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Indonesia: Universitarios instan a reducir la matrícula durante la política de «estudiar en casa»

Asia/Indonesia/Jakartapost

Las universidades privadas, los docentes y los estudiantes están instando al gobierno a intensificar sus políticas educativas, criticando que su última asistencia financiera es inadecuada para abordar las preocupaciones del sector educativo durante la pandemia.

Esto sigue al anuncio del lunes del ministro de Educación y Cultura, Nadiem Makarim, sobre una serie de medidas tomadas para ayudar al sector educativo, que incluyen la reducción de las tasas de matrícula universitaria y los requisitos de asistencia operativa escolar (BOS).

«Hemos escuchado no solo de la Comisión X sino también de miembros del público que muchas escuelas y universidades, especialmente las privadas, han sido duramente golpeadas durante la pandemia de COVID-19», dijo Nadiem durante una audiencia con la Comisión X de la Cámara de Representantes, que supervisa la educación.

«Así que la semana pasada, respondimos a estas quejas implementando varias políticas, así como ayuda tangible y real», agregó.

Una nueva política, por ejemplo, permite a los estudiantes de universidades estatales solicitar un pago retrasado de la matrícula, una reducción en las tarifas o un plan de cuotas, dependiendo de su situación financiera. El ministerio alienta a las universidades privadas a hacer lo mismo.

También estipula que los estudiantes que están de licencia o que no toman créditos del curso ya no necesitan pagar las tasas de matrícula, mientras que los que están en sus últimos semestres solo pagarán hasta la mitad de sus tasas de matrícula.

La Asociación Nacional de Órganos Ejecutivos de Estudiantes Universitarios (BEM-SI) sostiene que el gobierno debería haber reducido las tasas de matrícula en todos los ámbitos sin la necesidad de que los estudiantes lo soliciten, diciendo que las tasas de matrícula completas fueron injustamente cobradas por los estudiantes que tenían sus cursos impartidos en línea durante La pandemia.

Los ajustes de la matrícula que se ofrecen ahora ya existían antes de la pandemia, pero generalmente requerirían que los estudiantes pasen por largos procesos administrativos y, a menudo, se rechacen sus solicitudes, dijo.

«La falta de una política para reducir las tasas de matrícula podría reducir la tasa de participación en la educación superior», dijo Lugas Presma de BEM-SI.

«Y hay dos posibilidades: podría aumentar el número de estudiantes que abandonan o se van o puede disuadir a los nuevos estudiantes potenciales de inscribirse debido a las altas tarifas».

El presidente de la Asociación de Universidades Privadas (APTISI), Budi Djatmiko, dijo que el hecho de no amortiguar el impacto de COVID-19 en los estudiantes universitarios podría provocar un aumento en la deserción escolar, lo que podría causar «una generación perdida» como resultado de una educación en peligro.

«Y ese sería el mayor pecado del gobierno», dijo.

Elogió la nueva política del ministerio para asignar Rp 1 billón (US $ 70,6 millones) para ayudar a 410,000 estudiantes universitarios, principalmente en universidades privadas, a pagar sus matrículas.

Sin embargo, el gobierno todavía solo asignó una pequeña porción de su presupuesto total a universidades privadas, dijo. El presupuesto estatal solo destinó el 7 por ciento del presupuesto universitario total para universidades privadas, y el 93 por ciento restante se destinó a universidades estatales, según sus cálculos. Además, solo la mitad del presupuesto general de educación se destina a necesidades educativas.

“Las universidades privadas también son parte de Indonesia. Entonces, ¿por qué están siendo tratados de manera diferente? Dijo, y agregó que el apoyo del gobierno a las universidades privadas era crucial para mejorar el acceso general a la educación superior.

Según Budi, alrededor del 88 por ciento de todas las universidades son universidades privadas de pequeño tamaño con menos de 10,000 estudiantes, mientras que el resto son universidades estatales y grandes universidades privadas.

Mientras tanto, la directora de la Asociación de Maestros de Indonesia (PGRI), Unifah Rosyidi, elogió la decisión del gobierno de incluir a las escuelas privadas en sus políticas COVID-19 y modificar los requisitos para que los beneficiarios de las subvenciones alivien la carga de las escuelas primarias y secundarias afectadas por la pandemia.

Antes de la pandemia, los fondos de BOS Afirmasi solo se daban a las escuelas estatales en las regiones subdesarrolladas y remotas, mientras que los fondos de BOS Kinerja se daban a las escuelas estatales de alto rendimiento.

Bajo el nuevo esquema, el gobierno otorga Rp 60 millones por año a más de 56,000 escuelas estatales y privadas en las regiones más afectadas por COVID-19.

Las subvenciones se pueden usar para pagar a maestros con honorarios, financiar necesidades de aprendizaje en el hogar como créditos telefónicos y planes de Internet, comprar artículos sanitarios COVID-19 como jabón y desinfectante o pagar salarios de otros trabajadores escolares.

Pero Unifah dijo que encontró que los bienes adquiridos utilizando fondos BOS a través del sistema electrónico del ministerio llamado SIPLah eran más caros que el precio real y que las escuelas solo podían comprarlos en tiendas designadas.

Por lo general, los fondos también deben pasar por varias instituciones regionales antes de que puedan ser utilizados por las escuelas, según las regulaciones de gestión financiera de cada región.

Aconsejó a los formuladores de políticas que revisaran cómo se delegaba la autoridad para distribuir fondos BOS entre los gobiernos central y regional, a fin de reducir los procedimientos burocráticos y, sin embargo, mantener la responsabilidad.

Fuente: https://www.thejakartapost.com/news/2020/06/04/university-bems-urge-nadiem-to-cut-tuition-during-covid-19-study-at-home-policy.html

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El negocio de la educación (ii parte). 35 años de leyes para privatizar las aulas: de la lode a la lomce.

Por: Daniel Sánchez Caballero

España no ha sido ajena a la mercantilización generalizada de la educación, pero lo ha hecho a partir de conceptos propios como “libertad de elección” y una regulación que ha atraído a grandes fondos de inversión.

Todo gira, básicamente, en torno a dos conceptos: “Libertad de elección” y, más recientemente, “evaluaciones estandarizadas”. España no ha sido ajena a la corriente mercantilizadora que se vive en el mundo desde finales del S.XX, pero lo ha hecho a su estilo.

El traspaso de fondos públicos a instituciones privadas y el desembarco en la educación de una lógica de “cuasimercado” empezó en 1985, cuando el Gobierno de Felipe González creó la escuela concertada con la LODE y decidió pagar a centros privados para que se integraran en la red pública.

En su momento la medida se justificó porque se ampliaba la educación obligatoria desde los 14 a los 16 años y no había colegios suficientes para acoger a este nuevo estudiantado. Pero desde entonces esta partida no ha hecho más que crecer (se ha multiplicado al menos por dos desde 1992, teniendo en cuenta la inflación) y la normativa ha ido reforzando los conciertos hasta culminar con la LOMCE, la actual ley, que llegó a blindar el pago a centros que segregaran por sexo.

La todavía vigente LOMCE ha sido el intento más obvio de desarrollar esta apuesta por hacer negocio con la educación en España. Y para entender la LOMCE hay que mirar a un sector no tan activo en España, pero muy habitual en otras coordenadas: los lobbies, y en concreto FAES, la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales del PP.

“El think tank FAES es el actor que está ejerciendo especial protagonismo en el diseño y la defensa de nuevas políticas neoliberales en el ámbito educativo”, escribió Geo Saura, profesor de la Universidad de Barcelona, en el estudio Think tanks y educación. Neoliberalismo de FAES en la LOCME.

“Desde su comienzo, FAES ha ido generando narrativas para reformar el sistema educativo desde una vertiente ideológica y práctica del neoliberalismo”, comenta Saura. “Los ejes centrales han sido la elaboración de discursos en los que se aboga por ofrecer libertad de elección de centro a las familias y modificar los roles que debe ocupar el Estado en el control de la educación”.

Francisco López Rupérez, uno de sus más ilustres miembros en cuestiones educativas, escribió en 2003 que la educación estaba afectada por la “enfermedad de lo público”. Enfermedad que se curaba con mecanismos de privatización. Pedro Schwartz, otro de los ideólogos de cabecera de FAES, definió en 2008 el sistema de distribución de alumnado como “soviético centralizador” y que no promovía la libertad de elección familiar.

Cinco años más tarde de las palabras de Schwartz teníamos la LOMCE, que ya en su artículo 1 cambiaba todo el corpus legal educativo histórico al cambiar la garantía de plazas escolares para todos: ahora podrían ser públicas, como siempre, o privadas concertadas, según decidieran los padres y reclamara la “demanda social”, un término lo suficientemente ambiguo como para recoger muchas cosas.

La otra pata de la mercantilización educativa, previa a la LOMCE pero consolidada en esta, son las famosas evaluaciones estandarizadas. “Son el instrumento esencial para posibilitar las políticas de privatización encubierta de cuasimercados, rendición de cuentas y gestión de resultados”, analiza Saura. Durante un tiempo se llegaron a publicar clasificaciones de colegios en la prensa. Los colegios competían entre sí y los padres elegían al mejor, en una maniobra que ahondó en la situación inversa: al final son los colegios privados-concertados los que eligen a sus alumnos mediante diferentes artimañas.

Un poco de historia

La LOMCE fue la culminación, pero tampoco surgió de la nada. La situación venía de atrás. Empieza con la LODE, en 1985, que asimila los privados en el sistema a través de los conciertos. “La LODE establece el inicio del cuasimercado educativo español distinguiendo entre colegios privados, privados-concertados y públicos para posibilitar la elección a las familias”, explica Saura. Los colegios tenían que competir por el alumnado.

La LOGSE trae cosas positivas, cuenta Beatriz Quirós, catedrática de instituto jubilada que ha estudiado la materia y publicado diversos estudios al respecto. Pero también abrió la puerta al reglamentarismo y a las desigualdades académicas. En el 95 se pone en marcha la LOPEG, que dibuja el marco legal para la entrada de la privatización del sistema educativo y profesionaliza la dirección de los centros, quitando a los Consejos Escolares la capacidad de decisión que tenían en favor de los directores.

La LOCE del PP, en 2002, ya introduce el neoliberalismo sin ambages: “Cultura del esfuerzo”, jerarquización de los centros escolares, que compiten entre sí… De esta norma los expertos destacan que se centró en la figura de la dirección de los centros, “otorgándole a la figura una toma de decisiones propias de planteamientos gerenciales”, cuenta Saura. Nunca entró en vigor porque llegó el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y aprobó la LOE, pero el camino ya estaba marcado.

“La LOE debería haber supuesto un freno a las políticas neoliberales, pero no lo hace. Se aplica la estrategia de Lisboa, no hay medidas para mantener el personal en los centros, se introducen las competencias básicas, las evaluaciones de diagnóstico, se filtran clasificaciones de colegios, empieza el gusanillo de PISA, hay que quedar bien colocado… Calan esas ideas y se pervierte la educación”, explica Quirós.

En paralelo, y al calor de la crisis de 2008, en España empiezan a recortarse los presupuestos. La administración dedica hoy a la Educación exactamente el mismo dinero que invertía en 2007, unos 47.500 millones de euros en total. Pero la escuela privada concertada, en manos de la Iglesia en su mayoría, recibe un 25% de fondos públicos más que entonces.

Con este panorama, son las familias quienes compensan este estancamiento en el gasto público en busca del mejor futuro para sus hijos: su gasto educativo ha subido casi un 50% en esa misma década, pasando de 8.700 millones de euros al año en 2007 a 12.300 diez años después.

En el mundo se siguió una tendencia parecida. Por seguir con la misma referencia temporal, los países invertían de media el 4,41% de su PIB en Educación en 2007. Una década más tarde ese porcentaje era del 4,67% de su PIB en Educación, una subida del 5%. Pero el PIB ha subido en el mismo periodo cerca de un 30%, al pasar de unos 60.000 miles de millones de euros a unos 80.000.

La escuela que segrega

Esta mercantilización de la educación está modelando una escuela más sectaria, menos social y que poco a poco va perdiendo el papel de ascensor social que sí ha llegado a ejercer. Lo dicen los profesores, que lo ven, y lo dice la estadística.

En España, el 69% de los hijos de familias con estudios superiores irá a la universidad mientras que el 56% de los descendientes de familias que no pasaron de la secundaria obligatoria (16 años) se quedarán en el mismo punto, según datos de la OCDE. Más: los descendientes del 20% de las familias más pobres necesitarán cuatro generaciones enteras para alcanzar el nivel de vida medio en el país.

La segregación campa por las escuelas. Los ricos van a clase con los ricos a la escuela privada (concertada o no) y los pobres con los pobres a la pública. Lo dice la Fundación BBVA en el informe Diferencias educativas regionales 2000-2016, lo escribió el profesor de la UAM Javier Murillo en un detallado estudio que colocaba a España como el sexto país que más segrega de Europa y a Madrid –laboratorio educativo del PP durante todo el principio del siglo XXI– como la región puntera en este apartado en Europa.

Esta distribución del alumnado tiene sus consecuencias: mejores colegios, mejores compañeros, mejores notas, mejores estudios, mejores trabajos. Esto es una cadena, está estudiado que funciona así (hablando de grandes grupos, los individuos se pueden salir de esta lógica). Si tus padres estudiaron y tienen libros en casa, más opciones tendrás tú de seguir su camino.

Y llegaron los másteres

La llegada de Bolonia supuso una especie de confirmación de estas tendencias. Fuera su intención o no, el desembarco del espacio superior de educación europeo en España (el conocido como plan Bolonia) en el curso 2008-2009 tuvo al menos un doble efecto: los másteres pasaron a ser parte fundamental de los estudios (cuestan el doble o triple que un grado) y como consecuencia las universidades se encontraron con una nueva entrada de ingresos privados. Bolonia cambió la estructura de los estudios universitarios para proponer, con carácter general, carreras más cortas (y más genéricas) que idealmente se completan con un máster para la formación específica.

Alumnos de máster en las universidades privadas.

El individualismo aspiracional con el que bombardea el capitalismo neoliberal lleva a una frenética carrera por llegar a los mejores empleos (o al menos los más remunerados). Estudiar se convierte en obligatorio por el mercado, de manera que ya se ofrecen más másteres (3.540 el último curso) que grados (2.854). Haz un máster. Haz otro. Y los hacemos: en diez años el número de alumnos de posgrados se ha cuadruplicado, multiplicando los 50.000 que hicieron uno el curso que se implantó Bolonia hasta los más de 200.000 del pasado año, según datos de Educación. Antes, uno de cada 25 estudiantes hacía un posgrado. Ahora es uno de cada seis y medio.

Y no son precisamente baratos. Además, la llegada de esta creciente fuente de ingresos para las universidades coincidió en el tiempo con el recorte a la financiación pública que impulsó Rajoy cuando empezó la crisis. Son las universidades privadas las que cada vez más están recogiendo ese pastel: han pasado de tener uno de cada seis alumnos de máster a uno de cada tres en diez años. Y subiendo.

Pero el mercado laboral dual que se está conformando (unos cuantos trabajos bien remunerados arriba, una mayoría de empleos que no requieren de demasiada formación) no es capaz de absorber a todos estos estudiantes formados y el resultado es que España el país de Europa con más universitarios en trabajos que no necesitan esa cualificación. Somos campeones en sobrecualificación: uno de cada tres empleados ha estudiado bastante más de lo que exige su puesto. Por el camino, miles de euros gastados en una formación que quizá no se utilice nunca.

Compraventa de colegios y universidades

La evolución de estas ideas y del propio mercado ha llevado a la creación de un sector educativo de dimensiones a considerar. La Educación mueve mucho dinero. Pese a los recortes, las cifras siguen siendo golosas. Los países de la UE gastaron 716.000 millones de euros en Educación en 2015, a lo que habría que sumar el gasto privado, que solo en España fueron más de 12.000 millones de euros el pasado año. Y esta partida –la de las familias–, al contrario que las públicas, solo sube.

Porque todo el mundo quiere lo mejor para sus hijos. Los padres no escatiman, dentro de sus posibilidades. Los Gobiernos gastan en escuelas, en profesores, en equipamiento, tanto hardware como software. Las tecnológicas pelean por coger su trozo del pastel. Google, IBM, HP y muchos otros gigantes han saltado de lleno al sector ofreciendo recursos, en forma de maquinaria o programas, conocedores de que meter el pie en el sector solo puede traer buenas noticias. Las start-ups crecen como setas. Solo el pasado año el sector tecnológico movió unos 6.500 millones de euros en todo el mundo.

Ejemplos de este negocio en torno a la educación se pueden observar en España en todos los niveles educativos. En educación obligatoria sirva el ejemplo de los colegios Laude, un grupo compuesto por diez centros privados repartidos por el país. En 2006, los fondos Dinamia y N+1 compraron cinco colegios en una operación que se cerró por unos 18 millones de euros, según contaba la prensa entonces. El “tamaño” y el “crecimiento sólido del mercado” se citaban como puntales para una buena inversión.

El grupo fue creciendo con la compra de más centros hasta que en 2014, tras una inversión total de 35 millones, se vendió por entre 35 y 45 millones de euros al gigante International School Partnership (ISP), cuyo principal accionista es Partners Group, la firma de capital riesgo más grande de Suiza. A día de hoy, el grupo Colegios Laude SL es el segundo más grande del sector con una facturación anual de 46,8 millones de euros en 2017 y un resultado de explotación de 3,6 millones de euros.

Al menos, siempre quedarán las competencias y la satisfacción de tener una escuela “eficiente” que dé “empleabilidad” a los jóvenes. Pero, se preguntan los expertos, ¿es la “empleabilidad” una garantía de empleo por sí misma?

Fuente e imagen tomadas de: https://insurgenciamagisterial.com/el-negocio-de-la-educacion-ii-parte-35-anos-de-leyes-para-privatizar-las-aulas-de-la-lode-a-la-lomce/

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Educación, el drama invisible

Por: José Luis Patiño.

 

Mientras, la resaca de las elecciones congresales sigue siendo analizada por politólogos, sociólogos, etnocacerólogos, frepapólogos y otras nuevas ramas de la opinología mediática, hay decenas de miles de jóvenes a quienes el Estado peruano los ha virtualmente desalojado de las “aulas formales” y echado a su suerte al patio trasero de la incertidumbre.
Estas decenas de miles de jóvenes depositaron por años su confianza, tiempo y dinero en universidades públicas y privadas con la supuesta garantía de un Estado que acreditaba, con sendos diplomas y títulos a nombre de la Nación, una “educación de calidad”. Hace poco, ese mismo Estado les informó que (¡ups!) fueron vilmente engañados y, por lo tanto, “sería mejor que pronto cambien de universidad”.

Nadie duda del necesario trabajo y valioso aporte que viene realizando la Sunedu en generar las condiciones para mejorar la educación superior. Sin embargo, es necesario que así como el Estado fue cómplice de la estafa, también asuma las consecuencias y sea parte del resarcimiento por el engaño y la burla cometida, lo cual ha generado un grave problema social. ¿Qué ha hecho el Estado al respecto hasta este momento? Veamos:

1. Se estima que son más de 160,000 jóvenes que ven truncas sus carreras profesionales y que deben “asimilarse”, por decir un término, a las otras universidades que podrían recibirlos. El Ministerio de Educación ha destinado una exigua partida presupuestal a las universidades públicas para este fin. La Universidad Decana de América, San Marcos, ha anunciado que evaluará los mecanismos para poder recibir a los estudiantes “desplazados”;

2. También se ha previsto que las universidades privadas debidamente acreditadas puedan recibir a estos estudiantes, previa autorización de la Sunedu y siguiendo procedimientos determinados;

3. Hay, asimismo, la posibilidad que una universidad sin licencia pueda llegar a un acuerdo con otra que sí cuenta con autorización, para poder utilizar infraestructura, equipamiento, así como servicios de profesores, empleados, etc., conforme a los términos del convenio y disposiciones al respecto.

¿Son suficientes estas propuestas? ¿Podrán los más de 160 mil alumnos engañados con el aval de Estado, retomar sus sueños de convertirse en profesionales? ¿Qué institución del Estado debiera asumir los costos de esta estafa y verificar el resarcimiento a las decenas de miles de estudiantes para que puedan financiar esa “asimilación” a universidades licenciadas? ¿Y la responsabilidad económica de los dueños de las universidades privadas que vendieron gato por liebre?

El drama de estos jóvenes debiera estar en la agenda política del gobierno y del nuevo Congreso. El futuro de estos jóvenes no puede verse truncado de esta manera. El daño económico a ellos y sus familias es incalculable. Y eso que no estamos hablando de los terceros afectados: los miles de trabajadores administrativos y profesores de estas, ahora, seudo universidades, quienes perderán su empleo y engrosarán la fila de los desplazados de la formalidad.

Fuente del artículo: https://www.expreso.com.pe/opinion/jose-luis-patino/educacion-el-drama-invisible/

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La facturación de universidades privadas y escuelas de negocios aumentó en España un 7 %, hasta los 2.430 millones de euros

Redacción: RRHH Pres

El negocio generado en España por universidades privadas y escuelas de negocios alcanzó los 2.430 millones de euros en 2018, un 7 % más que el año anterior, según el datos del Observatorio Sectorial DBK de Informa.

Este incremento se debe al buen comportamiento de la demanda de formación superior, al dinamismo de los programas a distancia y al alumnado internacional.

Las universidades privadas generaron unos ingresos totales de 1.675 millones de euros, aumentando un 7,4 % respecto a 2017 y llegando a representar el 68,9 % del total.

El 16,6% de los ingresos de las universidades privadas correspondió a las cinco universidades no presenciales operativas, con una cifra de negocio cercana a los 280 millones de euros en 2018, un 16,8 % más que el ejercicio anterior.

Las universidades presenciales crecieron a un ritmo más moderado, el 5,7 %, generando unos ingresos de 1.400 millones de euros.

El número total de alumnos en grados y másteres oficiales en universidades privadas se incrementó un 2,2 % en el curso 2018/2019, hasta los 278.417 alumnos. Esta cifra supuso el 18,5 % del total en universidades públicas y privadas, participación que refleja una tendencia al alza.

En el segmento de escuelas de negocios la actividad también estuvo impulsada por el aumento del número de alumnos, de manera que la facturación creció un 6,3 %, hasta los 755 millones de euros.

En los próximos años es previsible que se mantenga la tendencia positiva, aunque se espera una moderación en el crecimiento del mercado, con tasas de variación previstas del 5 % – 7 % en 2019 y 2020.

En octubre de 2019 se encontraban operativas un total de 33 universidades privadas reconocidas por ley y con actividad docente. Por su parte, operaban en torno a un centenar de escuelas de negocios con una actividad significativa.

El sector presenta cierto grado de concentración, ya que las cinco primeras entidades en términos de ingresos reunieron, en conjunto, el 27 % del valor total del mercado de universidades privadas y escuelas de negocios. Por su parte, las diez primeras entidades concentraron el 47 % de los ingresos.

Fuente: https://www.rrhhpress.com/tendencias/48142-la-facturacion-de-universidades-privadas-y-escuelas-de-negocios-aumento-en-espana-un-7-hasta-los-2-430-millones-de-euros

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Protestas en Panamá por subsidios a universidades privadas

Centroamérica/Panamá/24 octubre 2019/Prensa Latina

La defensa de la educación superior y el rechazo al intento de subsidiar a universidades privadas, fueron reclamos hoy de docentes y estudiantes de la Universidad de Panamá (UP), quienes marcharon del campus hasta el Parlamento.
Al llegar a los predios de la Asamblea Nacional, bajo un fuerte aguacero, hubo enfrentamientos de los manifestantes con fuerzas antimotines que les bloquearon la entrada al palacio legislativo y los universitarios intentaron escalar la reja de entrada al grito de ‘la U se defiende’, lo que provocó un altercado con los policías.

‘Las puertas cerradas del edificio, que es del pueblo, provocó la ira de los manifestantes, quienes se aprestaron a derribarlas y se produjo el enfrentamiento’, relató el profesor Jorge González, uno de los participantes en la manifestación.

Un mensaje del Parlamento publicado en Twitter afirmó que el presidente de ese ente, Marcos Castillero, le dijo hace dos días al rector Eduardo Flores, que los artículos reclamados se eliminarían del proyecto de reformas constitucionales.

No obstante, Flores encabezó la marcha donde una multitud vestida de blanco, en señal de considerarse representantes de la pureza de la formación académica, portó los emblemas de la más antigua casa de altos estudios del país, después que este martes el Consejo General Universitario impugnara las modificaciones a dos artículos de la Constitución.

‘Declaramos nuestro rechazo porque las mismas les quitan a las universidades públicas la función fiscalizadora de las universidades particulares, lo que equivale a suprimir el poder de intervenir del Estado, puesto que las universidades públicas realizan la fiscalización en nombre del mismo’, señaló un comunicado de la institución.

Esto podría conducir a la precarización de la enseñanza, ya que queda sin garantía el mejoramiento de la educación universitaria, advirtieron los académicos quienes adelantaron acciones como la marcha realizada, la creación de un comité de defensa de la universidad pública y la realización de un foro sobre las reformas.

El Consejo explicó que uno de los cambios eliminaría el deber del Estado de dotar del presupuesto indispensable a las universidades públicas, lo que las provee de autonomía económica, al tiempo que propone darle asistencia económica por igual a las universidades oficiales y particulares, además de eximir a estas últimas del pago de impuestos.

‘Es inadmisible que el Estado subsidie a estos negocios y facilite mayores ganancias a sus dueños. Consideramos que los oscuros intereses que están detrás de tales reformas, lo que proponen es la privatización total de la educación universitaria y verla como un bien mercantil’, advirtieron las autoridades docentes.

El profesor Cecilio Simon retomó este martes, en el sitio Bayano Digital, una ponencia que presentó en 2011, donde demuestra cómo la Organización Mundial del Comercio, con sus acuerdos, convirtió la educación superior en mercancía y advirtió entonces que las universidades privadas reclamarían subsidios estatales, un elemento que se debate en estos momentos.

‘Una de las variables centrales de reflexión sobre la educación superior es como ha devenido de un derecho a un lucrativo servicio. La tendencia de formar universidades privadas en América Latina reemplaza los espacios educativos de las élites en las metrópolis europeas y estadounidenses’, señaló entonces en la introducción del trabajo presentado ocho años antes.

Fuente: https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=314789&SEO=protestas-en-panama-por-subsidios-a-universidades-privadas
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AFGANISTÁN : Universidades privadas molestas por un control gubernamental más estricto

Asia/Afganistan/universityworldsnews

Las universidades privadas en Afganistán han sido molestadas por las medidas del gobierno para hacerse cargo de los exámenes de ingreso a la universidad, así como para detener las admisiones a las facultades privadas de medicina, expresando su oposición a lo que ven como una mayor interferencia del gobierno en el sector privado de educación superior. 

Las universidades privadas habían realizado previamente sus propios exámenes de ingreso para seleccionar estudiantes. Estos ahora estarán bajo la supervisión del gobierno. 

Las universidades privadas solo han florecido en los últimos años gracias a la relativa paz en los principales centros urbanos en medio del creciente interés de la población por buscar educación superior en el país devastado por la guerra.

Con un sector privado en rápida expansión, el Ministerio de Educación Superior ha endurecido las reglas destinadas a una mejor regulación de la estructura de tarifas y el control de calidad de los aspectos académicos y administrativos de las extensas universidades privadas. El ministerio también dijo recientemente que las regulaciones más estrictas se produjeron después de quejas de venta de títulos en universidades privadas en medio de acusaciones de que algunos estudiantes ni siquiera asistieron a clases. 

La Asociación de Universidades Privadas e Institutos de Educación Superior en Afganistán (APUIHEA) celebró una reunión de emergencia la semana pasada para plantear sus preocupaciones y oposición a una mayor interferencia, como lo expresaron, el gobierno en las instituciones educativas del sector privado. El presidente de APUIHEA, Shafiullah Naimi, dijo a University World Newsque los problemas persistentes con el gobierno aún no se han resuelto. 

«Planeamos presentar quejas ante USAID y la embajada de Estados Unidos que se esfuerzan por promover el sector privado en Afganistán», dijo, refiriéndose a la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, que proporciona algunos fondos para la educación superior, incluso para el sector privado. . 

«Las restricciones del gobierno son muy desalentadoras tanto para los estudiantes como para la administración de universidades privadas, que han invertido su fortuna en establecer más de cien universidades en el país», dijo.

El gobierno afgano tardó más de una década en otorgar finalmente títulos y diplomas aprobados el año pasado a miles de estudiantes universitarios privados que no habían podido obtener un asiento en las insuficientes instituciones del sector público. Las cifras oficiales sugieren que han surgido 131 instituciones privadas de educación superior, que ofrecen cursos en 431 facultades y 990 departamentos. 

Anualmente, más del 50% de los graduados de secundaria (más de 100,000) no logran ingresar a las universidades públicas simplemente porque no hay suficientes cupos disponibles. Sin embargo, de acuerdo con las nuevas reglas de este año, las universidades privadas tienen prohibido inscribir directamente a los estudiantes en medicina. Estos incluyen Cheragh Medical University en Kabul. 

Cheques y saldos

El portavoz del Ministerio de Educación Superior, Faisal Amin, defendió la medida. “El objetivo principal detrás de las nuevas regulaciones es tener controles y equilibrios para las admisiones del sector privado también. De ahora en adelante, la Dirección Independiente de Examen de Ingreso Universitario también realizará pruebas de ingreso para las universidades privadas ”, dijo. 

El académico y autor con sede en Kabul, el Dr. Mohammad Nezam, está a favor de alguna regulación del sector privado. «Sin ningún control y regulación, es muy probable que el sector privado persiga sin descanso sus intereses económicos, lo que resultaría devastador, particularmente en campos como la medicina, la administración pública, la ingeniería civil, etc.», dijo. 

Nezam sugirió que un mecanismo regulador abierto y equilibrado supervisado por representantes públicos y teniendo en cuenta los intereses de los estudiantes sería la solución correcta para el enfrentamiento actual.

Fuente: https://www.universityworldnews.com/post.php?story=20190726144336805

Imagen tomada de: https://www.universitiesintheworld.com/images/private-universities-in-afghanistan.jpg

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La paradoja de las universidades privadas en Colombia

Por: Alejandro Cheyne García.

En el primer y segundo semestre de 2019, las universidades privadas han encontrado una mayor dificultad para atraer a los estudiantes a sus aulas. De hecho, el descenso en los niveles de matrículas universitarias se evidencia desde el 2017.

Según datos del Sistema Nacional de Información de Educación Superior (SNIES), en el 2016, 285 833 personas accedieron a educación privada, mientras en el 2017 fueron 255 462, lo que evidencia una reducción aproximada del 10%.

Al mismo tiempo, Colombia cuenta con un acceso a la educación superior significativamente bajo en comparación con estándares internacionales. En el país, solo el 22% de las personas entre 25 y 64 años cuentan con un título universitario, un porcentaje muy inferior al promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que es de 38%, tal como lo mencionan en su investigación ‘Education at a Glance 2018’.

Además, la desigualdad en el acceso a la educación en las regiones del país es realmente crítica. De acuerdo al SNIES, en el 2017 se encontró una concentración mayor en Bogotá de los estudiantes que accedieron a la educación superior, mientras que en departamentos como Amazonas, Chocó y Arauca este porcentaje fue significativamente menor.

En este orden de ideas, la paradoja se evidencia en un excedente de personas que quieren estudiar y no tienen el dinero para pagar su formación y, al mismo tiempo, en “sillas vacías” en las universidades privadas por la caída en las matrículas. Se estima que, entre los factores asociados a esta disminución, se tiene la influencia del modesto crecimiento económico de Colombia, (1.8 % en 2017, 2.7 % 2018 y una  perspectiva todavía incierta del 3.0 % para 2019) junto con un desempleo creciente del 10.5% para el mes de mayo de 2019, de acuerdo con el DANE. Lo anterior, disminuye sustancialmente la capacidad y disposición a pagar por parte de los jóvenes y sus familias.

Otro factor a tener en cuenta es el envejecimiento creciente de la población. Tal como afirmó el director del DANE, Doctor Juan Daniel Oviedo, en el Simposio de Envejecimiento y Longevidad de la Universidad del Rosario (2019) el 13.4% de la población en Colombia tiene más de 60 años. En este sentido, se ve una disminución de la población en edad productiva interesada en ingresar a la educación superior.

Pero, ¿por qué las universidades privadas no se dieron cuenta de esta tendencia? Una explicación puede ser el número de matrículas crecientes como resultado del programa Ser Pilo Paga que financió cerca de 40 mil estudiantes desde el año 2014. Ahora bien, esta paradoja nos plantea tres interrogantes adicionales a las universidades privadas.

1. ¿Es realmente compatible el sueño de una “educación universitaria para todos sin restricciones de acceso”, con la necesidad de inversión creciente que realizan las universidades privadas comprometidas con estándares de alta calidad nacional e internacional?

La respuesta para un modelo universitario de ingresos con dependencia superior al 85% de las matrículas no puede ser afirmativa, razón por la cual se requiere del diseño de nuevas formas de financiación en donde la alianza Universidad – Empresa – Estado sea fundamental para convertir este sueño en realidad, siempre y cuando se cumpla con el supuesto de la equidad, es decir, que la ayuda realmente la reciba quien la necesita.

2. ¿Una disminución de precios en las matrículas genera un desplazamiento de la demanda?

La respuesta, por supuesto, es negativa. Para muchos jóvenes que han nacido a principios del Siglo XXI y que ahora se están incorporando a la universidad, tener un título universitario ya no es garantía de un trabajo decente con los criterios establecidos por la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Los jóvenes realmente están buscando nuevos escenarios de formación con mayor pertinencia a nuestra realidad. En este sentido, se hace evidente la necesidad de una innovación pedagógica con programas que desafíen esquemas tradicionales de las universidades, con una mayor proximidad a los verdaderos protagonistas que son los jóvenes universitarios

3. ¿Se justifica el gasto creciente que realizan las universidades en su proceso de atracción, en medio de una competencia feroz por quedarse con los estudiantes?

La inversión promedio puede representar entre 5% y 7% de los ingresos, bajo el supuesto que lo asume la institución y no el estudiante, con un costo de oportunidad importante para la docencia, investigación y extensión. El sector de la educación está cambiando y los supuestos con que trabajaban las universidades privadas ya no son los mismos. Las megatendencias plantean la necesidad de una cooperación mayor entre todos los actores de la educación superior, para ofrecer un servicio educativo de talla mundial en un escenario de incertidumbre.

Esta paradoja se convierte en un gran reto para las universidades privadas en Colombia, quienes deben plantear nuevos lineamientos y escenarios de formación, teniendo en cuenta las necesidades de los jóvenes y los nuevos modelos pedagógicos. Adicionalmente, es fundamental proponer nuevos instrumentos de financiación para facilitar el acceso a la educación superior para todos.

Fuente del artículo: https://www.semana.com/opinion/articulo/la-paradoja-de-las-universidades-privadas-en-colombia-columna-de-alejandro-cheyne-garcia/624171

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