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La ONU pide a México evitar la “criminalización de la protesta”; denuncia torturas y malos tratos

Por: Europa Press

Tras analizar el caso de Damián Gallardo, profesor y activista a favor de los derechos de los pueblos indígenas, la ONU indicó que su caso constituye un ejemplo más de violación de los Derechos Humanos y de la Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes.

MADRID (EUROPA PRESS).- El Comité contra la Tortura de Naciones Unidas solicitó este martes al gobierno de México que “deje de criminalizar la protesta y la defensa de los Derechos Humanos” y denunció torturas y malos tratos a activistas.

Tras analizar el caso de Damián Gallardo, profesor y activista a favor de los derechos de los pueblos indígenas en México, la ONU matizó en un comunicado que su caso constituye un ejemplo más de violación de los Derechos Humanos y de la Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes.

Según el comité, Gallardo fue sometido a abusos y malos tratos durante más de cinco años cuando se encontraba bajo custodia por unos delitos que no cometió.

Gallardo Martínez, miembro del Pueblo Indígena Ayuujk de Santa María Tlahuitoltepec de la región Mixe, había defendido la educación en comunidades indígenas de Oaxaca durante varios años y participado en protestas lideradas por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. En mayo de 2013, siete policías irrumpieron en su casa y lo arrestaron sin orden judicial, tal y como alertó el comité.

Así, permaneció detenido en régimen de incomunicación en un “centro de detención clandestino, donde fue golpeado por agentes de la Policía para que divulgara información sobre otros participantes del movimiento por el derecho a la educación”.

El propio Gallardo ha denunciado que los agentes amenazaron con violar a su hija y su pareja, así como con asesinar a sus padres. Además, fue obligado a firmar una serie de documentos que luego fueron utilizados para su supuesta confesión.

Tras dicha “confesión”, recoge el texto del comité, “fue acusado de formar parte del crimen organizado y de secuestrar a dos jóvenes, sobrinos de uno de los empresarios más importantes de México”.

Por ello fue trasladado a un penal de máxima seguridad en Guadalajara, en el estado de Jalisco, donde estuvo detenido más de cinco años hasta que el Ministerio Público Federal finalmente solicitó el desistimiento del caso, en diciembre de 2018.

“Durante este tiempo fue golpeado brutalmente, sometido a revisión bucal y anal, privado de agua y sueño, así como recluido en régimen de aislamiento 22 horas al día”, lamentó la ONU. “Toda la familia sufrió estigmatización y hostigamiento y, como resultado, tuvo que abandonar su comunidad indígena”, añade.

Tanto él como su familia han presentado varias denuncias por los actos de tortura cometidos en su contra, pero estas no han resultado en la apertura de investigaciones significativas “Gallardo Martínez fue sometido a actos de tortura que buscaban doblegar su voluntad al extremo y convencer de la capacidad de sus agresores de infligirle dolor o incluso la muerte”, dijo Peter Vedel Kessing, miembro del Comité.

“Los familiares directos de Gallardo también son víctimas indirectas debido al impacto psicológico y emocional de la tortura sufrida por él y por la estigmatización y el acoso al que se enfrentaron. Por lo tanto, también tienen derecho a una reparación integral”, afirmó.

Por todo ello, el comité hizo un llamado al gobierno mexicano para “tomar todas las medidas necesarias que permitan brindar garantías de no repetición” y preserve “los derechos de los pueblos indígenas para que no sean criminalizados por sus actividades legítimas en defensa de los Derechos Humanos”.

A su vez, solicitó que México proporcione a Gallardo y a sus familiares una “reparación integral” y una “disculpa pública”.

Fuente de la información e imagen: https://www.proceso.com.mx

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México: Gobierno sólo ofrece «promesas y simulaciones» a demandas de otomís en el INPI, advierte comunidad a cuatro meses de la toma

La comunidad otomí residente en la Ciudad de México, que desde el 12 de octubre mantiene tomadas las instalaciones del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), denunció que las autoridades federales y capitalinas no han atendido sus demandas de vivienda, justicia y vida digna, ni han cumplido los compromisos que asumieron en las mesas de diálogo.


«A cuatro meses de la toma del INPI, denunciamos que la ‘Transformación’ sólo ofrece promesas y simulaciones, pues no ‘garantizan el ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas’ y mucho menos aseguran su ‘bienestar integral’, como ellos dicen», indicó la comunidad.

Los otomís explicaron que a pesar de que el secretario de gobierno, Alfonso Suárez del Real, asumió desde noviembre el compromiso de que en agosto de este año se llevarán a cabo las expropiaciones de los inmuebles ubicados en la calle de Roma 18 / Londres 7, Guanajuato 200, Zaragoza 1434 y Zacatecas 74, sólo del último inmueble se han llevado a cabo dos Declaratorias de Utilidad Pública, y además está pendiente el Decreto Expropiatorio.

Además, denunciaron que de las las Mesas de Diálogo que propusieron para discutir las demandas de salud y alimentación, educación, trabajo, cese a los megaproyectos y resistencia de los pueblos, «todas, excepto vivienda parcialmente, singuen sin atenderse y sin establecerse la condiciones mínimas para llevarse a cabo».

Frente «a tanto desprecio y simulación del gobierno local y federal y la nula voluntad», la comunidad anunció que trasladará sus pertenencias de los cuatro campamentos otomís en la Ciudad de México a las oficinas tomadas del INPI, para «hacer residencia en dichas instalaciones» hasta que se resuelvan sus demandas.

La comunidad otomí también emplazó al gobierno capitalino para que a más tardar el próximo 28 de febrero se publique en la Gaceta Oficial del Gobierno el Decreto Expropiatorio de Zacatecas 74, y exigió que se informe del avance institucional respecto a la expropiación del inmueble ubicado en la calle de Londres 7 / Roma 18, Col. Juárez.

«Las autoridades locales y federales serán las únicas responsables de las acciones que resuelva llevar a cabo la Comunidad Indígena Otomí residente en la Ciudad de México, hasta en tanto no se atiendan objetivamente nuestras demandas», subrayó la comunidad.

A continuación el comunicado completo:

Al  CCRI-CG del EZLN

Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional

Al Congreso Nacional Indígena-Concejo Indígena de Gobierno

A su Vocera María de Jesús Patricio Martínez

A la Comisión Sexta del EZLN

A los medios de comunicación independientes, alternativos o como se llamen

Hermanas y Hermanos

Compañeras y Compañeros

A CUATRO MESES DE LA TOMA DEL INPI Y ANTE LA INDIFERENCIA GUBERNAMENTAL, CON RESISTENCIA Y REBELDÍA DECIMOS:

YA BASTA DE SIMULACIONES Y TRAICIONES PARA

LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS QUE LUCHAMOS

CONTRA EL DESPOJO Y POR LA VIDA.

  1. Desde la #TomaDelINPI No nos rendimos, No claudicamos y No nos vendemos. Seguimos organizándonos con Resistencia y Rebeldía, desde abajo y a la izquierda. Desde aquí exigimos, verdad y justicia para nuestro hermanos Samir Flores Soberanes que el próximo 20 de febrero se cumplen dos años de su asesinato y de la impunidad hecha gobierno.
  2. Desde el pasado 12 de octubre, éstas instalaciones, símbolo de la traición a los pueblos y comunidades indígenas, fueron tomadas para exigir un alto total a la guerra en contra de nuestr@s herman@s del Ejército Zapatista de Liberación Nacional; un alto total a los ataques paramilitares contra las bases de apoyo del EZLN; un alto total a los asesinatos en contra nuestr@s herman@s del Congreso Nacional Indígena – Concejo Indígena de Gobierno; cancelación inmediata de los megaproyectos como el Tren Maya, el Corredor Interoceánico, el Proyecto Integral Morelos, la Refinería Dos Bocas y el Aeropuerto Internacional de Santa Lucía; desde aquí exigimos un alto total al despojo de la la Madre Tierra, el Territorio y la Vida. Pero también tomamos el INPI paras exigir el derecho que tenemos a la alimentación, salud, educación, trabajo, cultura, democracia, libertad, justicia y una vivienda digna y decorosa, como lo establece el Art. 4º. Constitucional.
  3. A cuatro meses de la toma del INPI, denunciamos que la “Transformación” sólo ofrece promesas y simulaciones pues no “garantizan el ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas” y mucho menos aseguran su “bienestar integral” como ellos dicen; tampoco reconoce a los pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho público; no respetan sus derechos y su libre determinación; por otro lado, las “consultas”, “previas”, “libres” e “informadas” son a modo, como garantía para que el gobierno institucionalice el despojo de la tierra, el territorio, los recursos naturales y sus formas de organización.
  4. El pasado 24 de noviembre, en una Mesa de Diálogo con la Comunidad Indígena Otomí residente en la CDMX, el Secretario de Gobierno, Alfonso Suárez del Real, mediante oficios No.SG/824/2020, No. SG/825/2020, No. SG/826/2020 y No. SG/827/2020, asumió el compromiso que en agosto de este año, se deberían llevar a cabo las expropiaciones de los inmuebles ubicados en la calle de Roma 18 / Londres 7, Guanajuato 200, Zaragoza 1434 y Zacatecas 74, de este último inmueble, solamente se han llevado a cabo dos Declaratorias de Utilidad Pública; y está pendiente el Decreto Expropiatorio de dicho inmueble.
  5. A cuatro meses de la #TomaDelINPI, las Mesas de Diálogo que propusimos: Salud y Alimentación; Trabajo y Justicia; Educación y Cultura; Vivienda y Derecho a la Ciudad; Democracia y Libertad; Santiago Mexquititlan (agua, luz, drenaje, pavimentación, mercados, escuelas, hospitales); Megaproyectos, madre tierra y resistencia de nuestros pueblos, todas, excepto vivienda parcialmente, singuen sin atenderse y sin establecerse la condiciones mínimas para llevarse a cabo.
  6. Frente a tanto desprecio y simulación del gobierno local y federal y la nula voluntad para solucionar nuestras legítimas demandas y tomando en cuenta que hemos resistido y sobrevivido por más de 528 años y que nuestro andar no lleva prisa que no sea el de construir organización y autonomía, nuestra comunidad en pleno usos de su legítimo derecho a organizarse, a en asamblea acordamos y resolvimos:
  • Que a partir de este momento y como parte de la lucha que sostenemos con resistencia y rebeldía, pero sobre todo, tomando en cuenta las medidas necesarias para seguir cuidando nuestros campamentos y nuestras vidas, resolvimos iniciar el traslado de nuestras pertenencias, de los cuatro campamentos, a las oficinas tomadas del INPI y hacer residencia en dichas instalaciones, hasta en tanto no se resuelvan nuestras demanda.
  • Que emplazamos al gobierno de la CDMX, para que a más tardar el próximo 28 de febrero ya esté publicado en la Gaceta Oficial del Gobierno de la CDMX, el Decreto Expropiatorio de Zacatecas 74. Así mismo, que se informe del avance institucional respecto a la expropiación del inmueble ubicado en la calle de Londres 7 / Roma 18, Col. Juárez, toda vez que los plazos establecidos por el Gobierno de la CDMX, se plantearon para el mes de agosto del presente año.
  • Que a partir de esa fecha, las autoridades locales y federales serán las únicas responsables de las acciones que resuelva llevar a cabo la Comunidad Indígena Otomí residente en la CDMX, hasta en tanto no se atiendan objetivamente nuestras demandas.
  • Que desde la toma del INPI, a dos años de impunidad por el asesinato  de nuestro hermano Samir Flores Soberanes, hacemos un llamado para que según sus calendarios y geografías nos sumemos a la Acción Global y Dislocada por Verdad y Justicia para Samir Flores Soberanes.
  • Que desde la #TomaDelINPI, trabajamos y nos organizamos para hacer posible que nuestr@s herman@s del EZLN y el CNI-CIG, lleguen a buen puerto en la Europa de abajo y a la izquierda para encontrar otras semillas que luchan con resistencia y rebeldía en contra el capitalismo y en contra del patriarcado.

Atentamente.

NUNCA MÁS UN MÉXICO SIN NOSOTR@S

NUNCA MÁS UNA CIUDAD SIN NOSOTR@S

POR LA RECONSTITUCIÓN INTEGRAL DE NUESTROS PUEBLOS

ZAPATA VIVE, LA LUCHA SIGUE!

SAMIR VIVE, LA LUCHA SIGUE

VIVA EL EJÉRCITO ZAPATISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL

VIVA EL COMITÉ CLANDESTINO REVOLUCIONARIO INDÍGENA, COMANDANCIA GENERAL DEL EZLN

VIVAN LAS JUNTAS DE BUEN GOBIERNO

VIVAN LOS CARACOLES ZAPATISTAS

VIVAN LAS BASES DE APOYO DEL EZLN

VIVAN LAS COMUNIDADES INDÍGENAS ZAPATISTAS

VIVAN LAS AUTONOMÍA DE LOS PUEBLOS

PORQUE VIVOS LOS LLEVARON, VIVOS LOS QUEREMOS!!

VIVA EL #CNI, VIVA EL #CIG, VIVA EL #EZLN

NO A LOS MEGAPROYECTOS DE MUERTE!!

DESDE LA TOMA DEL INPI, CON RESISTENCIA Y REBELDÍA

COMUNIDAD INDÍGENA OTOMÍ RESIDENTE EN LA CDMX, INTEGRANTE DEL CONGRESO NACIONAL INDÍGENA Y DEL CONCEJO INDÍGENA DE GOBIERNO

Ciudad de México a de 12 de Febrero de 2021

Fuente e imagen: https://desinformemonos.org/gobierno-solo-ofrece-promesas-y-simulaciones-a-demandas-de-otomis-en-el-inpi-advierte-comunidad-a-cuatro-meses-de-la-toma/

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Confederación General de los Trabajadores de Colombia asegura que no cesarán las protestas

América del sur/Colombia/Octubre 2020/telesur.tv

La jornada de paro nacional tiene como objetivo defender la vida y la democracia en el país suramericano.

El presidente de la Confederación General de los Trabajadores (CGT), Julio Roberto Gómez, aseguró este miércoles que si el presidente Iván Duque no se baja de su pedestal, las protestas continuaran en el país.

Según el líder de la asociación nacional de trabajadores, Duque debe despojarse de su “arrogancia en torno a no querer escuchar a las organizaciones sociales, como por ejemplo la Minga”.

Las declaraciones de Gómez se enmarcan en la jornada de paro nacional que se desarrolla en el país suramericano, el cual tiene como objetivo defender la vida y la democracia, protestar contra la violencia y exigir la negociación del pliego nacional de emergencia.

Según explicó el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Diógenes Orjuela, el paro dejará clara la postura de absoluto rechazo por parte de la ciudadanía a las represiones y masacres ejercidas por la Policía.

La discusión del pliego de emergencia también está dentro de las demandas, la cual plantea la necesidad de una renta básica, la protección a las mujeres y sectores vulnerables, el salvamento a las pequeñas y medianas empresas, así como el respeto de los derechos de los pueblos indígenas originarios.

Por su parte, el Iván Duque viajó este lunes hasta el departamento de Chocó. De esta manera, el presidente justificaría su ausencia de la capital colombiana, por lo que no se reuniría con los representantes de la Minga social.

Fuente e imagen tomadas de: https://www.telesurtv.net/news/confederacion-general-trabajadores-colombia-protestas–20201021-0032.html

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OPINIÓN | La brisa rebelde de la Costa Chica

Por: Tlachinollan

El paisaje encantador de la Costa Chica contrasta con la pobreza y la discriminación acendrada por siglos en la zona limítrofe de Guerrero y Oaxaca. El Guerrero Afro sigue siendo ignorado por los gobiernos que han implementado políticas racistas y que han satanizado su cultura que resiste los embates de la cultura blanca. La Costa Chica en gran medida es la costa afro que se extiende de Acapulco a Cuajinicuilapa, una región sumamente rica por su mega diversidad y por la pluralidad de expresiones culturales que se han fundido a lo largo de los años entre los pueblos Na savi, Me’Phaa, Ñomndaa, Nahuas y Afros. Esta abigarrada mezcla de cosmovisiones le han dado un estilo propio que define el carácter bullanguero del guerrerense de la Costa. Sus danzas tradicionales que nos remiten a los famosos diablos hasta las chilenas que nos contagian con sus ritmos candenciosos, nos transmiten la alegría al disfrutar de su sol y de sus playas.

La lucha de compañeros y compañeras Afros ha sido descomunal porque han peleado contra el muro infranqueable del racismo y han tenido que dar una batalla desigual contra un aparato gubernamental que los cosifica y les ha pisoteado sus derechos como individuos y como pueblo. A pesar de su presencia mayoritaria y de sus rostros radiantes en el puerto de Acapulco y en las cabeceras municipales de la Costa Chica, no se les respeta como portadores de una cultura que ha forjado nuestra identidad como guerrerenses. Se utiliza el término costeño para distinguirlos de los sectores sociales acomodados ubicándolo como parte de la clase trabajadora, que es iletrada tildándolo como alguien que no trabaja.

Esta conciencia de lo afro que ha increpado al poder político ha logrado transcender en el ámbito legislativo al reconocer su presencia como parte de la riqueza cultural de México. En Guerrero su lucha es a pulso y por eso han entendido que se tienen que conjuntar los esfuerzos con los pueblos indígenas, porque el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas pasa necesariamente por el reconocimiento de los derechos del pueblo Afro. La esencia de sus demandas es ser tratados como sujetos de derecho público, como lo han demandado también los pueblos indígenas de México, para romper con el circulo de la discriminación y revertir las políticas clientelares y asistencialistas. A la población Afro se le ha confinado a vivir en bajareques y a soportar los maltratos sistemáticos de los patrones. Se les ha relegado de los cargos públicos y aún se mantiene esa idea nefasta cargada de racismo de que la gente afro esta destinada a padecer la explotación económica. Para poder escalar social y económicamente varios miembros de la comunidad afro han tenido que negar sus raíces para aculturarse, asumiéndose como mestizos para no ser victimas de mayor discriminación.

En nuestro estado, se gesta una lucha inédita donde convergen las poblaciones indígenas con la población Afro para impulsar una ley de reconocimiento sobre sus derechos donde sean considerados como actores políticos capaces de realizar transformaciones sociales, ocupando cargos públicos y ejerciendo a plenitud sus derechos. Recientemente, se realizaron 10 foros de consulta para elaborar una ley que plasme de manera integral los derechos de los pueblos indígenas y Afro. Por primera vez, se realizaron esos foros en territorios donde predomina esta población. Fue muy significativa su presencia en Marquelia y Acapulco, donde pudieron expresar sus reclamos, pero ante todo sus demandas para ser respetados y reconocidos. La lucha actual que están dando tanto representantes de pueblos indígenas como del pueblo Afro es ejemplar; porque están demandando al Congreso del estado la creación de nuevos municipios con esta perspectiva de pueblo indígena y de pueblo Afro, como los casos de Las Vigas y San Nicolás Tolentino, y Temalacatzingo con la comunidad Me’Phaa del Rincón. Los pueblos han comprendido que la lucha por nuevas municipalidades es estratégica para romper con el aislamiento político y la discriminación institucionalizada contra los pueblos asentados en zonas rurales. La disputa por el financiamiento público que se le niega a las comunidades indígenas solo cobra sentido cuando se busca una nueva configuración política a través de la creación de nuevos municipios.

La Costa Chica ha hecho sentir su presencia a través de esta demanda legítima y ha logrado visibilizar la raíz encantadora del Guerrero Afro. Se está revitalizando su identidad, la recuperación de su historia, el reavivamiento de sus expresiones culturales y además el potencial económico que se plasma en la belleza de sus paisajes. Hay un proceso de retroalimentación en este intercambio de saberes que se dieron en los parlamentos abiertos y los mismos foros de consulta, donde muchos asistentes tuvimos la oportunidad de escuchar sus opiniones y su manera de ver el mundo. Hay un gran acervo histórico del pueblo Afro que tiene que incorporarse como parte de la enseñanza pública, que robustezca las raíces de nuestra identidad.

El día sábado, el presidente Andrés Manuel López Obrador tuvo la oportunidad de conocer esa vitalidad que trasmiten los pueblos indígenas y afro de la costa, de sentir su calidez y su espíritu jocoso, su lenguaje sencillo y directo, su efusividad, pero también su reclamo y su exigencia de justicia. Fue un encuentro festivo que contrastó con esta situación de pobreza que tiene que ver con el olvido secular y con este desprecio a quienes acostumbran disfrutar del mar y de la hamaca. Sintieron la cercanía de un presidente voluntarioso que quiere romper con la telaraña de la corrupción y que predica en todo momento que los nuevos programas sociales vendrán a resolver los problemas de la pobreza ancestral. Últimamente, ha celebrado con bombo y platillo que estos programas adquieran rango constitucional, como un gran logro de su gobierno. Fue recurrente en sus cuatro encuentros este mensaje de que la inversión millonaria que se está asignando a los programas de Bienestar no solo está asegurada, sino que también se incrementará cada año. En el ambiente, se siente que la gente tiene puestas las esperanzas de que se podrá cruzar este umbral de la pobreza con el apoyo presidencial. Hay muchas expectativas que se nutren con la cercanía y el saludo efusivo de la gente que tiene la suerte de sacarse una selfie con AMLO.

Es increíble la popularidad del presidente que, de acuerdo a un sondeo del mes de febrero, es la más alta del país, alcanzando el primer lugar, por encima de su estado natal. A pesar de los problemas más sensibles que enfrentamos en el estado, como es la violencia creciente y la pobreza galopante, su popularidad no ha mermado. En estos dos días de su gira por cuatro municipios de la Costa Chica, se sintió ese contagio de la gente con su presencia y su discurso. Es muy importante resaltar las luchas emblemáticas que se han dado en esta región, sobresaliendo las que se han dado en el municipio de Ayutla, dónde el caso de Inés Fernández Ortega es paradigmático porque, con su denuncia, como sobreviviente de tortura, logró una sentencia a su favor en la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ha incidido en cambios legislativos. Un caso sumamente trágico fue la masacre del Charco acaecida el 7 de junio de 1998, donde elementos del ejército mexicano abatieron a 10 campesinos indígenas y un estudiante de la UNAM, sin que a la fecha se haya investigado a los elementos castrenses. En el acto de este domingo as 4 de la tarde, estuvieron presentes en primera fila Inés Fernández y cuatro viudas de El Charco. No podemos dejar de mencionar que seis estudiantes de los 43 desaparecidos de la Normal de Ayotzinapa son originarios de este municipio, y siete más del municipio de Tecuanapa. Es decir, que los hijos de los indígenas campesinos y Afros también están dando la batalla para que haya justicia en el país y educación para los niños del pueblo.

Fue trascendental que los representantes del Concejo Municipal de Ayutla compartieran con el Presidente de la República la misma tribuna y que la voz del ejecutivo expresaran claramente su respaldo a este nuevo sistema de gobierno indígena elegido a través de las asambleas comunitarias. Es un modelo que está abriendo brecha para garantizar a los pueblos indígenas un acceso efectivo a los cargos públicos a través de sus usos y costumbres. Sin embargo, los grupos políticos y económicos que han detentado el poder en este municipio se empeñan en denostar al nuevo gobierno comunitario. Ciertos sectores de la cabecera municipal de Ayutla han exacerbado sus fobias contra la población indígena y reproducido un racismo recalcitrante. La presencia masiva de hombres y mujeres de los pueblos Na Savi, Me’Phaa y Ñomnnda de los municipios de Ayutla y de Xochistlahuaca fue una expresión del espíritu combativo que mantienen a los hombres y mujeres de la Costa-Montaña en las principales batallas por la justicia, la democracia y la igualdad. La presencia de la población Afro en Cuajinicuilapa y Marquelia mostró la fuerza y la gran animosidad de este pueblo, que ha roto las cadenas de la esclavitud y del racismo para estar también construyendo una nueva sociedad que lucha contra la desigualdad y todo tipo de discriminación. La presencia de AMLO en Guerrero le permitió sentir la brisa rebelde de los pueblos de la Costa.

Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan

Fuente e imagen: http://www.tlachinollan.org/opinion-la-brisa-rebelde-de-la-costa/

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Nativos de Brasil crean protocolo de consulta sobre la Amazonia

América del sur/Brasil/ 25 Julio 2019/Fuente: Telesur Tv

«El Estado tiene el deber de consultar a los pueblos indígenas antes de que entre en sus territorios», indicó el vicepresidente de la Asociación Hutukara Yanomami, Dário Yanomami.

Comunidades indígenas de los estados de Roraima y Amazonas (Brasil) elaboraron un documento que establece cómo desean ser consultados sobre los proyectos en la Amazonia.

El vicepresidente de la Asociación Hutukara Yanomami, Dário Yanomami, indicó que elprotocolo es una forma de recordar a la sociedad no solo la necesidad de consultar a los pueblos, sino también los procedimientos a seguir en cada situación.

“Esto significa que el Gobierno brasileño debe reconocer el protocolo de consulta, (entender) lo que piensan los yanomami y cómo funcionan. Si algún proyecto quiere explotar en nuestro territorio, por ejemplo, el protocolo se asemeja al derecho de consulta», dijo.

«El Estado tiene el deber de consultar a los pueblos indígenas antes de que (nadie) entre en sus territorios», agregó Yanomami.

La deforestación en el Amazonia brasileño ha aumentado durante el Gobierno de Bolsonaro. | Foto: TRT

La elaboración de este documento tiene en cuenta el avance de grupos económicos en tierras  indígenas, como empresas minera, madereras y de agronegocios por lo que la comunidad nativa insta con este texto a respetar sus decisiones y pensamientos a través de este protocolo.

El documento llamado protocolo de consulta fue elaborado durante cuatro años entre agencias públicas y se archivó en instituciones como la Fiscalía Federal, la Secretaría Especial de Salud Indígena y los ministerios de Medio Ambiente y de Educación, la Fundación Nacional del Indio y en la presidencia de la República.

Desde que llegó Jair Bolsonaro, el pasado 1 de enero de 2019, a la Presidencia los yanomami así como otros grupos étnicos, temen el riesgo de las normas de protección para los pueblos tradicionales.

En el mes de marzo, el Gobierno de Bolsonaro manifestó la posibilidad que Brasil se retire del acuerdo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), lo que pondría a las comunidades en un área más insegura con respecto a la garantía de los derechos de los indígenas.

Fuente: https://www.telesurtv.net/news/brasil-indigenas-protocolo-consulta-amazonia-20190723-0010.html

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México: Realizará INPI acciones para uso y enseñanza de idiomas originarios

América del Norte/México/jornada.com.mx/

En el contexto del Año Internacional de las Lenguas Indígenas, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) realizará diversas acciones para el “uso, enseñanza y promoción” de estos idiomas originarios, aseguró Adelfo Regino Montes, titular de dicho organismo.

En la presentación del programa televisivo Ecos Indígenas: la voz de la diversidad, que se transmitirá por Canal Once a partir del jueves 30 de mayo, el funcionario dijo en entrevista que este programa es una de las actividades que el INPI despliega para preservar y difundir las lenguas y tradiciones indígenas del país.

Añadió que en como parte de la reforma educativa se llevará a cabo un programa de lenguas indígenas en el sistema educativo nacional. “Estamos impulsando una serie de actividades con la Secretaría de Educación Pública para la incorporación lenguas indigenas en las currículas”.

El programa televisivo que consta de seis capítulos, y en el cual el INPI colaboró versará sobre la cultura, música, festividades tradiciones y lenguas de los pueblos originarios a través de lo que hacen seis radiodifusoras indígenas: La Voz del Valle, La Voz de la Costa Chica, La Voz de los Cuatro Pueblos, La Voz de la Sierra Tarahuamara, La Voz de los Vientos y La Voz de los Tres Ríos.

Fuente; https://www.jornada.com.mx/ultimas/2019/05/23/realizara-inpi-acciones-para-uso-y-ensenanza-de-idiomas-originarios-1374.html
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Pueblos indígenas y gobiernos progresistas en América Latina

Por: Ollantay Itzamná

“Los pueblos indígenas hemos tenido los mayores beneficios durante los gobiernos social cristianos que durante gobiernos de izquierda”, afirma un hermano quichua ecuatoriano, al abordar la situación actual de las nacionalidades indígenas en dicho país.

Esta aseveración, por más trivial que parezca, debería ser motivo de reflexión y de auto crítica para los intelectuales y actores políticos de izquierda en Abya Yala. ¿Por qué en Ecuador, luego de una década de gobierno progresista, incluso con evidentes logros socioeconómicos, existe esta sensación indígena?

Los gobiernos progresistas, en su intento de superar el neoliberalismo y el intervencionismo norteamericano, estuvieron y están concentrados en el fortalecimiento de los estados nacionales (en algunos casos denominados plurinacionales). Pero descuidaron y descuidan el fortalecimiento de las autonomías indígenas.

En el caso del Ecuador, su Constitución Política (2008) no reconoce autonomías territoriales indígenas. Por tanto, la década del progresismo fue una década perdida para los pueblos en relación a sus derechos como la autodeterminación, restitución de territorios, consentimiento, etc.

La Constitución Política de Bolivia (2009) reconoce autonomías indígenas, pero su implementación aún es insuficiente, tanto por la inercia estatal, como por la apatía de los pueblos indígenas por ejercerlas.

En el imaginario colectivo de los pueblos indígenas, aún prevalece el culturalismo neoliberal consistente en las “demandas” de derechos culturales (idiomas, trajes, educación bilingüe “intercultural”, lugares sacros, etc.), mas no así la aspiración a la restitución de territorios, autodeterminación indígena, etc.

No se si fue una promesa de gobiernos progresistas el salto de los derechos culturales indígenas hacia el reconocimiento y fomento de los derechos políticos (restitución de territorios, autodeterminación, consentimiento, etc.) Pero, lo cierto es que esa transición aún sigue pendiente.

Más por el contrario, en el caso del Ecuador, al parecer, incluso se retrocedió en la implementación de derechos culturales para nacionalidades indígenas. Es con el actual gobierno que recién se crea la Secretaría de Educación Intercultural Bilingüe.

Rafael Correa no prometió la implementación de la agenda de los pueblos indígenas. En ese sentido es, hasta cierto punto, explicable la ausencia de políticas públicas sobre derechos colectivos indígenas durante su gobierno. Pero, fue injustificable su desdén hacia las organizaciones indígenas del país, sólo por el hecho que estas organizaciones se hayan declarado en oposición a dicho gobierno. En Correa, al parecer, pudo más el miedo a los movimientos sociales como fuerzas destituyentes de gobernantes que la posibilidad de encontrar en ellos un aliado para sostener los cambios emprendidos.

En el caso de Evo Morales, en Bolivia, la retardación en la implementación de los derechos políticos colectivos de los pueblos indígenas se debe, en buena medida, a la primacía del pensamiento de izquierda de clase media sobre el pensamiento indianista que encabezaba el ex Canciller Choquehuanca, dentro de dicho gobierno.

La aún vigencia de la creencia de: “Los sujetos de las revoluciones son los proletarios, y sus vanguardias” en el pensamiento y praxis de las izquierdas latinoamericanas, es otra de las razones de fondo del por qué no se promovió, ni impulsó lo suficiente los procesos emancipatorios de los pueblos durante los gobiernos progresistas. Los maoístas reconocen a los campesinos como sujetos revolucionarios, pero como individuos. Mas no como pueblos con autonomías.

De cualquier modo, la fase progresista fue un aprendizaje para todos. En especial para los pueblos indígenas. Pero, ello no significa que los pueblos hayan renunciado a sus agendas de emancipación e integración como pueblos a nivel regional. Más por el contrario, esta experiencia exige a los pueblos a transitar del culturalismo neoliberal hacia el ejercicio de los derechos políticos colectivos.

Fuente: https://www.telesurtv.net/bloggers/Pueblos-indigenas-y-gobiernos-progresistas-en-America-Latina-20181217-0004.html

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