Se inicia proceso para acabar con la “universidades garajes” en Ecuador

Expresión de la mercantilización de la educación y la discriminación disfrazada de “oportunidad”

Se inicia proceso para acabar con la “universidades garajes” en Ecuador

En Ecuador, se dan certeros pasos para cerrar las universidades privadas de mala calidad, tristemente llamadas “universidades garaje” que son precisamente aquellas universidades de “bajo costo” en las que suelen estudiar un sector de la población con menores oportunidades. Estas universidades garajes han proliferado a lo largo de los años en América Latina y se sabe a ciencia cierta que es el lugar en el que van a estudiar los hijos de los pobres que no pueden acceder a una universidad pública y de calidad. La mercantilización de un derecho fundamental como lo es la educación ha ocasionado que crezca la matrícula universitaria de manera inversamente proporcional a su calidad.

En el año 2012 en Ecuador, una importante cantidad de universidades de estas características fueron suspendidas por el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de Educación Superior (Ceaaces). Con este proyecto se cerrarán 14 centros de estudio que no prestan las condiciones mínimas para garantizar la calidad. Los centros cerrados son las escuelas superiores politécnicas Ecológica Amazónica, Ecológica Profesor Servio Tulio Montero Ludeña y la Universidad Tecnológica América, Técnica Particular de Ciencias Ambientales José Peralta, Tecnológica San Antonio de Machala, Autónoma de Quito, Cristiana Latinoamericana, Alfredo Pérez Guerrero, Universitas Equatorialis, Panamericana de Cuenca, OG Mandino, Interamericana del Ecuador e Intercontinental. A ellas se suma la Escuela Politécnica Javeriana.

Es por ello que en la actualidad (enero 2016), ocho asambleístas votaron a favor y dos en contra del informe sobre el proyecto que intenta cerrar las llamadas universidades garaje. El proyecto consta de 16 artículos, tres disposiciones generales, una transitoria, dos derogatorias y una final. En este marco legal se establecen las reglas para terminar con las universidades y escuelas politécnicas que fueran suspendidas.

En el artículo 3 del proyecto, las instituciones de educación referidas tienen la obligación de constituir un fideicomiso mercantil de administración que estará bajo la tutela de la Corporación Financiera Nacional (CFN). Este fondo recogerá los activos y bienes de los 14 centros de estudios para destinarlos al pago de obligaciones de los extrabajadores. No se establece en el proyecto el pago a exdirectivos, expatrocinadores o exrepresentantes de las universidades suspendidas.

El asambleísta Raúl Abad, presidente de la Comisión y proponente de la propuesta, comentó que es necesario tener una ley para extinguir las universidades, ya que estas fueron creadas mediante ley por el que fuera el Congreso Nacional (excepto la Escuela Politécnica Javeriana que se constituyó mediante Decreto Ejecutivo). Tras cumplir con los pagos a los trabajadores, el excedente será invertido en los centros de educación superior públicos y privados que se mantienen en funcionamiento. Los estudiantes de los centros suspendidos tuvieron que salir a otras universidades acreditadas. Con esto, añadió Abad, se cerraría uno de los capítulos más difíciles en la educación superior en Ecuador.

En Latinoamerica, las “universidades garajes” se han convertido en un gran problema. Han proliferado debido a la lógica del Capital que lo mercantiliza todo, en este caso estamos en presencia de una de las expresiones de la mercantilización de la educación. Muchas personas denuncian que a varios legisladores les movió el interés personal de crear instituciones dedicadas a expedir títulos académicos a cambio de una cuota mensual. Con la complicidad de sus colegas, se lanzaron a lo que resultó un gran negocio para sí mismos y para sus allegados, y una pésima inversión de tiempo y dinero para los estudiantes.

Lo cierto es que los dueños de las universidades privadas no pueden olvidar que la educación es un derecho, y no un negocio más.

De aprobarse esta ley en Ecuador se estará conviertiendo en el país pionero por la lucha en contra de la estafa que les hacen a los jóvenes pobres que pagan “sus estudios” en este tipo de centros.