Irlanda/09 de Junio de 2018/Rebelión
Tras su victoria sobre el aborto, activistas y políticos ponen el foco en la cláusula de la Constitución conocida como la ‘mujer en el hogar’
– Su lenguaje arcaico y machista pone a las mujeres en una situación de inferioridad al establecer como prioridad para las mujeres el trabajo en el hogar
Alentadas por la victoria en el referéndum sobre el aborto, las feministas irlandesas han abierto un nuevo frente de batalla para eliminar una cláusula de la Constitución que define el papel de la mujer en el hogar. Aunque no tiene implicaciones legales directas en la Irlanda contemporánea, políticos y activistas llevan tiempo argumentando que su lenguaje arcaico y machista pone a las mujeres en una situación de inferioridad.
Es conocida popularmente como la cláusula de la ‘mujer en el hogar’ y, como dijo en 2015 la líder del Sinn Féin, Mary Lou McDonald, su existencia «relega constitucionalmente a las mujeres a una ciudadanía de segunda clase».
El artículo 41.2 de la Constitución dice que el Estado irlandés «reconoce que gracias a su vida en el hogar, la mujer da al Estado un apoyo sin el cual no se puede lograr el bien común. Por lo tanto, el Estado se esforzará por garantizar que las madres no se vean obligadas a trabajar por necesidad económica si eso menoscaba sus deberes en el hogar».
Una conferencia constitucional de 2013 recomendó un cambio y en 2017 Leo Varadkar, el primer ministro irlandés, prometió al asumir el cargo que lo consultaría con los ciudadanos en un referéndum. La votación podría ocurrir en octubre, cuando también se celebran las elecciones presidenciales. Las opciones van desde eliminar la cláusula por completo hasta reemplazarla por otra con una mención a los cuidados que no haga referencia únicamente a las mujeres.
Aunque es probable que no haya grandes resistencias al cambio, muchos esperan que el debate en torno a la eliminación de la cláusula sirva de oportunidad para hablar de cuestiones más amplias sobre la condición de la mujer y la desigualdad entre los géneros. Como señala Niamh Egleston, estudiante de Derecho en Dublín, que «(la cláusula) haya existido hasta hoy, incluso como letra muerta de la Constitución, es un símbolo del machismo latente que no nos gusta admitir y que todavía da forma a nuestra sociedad».
Hay quienes argumentan que la votación sobre la cláusula sólo debería ocurrir después de completar la batalla por el derecho al aborto con la promulgación de la ley cuyos principios fueron aprobados la semana pasada. «Por supuesto (la cláusula) debe ser revocada, ya que es un retroceso arcaico», afirma Bríd Smith, diputado del partido People Before Profit. «Pero sería un error convocar otro referéndum antes de que hayamos terminado el trabajo necesario para asegurarnos de que las mujeres no tienen que viajar al extranjero o comprar píldoras [abortivas] de forma ilegal».
Como una clara referencia a la igualdad de género, la Proclamación de la República, leída durante la rebelión de 1916, estaba dirigida a «irlandeses e irlandesas». En 1922 las mujeres irlandesas obtuvieron el pleno derecho de voto. La primera mujer elegida diputada en la Cámara de los Comunes de Westminster (Londres) fue la revolucionaria irlandesa Constance Georgine Markievicz, en 1918. Como integrante del Sinn Féin, Markievicz se negó a ocupar su escaño.
En las décadas que siguieron, las leyes y tradiciones restringieron los derechos de las mujeres, tanto laborales como sociales. Muchos consideraban que el matrimonio y la maternidad eran incompatibles con la carrera profesional.
Durante la redacción de la Constitución de 1937 bajo la dirección de Éamon de Valera, que luego sería primer ministro, las feministas le acusaron de tratar de erosionar los logros políticos y sociales de las mujeres irlandesas. «El señor de Valera siempre ha sido un reaccionario en lo referido a las mujeres», escribió en 1937 la periodista de The Irish Independent Gertrude Gaffney. «Le desagradamos, desconfía de nosotras como sexo, y su objetivo desde que asumió ha sido ponernos en lo que él considera nuestro lugar y mantenernos allí».
Entre las restricciones figuraba la imposibilidad de trabajar en el sector público para las mujeres casadas, una medida que no se suprimió hasta 1973. Otra discriminación es la que otorgaba el derecho a un hombre casado de hipotecar o vender la vivienda familiar sin el conocimiento ni el consentimiento de su esposa.
Más de la mitad de las mujeres adultas en Irlanda trabajaba en 2016, pero la diferencia salarial entre los dos sexos sigue estando en torno al 15%. En los consejos de administración de las empresas que cotizan en Bolsa sólo hay un 10% de mujeres.
Desde que se celebró el referéndum sobre el aborto y con el objetivo de seguir mejorando la igualdad de género, los activistas se están centrando en temas como la diferencia salarial entre hombres y mujeres, la deficiente educación sexual y el coste de los anticonceptivos.
Fuente: https://www.rebelion.org/noticia.php?id=242607