occidental, así como con los del África Subsahariana. En el nivel secundario, en tanto, repiten las mismas regiones, a las que se suman los países de Asia Oriental y Pacífico.
Vías de privatización
Los autores del informe han determinado que los procesos de privatización pueden tener diversas características. Así, por ejemplo, se mencionan procesos de carácter estructural, es decir, aquellos que implican “una redefinición drástica del rol del Estado en materia educativa (transitando de un rol de proveedor de educación a un rol de regulador, financiador y evaluador del sistema educativo)”.
Chile, desde los años ochenta, representa uno de los casos más emblemáticos de este tipo de privatización. Fue entonces cuando se adoptó un “sistema de financiamiento per cápita con el fin de fomentar la libre elección escolar y la competición entre escuelas”, lo que se realizó a través de un sistema “por el cual el Estado transfiere a las escuelas una suma fija por cada alumno matriculado, independientemente de la titularidad del centro (público o privado)”, afirma el estudio.
Si a esto se suma un importante proceso de descentralización educativa, transfiriendo competencias al ámbito municipal, el resultado es uno de los sistemas privatizadores más consolidados e institucionalizados, que hace muy complicada su reversión, “condicionando fuertemente cualquier intento de reforma o modificación”, incluso desde los gobiernos de izquierda que prácticamente han dominado la situación política desde 1990.
Brasil y Colombia
Dentro de América Latina, los procesos de privatización no han sido homogéneos ni en la forma ni en el período temporal. De hecho, el informe hace referencia a una privatización a distintas velocidades. “En países como Colombia o Brasil, la privatización educativa es el resultado del efecto acumulativo de una serie de cambios graduales, típicamente adoptados a nivel sub-nacional y, en cierta manera, desconectados los unos de los otros”, sostienen sus autores. Así, en el caso de Colombia, se han llevado a cabo numerosas experiencias de alianzas entre el sector público y el privado, situación que se ha visto empujada por la normativa vigente y por la falta de recursos del sector público, una condición casi endémica.
En Brasil, en tanto, el auge del sector privado se ha visto favorecido por los altos niveles de descentralización administrativa “en aquellos estados y municipios con menos capacidad de inversión en educación y/o gobernados por fuerzas políticamente afines a una agenda privatizadora”. Además, el caso brasileño se ha visto favorecido por una clase media emergente y por “iniciativas federales que incentivan la provisión y consumo de educación privada, así como por la influencia ejercida por redes filantrópicas y de emprendedores educativos”, según explican Verger, Moschetti y Fontdevila.
Pasividad del Estado
El informe de la Internacional de Educación alerta de que el crecimiento del sector privado en determinados países se podría explicar “por la pasividad o limitada capacidad de respuesta del Estado ante una creciente demanda educativa”. Razones puede haber varias: falta de recursos, una mala gestión, desastres naturales o, incluso, una cooperación con el sector privado.
En Perú, República Dominicana y Jamaica, “el establecimiento de escuelas privadas de bajo costo ha sido un fenómeno eminentemente urbano, típicamente vinculado a procesos de rápido crecimiento demográfico en un contexto de falta de inversión educativa estatal”. En algunos casos, el crecimiento de este tipo de oferta ha sido alentado por el Estado mediante la liberalización del sector educativo o, directamente, a través de subvenciones públicas.
En otros casos, como ocurre en Argentina y República Dominicana, el aumento de la educación privada responde a una relación de cooperación estable entre la Iglesia y el Estado, que ha ayudado a muchos gobiernos a ampliar la cobertura educativa sin un aumento importante de los costes de gestión y mantenimiento.
Pero no solo la pasividad de los Estados ha intervenido en este auge. La existencia de largos conflictos armados, la inestabilidad política y los desastres naturales han tenido parte de responsabilidad, especialmente en ciertas zonas más empobrecidas. Estas “constituyen un terreno fértil para la adopción de reformas educativas drásticas que en situación de normalidad encontrarían más dificultades para prosperar”, como ha ocurrido en El Salvador, Nicaragua, Guatemala, Honduras y Haití, argumenta el informe de la IE. Y añaden que “en todos estos casos, la influencia de organismos internacionales ha sido notable y ha dificultado la articulación de una fuerza de oposición a las dinámicas de privatización”.
Estados de excepción
En contra de la tendencia general, la matrícula privada ha ido a la baja en algunos países. Bolivia ha experimentado un estancamiento y ligero retroceso en las últimas décadas. Este cambio se explica por variaciones “en las dinámicas de oferta y demanda educativa”, según el documento. “Destaca así la limitada rentabilidad de la provisión privada en un contexto de una creciente regulación del sector educativo privado, junto con una cierta pérdida de la ventaja comparativa de este sector frente a la creciente inversión educativa y modernización del sector público”, añaden sus autores.
Uruguay, en tanto, ha tenido históricamente un desarrollo muy limitado del sector privado. “No obstante, en los últimos años, se detecta un giro en el plano discursivo y una incipiente cooperación público-privada en forma de iniciativas experimentales, o de propuestas legislativas tendientes a favorecer dicha cooperación, que han acabado permeando en casi todo el espectro político”.
A modo de conclusión, dice el informe, no existe una relación clara y directa en América Latina “entre expansión educativa e incremento de la escolarización privada. Por lo tanto, es de esperar que existan otras variables de corte institucional y/o relacionadas con la economía política de cada país que intervengan de manera determinante en los procesos de privatización”.
Es importante, eso sí, comprender el impacto de esta situación sobre las organizaciones docentes. “Estas políticas alteran la capacidad de influencia de los sindicatos, implican frecuentemente un descenso en su membresía y recursos y, sobre todo, limitan considerablemente el acceso de estas organizaciones a los procesos de reforma política”, sostienen sus autores. En ese sentido, “si bien las reformas privatizadoras suponen un claro reto a la organización colectiva y a las condiciones laborales del profesorado, ante tales reformas, las organizaciones docentes tienen la oportunidad de recuperar la legitimidad y la centralidad en el debate público si se reposicionan como garantes de la calidad y la equidad de la educación pública”.
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