Uganda: Cierre de escuelas ocasiona serio revés a cadena de educación de pago.

Por debajo de los estándares

El informe indica que las escuelas no cumplían con los “requisitos mínimos establecidos por el Ministerio de Educación y Deporte”. Continuaba diciendo que no habían contratado docentes cualificados, no disponían de las licencias necesarias ni contaban con la infraestructura apropiada, incluyendo aulas, salas de profesores o baños adecuados. Los campus escolares de Bridge International Academies (BIA) en cuatro áreas resultaron afectados por el cierre.

Cuestión de importancia nacional

El día que se anunciaron los cierres, Margaret Rwabushaija, presidenta nacional del sindicato de docentes Uganda National Teachers Union (UNATU) y miembro del Parlamento, planteó esas mismas preocupaciones durante una sesión parlamentaria. Mencionó que se trata de una cuestión de importancia nacional, instando al Ministro de Educación a asegurarse de que las escuelas de BIA fuesen sometidas a una completa inspección en relación con la calidad de la educación aportada. “Si no estuvieran conformes con los estándares educativos del país, debería revocarse de inmediato su licencia; de lo contrario estamos poniendo en peligro el futuro de nuestros niños”, dijo.

Rwabushaija señaló que Bridge, que había obtenido la aprobación hace dos años únicamente para abrir una escuela en Uganda, y hacía poco estaba ya gestionando hasta 62 establecimientos. Rwabushaija continuó indicando que Bridge emplea personal académico que carece de cualificaciones y la formación necesarias, que se limitan a seguir su propio programa pre-establecido.

IE: los gobiernos deben implementar un marco legislativo

El discurso de la presidenta de UNATU ante el Parlamento se hace eco de la demanda de la Internacional de la Educación (IE) de que todos los gobiernos establezcan y garanticen la aplicación de un marco legislativo para dar efecto a la aportación de una educación de calidad en conformidad con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU.

El Objetivo 4 de la Agenda 2030, que obliga a los gobiernos “garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos” se ve reforzado por la Meta 1 que requiere “velar por que todas las niñas y todos los niños terminen los ciclos de la enseñanza primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad”. Por otro lado, el marco legislativo ha de garantizar que ahí donde existan agentes no estatales, éstos deberán cumplir las normas mínimas para poder obtener su registro. Dichas normas incluyen el empleo de docentes cualificados, impartir un programa escolar acorde con los requisitos nacionales, contando con locales y facilidades adecuadas para los cursos impartidos.