Los niños de 12 años recién viven la pubertad, sus genitales están inmaduros y su cerebro todavía no entiende las implicaciones de una relación sexual.
Pero durante décadas en Filipinas ha sido legal que los adultos se acuesten con niños de esa edad.
Este país del sudeste asiático tiene una de las edades consentimiento sexual más bajas del mundo, aunque las comparaciones pueden ser confusas debido a las diversas legislaciones de cada país.
Expertos consultados por BBC Mundo afirman que la baja edad de consentimiento sexual en Filipinas es una amenaza para la salud infantil y que contribuye a que también sufra altas tasas de abuso, violencia y explotación sexual de niños.
La controvertida ley aún vigente, que data desde los años 30, dificulta definir qué es violación y qué no; y permite que pederastas y violadores esquiven con frecuencia el castigo de la ley, aseguran especialistas.
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Pie de foto, La baja edad de consentimiento sexual en Filipinas es una amenaza para la salud infantil y contribuye a que el país asiático también sufra altas tasas de abuso, violencia y explotación sexual de niños.
Sin embargo, las cosas podrían estar muy cerca de cambiar.
A fines de 2020, el Congreso de Filipinas, tras décadas de campaña de organizaciones defensoras de los derechos del niño, aprobó por amplia mayoría aumentar hasta 16 años la edad de consentimiento sexual, también conocida como ley de violación estatutaria.
La reforma aún debe recibir la aprobación del Senado y la ratificación del presidente Rodrigo Duterte para convertirse en ley. Es el paso que muchos esperan que acabe con décadas de desprotección infantil.
Arraigo cultural centenario
En el mundo, las edades de consentimiento sexual oscilan entre los 11 y 18 años, aunque quedan relativamente pocos países que mantengan este índice por debajo de los 14 o 15 años.
Muchos de estos países se concentran en Sudamérica y Asia, y, en el caso de Filipinas, los expertos lo justifican en el arraigo cultural y religioso de códigos penales influenciados por siglos de colonización española, finalizada en 1898.
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Pie de foto, El código penal filipino aún está influenciado por el arraigo religioso vigente desde tiempos de la colonización española.
«Cuando en Filipinas se estableció la edad de consentimiento sexual a los 12 años en la década de 1930, aún estábamos muy marcados por los tres siglos de dominio español, con todas las herencias culturales que eso significa», explica a BBC Mundo la doctora Bernadette Madrid, directora de la Unidad de Protección Infantil de la Universidad de Manila, Filipinas.
Hasta 2015, la edad de consentimiento sexual en España estaba situada en los 13 años, de las más bajas de la Unión Europea. Actualmente está definida en 16.
Inmadurez psíquica y física
«La violación estatutaria es un delito que involucra el contacto sexual entre un adulto y un menor a la edad especificada por la ley. Con cierta edad, un menor no puede dar su consentimiento al sexo porque carece de la madurez necesaria para tomar una decisión consciente sobre ello», explica a BBC Mundo Patrizia Benvenuti, directora de Protección Infantil en Unicef Filipinas.
Básicamente significa que cualquiera que tenga contacto sexual con un menor de 12 años en Filipinas no tiene que responder ante la ley si el menor afirma que la relación fue consentida.
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Pie de foto, Durante décadas, distintas organizaciones han hecho campaña para que se proteja más a los niños en Filipinas.
«Esto es muy problemático. La parte racional del cerebro de una persona no se desarrolla completamente hasta los 25 años. Hay amplia evidencia sobre ello. Por lo tanto, decir sí a una relación sexual con 12 años no es consistente con los estudios científicos sobre el desarrollo del cerebro y la madurez física y emocional», agrega la experta.
«A los 12 años, los genitales de una niña están inmaduros. Cualquier relación sexual a esa edad les expone a más posibilidades de contraer enfermedades de transmisión sexual, infecciones y desarrollar cáncer de cuello uterino. Un embarazo a esa edad tampoco es seguro y pone en riesgo tanto a la madre como al bebé», amplía Madrid.
Además, ambas expertas coinciden, a esa edad es muy fácil ser manipulado por alguien mucho mayor.
Prisa por aprobar la ley
Benevenuti dice que aprobar esta ley es vital porque protege a los niños de zonas en desventaja social, más propensos a la actividad sexual con adultos a cambio de bienes y favores.
Además, protegería a los niños de las consecuencias de la actividad sexual prematura y de la alta tasa de embarazos no deseados o precoces, una causa primaria en el abandono escolar adolescente.
«Y, por supuesto, castigaría a los adultos que se aprovechan de los menores», dice Benvenuti.
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Pie de foto, Las esperanzas de muchos filipinos están depositadas en que el Senado convierta la propuesta en ley cuanto antes.
En Filipinas, uno de cada cinco niños entre 13 y 17 años ha sufrido violencia sexual y esta tendencia afecta a hembras y varones, según un estudio de Unicef en 2015.
Es por ello que la propuesta también recoge protección igualitaria tanto a niños como niñas en casos de violación, algo que no incluye la ley actual.
Filipinas también figura entre los países con mayor producción y distribución de material pornográfico infantil.
Unicef estima que la baja edad de violación estatutaria es causa primaria de que estos índices de abuso infantil sean tan altos.
Cambio de mentalidad
Muchos filipinos, como Madrid, esperaban que la reforma se aprobara de forma exprés en el Senado después de que el Congreso diera el visto bueno el 1 de diciembre de 2020 por 207 votos a favor y 3 en contra.
«Pero ahora parece que el proceso va más lento. Me preocupa que, si sigue tardando, la iniciativa quede relegada por otras prioridades de la agenda política», dice la experta.
Los promotores de la nueva ley llevaban varios años intentando que se debatiera en el Congreso, pero no fue hasta hace unos meses que los congresistas actuales se sentaron a discutirla y aprobarla.
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Pie de foto, «Al margen de la ley, este país necesita un programa de educación sexual más completo».
«Algunos de los congresistas tienen hijas de 12 años y, por tanto, tienen la empatía suficiente para comprender que una niña de 12 años no está preparada para tener sexo», explica Madrid.
La doctora reconoce que, a pesar de la mayor promoción institucional de la ley, existen «pedófilos» que se han manifestado en contra y desafían la iniciativa dejando comentarios críticos en el sitio web de la Unidad de Protección Infantil.
«Muchos nos dicen que las adolescentes de 12 años deberían ser libres de decidir por sí mismas si quieren tener sexo o no. Al margen de la ley, este país necesita un programa de educación sexual más completo«, opina la especialista.
Las trabajadoras sexuales marcharon en las calles de la capital, Lilongwe, contra la decisión del gobierno de imponer un toque de queda nocturno y el cierre de bares que, según dicen, tienen serias implicaciones económicas en sus vidas.
Piden al gobierno que revise las decisiones y les permita operar normalmente, diciendo que brindan «servicios esenciales».
Las protestas se interrumpieron después de que el comisionado del distrito de Lilongwe se negó a recibir su petición y los obligó a acudir al Ayuntamiento de Lilongwe.
La directora ejecutiva de la Asociación de Trabajadoras Sexuales, Zinenani Majawa, dice que las protestas callejeras en curso en Lilongwe también están destinadas a llamar la atención sobre los problemas públicos de ese estigma relacionado con el trabajo sexual.
Ella, en particular, menciona el abuso policial de las trabajadoras sexuales como un elemento destacado en la lista.
Majawa dice que los agentes de policía abusan sexualmente de las prostitutas.
Mayoría de adolescentes del Caribe inician su sexualidad antes de los 15 años
Conductas sexuales riesgosas son más habituales en varones con ausentismo escolar y con antecedentes de violencia
Para expertos, debut sexual temprano puede estar asociado a situaciones de abuso
Tres de cada cinco adolescentes en la región del Caribe tuvo su debut sexual a una edad temprana (a los 14 años o antes) y más del 41 por ciento declaró no haber utilizado métodos anticonceptivos en su última relación.
Estas son algunas de las conclusiones de un estudio publicado en Behavioral Sciences, que analizó las respuestas a una encuesta, realizada entre 2016 y 2017, a 9.143 estudiantes de en promedio 15 años, de República Dominicana, Jamaica, Surinam y Trinidad y Tobago.
El trabajo, que advierte sobre la “alta proporción” de comportamientos sexuales de riesgo, apunta que 41,4 por ciento de los adolescentes escolarizados ya había tenido su iniciación sexual al momento de participar en la encuesta. Por ejemplo, entre los jóvenes sexualmente activos, 58,6 por ciento tuvo su primera vez a los 14 años o antes.
En tanto, 28,4 por ciento declaró no haberse cuidado con un condón y dos de cada cinco aseguró no haber utilizado un método anticonceptivo en su última relación.
Para los autores del trabajo, estos datos —aportados por adolescentes escolarizados— ya son preocupantes, pero advirtieron que los jóvenes que han abandonado el colegio podrían ser “más vulnerables a comportamientos sexuales de riesgo”.
Estas conductas, a su vez, se vieron con mayor frecuencia entre estudiantes varones, con algún trastorno psicológico, ausentismo escolar, antecedentes de participación en peleas o víctimas de bullying, y consumo de alcohol, tabaco o cannabis.
Para Supa Pengpid, de la Universidad de Mahidol (Tailandia), y coautora del estudio, los resultados del trabajo denotan la necesidad de un abordaje “holístico” de la problemática, que incluya la identificación de adolescentes en riesgo, el acceso a preservativos y métodos anticonceptivos, asesoramiento a los estudiantes y promoción de la salud en colegios.
Pengpid también señaló que deben explorarse los aspectos culturales de los comportamientos sexuales entre los adolescentes, en referencia a la “aceptación” social que pueden tener muchas de estas conductas.
“Si podemos motivar a los jóvenes a tener un objetivo a largo plazo en su vida, evitarán todos los comportamientos de riesgo para la salud”, agregó por correo electrónico a SciDev.Net.
Para Josefina Luna, coordinadora en la Dirección Materno Infantil y Adolescencia del Ministerio de Salud de República Dominicana, “el estudio refleja la realidad del Caribe”. En una entrevista por zoom, Luna —quien no participó en el estudio— añadió que en el caso de su país son altas las tasas no solo de inicio de relaciones sexuales sino de embarazo adolescente, vinculado al abuso sexual.
En República Dominicana la tasa de madres adolescentes es de 96,1 por cada mil mujeres de entre 15 y 19 años, según el Banco Mundial. En tanto, América Latina y el Caribe posee un tasa de embarazo temprano de 62,94 cada mil adolescentes mujeres.
“Si podemos motivar a los jóvenes a tener un objetivo a largo plazo en su vida, evitarán todos los comportamientos de riesgo para la salud”.
Supa Pengpid, Universidad de Mahidol, Tailandia
“A esto escapa Cuba, que tiene un programa muy efectivo de educación sexual y en donde hay recursos formativos para la familia y también para los propios adolescentes, para asumir una sexualidad responsable y saludable”, expresó Luna, colaboradora además del Comité de pediatría social de la Asociación Latinoamericana de Pediatría (ALAPE).
En este sentido, la especialista resaltó la importancia de implementar la educación sexual para que los adolescentes “puedan desarrollar una sexualidad plena y sobre todo sana y responsable”. “Cuando tienen información pueden tomar decisiones adecuadas”, dijo Luna.
Por su parte, Mónica Borile, asesora del Comité de Adolescencia de ALAPE, señaló a SciDev.Net en diálogo telefónico que más allá del dato acerca de la iniciación sexual a corta edad debe recordarse que este hecho suele estar asociado tanto a situaciones de abuso por parte de adultos como a matrimonios tempranos.
La defensora de la niñez ganadora de este año del Premio Nansen, el más alto galardón entregado por ACNUR por el trabajo humanitario con refugiados, relató a Noticias ONU la aterradora situación que viven niños y niñas venezolanas víctimas de explotación sexual en el norte de Colombia, e hizo un llamado a su país y a la comunidad internacional para que dejen de ignorar una situación que le está robando la niñez a miles de inocentes.
Mayerlín Vergara, defensora de los derechos de la niñez por más de 20 años, ha sido testigo de desgarradoras historias de niños colombianos maltratados, ha visto pequeños de cinco años consumir pegamento para calmar el hambre, ha conocido a otros que sufren maltrato y abuso diario en sus hogares y a algunos que le piden comida o un refrigerador a Santa Claus como regalo de navidad, pero nunca había visto tanto dolor como el que actualmente viven los refugiados y migrantes venezolanos en el norte de Colombia.
“Lo que vimos aquí en La Guajira con los niños y niñas, principalmente con los refugiados y migrantes, era para ponerse a llorar. Una situación deplorable. No solo físicamente hablando, no solo porque no tenían dónde dormir, o donde vivir, o qué comer, sino era la desesperanza en sus ojitos, esos rostros tan apagados, esa tristeza tan profunda”, describe la coordinadora regional del departamento de La Guajira de la Fundación Renacer, una organización que ha asistido a más de 22.000 niños, niñas y adolescentes sobrevivientes de la trata y de otros tipos de violencia sexual y de género.
“Maye”, como la llaman con cariño los niños que ayuda y sus compañeros, se ofreció voluntariamente para abrir y dirigir un hogar para menores en Riohacha, en la frontera oriental de Colombia con Venezuela, después de ser testigo de la terrible situación a la que se enfrentan miles de migrantes que han cruzado para huir de la situación socioeconómica del país vecino.
Una de las grandes problemáticas, la que más duele, es la explotación sexual que sufren las niñas. La educadora ha tenido que presenciar situaciones extremadamente injustas y fuertes.
Escuchar a las niñas decir que no quieren vivir, que no quieren abrir sus ojitos porque ya no tiene sentido la vida.
“Escuchar a las niñas decir que no quieren vivir, que no quieren abrir sus ojitos en la mañana porque ya no tiene sentido la vida. Verlas intentar suicidarse, tener estrés postraumático, cuadros depresivos tan profundos, es lo más duro que yo he visto en toda mi historia y mi trayectoria en la Fundación Renacer. En esos momentos tan duros y difíciles yo recuerdo que le decía a Dios, ¡Señor, ayúdame porque yo sola no puedo!”.
Colombia, que alberga a unos 1,7 millones de venezolanos desplazados, ha informado de un aumento en los casos de trata de personas que se cree que está relacionado con la afluencia del país fronterizo. Los primeros cuatro meses de 2020 vieron un aumento del 20% en el número de víctimas de explotación no colombianas, en comparación con todo 2019, aseguran datos del gobierno.
Desde que abrió sus puertas hace poco más de un año, el hogar de rehabilitación que dirige Maye ha atendido a más de 75 sobrevivientes de violencia sexual, algunos de tan solo siete años. Se trata de niños y niñas que han sido rescatados de bares, burdeles, de la calle o que han sido sacados de hogares abusivos.
“Hay adolescentes de 12-14 años que uno creería que una muñeca no les va a emocionar, y les llevamos una muñeca a las niñas pequeñas y ellas terminan llorando porque también querían una. Es una cuestión de vulnerabilidad, es haberles negado la posibilidad de ser niños y ser niñas, y en el hogar ellos pueden hacer eso, gritar jugar y saltar, sin miedo a ser juzgados o cuestionados”, asegura la coordinadora.
UNICEF/Arcos
Una madre y su hijo saliendo de Venezuela y en camino hacia Cali, Colombia.
De Venezuela a Colombia
Pero darles a los niños la ayuda que necesitan no es trabajo fácil. Maye y su equipo se enfrentan a las organizaciones criminales y con ayuda de la comunidad logran identificar a las víctimas.
“Si ha habido situaciones de amenaza, claro que sí, porque de alguna manera estamos enfrentados a delincuentes. Pero cuando entramos a las comunidades no entramos con miedo y creo que la tranquilidad nos la da la convicción de que estamos haciendo algo bueno”, señala.
Maye explica que hay muchas niñas y jóvenes que migran solas desde Venezuela hasta la Guajira y una vez en la calle son alcanzadas por proxenetas y explotadores. Otras, son abducidas por delincuentes en su país y trasladadas a través de la frontera a municipios cercanos.
Son doblemente valientes, porque soportan todo ese doble impacto de la migración y la explotación.
“Hay niñas que han sido encerradas en casas de pueblos más pequeños con una proxeneta cobrando y los explotadores entrando. Yo creo que por eso tienen tanto daño, no solamente emocional, sino todas las afectaciones mentales, porque un cuerpo tan chiquito no puede aguantar tanto. Por eso para mí son doblemente valientes, porque soportan todo ese doble impacto de la migración, de dejar su casa, su familia, su escuela, su colegio , pero también todo el impacto de la violencia sexual y de sentirse tan vulnerables y aquí, en un lugar que ni siquiera es su territorio y su país”, señala Mayerlín.
La educadora narra que también hay niñas que cruzan con sus familias, y que, aunque estas no sean necesariamente las explotadoras, a veces ya venían de situaciones de maltrato o de indigencia.
“Hay niñas y niños que han venido solitos. Es decir, se vienen grupitos, se viene la amiga, la prima, la prima un poquito más grandecita, una de diecinueve con otra de diecisiete con otra de quince y con otro de cinco. Incluso nos hemos encontrado niñas que vienen con la vecina porque la mamá las mandó porque era mejor que estuvieran acá, y que no estuvieran pasando hambre allá. Entonces hay como una diversidad de situaciones”, explica.
Agência Brasil/Elza Fiuza
Durante la pandemia del coronavirus han aumentado los casos de violencia contra las mujeres y las niñas.
Un trabajo con la comunidad
Maye tiene un equipo que trabaja en las calles y se va a los asentamientos informales, donde el 80% de la población es refugiada o migrante. También van a barrios de comunidades de acogida y conversan con sus habitantes, hombres, mujeres y líderes y lideresas, a quienes capacitan para detectar a las víctimas más allá de los prejuicios.
“Con ellos hay que hacer un proceso de sensibilización, de formación, que es muy importante porque es muy fácil encontrar a una persona en la sociedad que vea a una adolescente que está siendo explotada sexualmente y crea que ella propicia su explotación sexual o crea que a ella le gusta, o que esto es una vida fácil o que piense que pobrecita porque no tiene qué comer entonces mejor que consiga dinero para su casa. Son imaginarios que son erróneos, hay que desmontarlos, y para desmontarlos hay que formar a los líderes y lideresas”, resalta la directora del hogar de rehabilitación en Riohacha.La educadora afirma que a medida que la comunidad comienza a entender que las niñas no son prostitutas sino víctimas de explotación sexual, van ganando aliados en los asentamientos.
“Se convierten en esas personas que cuando ven una niña o un niño víctima lo remiten”, dice.
Su equipo también hace el trabajo de recorrer las comunidades, y conversar directamente con quienes sospechan que son víctimas en parques, calles o tiendas donde las encuentran.
“Ya por la experiencia más o menos alcanzamos a conocer la actitud de las niñas que son víctimas. Entonces conversamos con las niñas y en ese diálogo, de esa generación de confianza, porque al inicio no nos van a contar todo de una vez, vamos insistiendo. Si no logramos nada, intentamos conseguir por lo menos un teléfono o un Facebook, nos comunicamos con ellas y es una comunicación casi que del día a día, hasta que ellas logran contar lo que les está pasando y luego de ahí les presentamos la oferta del hogar, siempre queremos como respetar sus ritmos, sus tiempos y que sea algo voluntario”, detalla.
ACNUR/Nicolo Filippo Rosso
Mayerlín Vergara Pérez, que trabaja con niños y niñas explotados sexualmente, ha ganado el premio Nansen que otorga ACNUR
Testigo del dolor, pero también de la recuperación
Mayerlín fue testigo de la recuperación de una niña que fue captada por otros niños en Venezuela y luego trasladada y explotada sexualmente en la Guajira.
“Fue explotada y abusada en todas las formas que uno se puede imaginar y luego abandonada en un monte. Esa niña… era tanto lo que le había pasado en la vida que ella misma llegó a la policía a pedir ayuda. Cuando uno habla con ella, ella dice “yo me entregué”. Y yo siempre le digo: ¡tú no! Los que se entregan son los delincuentes, tú no te entregaste, tú pediste ayuda. La nena estaba sola en la vida y llegó a nuestro hogar y pasaron como cinco o seis meses sin que pronunciara palabra”, relata la educadora.
La víctima de explotación no podía tan siquiera hablar de lo que había pasado, sino que se manifestaba con violencia. En el hogar la acompañaron, “respetando su ritmo”.
“No confiaba al inicio en nosotros y hoy se la pasa pegada. Ahora se la pasa sonriendo y soñando y encontramos a su familia, que es lo más importante también”, cuenta Maye.
La directora del hogar dice que casos como el de esa chica venezolana son una motivación para su equipo, ya que pueden ver el increíble resultado de su esfuerzo y trabajo.
“Al inicio ni los niños tenían esperanza, ni yo. Yo veía a los educadores como con todo el amor del mundo y les pedía que no se cansaran. Ver que esos primeros niños que llegaron hoy día están realizando prácticas pre laborales porque ya se capacitaron en cocina, en manicura y pedicura, en maquillaje, en peinados y verlos ya a todos empoderados y ver que ya tenemos dos líderes dentro de la casa, acompañando a otros a los que llegan nuevos. Ver por ejemplo a la niña que te contaba sentarse al ladito de la niña nueva y “decirle no te preocupes, esto va a pasar”. Eso no tiene precio”, asegura la ganadora del Premio Hansen de los Refugiados 2020.
Más de 20 años de trabajo
Desde muy joven, Mayerlí Vergara pudo ver el grave sufrimiento de los niños más vulnerables en Colombia. Con apenas 18 años, fue maestra de matemáticas de estudiantes de segundo grado de una de las zonas más pobres de la ciudad de Cali, el distrito de Aguablanca.
“Trabajaba en un en una zona bastante vulnerable y ahí empecé a conocer y acercarme a las historias de los niños con los que trabajaba, que eran niños y niñas de 7, 8 añitos, y empecé a escuchar cosas tan dolorosas de maltrato en la casa, niños que decían que les pegaban todos los días, o que en una carta de navidad pedían comida y una nevera porque en su casa no había”, rememora la ahora defensora de los derechos de la niñez.
Fue en ese entonces cuando intentó ir más allá de enseñarles operaciones matemáticas y comenzó a interesarse por su bienestar, pero se encontró con la pared de que no podía hacer nada por ellos fuera del aula de clase.
“Años más tarde, vi a unos niños en la calle consumiendo pegamento, un niño y una niña, como entre los 4 y los 5 años, y eso me partió el alma, llegó directo a mi corazón y en ese momento yo le dije a Dios que quería trabajar con niños y niñas que necesitaran un poco más que aprender a multiplicar”, recuerda.
Vergara, de regreso a su ciudad natal, Sahagún, en el norte del país, aun sintiendo ese llamado de ayudar a los niños respondió a un clasificado del periódico de una fundación que buscaba un psicopedagogo para trabajar en las noches con menores en Cartagena.
Maye no tenía título de psicopedagoga y ni siquiera sabía que era una ONG, pero quien la entrevistó se dio cuenta de la pasión que tenía por ayudar a los niños y decidió darle la oportunidad.
“A pesar de lo difícil y duro que fue al inicio, porque yo nunca había trabajado con adolescentes con tantas problemáticas, yo venía de trabajar con niños y con niñas de un colegio, sabía que eso era lo que yo quería hacer en la vida. Me conecté inmediatamente con sus historias, con sus vidas, con su dolor, con su alegría y quedé enamorada completamente a partir de ahí”.
Ya han pasado más de 20 años desde que Mayerlín comenzó a trabajar con la Fundación Renacer, sus décadas de esfuerzo y su más reciente trabajo con los niños y niñas refugiados venezolanos la hicieron acreedora este año al Premio Nansen de la Agencia de la ONU para los Refugiados.
“Yo he podido ver a los niños recuperarse y los he podido ver desarrollar un proyecto de vida sano para ellos, para su familia, para la sociedad. Hoy día tengo grandes amigos egresados de la Fundación Renacer, que son grandes empresarios, que son enfermeros, que son médicas, que son psicólogos, que son mamás y papás amorosos y protectores. Y ver eso y saber que estamos en el camino correcto, eso me da la fuerza para levantarme y seguir adelante”, expresa.
Maye dedicó el premio Nansen a quienes sirve y dijo que también pertenece a los niños, niñas y adolescentes, cuya capacidad de soñar inspira para seguir creyendo que sí es posible construir una sociedad libre de la trata de personas con fines de explotación sexual.
“Este premio es un reconocimiento a la fuerza, valentía y resistencia de estas niñas, niños y adolescentes, ha sido un privilegio acompañarlas y acompañarlos en su proceso de recuperación emocional”, dijo durante la entrega del Premio.
UNICEF/Vincent Tremeau
Los menores de edad son susceptibles de sufrir una mayor violencia sexual durante el confinamiento por el coronavirus.
Una tragedia oculta
Mayerlín considera que la explotación sexual es una tragedia oculta y sabe que lo que muestran las cifras es una mínima parte de lo que ocurre.
“Yo diría que tenemos que reaccionar, que esto no puede seguir siendo parte del día a día. Es muy triste ver las estadísticas y ver que cerca del 90% de los delitos sexuales en general son cometidos contra mujeres y contra niños y niñas. No es posible que este delito haya sido creado para atentar contra la vida de los niños y de las niñas”, reflexiona.
El mensaje de Maye es muy claro: hay que actuar, porque según ella, algo está pasando en la sociedad que hace que esto se perpetúe.
“Necesitamos vernos como adultos y como adultas responsables, tenemos una deuda histórica con los niños y con las niñas y necesitamos por lo menos abonar. Necesitamos convertirnos en una sociedad más justa que escucha a los niños, que los respeta, que los valora, que los tiene en cuenta, porque hoy en día no se está escuchando a los niños. A veces se prefiere el celular o la televisión que escuchar a los hijos y a las hijas”, lamenta.
La educadora dice que se siente honrada de recibir el Premio Nansen, que es un gran privilegio y una oportunidad para hablar con el mundo y los medios y contarles que los niños víctimas de explotación sexual “sí pueden sobrevivir”.
“La explotación sexual y la trata de personas van más allá de las cifras y de las estadísticas, tienen rostros y duelen en lo más profundo del ser de los niños y de las niñas. Los niños y niñas y las familias refugiadas inmigrantes no salieron de Venezuela porque quisieron salir de turistas, salieron porque estaban en unas condiciones difíciles y necesitan de nosotros como adultos y como colombianos y colombianas y del mundo entero en general”.
Las consecuencias de un embarazo temprano repercuten por el resto de la vida.
Los embarazos en niñas y adolescentes –de entre 9 y 18 años- cuyas cifras alarmantes se mantienen al alza en todos nuestros países, constituyen una de las más graves patologías sociales y la segunda causa de muerte en ese grupo etario. Dada la visión estrecha y patriarcal de quienes establecen la pertinencia de las políticas públicas, así como de sociedades cuyos marcos valóricos manifiestan una fuerte influencia de doctrinas religiosas, este sector de la población es uno de los más desatendidos y, por lo tanto, carente de palancas políticas para hacer valer sus derechos. Una de las principales causas de la vulnerabilidad en la cual se desarrolla la infancia es la preeminencia de la absoluta autoridad de los adultos en su entorno y, consecuentemente, la total indefensión de la niñez.
La inmensa mayoría de mujeres adultas –si no la totalidad- aun cuando muchas intenten negarlo, hemos sufrido el impacto de un sistema cuyas normas marginan a niñas y mujeres como si fuera una ley de la naturaleza. Los acosos y agresiones sexuales, tanto dentro del hogar como en el vecindario, en las calles o en la escuela, han sido una constante de abrumadora incidencia al punto de transformarse en una especie de maldición inevitable para esta mitad de la población. De tales agresiones, una de las más graves consecuencias son los embarazos en una etapa precoz del desarrollo.
Las instituciones encargadas de salvaguardar la seguridad de este importante segmento, sin embargo, han sido incapaces de protegerlas; ya sea por falta de políticas públicas o, simplemente, nulo interés por la integridad de un sector caracterizado por su escaso poder de incidencia política. Cautivas en un sistema que las castiga por su condición de niñas, las condena a embarazos, partos y maternidades para los cuales no están preparadas física ni psicológicamente, con riesgo de muerte y el desafío de afrontar una marginación familiar y social cuyo impacto les causará aislamiento, pobreza, pérdida de autoestima, patologías físicas y emocionales irreversibles y un sinnúmero de amenazas contra su normal desarrollo de vida.
A pesar del trabajo de algunas organizaciones preocupadas por hacer de este sensible tema un motivo de acción, resulta evidente la ausencia de mecanismos de protección para evitar los abusos y las consecuencias devastadoras de tales agresiones. Las sociedades aún son incapaces de captar las dimensiones de su responsabilidad en un problema de tal trascendencia y se hacen a un lado cuando se plantea la urgente necesidad de establecer parámetros legales –como el derecho al aborto y a la oportuna educación sexual y reproductiva- frente a esta terrible pandemia de embarazos tempranos, todos ellos resultado de violaciones.
Una niña no es un juguete sexual ni un objeto a disposición de los hombres de su entorno, pero miles de ellas terminan por perder su inocencia de golpe en una de las formas más crueles imaginables y sus victimarios –la mayoría de veces personas “de confianza”, como padres, hermanos, tíos, pastores y sacerdotes, maestros y vecinos- las transforman en sus esclavas sexuales bajo amenaza, sin la mínima posibilidad de defenderse. Es de preguntarse ¿en dónde están las instancias supuestas a protegerlas? ¿En dónde la justicia, los sistemas de educación y salud, en dónde sus familias? El drama persiste y las cifras aumentan a diario; las niñas desaparecen en redes de trata o sus cadáveres son desechados como basura en cualquier barranco, sin que a la sociedad eso le sea motivo suficiente para reaccionar.
Los derechos de la niñez continúan como tema pendiente.
Tras el cierre de las escuelas en Kenia por la pandemia de covid-19, centenas de niñas tuvieron que dejar sus estudios para prostituirse y llevar ingresos a sus casas.
Algunas adolescentes no recuerdan con cuántos hombres han tenido sexo en los siete meses que han pasado desde que el brote de covid-19 obligó a cerrar las escuelas, ni cuántos de esos hombres usaron protección.
Señalaron que en ocasiones fueron violadas y golpeadas cuando pidieron que les pagaran, apenas un dólar a veces, para ayudar a sus familias en momentos en que los trabajos se evaporaban a causa de la pandemia.
En el cuarto que alquilan en Nairobi, la capital keniana, las niñas dijeron que no piensan demasiado en el peligro de contraer el coronavirus o el VIH cuando lo que cuenta es la supervivencia.
“Si consigues cinco dólares en la calle, es como si fuera oro”, afirmó una muchacha de 16 años en la pequeña cama que comparte con otras dos chicas, de 17 y 18 años, a quienes describe como sus “mejores amigas para toda la vida”.
Entre las tres pagan los 20 dólares del alquiler en un edificio en el que todos los cuartos están ocupados por trabajadoras sexuales.
El Organismo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) dijo que los progresos logrados en los últimos años en la lucha contra el trabajo infantil corren peligro de ser anulados por la pandemia y por primera vez en 20 años podría registrarse un aumento en la cantidad de menores que trabajan.
La ONU advirtió que millones de niños podrían ser explotados o forzados a realizar trabajos peligrosos. El cierre de las escuelas, señaló, agrava el problema.
Muchas familias en Kenia dejaron de percibir ingresos debido al confinamiento por el covid-19. (AP) Mary Mugure, una ex trabajadora sexual, lanzó Night Nurse, una iniciativa para rescatar niñas que siguen ese camino.
Comentó que desde que se suspendieron las clases en Kenia en marzo, unas mil menores empezaron a prostituirse en los tres barrios de Nairobi que monitorea.
La mayoría de las muchachas tratan de ayudar a sus padres a pagar las cuentas. La más joven tiene 11 años, según Mugure.
Las tres chicas que comparten la habitación fueron criadas por madres solteras junto con sus hermanas. Las familias se quedaron sin ingresos cuando el gobierno implementó medidas de confinamiento para frenar la propagación del virus.
Las madres de dos de ellas lavaban ropa para personas que viven cerca del barrio pobre en el que viven, llamado Dandora.
Pero cuando se confirmó el primer caso de coronavirus en la zona, nadie las quería en sus casas, comentaron las muchachas.
La madre de la tercera vendía papas en la calle, pero tuvo que dejar de hacerlo luego de que se implementaron las restricciones.
Las tres muchachas son las mayores de sus hermanos y decidieron ayudar a sus madres a alimentar a la familia. Tenían un popular grupo de baile que cobraba por sus presentaciones.
Pero cuando se prohibieron las reuniones, se quedaron sin ese ingreso. “Ahora le doy a mi madre 1.84 dólares diarios (40 pesos mexicanos) y eso la ayuda a alimentar a los demás”, dijo una de las muchachas.
En otro sector de Nairobi, la madre soltera Florence Mumbua y sus tres hijos, de 7, 10 y 12 años, parten piedras en una cantera bajo un calor sofocante.
Es un trabajo agotador y peligroso, pero ella, de 34 años, dijo que no tiene otra alternativa tras perder el empleo que tenía limpiando una escuela privada que cerró al imponerse las restricciones por el virus.
“Tengo que trabajar con ellos (los hijos) porque tienen que comer y lo que gano yo sola no alcanza”, explicó.“Trabajando en equipo, sacamos lo suficiente para comer”.
El trabajo infantil también aumentó en Kenia tras la pandemia de covid-19. (AP) De vuelta en Dandora, Dominic Munyoki, de 15 años, y Mohamed Nassur, de 17, recorren el vertedero más grande de Kenia buscando metal para vender.
Su madre, Martha Waringa, una madre soltera de 35 años que también trabaja en el vertedero, comentó que el dinero que gana su hijo la ayudará a pagar por la escuela de sus siete hermanos cuando se reanuden las clases.
Y Ann Munhay, de 45 años y quien es madre de Nassur, tampoco ve nada malo en que su hijo la ayude a mantener a la familia.
“Cuando empezó a trabajar me di cuenta de que era algo positivo porque no se quedaba haciendo nada en la casa o con juegos que no lo ayudan en nada”, declaró. “Cuando va a trabajar, gana dinero que nos ayuda mucho. Y se compra ropa”.
Phillista Onyango, quien dirige la Red Africana para la Protección y Prevención del Abuso y el Abandono de Menores, señaló que con las escuelas cerradas, varios padres de familia de barrios pobres prefieren que sus hijos trabajen a que se queden en casa y corran peligro de caer en las drogas o la delincuencia.
Por su parte, las tres amigas que comparten una habitación dijeron que esperan no tener que prostituirse toda su vida, pero al mismo tiempo señalaron que es poco probable que vuelvan a la escuela.
Fue entregado un informe a la Comisión de la Verdad con relatos de personas que sufrieron la violencia en distintos territorios.
Marcela Sánchez, directora de la organización Colombia Diversa que defiende los derechos de las personas LGBTI (lesbianas, gais, bisexuales, trans e intersexuales), aseguró que ya fue presentado un informe ante la Comisión de la Verdad con relatos de víctimas del conflicto armado pertenecientes a esta población, en el que se evidencia que hubo discriminación.
Sánchez dijo que no se trata de hechos aislados en medio de la situación de violencia que ha vivido el país por décadas y buscan que se visualice esa problemática y se implementen acciones en pro de las personas afectadas y discriminadas, como el primer paso de su reparación.
Asimismo, la directora afirmó que este fue un ejercicio bastante complejo teniendo en cuenta que las historias se tratan sobre vulneraciones y sexualidad, por lo que hay temor en quienes cuentan sus propias vivencias de violencia.
«Había casos de trabajos forzados para corregir la feminidad en los hombres, hubo violencia sexual, por supuesto, hubo control de los cuerpos, de los horarios, de las relaciones de pareja. Hubo también desplazamiento, homicidios», dijo.
«Se comparten muchas de las formas de violencia contra otras poblaciones en el conflicto: las mujeres, la población afro, los campesinos, pero en general el patrón es la discriminación. Lo que queremos poner como motivación de esa violación de los DD.HH. es la discriminación«, añadió.
Sánchez indicó que «primero, fueron todos los actores armados, tanto paramilitares como Ejército y guerrillas. Hay diferencias regionales; por ejemplo, en dónde hay más narcotráfico o control social y político de la guerrilla. Esto genera actos distintos».
Adujo, además, que una buena forma de reparar a las víctimas de la violencia, quienes hacen parte de esa población. Es que se conozca qué pasó en el conflicto y por qué se dieron los hechos de esa forma.
«Este informe es significativo justamente porque las víctimas en primer lugar quieren que los victimarios les digan qué paso y por qué pasó esto. Ese sería el primer acto de reparación y reconciliación», afirmó.
«Hay sanciones para quienes no digan la verdad y esperamos que la JEP también reconozca ese patrón o incluso pudiese pensarse en un caso nacional de violencia contra todas las formas de la sexualidad, incluida la violencia sexual contra las mujeres y la violencia reproductiva«, sentenció.
Finalmente, la directora de Colombia Diversa aseguró que se deben dar avances en cuanto a la visibilización de esas víctimas del conflicto armado, ya que se debe dar un enfoque diferencial porque los enfoques de la violencia fueron distintos.
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