Sobre la declaratoria de ilegalidad de la protesta para los sindicatos del sector educativo, la APSE precisa que se trata de una sentencia que no está en firme y que a partir de ahora, procede el recurso de apelación que deberá plantearse ante el Tribunal correspondiente dentro de los tres días hábiles siguientes a su notificación.
Por ello, explica, la agrupación obrera hará un minucioso análisis de los alcances y considerandos de esa resolución a efectos de interponer el recurso de apelación correspondiente por ley.
El texto sindical recuerda que esta declaratoria de ilegalidad en primera instancia no produce los efectos ni de rebajo de salario, ni de despidos, ni tampoco aplica el plazo de retorno al trabajo en las 24 horas siguientes a la notificación, lo cual solo podrán aplicarse si el Tribunal de Apelaciones confirma el fallo recurrido luego de ser apelado.
De su lado, el presidente de la Asociación Nacional de Educadores, Gilberto Cascante, llamó a la calma a sus afiliados y adelantó que su agrupación interpondrá recurso de apelación, al tiempo que convocó para mañana a un Consejo de Representantes de Filiales Básicas y Regionales para analizar la situación.
‘No nos sintamos angustiados por algo que ya esperábamos’, apuntó y agregó que la situación específica la verán mañana en el mencionado Consejo, donde entre todos sus participantes, junto con la base sindical, la que tome la decisión final.
Con la del MEP son ya 17 las huelgas declaradas ilegales de las 32 presentadas por las instituciones públicas de Costa Rica, a instancias del presidente Carlos Alvarado, desde el mismo día en que comenzó la protesta, mientras solo dos han sido fallada a favor de los sindicatos.
Desde el 10 de septiembre pasado, afiliados a la Unidad Sindical y Social Nacional (USSN) -coalición de agrupaciones obreras y sociales- realizan una huelga general por tiempo indefinido contra el proyecto legal Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (plan o reforma fiscal), denominado combo fiscal por sus opositores.
Hasta el viernes anterior, el movimiento sindical exigía el retiro del combo fiscal de la corriente legislativa e instalar una mesa de diálogo multisectorial que adopte las medidas justas, equitativas y progresivas para reducir el elevado déficit del Gobierno y pusiera fin a la protesta.
Pero ese día, la Asamblea Legislativa sancionó ese proyecto legal por 35 votos a favor y 22 en contra -demostración de la polarización de la sociedad tica en torno al plan fiscal-, por lo que ahora los sindicatos esperan que sea el Poder Judicial quien lo declare inconstitucional
Mientras tanto, los afiliados a la USSN -excepto dos sindicatos que ya negociaron el fin de la huelga- mantienen las manifestaciones con carácter regional y marchas en esta capital hacia la Plaza de la Justicia.
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