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Agirretxea (PNV): «El modelo educativo vasco debe decidirse en Euskadi»

29 Enero 2017/Fuente:teinteresa /Autor:EFE

El PNV opina que cualquier pacto educativo de Estado debe limitarse a las cuestiones básicas que conciten el acuerdo, nunca referidas a competencias de las administraciones autonómicas, así que las instituciones vascas son las que deben decidir cuál es el modelo educativo de Euskadi.

«Nuestra posición con respecto a los pactos de Estado ha sido siempre crítica y escéptica, y las experiencias pasadas no ayudan a cambiar esa opinión», comenta a Efe el portavoz de Educación del PNV en el Congreso, Joseba Agirretxea.

En concreto, manifiesta prevención en cuanto a que el Gobierno central, ahora en minoría, se apoye en acuerdos de Estado para extralimitarse y abordar reformas legislativas de calado bajo una «supuesta legitimidad» proveniente de la subcomisión parlamentaria que negociará el pacto educativo.

«A nuestro juicio, estos pactos de Estado deben transitar únicamente sobre aquellas cuestiones básicas que conciten el acuerdo y el consenso, y sobre todo, nunca deben abordar áreas o asuntos que sean competencia de otros niveles institucionales», advierte.

Al contrario que los otros portavoces parlamentarios de Educación también entrevistados por Efe, el diputado del PNV opta por no responder directamente a preguntas concretas sobre la posibilidad de un pacto educativo esta legislatura, sino que opta por planteamientos más generales.

Así, con carácter previo a cualquier pacto de Estado por la educación, el PNV remarca que debe reconocerse que la Comunidad Autónoma Vasca ostenta «la competencia exclusiva» en materia educativa, «tal y como señala el Estatuto de Gernika».

Más concretamente, antes que cualquier pacto de Estado, debe existir uno sobre el respeto al marco competencial y a la capacidad, «reconocida en el Estatuto», de las instituciones vascas para establecer el modelo educativo vasco.

«Por ello, la labor del grupo parlamentario vasco -anuncia Agirretxea-, será la de salvaguardar esta competencia y evitar que el Estado se inmiscuya en lo que no le corresponde, denunciándolo cuando lo haga. Entendemos y compartimos que debe haber una estabilidad en materia educativa en el Estado, pero eso no debe ser la excusa para la extralimitación en el ámbito competencial».

Y añade, por si queda alguna duda: «Las instituciones vascas son las que deben decidir cuál es el modelo educativo vasco».

Reitera el argumento de que «así lo establece» el Estatuto de Autonomía y, de acuerdo con esa potestad, legisla el Gobierno vasco, con el apoyo del Parlamento y en colaboración y consenso con los agentes educativos de la comunidad.

«No se trata de que Madrid decida un modelo que las instituciones vascas deban o puedan gestionar, sino que el modelo mismo se decide en Euskadi», enfatiza.

Por todo ello y por «coherencia», el PNV rehúsa fijar una posición con respecto a cuál debe ser la política educativa «a nivel estatal» en materia de centros concertados, religión escolar voluntaria u otras cuestiones escolares como las evaluaciones finales de etapa.

«Es un debate que deben mantener, en lo que respecta al sistema educativo vasco, las instituciones vascas con los agentes educativos vascos. Así se ha hecho siempre -explica- y así se seguirá haciendo».

Lo mismo ocurre con respecto al sistema de becas y al gasto público educativo: «Ambos son establecidos por el Gobierno vasco, quien además, en el caso de las becas, cuenta con un sistema de mayor protección que el que ofrece el Estado español y que, sin embargo, ha sido recurrido por el Gobierno central».

Con respecto al gasto público, la asignación presupuestaria que dedique la Administración a la educación es «decisión del Gobierno vasco».

Fuente de la noticia: http://www.teinteresa.es/espana/Agirretxea-PNV-educativo-decidirse-Euskadi_0_1731427059.html

Fuente de la imagen: http://images.teinteresa.es/espana/Agirretxea-PNV-educativo-decidirse-Euskadi_TINIMA20170127_0095_5.jpg

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España: PP, PSOE, C’s y Podemos revelan las claves del futuro pacto de Estado por la Educación

España/19 de Diciembre de 2016/Madridiario

El pasado 1 de diciembre, el Congreso de los Diputados aprobó la creación de la Subcomisión para el pacto de Estado social y político por la Educación, con el objetivo de elaborar una nueva ley educativa que sustituya a la polémica LOMCE. La Subsomisión tiene una tarea se antoja casi una hazaña: elaborar un pacto educativo que sirva de base para una nueva ley orgánica. ¿Cuáles deben ser las claves del pacto educativo?, ¿será posible conseguir un texto de consenso teniendo en cuenta los vetos y líneas rojas de los partidos?, ¿se redactará una ley que dure más que el Gobierno que la ha impulsado?, ¿se tendrá en cuenta a la comunidad educativa? Diariocrítico ha buscado respuesta a estas preguntas entre los portavoces de los grandes partidos que forman parte de la Subcomisión.

Sandra Moneo (PP), Marta Martín (Ciudadanos), Joan Mena (Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea) y Manuel Cruz (PSOE), han explicado a este digital las posturas de las que parten y cómo esperan que se articule el acuerdo. ¿Cuáles serán las claves del pacto educativo?

«Para nosotros el elemento fundamental es la financiación. Acabamos de presentar una proposición no de ley, con el voto favorable del PSOE, para fijar un horizonte de inversión que alcance el 7% del PIB, ya que una ley sin recursos económicos, será papel mojado. También hay que corregir los privilegios de las escuelas privadas y concertadas, porque nuestro ordenamiento jurídico dice que el concierto es un elemento subsidiario, pero en realidad, nuestro concierto es de los más altos de la Unión Europea; y nosotros queremos que el dinero público se destine a la escuela pública. El tercer elemento es la recuperación de la democracia y participación para no convertir a la escuela en un instrumento jerárquico, que es lo que hace la LOMCE y lo que quiere el PP», ha explicado el diputado de En Comú Podem, Joan Mena.

Para el socialista Manuel Cruz, el pacto educativo debe “ordenar la educación, que sido desordenada por la LOMCE. Debe recuperar los mejores elementos de las leyes anteriores, es decir, una ley de bases que funda las anteriores”.

La diputada de Ciudadanos, Marta Martín, ha expresado que “lo primero y lo esencial es que queremos que, por primera vez en 40 años, en un contexto constructivo y riguroso, se hable de educación y no se utilice este tema de manera frentista. Que con las aportaciones de la comunidad educativa (padres, profesores, alumnos) y expertos, y con la mejor disposición de todas las fuerzas políticas abordemos de una vez por todas problemas importantes: el alto abandono escolar temprano que tenemos, las diferencias e inequidades educativas (por motivos de ubicación territorial, contexto sociocultural o características individuales de los alumnos), el grave problema de la profesión docente (en el acceso, la estabilidad y la carrera laboral), la mejora de la convivencia y el problema del acoso, la necesidad de formar mejor a nuestros jóvenes en competencias necesarias para la sociedad de la información; la cuestión de los tiempos, calendarios y cargas lectivas y su relación no sólo con la formación de nuestros niños, sino también de su bienestar personal. En cualquier caso, tendremos que consensuar los temas a tratar”.

“Nosotros vamos a trabajar intensamente con el compromiso de llegar a un gran acuerdo que permita seguir avanzado en mejora sistema educativo y atajar sus deficiencias; una de estas deficiencias es la diferencia entre Comunidades Autónomas. Para nosotros también es fundamental que cualquier mejora del sistema pase por la mejora de la situación de los profesores”, ha indicado la diputada ‘popular’, Sandra Moneo.

Pese a que todos comparten la premisa de que será difícil llegar a un consenso, teniendo en cuenta la fragmentación del Parlamento, se han mostrado optimistas al respecto, con excepción del portavoz de Unidos Podemos-En Comú Podem- En Marea, que ha expresado el “miedo a que el pacto se convierta en mero maquillaje de las políticas educativas del PP, y termine siendo una triple alianza institucional entre PP-PSOE-C´s”.

– Diferencias y semejanzas con la LOMCE

En cuanto a los aspectos diferentes y similares con la LOMCE, cada partido tiene una posición. Así, para Unidos Podemos la LOMCE “es una carrera de obstáculos que va expulsando estudiantes”, y considera que si el PP realmente tiene pensado aprobar una nueva ley, “debe derogar inmediatamente la LOMCE”. El PSOE considera que hay “aspectos conflictivos como el modo de organizar y gestionar los centros, la relación entre la escuela pública y concertada, el tema de la laicidad, o la reversión de los recortes y la inversión en Educación, que deben ser corregidos”. No obstante, Cruz ha manifestado que “cualquier ley recoge siempre elementos de las anteriores”.

“Creo que si empezamos la Subcomisión jugando a las diferencias y similitudes poco avanzaremos. Tenemos que conseguir que la ley que salga adelante, derivada del informe que realice la subcomisión, sea una ley de todos. Habrá cosas que se pueden rescatar de las siete leyes anteriores (si han funcionado), y tendrá que haber también aportaciones genuinas y pertinentes nuevas”, según Marta Martín.

Para el PP, “el marco de la LOMCE se debe debatir en la subcomisión”, y ha resaltado que “hay que buscar el pacto mediante un debate serio, riguroso y con altura de miras. Hay aspectos que han funcionado con las diferentes leyes, por lo que debemos analizar esos aspectos y escuchar a la comunidad educativa”.

– Reivindicaciones de la comunidad educativa

Días después de que se aprobara la formación de esta Subcomisión, la Plataforma Estatal por la Escuela Pública (que aglutina voces de estudiantes, padres, profesores y sindicatos), remitió un comunicado a este digital en el que manifestaba su preocupación por el desarrollo de este pacto, y advertía a los partidos de que si su voz no es escuchada, volverán a las huelgas y movilizaciones a partir de 2017.

Para esta plataforma, hay una serie de reclamaciones que deberían quedar recogidas en el nuevo texto educativo como: la retirada definitiva de la LOMCE, la reversión de los recortes, la recuperación de un sistema de becas que garantice la igualdad de oportunidades y el freno a la privatización del sistema educativo. Ante estas reivindicaciones, los partidos mantienen posturas distintas, aunque comparten, según han asegurado, la voluntad de escuchar a la comunidad educativa y expertos.

“Somos conscientes del rechazo a la LOMCE, pero recuerdo que algunas medidas que recoge, ya las contemplaba la LOE del PSOE. Yo no puedo estar de acuerdo con algunas de las ideas que plantea la plataforma, por ejemplo, no se puede hablar de privatización de la Educación cuando la escuela pública representa el 80%. Hay que aparcar los planteamientos personalistas y ser sensatos a la hora de ver qué ofrecemos al sistema y qué medidas tomamos. El PP ha demostrado que el Gobierno es el primero en mover ficha, y se demostró con la retirada de las evaluaciones”, (más conocidas como reválidas), ha manifestado Sandra Moneo.

El diputado socialista Manuel Cruz ha indicado que espera que se contemplen estas reclamaciones, aunque ha insistido en que si lo que se quiere conseguir es un pacto de Estado, “ninguno de los actores podrá conseguir su programa de máximos, por lo que habrá que buscar los puntos de consenso”.

“Creo que la comunidad educativa es muy amplia y, por nuestra parte, se analizarán y contemplarán las propuestas constructivas que aporte, no sólo esta plataforma, sino todas aquellas que puedan contribuir a mejorar la educación de este país”, ha señalado Marta Martín.

PP, PSOE y Ciudadanos han resaltado que no se ha invitado a la comunidad educativa a la Subcomisión porque su creación responde a una iniciativa parlamentaria, y por tanto, es labor de los diputados, aunque han aseverado que serán escuchadas las diferentes propuestas e iniciativas. Por el contrario, Unidos Podemos ha dicho tener la “sensación de que se hará una operación de maquillaje para que parezca que se tiene en cuenta a la comunidad educativa cuando no es así. Nosotros queremos que sean un agente más en la negociación y hablar de tú a tú con ellos, pero el PP y Ciudadanos defienden intereses elitistas, desprecian lo público, y ven en la Educación una vía de negocio vía privatización. Además, es posible que las reclamaciones de la comunidad educativa no aparezcan en el texto, por lo que tendremos una LOMCE 2 que será rechazada por la sociedad».

Ante la ‘amenaza’ de nuevas huelgas y movilizaciones, las posiciones varían según cada partido. Mientras la confluencia de Unidos Podemos ha mostrado su respaldo a estas convocatorias, si se producen, el PSOE ha indicado que “si el motivo de la huelga es que no se escucha a la comunidad educativa, no habrá huelga”.

“Nosotros respetamos el derecho a la huelga, aunque la verdad es que las imposiciones y apriorismos no nos parecen la mejor manera de construir cosas. Ciudadanos es más de trabajo y de ideas que de huelgas: qué le vamos a hacer, creemos que se consigue más con un espíritu constructivo que de queja, pero cada uno es libre de apuntarse a la opción que quiera”.

En la misma línea, Sandra Moneo, que no ha querido entrar a valorar la posible huelga, ha reiterado que “la comunidad educativa tendrá la oportunidad de ser escuchada en la Subcomisión”. “Creo que, cada uno, a la hora de lograr mejorar el sistema educativo tiene sus propias responsabilidades. Cada cual sabrá lo que hace, pero nosotros preferimos buscar acuerdos y acercar posturas”.

La Educación se ha convertido en una de las prioridades de esta legislatura que acaba de arrancar, y todo apunta a que el camino hacia una nueva ley será largo y no exento de polémicas. Tras contactar con los portavoces de los cuatro grandes partidos, las conclusiones principales quizás sean, por un lado, la voluntad (aparente) de elaborar un texto de consenso que cuente con la participación de la comunidad educativa, y, por otro, que sea una ley que ‘sobreviva’ a los cambios de Gobierno.

Fuente: http://www.madridiario.es/439791/claves-del-futuro-pacto-de-estado-por-la-educacion

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Los obispos piden que el pacto educativo en España no elimine la clase de religión del currículum

España/05 de Diciembre de 2016/Camineo.inf

Los obispos quieren que la Iglesia participe de forma activa en el pacto educativo y que lo haga «con una sola voz». Así lo anunció este lunes el secretario general de la Conferencia Episcopal, en la rueda de prensa final de la asamblea plenaria de otoño, recordando al mismo tiempo el pleno apoyo de la Iglesia a que «la educación sea una cuestión de Estado», y no esté al vaivén de las «alternancias partidistas». Este fue el mensaje que una delegación de la CEE le transmitió al ministro de Educación (entonces en funciones) durante una primera reunión de tanteo celebrada el 18 de octubre, en la que el episcopado estuvo representado por el presidente y el secretario de la Comisión de Enseñanza –monseñor César Franco, obispo de Segovia, y José Miguel García–, además del propio José María Gil Tamayo.

«Nosotros veníamos reclamando de manera reiterada» la necesidad de un pacto educativo, recordó el portavoz de los obispos. Se trata de un ámbito que «necesita la correncia de todos», buscando «lo que nos une» y trabajando al «servicio del conjunto de la sociedad española», sobre todo de «los niños y los jóvenes».

Los obispos ven la posibilidad de alcanzar un gran acuerdo «con buena disposición», y convencidos de que la Iglesia no puede ser «una voz muda», dada su gran presencia en la educación, añadió Gil Tamayo, poniendo sobre la mesa datos como el de los 2.600 centros educativos católicos en los que estudian cerca de millón y medio de alumnos.

El secretario general aludió en particular a la asignatura de Religión, que han escogido libremente más de 3 millones de alumnos. «Queremos que la clase de Religión esté en ese marco educativo», añadió. Con ello, la Iglesia no pretende defender ningún «privilegio», pero tampoco «queremos ser marginados». Otras confesiones –recordó– tienen acuerdos similares con el Estado. Se trata de un «derecho constitucional y un derecho fundamental» de los padres a una «educación integral» que incluye «educar a sus hijos conforme a sus convicciones».

En el caso de la Iglesia católica, se trata de un derecho protegido también por los Acuerdos entre el Estado y la Santa Sede, con rango de ley orgánica.

Respeto a la asignatura de Religión

Esa enseñanza debe estar plenamente integrada «en el curriculum». «No es catequesis», sino una materia con solidez académica impartida por profesores integrados «con plena normalidad en el claustro», afirmó.

Gil Tamayo anunció que la Iglesia hablará de estas y otras cuestiones de forma respetuosa y dialogante, «pero obligada por la responsabilidad de la defensa de los derechos».

La posibilidad de poder elegir libremente la enseñanza Religión es un indicativo de esa «plena inserción de la Iglesia en la España constitucional» a la que aludió la pasada semana el rey Felipe ante los obispos, añadió. «Ojalá dejemos atrás ya la rémora trasnochada» de pretender expulsar lo religioso del «ámbito público».

Fuente: http://www.camineo.info/news/144/ARTICLE/36887/2016-11-29.html

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España: El Congreso da un primer paso en busca del pacto educativo

Europa/España/03 Diciembre 2016/Fuente: Te interesa

La Comisión de Educación del Congreso ha aprobado hoy por mayoría la propuesta conjunta de PP, PSOE y Ciudadanos para constituir una subcomisión que ponga las bases de un Pacto de Estado Social y Político y de una Ley Básica de Educación.

La Comisión de Educación del Congreso ha aprobado hoy por mayoría la propuesta conjunta de PP, PSOE y Ciudadanos para constituir una subcomisión que ponga las bases de un Pacto de Estado Social y Político y de una Ley Básica de Educación.

Podemos, ERC, PNV, PDC y Bildu, que se han abstenido, se han mostrado escépticos, aunque han asegurado que serán activos en los debates.

Ahora, el pleno de la Cámara deberá ratificar la creación de la subcomisión a propuesta de la propia Comisión de Educación. Una vez constituida, fijará el programa de trabajo, incluida la agenda de comparecencias.

La iniciativa, aprobada con 26 síes y 11 abstenciones, plantea que la subcomisión elabore, en el plazo de seis meses, un informe de diagnóstico y conclusiones sobre el sistema educativo que sirva para un amplio acuerdo parlamentario y social (comunidad educativa).

Entonces, el Gobierno redactará y enviará a las Cortes un proyecto de ley que «sustituya» la legislación vigente (incluida la Lomce) con vocación de «estabilidad».

El texto añade que «se suspenderá el calendario de implantación» de todos los aspectos de la propia Lomce que aún no se hayan aplicado mientras se logra el pacto educativo y entra en vigor la nueva ley de educación.

Unidos Podemos ha vinculado su apoyo a una enmienda -rechazada por los grupos proponentes- para suprimir del texto que la Estrategia de Educación y Formación 2020 de la UE esté entre los objetivos del pacto, pues supone una «mercantilización» de la enseñanza.

La portavoz del PP, Sandra Moneo, ha valorado la «generosidad» de PSOE y Ciudadanos, ha mostrado la «más absoluta disposición» al diálogo y al acuerdo en un debate educativo «con mayúsculas», sin perder de vista lo que otros hicieron, pues «sumar es importante».

Ha pedido no empezar desde la confrontación y se ha opuesto a la enmienda citada por «el fondo y la forma».

Según Manuel Cruz (PSOE), el pacto debe servir para «restañar» las grietas del sistema educativo debidas, que ha atribuido al PP, y para un nuevo marco normativo basado en el acuerdo de las fuerzas políticas, de la comunidad educativa y con las autonomías.

Ha negado cualquier voluntad mercantilista del PSOE y ha dicho que el argumento de Unidos Podemos es una «simplificación» de la Estrategia 2020.

Por Ciudadanos, Marta Martín ha reconocido que el pacto es un reto «difícil», así que ha apelado al diálogo y a la altura de miras para conseguir «algo grande» y que la educación no tenga colores políticos.

Ha rechazado la enmienda por razones formales y ha pedido confianza pues no es el momento de quejas, sino del trabajo serio.

El portavoz de Unidos Podemos, Javier Sánchez, ha demandado un acuerdo social liderado por la propia comunidad educativa para evitar una «Lomce II», que la subcomisión no sirva para un «lavado de cara» ni «lifting» de las políticas del PP y que se cuente con las comunidades.

En nombre de ERC, Joan Olòriz ha opinado que debería empezarse por «derogar» la Lomce, con un «decreto transitorio» que dé seguridad al sistema escolar; ha desconfiado del concepto «nación española» y de una ley de educación que piense en una España «única».

Por el PNV, Joseba Agirretxea ha recelado de los pactos «nacionales», ha reclamado que se sea respetuoso con las competencias autonómicas y ha pedido que el Gobierno deje de «bloquear» la normativa vasca sobre enseñanza.

Miriam Nogueras, del PDECat, ha echado en falta cualquier compromiso para respetar plenamente las competencias educativas de Cataluña.

Oskar Matute (Bildu) ha considerado que la subcomisión es un primer paso necesario para «enterrar» la Lomce, pero ha discrepado de la denominación «pacto estatal» porque significa una interpretación «uniformadora y recentralizadora».

Fuente: http://www.teinteresa.es/espana/Congreso-primer-busca-pacto-educativo_0_1697230546.html

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España: El Ministerio califica de “irrelevante” el seguimiento de la huelga anti LOMCE

Europa/Españ/24 de noviembre de 2016/Fuente: el pais

La manifestación convocada en Madrid no alcanza los 300 asistentes.

El Ministerio de Educación ha calificado de «irrelevante» el seguimiento de la huelga anti LOMCE convocada este jueves por el Sindicato de Estudiantes. La portavoz del colectivo, Ana García, ha defendido, sin embargo, que la participación ha sido del 85%. La huelga para la supresión de la LOMCE fue convocada pese a que el Ministerio anunciara que la Selectividad no tendrá valor académico sino de diagnóstico. Según el sindicato siguen sobrando motivos para vaciar las aulas: los recortes presupuestarios o la fórmula de tres años de grado y dos de máster que se plantean los rectores. La manifestación convocada en Madrid no ha alcanzado los 300 asistentes y la de esta tarde se ha desconvocado, según Delegación de Gobierno. Están previstas concentraciones en otras 50 ciudades en la tarde de este jueves.

Por eso, los alumnos de Secundaria y Bachillerato han sido llamados a la segunda huelga del curso y la tercera desde que Íñigo Méndez de Vigo llegó al cargo hace año y medio. Además, el Sindicato sostiene que estas reválidas «franquistas» impiden el acceso a la Universidad a las familias con menos recursos. La anterior huelga, el 26 de octubre, se planteó de una forma mucho más ambiciosa que esta, pero también fueron los estudiantes quienes realmente la secundaron.

El Sindicato de Estudiantes es el único colectivo que llama a la protesta, aunque los sindicatos (CCOO, UGT, STES) han mostrado su apoyo sin llamar al parón a los profesores. Tampoco la confederación de asociaciones de padres, CEAPA, ha animado a las familias a dejar a los niños en casa. Elegir la fecha del 26 de octubre fue ya motivo de discusión, pues los sindicatos consideraban que no tenían tiempo de explicar a los afiliados los motivos de la huelga.

EN MAREA Y BNG SECUNDAN LA HUEGLA EN GALICIA

En Galicia tanto el Sindicato de Estudiantes como el colectivo nacionalista Erguer, convocantes de la huelga, coinciden en cifrar en un 90% el seguimiento de la protesta entre los alumnos de tercero y cuarto de la ESO y de los dos cursos de Bachillerato de centros públicos. Además de vaciar las aulas, los estudiantes han celebrado manifestaciones en las ciudades y concentraciones en las localidades de menos tamaño.

En las movilizaciones los alumnos gallegos han recibido el apoyo de formaciones políticas como En Marea y el Bloque Nacionalista Galego (BNG) que han reclamado a la Xunta, gobernada por el PP, que escuche el “clamor” contra la “segregadora y elitista” LOMCE. Los participantes en las marchas han portado pancartas “contra las reválidas franquistas”. Para esta tarde la Plataforma Galega en Defensa do Ensino Público, integrada por sindicatos y asociaciones de padres, ha convocado también concentraciones en 11 municipios.

En paralelo a las movilizaciones estudiantiles este jueves Méndez de Vigo, ha firmado un acuerdo con la Conferencia de Rectores (CRUE) sobre la que será la nueva prueba de acceso a la Universidad, en la que los alumnos se examinarán sólo de las asignatura troncales de segundo de bachillerato y no de los dos cursos como prevé la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE). Este acuerdo se debe materializar posteriormente en un decreto ley.

Los partidos políticos tampoco se han implicado de forma intensa. Los socialistas han llevado el 15 de noviembre una proposición al Congreso para frenar el calendario de implantación de la LOMCE en cuatro meses y la han secundado todos los partidos salvo el Partido Popular. Su propósito ahora es poner en marcha una campaña informativa sobre la paralización de la ley.

Unidos Podemos, en cambio, sí que escenificó esta semana su apoyo a la huelga con un encuentro entre su parlamentaria Irene Montero y la secretaria general del Sindicato de Estudiantes Ana García. “No nos valen las triquiñuelas de un gobierno que dice que hace pero no hace nada», subrayó Montero. «No vamos a aceptar ningún pacto educativo que no suponga la derogación de la LOMCE y la reversión de los recortes. En Podemos no nos conformamos con la paralización de las reválidas, la única forma de acabar con esta injusticia es derogándolas”.

García ha sostenido antes los medios este jueves que si Méndez de Vigo «no retira de forma clara y rotunda las reválidas en el Consejo de Ministros, el Sindicato de Estudiantes volverá a llamar a la lucha, el próximo 24 de febrero. «Queremos qu no existan las revalidas no nos vale que no tengan efectos académicos» ha afirmado.

Fuente: http://politica.elpais.com/politica/2016/11/23/actualidad/1479917638_016398.html

Imagen: ep01.epimg.net/politica/imagenes/2016/11/23/actualidad/1479917638_016398_1479923244_noticia_normal_recorte1.jpg

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Mayte de la Iglesia (C’s): «Hay que trabajar por la gratuidad de la enseñanza pública y concertada»

Europa/España/11 de noviembre de 2016/www.madridiario.es

La portavoz para temas de Educación de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Mayte de la Iglesia (Madrid, 1974) fue profesora e inspectora de la Consejería de Educación. Madridiario inicia con ella una serie de entrevistas sobre la situación de la enseñanza en la región.

La Comunidad de Madrid ha presentado una oferta de pacto educativo. ¿Qué le parecen las medidas?

Ellos lo han llamado Acuerdo por la Transformación Educativa. Nosotros creemos que es un título demasiado ambicioso para el tipo de medidas que aportan. Son 93 medidas un tanto dispersas, aunque las han intentado orientar en varios ejes. Pero quizá lo que echamos en falta es un eje conductor. Es decir, qué queremos con esto. Por ejemplo, reducir el abandono escolar o el fracaso escolar entre las clases más desfavorecidas en un porcentaje concreto con un plan para conseguir ese objetivo. Para que tenga algún sentido y sea un cambio real, habría que trabajarlo bastante.

¿Qué aportaciones va a hacer Ciudadanos?

Estamos ahora en fase de estudio. También queremos saber qué impacto ha tenido en el profesorado, las asociaciones, las patronales; queremos saber qué echan en falta. Y con esas aportaciones y nuestro programa haremos una valoración. Yo creo que son pistas las siete propuestas de resolución que planteamos en pleno monográfico de educación: la lucha contra el abandono escolar, la prevención del acoso, el tema de la participación de los padres en los centros educativos, el bilingüismo, porque la manera en que se ha implantado tan rápida nos preocupa y tiene que ser retocado y mejorado. Y para eso se necesita una evaluación. Y luego trabajar por la gratuidad de las enseñanzas sostenidas por fondos públicos tanto públicas como privadas concertadas. Hay que adecuar los sistemas de financiación para que esas enseñanzas sean realmente gratuitas. Durante el pleno hicimos esta propuesta y tuvo nuestros 17 votos, mientras que el resto de los grupos de la Cámara se abstuvieron. No quieren entrar en el tema. Yo creo que eso es un tema importante.

¿La propuesta sería amentar la dotación de la concertada para que no tengan que cobrar cuotas?

En general, he hablado de todo, es decir, de mejorar los sistemas de financiación de la educación pública y de la privada concertada. Porque también hemos oído en los medios de comunicación que algunos centros públicos cobraron por fotocopias a los alumnos. Se oye que pudiera ser porque ha habido retrasos a la hora de pagar a los centros la cantidad que necesitan por gastos de funcionamiento. Eso son anomalías que hay que conseguir que dejen de producirse. Eso no quiere decir que haya o no que aumentar el concierto. Primero, habrá que saber cuánto cuesta un tipo de enseñanza u otro, pero tampoco hay un estudio transparente al respecto. En cualquier caso lo que dice la ley es que no se puede pagar por cosas que son obligatorias. Otra cosa es que las familias paguen por actividades extraescolares fuera del horario lectivo. La idea que hay de fondo es defender la libertad de elección de centro y solo se puede defender si tienes opción de ir con independencia de tu nivel de renta.

¿Qué le parecen a Ciudadanos las desgravaciones a la enseñanza privada que hay en Madrid?

En principio, no parece lo más redistributivo o lo que supone una mayor igualdad de oportunidades y más en un contexto en el que se han producido una serie de disminuciones de los presupuestos en la enseñanza pública, con menos desdobles o recursos, que se han detraído en forma de profesorado. Si tenemos en cuenta esto, habría que calibrar dentro de las ayudas que se dan cuáles son más prioritarias y cuáles menos, porque en principio las ayudas deberían ser redistributivas e ir dirigidas a las familias con menos recursos y que tuvieran en cuenta la renta. Por ejemplo, en el tema de las cuotas de las escuelas infantiles, deberían ser más bajas o prácticamente cero para aquellos niveles de renta inferiores. Esa es nuestra política redistributiva del gasto. Sobre el otro aspecto, habría que valorar si eso está fomentando o no la igualdad de oportunidades y es discutible, lógicamente.

Ha sido profesora e inspectora y ha visto los recortes muy de cerca. ¿Están los centros públicos bien dotados en Madrid?

Nosotros creemos que hay bastante espacio de mejora, sobre todo en relación a aquellos centros que escolarizan a poblaciones más desfavorecidas. Creemos que ahí habría que redoblar los esfuerzos. Esos centros deberían tener planes de mejora y todos los recursos humanos y materiales necesarios dentro de un plan que se diseñara y se evaluara después. Para eso, tiene que haber muy buenos profesionales en esos centros y normalmente pasa lo contrario: tienen una rotación muy alta, que impide la continuidad de los proyectos. Y tienen un déficit de recursos que, si bien puede ser igual que en otros centros, en estos centros tiene un impacto superior. Entonces, no se trata de poner dos orientadores en todos los centros, sino a lo mejor en aquellos que sí lo necesitan. Es decir, habría que poner más recursos donde se necesita.

Hay familias que quieren matricular a sus hijos en un centro y no pueden, y familias que pasan meses luchando por encontrar un centro público cerca de su casa. ¿Faltan centros?

Lo que nosotros hemos hecho a lo largo del año es un estudio de necesidades educativas en centros de nueva creación y hemos visto que faltan centros o aumentar las unidades. Esas situaciones de descompensación se están produciendo en los barrios nuevos. Y la consejería ha optado en muchos casos por abrir esas nuevas unidades en lugar de optar por la construcción de un nuevo centro y eso a medio plazo va a crear un problema. Hay mucho retraso en las obras nuevas, lo hemos visto en algunos centros que han comenzado las clases y no estaban acabados. En infraestructuras la consejería ha invertido poco en los últimos cinco años. Hay un deterioro de las infraestructuras lógico por no haber invertido y, por otro lado, no ha construido lo suficiente, con lo cual encontramos barrios nuevos desabastecidos. Hay que exigir que se construya, porque obviamente las personas tienen derecho a elegir. Tienen que tener una oferta suficiente en su entorno.

El apoyo que brinda Ciudadanos al Gobierno de la Comunidad de Madrid, también le permite exigir ciertas medidas. ¿Qué medidas quiere arrancar ciudadanos en estos años a la Comunidad?

Aquellas que tengan que ver con garantizar una mayor igualdad de oportunidades y eso pasa por unas garantías claras, de gratuidad, por ejemplo, en el caso de los libros de texto. Nosotros esperamos que efectivamente eso pueda salir porque creemos que es muy importante. También una accesibilidad mayor a la educación infantil, una oferta de FP más extensa y equilibrada por zonas territoriales. Hemos exigido un plan serio para la FP, no podemos encontrarnos como el año pasado, que llegue la época de escolarización y de golpe y porrazo se cierren centros, se fusionen. Puede o no estar justificado, pero lo que parece al ciudadano y a los usuarios es que hay improvisación. Eso no se puede consentir, tiene que haber una planificación en la FP. Y, por supuesto, el combate en temas de convivencia y la lucha contra el acoso escolar, donde hay que hacer prevención.

Las tasas educativas han bajado, pero subieron muchísimo más, en algunos casos más del 100 por cien. ¿Hasta dónde quiere llegar Ciudadanos?

Queremos seguir trabajando en ese sentido y seguiremos negociando bajadas. Esa es la intención. Porque la etapa de cero a tres es lo que te permite esa igualdad de oportunidades, aparte de la conciliación. Y el tema universitario, obviamente, porque no deja de ser una fuente de empleo y poner barreras al acceso significa que tengamos menos población preparada.

Pasamos a la LOMCE. Tengo que reconocer que nunca me ha quedado claro cuál es la opinión de Ciudadanos respecto al contenido de la LOMCE. Ahora que está ya implantada, ¿qué les parece?

Estamos muy insatisfechos con la manera en que se ha implantado la LOMCE por el grado desigual de implantación e, incluso, por la manera en que las comunidades autónomas han desarrollado esa normativa de manera tardía, sin preparación, sin información para las familias y los centros, ya que está generando muchas tensiones en los centros. Y esto lo estamos viendo a principio de curso escolar. Un ejemplo: la Comunidad de Madrid publica una orden de evaluación en agosto pero el curso ya estaba empezado, con lo cual esto ha generado una serie de problemas a los alumnos ahora en septiembre. Ese tipo de cosas generan problemas a los alumnos, a los profesores, a los equipos directivos. Denota que la norma no estaba bien cerrada desde el punto de vista técnico a nivel nacional y mucho menos ya cómo se ha implantada en la Comunidad, que ha llegado cómo ha llegado. Y ya como colofón, las pruebas finales, las reválidas… tampoco hay información. Se sustituye la PAU por una prueba de la que no sabemos nada.. Además de las imperfecciones técnicas que tenía de entrada esa ley por no haber sido consensuada se añade una mala implantación y una gran improvisación.

Y sobre el contenido, como las asignaturas, los itinerarios, esa visión de la educación que defiende la LOMCE, ¿qué opinan?

La ley deja aspectos como el profesorado exactamente igual. Nosotros proponemos un MIR educativo. Tampoco se trata la carrera docente. Yo creo que en cuanto a la distribución de las materias, en inicio con esta ley se suponía que se iba a crear más uniformidad y al final ha creado más desigualdad, con las asignaturas que cada comunidad pone, que además no cuentan para la promoción. Es que técnicamente es muy mala la ley. No sé cuál era el objetivo de esa ley, pero lo cierto es que no lo ha conseguido. Por lo tanto, está mal hecha. Hay volverse a sentar, escuchar a todos y empezar desde el principio. Y luego hay otras aspectos relacionados con la participación, el papel de los padres, muchos elementos que quedaron desdibujados y en un futuro pacto hay que encararlos si verdaderamente queremos construir algo que se mantenga en el tiempo.

Los alumnos pueden suspender hasta cinco asignaturas y pasar de curso. ¿Cómo lo ve Ciudadanos, que proponía eliminar las repeticiones?

Son cosas diferentes. Nosotros cuando hablamos de la eliminación de las repeticiones nos referimos a que un alumno no repita el curso y haga sea exactamente lo mismo, pues va a conseguir los mismos resultados. Si no se le ponen los refuerzos suficientes cuando repite, al final va a repetir los mismos errores. En ese sentido, lo que nosotros entendemos es que haya o no repetición, el tipo de apoyo que se tiene que hacer es el adecuado para los alumnos, porque si no la repetición no sirve para nada, es un despilfarro de recursos. Ese es enfoque que nosotros tenemos, no que las asignaturas no se evalúen.

Creo que Ciudadanos estaba a favor de reforzar las asignaturas instrumentales, como propone la LOMCE, pero también quiere más horas de Educación Física o recuperar horas de Filosofía. ¿Cómo conjugar todo eso en un horario limitado?

Se pueden reforzar las instrumentales generando desdobles y una atención más individualizada. No se trata a lo mejor de duplicar las horas de Matemáticas y Lengua, sino de aprovechar mejor el tiempo. Tampoco hemos dicho cuántas horas de Matemáticas o Lengua son las buenas, lo que sí vemos es que hay determinados déficits dentro del aprendizaje y que a lo mejor hay que cambiar el modelo. También nos hemos pronunciado con respecto a que los currículos son demasiado extensos y que el aprendizaje es muy memorístico.

¿Las familias van a notar alguna novedad con los deberes este año?

Hicimos una propuesta muy ambiciosa, que fue apoyada por Podemos y el PSOE, pero las proposiciones no de ley no son vinculantes, con lo cual está en manos del PP impulsarlo o no. Ellos se abstuvieron. Ahora, en el pleno monográfico, hemos aprobado una medida para abrir el debate en los centros. Es un primer paso. Nos gustaría que ahora que se está debatiendo sobre aspectos educativos seamos más ambiciosos y llegar a un acuerdo. Pero es importante que haya un consenso por parte de la comunidad educativa, que se llegue a un punto medio entre profesores, porque hay algunos sectores muy reacios. Me gustaría añadir que una eliminación total de los deberes en un contexto en el que las metodologías no están adaptadas a ese sistema puede ser un proyecto muy ambicioso. Podemos quedarnos en un situación intermedia, pero que sea más justa y menos desigual, porque al final los deberes escolares para aquellos niños que no tienen apoyo en casa suponen un perjuicio.

Tomado de: http://www.madridiario.es/437841/entrevista-educacion-mayte-iglesia

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