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UNICEF: Nueva hoja de ruta para velar por la protección internacional de los niños migrantes

Ninguna región o sociedad del mundo es ajena a la migración internacional, un fenómeno que afecta a más de doscientos millones de personas y que encuentra en la infancia el colectivo más vulnerable.

© UNICEF

Aunque la RAE solo define hoja de ruta como el documento en el que constan las instrucciones e incidencias de un viaje o transporte de personas o mercancías, su uso más frecuente se refiere al soporte en el que se presenta paso a paso cómo debe hacerse un proyecto o cómo debe aplicarse una medida.

Ante la desprotección que sufren los niños y niñas que se desplazan a través de las fronteras, Naciones Unidas ha elaborado una hoja de ruta para guiar paso a paso a los Estados en el cumplimiento de sus obligaciones internacionales. A través de dos Observaciones Conjuntas, el Comité de los Derechos del Niño y el Comité de Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migrantes y sus Familiaresaportan indicaciones muy precisas para interpretar sendas Convenciones Internacionales en el ámbito de la infancia y las migraciones internacionales.

Con estos documentos, “el Comité devuelve el principio de universalidad de los derechos de la infancia a la cima del sistema migratorio y señala sin titubeos qué políticas y medidas migratorias vulneran derechos”,señalaba recientemente Javier Martos, director general de UNICEF Comité Español.

La detención de los niños migrantes, la determinación de la edad de los menores no acompañados o el derecho de los niños migrantes y refugiados a la reagrupación familiar son algunas de las cuestiones que más preocupan y a las que buscan dar respuesta los Comités de Naciones Unidas.

En el caso de España, los responsables políticos encontrarán en las Observaciones Generales la mejor hoja de ruta para subsanar las deficiencias señaladas por el Comité de los Derechos del Niño en su último examen a la situación de los derechos de infancia en nuestro país. A fin de garantizar una adecuada protección a los niños migrantes, España deberá revisar cuestiones como las prácticas de las devoluciones en caliente, los procedimientos de determinación de la edad utilizados con los menores no acompañados (“MENA”) y la saturación y falta de calidad en la atención en algunos centros de menores.

Para lograr avanzar en algunos de estos ámbitos, son varias las claves recogidas en los documentos adoptados por los Comités de Naciones Unidas. Respecto al procedimiento para determinar la edad, el documento especifica que debe tratarse de una acción de último recurso, primando en todo momento la protección del niño. “Para efectuar una estimación bien fundada de la edad, los Estados deben proceder a una evaluación global del desarrollo físico y psicológico del niño, llevada a cabo por pediatras y especialistas u otros profesionales que sepan tener en cuenta al mismo tiempo diferentes aspectos del desarrollo. Esas evaluaciones deben realizarse con rapidez, de manera apropiada para el niño y teniendo en cuenta las cuestiones culturales y de género, entrevistando a los niños y, según proceda, a los adultos que los acompañen, en un idioma que el niño pueda entender.”

En el ámbito de la Justicia, los Comités opinan que “los Estados deben velar por que sus leyes, políticas, medidas y prácticas respeten garantías procesales adaptadas a los niños en todos los procedimientos administrativos y judiciales relacionados con la migración y el asilo que afecten a los derechos de estos o de sus padres”.

Asimismo, los Comités consideran que nunca debe detenerse a niños por razones relacionadas con su situación migratoria o la de sus padres: “La detención de cualquier tipo de niño como inmigrante debería estar prohibida por la ley y esta prohibición debería aplicarse plenamente en la práctica”, apuntan.

Sin embargo, la realidad es que las leyes de extranjería interfieren diariamente con las normas dirigidas a proteger los derechos de la infancia. “La situación de estos niños, y su mayor o menor protección, está condicionada por un cóctel de normativas de extranjería y protección en el que se mezclan distintos intereses y actores”, apuntaba Javier Martos.

En esa zona gris donde los niños migrantes quedan muchas veces desprotegidos por el choque entre las leyes de inmigración y los derechos de infancia, corresponde a los abogados defensores acompañarlos por los intrincados caminos de la Administración de Justicia. También ellos disponen, gracias a las Observaciones Generales, de una nueva hoja de ruta para velar por la protección de los niños migrantes.

Recursos

Fuente: http://ciudadesamigas.org/proteccion-internacional-de-los-ninos-migrantes/

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Chile: Más de 600 alumnos inmigrantes participaron del “Yo Opino: Es mi Derecho”

Chile/Febrero de 2018/Fuente: El Urbano Rural

Así fue dado a conocer en el balance regional y nacional realizado por el Consejo Nacional de la Infancia. En el resumen, también se informó de una alta participación de estudiantes provenientes de pueblos originarios y con capacidades diferentes. En total, la síntesis arrojó que opinaron 80.090 estudiantes de 383 establecimientos educacionales de la Región de O´Higgins.

Niños provenientes de Venezuela, Colombia, Perú, Ecuador, Argentina, España, Bolivia, Brasil, Haití, República Dominicana, China, Asia y Oceanía, participaron del proceso participativo “Yo Opino, es mi derecho”.

Yo Opino, es mi derecho, se realiza desde el año 2015, alcanzando este último una participación de 80.090 niños, lo que equivale a un total de 3.593 cursos de colegios municipales, subvencionados y particulares; además de JUNJI e Integra; lo que contribuye a que sea experiencia exitosa de involucramiento de niños y adolescentes entre 4 y 17 años, en la discusión de cuestiones tan relevantes como derechos de la niñez, valores democráticos y la Agenda 2030 sobre ODS.

Del total, 626 provienen de otros países de América Latina, Europa y Asia; mientras que 1.716 pertenecen a pueblos originarios: mapuche, aymara, quechua, rapanui, diaguita, likanantay, kawesqar, huilliche, yagán, colla, entre otros.

En cuanto a la distribución de participantes según discapacidad, 4.654 niños poseen alguna alteración visual, auditiva, motora o intelectual.

El Secretario Regional Ministerial de Educación, Hernán Castro Monardes, manifestó que los resultados arrojan el cumplimiento de uno de los objetivos propuestos.

“El hecho que niños inmigrantes, de pueblos originarios y con capacidades especiales hayan tenido un espacio para manifestar su postura en diversos ámbitos, es otra arista de la Reforma Educacional impulsada por el Gobierno de la Presienta Bachelet: igualdad de oportunidades sin importar el origen. En la medida que se considere un espectro amplio de opiniones, se podrán desarrollar políticas más efectivas y que beneficien a todos”, sentenció la autoridad.

En el ámbito temático, el problema más priorizado por los estudiantes fue el “Fin de la Pobreza”; mientras que los más pequeños ponen su atención en “Paz y Justicia”. Llama la atención que a medida que aumenta el grupo etario, el problema “Hambre Cero”, baja en importancia.

Fuente: http://elurbanorural.cl/mas-de-600-alumnos-inmigrantes-participaron-del-yo-opino-es-mi-derecho/

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Entrevista a Investigador UC: “Un 70% de quienes tienen menor escolaridad piensa que los inmigrantes le van a quitar su trabajo”

Entrevista a Roberto González, miembro del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (COES) 

“Un 70% de quienes tienen menor escolaridad piensa que los inmigrantes le van a quitar su trabajo”

Por: Felipe Menares Velazquez

La llegada de migrantes a Chile comienza a consolidarse como una constante, lo cual supone una serie de desafíos y aprendizajes pendientes para la sociedad chilena. De esto nos habla Roberto González, miembro del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (COES).

La migración se ha instalado como un tema en el debate público, a partir de la llegada creciente de extranjeros a residir en Chile. En efecto, de acuerdo a un informe de la Cepal y la OIT, entre 2010 y 2015 la inmigración creció en promedio 4,9% por año.

Sin embargo, este año electoral representa una eventual amenaza para analizar el fenómeno en profundidad, sobre todo ante la peligrosa emergencia de propuestas que buscan perseguir y restringir el arribo de inmigrantes al país.

Frente a la necesidad de examinar algunos intersticios de este nuevo panorama, El Ciudadano conversó con Roberto González, doctor en psicología e investigador principal y coordinador del Estudio Panel del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (COES), institución que lanzó un estudio para captar las percepciones de 3 mil chilenos de aquí a 10 años, sobre una serie de temas sociales, uno de los cuales es la migración.

¿Hay elementos para saber si el actual flujo creciente de migrantes tiende a establecerse en el país o Chile constituye un lugar de paso, previo a otros destinos?

En Chile hay aproximadamente 411 mil inmigrantes que cuentan con los permisos de residencia definitivos, según el Departamento de Extranjería y Migración. Esos son permisos que autoriza a un extranjero a vivir en Chile. Si uno mira la encuesta CASEN, dice que hay 460 mil.

Entonces, la pregunta de cuántos son los que tienen residencia y los que son móviles no se sabe. Ese es un cálculo que tiene que hacer Policía de Investigaciones, porque son los que controlan las fronteras y saben quiénes entran y salen del país.

Las famosas cifras de «indocumentados» pueden ser inmigrantes que están en el país, que viven acá, pero cada cierto tiempo cruzan la frontera y vuelven a su país de origen y vuelven a entrar al país como turistas. Esa es una estrategia que siempre se ha usado, no solo en Chile, sino que en muchos países.

La visa de turista autoriza a estar un período de tiempo en el país sin residencia permanente. Pero sabemos también que hay gente que se queda, pero no tiene permiso de residencia permanente. Por tanto, no aparece en la contabilidad nacional como residente que vive en Chile. Eso produce una cifra que no se conoce.

Chile nunca ha sido mucho un destino de paso, porque los destinos de paso son los países donde la gente transita porque va en camino a otro lado. El que viene a Chile se viene para acá, porque estamos al fin del mundo.

Roberto González

¿Qué factores impulsan la llegada de inmigrantes «al fin del mundo», entonces?

Chile se ha transformado en un país que realmente la gente ve como un lugar de oportunidades. En general, hay bajas tasas de desempleo y, cuando eso ocurre, quiere decir que hay capacidad de absorber mano de obra. Entonces, la gente ve que cuando vienen, encuentran trabajo y se quedan. Es cierto que no hemos tenido un crecimiento económico en los últimos cuatro o cinco años, pero ese crecimiento aún no impacta en el empleo.

Yo creo que los mismos migrantes que llegaron y se quedaron a vivir son la principal fuente de información para los que están llegando: haitianos, dominicanos, colombianos, venezolanos y otros en menor proporción.

Porque la experiencia peruana –la más grande, un tercio de la población migrante es peruana– le ha ido bien, en general. Se situaron laboralmente. Obviamente, no siempre están en cargos que tienen una alta calificación profesional, pero así y todo, Chile está recibiendo inmigrantes con más nivel de escolarización que el promedio de otros países [NdR: El 79% de los inmigrantes que llegan a Chile tiene 10 o más años de estudio, según un informe de la Cepal y la OIT].

Considerando que los inmigrantes pueden mantener un vínculo con su país de origen a través de Internet y las redes sociales, además de la relación con otros de sus compatriotas residentes en Chile, ¿qué orientaciones nos entregan esos antecedentes a la hora de plantearnos una integración desde la sociedad chilena?

El tema de la integración supone una respuesta esencial desde la perspectiva del inmigrante, que es distinta a la perspectiva de la mayoría. El inmigrante tiene que responder dos preguntas esenciales: si me voy a vivir a Chile, ¿quiero mantener vínculos, relación, participar, mantener mi identidad cultural de origen? ¿O más bien quiero «incorporarme a Chile y adquirir las características de la forma de vida de los chilenos»?

El otro dilema que tiene que enfrentar es si quiere o no mantener, en forma activa, vínculos, interacciones y asociación con los chilenos o con sus coterráneos.

El ejemplo que uno más conoce son las comunidades asiáticas que, en general, quieren mantener su cultura y tradiciones y se vinculan e integran esencialmente con sus propias comunidades.

Por ejemplo, las barreras idiomáticas de los chinos, coreanos o japoneses, hacen que ellos tiendan también a estar más vinculados con su propio grupo.

Los haitianos tienen barrera idiomática y lo primero que tienen que hacer al llegar a Chile es aprender español. Si no lo hacen, tienen menos probabilidad de integrarse y de vinculación social, por tanto, van a tener más incentivos a estar vinculados y a interactuar con los propios, con otros haitianos en el país.

Pero lo que la literatura muestra en general, es que los migrantes que logran vincularse a la sociedad a la que llegan, interactuando pero al mismo tiempo manteniendo su propia identidad, son los inmigrantes que mejor lo pasan. Tienen mejor salud mental, viven más contentos, tienen más satisfacción de vida, menos estrés.

En el caso de las personas provenientes de Haití, cuya barrera idiomática es evidente, ¿qué procesos operan para que se sientan motivados a venir a Chile? [NdR: durante 2016 ingresaron 170 haitianos por día, según datos de Extranjería]

Haití está clasificado como uno de los países más vulnerables del mundo, por las condiciones de precariedad que tiene su sistema político, económico y social, en general. Entonces, cuando uno sale de una condición de extrema pobreza y vulnerabilidad altísima, Chile tiene un atractivo enorme.

Un haitiano que trabaja en el servicio doméstico, en la construcción o como temporero, gana 5 o 6 veces más de lo que habría ganado en su país por el mismo trabajo. Entonces, le da la enorme posibilidad de generar remesas para su familia. Esa persona tiene una enorme motivación para venirse, porque aquí también tiene oportunidades para desarrollarse.

Si esto tiene que ser un juego, entre lo que tú tienes allá y lo que es posible recibir acá. Como Chile tiene oportunidades, la persona las ve y, por lo tanto, se arriesga, con todo el alto costo que significa ir a vivir a otro país. 

Además, cuando eres de raza negra, uno sabe que esas personas están más expuestas a ser discriminados o estigmatizados en culturas como la nuestra, que no tiene tanta experiencia de interacciones con grupos raciales o étnicos distintos. Sin embargo, esa persona tiene una red. En la economía hay gente que estudia cómo la red local de inmigrantes haitianos forma una base muy importante para la integración. Esas personas son los primeros contactos, los que ayudan, los que te entregan informaciones acerca de cómo navegar en la cultura local, dónde vivir, con qué llegar, dónde aterrizar…

El boletín Nº 1 de Extranjería, centrado en el caso de los inmigrantes haitianos, señala que se insertan casi exclusivamente a nivel económico. Dice que muchos de los entrevistados evalúan su proyecto migratorio desde una perspectiva «marcadamente individualista», «en función de potenciales logros económicos», por lo que callan experiencias de racismo y discriminación, sin apelar a su inclusión como sujetos de derecho. ¿Qué acciones concretas se pueden impulsar para ampliar el margen de la inclusión?

Esto es muy comprensible, porque imaginemos un haitiano que viene de un entorno muy pobre, con tres o cuatro hijos, su motivación más esencial es trabajar, generar recursos y enviar remesas a su país. Esa es su meta. Da lo mismo si se va a socializar, si se va a integrar con otras personas…

Esas personas están sujetas a un estrés enorme, pero esa motivación es muy fuerte y le restringe -yo no diría que le impide totalmente- pero mi impresión es que eso no puede durar mucho tiempo, por una sencilla razón: todos podemos tener una situación de estrés por un período de tiempo, pero llega un momento que esa misma persona, que está necesitada de mandar recursos a su casa, aunque no tenga vida social, tendrá necesidades afectivas y relacionales.

Mi hipótesis es que eso que puede haber captado este estudio es temporal. Si uno le hace un seguimiento a esa población, se va a dar cuenta que probablemente van a terminar distinto a como llegaron.

¿Cómo se entiende la justificación a la agresión en contra de un trabajador haitiano en el Terminal Pesquero? Un trabajador chileno dijo que no estaba dispuesto a que personas extranjeras le quiten el trabajo. ¿Dónde podemos rastrear ese discurso?

Nosotros en el COES lanzamos un estudio donde vamos a hacer un seguimiento a la población chilena por 10 años, a las mismas personas, para preguntarle qué piensa de los inmigrantes, cómo le caen, con qué frecuencia se juntan con ellos, etcétera. Dos de las preguntas que hacemos son: en qué medida piensan que la llegada de inmigrantes está aumentando el desempleo en Chile y en qué medida la llegada de inmigrantes está afectando la identidad nacional.

En general, hemos visto que en las personas que tienen menor nivel de escolaridad, básica o básica incompleta, hasta un 70% piensa que los inmigrantes le van a quitar su puesto de trabajo y que va a aumentar el desempleo.

Eso cambia radicalmente cuando hablas de las personas con mayor nivel de escolaridad, con educación superior universitaria o técnico profesional, porque baja a un tercio de la población. Pero entre la gente más educada y preparada de este país, aún así un tercio considera que los inmigrantes le van a quitar su puesto de trabajo.

Tenemos un 2,3% de población inmigrante. Si son 411 mil y somos 17 millones, de los cuales 7,5 millones son la masa laboral, ¿cómo alguien puede imaginar que 411 mil van a cubrir toda la masa laboral? Además sabemos que de los 411 mil no todos son trabajadores. Entonces, eso es una creencia que se instala como sentimientos de amenaza que percibe la gente, esencialmente, por desconocimiento.

En la segunda pata del estudio vimos quiénes tienen menos amenaza a los inmigrantes. Descubrimos que quienes reportan menos experiencias de contacto y menos calidad de relación con los inmigrantes, son quienes exhiben más amenaza. Mientras más conocemos, interactuamos, comunicamos, aprendemos cómo son ellos, los niveles de amenaza caen sistemáticamente.

Cuando el tipo apuñala al haitiano, sus pares legitiman esto. Entonces, el rol que cumplen lo que llamamos “las normas del grupo”, son muy potentes. Aquí hay un fenómeno de influencia grupal muy fuerte.

La persona que atacó y los grupos que estaban ahí, son personas que son más sensibles. Pertenecen a este grupo que tienen 70% de percepción de amenaza. Esas personas hacen lo que hace la gente que se siente amenazada, se ponen más violentos. Pero es algo que hay que trabajar con la sociedad.

Fuente: http://www.elciudadano.cl/entrevistas/investigador-uc-un-70-de-quienes-tienen-menor-escolaridad-piensa-que-los-inmigrantes-le-van-a-quitar-su-trabajo/05/31/

 

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Libro: La educación y la diversidad lingüística en las primeras legislaciones internacionales de derechos humanos

La educación y la diversidad lingüística en las primeras legislaciones internacionales de derechos humanos

Contradicciones en el principio de igualdad de oportunidades

Adriana Victoria Rodríguez Caguana. [Autora]

Colección Estudios sobre las Desigualdades.
ISBN 978-987-722-170-1
CLACSO.
Buenos Aires.
Marzo de 2016

El presente trabajo indaga el derecho a la educación y a la diversidad cultural en las primeras declaraciones, convenciones y pactos de la legislación internacional de derechos humanos, desde la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948), hasta la Convención Americana (1960) y los dos Pactos Internacionales de derechos civiles, políticos, y de derechos económicos, sociales y culturales (1969). En el desarrollo del análisis normativo se expondrán los presupuestos teóricos del principio universal y del relativismo cultural, tratando de encontrar los puntos más fuertes y débiles en cada teoría. En este sentido, el principio de “igualdad de oportunidades” ligado a la “meritocracia” y a los “dotes naturales” en el derecho a la educación se convierte en problemático y contradictorio. Por último, se destaca la apropiación del discurso de los derechos humanos por parte de los colectivos culturales discriminados, lo cual lo convierte en una estrategia emancipadora.
Fuente: http://www.clacso.org.ar/libreria-latinoamericana/buscar_libro_detalle.php?id_libro=1090&campo=titulo&texto=derechos%20humanos
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In South Africa the faulty logic of xenophobia drives hostility to immigrants

Sudáfrica/Abril de 2017/Autor: Anthony Egan/Fuente: America Magazine

RESUMEN: Una nueva ronda de xenofobia a finales de febrero en Sudáfrica fue acompañada por violentas manifestaciones dirigidas por sudafricanos nativos y contra-manifestaciones de inmigrantes que ahora residen aquí. Esta vez se produjeron manifestaciones contra Sudáfrica en Lagos, Nigeria, lo que provocó reuniones diplomáticas entre los ministros de relaciones exteriores de ambos países. A medida que el humo desaparece, deben hacerse preguntas sobre por qué esta disrupción civil sucedió de nuevo. Es fácil señalar a los dedos: La intolerancia de los ciudadanos comunes y idiota y mal elegido declaraciones, excusas o negaciones por los políticos de todas las partes también se destacan. El lenguaje de la xenofobia ha sido frecuentemente puesto en juego en los últimos meses: que los extranjeros están robando empleos de los sudafricanos, traficando con drogas y anillos de prostitución y son los principales responsables de otros crímenes. ¿Pero los inmigrantes nigerianos, zimbabuenses, paquistaníes y otros están «robando» puestos de trabajo de sudafricanos? Según un informe del Instituto de Relaciones Raciales de Sudáfrica, «Los inmigrantes de Sudáfrica-Construyendo una nueva economía», muchos de estos inmigrantes «están llegando a un país donde no pueden hablar el idioma y, a menudo, no tienen documentos de trabajo» Lo que significa más «típicamente lucha para encontrar trabajo».

A new round of xenophobia at the end of February in South Africa was accompanied by violent demonstrations led by native-born South Africans and counter-demonstrations by immigrants now resident here. This time anti-South African demonstrations broke out in Lagos, Nigeria, prompting diplomatic meetings between both countries’ foreign affairs ministers. As the smoke clears, questions must be asked about why this civil disruption happened again.

It is easy to point fingers: The intolerance of ordinary citizens and idiotic and poorly chosen statements, excuses or denials by politicians from all parties also stand out. The language of xenophobia has been frequently put into play in recent months: that foreigners are stealing South Africans’ jobs, running drugs and prostitution rings and are the main perpetrators of a host of other crimes, too.

But are Nigerian, Zimbabwean, Pakistani and other immigrants “stealing” jobs from South Africans? According to a report from the South African Institute of Race Relations, “South Africa’s Immigrants—Building a New Economy,” many of these immigrants are “arriving in a country where they can’t speak the language and often have no working papers,” which means most “typically struggle to find work.”

Closer inspection suggests that they are actually creating jobs, not just for themselves but for the South Africans they employ. Many are even prospering, with many able to start up businesses ranging “from small convenience stores to wholesalers.” This has been a source of resentment, with many South Africans envious of the success of immigrants or objecting to being employed by “foreigners.” But their success compared to native born South Africans often boils down to better educations and a more entrepreneurial mentality than South African counterparts.

If this is so, is this the immigrants’ fault? The Economist reports that “in a league table of education systems drawn up in 2015 by the OECD club of mainly rich countries, South Africa ranks 75th out of 76.” According to an article in The Economist, many of South Africa’s educational gaps indeed can be linked to apartheid. “The Bantu Education Act of 1953,” it states, “set out to ensure that whites received a better education than blacks…who were to be educated only enough to be ‘hewers of wood and drawers of water.’” This meant that black students in South Africa also received about a fifth of the funding of white students.

But 23 years of post-apartheid education strangled by bureaucracy, crippled by self-interested teachers unions and battered by corruption has not created a new generation of well-educated and entrepreneurial young South Africans. Two decades is surely enough to clear away the worst of the legacy of apartheid education and create a more effective alternative. This has not happened—but this is a social problem that cannot be laid at the feet of “foreigners” who have no influence on education policy.

As to the question of organized crime, the picture is complex. While it is true that after 1994 foreign-based crime syndicates moved into South Africa—South American drug cartels, the Russian mafiya, Chinese triads, as well Nigerian and other syndicates from elsewhere on the continent—they did not exactly enter virgin territory. South Africa has a long history of local gangs and crime organizations—many of which formed alliances with the new arrivals in the more open society that emerged after 1994.

All organized crime groups have benefited from a poorly-trained and underprepared police service that has largely served as a crowd control mechanism, subject since 1994 to internal crises and general decline in morale further undermined by political appointments at its highest echelons. There is sadly also considerable evidence of endemic corruption throughout the service.

Did “foreigners” corrupt the police force? While a number of police have been revealed to have had corrupt relationships with gangsters (some of whom were foreign), this is hardly proof. According to a report from Reuters, many refugees and migrants, in fact, claim they have “suffered corruption and worse at the hands of police and immigration officers.”

NGO Corruption Watch also found, in a study of about 300 foreigners, that all had “complained of extortion, threats and solicitation from government officials.” Last month, South African President Jacob Zuma warned about the dangers of corruption, stating that this system of “bribes for permits” posed a major risk for South Africa.

Similarly the problem of illegal immigration lies in public policy and practice. Labyrinthine immigration laws make legal immigration difficult, as do confused policies over refugee status and corruption in the public service.

Hostility to immigrants—legal or illegal—in South Africa is fundamentally economic. The majority of the nation’s native-born citizens remain poor and undereducated. They have not benefited from democracy. This societal lapse is exacerbated by a cultural mindset that sees success as a zero-sum game, that is, “if someone succeeds, someone else must lose.”

This entitlement mentality is spurred on by the promises of politicians and the growing sense that those who lead do not really care about average South Africans except as vote fodder. But unwillingness to express disaffection by voting for an opposition party means that there is little impetus by politicians to do what is necessary—improve education, fight police and public service corruption and create conditions to build the economy.

The disaffected need a scapegoat; the immigrant is a handy target. For a time scapegoating may make one feel better, but it changes nothing.

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Frente a la migración de retorno no bastan las buenas intenciones

Blanca Heredia

El discurso antiinmigrante de Donald Trump ha puesto un reflector sobre la problemática que enfrentan niños y jóvenes migrantes de retorno en relación al sistema educativo mexicano. Constituye una buena noticia que el gobierno federal está interesado en el asunto y esté proponiendo reformas legales para hacer efectivo el derecho a la educación de este sector de la población. Los cambios propuestos revelan, sin embargo, que no bastan las buenas intenciones para resolver el problema.

El jefe del Ejecutivo federal envió en días pasados al Senado de la República una iniciativa preferente para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley General de Educación (LGE). La iniciativa tiene dos objetivos principales. Primero, evitar que la falta de documentos académicos o de identidad impida el acceso de niños y jóvenes al sistema educativo, ofreciéndoles, para ello, opciones más flexibles para contar con dichos documentos. Segundo, simplificar la revalidación de estudios realizados en el extranjero y facilitar el acceso de los migrantes de retorno a las universidades del país. Esto último, entre otros, a través de: autorización a las universidades privadas a otorgar revalidaciones parciales de estudios de licenciatura; emisión por parte de la SEP de normas para la revalidación de estudios en el extranjero; y permiso a las autoridades educativas para autorizar a las instituciones de educación superior que cuenten reconocimiento de validez oficial de estudios para otorgar revalidaciones parciales de estudios de licenciatura.

La propuesta de reforma de la LGE revela interés en el tema por parte del gobierno federal y apunta, en lo general, en la dirección correcta.

Pero, como dice el dicho: el diablo está en los detalles. Y, los detalles contenidos en las modificaciones propuestas a los acuerdos 286, 328 y 379 –todos ellos referidos a acceso escolar por parte de alumnos con estudios previos en otro país y/o carentes de documentos académicos o de identidad, así como a la revalidación de estudios en el extranjero y actualmente en revisión en Cofemer– presentan, desafortunadamente, importantes insuficiencias.

Los ajustes planteados a dichos Acuerdos incluyen avances, en especial, para el caso de la educación superior, nivel para el cual la tramitología relevante sigue siendo rocambolesca en extremo.

Destacan: la eliminación del requisito de la apostilla y de la traducción al español por perito profesional de documentos académicos y de identidad para acceder a la universidad y para la revalidación parcial de estudios, así como la autorización a las instituciones educativas mexicanas en las que el alumno quiera matricularse a emitir opiniones técnicas sobre estudios previos y a verificarlos electrónicamente para agilizar procesos de ingreso y revalidación.

En las modificaciones propuestas, sin embargo, se siguen incluyendo trabas y trámites complejos cuya racionalidad y razón de ser resulta difícil entender. Por ejemplo, para el reconocimiento de validez oficial de estudios el requisito de “contenido programático equiparable” con programas nacionales se reduce del 75 al 60%. (¿Por qué ese requisito y ese porcentaje? ¿A cuántos más beneficiará esta medida?) Se autoriza -cosa que no ocurría antes- la revalidación completa de estudios superiores en el extranjero sin mayor trámite, pero sólo para estudios realizados en universidades -distintos a los de las áreas jurídicas y salud- con las que el Conacyt tenga convenios de movilidad.

(¿Por qué sólo para esas universidades? Excluir a Derecho se entiende, pero, ¿por qué retener tanta traba para estudios en el área de salud?) Un último ejemplo: se elimina el requisito de revalidación de licenciatura en el extranjero -excepto para educación normal- para admisión a estudios de posgrado en México, pero se mantiene si la persona quiere ejercer profesionalmente en el país. (Bien por la eliminación tramites ingreso a posgrados en universidades mexicanas, pero, ¿por qué se exceptúa de esta nueva regla a la educación normal?
y ¿por qué no simplificar y flexibilizar los requisitos para que profesionales formados fuera del país puedan ejercer y aportar sus conocimientos y experiencia laboral en beneficio de la economía mexicana?).

La persistencia de obstáculos y trámites costosos y engorrosos en las revisiones propuestas para las reglas aplicables para para poder cursar estudios en el país, obtener los títulos correspondientes y/o revalidar estudios en el extranjero revela inercias e intereses burocráticos profundos. Si acaso queremos hacernos cargo del problema y aprovechar los activos con los que han retornado ya millones de mexicanos y pudieran, regresar –en la mayoría de los casos sin desearlo– millones de más, sería hora de sacudir en serio esas inercias y ese entramado de intereses que sólo benefician a unos cuantos.

Para ello, habría que empezar por formar un grupo técnico que se integre, formalmente y a la brevedad, a la discusión y revisión de las propuestas de modificación presentadas por el gobierno federal a los diversos ordenamientos que regulan este asunto. Ello, a fin de aprovechar el conocimiento experto en la materia externo al gobierno, ampliar la pluralidad de las voces legítimamente autorizadas para construir una respuesta oportuna e inteligente, así como limitar el peso de las inercias y los intereses corporativos que tienen atrapada en la cerrazón a la educación nacional y, muy en especial, a nuestra educación superior.

Fuente de la noticia: http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/frente-a-la-migracion-de-retorno-no-bastan-las-buenas-intenciones.html

Fuente de la imagen:http://www.elfinanciero.com.mx/files/article_main/uploads/2014/02/10/52f8ab70a3944.jpg

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El efecto Trump

Por: Carolina Vásquez Araya

Desde Sydney a Los Ángeles, desde Londres a Nueva York, con ecos en Guatemala, México, Chile y otros países en los 5 continentes, las voces de millones de personas –en su mayoría mujeres– se unieron para manifestar su rechazo a la explícita posición misógina, racista y discriminatoria del nuevo habitante de la Casa Blanca. No esperaron a que Donald Trump desempacara sus valijas para hacerle ver que no importando la distancia, la vigilancia sobre sus políticas será constante.

Los temas más preocupantes para las manifestantes del 21 de enero se refieren a las actitudes carentes de empatía del nuevo presidente estadounidense con las minorías, en especial sus intenciones de cambiar leyes que representan conquistas importantes, como las que permiten el aborto y garantizan programas de asistencia en programas de salud sexual y reproductiva, el matrimonio igualitario, los programas para establecer controles de prevención contra el cambio climático, la contaminación y la degradación del ambiente y otros de beneficio social.

Trump parece haber alcanzado el sueño de su niñez sin reparar en que la presidencia del país más poderoso del mundo no es un juego de niños. Llegó con un discurso agresivo y descalificante hacia sus antecesores, convencido de haber logrado, junto con el palio presidencial, la omnipotencia. Craso error, porque aún con las desigualdades y precariedad en la cual vive el grueso de la población mundial, existe un contrapeso natural en las decisiones emanadas desde las principales potencias. Este poder se manifiesta no solo en convenios y tratados firmados y ratificados por las distintas naciones, sino también en la voz de ciudadanos cada vez más conscientes de sus derechos.

Este cambio de mando y de tendencia política, aun con ser relativo –el Departamento de Estado nunca ha bajado su bandera expansionista ni su agresiva política económica– muestra a un mandatario decidido a transformar su territorio en una fortaleza inexpugnable, hostil hacia los inmigrantes y abiertamente orientada a proteger sus intereses comerciales contra viento y marea, no importando cuáles sean las consecuencias para los países socios en esos tratados de intercambio. Sin embargo, lo que se veía fácil y posible en promesas de campaña con el objetivo de seducir a una población decepcionada de la política tradicional, en la realidad será una lucha a brazo partido contra intereses mucho más poderosos, fincados en complejos acuerdos entre compañías multinacionales y países productores de mano de obra barata cuyos intereses trascienden la visión de nacionalismo reeditada por Trump.

Para los países ubicados al sur, la situación es amenazante. Los mayores receptores de remesas de inmigrantes muchos de ellos residentes legales, pero también miles de indocumentados que trabajan en todo el territorio estadounidense, son los países del triángulo norte de Centro América y la nueva administración constituye una alerta roja para sus gobiernos, los cuales ya deberían comenzar a diseñar sus estrategias de negociación.

De no hacerlo, y de no hacerlo correctamente, la política anti inmigrantes de Trump podría generar una repatriación masiva de ciudadanos centroamericanos, quienes de paso perderían todo lo ganado durante su estadía en Estados Unidos. Esto, porque al ser indocumentados y carecer de estatus legal, el manejo de sus bienes es precario e inseguro. Al darse un movimiento de tal magnitud, la mayor fuente de divisas de algunos de estos países, como Guatemala, se reduciría drásticamente con las graves consecuencias que eso implica para los sectores más necesitados.

Fuente: http://www.carolinavasquezaraya

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