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México / 13 de enero de 2019 / Autor: Marisol Velázquez / Fuente: El Financiero
La SEP informó que nueve universidades autónomas con un déficit económico importante recibieron en diciembre un apoyo extraordinario de 2,309 millones de pesos para financiar principalmente el pago de jubilaciones, pensiones y prestaciones de los trabajadores de las universidades.
La Secretaría de Educación Pública (SEP) informó que nueve universidades autónomas con un déficit económico importante recibieron en diciembre un apoyo extraordinario de 2,309 millones de pesos para financiar principalmente el pago de jubilaciones, pensiones y prestaciones de los trabajadores de las universidades.
En el marco de la presentación de la Plataforma en Transparencia y Rendición de Cuentas, el subsecretario de Educación Superior, Luciano Concheiro Bórquez, reconoció que la deuda de las 34 universidades autónomas del país asciende a 19,209 millones de pesos.
Concheiro Bórquez enfatizó que la ayuda extraordinaria brindada a las nueve universidades públicas de Sinaloa, Zacatecas, Nayarit , Michoacán, Estado de México, Oaxaca , Chiapas, Tabasco y Morelos no resolverá la crisis hasta que no se implemente una estrategia de trasparencia y austeridad en el empleo de los recursos otorgados.
Por ello anunció que, en coordinación con la Asociación Nacional de Universidades e Institutos de Educación Superior (Anuies), las universidades beneficiadas deberán dar a conocer a través de la plataforma digital abierta al público los recursos otorgados por el gobierno federal y el uso de los mismos para atender los compromisos aún pendientes.
“Hemos acordado realizar con el apoyo del Anuies un estudio a profundidad de la situación financiera no sólo de las ocho universidades, sino del conjunto de las universidades públicas que lo deseen, desde la perspectiva de sus autonomías, para transitar hacia una reestructuración constitucional que les dé viabilidad a corto y largo plazos”, aseguró Concheiro Bórquez.
Por su parte, el secretario general ejecutivo de la ANUIES, Jaime Valls Esponda, acompañado de los rectores de las universidades beneficiadas, aseveró que ninguno de los rectores ganará por encima del presidente de la República, además de que se tomarán medidas para evitar gastos innecesarios y así poder aumentar la matrícula de estudiantes de las universidades autónomas.
“No se trata de un problema coyuntural, desde hace años las universidades han trabajado con poco presupuesto (…) La solución a estos problemas requiere de una política renovada de financiamiento con la corresponsabilidad de los distintos órdenes de gobierno y el compromiso de las instituciones de educación superior”, declaró.
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Las universidades españolas implantan esta tecnología para avalar las titulaciones de forma instantánea
Los títulos universitarios tardan hasta dos años en ser emitidos con el sello oficial. Los certificados de estudios implican un farragoso papeleo y tiempo de espera. Se hace para comprobar los datos y evitar currículos falseados. O para optar a una oposición, pedir trabajo o realizar un intercambio Erasmus. Pero la tecnología ya está preparada para acortar esta tardanza. Los nodos (grandes ordenadores) que funcionan con tecnología blockchain han entrado en la academia para fulminar el papeleo universitario, para ser el notario de la formación en un tiempo récord. En las universidades donde ha empezado el cambio, las titulaciones de los alumnos son instantáneas. Es lo que ocurre en la Carlos III de Madrid (UC3M) y en la escuela de negocios ISDI. El cambio se produce a la par de la investigación sobre el horizonte de esta tecnología.
La escuela de negocios digital ISDI ha dado el primer paso. «Somos el primer centro docente del mundo en validar sus títulos con tecnología blockchain. Entregamos los primeros certificados el pasado mes de abril y ya lo hacemos con todos nuestros másteres», asegura Nacho de Pinedo, consejero delegado de ISDI. La escuela, que imparte clases en España, México y el Silicon Valley californiano, ha pasado de imprimir cada título en papel a emitir todos en bloque con solo apretar un botón.
El título otorgado por ISDI es un link que lleva a la red blockchain donde la escuela lo ha guardado. «Esta fórmula tiene dos grandes ventajas. Una es su portabilidad. El linkestá en poder del alumno y lo puede enviar por correo electrónico a quien desee o colgarlo en su red social profesional. La segunda es su inmutabilidad, nadie puede borrarlo ni modificarlo. Queda certificado que el alumno asistió a nuestras clases, aprobó las notas y entregó los trabajos. Son las tres pruebas que debemos tener para dar el título», añade De Pinedo.
El pasado julio, la UC3M se coronó como la primera universidad española en certificar sus titulaciones con esta moderna tecnología. «Hicimos un proyecto para 260 estudiantes con una empresa de tecnología externa. Ahora desarrollamos la certificación blockchain de una asignatura de prácticas de laboratorio para 500 alumnos internamente. Trabajamos con el objetivo de certificar todas las asignaturas de nuestros casi 21.000 alumnos para el próximo curso», explica Juan Manuel Moreno, gerente de la universidad.
ICEMD (Instituto de la Economía Digital de ESIC) va más lejos. Mientras hace el cambio, analizará el valor de la tecnología blockchain para verificar las certificaciones universitarias e identificar expedientes y currículos falseados. «Además de los títulos en papel, los entregamos en formato digital desde hace dos años. Ahora damos el paso de certificarlos con blockchain para asegurar su inviolabilidad. Hemos elegido a una empresa externa con experiencia en hacer el cambio, pero queremos ir poco a poco para contrastar el valor real que dará a los alumnos», indica Enrique Benayas, director general de ICEMD.
Benayas cree que las titulaciones blockchain se generalizarán en el sistema educativo en un par de años, «cuando la tecnología se expanda y se democratice, y las grandes empresas apuesten por ella. Los alumnos lo irán demandando según lo vayan incorporando las universidades». La enseñanza superior española es pionera, siguiendo los pasos del MIT y de la Open University de Reino Unido.
La Universidad de Alicante tiene un laboratorio de investigación aplicada con cuatro nodos blockchain y desarrolla un proyecto para certificar la formación no reglada. La Universidad Pontificia Comillas y la Universidad San Pablo-CEU estrenaron sus nodos universitarios blockchainantes del pasado verano y empiezan a investigar conjuntamente las posibilidades de la tecnología. «Las universidades podremos realizar investigación conjunta distribuida, experimentación tecnológica descentralizada, creación de alumnicogestionado por distintos centros de investigación conectados a empresas», desgrana Javier Ibáñez, director del Laboratorio Blockchain de la Universidad de Comillas.
Las posibilidades son enormes, los nodos blockchain también pueden ser un banco de pruebas de emprendeduría. Los estudiantes Alan Draguilow y Yaron Chocron, del CEU, esperan probar en el nodo blockchain del centro su proyecto de plataforma para crear currículos que avalarán hasta los periodos de prácticas en otros países.
Queda camino. Deberá haber cambios legislativos para que los expedientes universitarios expedidos de forma instantánea sean oficiales. «La certificación de las titulaciones con blockchain deberá ser reconocida por las universidades, que son soberanas, y por el Ministerio de Educación. Sucederá de forma progresiva», explica Ricardo Palomo, catedrático de Finanzas del CEU y director de Blockchain Lab del CEU.
En pocos años, la red universitaria blockchain española para formalizar las titulaciones e intercambiar expedientes de forma automática será realidad. El primer paso se ha dado ya, con la entrada de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) en Alastria, el consorcio formado por casi 280 empresas e instituciones para hacer la red blockchain semipública de país en España.
A la medida del crecimiento de la ultraortodoxia de la comunidad judía del país.
Serían admitidas normas que restrinjan el uso del campus tanto por los hombres como por las mujeres a unos días de la semana pero nunca el mismo para unos y otras.
El fenómeno de la segregación por género se ha asegurado un pequeño pero firme punto de apoyo en el mundo académico israelí, y se espera que se amplíe en los próximos años después de que un organismo supervisor académico aprobara la extensión de esta práctica, según información del periódico israelí Haaretz.
En los últimos años, en respuesta a las exigencias de los judíos ultra-ortodoxos de una educación segregada por género, algunos profesores israelíes empezaron a brindar cursos abiertos o bien exclusivamente para hombres o bien solo para mujeres.
La comunidad utra-ortodoxa de Israel representa algo así como el 12 por ciento de la población del país, con una estimación –en 2017– de alrededor del millón de ciudadanos practicantes de la fe; un número que no hace más que crecer.
Cuando en 2014 y 2017, el protocolo fue cuestionado en el Tribunal Supremo, el Consejo de la Educación Superior respondió en favor de la práctica haciendo hincapié en que el alcance de la segregación por género se limitaría a la habilitación de unas aulas solo para hombres y otras solo para mujeres.
“La implementación de la segregación por género solo será posible en las aulas; no se permitirá segregación alguna en los espacios públicos en el resto del campus universitario”, comunicó en su momento el Consejo a los jueces supremos.
Pero más tarde el Consejo revirtió su posición y aprobó que las universidades israelíes avanzaran hacia la separación de hombres y mujeres como lo estimaran conveniente.
La implantación de no solo aulas segregadas por género sino también campus totalmente segregados por el mismo criterio con senderos de separación sería permisible con el nuevo conjunto de normas del Consejo.
Las normas restrictivas del uso del campos ya sea para hombre o para mujeres según el día de la semana pero sin coincidir nunca también serían admisibles según las nuevas pautas.
“La posición del Consejo de la Educación Superior es que no existe restricción alguna para la habilitación de campus separados, situados en diferentes zonas geográficas, para hombres y mujeres”, escribió el Consejo al Tribunal Supremo la semana pasada,* y agregó que “no hay impedimento alguno para el establecimiento de días diferenciados para los cursos”.
En su presentación al tribunal, el Consejo señaló que la segregación por género en los espacios públicos de un instituto o de una universidad estaba supeditada al consentimiento de los estudiantes, que no podían ser obligados contra su voluntad. “Las instituciones que fuercen la segregación en los espacios comunes serán sancionados”, escribió.
Pero Or Kashti, reportero de educación de Haaretz, dice que esta advertencia es improbable que impida la expansión de la segregación por género aunque algunos estudiantes se opongan a ella.
“La prohibición de que las mujeres accedan a una institución académica o que vayan a la biblioteca en ciertos horarios no necesariamente debe ser explícita. Es suficiente un cartel que avise de horarios diferenciados y que se pida ‘consideración’. Pocos se atreverán a actuar de otra manera”, escribió Kashti en un tweet.
‘Patrulla del recato’
En la práctica, en los últimos años son numerosas las academias israelíes que han segregado por género sus espacios públicos, entre ellos la entrada del establecimiento, el vestíbulo y la biblioteca.
En el Instituto Académico Ono, la apariencia de las mujeres era supervisada por una ‘Patrulla del recato’ que controlaba las joyas y el maquillaje permitidos, y cuánta piel podía no estar cubierta.
Kashti señala que en otras circunstancias de la sociedad israelí en las que se ha permitido la segregación por género –con la condición de que fuese consensuada– los tribunales han insistido en que se implementaran otras disposiciones que aseguraran que los ciudadanos estén al corriente de su derecho de objetar la práctica.
Por ejemplo, en algunas líneas de autobuses públicos frecuentadas por ultra-ortodoxos, en los buses debe haber señalización plurilingüe que deje claro que la segregación por género es opcional –no obligatoria– y hay un grupo de inspectores para asegurar que no existe coerción alguna. Sin embargo, en relación con los institutos israelíes, el Consejo no estipula la necesidad de un mecanismo de control.
A las instituciones académicas no se les exige que brinden el mismo número de clase a las mujeres que las se ofrece a los hombres, o viceversa, por ejemplo. Antes bien, las clases son abiertas sobre la base de la “demanda de programas concretos y su viabilidad económica”, dice el Consejo.
Canarias registra la tasa de graduación más baja de España, mientras que los que más cumplen son Navarra, Aragón, Madrid y Castilla y León
Los rectores advierten de la «saturación» de alumnos en Magisterio: las universidades forman un 50% más de maestros de los que se necesitan
Sólo el 49% de los estudiantes universitarios españoles finaliza la carrera en el tiempo previsto. El resto se retrasa unos años, algunos se eternizan y otros terminan abandonando los estudios que comenzaron. Las universidades con las tasas de graduación más elevadas están en Navarra (con una tasa del 60%), Aragón(58%), Madrid (57%) y Castilla y León (56%), mientras las más bajas se registran en Canarias (33%), Asturias (37%), Andalucía (42%) y Castilla-La Mancha (42%). Los datos, que dejan en evidencia los sistemas universitarios de algunas comunidades autónomas, proceden del informe La Universidad Española en Cifras, que ha presentado este miércoles la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (Crue).
El trabajo, elaborado por Juan Hernández Armenteros, profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Jaén, y José Antonio Pérez, gerente de la Universidad Politécnica de Valencia, advierte de que el acceso a la educación superior en España es «amplio, superior al de muchos países desarrollados» como Reino Unido (que tiene un 24% de estudiantes matriculados entre los 20 y los 24 años, frente al 38% registrado en España), Italia (30%) o Francia (33%). Sin embargo, esa mayor porcentaje de jóvenes que van en España a la universidad no se traduce luego necesariamente en una finalización de sus estudios porque la probabilidad de obtener una titulación de grado y máster «es menor» aquí que allí, donde los chicos empiezan más tarde pero terminan titulando en una mayor proporción.
El informe advierte también que la tasa de graduación (es decir, los alumnos que finalizan los años teóricos de duración del plan de estudios más uno adicional) es elevada en carreras como Medicina (80%) o Enfermería (76%) y en las universidades privadas supera a las públicas. ¿Por qué? Los autores creen que se debe, en primer lugar, a que los alumnos de la pública cada vez se matriculan en menos créditos «en aplicación de una estrategia defensiva ante el encarecimiento de las segundas y sucesivas matrículas». En segundo lugar, por «la persistencia de prácticas docentes tradicionales, poco estimulantes para el aprendizaje de los alumnos», que llevan a que éstos se eternicen en el aula o dejen la carrera. Y, por último, por culpa de «la permanencia en los estudios de alumnos que utilizan el laxo margen que le proporcionan las normas de progreso y permanencia aplicables en la mayoría de los centros universitarios públicos y que, con su bajo rendimiento, deterioran las mejoras conseguidas por la mayoría del alumnado».
Pese a todo, el informe constata que ha mejorado el rendimiento académico de los alumnos en los grados (las que tienen el porcentaje más elevado de créditos aprobados son las universidades de Cataluña, Madrid y la Comunidad Valenciana), aunque el abandono de los estudios sigue siendo alto: una de cada cinco estudiantes abandona la carrera en la que se matriculó. Estos son otras cuestiones que analiza el trabajo de la Crue:
Demanda «excesiva» en Magisterio
Los rectores advierten de la «bipolaridad» que existe entre lo que ofrece la universidad y lo que reclama el mercado de trabajo y reconoce una «saturación» en determinados perfiles formativos que «se ven abocados a un desempeño profesional de subempleo». Pone como ejemplo el caso de la carrera de Educación, en donde, por su «carácter vocacional», el rendimiento académico es superior a la media (89% frente a 78%), la tasa de abandono es menor (9% frente a 18%) y la tasa de graduación es mayor (70% frente a 49%). El grado lo eligen fundamentalmente mujeres y en él hay una presencia más acusada de alumnos procedentes de familias con niveles bajos de renta.
Sin embargo, debido a la caída de la población, las necesidades de escolarización en Infantil y Primaria han bajado y los autores calculan que bastarían 369.000 maestros para atender a la potencial población escolar de seguir así las tendencias demográficas actuales. Pero estiman que, si se mantienen al ritmo actual los niveles tan altos de matriculaciones, estarían formando un 50% más de maestros que los que realmente se necesitan, es decir, alrededor de 184.000 más. Los autores advierten que «la mitad de los egresados no podría ejercitarse en el desempeño de la formación para la que se han formado». El trabajo ha analizado el «nivel de saturación» de titulados en Magisterio en cada una de las comunidades autónomas atendiendo a las necesidades de escolarización de la población en edad escolar: Castilla y León tiene «un excedente de capacidad que casi duplica sus necesidades» (186%) y también sobran maestros en La Rioja, Extremadura, Aragón o Cantabria. Sólo se advierte un déficit, por el contrario, en Baleares (-9%) y Cataluña (-6%).
«Excluyente» sistema de becas
Roberto Fernández, presidente de la Crue, ha denunciado que el «exiguo» y «excluyente» sistema de becas y ayudas «no contribuye a la mejora de la equidad y del progreso social», pues éstas son «insuficientes» tanto en el montante de los fondos, que ha descendido un 13% entre 2012/2013 y 2016/2017, como en la dotación que recibe cada alumno, que ha bajado un 19%.
El informe advierte que España mantiene uno de los niveles de precios públicos más elevados de la UE, con «acusadas diferencias regionales» que generan «desigualdad» entre los alumnos en función de dónde estudien. Por ejemplo, en Cataluña el crédito en el grado cuesta 33,5 euros, mientras que en Galicia vale 11,9 euros. «No es aceptable que una misma titulación cueste el tripe en una universidad que en otra», ha denunciado Fernández. Las matrículas de máster son las terceras más caras de entre los países de nuestro entorno, sólo por detrás de Reino Unido y Letonia, mientras que las de grado ocupan la sexta posición, por detrás de los anteriores más Holanda, Hungría e Italia. No obstante, a partir del curso pasado la tendencia es a reducir las tasas y varias comunidades han revisado a la baja los precios, al tiempo que el Gobierno ha rebajado la horquilla para permitir incluso que las tasas sean gratuitas.
Además, se ha eliminado la exigencia de tener un 5,5 para poder acceder a las becas, un requisito que, según el estudio, ha provocado que un 5,4% de los alumnos fueran «excluidos» de la posibilidad de solicitar la condición de beneficiarios de la matrícula gratuita por presentar calificaciones inferiores durante el curso 2016/2017. Además, un 13,8% vieron «limitadas» sus posibilidades de percibir la totalidad de las ayudas complementarias por no alcanzar el 6,5 que se exigía.
«A la cola» en I+D
Los rectores también han denunciado que el gasto en I+D en porcentaje del PIB ha caído por sexto año consecutivo y ha retrocedido a los niveles de hace una década, situando a España «a la cola» de los países desarrollados. Atribuyen a esta circunstancia la poca presencia española en los ránkings de las mejores universidades del mundo. Dicen que los que más invierten en I+D, con gastos hasta tres veces superiores a los españoles, son los que acaparan los primeros puestos en las clasificaciones, según ha explicado en la presentación del estudio Juan Francisco Juliá, vicepresidente adjunto de la Crue.
«No todo es dinero, pero en 2016 seguíamos recibiendo menos gasto público en porcentaje del PIB que el que teníamos hace 20 años. Nos piden competir como un Fórmula 1 pero nos dan unos presupuestos de utilitario», ha expresado Fernández.
A pesar de las dificultades, las universidades españoles incrementaron un 87% la producción de artículos científicos entre 2007 y 2016 y aumentó un 13% la proporción de los mismos que se publican en las revistas de mayor impacto científico. «Con menos dinero hemos mantenido el tipo, pero todo tiene un límite y corremos el riesgo que el barco se pare en mitad del océano», ha advertido Fernández. Los rectores han admitido que la transferencia del conocimiento a la sociedad y la innovación siguen siendo las principales «deficiencias» en los resultados de los campus.
Estudiantes revelan que en algunas casas de estudio ha habido alzas de aranceles para el decil más rico y se han pospuesto proyectos inmobiliarios y contrataciones.
La política de gratuidad en la educación superior está produciendo brechas financieras en varios de los planteles, ya que la ley establece aranceles fijos que paga el Estado, que a veces son más bajos que los aranceles reales, y porque a aquellos alumnos que se atrasan en sus carreras se les quita el beneficio, pero no se les puede cobrar más de la mitad del valor de la carrera.
Solo por esta última condición, las 27 universidades del Consejo de Rectores (que son parte de las 46 instituciones que están en la gratuidad) tendrán una pérdida de $ 36.616 millones el próximo año, ya que hay 23 mil jóvenes de esas instituciones que se atrasaron en sus estudios. Y a eso, hay que sumar que por ley, en 2019 habrá un límite al cobro de los aranceles de los estudiantes de los deciles 7, 8 y 9, que son los que no están en la gratuidad.
Esta situación ha hecho que varias universidades comiencen a “apretarse el cinturón”, lo que ha sido advertido por los propios estudiantes. Ese es el caso de la U. de Chile, donde su federación de estudiantes (Fech) cuenta que la rectoría aplicará reajustes en los aranceles de los estudiantes del decil 10, los que van del 3,5% en Bachillerato, al 9,9% en las facultades de Artes y de Filosofía. De hecho, esta última facultad y la de Arquitectura y Urbanismo, hoy estaban en toma, y otras unidades estaban en paro.
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