Libro. Serie: Pedagogía Crítica. Curso de Ampliación para la Promoción de la Cultura de Paz

Autores:

Luis Bonilla – Molina, María Magdalena Sarraute R., Iliana Marina Lo Priore I.,

Marianicer Figueroa y  Carlos Luis Avendaño P.

Centro Internacional Miranda.

ISBN: 978-980-7050-61-6

Caracas, marzo 2014

La violencia en el mundo es un grave problema que hace que ciudadanas y ciudadanos se vean afectados por sus efectos. Venezuela no se escapa de esa realidad, ya que en la actualidad se presentan situaciones de violencia por diferentes factores e injerencias, que hace que las personas se sientan vulnerables, inseguros, desprotegidos y vejados sus derechos humanos.

Una revisión de las tasas delictivas registradas en el país durante los últimos años, nos revela que los índices de violencia se ha incrementado sistemáticamente en el transcurso de los años, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) registró a nivel nacional en el año 2012, un total de ciento cincuenta y cinco mil seiscientos sesenta y dos (155.662) delitos tomando en consideración 9 indicadores principales: homicidios, resistencia a la autoridad, lesiones personales, hurto, hurto de vehículo, robo, robo de vehículo, secuestro y violación. Lo que representa un incremento del 20% en el número total de los delitos conocidos respecto al año anterior, donde se contabilizó un total de ciento veintinueve mil cuatrocientos cuarenta y un (129.441) delitos (OVSC, 2013).

De acuerdo con la estadística oficial, para el año 2012, Venezuela alcanzó una tasa de 54 homicidios por cada 100.000 habitantes (OVSC, 2013), una de las más elevadas de América Latina. Por otra parte, de acuerdo con la misma fuente, del total de homicidios cometidos en el país, el 92% fue cometido con armas de fuego y más del 60% tiene como móvil el ajuste de cuenta, por otra parte, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Seguridad Ciudadana del año 2009 (INE, 2010) pone en evidencia las características personales de víctimas y victimarios de los delitos violentos que fueron estudiados, señalando que, en ambas posiciones, predominan las personas del sexo masculino, 62% de las víctimas y más del 80% de los victimarios; tanto unos como otros son jóvenes, en el caso de las víctimas el 80% oscila entre los 15 y 44 años y en el caso de los victimarios se presentan casos como el robo en el que el 60% de los responsables se encuentra entre los 15 y 24 años de edad. Un aspecto de singular importancia que revela esta encuesta es que un 57% de las víctimas de la delincuencia pertenecen a los estratos sociales más bajos de la población, porcentaje que se incrementa cuando se observan cada uno de los delitos por separado, especialmente en los delitos violentos.

Otra expresión de la inseguridad que vive el país es el déficit de convivencia al interior de las comunidades. En el ámbito comunitario, los deficientes modelos de convivencia no sólo están asociados al delito, sino también, y sobre todo, a faltas e “incivilidades” que suelen generar conflictos, muchos de ellos violentos, sin que la comunidad o el Estado, tengan mecanismos eficaces para prevenir la violencia.

Estas situaciones, que ocurren diariamente en el ámbito vecinal y que podría esperarse que se resolvieran de manera rápida y sencilla, no siempre logran canalizarse de forma adecuada. El mismo estudio revela que en la percepción de casi un 30% de los entrevistados y entrevistadas, las personas no intervienen para resolver los conflictos reportados, lo cual implica el riesgo de la escalada violenta. En segundo lugar aparecen los propios involucrados e involucradas como artífices de la solución, mientras que los organismos policiales, es decir, figuras externas a la comunidad asociadas al uso de la fuerza ocupan el tercer lugar en esta percepción.

El papel de la comunidad ocupa el cuarto lugar. Estas cifras hablan de un déficit de las comunidades para autoregularse y del Estado para realizar una regulación externa. Expresan, igualmente, el riesgo permanente de que estos pequeños conflictos escalen a situaciones que impliquen una mayor violencia y la ocurrencia de hechos delictivos.

Los nuevos escenarios de la inseguridad se desmarcan de la comprensión tradicional del delito, tanto por involucrar conductas y procesos no tipificados como tales (las llamadas “inconvivencias”, el debilitamiento de la tolerancia y la convivencia ciudadana, el miedo al delito, la necesidad de atención a víctimas y grupos vulnerables), como por la importancia causal de factores que no son tratados por las estrategias penales y convencionales (exclusión social, factores situacionales, organización y participación de la comunidad, entre otros).

Asimismo, es necesario consolidar una cultura de paz desde el núcleo familiar, la formación del niño hasta la formación profesional, a partir de la creación de espacios comunitarios para el desarrollo redes colectivas de aprendizaje por la paz con el fin de potenciar organizaciones comunitarias para su protección y seguridad, así como, de socializar las injerencias que hacen que en el país se incrementen factores que crean condiciones inseguras para la sociedad.

Es de destacar, que la cultura de paz según las Naciones Unidas en la Asamblea General del 6 de octubre de 1999, la define como, “el conjunto de valores, actitudes, tradiciones, comportamientos y estilos de vida basados en el respeto a la vida, en el fin de la violencia y la promoción y la práctica de la no violencia por medio de la educación, el diálogo y la cooperación…”.

Promover una cultura de paz, es hacer que las y los ciudadanos emancipen principios y valores de libertad, justicia, solidaridad, democracia, complementariedad, tolerancia, cooperación, pluralismo, diversidad cultural e igualdad, que implica la participación protagónica de niños, niñas, jóvenes y adultos para el desarrollo integral de la sociedad, desde el rechazo colectivo de la violencia.

Por esa razón, es necesario el desarrollo de este Curso de Ampliación, ya que contribuirá con la formación integral de las y los ciudadanos sobre la cultura de paz para su implicación en el respeto de los principios de soberanía, integridad territorial e independencia; en la promoción de los derechos humanos, la protección del ambiente y las libertades fundamentales para la transformación de la sociedad.

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