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El Salvador profundo

Recientemente, estuve en una visita de trabajo (para una investigación que realizo con mis estudiantes de Maestría en Métodos y Técnicas de Investigación de la Universidad de El Salvador) en el norte del Departamento de Morazán, en concreto en el Caserío El Trueno, en el Municipio de Torola. Era la segunda vez que visitaba Torola; la primera vez fue allá por 1995-96 cuando –recién terminada la guerra civil (1981-1992)— Miguel Ventura me pidió que lo apoyara en un proceso de formación política para las comunidades del norte de Morazán. Accedí a dar el apoyo que me solicitaba Miguel Ventura, consciente de que ese departamento había sido –en su zona norte— uno de los principales teatros de la guerra civil, con todas las secuelas de destrucción, abandono y dolor que ello había supuesto para sus pobladores. En la UCA, en donde yo trabajaba en ese entonces, imperaba el compromiso –un legado de los jesuitas asesinados en 1989— de proyectar el quehacer universitario (y de tener presencia universitaria) entre los sectores sociales populares. Contaba, pues, con el aval de mi jefe –el P. Rodolfo Cardenal— para insertarme, como profesor, en ese proceso de educación popular.

Antes de 1995-96 ya había visitado Morazán: primero San Francisco Gotera, en 1986[1]; y luego, poco después de firmados los Acuerdo de Paz (1992), Perquín, Sabanetas y el Zancudo. En esas ocasiones, apenas pude conocer las dinámicas de vida de este departamento. Después de mi experiencia en Torola –en donde di una charla de análisis político a pobladores que, durante la guerra, habían permanecido en el campo de refugiados de Colomoncagua (Honduras)— mis viajes al norte de Morazán se hicieron frecuentes, prácticamente hasta que dejé la UCA, en 2008. En coordinación con la Fundación Segundo Montes, en ese tiempo bajo la dirección de Miguel Ventura, organizamos jornadas de formación socio política que me permitieron tener contacto con pobladores de, entre otros lugares, Perquín, Torola, San Fernando, Arambala, Jocoaitique y Cacaopera.

Otro El Salvador se abrió a mis ojos. Gentes que habían vivido y seguían viviendo en el abandono, pero que no habían perdido las ganas de vivir y de esforzarse por salir adelante con lo poco (extremadamente poco) que tenían. Gentes que acogían agradecida, en sus humildes hogares, a alguien que –como yo— llegaba a hablarles de democracia, derechos humanos, participación, sociedad civil y temas equivalentes.

En esos años inmediatos al fin de la guerra de la guerra civil, a este otro El Salvador también pertenecían las gentes del nororiente de Chalatenango (Guarjila, Los Ranchos, San José Las Flores, Aracatao, Las Vueltas) que habían vivido los embates de la guerra, la represión militar y el exilio, en su caso, al campo de refugiados de Mesa Grande (Honduras). Y, actualmente, a este otro El Salvador pertenecen las gentes que, con su pobreza a cuestas, sobreviven en los distintos rincones olvidados y marginados de este país, especialmente en sus zonas rurales y costeras.

No soy ingenuo ni tampoco ciego: El Salvador profundo está marcado por la pobreza, el abandono y la precariedad. Pese a ello, lo que encontré en el caserío El Trueno, después de casi 30 años de haber estado en la zona por primera vez, me impactó por lo mucho del parecido con lo que vi en 1995-1996: una precariedad, abandono y pobreza tales que era como si el tiempo se hubiera detenido. Me las vi con una injusticia social arraigada quizás desde siempre; una injusticia social que ha marcado la vida de bisabuelos, abuelos, padres, hijos y nietos desde tiempos inmemoriales. Una injusticia social que marca la vida de los niños y jóvenes de las comunidades que habitan la zona y que, ahora como en el pasado, no es motivo de preocupación para las autoridades del Estado.

El retroceso en el tiempo que experimenté se vio reforzado por algo que percibí en 1995-96 y sigue estando presente en 2024: la calidez, cordialidad, fraternidad y capacidad de compartir de las gentes de Torola (y que se puede extender, creo yo, a todo el norte de Morazán). También me llamó la atención, al igual que en 1995-96, las ganas de aprender de estas personas, su escucha atenta y su disposición a apoyar, disciplinadamente, aquello que les ayude a mejorar su vida o a conocer mejor sus problemas.

Mientras caminaba desde el centro de reuniones del colectivo de mujeres (la casa de lámina de una lidereza puesta a disposición de la comunidad) hasta el lugar en donde esperaba el vehículo que movería al grupo de estudiantes hacia San Salvador y Santa Ana, no dejaba de pensar en la dura realidad social que me rodeaba. Las dos horas y pico caminando cuesta arriba fueron favorables para darle vuelta a las ideas; no podía dejar de decirme: “este es El Salvador profundo”. Y aquello que decía Monseñor Romero de que “con este pueblo no cuesta ser buen pastor” se me imponía al recordar los tamales pisques que, con esfuerzo y usando lo poco que tienen, nos habían preparado o en las tortillas de maíz nuevo que me regalaron para que me trajera a casa.

Definitivamente, elijo a este El Salvador como mi país. No el país de ficción, grato para quienes han perdido el sentido de realidad o quieren mostrar que creen en algo en lo que no creen.  Por mi parte, me quedo con El Salvador real. Con su gente, con sus pobres; con quienes, como dijo José Martí, quiero yo mi suerte echar.


[1] Con mi ahora exesposa, Ana Delma Márquez (que había nacido en San Francisco Gotera) decidimos llevar a nuestro hijo de un año (Oscar Arnulfo) a casa de sus bisabuelos.

Fuente de la información e imagen:  https://insurgenciamagisterial.com

Fotografía: Luis Armando González

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El fantasma de la privatización de las semillas vuelve con fuerza en Guatemala

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Educación: ¿Quién y por qué se ampara contra la SEP?

Por: Juan Carlos Miranda Arroyo

«Se trata de un conjunto de agrupaciones diversas y plurales entre las cuales se encuentran grupos conservadores y claramente de ideología política de derecha.»

Si la guerra jurídica es una guerra por el poder, la SEP del gobierno del presidente López Obrador perdió una batalla más. La declaración de esta semana por parte de la titular de la SEP, en el sentido de suspender la prueba piloto del cambio curricular (2022) para la educación básica, da cuenta de ello. El jefe del Ejecutivo federal y la secretaria de educación pública, Leticia Ramírez Amaya, saben que la guerra está declarada.

El frente de batalla educativo se abrió desde hace algunos años, a partir de 2018-2019, luego de que la guerra de judicialización de la política (lawfare) atravesó también por el campo de lucha legal en los sectores públicos de comunicaciones y transportes, y de turismo, como sucedió con la construcción del Tren Maya o tras la cancelación del nuevo aeropuerto de Texcoco, etcétera. (Para ver más sobre el lawfare, sugiero leer mi texto: Educación y Judicialización de la Política).

¿Quiénes son los protagonistas de esta guerra jurídica con efectos políticos? De un lado el gobierno democráticamente electo y del otro los poderes fácticos, es decir, asociaciones apéndices de cúpulas empresariales y de las fuerzas vivas de la mal llamada “sociedad civil”, que tienen fuerte presencia en medios de comunicación, y que cuentan con la simpatía de las cúpulas eclesiásticas, así como una estrategia deliberada de judicialización para incidir en la orientación de políticas públicas educativas.

Se trata de un conjunto de agrupaciones diversas y plurales entre las cuales se encuentran grupos conservadores y claramente de ideología política de derecha (aunque su vinculación directa con partidos políticos no es clara), y que tienen el apoyo de grupos opositores diversos al movimiento y gobierno encabezado por López Obrador.

Según el sitio en internet de “Educación con rumbo” (ECR), (https://educacionconrumbo.org/) en esta agrupación o alianza de grupos de la “sociedad civil” participan Grupo Educación, Suma por la Educación, la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF), Seamos Héroes y el Instituto de Análisis de Política Familiar (al pie del sitio aparecen sus logos institucionales).

Cabe recordar que la UNPF es una organización que, en el pasado, se ha opuesto a la introducción de contenidos sobre educación sexual en los libros de texto gratuitos del nivel de primaria.

Una nota del periódico Reforma registra algunos nombres, así como la agenda e ideas educativas centrales que propone “Educación con rumbo” con respecto a la actualización de contenidos de los libros de texto gratuitos para la educación primaria:

“Francisco Landero, presidente de Suma por la Educación, señaló que es necesario que se transparenten los contenidos y que haya un compromiso de autoridades para aceptar el apoyo de la sociedad y sus mejoras.”

“Luis Arturo Solís, presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF), al leer el pronunciamiento de la organización solicitó que los libros de texto no sean vehículo para beneficios políticos.”…”Estamos aquí representados padres de familia, maestros y comunidad educativa para exigirle al gobierno federal que deje de manipular la conciencia de nuestros hijos y deje de violar nuestro derecho fundamental de educarlos de acuerdo a las convenciones de cada familia”, expuso. (Reforma, 21 de octubre, 2021. Nota firmada por Iris Velázquez).

Reforma

Autodefinición:

Dentro del sitio de referencia “Educación con rumbo” (ECR) se autodefine así: “Somos un movimiento nacional enfocado a fomentar la participación ciudadana para mejorar la calidad educativa y el derecho a la educación de excelencia que todos los mexicanos merecen. Lo conformamos padres de familia, docentes y organizaciones de la sociedad civil, empresarios de la educación y especialistas en educación.”

ECR opera no sólo en el ámbito de la judicialización de la política, para lo cual contrata, o cuenta entre sus filas, a un equipo de abogados para dar inicio y seguimiento a las demandas de amparo (contra actos de autoridad), sino que también desarrolla actividades en otros ámbitos de la vida pública con la finalidad de incidir en la orientación de las políticas públicas educativas.

En una sección especialmente redactada con sentido político opositor, ECR declara lo siguiente: “En respuesta a la postura del presidente de la República en torno a las resoluciones del Poder Judicial de la Federación frente al nuevo Modelo Educativo, “Educación con Rumbo” responde que el movimiento lo integran asociaciones de padres de familia, expertos en materia de educación y maestros que desean participar en el diseño de políticas educativas, como lo establece la Ley General de Educación emitida por esta Administración, sin que exista fin político alguno más que la defensa del interés superior de los niños, niñas y jóvenes del país a su derecho a una educación de calidad.”

“Si el Poder Ejecutivo desea conocer el alcance y las opiniones particulares de la sociedad en torno al modelo educativo, el foro debe ser el Consejo Nacional de Participación Escolar en la Educación que la SEP debe instalar en cumplimiento al artículo 135 de la Ley General de Educación… Lo anterior permitirá que la sociedad participe de manera corresponsable en el diseño de un modelo educativo que garantice una educación universal, inclusiva, científica y de calidad como lo establece la Constitución, por lo cual Educación con Rumbo reitera la necesidad de una mesa de diálogo inmediata con la Secretaría de Educación Pública.”

También se puede leer en el mismo sitio el siguiente comunicado donde ECR confirma su vocación opositora: “Inoportuno que la SEP convoque a un análisis del plan y programas de estudio para el diseño de los libros de texto gratuitos”, (comunicado del 14 de febrero, 2022).

Cuatro aspectos se destacan en el comunicado de referencia a manera de argumentos para señalar la inoportunidad de la convocatoria que hizo la SEP a analizar plan programas de estudio para el diseño de los libros de texto gratuitos: Pertinencia, metodología, implementación e impacto.

Pertinencia:

“Pensamos que está alejada de la realidad, ya que en estos momentos aqueja al Sistema Educativo el innegable empobrecimiento de los aprendizajes de los estudiantes, por lo que nos parece poco oportuno distraer recursos y tiempo para pensar en nuevos Planes y Programas de Estudio y mucho menos nuevos materiales educativos. Los inconclusos y empobrecidos aprendizajes que reportan los maestros, nos debería llevar a atender primero esta urgencia.”

Método:

“Un cambio del plan y programas de estudio debe estar antecedida de un diagnóstico que avise de la urgencia de reorganizar los contenidos de aprendizaje. La última reforma educativa se empezó a implementar en 2017, con tres años que antecedieron a una fina construcción de la malla curricular. El ejercicio que hoy observamos parece ser que avanza con procesos paralelos, por un lado, se presenta una propuesta de asignaturas (sic) para cada nivel educativo, y de forma paralela el levantamiento de opiniones en las asambleas y simultáneamente esto alimentará la elaboración de los libros de texto.”

La agenda

“¿Quién dice que un cambio de plan de estudio, o de programas o de libros de texto garantice el cambio de las prácticas de aula de los profesores?; nos hubiera gustado ver políticas educativas que enriquecieran el trabajo de los maestros, políticas que ayudaran al equipamiento de las escuelas, políticas que generaran materiales diferenciados para los diversos contextos del país para atacar los retrasos de aprendizaje de los estudiantes, políticas que redujeran las brechas que se abren cada vez más, incluso en alumnos de las mismas escuelas, políticas de actualización permanente de los maestros, políticas que integraran todos los espacios de formación inicial de profesores a la actualización permanente de los que ya están frente a grupo, políticas que visibilicen lo que se está haciendo bien en las aulas mexicanas, etc., etc. Los actores educativos seguimos esperando eso, esto sí cambia y transforma las escuelas.”

La narrativa de la agrupación ECR la muestra de cuerpo entero. Parte de la falsa premisa de que las reformas a la educación pública deben estar en posición ideológica neutra y propone que el país debe transitar hacia políticas de ampliación de la oferta de la educación privada (ver la apología que hace esta organización, en su sitio web, a través del documento denominado “Radiografía sobre la escuela particular”).

Las ideas y operaciones jurídicas que abandera la agrupación “Educación con rumbo” (ECR), que ha interpuesto demandas o acciones de amparos indirectos, ante las autoridades judiciales, en contra de las políticas públicas educativas puestas en marcha por parte de la SEP del gobierno de López Obrador constituyen acciones interesadas en frenar, postergar o cambiar la orientación de tales políticas. Pero eso en sí mismo no es un problema. El problema es que esta agrupación no dice ni reconoce abiertamente sus intenciones.

Fuente de la información e imagen: https://www.sdpnoticias.com

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Declaración final del Foro Político de Alto Nivel no ofrece respuestas adecuadas a los desafíos para alcanzar el desarrollo sostenible en un contexto de pandemia

Publicada por: CLADE

Por: Fabíola Munhoz

Sociedad civil se manifiesta contra la declaración ministerial adoptada por los Estados miembros de la ONU sobre el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en el cierre del Foro dedicado al seguimiento a esta agenda en el ámbito internacional

“El FPAN de este año no ha logrado presentar recomendaciones de acción audaces y  transformadoras en un momento en el que aproximadamente 4 millones de personas han perecido a causa de la pandemia del COVID-19, cerca de 190 millones han enfermado, más de 250 millones han perdido sus empleos, más de 1,6 millones han visto interrumpida su educación y cientos de millones más ya han caído en el hambre y la pobreza extrema. Es inexcusable que, durante esta crisis mundial, los Estados miembros no se hayan puesto de acuerdo en una Declaración Ministerial fuerte, centrada en los derechos humanos, transformadora y orientada a la acción”.

Esta es la opinión que las organizaciones y redes de la sociedad civil que forman parte de los Grupos Principales y Otras Partes Interesadas de la ONU (MGOS, por su acrónimo en inglés), expresaron sobre el contenido de la declaración ministerial adoptada hoy (16 de julio), luego del cierre de la edición 2021 del Foro Político de Alto Nivel (FPAN) de la ONU, instancia principal de seguimiento a los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el ámbito internacional. Los MGOS son el espacio de participación de la sociedad civil en el monitoreo y revisión de los ODS a nivel global.

Redes y organizaciones integrantes de dichos Grupos, entre ellas la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), afirman en posicionamiento público divulgado hoy, que les entristece profundamente la falta de ambición de los Estados para responder a las crisis a las que el mundo se enfrenta actualmente. Destacan, así mismo, que los derechos humanos, la igualdad de género y el equilibrio ecológico deben ser fundamentales en todos los esfuerzos de recuperación y restauración ante los efectos del COVID-19.

“Reafirmar viejos compromisos (que eran claramente insuficientes antes de la pandemia) no es una respuesta adecuada a la pandemia. Nos preocupa enormemente la negativa constante a abordar las causas fundamentales y los obstáculos sistémicos para lograr un mundo en el que nadie se quede atrás (la continua dependencia de las fuentes de energía fósiles, la búsqueda de un crecimiento infinito de las economías extractivas, las relaciones de poder desiguales que engendran una deuda insostenible y flujos financieros ilícitos, el patriarcado como herramienta política, la captura corporativa de la gobernanza, la agenda de desarrollo y sostenibilidad y sus implicaciones para el cumplimiento y el respeto de los derechos humanos, por nombrar algunos)”, se afirma en el comunicado.

> Lee el posicionamiento completo.

> Lee la declaración ministerial que fue adoptada en el cierre del FPAN


Petición de destitución del Presidente del ECOSOC por violencia de género

Mientras la sociedad civil negociaba un resultado sólido del FPAN 2021 y una declaración ministerial que defiendera la igualdad y la dignidad para todas y todos, el actual presidente del Consejo Económico y Social de la ONU (ECOSOC), Munir Akram, ha sido considerado responsable de actos de violencia contra una mujer, y aún no rindió cuentas sobre el hecho debido a su inmunidad diplomática. El ECOSOC preside el Foro Político de Alto Nivel de la ONU.

Dichos actos de violencia fueron documentados en los registros del gobierno de Nueva York y en las noticias internacionales, incluido el periódico New York Times. Aunque Estados Unidos ha pedido anteriormente al gobierno pakistaní que retire la inmunidad a Akram para que pueda ser procesado, no lo ha hecho.

Ante este contexto, organizaciones feministas reunidas en el Grupo Principal de Mujeres de la ONU divulgan posicionamiento, en el cual demandan que las Naciones Unidas demuestren su firme compromiso contra la violencia de género, y que apoyen las demandas de los movimientos feministas y de derechos de las mujeres de Pakistán, en el sentido de que Akram sea retirado de sus funciones como enviado paquistaní ante la ONU.

“Exigimos al Ministerio de Asuntos Exteriores de Pakistán que destituya al Sr. Munir Akram y  nombre a un representante adecuado. Exigimos a todos los representantes de los Estados miembros que cuestionen las credenciales y la participación actual y futura del Sr. Munir Akram como representante de Pakistán. Hacemos un llamamiento a los Grupos Principales, a otras partes interesadas y a los actores relevantes comprometidos con la ONU para que apoyen este llamamiento. Nos solidarizamos con las redes feministas pakistaníes y exigimos la destitución del Sr. Munir Akram de la presidencia del ECOSOC y de cualquier papel dentro de la ONU”, afirman en el comunicado.

> Lee el posicionamiento aquí

Fuente e Imagen: https://redclade.org/noticias/declaracion-final-del-foro-politico-de-alto-nivel-no-ofrece-respuestas-adecuadas-a-los-desafios-para-alcanzar-el-desarrollo-sostenible-en-un-contexto-de-pandemia/

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Sociedad Civil SA de CV

Por: Mauro Jarquín Ramírez

Según Gramsci, los empresarios se caracterizan por cierta capacidad dirigente y técnica en su práctica que no se limita a su esfera inmediata de actividad, sino que se expresa también en otros espacios ligados a la actividad económica. Además, apunta que al interior de la clase empresarial, hay una élite específica que debe tener capacidad para gestionar la organización de la sociedad en general, con miras a crear las condiciones favorables para la expansión de su clase. Reflexiones importantes para problematizar la actualidad del empresariado nacional.

De forma posterior a la disputa entre gobierno y capital en la década de los años 80, líderes empresariales impulsaron iniciativas de vertebración social, con las cuales se buscaba conformar un empresariado con facultades de organizador de masas, mismo que pudiera constituirse como una fuerza social con suficiente peso en los debates político-electorales de coyuntura, así como un contrapeso a gobiernos caracterizados como populistas o que resultaran peligrosos para la permanencia de una estructura social favorable a la reproducción ampliada de su capital.

En dicho rubro, los hombres de negocios encontraron en el foxismo un momento clave gracias a la construcción de canales institucionales para la participación ciudadana en procesos de políticas impulsadas por su gobierno. Entendieron bien que estaban frente a un gobierno que era de empresarios para empresarios y buscaron resignificar –con éxito– la participación ciudadana en una representación social dirigida por organizaciones por ellos creadas, tal como pudo verse en la conformación del Compromiso Social por la Calidad de la Educación, donde las organizaciones sociales eran esencialmente representantes o personeros empresariales. Esta tendencia de apropiación de la noción de sociedad civil por parte de los empresarios se consolidó como un ámbito en el cual su actividad impactaba también en el espacio de lo político.

Con el paso de los años, dentro del gran empresariado nacional se ha consolidado una élite directiva que ha buscado apuntalar un proyecto global de sociedad en la búsqueda de la conservación de privilegios y maximización de beneficios; el protagonista de este conjunto actualmente es Claudio X González Guajardo.

González es un prominente representante de un empresariado joven y cosmopolita, ex burócrata federal y fundador de organizaciones como Mexicanos Primero y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad. El empresario es, además, pieza fundamental en la coalición político-electoral Va por México, conformada por los partidos del Pacto por México, cuyo principal objetivo es hacer frente al gobierno de López Obrador. Dada su centralidad y aparición constante en mítines y reuniones de los partidos de oposición, así como a la notoria ausencia de perfiles políticos sobresalientes en dichos partidos, González resulta un potencial outsider electoral en 2024, cuya mayor virtud sería presentarse como un candidato ciudadano preocupado por la recuperación de la democracia y las libertades, muy a tono con el discurso de la nueva derecha latinoamericana.

Su rechazo a la construcción de una política de integración regional hacia el sur contrasta con el gran interés en profundizar la integración política, económica y cultural de México a la órbita estadunidense, cuyo ambiente conoce bien al formar parte de think tanks orientados a la política hemisférica dirigidos por actores vinculados a la National Endowment for Democracy, organización que ha mostrado recelo hacia gobiernos de izquierda en la región.

González ha impulsado un proyecto de restructuración cultural cuya punta de lanza es el vaciamiento de la noción compleja y amplia de sociedad civil, con el fin de instaurarla en tanto bandera política de unas cuantas expresiones asociativas creadas, financiadas, dirigidas e inspiradas en el empresariado, en sus valores y proyectos. Es un paso adelante del uso empresarial de la noción sociedad civil, dirigido ahora a construir un monopolio en torno a su representación.

Producto de este movimiento es el desarrollo de la Sociedad Civil SA de CV, un proyecto de matriz neoconservadora que parte de la convicción de que la sociedad civil es esencialmente el capital, y que para preservarla, es necesario ocupar los espacios institucionales destinados a la representación de la ciudadanía, generar contrapesos políticos y legales a proyectos gubernamentales que representen una amenaza a ciertos intereses privados y buscar la movilización de la sociedad a partir de una narrativa de defensa de los derechos de propiedad, la libertad individual y las instituciones liberales. Elementos que en sus efectos, poco tienen que ver con la histórica lucha por la democracia frente a regímenes autoritarios o militaristas y que apuntan hacia la preservación de una democracia de privilegios.

La Sociedad Civil SA de CV se ha puesto al frente del debate electoral, llamando a votar por los partidos de oposición porque ellos son quienes representan la democracia. Además, mediante una política de alianzas focalizada, los empresarios que apuntalan el proyecto han logrado hacer llegar su discurso a otros grupos, como algunos segmentos de clase media urbana y sectores académicos liberales, quienes perciben en el lopezobradorismo una amenaza a su patrimonio y una afrenta a la ingeniería institucional que habilitó una democracia que, logrando convencer a las élites, resultó a todas luces insuficiente para el grueso de la población.

La sociedad civil es mucho más grande que el proyecto empresarial. Es necesario considerarlo si queremos impulsar realmente la democracia.

Politólogo. Autor del libro La pedagogía del capital. Empresarios, nueva derecha y reforma educativa en México

Fuente: La Jornada

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No mueren de hambre… Los están matando de hambre

Por: Sergio Ferrari 

Con el gasto militar mundial de 26 horas se podría evitar la inanición

Los 270 millones de personas que en el mundo padecen inanición y sufren hambruna son víctimas de un sistema. La sociedad civil internacional alzó la voz para desafiar a los responsables de este drama planetario

Los que padecen hoy de hambre son “personas capaces de producir o ganar lo suficiente para alimentarse a sí mismos y sus familias”. Pero que no lo logran debido a situaciones de conflictos y violencia, desigualdad, impactos del cambio climático, pérdida de tierras y empleo o las consecuencias directas de la pandemia que las han golpeado de manera trágica. “No están muriendo de hambre, las están matando de hambre”, denuncia la Carta abierta a los Estados y sus líderes publicada la tercera semana de abril.

La suscriben 260 Organizaciones No Gubernamentales (ONG) nacionales e internacionales de los cinco continentes que trabajan estrechamente en el terreno, con víctimas de este drama. “Todos los días somos testigos del sufrimiento y la resiliencia”, enfatizan, https://www.icvanetwork.org/system/files/versions/Carta%20abierta%20a%20los%20Estados_SPANISH.pdf.

Y afirman que con el gasto militar mundial de 26 horas se podría cubrir los fondos suplementarios necesarios a fin de asegurar la ayuda alimentaria urgente para más de 34 millones de niñas, niños y personas adultas que “están a un paso de la hambruna”.

Se hacen eco, así, del llamado lanzado hace varios meses por el Programa de Alimentos (PMA) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) con el objetivo de recaudar ese fondo adicional para el año 2021.

Entre los firmantes se encuentran, por citar solo algunos nombres, Tierra de Hombres de Suiza; Médicos del Mundo de Canadá; numerosas Caritas de Europa y de Latinoamérica -entre ellas las de Argentina y Brasil-; el Consejo Internacional de Agencias Voluntarias (ICVA); la Acción contra el Hambre de Francia; el Consejo Noruego para los Refugiados; InterAction de Estados Unidos; Oxfam de Kenia; la Federación Luterana Mundial; CARE Internacional; Alianza 2015 de Bélgica y el Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria de España, https://www.icvanetwork.org/OpenLetterFaminePrevention.

Cruda acusación

Las ONG, que tienen proyectos y presencia en sectores necesitados, sostienen que no hay nada de casual en la situación actual: son acciones humanas las que provocan esta realidad. Comprueban también el aumento cada vez mayor de la brecha entre las necesidades que confronta la gente y la asistencia que las mismas ONG pueden brindar. Situación que amenaza con “robar la esperanza. No podemos permitir que se pierda la esperanza”, afirman.

Las cifras siguen creciendo. Un total de 174 millones de personas en 58 países corren el riesgo de morir por desnutrición o falta de alimentos «y esta cifra aumentará en los próximos meses si no se hace nada», denuncian las ONG. Los conflictos bélicos son el principal motor del hambre en el mundo, seguidos del cambio climático y la pandemia de coronavirus.

Según explica en su sitio WEB Oxfam de Quebec (Canadá), un año después que las Naciones Unidas advirtieran sobre «hambrunas de proporciones bíblicas», los fondos aportados como respuesta por los países ricos llegan apenas al 5% del pedido de la ONU para este año en curso. Por el momento están confirmados, solamente, 415 millones de dólares de lo solicitado para luchar contra el hambre en el mundo, https://oxfam.qc.ca/depenses-militaires-pour-financer-aide-humanitaire/

De Yemen a Afganistán, de Sudán del Sur al norte de Nigeria, las armas y la violencia están empujando a millones de personas al borde de la inanición, afirma Oxfam. Ésta recuerda que los precios medios de los alimentos a nivel mundial se encuentran en el nivel más alto de los últimos siete años.

“Los países más ricos están recortando la ayuda alimentaria mientras millones de personas pasan hambre; se trata de un enorme fracaso político”, subraya.  El hambre en el mundo no se debe a la falta de alimentos, sino a las desigualdades socio-económicas, sostiene dicha ONG, una de las más activas en lo que hace a la información y la sensibilización sobre esta temática.

Latinoamérica también víctima

Más de 20 países sufrirán hambre aguda si no se les asiste con urgencia. Yemen, Sudán del Sur y el norte de Nigeria encabezan la lista de naciones de alto riesgo. En algunas zonas de Sudán del Sur y de Yemen hay familias que ya están en peligro de morir de inanición, señala el documento presentado el 23 de marzo por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y el Programa Mundial de Alimentos, http://www.fao.org/news/story/es/item/1390765/icode/ 

En el mismo, las agencias señalan que, si bien la mayor parte de los países afectados se encuentran en África, el flagelo del hambre aumentará en prácticamente todas las regiones del mundo, incluida incluso América Latina. Este informe afirma – de igual manera que ahora lo hacen las 260 ONG- que 34 millones de personas están en este momento a un paso de morir de hambre.

En cuanto a América Latina y el Caribe destaca la escalada de la inseguridad alimentaria aguda en El Salvador, Guatemala y Honduras debido al doble impacto de los huracanes Eta e Iota y los efectos  económicos del COVID-19.

Estos cataclismos, agrega, dañaron grandes extensiones de tierras de cultivo, al igual que la infraestructura de los sectores productivo, ganadero, pesquero y de transporte, provocando una caída del suministro de alimentos y un alza en los precios de los mismos. Además, el cierre de actividades impuesto por la pandemia redujo el empleo, sobre todo el informal, lo que ha provocado la pérdida de ingresos familiares y un menor acceso a los alimentos.

El estudio anticipa un panorama dantesco. Estima que las condiciones en Honduras empeorarán entre abril y junio, cuando unos 3,1 millones de personas enfrenten inseguridad alimentaria aguda y 570.000 lleguen a una situación de emergencia. Calcula que, en Guatemala, 3,7 millones de personas se encuentran ya en situación grave, con 428.000 en alto riesgo de inanición. En cuanto a El Salvador, las dos organizaciones de la ONU anticipan que un millón de personas enfrentará inseguridad alimentaria entre marzo y mayo, con 121.000 en situación de emergencia.

Panorama continental agudizado por la realidad haitiana y venezolana. En Haití, el COVID-19 y las malas cosechas han dejado a casi la mitad de la población, es decir unos 4.4 millones de personas, en situación de inseguridad alimentaria grave, y a 1.2 millones en situación de emergencia, lo que representa un aumento del 6% con respecto al año anterior. En Venezuela, “la situación es probable que se deteriore más” por la hiperinflación y las sanciones internacionales, subrayan la FAO y el PAM. Anticipan que los niveles de inseguridad alimentaria crecerán con respecto al 2019, cuando 9.3 millones de personas padecieron por la carestía de los alimentos.

Es hora de actuar con urgencia

La Carta abierta hecha pública el 20 de abril por las organizaciones no gubernamentales insta a los líderes y a los Estados a dar respuestas inmediatas. Y enfatiza que dichos dirigentes tienen una “responsabilidad única”. La ayuda debe llegar lo más directamente posible a las personas más necesitadas y de forma urgente. Recuerdan que se necesitan 5.500 millones de dólares para que la asistencia alimentaria urgente llegue a esos 34 millones de personas a punto de caer en el abismo de la hambruna.

Los firmantes llaman a los jefes de Estado a poner fin a los conflictos y violencias de todo tipo y contribuir así a la solución global del hambre en el mundo. Y enfatizan la necesidad de que se aplique el “cese global de hostilidades” al que convocara el Secretario General de las Naciones Unidas el pasado 23 de marzo, https://news.un.org/es/story/2020/04/1472342.

“No hay lugar para el hambre y la inanición en el siglo XXI. La historia nos juzgará a todos por las acciones que tomemos hoy”, concluye la reflexión-advertencia-exigencia de la sociedad civil internacional. Y junto con el punto final de la misiva se abre el corolario analítico de este drama mundial. El hambre no es una fatalidad. Es el resultado de una voluntad política en la que prevalece un sistema ilógico. Es decir, la consecuencia de una falta de voluntad política para concebir el mundo desde el prisma de la equidad humana.

Los están matando de hambre

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El detalle que faltaba

Por: Carolina Vásquez Araya

Acabar con todo resto de institucionalidad, el objetivo final de las mafias.

El tema de la cooptación de las Cortes del sistema de justicia en Guatemala no es objeto de gran atención por parte de la ciudadanía de ese país. De hecho, en estos meses, cuando la población se encuentra sumergida en el mundo surrealista de una amenaza viral de dimensiones planetarias con la perspectiva de perder el empleo, ver reducidos sus ingresos y temerosa del contagio, pocos son los temas que alcanzan a penetrar en su pensamiento y adquirir cierta preponderancia. Por ello, lo que se negocia actualmente en el Congreso de Guatemala con relación a la elección de las Cortes y los intentos de cooptar, neutralizar y finalmente eliminar a la Corte de Constitucionalidad -cuyo desempeño aún se mantiene dentro de los parámetros del orden legal- son hechos que fácilmente escapan a la atención de la ciudadanía, lo cual aun siendo comprensible es altamente peligroso.

Guatemala ha sufrido una violencia extrema –física y psicológica- de larga duración; el conflicto armado marcó con sello indeleble a más de una generación y creó una atmósfera espesa de miedo y desconfianza cuya presencia incide, aún después de tantos años de intentos de democracia, en la actitud apática y poco proclive a la participación política dentro de la sociedad civil. Los abusos de poder y los vínculos entre los cárteles del narcotráfico y las esferas empresariales, políticas y castrenses, han dado como resultado la consolidación de las mafias en las instituciones del Estado, con especial énfasis en el aparato de justicia, del cual dependen las garantías de impunidad para quienes cometen toda clase de delitos bajo la salvaguarda del poder.

Una de las razones por las cuales existe esa apatía en relación con el desempeño de las instituciones del Estado es, precisamente, el absurdamente elevado índice de impunidad en el sistema de administración de justicia, en donde quienes se animan a denunciar delitos en su contra suelen ser objeto de represalias y de pérdidas económicas producto de un desempeño pobre del aparato de justicia. Este ha sido históricamente marcado por el soborno, las presiones desde centros de poder y de las mafias en la elección de jueces y magistrados. Ante este escenario, la población está indefensa y sobre todo impotente frente a un aparato poderoso cuyos entresijos le resultan incomprensibles. Una de las causas de esta falta de comprensión respecto de uno de los pilares del sistema democrático ha sido el bloqueo sistemático de los grupos de poder hacia la educación de calidad –una de las herramientas fundamentales para el empoderamiento ciudadano- y las restricciones al derecho de acceso a la información.

Estas limitaciones a la formación ciudadana y a la información han sido cruciales para mantener a la población ajena a las maniobras de sus legisladores quienes, además, han sido electos de acuerdo con una ley diseñada ad hoc para impedir la participación plena de la ciudadanía y, por lo tanto, aun cuando su presencia en la asamblea sea legal, en el fondo es ilegítima. Todo esto se traduce en una dinámica de círculos concéntricos por medio de la cual los grupos cuyos nexos y acuerdos han logrado capturar todos los hilos del poder, pretenden consolidar el secuestro total de las más importantes instituciones del Estado y así neutralizar, de modo definitivo, todo intento de reforzar la incipiente democracia actual. Por si faltaba algún detalle en este cuadro escabroso sobre la elección de las Cortes, es importante añadir que algunos de los personajes más influyentes en ese proceso se encuentran actualmente guardando prisión preventiva por gravísimos actos de corrupción.

Fuente: https://rebelion.org/el-detalle-que-faltaba/
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