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Por Andalucía rechaza la creación de la nueva Dirección General de Educación Concertada, que achaca a “las políticas de privatización educativa” de Moreno Bonilla

Por: Tercera Información

  • La formación respalda la movilización en defensa de la educación pública prevista el próximo 1 de septiembre.

La parlamentaria de Por Andalucía por la provincia de Granada, Alejandra Durán, ha mostrado esta mañana su rechazo a la creación de la nueva Dirección General de Educación Concertada, que ha achacado a “las políticas de privatización educativa” de Moreno Bonilla, y ha trasladado el respaldo de su grupo parlamentario a la movilización en defensa de la educación pública prevista el próximo 1 de septiembre frente al Parlamento de Andalucía.

Así, Durán ha afeado que el pasado jueves, el mismo día que se registraba la entrega de más de 52.000 firmas en Cámara autonómica en apoyo a una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que reclama una bajada de ratios en los centros escolares andaluces, el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) diera a conocer que el Gobierno de Moreno Bonilla financiará con dinero público una nueva Dirección General de Enseñanza Concertada.

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“A tan solo un mes del inicio del curso escolar nos enteramos de que, lejos de atender las reivindicaciones que la comunidad educativa, la intención de Moreno Bonilla es dar continuidad a su plan de privatización de la educación pública financiando con dinero público y fondos europeos una Dirección General dedicada a impulsar y fortalecer los espacios de educación privada en Andalucía”, ha criticado la parlamentaria.

En este sentido, Durán ha señalado que “este tipo de acciones, unidas a que durante la última legislatura se cerraron en Andalucía más de 1100 aulas públicas mientras se favorecía a la concertada con importantes cantidades de dinero público, han provocado la “alarma” de la comunidad educativa y de su propia formación ante lo que consideran “el inicio de un cambio en el modelo educativo andaluz que pretende dejar escorados en segundo plano a los centros públicos”.

“El Partido Popular no puede usar la institución para crear un espacio de fortalecimiento de la educación privada cuando la escuela pública tiene carencias tan básicas como las elevadas ratios, la falta de personal educativo, PTIS y orientadores o la climatización de las aulas, que están mermando significativamente la calidad de la educación que reciben nuestros alumnos”, ha zanjado.

Fuente e Imagen: https://www.tercerainformacion.es/articulo/actualidad/18/08/2022/por-andalucia-rechaza-la-creacion-de-la-nueva-direccion-general-de-educacion-concertada-que-achaca-a-las-politicas-de-privatizacion-educativa-de-moreno-bonilla/

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El fin del PNPC

Por: Miguel Ángel Casillas

Como ya lo habían anticipado desde el año pasado, hace unos días, el gobierno federal anunció el fin del Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC). En el futuro, el Sistema nacional de evaluación y acreditación que dependerá de la SEP, cuando funcione y tenga claros sus lineamientos, será quien determine la calidad y la acreditación de los programas de posgrado. En palabras del subsecretario de educación superior, esa evaluación, a diferencia del periodo neoliberal, dejará de ser punitiva, mercantilizada y competitiva, será un medio para la mejora continua y no un fin en sí misma.

A mediados de los años ochenta del siglo pasado dio inicio una época de crecimiento desregulado del posgrado, en ocasiones se ofrecían programas sin cuerpos docentes especializados o sin las instalaciones y los recursos indispensables; muchos de los programas eran fuentes de recursos autofinanciables para las instituciones y una posibilidad de un ingreso extraordinario para sus profesores, en una época de graves devaluaciones y penurias económicas. También a finales del siglo XX fue evidente la importancia estratégica de este nivel, tanto para formar a los cuadros especializados de las empresas públicas y privadas, como para la ampliación del número de académicos y científicos que reclamaba la expansión de la educación superior y su revaloración como herramienta indispensable para salir del subdesarrollo e incorporar a México a la sociedad del conocimiento.

En el contexto de un crecimiento desregulado del posgrado, donde proliferaban ofertas de muy dudosa calidad y con resultados educacionales muy pobres, el PNPC fue un eficaz instrumento de política pública para orientar el desarrollo de los programas y para determinar la distribución de las becas hacia los programas de mayor calidad. Legitimó sus decisiones en las evaluaciones de pares sobre la base de normas y reglas claras. En términos generales, acreditar la evaluación del PNPC garantizaba que los programas de posgrado se sostenían en núcleos académicos que constituían líneas de generación y aplicación del conocimiento, que sus profesores se distinguían por su alta calidad y reconocimiento académico, que debían tener sus programas y procedimientos públicos en sus páginas institucionales, que debían garantizar prácticas académicas rigurosas en el estudio y la producción de las tesis, que disponían de reglamentos, espacios físicos adecuados y ofrecían diversos recursos para el aprendizaje.

Muy pronto, el PNPC se fue volviendo un instrumento burocrático, cuadrado y rígido; que registraba y medía los indicadores principalmente de modo cuantitativo, que sobre valoraba la pertenencia de los profesores al Sistema Nacional de Investigadores, y que imponía una visión del posgrado que tenía como base a las ciencias naturales y a las ciencias duras. Frente a indicadores inflexibles hubo lugar para muchos absurdos y simulaciones. La acreditación de los programas, basada en la desconfianza, exigió cada vez más una exagerada documentación basada miles de evidencias.

La evolución reciente del posgrado ha dado como resultado un sistema segmentado y desigual. Por un lado, su matrícula se encuentra distribuida mayoritariamente en maestrías y especialidades principalmente del sector privado y la minoría en el nivel de doctorado. En contraste con la lógica de mercado, los posgrados de más alta calidad se encuentran en las universidades públicas y en los centros nacionales de investigación. Los posgrados profesionalizantes son mayoría en el sector privado, mientras que la mayoría de los posgrados de investigación se ubican en el sector público.

Al anunciar el fin del PNPC (https://www.youtube.com/watch?v=jMJh2GA8L8o), la directora del Conacyt explicó que será la SEP, a través del Sistema nacional de evaluación y acreditación quien acredite a los programas e instituciones; por su parte, el Conacyt distribuirá las becas de posgrado no de acuerdo con la acreditación ni la calidad de los programas, sino en las áreas prioritarias determinadas por el gobierno (salud, producción de alimentos, empresas públicas), en los programas de investigación de las instituciones de educación superior públicas (física, química, matemáticas, biología, medicina, ciencias sociales, ciencias agropecuarias, etc.), y hacia las áreas históricamente excluidas como las humanidades, las artes y las disciplinas creativas.

En el discurso se expone que esta decisión favorece a los estudiantes que solicitan la beca, que no se quiere dejar a nadie atrás ni a nadie afuera, y que se atenderán todas las solicitudes. En realidad, al entregar las becas sin intermediarios, el gobierno federal promueve un intercambio político directo con los estudiantes de posgrado con el fin de obtener lealtad hacia la 4T, como sucede ya con las becas de licenciatura y de otros niveles.

En su crítica hacia el pasado reciente, la directora del Conacy acusó que se privatizó el ejercicio de la formación de posgrados, denunció que se favorecieron áreas enfocadas al lucro. Cuestionó que en educación hay muchos posgrados de cuestionable calidad enfocados en fortalecer la mal llamada reforma educativa, es decir la privatización de la educación y que áreas como administración, finanzas, mercadotecnia y comercio internacional fueron favorecidas de manera indiscriminada, esto a costa de otras disciplinas: este fue un ataque permanente y fuerte a favor del debilitamiento de los posgrados en ciencias. De acuerdo con la directora de Conacyt el PNPC mostró una centralidad en la productividad académica, desvinculó la investigación científica de la atención de los problemas nacionales y el avance genuino del conocimiento y se convirtió en un objetivo de cuantificación productivista. Dijo que dejó de ser un tema con pertinencia nacional, con relevancia de Estado, para convertirse en un instrumento que desvirtuó lo académico y lo público.

Como ha sucedido con otros instrumentos de la política pública hacia la educación superior, el gobierno de la 4T ha decidido desaparecer el PNPC sin tener un programa que lo sustituya. Mientras, de modo arbitrario, sin reglas claras, públicas y legítimas, el Conacyt continuará distribuyendo las becas de posgrado en las áreas y en los programas que considere prioritarios.

Fuente: http://www.educacionfutura.org/el-fin-del-pnpc/

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La amenaza de la privatización a la educación pública

El fantasma de la privatización que desde hace años ronda a la educación pública ha resucitado con más fuerza en medio del actual proceso electoral, esto en razón a que intereses particulares quieren acabar con un derecho fundamental que debe ser financiado y garantizado por el estado.

Teniendo en cuenta que la educación es un derecho humano y fundamental y debe ser publica y universal para todos, la principal tarea del Estado es garantizar los recursos necesarios para invertir en el sector y así garantizar la permanencia de los estudiantes en las instituciones educativas. Sin embargo, los intereses privados han buscado diferentes formas de quedarse con estos recursos mediante la privatización.

Raúl Vásquez Arias, presidente de la ADE: “Bonos, vouchers, educación contratada, entre otras, son clases de concesiones que el Estado quiere darle a particulares para que administren la educación, y ese es el detalle, pues el Estado es quien debe garantizar, administrar y financiar este derecho, pero con estas modalidades que está creando lo que busca es desentenderse de su responsabilidad y obligación para con este derecho fundamental”.

Por ende, los colegios de educación contratada se basan en políticas privatizadoras que toman la educación como una mercancía, porque en el fondo lo que buscan es quedarse con los recursos, y hacer con la educación lo que hicieron con la salud. que el derecho esté supeditado al capital.

Jhon Granados, integrante del CEID Fecode: “En Bogotá tenemos una experiencia con los colegios en concesión y varios estudios han demostrado que estos colegios no sólo no garantizan una mayor calidad educativa, sino que son establecimientos donde se les puede negar el derecho a los estudiantes cuando no cumplen con las condiciones que exige la institución, porque al convertirse en educación privada los colegios terminan escogiendo a quien matriculan y a quien no”.

Por estos días, desde diferentes campañas políticas se escuchan cantos de sirena que ofrecen formas de subsidios, bonos y vauchers, todos son un riesgo para el derecho a la educación pública, pues buscan que los padres y madres sometan la formación de sus hijos a los vaivenes del mercado, además desfinancian el sistema educativo, deterioran aún más las condiciones y facilitan la corrupción. Por eso, la invitación de Fecode es a unir fuerzas para defender este derecho como bien supremo.

Fuente de la información e imagen:  https://www.fecode.edu.co

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Libro(PDF): Conocimiento abierto en América Latina. Trayectoria y desafíos

Reseña: CLACSO

*Disponible sólo en versión digital

América Latina lleva más de dos décadas de iniciativas de acceso abierto a la producción científica y académica de la región, desarrollos liderados por el ámbito académico y científico y financiados con fondos públicos.

Este modelo latinoamericano de acceso abierto sin fines de lucro –en un contexto internacional con fuerte tendencia a la comercialización de las comunicaciones científicas en acceso abierto– es seguido con gran interés en los intercambios internacionales sobre el futuro del acceso abierto y la ciencia abierta a nivel global.

La lectura del libro muestra una América Latina que no solo ha demostrado ser la región del mundo que ha logrado el mayor porcentaje de sus publicaciones científicas en acceso abierto, sino que lo ha logrado gestionando todo el proceso desde la misma comunidad científica y académica, con fondos públicos, en formatos colaborativos, sin tercerización comercial, que promueven la participación, la bibliodiversidad y el multilingüismo.

Del prólogo de Dominique Babini.

Autora: Arianna Becerril García. Saray Córdoba González. [Editoras]

Esther Juliana Vargas Arbeláez. Eduardo Aguado López. Javier Maximiliano Salatino. Guillermo Banzato. Arianna Becerril García. Remedios Melero. Saray Córdoba González. Alejandro Macedo García. Fernanda Beigel. Omar Eduardo Mayorga Gallardo. [Autoras y Autores de Capítulo]

Editorial/Edición: CLACSO. Universidad Autónoma del Estado de México.

Año de publicación: 2021

País (es): Argentina. México

ISBN: 978-987-722-943-1

Idioma: Español

Descarga: Conocimiento abierto en América Latina. Trayectoria y desafíos

Fuente e Imagen: https://www.clacso.org.ar/libreria-latinoamericana/libro_detalle.php?id_libro=2416&pageNum_rs_libros=0&totalRows_rs_libros=1589

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VIII Jornada de Luchas en Brasilia: ver resumen de las movilizaciones en la capital federal. Brasil

América del Sur/Brasil/17-11-2021/Autor(a) y Fuente: sinasefe.org.br

SINASEFE retomó con fuerza y ​​voluntad su presencia en las actividades de movilización contra la PEC 32/2020 en Brasília-DF. Entre el 8 y el 11 de noviembre, decenas de representantes de las secciones sindicales y de la Dirección Nacional (DN) participaron en protestas denunciando el intento de destrucción de los servicios públicos disfrazado de Reforma Administrativa.

Martes

En la mañana del martes (11/09) representantes de DN y secciones sindicales fortalecieron la movilización en el Aeropuerto Internacional de Brasilia. La actividad presionó a los parlamentarios a votar en contra del PEC 32/2020.

Durante la tarde se llevó a cabo una protesta contra la Reforma Administrativa (PEC 32/2020) y contra el Incumplimiento de Precatório (PEC 23/2021) en las inmediaciones del Anexo 2 de la Sala, en Brasilia-DF.

Miércoles

En la mañana del miércoles (10/11) las actividades estuvieron encaminadas a exigir la remoción del informe CPI del COVID-19. Mire el mensaje de los luchadores que representaron al sindicato en la actividad:

“Arraiá Se Votar, Não Volta” contra la Reforma Administrativa, y denuncia de la banda de Arthur Lira (PP-AL) en la Cámara de Diputados, también tuvo lugar el miércoles (10/11), en las inmediaciones del Anexo 2 de la Sala.

Jueves

Representantes de la Dirección Nacional del SINASEFE y de las secciones sindicales se reunieron la tarde del jueves (11/11), en el Hotel San Marco, para evaluar las Jornadas de Lucha contra la Reforma Administrativa (PEC 32/2020) de las últimas nueve semanas y debate. acciones de la próxima semana.

Fuente e Imagen: https://sinasefe.org.br/site/8a-jornada-de-lutas-em-brasilia-veja-um-resumo-das-mobilizacoes-na-capital-federal/

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Mundo: Escuelas privadas como impulsoras de la segregación social: ¿Por qué hay que regularlas?

Mundo/12-11-2021/Autor(a) y Fuente: redclade.org

La proporción de estudiantes que se matriculan en escuelas privadas está aumentando a nivel mundial y el acceso a las mismas es socialmente desigual. Los Estados tienen el poder para regular y controlar las escuelas privadas

El porcentaje de estudiantes que asisten a escuelas privadas ha aumentado considerablemente en las últimas tres décadas. Esta expansión se observa no sólo en los países en desarrollo y emergentes, sino también en algunos países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

El estudio Private schools as drivers of social segregation, de Rita Nikolai y Marcel Helbig, muestra que incluso en Alemania – país considerado con una baja proporción de estudiantes en escuelas privadas según los estándares internacionales – la asistencia a escuelas privadas ha aumentado en las últimas dos décadas.

En todo el mundo, de acuerdo al documento, la proporción de matriculación a escuelas primarias privadas ha aumentado en 10 puntos porcentuales, del 9% (1990) al 19% (2019). En la educación secundaria, la proporción de estudiantes en escuelas privadas es aún mayor (27% en 2019). Los colegios privados, a los que los Estados conceden importantes subvenciones y que reciben subsidios por más del 50% de sus costes, son los que se están expandiendo más rápidamente.  En el caso de Alemania, a menudo es el propio Estado el que contribuye a la expansión de las escuelas privadas subvencionándolas. En general, solo las subvenciones estatales hacen posible la fundación de nuevas escuelas privadas, especialmente si las mantienen organismos financieramente débiles (por ejemplo, iglesias libres, comunidades religiosas, iniciativas de padres y madres, fundaciones no confesionales, etc.).

La expansión mundial de las escuelas privadas hizo que el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (CDH) adoptara en 2016, por primera vez en su historia, una resolución en la que se pedía a los Estados miembros del CDH que regularan más estrechamente su educación privada. En esta histórica resolución influyó el temor a los efectos negativos de la creciente mercantilización de la educación y expansión de la segregación social.

Teniendo en cuenta la declaración del CDH y el caso de Alemania, el estudio mencionado analiza qué pueden hacer los Estados para regular la actuación del sector educativo privado y cuáles son algunas de las motivaciones que promueven la privatización educativa. La investigación decide enfocarse en Alemania porque (todavía) tiene una cuota baja de escuelas privadas en comparación internacional, pero subvenciona generosamente a las escuelas privadas.

La elección de escuelas privadas

En el artículo, también se identifican diversos motivos de los padres y las madres de familia por elegir escuelas privadas. Tal como varios estudios señalan, a las escuelas privadas acuden más los niños y las niñas cuyos padres y madres tienen un estatus social más alto, un nivel de educación superior y/o unos ingresos más elevados, lo que genera una segregación social. Sobre todo, en las zonas urbanas, donde los padres y las madres tienen más posibilidades de elegir entre distintos tipos de escuelas, perfiles escolares y proveedores, los estratos sociales más altos tienden a matricular a sus hijos e hijas en escuelas privadas en lugar de en escuelas públicas, con lo que se aíslan socialmente.

Otro factor que a menudo puede influir en la decisión de las familias es la creencia de los y las acudientes en que los colegios privados prometen una mejor educación escolar y/o un mejor ajuste entre su propio entorno familiar y los valores que se enseñan en un colegio privado. La distinción social, es decir, la separación consciente de ciertos grupos especiales, también puede ser un motivo para la elección.

El estudio también detalla que las reformas destinadas a reducir las desigualdades sociales en el sistema escolar siempre pueden desencadenar reacciones de los estratos sociales más altos. Los padres y las madres de los estratos sociales más altos sólo aceptan esas reformas escolares si obtienen opciones para reproducir su estatus social. En Alemania, madres y padres han recurrido en los últimos años a las opciones de escolarización privada y han agravado las desigualdades sociales entre las escuelas públicas y las privadas. En las zonas urbanas, la segregación social de las escuelas también refleja siempre la segregación social de los barrios residenciales. Si hay muchos niños y niñas en situación de pobreza viviendo en un barrio, también habrá muchos niños y niñas en esta misma condición en la escuela local. Esto mismo ocurre en barrios residenciales más adinerados donde se encontrarán niños con la misma condición en la escuela local. Así pues, la segregación social de las escuelas es siempre una expresión de las desigualdades sociales de una sociedad.

Segregación social

En vista de la creciente expansión de las escuelas privadas y sus impactos en la segregación social, se plantea la cuestión de la política educativa de cómo reducir las desigualdades educativas y crear igualdad de oportunidades educativas. En el caso de Alemania, los autores recomiendan que, si hay escuelas privadas subvencionadas por el Estado, sean completamente transparentes y, en caso de accesibilidad social, las escuelas privadas podrían suprimir completamente las tasas escolares o eximir a las familias con bajos ingresos del pago de las tasas escolares, si no pueden pagarlas.

Como forma de regulación, también recomiendan que haya un límite en los ingresos totales de las escuelas privadas. Si los desequilibrios financieros entre las escuelas públicas y las privadas son demasiado grandes, las escuelas privadas serán más atractivas y atraerán aún más dinero. Demasiados ingresos privados conducen a una disminución de la financiación estatal.

Para leer más sobre el caso de Alemania y cómo el Estado puede controlar y regular la proliferación de escuelas privadas, puede acceder al estudio de Nikolai y Helbeig aquí (disponible en inglés): Private schools as drivers of social segregation.

Fuente: https://redclade.org/noticias/escuelas-privadas-como-impulsoras-de-la-segregacion-social-por-que-hay-que-regularlas/

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América Latina: Observatorio Latinoamericano presenta el escenario de la educación y de la privatización educativa en 10 países de la región

América Latina/05-11-2021/Autora: Ana Raquel Fuentes/Fuente: redclade.org

Serie de investigaciones elaborada por la IEAL revela que la consigna neoliberal se centra en la descalificación de lo público, en la limitación de las capacidades del Estado y en promover que las lógicas de mercado y el enfoque empresarial orienten la toma de decisiones en la política pública educativa

El Observatorio Latinoamericano de Políticas Educativas (OLPE) es una iniciativa del Comité Regional de la Internacional de la Educación América Latina (IEAL), creada para registrar el comportamiento de las políticas educativas en la región. En una serie de publicaciones sobre política educativa, el OLPE ofrece un análisis sobre cómo éstas se desarrollan a partir de los escenarios encontrados en los distintos países de América Latina, detallando las leyes que propician el comercio educativo y la incursión de actores privados dentro de esta arena, y alertando sobre las tendencias que buscan el debilitamiento de la educación pública en la región.

Según el análisis, por más de tres décadas, el proyecto neoliberal implantado en América Latina ha redefinido el rol del Estado, favoreciendo la lógica de mercado a través de las mismas políticas públicas. La política pública educativa no es una excepción, también reproduce los valores y las prácticas del proyecto neoliberal.

El observatorio detalla las acciones y modelos educativos por cada país. A continuación, una breve descripción por país.

El modelo de actuación del sistema educativo colombiano se caracteriza por la participación del sector privado en todos los ámbitos de la educación pública y persiste un trasiego sistemático de fondos públicos a las arcas privadas, mediante la compra pública de servicios educativos a grupos privados. Estos servicios incluyen desde la gestión de instituciones educativas hasta el diseño e implementación de modelos pedagógicos, pasando por el acompañamiento docente, la promoción de procesos de actualización profesional, la elaboración de contenidos educativos y la implementación de estos, así como los procesos de evaluación de los aprendizajes. Las autoridades educativas en Colombia han comprado al sector privado una amplia variedad de servicios educativos. Colombia es uno de los países donde más se ha avanzado con el comercio educativo a través de los modelos de alianzas público-privadas. El marco normativo que rige el Sistema General de Participaciones es el principal impulso para dirigir fondos públicos a proveedores privados de servicios educativos. Esa ley establece que hasta un 24% del presupuesto municipal se use para contratar servicios educativos con entidades no estatales. Con más de seis décadas de conflicto armado en Colombia, los gobiernos han estado enfocados en el desarrollo de la guerra y su agenda y gran parte del presupuesto estatal, también. Los gobiernos colombianos han gobernado subcontratando procesos completos de política pública, dejando un vacío en el rol del Estado.

En la gestión de la política educativa de Costa Rica, lo que se observa es que el Estado costarricense ha avanzado en un formato de gestión pública-privada y, al tiempo que se disminuyen los fondos disponibles para educación y se des-responsabiliza al Estado de la gestión de la política educativa, los grupos privados y la cooperación se instauran como tomadores de decisión e implementadores de la política educativa pública mediante el modelo de las alianzas público-privadas. El crecimiento de la oferta privada en todos los niveles educativos es un rasgo de cómo el Estado costarricense ha facilitado las condiciones para el comercio educativo, pero, principalmente, cómo el Estado ha permitido el deterioro y el déficit de la oferta pública y ha dejado en manos de las familias la responsabilidad de garantizar el derecho a la educación de sus hijas e hijos. En general, lo que se observa es que no solamente las autoridades, sino todos los actores privados, han naturalizado la participación de grupos empresariales y del sector financiero en la toma de decisiones y en la gestión de la educación pública.

En El Salvador, el marco legislativo es favorable a la educación pública y al rol del Estado.n Sin embargo, en el país centroamericano se han establecido mecanismos paralelos, que no son superiores a las leyes vigentes, pero que están investidos del carácter de “consenso multisectorial” y que son mecanismos favorables a la participación del sector privado, las ONG, las corporaciones religiosas, la cooperación y los medios de comunicación en la toma de decisiones en educación. Estos mecanismos son el Consejo Nacional de Educación (CONED) y el Plan El Salvador Educado (PESE). Persiste una crítica de parte de los sectores de la cooperación y fundaciones externas a la inversión pública en secundaria. Esta crítica la basan, por una parte, en que la educación secundaria no está suficientemente alineada con las necesidades del sector productivo del país. Complementariamente, los actores que comercian con la educación critican que, a pesar de la inversión, no se detiene la exclusión educativa y que cada año crece el número de “desertores” escolares.

Guatemala tiene particularidades propias como un Ministerio de Educación fuerte, comprometido con la política educativa y con la protección del derecho a la educación de la niñez y la juventud indígena. Los modelos de escuelas subvencionadas y de centros educativos por cooperativas de enseñanza, principalmente en las zonas rurales que estuvieron afectadas por la guerra, mantienen la ausencia del Estado en esas regiones, 25 años después de finalizado el conflicto armado. Aún con esas particularidades, actores como el Banco Mundial o Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés), han instalado su propia agenda en la política educativa y han dado pie para que se consolide la presencia de Organizaciones no Gubernamentales (ONG) y grupos consultores privados en los espacios de toma de decisión, el diseño de programas y proyectos educativos y en la implementación de servicios educativos.

En Honduras se observa una fuerte presencia de programas y proyectos educativos desarrollados por sectores privados, con el fin de implementarse en el sistema público. Estos son financiados con fondos de la cooperación internacional con la venia de la Secretaría de Educación. Lo que se observa es el avance de formatos público-privados y privados de gestión, administración e implementación de la política educativa pública. También las iniciativas de participación de las comunidades promueven la participación de grupos privados y ONG. Las principales formas de lucro percibidas no se nutren de fondos públicos, sino más bien, de fondos de cooperación que compran servicios de las ONG y grupos privados para que actúen en el ámbito de la educación pública.

En Panamá, el sistema educativo básico tiene tres niveles, 1) preescolar, primaria y premedia, 2) segundo nivel o educación media (secundaria), y 3) educación universitaria. El comercio educativo es más visible en los dos primeros niveles, que incluyen dos años de educación preescolar, seis de primaria, más tres de premedia, y tres de educación media. El país ha experimentado aumentos importantes en la cobertura educativa, por ejemplo, el aumento de 19 puntos porcentuales de cobertura de educación media del año 2011 al 2012. La legislación panameña facilita que las alianzas público-privadas atiendan las necesidades de infraestructura. La carencia de equipamiento y de acceso al agua en centros educativos, revistió aún más importancia a partir del inicio de la pandemia. En Panamá las iniciativas como el Plan Estratégico del Gobierno (PEG) 2019-2024, así como el Compromiso por la Educación y las recomendaciones que hace la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) al país, tienen puntos de convergencia como la intención de desvalorizar la gestión pública, poner en duda la capacidad estatal para llevar adelante una gestión adecuada, avanzar en la descentralización de la gestión educativa y pensar la política educativa centrada en el desempeño. Los casos del Programa Panamá Bilingüe y de la Beca Universal, y los subsidios de matrícula, dejan al descubierto cómo los grupos privados por un lado critican la función pública, pero por otro, están dispuestos a que se transfieran millones de dólares en recursos públicos a proveedores de servicios privados.

En Paraguay se nota una tendencia de los gobiernos de facilitar la participación del sector privado en los ámbitos de toma de decisiones de la política educativa, consolidando las oportunidades para el lucro privado y favoreciendo el desmantelamiento del sistema público. Esta situación se produce en un momento de debilidad institucional y de polarización política. La pandemia ha propiciado cuestionamientos a la gestión para las autoridades educativas, que en los últimos años han tenido una tendencia de recuperar prácticas autoritarias y de mayor incidencia de grupos fundamentalistas. Al igual que otros países de la región, se observa la injerencia de la cooperación internacional en la gestión de la política pública y la aceptación por parte del Estado. En particular, se nota la gran influencia de la Unión Europea, la USAID, y la Organización de los Estados Iberoamericanos.

En Perú se observa una creciente participación del sector privado y de la cooperación internacional (principalmente USAID) en los ámbitos de desarrollo de política pública y de toma de decisión en materia educativa. Se sobresalen dos tendencias preocupantes que pueden escalar hacia otros países de la región. Por un lado, el surgimiento de franquicias de escuelas privadas de bajo costo, como son las Innova Schools, y por otro, la inversión de grupos financieros y holdings comerciales en negocios educativos que actúan como franquicias o “cadenas” educativas.

En República Dominicana se observa una fuerte naturalización de la participación de actores privados, religiosos, de la cooperación internacional y de las instituciones financieras internacionales en los procesos de política pública, incluida la política pública en educación. Los grupos privados y empresariales están involucrados en procesos centrales de la política educativa como son la gestión interna en el Ministerio de Educación, el sistema de información interno, la carrera docente y la evaluación. Las principales tendencias de comercio educativo observadas hasta ahora están enmarcadas en el Pacto Nacional Educativo que surge a partir del Foro Nacional de Educación y de la aprobación del 4% del PIB para la educación (no exclusivamente pública) en el país. En el año 2015, el Banco Mundial aprobó un préstamo por US$ 50 000 000 para el desarrollo del Apoyo al Proyecto Nacional de Pacto Educativo para República Dominicana. Este préstamo contemplaba el reclutamiento y capacitación de maestros y maestras de escuelas primarias y secundarias, evaluación a estudiantes y docentes, evaluación de los centros de primera infancia y la gestión descentralizada de escuelas. El sector empresarial privado nacional participa activamente en el diseño de propuestas y en los niveles de toma de decisión con respecto a las políticas educativas. Igualmente, la cooperación internacional, principalmente la USAID y UNICEF también juegan un papel central en el diseño y la implementación de políticas educativas en el sector público.

La forma de privatización mayormente observada en el Uruguay es la configuración de redes de empresas privadas que venden servicios al Estado y entre sí, para gestionar diferentes componentes de la política educativa. La legislación uruguaya garantiza espacios de participación y construcción conjunta de la comunidad educativa en el nivel de los centros educativos, tanto en los proyectos pedagógicos como en la elaboración de proyectos en convenio con otros actores, etc. Esta participación es una forma de blindar y proteger al sistema educativo público. Si bien se observan experiencias importantes en las que algunos grupos privados le venden sus servicios a otros grupos privados y no directamente al Estado, estos servicios terminan por expresarse y concretarse en el ámbito de la educación pública, generando y naturalizando la permanencia de empresas privadas en el quehacer educativo público. En Uruguay, el avance del comercio educativo y del lucro privado en este país se ha dado, incluso frente a este marco normativo que protege la educación pública y los actores privados con agenda de lucro se han instalado como actores legítimos frente a la opinión pública. Sumado a esto, en Uruguay se percibe un alto nivel de sofisticación de los negocios en educación, que se organizan en formas de clústeres y que, por tanto, tienen interés en protegerse entre sí, para permanecer vigentes en el mercado.

Fuente e Imagen: https://redclade.org/noticias/observatorio-latinoamericano-presenta-el-escenario-de-la-educacion-y-de-la-privatizacion-educativa-en-10-paises-de-la-region/

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