América del norte/México/28 Noviembre 2019/El país
Alumnas de la UNAM toman 11 facultades y escuelas para reclamar atención ante los casos de violencia de género
Con las caras tapadas casi por completo y vestidas de negro, una treintena de estudiantes abrieron el pasado miércoles las puertas de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) que llevan este lunes 22 días cerradas. Lo hicieron solo por unos minutos, para salir a leer una lista de demandas para liberar el edificio. “Esta toma responde a un hartazgo que venimos cargando”, gritó un voz detrás de un pasamontañas dispuesta a leer las exigencias que iban desde renuncias hasta la correcta atención de las denuncias por violencia de género. “¿Por qué parecen insuficientes las más de 70 denuncias contra profesores y alumnos? Este espacio siempre ha sido para nosotras un peligro y no queremos que lo sea para las que vienen”, agregó. “Que se caiga el patriarcado”, vitoreó un profesor y desató un alarido entre las enmascaradas.
Octubre encontró a la universidad más grande de América Latina con los roles invertidos. El movimiento feminista, que hasta hace muy poco estaba anémico de poder dentro de las esferas académicas, tomó por asalto al menos 11 de los 39 planteles para reclamar en contra del acoso, el maltrato y las agresiones. Un grupo de alumnas se atrincheraron en las aulas y paralizaron las clases, dispuestas a mantener la apuesta hasta ser escuchadas. Una protesta que se extendió desde mediados de octubre hasta, en gran parte, el 14 de noviembre, cuando las autoridades de la Universidad convocaron unas mesas de diálogo con el fin de zanjar el problema. Pero la amenaza de regresar a la huelga persiste, como perdura la toma de tres preparatorias y la Facultad de Filosofía y Letras.
Lo que sucede en la UNAM es un síntoma más en un México entumecido ante la violencia de género. El movimiento feminista universitario se encuadra en una ola de protestas que han tenido lugar en la capital en los últimos meses y apenas unas semanas después de la sentencia por el feminicidio de Lesvy Rivera Osorio, una joven de 22 años asesinada en el campus universitario en 2017. “No olvidamos sus omisiones con el feminicidio de Lesvy, no olvidamos a todas las que nos hacen falta”, reprochó una de las estudiantes enmascaradas frente al edificio con pintadas que decían “UNAM feminicida” o “las paredes se limpian, las muertas no regresan”.
La protesta universitaria se desató el pasado 24 de octubre en la sede de Cuautitlán, en el Estado de México. En ese entonces, un grupo de manifestantes marchó para pedir que se atendieran las 77 denuncias registradas en esa entidad contra profesores y alumnos señalados de acoso sexual. En pocas horas, la manifestación se convirtió en una huelga que desató, a su vez, tomas de otras facultades con demandas similares.
El problema de la violencia de género no es nuevo para la Universidad, una institución que en 2016 se vio forzada a desarrollar un protocolo de atención a casos de violencia de género. “La UNAM acumula años de exigencias. El protocolo surgió por una exigencia del alumnado”, explica la abogada Andrea Medina, que acompaña tres denuncias internas, una por violación, una por intento de violación y una tercera por hostigamiento sexual. Uno de los inconvenientes, explica, fue que el mecanismo de atención se volvió una carrera de obstáculos que incluían “la insistencia de las autoridades” para que las quejas no prosperaran. “Hay una incomprensión de lo que está pasando y las alumnas están reaccionando a la impunidad”.
La paralización de las clases se dio en medio de las elecciones a rector, que el pasado 8 de noviembre dieron la victoria a Enrique Graue, quien ya ocupaba el cargo desde 2015. “Si hay algún tipo de violencia que no podemos aceptar es el que las universitarias sean acosadas o violentadas”, dijo el pasado martes tras jurar. “En las semanas siguientes enviaré una propuesta para crear un órgano independiente que fortalezca el respeto a la diversidad, promueva mayor seguridad para ellas y genere políticas de equidad”, prometió.
Uno de los puntos de su programa de trabajo, sin embargo, fue duramente criticado por los grupos feministas. “Diseñar mecanismos que eviten, en redes sociales, que en los supuestos casos de violencia de género se victimice inadecuadamente a personas sobre las cuales no pesa investigación o denuncia alguna y emprender una campaña contra la difamación”, proponía el candidato. “Demuestra una falta de sensibilización, más que darle prioridad a eso, se tendría que dar más apoyo al combate de la violencia de género”, critica Brenda Medina, profesora de la Facultad de Filosofía y Letras.
Otra de las críticas que ha recibido Graue ha sido el enérgico rechazo al ataque de una biblioteca de la universidad el pasado 14 de noviembre en una de las marchas feministas por parte de un grupo de violentos. “El rector se ha mostrado más interesado en condenar la violencia de unos pocos que en combatir la violencia de género”, dice Medina. “La UNAM ha buscado mantener una imagen institucional que le de renombre y por eso deslitimiza las demandas feministas, restándole importancia”.
Ella, junto a otras académicas, señalan que muchas profesoras apoyan las tomas “sin dar la cara” por miedo a represalias. “Denunciar es exponerte, porque al mismo tiempo tu trabajo depende de la universidad”.
Resistencia dentro de la universidad
El movimiento feminista ha generado también resistencia en algunas facultades, como la de Ingeniería, donde las mujeres son minoría. El rechazo a las protestas alcanzó su máximo auge el pasado 7 de noviembre, cuando un grupo de estudiantes de esa dependencia confrontó con un puñado de mujeres con pasamontañas que intentaron realizar pintadas en las paredes del edificio. “Fuera, fuera”, les gritaron mientras les aventaban piedras. Pero el violento episodio no generó condenas por parte de las autoridades.
“El carácter estructural de la violencia está muy enraizado en toda la Universidad, está muy normalizado”, apunta la académica Aimeé Vega Montiel. “Hay que voltear la mirada hacia las autoridades y exigir respuestas porque los mecanismos que han implementado no han funcionado”.
Fuente e imagen: https://elpais.com/sociedad/2019/11/22/actualidad/1574463326_524489.html