Sindicatos de todo el mundo dicen «no» al Acuerdo Transpacífico

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Por iniciativa de la Internacional de la Educación, los sindicatos de docentes están exigiendo a sus gobiernos que la educación quede fuera del Acuerdo Transpacífico (TPP, por sus siglas en inglés) en vísperas de su firma oficial.

Los sindicatos de docentes están realizando un último esfuerzo para lograr que la educación se excluya de la negociación, dado que los países implicados pretenden firmar un pacto de amplio alcance, que engloba el 40 por ciento de la economía mundial, el 4 de febrero en Auckland (Nueva Zelanda).

Las organizaciones miembro de la Internacional de la Educación (IE) en los 12 países implicados (Australia, Brunéi, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur, Estados Unidos y Vietnam) han escrito a sus respectivos gobiernos para pedir que la educación no forme parte del acuerdo.

«Debemos recordar a los gobiernos que la educación es un derecho humano y un bien público y que tienen la responsabilidad de apoyar y ejecutar estos principios», declaró Fred van Leeuwen, Secretario General de la IE. «Los gobiernos implicados en el TPP van a firmar una vinculación legal y una normativa de comercio aplicable que fija el nivel de liberalización y, por tanto, evita que la gestión educativa regrese al sector público en un futuro».

Tras un análisis del texto del acuerdo, a la Internacional de la Educación y sus afiliadas les preocupan los posibles efectos del TPP en el sector educativo. En primer lugar, la educación no está excluida de forma explícita, hecho que expone al sector a mayores riesgos de privatización y comercialización, además de hacer peligrar la educación pública gratuita de calidad.

El TPP también impone nuevas normas restrictivas sobre la propiedad intelectual e incluye el controvertido mecanismo de Protección del Inversor (ISDS) que otorga a los inversores extranjeros derechos a impugnar leyes y regulaciones nacionales que estimen desfavorables para su negocio, en caso de un arbitraje privado.

«El sistema judicial para empresas del ISDS permite a las grandes multinacionales demandar a los gobiernos en base a cuestiones de calidad, resultados y acreditación, así como a estándares que son cruciales para garantizar una educación de calidad, aduciendo que estos constituyen «barreras ocultas al comercio» o «son innecesarios e imponen trabas»», afirmó van Leeuwen.