Análisis educativo

Según el Informe Nacional Paraguay Educación para Todos (EPT) 2000-2015, publicado en 2014 por el Ministerio de Educación y Cultura (MEC), “la tasa de alfabetismo de las personas de 15 años y más de edad ha ido aumentando en la década 2000-2012, llegando al 94% en 2012, acercándose al logro de la meta del EPT fijada al 97% al 2015” (sic). Ahora la ciudadanía se entera de que en ese último año el Sistema Nacional de Evaluación del Proceso Educativo (Senepe) constató que el 67,5% de los alumnos de 3º, 6º y 9º grados y del 3er. curso, solo tiene una comprensión literal, superficial o fragmentada de un texto, o bien entiende lo que lee pero no puede reproducirlo verbalmente o por escrito.

El informe consigna también que en matemáticas el rendimiento de los estudiantes es lamentable: el 72,2% solo puede realizar cálculos directos o solucionar problemas del entorno cotidiano mediante las operaciones básicas.

En otras palabras, del referido informe se desprende que, si el índice de analfabetismo formal es hoy de solo el 3%, el del analfabetismo funcional, que impide usar con eficiencia la capacidad de leer, escribir y calcular, es muchísimo más elevado. En suma, el sistema educativo es un verdadero desastre, que lanza al mercado laboral a personas que no pueden aplicar las enseñanzas mal transmitidas por docentes ineptos en unas instalaciones paupérrimas.

Lo antedicho vale, sobre todo, para la educación pública, dado que la privada, con ser también deficiente, ofrece resultados menos deplorables, según la evaluación realizada. Esta cuestión tiene mucho que ver con la deseable igualdad de oportunidades, que solo puede garantizarse mediante una educación de buena calidad para todos. Obviamente, las principales víctimas de la catástrofe educativa son los alumnos provenientes de los hogares de menores ingresos, que tendrán una enorme desventaja inicial en un mundo competitivo, en que los conocimientos y las habilidades son cada vez más relevantes.

Nuestro sistema educativo, que perpetúa la pobreza y la desigualdad, ha sido objeto de innumerables estudios y propuestas de reforma, que no han ido mucho más allá del papel en el que están impresos. Las dependencias del MEC están llenas de esos documentos, de hecho inútiles, que han servido para que muchos consultores ganen dinero fácil y los burócratas internacionales justifiquen su sueldo, pero no para evitar que se sigan formando analfabetos funcionales. En esta materia, la charlatanería es ensordecedora.

Se ha dicho una y mil veces que se debe atender también la salud y la alimentación de los estudiantes, por la obvia razón de que la enfermedad y la desnutrición conspiran contra el aprendizaje. Y bien, desde 2012 rige la ley de creación del Fonacide, que dispone que el 30% de los recursos transferidos a los Gobiernos departamentales y municipales sea destinado a proyectos de almuerzo escolar de los alumnos de instituciones públicas ubicadas en “contextos vulnerables”. Se ignora el impacto que la comida gratuita ha tenido en el rendimiento de los alumnos, pero no así que la asistencia a clases aumenta cuando hay qué comer en la escuela. O sea que muchos padres envían allí a sus hijos no tanto para que aprendan sino para que coman algo, lo que sugiere que tampoco el entorno familiar suele favorecer la formación educativa. Y se entiende que así sea, pues los padres carenciados le han sacado poco provecho a la escasa educación que recibieron antes, si es que la recibieron.

Debe recordarse, además, que los recursos del Fonacide han sido objeto de latrocinios sistemáticos, sobre todo en lo que respecta al 50% de los transferidos a las Gobernaciones y Municipalidades destinados a proyectos de infraestructura en educación. Como los gobernadores y los intendentes pertenecen a la casta política, lo mismo que los concejales departamentales y municipales, es inevitable señalar que la responsabilidad mayor en este dramático asunto recae sobre quienes han venido fungiendo de presidentes de la República, de legisladores y de ministros de Educación y Cultura. No se trata de culpar a algún Gobierno en especial, sino a todos sus sucesivos integrantes que, ocupando altos cargos públicos, han hecho poco o nada para que sus compatriotas, en especial los más necesitados, accedan a los beneficios de un buen sistema educativo. Si no lo han hecho es porque el saber les importa un bledo y, en consecuencia, les falta la remanida “voluntad política” para enfrentar la penosa situación. Como ellos saben por sí mismos que no llegaron alto por sus dotes intelectuales sino por su dinero o su habilidad para la vulgar politiquería, la formación propia y ajena les tiene sin cuidado. Es más, hasta podría decirse que se esfuerzan por mantener ignorante y pobre a la población, si juzgamos por el comportamiento de la diputada colorada Perla de Vázquez, por ejemplo.

Está claro que pueden destinar como mínimo el 20% del presupuesto nacional a la educación, como manda la Carta Magna, y hasta podrían aumentar los fondos hasta llegar al 7% del Producto Interno Bruto, como aconseja la Unesco, pero eso no significa que realmente les preocupe el tema. No les interesa, por ejemplo, que los profesores estén bien capacitados, sino que queden satisfechos con un aumento salarial para que voten por ellos, tras haber sido sometidos a humillación al ser movilizados para participar de alguna campaña electoral interna. La solución, entonces, no consiste necesariamente en un aumento del presupuesto del MEC, que puede ser devorado por los burócratas superfluos y los docentes inútiles, sin olvidar la corrupción rampante, sino en que los jefes de hogar tomen conciencia de que el futuro de sus hijos depende de la enseñanza que reciban, y de que ella solo habrá de mejorar si se movilizan, dentro y fuera de la comunidad educativa, para depurar la dirigencia política de quienes desprecian el conocimiento que no tienen. Es menester que se valoren los méritos y las aptitudes antes que los “contactos”, y que se llegue al convencimiento de que para prosperar honestamente es indispensable capacitarse.

Hay que romper el círculo vicioso de la pobreza, según el cual esta genera un sistema educativo de inferior calidad que, a su vez, no permite formar personas capaces de promover el desarrollo. La clave está justamente en la educación, que debe ser potenciada tanto con la correcta inversión de fondos públicos como, sobre todo, con la convicción generalizada de que la ignorancia impide el progreso individual y colectivo.

Fuente: http://www.abc.com.py/edicion-impresa/editorial/nuestro-sistema-educativo-nos-mantiene-en-la-pobreza-1668179.htm