Comunidades indígenas

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México: Medio millar de aspirantes indígenas se verán afectados por cierre de licenciaturas en UPN

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Medio millar de aspirantes indígenas se verán afectados por cierre de licenciaturas en UPN

*La Asamblea tiene entre los puntos de su pliego petitorio, la instalación de una Comisión Electoral Central responsable de coordinar y evaluar la propuesta de elección para el nuevo director o directora de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN).

La Asamblea de Académicos, Estudiantes, Administrativos y Aspirantes (AAEAA) de la Universidad Pedagógica Nacional Unidad 071 dieron a conocer que, desde hace 9 meses demandan la reapertura de la Licenciatura en Educación Preescolar y Primaria para el Medio Indígena (LEPEPMI Plan 90) y la Licenciatura en Educación (LE Plan 94), como el cumplimiento de un pliego petitorio.

Explicaron que, de no impartirse esas licenciaturas en las nueve subsedes que conforman la Unidad 071 de la UPN, afectarían a un número aproximado de 500 aspirantes en 9 municipios de la entidad chiapaneca.

Durante ese tiempo, la única respuesta que recibieron del gobierno estatal y autoridades educativas fue a través de una entrevista realizada el pasado 28 de mayo, donde informaron el cierre de ambas licenciaturas.

La AAEAA señaló que, dicha decisión tiene fundamento en la “filosofía racista y discriminatoria”, ya que las dos licenciaturas van dirigidas a jóvenes estudiantes de origen indígena, además su radio de influencia abarca municipios y comunidades de todo el estado.

A esto se suman las amenazas de: Amir Gómez Martínez, director de Gobierno; Julio Cesar Santos Puón, jefe del departamento de Educación Continua; Yadira Lavalle Herrera, coordinadora de delegados del gobierno; José Bastiani Gómez, director de UPN impuesto; y Rafael Morales Vázquez, representante de la Dirección de Educación Primaria Indígena.

Los estudiantes exigen que se gestionen los programas de movilidad académica. Foto: Cortesía.

Los representantes -gobierno estatal y autoridades educativas- y servidores públicos mencionados han dicho que tienen los domicilios y nombres de los integrantes de la Asamblea, y si alteran la paz social incurrirían en delito.

Añadieron que, Roberto Méndez Rodríguez, coordinador de la subsede Ocosingo, intimida, amenaza y hostiga a las y los estudiantes que participan en el movimiento.

Este es un movimiento en defensa de la educación pública, en defensa de la UPN, en defensa de la vida académica de la UPN. Y sobre todo es la defensa del derecho a la educación para la juventud, pues, de cerrar las licenciaturas que demandamos, prácticamente nos despojan del derecho a la educación, dijo la AAEAA.

Al no recibir ninguna respuesta favorable, enviaron una comisión a la Ciudad de México, para hacer de conocimiento a las altas autoridades del país, sobre los agravios que se están cometiendo en su contra, al negarles derechos fundamentales, como es la educación.

Responsabilizaron a Bastiani Gómez, ya  que desde su participación en el cuerpo directivo anterior, avaló el cierre definitivo de las licenciaturas y ahora como director se ha dedicado a justificar dicha acción, como a calumniarles y victimizarles por luchar en defensa de la UPN.

Por esa razón, la educación no avanza en sus procesos formativos y críticos que liberen la conciencia de nuestros pueblos y localidades marginadas donde se vive realmente la pobreza económica extrema y las condiciones de vida son deplorables, a pesar de tener todos los recursos humanos y naturales que tiene nuestro estado, expuso la AAEAA.

Reafirmaron que continuaran la lucha a favor de la educación Pública y la UPN con la exigencia de respuestas positivas a su pliego petitorio, entre sus puntos se encuentra la apertura inmediata de matrículas de nuevo ingreso, desde hace más de dos años no se ha emitido convocatoria en los diversos programas, a nivel licenciatura como en posgrados, para aspirantes a cursar estudios y formación pedagógica, en todas las subsedes pertenecientes de la unidad 071.

Piden un alto a las amenazas por parte del director de la UPN, en
contra de estudiantes, académicos y administrativos. Foto: Cortesía

Asimismo, la emisión directa de contratos laborales para los alumnos que cursan del 6° al 8° semestre por parte de la Subsecretaria de Educación Federalizada (SEF), con techo financiero, en sus dos modalidades: preescolar y primaria.

Los estudiantes exigen que se gestionen los programas de movilidad académica dentro de su casa de estudios, como del establecimiento y puesta en práctica de cursos extracurriculares con validez oficial, para complementar su formación como docentes y cumplir con los requisitos que se enmarca en las convocatorias de ingreso a la educación básica.

Otro punto es la suspensión inmediata por parte de la SEF, de las ordenes emitidas contra las y los maestros que están y han estado comisionados en la Unidad 071, y respeto a los trabajos académicos que han venido desarrollando dentro de la universidad.

La Asamblea piden la reinstalación inmediata de los trabajadores que se encuentran invalidados, así como aquellos que suspendidos en sueldo y funciones por parte de la administración saliente.

Así como la destitución del director impuesto y la emisión conjunta de la nueva convocatoria, respetando la libre participación democrática mediante voto universal y secreto de la comunidad universitaria, en la elección del nuevo director o directora de la Unidad 071 de la UPN.

Por último, la participación en la asignación de plazas directas a todos los egresados de la Universidad Pedagógica Nacional, en sus diferentes niveles escolares, y el alto a las amenazas que el director ejerce en contra de los estudiantes, académicos y administrativos para no participar en la defesa y lucha.

Fuente: https://www.chiapasparalelo.com/noticias/chiapas/2021/07/medio-millar-de-aspirantes-indigenas-se-veran-afectados-por-cierre-de-licenciaturas-en-upn/

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Indígenas de Bangladesh viven con la zozobra de perder sus bosques

Rose Mary Hernández Román

 Cuando el Departamento Forestal de Bangladesh taló el huerto de bananos de Basanti Rema, esta habitante indígena de los bosques de Madhupur, sintió que estaba viviendo una pesadilla.

Rema, de la aldea de Pegmari, en Madhupur, parte del distrito de Tangail, había cultivado sus platanales  en media hectárea dentro del bosque de esa área protegida. Pero el Departamento Forestal alegó que la tierra en la que se cultivaban los bananos pertenecía al organismo estatal.

La historia de Rema no es inusual, ya que en el pasado los garo y otras minorías indígenas han sido desalojados de sus tierras ancestrales por falta de derechos registrados sobre ellas, aunque existan pruebas de que junglas como la de Madhupur han sido su hogar de siempre.

“La disputa por la tierra es el principal problema, ya que el gobierno declaró 9145 acres (3700 hectáreas) de tierra del bosque de Madhupur como bosque de reserva forestal absoluta, poniendo en riesgo nuestra vida en nuestra tierra ancestral”, dijo Jonajetra, un miembro de la comunidad garo que vive dentro de ese bosque selvático, en la región norcentral de este país del sur de Asia.

En su diálogo con IPS, aseguró que el Departamento Forestal a menudo presenta casos falsos contra los indígenas por la supuesta tala de árboles. Incluso se ha demandado por esa actividad a niños de siete y ocho años.

En el boletín oficial de Bangladesh del 15 de febrero de 2016, el Ministerio de Medio Ambiente y Bosques declaró la tierra parque nacional de Madhupur como reserva forestal en virtud de la sección 20 de la Ley Forestal de nada menos que de 1927.

“Los habitantes garo se han enfrentado a varios problemas en la jungla. El Departamento Forestal presenta con frecuencia casos falsos contra nosotros”, dijo a IPS el dirigente Eugin Nokrek, presidente de Joyenshahi Adivasi Unnayan Parishad, una organización de pueblos indígenas bangladesíes.

“Si queremos construir una nueva casa y desmantelar la antigua, el departamento obstruye nuestras obras. Si queremos plantar huertos de bananos o piñas en nuestras tierras en barbecho, recibimos objeciones del Departamento Forestal”, añadió.

Miedo al desalojo

A pesar de vivir en la jungla de Madhupur, también conocida como Garth Gazau, durante generaciones, a los indígenas garo y otras minorías no se les han reconocido sus derechos en aquellas tierras declaradas como forestales.

Los esfuerzos del Departamento Forestal por recuperar las tierras perdidas por la agricultura y el acaparamiento de tierras han acrecentado el temor de las comunidades indígenas de perder las tierras donde han vivido por muchas generaciones, con derechos diferenciados a otros ocupantes que no se están teniendo en cuanta.

“Estamos a punto de ser desalojados de nuestras tierras ancestrales, ya que el gobierno ha declarado el bosque de Madhupur como una reserva absoluta. Podemos ser desalojados del bosque en cualquier momento”, dijo Nokrek, miembro del pueblo garo.

Hace décadas, Madhupur, en el distrito de Tangail, tenía 49 750 hectáreas, de las que  22 450 eran bosques protegidos.

Miembros de los pueblos indígenas de Bangladesh forman una cadena humana en el distrito de Tangail, en una de sus muchas iniciativas para exigir que se le reconozcan derechos legales sobre sus tierras ancestrales, en especial en la jungla de Madhupur. Foto: Rafiqul Islam / IPS

Según los funcionarios del Departamento Forestal de Tangail, ya han desaparecido algo más de 32 000 hectáreas de bosque debido a la tala indiscriminada y al acaparamiento de tierras, en un proceso que continúa y que se busca revertir.

Mohammad Jahirul Haque, funcionario forestal en la división de Tangail, dijo que el Departamento continuará sus campañas para recuperar las tierras forestales de los acaparadores. Sin embargo, aseguró a IPS que no había ningún plan para desalojar a los indígenas del bosque y que permanecerían en sus tierras ancestrales.

Según Sanjeeb Drong, secretario general del Foro de Pueblos Indígenas de Bangladesh, legalmente el bosque de Madhupur está bajo la jurisdicción del Departamento Forestal, pero los indígenas lo reclaman como su territorio colectivo ancestral y tienen pruebas para defender sus derechos.

El activista recordó que Madhupur es el hogar de las etnias garo, barman y koch, que viven entre sus árboles por muchas generaciones.

Cumplir una promesa

Al gobierno de la primera ministra Sheikh Hasina se le considera sensible a los derechos indígenas y en el programa electoral que la elevó por primera vez al poder en enero de 2009 se comprometía a formar una comisión independiente para resolver los conflictos territoriales de las diferentes minorías étnicas.

Pero la estela de persecuciones del pasado mantiene el temor entre las comunidades originarias, lo que se recrudece con las medidas adoptadas por el Departamento Forestal contra las actividades de los indígenas en Madhupur y los obstáculos de todo tipo al desarrollo de sus comunidades.

Nokrek dijo que muchas familias indígenas fueron desalojadas de Madhupur durante el bienio 2007-2008, durante el gobierno provisional de entonces.

Al dirigente indígena le preocupa que un cambio de gobierno pueda incrementar los desalojos, aduciendo causas de conservación ambiental o de otro tipo.

“Somos los habitantes del bosque y exigimos derechos legales sobre nuestra tierra, en la que hemos vivido durante generaciones. Queremos el reconocimiento legal de nuestra tierra ancestral para que nadie pueda desalojarnos”,  dijo Nokrek.

Además, explicó, “si tenemos el reconocimiento legal, obtendremos una compensación cuando el gobierno quiera hacerse con nuestras tierras ancestrales por un interés mayor”.

Los propietarios de tierras son compensados cuando se adquieren sus tierras para proyectos gubernamentales. Sin embargo, los garo y otras etnias indígenas no pueden recibir una indemnización porque no tienen pruebas legales sobre la propiedad de la tierra y otros derechos colectivos sobre ella.

De hecho, “la larga disputa sobre el derecho a la tierra de las minorías étnicas aún no se ha resuelto, ya que el gobierno todavía no ha formado la prometida comisión”, dijo Drong.

“Los responsables políticos deben tomar decisiones sobre cómo conceder a las personas de las etnias los derechos sobre sus tierras ancestrales”, insistió el secretario general del Foro de Pueblos Indígenas de Bangladesh.

En 1956, el entonces gobierno de Pakistán declaró el bosque a Madhupur como parque nacional y desalojó a los indígenas para adquirir las tierras forestales.

Tras alcanzar  Bangladesh su independencia en 1971, el bosque de Madhupur fue declarado bosque nacional o bosque reservado.

“Aunque los garo llevaban mucho tiempo viviendo en este bosque, los terratenientes no les concedieron derechos sobre la tierra tras la aprobación de la Ley de Adquisición y Tenencia del Estado de Bengala Oriental en 1950. Por eso perdieron sus derechos sobre sus tierras ancestrales”, detalló Drong en su diálogo con IPS.

Eso no ha sido obstáculo para que “la mayor parte del bosque de Madhupur ya haya sido acaparada por personas influyentes y ocupantes locales”, señaló.

Los árboles nativos son reemplazados

Nokrek, por su parte, denunció que el Departamento Forestal está sembrando plantones de acacia, en lugar de mantener los tradicionales árboles de sal (Shorea robusta ) en el bosque más grande de esta especie en Bangladesh, en el marco de un llamado programa de forestación social.

“El Departamento Forestal, los políticos y las personas influyentes encuentran negocio en este proyecto”, dijo.

Tras señalar que, debido a la presión del aumento de la población, la superficie forestal disminuye día a día, el dirigente indígena dijo que en los últimos años se han establecido fábricas e industrias en terrenos forestales mediante la falsificación de documentos.

Haque, el responsable de la división del Departamento Forestal de Tangail, dijo que había algo menos de 50 000 hectáreas de bosque de sal en Madhupur, aunque reconoció que parte de ese territorio estaba ocupado por acaparadores locales de tierra y personas influyentes.

El Departamento Forestal ha recuperado hasta ahora unas 7500 hectáreas de esas tierras boscosas, aseguró.

Como el bosque se está reduciendo rápidamente en la principal zona de Madhupur,  Haque  aseguró que el gobierno tomó ya la decisión de restaurar el bosque tradicional de sal y la tierra forestal en barbecho se pondrá bajo cobertura verde con la plantación de nuevos plantones de esa especie nativa.

Fuente: https://rebelion.org/indigenas-de-bangladesh-viven-con-la-zozobra-de-perder-sus-bosques/

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¿Dónde están los niños indígenas desaparecidos en los internados gubernamentales de Canadá?

Noticias

Por: Julio César Rivas

 

Miles de niños indígenas desaparecieron sin dejar rastro de decenas de residencias escolares en las que fueron ingresados a la fuerza durante más de un siglo por las autoridades canadienses. Durante años, los indígenas denunciaron las desapariciones pero nadie les creyó hasta el descubrimiento de los restos de 215 niños en una fosa común en Kamloops.

El pasado viernes 2 de julio, Rosanne Casimir, kukpi (chief) de los tk’emlúps te secwépemc, un grupo indígena de la provincia de Columbia Británica, convocó una rueda de prensa para anunciar el descubrimiento de los restos de 215 niños enterrados en una fosa común en la antigua residencia escolar de Kamloops.

Kamloops fue en su momento el internado más grande de las cerca de 130 residencias escolares que el Gobierno canadiense creó por todo el territorio, y que fueron gestionados en su mayoría por organizaciones religiosas, como parte del programa de asimilación de la población indígena.

Los niños, algunos de sólo unos pocos años de edad, eran arrancados a la fuerza de sus familias, a veces por la Policía Montada, y enviados a residencias escolares situadas a centenares e incluso miles de kilómetros de sus comunidades.

Un juego infantil de rayuela en una calle de Toronto se ha convertido en uno de los homenajes espotáneos que han aparecido en todo Canadá en honor de los 215 niños indígenas cuyos restos fueron hallados enterrados en la antigua residencia escolar de Kamloops. Imagen: Julio César Rivas.

Allí, se les cambiaba sus nombres indígenas por nombres “cristianos”, se les obligaba a olvidar sus lenguas maternas y se les sometía a abusos físicos, psicológicos y sexuales.

Incluso, entre 1930 y 1970, algunos de esos niños sufrieron experimentos médicos a manos de científicos gubernamentales en algunos casos para determinar los límites de malnutrición que el cuerpo puede soportar.

Cuando se producían muertes entre los niños en las residencias escolares, en muchas ocasiones ni las familias ni los otros estudiantes eran notificadas.

Uno de los homenajes espotáneos que han aparecido en las calles de Canadá en honor de los 215 niños indígenas cuyos restos fueron hallados enterrados en la antigua residencia escolar de Kamloops. Foto: Julio César Rivas.

El jefe indígena Harvey McLeod, del grupo Upper Nicola cuyo territorio se sitúa a unos 200 kilómetros al sureste de Kamloops, fue uno de los niños que fue forzado a vivir en la residencia escolar de Kamloops.

McLeod declaró a la cadena de televisión canadiense CTV cómo algunos de sus compañeros desaparecían de un día para otro sin que nadie supiese que había pasado con ellos.

“Recuerdo que un día estaban ahí y al siguiente habían desaparecido”, dijo.

Algunos de esos niños simplemente huyeron de las residencias. Pero muchos otros se teme que murieron y sus cuerpos fueron simplemente enterrados en los terrenos de las residencias escolares en fosas comunes.

Según la Comisión para la Verdad y Reconciliación de Canadá (TRC), entre 3.000 y 4.000 niños desaparecieron de las residencias escolares aunque algunos investigadores dicen que esa cifra es conservadora y podría llegar a los 6.000.

En 2015, el informe final de la Comisión concluyó que el país norteamericano utilizó los internados como herramienta para cometer un “genocidio cultural” contra la población indígena del país.

Imagen de 1937 del internado de Kamloops en la que aparecen estudiantes indigenas, personal de la residencia escolar y autoridades locales. Los restos de 215 niños indígenas han sido localizados enterrados en la residencia escolar de Kamloops. Foto: IRSHDC

“Durante más de un siglo, los objetivos centrales de la política de Canadá hacia los aborígenes fueron eliminar los gobiernos aborígenes; ignorar los derechos aborígenes; terminar los tratados y, a través de un proceso de asimilación, causar que los pueblos aborígenes cesasen de existir en Canadá como entidades diferenciadas legal, social, religiosa y racialmente”, señaló la Comisión en su informe final.

“El establecimiento de las escuelas residenciales fue un elemento central de esta política, que puede ser descrita mejor como ‘genocidio cultural’”, añadió.

Durante generaciones, las comunidades indígenas transmitieron oralmente las historias de esos niños desaparecidos mientras lo que sucedía entre los muros de esos internados era ignorado por el resto de la sociedad canadiense.

Como me dijo Casimir la semana pasada, “tenemos mucha historia oral con respecto a los niños desaparecidos en toda la nación y tk’emlúps. Tenemos información de generaciones que fue compartida pero nunca nada que fuese concreto y nada que fuese documentado. Ahora que lo hemos confirmado con el radar de penetración del terreno  vamos a estudiar los próximos pasos a dar”.

Casimir también respondió con un “por supuesto” cuando la pregunté si no debe ser la obligación del Gobierno federal localizar e identificar los restos de miles de posibles víctimas del sistema que Ottawa creó.

Casimir no es la única persona que quiere más acción y menos palabras por parte de las autoridades federales.

Perry Bellegarde, jefe nacional de la Asamblea de Primeras Naciones (APN), que representa a los grupos indígenas de Canadá, solicitó que cada una de las decenas de escuelas residenciales que el Gobierno canadiense estableció desde 1870 hasta 1996, sea examinada para localizar restos de niños internados en esas instituciones.

De momento, el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, sólo ha ofrecido buenas palabras pero no se ha comprometido a iniciar la búsqueda de restos humanos en esas 130 residencias escolares.

“Creo que todos los canadienses están conmocionados por las noticias de Kamloops. No podemos ni imaginar que 215 niños fueron arrancados de sus familias o que no se comunicase a las familias que sus hijos habían muerto. No sólo en Kamloops si no en otras parte del país”, declaró Trudeau.

Trudeau añadió que “esperaba” que se produjesen “debates de emergencia” en el Parlamento y se ofreciese a las comunidades, supervivientes y familias “medidas tangibles” aunque no ha sido capaz de señalar una sola.

Mientras Trudeau se muestra vago sobre lo que su Gobierno hará, en todo el país se multiplican las acciones en solidaridad con las víctimas de Kamloops. Frente al Parlamento de Canadá, decenas de zapatos infantiles han sido colocados por manos anónimas para honrar a los niños desaparecidos.

Y en un céntrico barrio de Toronto, alguien ha pintado un “hopscotch”, el popular juego infantil de la rayuela, con 215 rectángulos, uno por cada uno de los niños encontrados en Kamloops.

Fuente de la información e imégenes:  Lattin Magazine

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Hallan otra fosa común con cientos de estudiantes indígenas en una vieja escuela católica de Canadá

Noticias

La Federación de Naciones Soberanas Indígenas de Canadá, resaltó que la cantidad de tumbas encontradas sería “la más significativa hasta la fecha” en el país.

Cientos de tumbas no identificadas fueron encontradas cerca de una vieja escuela católica para indígenas en la provincia de Saskatchewan, al oeste de Canadá. Las comunidades indígenas del país aseguraron que se trata del hallazgo más importante de este tipo hasta la fecha.

La fosa común se descubrió tras una serie de excavaciones realizadas a fines de mayo en un viejo internado católico situado en la localidad de Marieval, luego de que se hallaran los restos de 215 estudiantes enterrados en la cercana Kamloops Indian Residential School, una antigua escuela situada en Columbia Británica, al oeste del país.

La comunidad autóctona Cowessess fue la que informó el descubrimiento de la fosa en Marieval y aprovechó para definir el suceso como “horrible” y “chocante”.

Por su parte, la Federación de Naciones Soberanas Indígenas de Canadá, resaltó que la cantidad de tumbas encontradas sería “la más significativa hasta la fecha” en el país.

En tanto, el jefe de la organización Asamblea de Primeras Naciones, Perry Bellegarde, quien representa a más de 900.000 indígenas, consideró que el hecho “es absolutamente trágico, pero no es sorprendente”.

Tras el descubrimiento de los restos de 215 niños en el internado de Kamloops, se iniciaron, con apoyo gubernamental, distintas excavaciones en escuelas similares en todo Canadá.

El hallazgo de Kamloops reavivó los llamados al papa Francisco y a la Iglesia Católica para que se disculpen por los abusos y la violencia que se ejerció sobre los estudiantes en este sistema de escuelas residenciales a donde fueron llevados a la fuerza para asimilarlos a la cultura dominante.

El orfanato de Marieval alojó niños indígenas desde 1899 hasta 1997, pero recién fue demolido dos años después y reemplazado por una escuela.

Según una investigación, unos 150.000 niños amerindios, mestizos y enuit, fueron reclutados contra su voluntad hasta la década de 1990 para enviarlos a 139 escuelas residenciales del país donde quedaban aislados de sus familias, su idioma y su cultura. Muchos fueron sometidos a malos tratos o abusos sexuales, y entre 3.200 y 4.100 murieron, en su mayoría de tuberculosis.

Fuente: https://rebelion.org/hallan-otra-fosa-comun-con-cientos-de-estudiantes-indigenas-en-una-vieja-escuela-catolica-de-canada/

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Mactumactzá: la brecha digital se castiga con cárcel

La Jornada

Por: Abel Barrera Hernández 

De los 480 estudiantes normalistas de Mactumactzá, 90 por ciento son indígenas. La mayoría pertenece al pueblo tzeltal, que convive con jóvenes de los pueblos tzotzil, tojolabal, zoque, chol y mam. Es la riqueza lingüística y cultural parte de la fortaleza de esta normal rural. Pese a sus raíces ancestrales, la educación que reciben es para reproducir la desigualdad social, al ser receptores de un modelo educativo centrado en el individuo y la servidumbre. En la normal han aprendido a luchar desde las aulas para no perder su identidad y mantener el sentido de justicia social que dio origen a este modelo educativo. Muchos jóvenes provienen de comunidades indígenas recónditas, donde no hay fluido eléctrico, ni caminos rurales. Hay normalistas que caminan más de 10 horas para llegar a San Cristóbal de las Casas. Es una osadía ingresar a la normal porque implica superar la brecha lingüística y enfrentar la discriminación de los ladinos, así como la hostilidad y racismo de los patrones y de la clase política vetusta.

El nexo con las comunidades indígenas forma parte de ese “espíritu público”, que intentó imprimir José Vasconcelos a las normales rurales, infundiendo en los estudiantes el sentido de sacrificio de la educación, como cualquier labor misionera. Es decir, educar para entregarse a una causa mayor. La pedagogía para la acción en las normales rurales fue concebida por Moisés Sáenz, bajo la influencia de John Dewey, en un modelo de “aprender haciendo”. Enfatiza el sentido práctico de la escuela que debe estar íntimamente ligada al entorno de los estudiantes. Esta metodología fue apropiada por las normales rurales, al transformarse en espacio abierto en constante interacción con las comunidades indígenas y campesinas. Para el ex subsecretario de Educación “la escuela rural libre de tradiciones y con un campo amplio de urgentes necesidades donde laborar, es la institución que más contribuirá a transformar México”. Este compromiso social de los estudiantes normalistas adquirió vigor con el autogobierno ejercido desde la base estudiantil, logro defendido con su sangre para mantener su autonomía y forjar el acero como futuros maestros rurales.

El normalismo rural hizo realidad el derecho a la educación para los hijos de indígenas y campesinos. La escuela-internado púbico y gratuito para mujeres y hombres, bajo un modelo formativo en que se combinan estudio y trabajo, es una conquista histórica que las nuevas generaciones de normalistas han preservado ante la privatización de la educación, promovida por los gobiernos caciquiles y neoliberales. El contexto en que surgen las normales rurales las hermanó con las demandas y luchas sociales de los indígenas. Este nexo entre escuela y comunidad definió el perfil educativo y el compromiso social de los normalistas cuya matriz cultural se cimienta en las comunidades indígenas. La combatividad de los estudiantes es producto de esta tradición organizativa, anclada en la conciencia social y política que adquieren desde que ingresan a la normal.

La vida en las normales implica una rigurosa disciplina en el estudio y en el trabajo, también formas de organización colectiva orientadas a cumplir con las tareas cotidianas para el correcto funcionamiento de su casa-escuela. Hay una observancia rigurosa de la actividad académica y del trabajo colectivo, así como de las tareas para emprender acciones orientadas a difundir sus demandas. Esta lucha tenaz ha propiciado reacciones irascibles de los gobernantes en turno.

Históricamente, las normales rurales son las instituciones que más ataques han sufrido, con la perversa intención de desaparecerlas. Por tratarse de actores incómodos de extracción indígena, se las criminaliza. Gobiernos caciquiles, como los de Guerrero, Chiapas e Hidalgo, además de emprender una campaña de odio, para justificar la represión, han usado la fuerza para someter y acallar sus demandas legítimas. Cárcel, gases lacrimógenos, balas de goma y armas de fuego se han usado contra los normalistas, que en todo momento abanderan el cumplimiento de su pliego petitorio, demandas básicas relacionadas con el aumento de la matrícula, aplicación de exámenes de manera presencial, apoyo económico para prácticas escolares, así como aumento del presupuesto para el comedor estudiantil, mejoramiento de la infraestructura del internado y los salones de clase. Esas demandas han desencadenado represión desproporcionada, por la que varios jóvenes han perdido la vida o la libertad.

En Mactumactzá, desde 2003, cuando Pablo Salazar Mendiguchía destruyó los dormitorios, el comedor y salones de clase para cerrar la escuela, los estudiantes mostraron su casta al resistir la ola represiva y reagruparse con las demás normales rurales. Rentaron algunas casas en la colonia Plan de Ayala para defender su escuela. Con movilizaciones y un trabajo muy intenso entre los estudiantes, recuperaron el comedor, algunos dormitorios y canchas de basquetbol. Con trabajo voluntario y cooperaciones reconstruyeron sus dormitorios. Pese a ello siguen en la precariedad y hacinados, al dormir más de seis personas en cuartos de tres por tres metros, adaptando literas de tres camas. Reciben 74 pesos diarios, para alimentos por estudiante. Tienen que sobrevivir con frijoles, huevos y sopas, y con el riesgo de que algún edificio se colapse.

Las carencias económicas que desde niños padecieron se multiplican ahora en la normal. Experimentan el odio racial de la población ladina y el golpeteo permanente del gobierno morenista de Rutilio Escandón. La postura inflexible de aplicar el examen de admisión de manera virtual, propició el desalojo violento de los estudiantes que protestaban en la caseta de cobro de la autopista San Cristóbal-Tuxtla Gutiérrez. Detuvieron a 74 mujeres que fueron recluidas en el penal de El Amate, y 19 varones que fueron vinculados a proceso, junto con dos indígenas desplazados de la comunidad de Chenalhó, que están en el Cereso 14 de Cintalapa.

La exigencia normalista de que las autoridades apliquen un examen presencial en un cuadernillo y lápiz, en lugar de aplicarlo en línea por la inoperancia de la conectividad en comunidades indígenas, profundizó la animadversión de Escandón, quien envió granaderos, para reprimirlos. El Ejecutivo está muy lejos de entender la historia de las normales rurales y su mística cimentada en el servicio a las comunidades. Ha tirado por la borda el papel que desempeñan los maestros indígenas en sus comunidades. Es una lucha sorda contra la desigualdad social y ahora, en plena pandemia, contra la desigualdad digital.

Fuente: www.jornada.com

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De cómo Yaku Pérez ganó el debate al que no fue invitado

Edgar Isch L.
Yaku Pérez fue la candidatura diferente por sus orígenes y nexos con las organizaciones populares.

Este domingo se realizó el debate entre los candidatos que el Consejo Electoral definió como finalistas: el banquero Guillermo Lasso y Andrés Arauz, heredero del extractivismo y el autoritarismo. Pero hubo un ausente notorio, el candidato del bloque indígena, popular y de izquierda, Yaku Pérez, cuyos señalamientos y documentos dirigidos a demostrar el fraude electoral fueron pasados por alto por los organismos electorales.

Que de más de 20 mil actas con observaciones se abran las actas de algo más de 30, no demuestra sino la burla a lo que amplios sectores sociales, de diversas corrientes políticas demandaban y que no era nada más que transparencia en los resultados.

De esta manera se llegó a un debate sin que gran parte de la población creyera en la legitimidad de los participantes. La sombra de Yaku fue permanente, no solo en las familias en dónde se preguntaba qué abría dicho de estar presente, sino en muchas más que sintieron que abría marcado una diferencia que no existió entre Lasso y Arauz, empeñados cada uno en demostrar que el otro dibuja un peor destino para el Ecuador, sin ser capaces de mayor diferenciación entre sus propuestas.

Ha sido luego del debate cuando analistas interesados, de uno u otro lado, añadieron propuestas y argumentos que no fueron presentados.

Efectivamente Yaku Pérez fue la candidatura diferente por sus orígenes, nexos con las organizaciones populares, pensamiento y propuestas. Por ello, su alta votación, incluso sin considerar la señalada en las demandas de fraude, quiere ser un botín de los finalistas. Y para ello, sin mencionarlo, debieron referirse al programa del candidato indígena y popular.

Allí está Lasso, en contra de sus convicciones y las de sus aliados, tratando de dialogar con las mujeres, los GLBTI; y allí está Arauz diciendo que acoge la Minga por la Vida, lo que significaría que deja de lado el programa correista. Los dos, por supuesto ahora se acercan a poblaciones indígenas, aún a sabiendas que desde comunidades y organizaciones el voto nulo crece.

Yaku ganó entonces con su programa, que estuvo en el debate sin que se atrevan a reconocer su origen. Aunque hay muchos temas que los candidatos no mencionaron porque debían pasar de la demagogia simple a medidas concretas: como en el caso de la deuda externa, considerando que los dos ya se han acercado a dialogar con el FMI; el extractivismo, como vía de acumulación de la riqueza en pocas manos; el destino de tierra y agua; garantizar la salud y educación como derechos; el sostenimiento de la seguridad social.

Y, mucho menos la distribución de la riqueza, que es más que un impuesto o medidas parciales. Esto entre muchos otros temas que dejan a la ciudadanía sin entusiasmo electoral, pensando en como impulsar las demandas populares y cual es el papel del voto nulo para ello.

Tras el show, nuevamente surgió en muchos la convicción: con Yaku el debate habría sido diferente. Seguía y sigue presente el candidato que fue excluido, demostrando que el trabajo por un gobierno de unidad indígena, popular y de izquierda, no ha terminado.

Y ganó, por ello y otras razones, también el crecimiento del voto nulo como expresión de dignidad que rechaza la manipulación mediática. Más allá de su porcentaje, es un no al pasado y un sí a abrir las puertas de un futuro distinto. Si hubo algo destacable del debate del CNE, eso estuvo fuera del escenario, las luces y las cámaras.

Estuvo en los hogares de quienes se ratificaron en la necesidad de un camino diferente y de la necesidad de poner la vida por delante. Será una demostración que lo importante del debate está en el diálogo de los hombres y mujeres del pueblo, en la organización independiente de los intereses de viejos o nuevos conservadores, en la lucha conjunta de esa hermosa diversidad cultural y humana de nuestro país.

*  Académico y exministro de Medioambiente de Ecuador. Asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)

Fuente: https://rebelion.org/de-como-yaku-perez-gano-el-debate-al-que-no-fue-invitado/

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Denuncian amenazas contra comunidad indígena en Colombia

Noticias

América del Sur/Colombia/29-01-2021/Autor(a) y Fuente: www.telesurtv.net

La Corporación Claretiana Norman Pérez Bello exigió la atención de las autoridades colombianas.

La Corporación Claretiana Norman Pérez Bello, mediante comunicado publicado en su cuenta oficial de Twitter, denunció este lunes amenazas lanzadas por un presunto paramilitar contra las comunidades indígenas de la etnia Sikuani, del asentamiento Iwitsulibo, ubicado en el municipio de Puerto Gaitán, departamento Meta, Colombia.

La declaración asegura que las amenazas han sido proferidas por el señor Ernesto Martínez, conocido con el sobrenombre de «Cajuche». Según el documento, tales sucesos ocurrieron luego que el pasado 21 de enero las comunidades indígenas de la etnia Sikuani de Iwitsulibo y Tsawilonia Weewelianai volvieron al territorio ancestral del que fueron desplazadas para sembrar sus cultivos tradicionales y reconstruir sus vidas.

«El día 21 de enero de 2021, siendo aproximadamente las 10H30 (Hora local) llegó el sr. Intendente de apellido Salas adscrito a la Policía de Puerto Gaitán (Meta) acompañado del señor Ernesto Martínez, a quien lo indígenas lo reconocen con el sobre nombre o alias “Cajuche” quien ha sido visto presuntamente con grupos paramilitares del mismo municipio, dicho señor exigió al pueblo indígena el desalojo de los predios», explica el comunicado.

Asimismo, relata que «la comunidad indígena mostró la documentación en la que se demostró que se está tramitando el proceso de Medida de Protección de Territorio Ancestral en el marco del decreto 2333 de 2014 ante la Agencia Nacional de Tierras», entidad que «solicitó a la alcaldía de Puerto Gaitán, la suspensión de todos los procesos policivos, e inhibirse de iniciar otros sobre estos predios», agrega.

La organización defensora de derechos humanos refirió además que en medio de la situación anterior, «el intendente Salas manifestó que se retiraría en espera de las definiciones de sus superiores a lo que el señor Ernesto Martínez alias Cajuche profirió una amenaza contra la comunidad indígena. Si no se puede con la policía se tendrá que hacer con otro grupo”, advirtió la nota.

La Corporación Claretiana Norman Pérez Bello hizo un llamado a las principales autoridades de Colombia como el Ejército y la Policía Nacional así como a organizaciones y colectivos sociales para que tomen acciones a favor de la protección de los pueblos ancestrales de Puerto Gaitán y se eviten más amenazas y hechos graves que lamentar.

Fuente e Imagen: https://www.telesurtv.net/news/denuncian-amenazas-comunidad-indigena-colombia–20210125-0054.html

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