La licitación 5G en Brasil se retrasó tantas veces y por tantos motivos que resulta fácil imaginar que pronto se resolverá. Es sencillo suponer, entonces, que una nueva postergación podría propiciar grandes debates y reclamos, pero ¿qué pasaría si el motivo fuera justo?, ¿y si se planteara agregarle al pliego la obligatoriedad de dar conectividad a las escuelas con 5G?, ¿no tendría sentido, entonces, sumar una mancha más al tigre?.
La necesidad de que la conexión de 5G llegue a las escuelas de Brasil fue el pedido que Tabata Amaral, diputada federal en San Pablo del Partido Democrático Laborista y activista por la educación de aquel país, realizó este jueves ante el Tribunal Federal de Cuentas (TCU), objetivo para el que sugiere un incremento de 450 millones de dólares (unos 2,54 mil millones de reales) en las obligaciones previstas en la tan esperada licitación por el espectro para esta tecnología.
“Nuestro pedido es que los municipios que tendrán acceso a 5G no solo tengan sus carreteras incluidas, sino también sus escuelas”, sostuvo la autora de la iniciativa, aunque hay rumores acerca de que esta solicitud, válida por donde se la mire, no tendrá lugar porque podría agregar incomodidades a la tantas veces postergada convocatoria. Sí, aunque la posibilidad de negar la conectividad a los centros educativos resulte a todas luces un disparate y hasta justifique una nueva prórroga a unos plazos hasta ahora inciertos y postergables.
La solicitud de incluir en la letra de la subasta de 5G el compromiso de conectar y llevar fibra óptica al 40 por ciento de las escuelas públicas brasileras, unas 14.295, incrementa los valores establecidos en la ordenanza 1.924/2021 del Ministerio de Comunicaciones y cita, a su vez, un compromiso previo del Estado brasilero, definido con el retiro del veto presidencial a la nueva Ley Fust, y en el que se prometió dar conectividad escolar de alta velocidad en 2024.
“Estamos hablando con Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel), el Ministerio de Comunicaciones y el TCU para que las escuelas públicas se incluyan como contraparte en el aviso 5G. Nos reunimos con el ministro Raimundo Carreiro, del TCU, relator del anuncio, y quien se comprometió con esta lucha. “¡La educación debe ser una prioridad!”, posteó este viernes Amaral en la red social Twitter.
La funcionaria hizo esta presentación al advertir que, sin la intermediación de una tecnología como 5G, es difícil lograr dicho objetivo, al tiempo que aseguró que esta solicitud “no representa un retraso” en el proceso de licitación, ni un impacto financiero significativo.
Sin embargo, la suma supera el costo de la polémica red de gobierno privado, estimado en unos 8,4 millones de dólares (780 millones de reales). “Este valor no considera todos los beneficios económicos que tendrían las empresas como una externalidad positiva debido a la implementación de la propuesta, debido a la posibilidad de ofrecer los servicios a todos los usuarios posiblemente beneficiados”, dice el texto presentado y por el que da fe Teletime.
“Un aviso público como el 5G bien podría implicar inversiones mayores, siempre que existan obligaciones relacionadas con esto. Dada la magnitud del desafío de conectar el 40 por ciento de las escuelas públicas a Internet de banda ancha para 2024, no hay forma más efectiva de promover este propósito que el anuncio de 5G”, reza la nota.
En el mundo actual, el acceso a internet es un derecho, al igual que a la educación, a la salud y a los alimentos. Sin embargo, la pandemia profundizó las brechas en todas esas necesidades básicas de la condición humana y resulta impensable que aún se escatime algunas de ellas. Más aún, cuando los avances tecnológicos vienen cargados con promesas de accesibilidad, velocidad y capilaridad.
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