UNICEF

Entrevista/21 Noviembre 2019/Autor: Daniel Sánchez Caballero/Fuente: El diario la educación

El 30% de los menores están en riesgo de pobreza. Desde Unicef se resalta la necesidad de mayor inversión social y educativa en el ciclo 0-3, también contra el abandono temprano o en prestaciones por hijo a cargo como posibles soluciones.

Han pasado 30 años desde que se aprobó la Convención sobre los Derechos del Niño, un 20 de noviembre de 1989, pero España tiene camino por recorrer, explica Gabriel González-Bueno, especialista en políticas de infancia de UNICEF Comité Español. Sobre todo en lo que refiere a la desigualdad, con un tercio de los menores en riesgo de pobreza y casi un 20% de abandono educativo temprano. “España es un país que deja demasiados niños atrás”, lamenta este experto, que ha trabajado en el ámbito de las políticas sociales relacionadas sobre todo con la infancia. Y, aunque en ocasiones es una cuestión de falta de recursos, también hay un problema específico con cómo se reparten los que sí existen. González-Bueno, que salpica sus argumentos de cifras para darles más consistencia, aprovecha la efeméride —el 20N también se celebra el Día Universal del Niño— para explicar que es clave relacionar los derechos de los niños y la estrategia 2030 de la ONU para avanzar como país en aras de la justicia social con los menores y de la sostenibilidad. También de cara al futuro. No por obvio resulta menos cierto que los niños de hoy son el futuro del país.

Es una pregunta muy amplia, pero ¿cuál es el estado de la infancia en España?

Caben muchos matices, pero hoy habría que decir que los niños y adolescentes en nuestros país no son ajenos a un montón de desafíos globales respecto sus derechos, pero España tiene una situación privilegiada respecto a retos planteados a nivel mundial que tienen que ver con la desnutrición, el agua y el saneamiento y quizá la protección contra la violencia. Dentro de un contexto mundial, la situación de la infancia en España está relativamente bien. Pero hay desafíos muy potentes que permanecen 30 años después de la formulación de sus derechos.

¿Qué retos son estos?

Quizá el más llamativo es la desigualdad. España es un país que deja demasiados niños y niñas atrás, en comparación con los de nuestro entorno. Especialmente en la protección social y en la educación. Dos cifras: casi un tercio de los niños en nuestro país está en riesgo de pobreza o exclusión social, y las políticas públicas se muestran poco eficaces reduciendo esos niveles de pobreza. A la vez, los datos de abandono y fracaso escolar nos siguen situando en los últimos puestos de Europa. En abandono educativo temprano es del 18% entre los adultos de entre 18 y 24 años, lo cual es un reflejo del impacto que ha sufrido el sistema educativo. En esta cifra somos el peor país de Europa. Creo que este es el primer problema, la cantidad de niños y niñas que se quedan atrás. Además, hay colectivos muy concretos que sufren especialmente esta desigualdad o incluso discriminación: los niños y niñas migrantes, los solicitantes de asilo, los niños migrantes no acompañados, los niños en el sistema de protección de menores, los niños y adolescentes gitanos o la infancia con discapacidad. En el tema de los niños y adolescentes gitanos hablamos de un 89% de pobreza, según un informe reciente del Secretariado Gitano, mientras la población infantil en general tiene un 29%. Un 30,5% de jóvenes gitanos llega a diplomarse frente a casi el 50% de la población general. Es uno de los grandes desafíos: cómo abordar esta desigualdad, cómo evitar que se queden al margen del bienestar de una sociedad que, con sus problemas y dificultades, no deja de estar entre los países más ricos del mundo.

“Las políticas públicas se muestran poco eficaces reduciendo los niveles de pobreza”. ¿No funcionan bien o no hay suficientes políticas públicas?

Las dos cosas. Una de las grandes reivindicaciones que tenemos desde Unicef y el sector de la infancia y de la protección social, es que España es el país de Europa que menos es capaz de reducir la pobreza infantil tras la intervención del Estado. Esto se hace midiendo la pobreza infantil de mercado y cómo interviene el Estado con sus ayudas y sus impuestos. Hay dos cuestiones aquí: un impacto muy serio de la crisis, especialmente en las políticas sociales de la infancia. Hay un momento en 2013 —hasta entonces la protección social de la infancia estaba creciendo— en que se reduce un 30% la dotación de políticas. Son datos de la contabilidad nacional. Tenemos un desentendimiento frente a la pobreza cuando más se necesitaba porque el impacto de la crisis en los hogares, especialmente el desempleo, fue muy dañino. Por otro lado, hay un problema estructural: en España no hay un mínimo de políticas de protección social de la infancia. Muchas han quedado en manos de las comunidades autónomas, y estas fueron las que más redujeron las ayudas a las familias con niños. Esta desprotección se ha ido larvando a lo largo de muchos años. Se ha puesto el acento en otras políticas y se ha dejado a los niños desprotegidos. Por eso hablamos de dos propuestas concretas: de una prestación económica, que podría ser a través de la prestación por hijo a cargo, que ahora, incluso con el aumento que ha habido este año, sigue siendo muy muy baja. Son 300 euros anuales y nosotros hablamos de mínimo 1.200 euros y una mayor cobertura. Sería una medida más inmediata, pero también tendría impacto a largo plazo, porque vivir en la pobreza para un niño no solo es un drama diario, también es una negación de oportunidades. Otro de los impactos más potentes sería con la educación. Ahí hay muchos desafíos, pero para nosotros uno que podría tener mucho impacto a medio plazo es la educación 0-3. Muchas veces está pensada para cubrir las necesidades de cuidado mientras los padres trabajan y, por tanto, no llega a quienes están en situaciones más precarias de vulnerabilidad social, los que más lo necesitan. Además, los situarían en un punto de partida parecido cuando empieza la educación primaria.

¿La educación ha dejado de ser el ascensor social que fue y debería ser?

Con una mirada de más largo plazo vemos cómo, sobre todo desde el principio de la democracia y antes, la educación pública universal ejerció hasta, más o menos, los 90 un papel muy importante, se incrementó el número de licenciados, de personas que alcanzaban estudios superiores a los de sus padres. Lo que hemos visto en los últimos años, muy notorio con la crisis pero que ya venía de antes, es ese frenazo al ascensor social. Cuando hablamos de pobreza y bienestar pensamos en lo más inmediato —cubrir necesidades y que las personas tengan las mismas oportunidades—, pero también en cómo romper ese ciclo de la pobreza que se hereda de generación en generación en los hogares. Nuestra sensación es que se está rompiendo ese ascensor social y la educación está dejando de cumplir ese papel. Por eso es clave una ley de infancia y también una dotación de recursos más generosa. Igual que en protección social estamos muy lejos de la media europea, igual ocurre en el ámbito educativo. No es solo gastar más, si no en qué lo gastamos. La educación debe ser de calidad e inclusiva, y ambas van de la mano. Hay muchos desafíos y las cifras no nos engañan. Cuando hablamos del 18% de abandono educativo temprano algo debe haber ocurrido antes en el sistema educativo para que esos jóvenes hayan decidido abandonar los estudios, sobre todo en un mundo que viene con unos desafíos en el empleo cada vez más grandes. Las personas que no tengan una capacitación mínima van a tener muy difícil acceder a un puesto de trabajo digno.

¿Se cumple la Convención de Derechos?

Como todos los tratados generales de derechos humanos tiene un punto aspiracional. Aparte de ser ley, aspira a mejorar la vida de los niños y las niñas. Se cumple en muchos aspectos, y creo que una de las reflexiones después de 30 años es que se han producido avances muy grandes en nuestro país y en el mundo en relación a las condiciones básicas de salud y de educación. Pero eso no debe quitar el foco de que el cumplimiento absoluto de la convención está lejos. Es un instrumento al servicio de la dignidad y los derechos de los niños. Por eso, decir que se cumple es un poco arrogante. Hasta que se cumplen los derechos del último niño en el último rincón no podemos decir que se cumple. Pero sí es verdad, y en España es una reflexión que hacemos mucho, que hay un cumplimiento más formal que efectivo. Una de las cosas que ha mejorado mucho esel marco jurídico con la modificación de ley de protección de la infancia en 2015. Se han mejorado los mecanismos institucionales de coordinación, hay un Alto Comisionado dependiente de la Presidencia del Gobierno que se ocupa específicamente de la pobreza infantil… La parte institucional y jurídica ha mejorado, pero se siguen planteando retos en la aplicación, en cómo esos derechos llegan a los niños directamente. No se cumple en determinados colectivos y niños y niñas que se están quedando atrás del resto, como comentábamos antes.

Te he leído en algún sitio criticar que el gasto público en infancia es del 1% del PIB.

El gasto en infancia es mayor, aunque solo sea porque el sistema educativo es uno de los principales gastos. Pero sí es verdad que en protección social de la infancia estamos en el 1,2% del PIB. En educación no universitaria estaríamos en el 3%. En Europa las medias son 2,4% en protección social y el 4% en educación no universitaria. Tenemos un desafío de recursos. Pero lo importante es focalizar estos en niños y niñas. Estamos preparando un análisis del impacto de las prestaciones sociales, y las cifras son muy bajas. No solo bajas, sino que están orientadas a otros ámbitos sociales, muy legítimos, pero que no están llegando a la infancia más pobre si no a las clases medias o altas. Tenemos un problema de recursos, y de enfoques. En el sistema educativo también pasa. Faltan recursos, pero no es incrementarlos porque sí. Es dedicarlos a esa atención más individualizada, al sistema de apoyo educativo y social que debemos tener.

¿Nos preocupa poco como sociedad la infancia en general?

Anteayer presentamos el barómetro y uno de los resultados es que ya se percibe en los niños y niñas una cierta desafección y desinterés por la política y, en concreto, por los partidos. En la presentación, que hicieron varios adolescentes, uno de los temas que salió es que no les interesa esta política. Decían que les interesan las causas sociales, pero que el marco político no les presta atención. La infancia no vota, y si el político de turno está pensando solo en el voto y el corto plazo es difícil que piense en ellos. Hacen falta miradas más amplias. Hemos avanzado, pero nos cuesta introducir en los programas electorales aspectos concretos sobre la infancia. La tentación de dirigirse solo al votante es grande, pero lo que les está pasando a los niños ahora va a tener un impacto potente a medio y largo plazo para un país que afronta desafíos muy grandes en términos de empleo, medio ambiente o capacitación para afrontar nuevos modelos económicos. En el informe internacional se habla de que los derechos de la infancia no han cambiado. La infancia lo ha hecho: internet no existía en el 89, los efectos del cambio climático no eran tan evidentes, los conflictos afectan a la migración de niños y niñas, que afecta a España directamente. Es evidente en el caso de los niños no acompañados que llegan a España. Hay que plantearse la manera en que se aplican los derechos. Y esto la política debe tenerlo en cuenta, si no estaremos haciendo políticas a corto plazo. Siempre digo que estamos dejando una deuda muy grande sobre las espaldas de las generaciones que vienen. Su bienestar repercutirá en el nuestro. Tener pensiones, por ejemplo, depende de las generaciones que viene.

¿Qué refleja el barómetro?

La intención era hacer, al menos en parte, un remedo del barómetro del CIS. Siempre se pregunta a los adultos por sus preocupaciones. Antes les habíamos pedido la opinión sobre qué les pasa, pero también es importante preguntarles cuáles son sus preocupaciones más allá de la propia infancia. En estos ámbitos, las principales preocupaciones tienen que ver con la educación, con la igualdad de género y el medio ambiente. Frente al barómetro de los adultos, que pone más el paro y los asuntos económicos. Muchos dicen que les gustaría poder votar e, incluso, tienen claro qué votarían. Están reclamando mayor protagonismo, sobre todo en la escuela, el ámbito municipal y la familia.

Acabo preguntando por la obesidad, otra de tus especialidades. ¿Tenemos un problema en España?

En la comparativa internacional entre los países más desarrollados estamos los décimos de 42 países. Tenemos un 35% con sobrepeso u obesidad. La obesidad es una enfermedad crónica que influye en otras. Un documental contaba cómo hace 20 años no había en EE UU ni un niño con diabetes tipo 2, muy relacionada con la obesidad, mientras ahora hay miles. Esta diabetes se decía que era “de los mayores”. Un niño obeso tiene muchas posibilidades de ser un adulto obeso. La preocupación es cómo estamos en un entorno obeso-génico. Tenemos un entorno que propicia comer mal y no hacer deporte. Muchas veces no es tanto comer mucho como comer mal. Es uno de los problemas que se puede abordar desde las políticas públicas. La tentación de comer más comida procesada, acudir a establecimientos de comida rápida, los anuncios en televisión, la mayoría son de productos alimenticios con un valor nutritivo muy bajo y son productos malos para la salud… Ahí hay un desafío muy potente. Hemos cambiado nuestros hábitos alimenticios mucho y han traído la obesidad infantil. También la adulta, pero la infantil la arrastarán muchos años.

Y, para cerrar el círculo, la obesidad relaciona con la pobreza.

Hicimos una explotación de datos junto a la Fundación Gasol. Había datos anteriores de la Encuesta Nacional de Salud por tipos de empleo de los padres y la obesidad en niños y niñas se triplicaba en los hogares en los que la persona con los principales ingresos en el hogar era una persona no cualificada (15% de obesidad) respecto a cuando era un directivo (5%). No es solo una epidemia sanitaria, también tiene un componente social importante. Nosotros identificamos dónde estaban los colegios que se habían hecho las encuestas y relacionándolo con la renta de las zonas, vimos un crecimiento muy notable de la obesidad en los sitios donde hay menos de un 10% de pobreza a aquellas en donde hay hasta el 40%. Cada vez hay más estudios que relacionan pobreza y obesidad. Tiene que ver con los recursos económicos, pero también con la cultura de la alimentación. En España hemos perdido la dieta mediterránea, que hemos sustituido por productos procesados que nos hacen la vida más fácil, pero no tienen valor nutritivo. Sí que pasa que en los niveles más altos de pobreza (más del 40%) vuelve a haber menos obesidad, no sabemos si porque no hay acceso a estos alimentos elaborados o por una pobreza de alta intensidad que hace que los alimentos no sean suficientes en el hogar.

Fuente e imagen: https://eldiariodelaeducacion.com/blog/2019/11/21/espana-es-el-pais-de-europa-que-menos-es-capaz-de-reducir-la-pobreza-infantil-tras-la-intervencion-del-estado/