Author: Carlos Ornelas

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Oaxaca: nueva normalidad sindical

Carlos Ornelas

Por:  Carlos Ornelas

El lunes 17, la Conferencia Nacional de Gobernadores y la Secretaría de Educación Pública dieron a conocer a la opinión pública la existencia de más de 44 mil plazas docentes que no se justifican.

El director general del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, Germán Cervantes Ayala, declaró que, en ese estado, dada la beligerancia de la Sección 22, no se ha podido realizar la auditoría de la nómina educativa. Pero asegura que hay más de seis mil plazas irregulares. Más se tardó el director del IEEPO en asentar su dicho que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en brincar a la arena.

La S-22 declaró que no entregará documentación al IEEPO ni dará información de las plantillas docentes e impedirá la entrada de personal ajeno a la sección a los planteles. Incluso, sus voceros aseguraron que los seis mil puestos irregulares son aviadores extraños al movimiento. Aprovecharon el asunto para venir a la Ciudad de México. El jueves 20 unos cientos de ellos marcharon por el centro para exigir al gobierno federal la abrogación de la Reforma Educativa y la reinstauración de la mesa nacional de diálogo en la Secretaría de Gobernación.

Regresaron a su demanda central, pero utilizan sus armas para emplazar a la SEP y al IEEPO a que reinstalen en sus plazas a los más de 600 maestros despedidos por participar en los movimientos de oposición a la reforma, aunque en realidad el cese fue por ausentarse de las escuelas. El levantamiento no tuvo mucho eco; las vacaciones también tienen sus modos: desmovilizan hasta a los más aguerridos.

En el otro flanco también hace aire. Un personaje sui géneris, Humberto Alcalá Betanzos (HAB), insiste en que nació para ser líder sindical. Fue secretario general de la S-22 después de haber recorrido varios puestos en la jerarquía.

En 2006, al calor del movimiento de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, organizó una escisión de la S-22, obtuvo el apoyo de Elba Esther Gordillo (EEG) —que de ninguna manera fue gratuito—

y formó la Sección 59 del SNTE. En 2006, los disidentes de la disidencia, con apoyo de padres de familia y comunidades, se apoderaron de alrededor de 500 escuelas. La S-22 recuperó unas 400 a los pocos meses. Sin embargo, la S-59 era ya una punta de lanza de EEG contra la S-22.

Diarios regionales reportan, en diversos tiempos, que HAB pronto adquirió dotes de cacique. Colocó a familiares en la nómina y, cuando dejó de ser secretario general, ocupó otra cartera en el comité seccional. También formó un grupo tipo paramilitar denominado La Fraternidad.

El diario local Oaxaca Político publicó una foto de HAB despachando en una asamblea de la población de Santiago Laollaga escoltado por militantes de La Fraternidad, encapuchados y armados con fusiles. No pudo negar la veracidad de los hechos, pero dijo que se preparaban para defender a sus escuelas de los embates de la S-22. A partir de 2013, Alcalá Betanzos se transformó en una carga para el SNTE.

Sin embargo, él no se rindió. Se postuló de nuevo para secretario general de la S-59. Como no gozaba del apoyo de Juan Díaz de la Torre y sospechaba que no tendría mayoría, organizó una asamblea alterna a la oficial, en enero de este año. Acuso al Comité Nacional del SNTE y al IEEPO de intervención, pero su moción no prosperó.

La persistencia tiene beneficios y Humberto Alcalá es persistente; además, tiene experiencia. Organizó otra escisión, esta vez de la S-59, y conformó el Sindicato Independiente de Trabajadores de la Educación de México (SITEM) sección Oaxaca. Él es el secretario general. El Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje lo reconoció y le otorgó la toma de nota hace dos semanas.

Oaxaca ya tiene tres sindicatos en el sector educativo. Ésa será la nueva normalidad.

Fuente: http://www.educacionfutura.org/oaxaca-nueva-normalidad-sindical/

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El fantasma de la nulidad

Carlos Ornelas

19 de julio de 2017 / Fuente: http://www.excelsior.com.mx

Por: Carlos Ornelas

El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, despliega una actividad inusitada. Cada lunes visita una escuela, presenta estrategias para poner en marcha los programas que se derivan del Modelo Educativo para la Educación Obligatoria —ayer la de inglés, mañana la de las escuelas normales—, presume que más de 11 mil maestros de Oaxaca, Chiapas y Michoacán participaron en la evaluación del desempeño docente entre 2015 y 2017; además, se reúne con organizaciones de la sociedad civil y realiza giras internacionales.

Más allá de las razones obvias de tener presencia en los medios —no descarto que quiera ser candidato a la Presidencia— y seguir pujando por la reforma, me pregunto qué más puede haber en la acción política de Aurelio Nuño. No tengo respuestas seguras, al contrario, estoy colmado de dudas. Pero planteo dos conjeturas.

La reforma —que al final de cuentas sí es educativa y no nada más laboral y administrativa— nació con el derrotero que le marcaron los signatarios del Pacto por México. El primer propósito era retomar la rectoría de la educación, poner orden en un sistema de plazas caótico y debilitar —no eliminar— las tradiciones asentadas en el corporativismo reinante en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Al comienzo del sexenio, el contexto político, en parte creado por el mismo pacto, le resultó favorable al gobierno.

Sin embargo, como lo analizó Giovanni Sartori, en su Teoría de la democracia, la “regla de la unanimidad no puede funcionar en el seno de los grandes grupos”. Los partidos de oposición se separaron del pacto, ya por convenir a sus intereses, ya por errores del gobierno que no pudo mantener la alianza, ya por el desgaste temprano del presidente Peña Nieto.

Del 1 de diciembre de 2012 hasta, digamos, marzo de este año, cuando el gobierno presentó el modelo, regía “la política —educativa— como guerra”. Las relaciones entre el gobierno y las facciones del SNTE eran como un juego de suma cero, lo que uno ganaba lo perdía el otro y viceversa. Hoy, parece que nos acercamos a un juego de suma positiva.

En la teoría de juegos, la suma positiva se entiende como un proceso político donde todos ganan, debido a la cooperación entre los protagonistas. Por supuesto, hay actores políticos al margen, otros se separan solos, pero entre los que participan hay algo de ganancia, incluso para la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y las organizaciones de la sociedad civil, antes marginadas por completo. De nuevo, Sartori me proporciona bases para un argumento: “…a medida que nos desplazamos de construcciones analíticas hacia la política —entendida como un juego—, se hace necesario comprender que la política de suma positiva no tiene por qué ser de cooperación y bien puede ser un resultado de una combinación de cooperación y conflicto”.

Con esa construcción en mente, trazo mi primera conjetura. Nuño actúa como una locomotora en movimiento —y con bastante combustible— con el propósito de atraer actores a su causa, no adeptos al 100%, pero sí convencidos de que la reforma es necesaria y que hay que poner en práctica los postulados programáticos, no dejarlos plasmados en un documento. Allí la invitación a los actores antes excluidos, aunque tal vez perciba que su cooperación no será complaciente sino crítica. Pienso en organizaciones como Mexicanos Primero, Transparencia Mexicana, México Evalúa y el Instituto Mexicano para la Competitividad.

En las relaciones usuales con los representantes de los docentes, las reglas cambiaron; ya no son entre pares, como cuando Elba Esther Gordillo capitaneaba al grupo dirigente del sindicato. Aunque la SEP convenza a maestros disidentes de que se evalúen, el conflicto con la CNTE no se elimina; tampoco consigue la cooperación dócil del SNTE, pero lo mantiene a raya.

La segunda presunción sobre la acción trepidante de Aurelio Nuño tiene que ver con la idea de que la acción política de los gobernantes se manifiesta en resultados y se justiprecia con base en ellos. Él quiere entregar obra concreta, dejar nuevas instituciones funcionando y, así, blindar a la reforma o, al menos, asegurar que su faena no se venga abajo con el cambio de gobierno.

No obstante, por más acción que desarrolle el secretario Nuño, subsisten barreras que impiden avances y hay actores políticos que apuestan más por el conflicto que por la cooperación. La Reforma Educativa no está escrita en piedra ni su rumbo está determinado.

Fuente artículo: http://www.excelsior.com.mx/opinion/carlos-ornelas/2017/07/12/1175099

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Equidad e inclusión en educación.

Carlos Ornelas

Por: Carlos Ornelas.

Este jueves 6, el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, presentó la Estrategia de Equidad e Inclusión, como el inicio de la puesta en práctica de las propuestas del capítulo IV del Modelo Educativo para la educación obligatoria.

¡Otra promesa más!, dirán los críticos. Sin embargo, si la SEP no la hubiera presentado sería objeto de censuras por no cumplir. Atención, no desapruebo los reproches; a fin de cuentas, son acicates para que la alta burocracia se aplique más. Pero prefiero analizar antes que juzgar.

Observo que el secretario Nuño hace lo que se supone deben realizar los altos funcionarios: tomar decisiones. La presentación de la Estrategia va más allá de los temas programáticos e intenta ahondar en tácticas concretas. Además, lo hace en un tema apreciado por los abogados del proyecto democrático de Reforma Educativa.

La idea central de ese proyecto, como diría Amartya Sen, no se orienta a la caracterización de una sociedad “perfectamente justa”, sino a un ejercicio que pueda servir de base para un razonamiento práctico de cómo reducir la injusticia y avanzar hacia la equidad. Esto, bajo los enunciados de igualdad, libertad y reivindicación de los derechos humanos. No en todo, pero la Estrategia se aproxima a ese ideal.

A partir del diagnóstico planteado en el Modelo acerca de la desigualdad, rezago, exclusión e inequidad en el sistema escolar, el gobierno antepuso la inclusión y la equidad como alternativas para comenzar a resolver las deficiencias. El primer punto programático fue plantear un currículo incluyente (que Nuño presentó la semana anterior) y otros asuntos que hoy recoge la Estrategia.

Trata de blindar su Modelo, dicen unos. Puede ser correcto. Los propósitos gruesos de la Reforma Educativa se institucionalizaron en leyes y nuevas entidades desconcentradas o dentro de la SEP. La secretaría promueve ahora mecanismos para poner en práctica los objetivos.

Los instrumentos estratégicos son congruentes con el concepto de equidad de autores como Amartya Sen y Martha Nussbaum, con el planteamiento de la Organización de las Naciones Unidas sobre el derecho a la educación, y con los fines de inclusión plasmados en la Constitución.

La estrategia se sustenta en dos objetivos y seis ordenanzas. Los designios son: 1) romper nudos de desigualdad en el sistema escolar; 2) hacer efectivo el derecho a la educación mediante la instalación de infraestructura digna, escuelas de organización y tiempo completo.

Los seis preceptos de la Estrategia son: 1) prioridad a poblaciones indígenas y migrantes pobres; 2) inclusión —en las escuelas regulares— de personas con discapacidad; 3) énfasis en el desarrollo infantil temprano; 4) disminución de las brechas de género; 5) otorgar becas a quienes más las necesiten; y, 6) abatir el rezago educativo.

Estos fines y disposiciones no son la panacea ni implican que se realizarán en el plazo medio, cuando este gobierno ya no tenga capacidad ejecutiva. He platicado con colegas que esperan percibir más acción, ver en la práctica todos los planteamientos; critican a la SEP por su lentitud, por los huecos y los rezagos. También porque no disciplina a los gobiernos morosos. Entiendo sus preocupaciones, a mí también me gustaría comprobar más realizaciones. No obstante, observo las barreras que enfrenta. Advierto el vaso a medias, en lugar de verlo vacío.

RETAZOS

Cuando vi la foto de Luis Enrique Miranda en el presídium, me vino a la mente el refrán “vale más solo que mal acompañado”. ¿Pensaría Nuño lo mismo?

Aunque Aurelio Nuño pidió disculpas por haber extendido su retórica, parece que no percibe que hablar mucho disminuye el valor de sus palabras. Piezas breves, lógicas, bien construidas le ayudarían; y su auditorio lo agradecería, tal vez.

Fuente: http://www.excelsior.com.mx/opinion/opinion-del-experto-nacional/2017/07/09/1174557

Imagen: http://www.eluniversal.com.mx/sites/default/files/styles/f03-651×400/public/2017/07/06/sep.jpg?itok=TExZ3CaJ

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Educación nacionalista en Japón: una rectificación

Carlos Ornelas

Por: Carlos Ornelas

El 16 de abril publiqué en mi columna de Excélsior, “Nacionalismo y educación: Japón mira al pasado”. En ese artículo reseñaba mi preocupación por el resurgimiento del nacionalismo japonés, aunque lo trataba de explicar por las tensiones que provoca la política agresiva de Corea del Norte —los misiles norcoreanos no alcanzarían a llegar Estados Unidos, pero sí a Japón— y las controversias con China sobre la soberanía de islas en el Pacífico Norte.

Reseñé, con base en dos reportajes del Japan Times, que el gobierno del primer ministro, Shinzo Abe, permitió que el rescripto (o bula) imperial pudiera usarse como materia de enseñanza en las escuelas. También escribí: “Más alarmante aún. En su edición del 15 de abril, The Japan Times reportó que el gobierno japonés decidió tolerar el uso de la autobiografía de Adolf Hitler, Mein Kampf (Mi lucha), como material didáctico en las escuelas… Esto es motivo de preocupación no sólo para los educadores progresistas y liberales del Japón. También enerva a quienes nos comprometemos con un proyecto de educación democrática y para la democracia, aquí y en el mundo”.

No obstante que tengo cierto entendimiento de la educación de Japón, algo de su historia y de la práctica y ética laboral de los docentes japoneses, no conozco el funcionamiento de sus instituciones legislativas. Mi frase sobre la tolerancia a la lectura de Mein Kampf motivó a dignatarios de la embajada de Japón en México a invitarme a charlar. El ministro y subjefe de la Misión, Toru Shimizu, y el agregado cultural, Tomoyuki Yamagata, me explicaron con cierto detalle las reglas de la Dieta y las formas en que los diputados preguntan —e increpan, a veces— a los ministros de gobierno, incluso al primer ministro. Me hicieron el favor de traducir las preguntas de los diputados y las respuestas del primer ministro. La transcripción me movió a cambiar de opinión.

Diputados de oposición preguntaron al primer ministro si había la intención de cambiar la resolución de la Dieta — del 18 de julio de 1948— de excluir el rescripto como principio básico de la educación. Un diputado alegó que la bula se “basa en la soberanía del emperador, y la visión mitológica de kokutai (esencia nacional) porque claramente socava los derechos humanos fundamentales y deja dudas ante la confianza internacional”.

La respuesta, también por escrito, del primer ministro fue: “…de acuerdo con el propósito original del artículo 98 de la Constitución, la Cámara de Representantes con su resolución excluye estos Rescriptos mencionados y no reconoce su carácter de principio rector”. Pero sí mantiene que se promoverán la enseñanza de valores como piedad filial, solidaridad entre hermanos y amistades, lealtad y diligencia en el trabajo y los estudios. Además, que no será conforme al texto original ni exaltará la ideología de guerra.

Respecto al uso de Mi lucha, como material didáctico, Shinzo Abe fue contundente:

…se sabe que sí hay algunos casos en que se utiliza material didáctico citando alguna parte del libro de Adolf Hitler Mi lucha para estudiar el trasfondo histórico de la época en la que se escribió el libro. Por otra parte, si el libro es utilizado con el motivo de fomentar la discriminación basada en razas humanas, es por demás claro que este tipo de uso no es adecuado porque esto no concuerda con lo establecido por la Ley Básica de Educación.

Es decir, se utiliza, como en todo el mundo —excepto en Alemania, donde está prohibido por completo—, como fuente para otros estudios.

Mi error en la interpretación (aparte de desconocer la respuesta completa del primer ministro) tal vez provino del encabezado de la nota de Japan Times, del 15 de abril: “La autobiografía de Hitler Mein Kampf se une al regreso de rescripto imperial a las aulas”. Y no puse atención al final de la nota, donde el autor sentencia que “el gobierno decidió no prohibir el uso del rescripto imperial”. Pero no esclarece que el gobierno tampoco promueve el uso de Mein Kampf como material didáctico.

No me queda más que rectificar y pedir disculpas a los lectores, al gobierno japonés y a Excélsior por una interpretación errónea del texto y por basarme en una sola fuente. Sostengo lo que escribí acerca del rescripto y las recetas nacionalistas, si bien debo aclarar que no implica que el gobierno del primer ministro, Abe, quiera revivir toda la bula.

Aunque será imposible, haré esfuerzos por no volver a equivocarme.

Fuente: http://www.excelsior.com.mx/opinion/carlos-ornelas/2017/07/05/1173749

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UAM, cambio de rector y revoltijo

Carlos Ornelas

05 de julio de 2017 / Fuente: http://www.excelsior.com.mx

Por: Carlos Ornelas

Aunque las campañas comenzaron desde meses antes, la Junta Directiva (JD) de la Universidad Autónoma Metropolitana convocó el 5 de junio a la elección del rector para el periodo 2017-2021. Aclaro que hace cuatro años fui candidato a rector general. La JD designó a Salvador Vega y León; lo felicité en público y en privado e hice votos porque brillara su rectorado. No he recibido ningún agravio de él ni de su gente cercana; al contrario, agradecí el apoyo que me brindó en 2016 para mi participación en el Congreso Mundial de Sociedades de Educación Comparada. Mis juicios no se basan en una venganza.

A pesar de que la indiferencia reina entre la mayoría de profesores, estudiantes y trabajadores, entre quienes se preocupan de la vida universitaria hay descontento con la administración del rector. Acusan que se rodeó de un equipo cerrado, hablan de corrupción y nepotismo, de él y sus allegados, además de mala conducción en el Colegio Académico. Juzgan que maniobra para que su secretario general, Norberto Manjarrez, lo suceda en el cargo.

Entre chismes que pululan en las redes, que pudieran ser fake news, sobresalen reportajes serios sobre malos manejos financieros. El portal SinEmbargo (5 de mayo), por ejemplo, reseña que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró evidencias de un posible desfalco. La ASF presume un daño o perjuicio o ambos a la Hacienda pública federal por más de 253 millones pesos, más los rendimientos financieros generados. La UAM reportó dicho monto como pagado en la Cuenta Pública 2015. La rectoría no acreditó en qué se usaron los recursos ni comprobó su destino final.

Los diarios del 19 de junio informaron del reclamo de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México por no haber aplicado 20 millones de pesos que esa institución confirió a la UAM para la remodelación de la Casa de la Paz; trabajo que no se ha comenzado hasta la fecha.

No presumo, menos acuso, que el rector se haya embolsado el dinero; pero la falta de cuentas claras siembra desconfianza entre los universitarios. El nepotismo es un asunto que sí puede comprobarse. El año pasado, el rector forjó un puesto para su esposa y él y sus colaboradores acomodaron a parientes en la nómina.

En aras de mantener el control de la UAM, el grupo dirigente empezó a preparar la sucesión desde el año pasado. Recurrió a una maniobra leguleya que puede traer consecuencias nefastas a la universidad. Mediante una interpretación mañosa del artículo 8 de la Ley Orgánica, el rector se deshizo de cuatro miembros de la JD. Este artículo establece que, para ser miembro de ella, debe tener más de 30 y menos de 70. De fea manera, solicitó a las distinguidas académicas —externas a la UAM— Ana María Cetto y Patricia Galeana que abandonaran la Junta. Lo mismo hizo con Enrique de la Garza Toledo y Carlos Pallán Figueroa.

Los despedidos quizá se molestaron, pero no reclamaron nada, al menos no en público. Carlos Pallán, exrector de la Unidad Azcapotzalco y exsecretario general de la ANUIES, no se arredró. Interpuso un amparo, que un juez rechazó, pero en la apelación un tribunal colegiado le ordenó que lo revisara. La rectoría pidió al juez rechazar la queja alegando que no hay perjuicio, ya que no es empleado de la UAM. Pero Pallán promovió su amparo por violación a sus derechos humanos.

En la segunda vuelta, el tribunal sostuvo que durante el juicio de amparo se verificará si estos actos violan los derechos humanos del quejoso. El tribunal enfatizó que su sustitución como “miembro de la Junta Directiva no es un acto consumado”. En caso de que el juzgado falle en favor de Carlos Pallán, la UAM deberá restituirlo en el cargo (Reforma, 16 de junio). ¿Qué pasará con la persona que lo sustituyó? Aparte de la vergüenza, es posible que la designación del nuevo rector sea recusada por ilegalidad.

La sustitución de los miembros de la JD fue con el fin de allanar el camino a la rectoría para Norberto Manjarrez. Él ya fue candidato y la Junta lo rechazó porque compró un título de doctor de la Pacific Western University. Además, lo hizo cuando la UAM ya había desconocido a cuatro académicos que incurrieron en la misma falta de lesa academia, como diría Burton Clark.

Hoy, Manjarrez ya no usa el grado de doctor, sólo el de maestro en ciencias. Pero haber adquirido de manera fraudulenta un doctorado habla de su —falta de— ética. No reúne el requisito de honorabilidad que exige la ley. La Junta Directiva no debe equivocarse.

Fuente artículo: http://www.excelsior.com.mx/opinion/carlos-ornelas/2017/06/28/1172384

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UAM: Rumbo a una crisis de legitimidad

Carlos Ornelas

Por: Carlos Ornelas

A mediados de los 70, Jürgen Habermas escribió Legitimation Crisis. No se refería sólo a la política, incluía al gobierno de instituciones. Afirmó que una organización entra en crisis de legitimidad cuando pierde o merma sus capacidades para mantener estructuras eficientes para alcanzar sus fines.

Si bien los sucesos de la semana pasada culminan una etapa de deterioro que viene de tiempo atrás, el proceso de designación del nuevo rector de la Universidad Autónoma Metropolitana incide en el malestar de la comunidad.Eduardo Abel Peñalosa Castroarriba al cargo con un déficit de legitimidad debido al procedimiento de la Junta Directiva.

La irritación entre diversos actores de la UAM no es gratuita. Las protestas abundan en charlas de pasillo, redes sociales y comunicaciones formales. Me apego a hechos verificables:

La Junta sesionó con siete de nueve miembros. El Colegio Académico no escogió a quien sustituiría a Enrique de la Garza Toledo. Otra integrante estaba fuera del país.

El tiempo de auscultación fue breve, insuficiente para escuchar todas las voces que querían expresar sus puntos de vista.

Sin explicación razonable, la Junta sólo citó a tres de 12 candidatos para escuchar sus propuestas. Por primera vez en su historia no convocó a ningún rector en ejercicio. Tampoco a quienes cabían en el supuesto de que cumplirían 70 años durante su rectorado.

Tras concluir las entrevistas, el 28 de junio, los miembros de la Junta comieron, luego sesionaron y en menos de cuatro horas acordaron designar al nuevo rector.

¿A qué hora leyeron los cientos de comunicados de colegas que no pudieron auscultarse en persona, pero enviaron por escrito sus opiniones? ¿Por qué tomaron una decisión trascendente con tanta premura?

Esta concatenación de hechos levanta sospechas entre la comunidad. La primera: buena parte del proceso fue una finta para justificar —que no legitimar— una decisión tomada con anterioridad. Los más desconfiados aseguran que fue para garantizar la continuidad. Claro, el grupo dominante hubiera preferido a Norberto Manjarrez. Pero, en caso de que él no pudiera transitar —por el doctorado fraudulento— Eduardo Peñalosa representaba el plan “B”.

Además de las quejas de profesores y trabajadores, en un hecho inédito, cuatro rectores de Unidad —Patricia Alfaro Moctezuma, Xochimilco; Octavio Nateras Domínguez, Iztapalapa; Romualdo López Zárate, Azcapotzalco; y Emilio Sordo Zabay, Lerma— que aspiraban a conducir a la UAM, dirigieron una carta a la Junta. En ésta expresaron que varios de los aspirantes cuentan con una “sólida trayectoria académica y administrativa y con apoyos significativos evidentes por parte de la comunidad”. Consideran que la decisión es injustificable y que “va en contra del espíritu universitario de apertura e intercambio de ideas”. Además, que “profundiza aún más el ambiente de crisis por el que transcurre nuestra institución”.

El panorama es grave. A pesar de los esfuerzos del rector saliente, Salvador Vega, y su grupo, en su sesión del 29 de junio, el Colegio Académico no aprobó los estados financieros de 2016. Se exhibieron controversias entre el contralor y las autoridades. Éste manifestó que tuvo limitaciones para realizar su labor. Todo agranda la desconfianza.

El malestar en la UAM es mayúsculo. No puede decirse que esté en una crisis. La institución es sólida e inteligente; tiene normas y reglas que se cumplen, pero cada vez es más complicado mantener armonía en la comunidad. El grupo dirigente la mantiene llena de agravios. Quizá, si no hay correctivos institucionales, entonces sí, pronto enfrente una crisis de legitimidad.

Retazos

Más leña a la hoguera: Oscar Terrazas Revilla, el decano de la Junta, renunció a ella este jueves.

Fuente:

UAM: Rumbo a una crisis de legitimidad

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Universidad de Durango: otra vez al borde

Carlos Ornelas

28 de junio de 2017 / Fuente: http://www.excelsior.com.mx

Por: Carlos Ornelas

La Universidad Juárez del Estado de Durango se encamina a un conflicto más, una lucha descarnada por la rectoría y el control del presupuesto, a más de un año de distancia. Aunque el rector, Óscar Erasmo Návar García, entró por puerta falsa, parece que ha ganado legitimidad. Pero es improbable que pueda conducir a la UJED a un cambio institucional que le otorgue cierta estabilidad y modernice su arcaico método de elección de autoridades.

El Consejo Universitario es el máximo órgano de gobierno. Lo componen el rector, las demás autoridades, todos los profesores y un representante de los alumnos por cada escuela o facultad. Rige el principio de una persona, un voto. La compra o el control de sufragios es una regla, al menos desde 1974.

Un poco de historia para esclarecer el punto de por qué se avecina otra pugna. Tras un conflicto de 18 meses en que dos personas se ostentaban como rectores de la UJED, desde el centro forzaron a intervenir —contra su voluntad— al entonces gobernador, Maximiliano Silerio. Dialogó con todos los grupos y encontró la forma. José Ramón Hernández Meraz cumplió cuatro años y se reeligió. Murió en el cargo en junio de 2003. Quien era el contador, Rubén Calderón, ganó la elección. Duró en el puesto diez años. Era casi seguro que en 2010 se reelegiría, tenía el control de la Junta Directiva, del Consejo Universitario y de la mayoría de los catedráticos por vía de los directores.

Jorge Herrera Caldera recién tomó la gubernatura del estado ideó un golpe de mano escabroso para impedir la reelección del rector, quien, suponía, había apoyado a su rival. En un clásico madruguete, el Congreso modificó la Ley Orgánica de la UJED y suplantó al Consejo Universitario. En septiembre de 2010 designó a Patricia Herrera como rectora. Duró siete días en el cargo.

Luego, el Congreso modificó la Ley Orgánica de nuevo y, mediante el control del Consejo, el gobierno manipuló para que Javier Castro Hidalgo fuera el nuevo jefe de la Universidad. Éste fue rector de papel. Es conocido que fue el gobernador —por medio de su hermano Antonio— quien gobernó en la UJED. Con éste acordaban los directores de las dependencias, él decidía quién sería jefe de escuelas y facultades.

El gobernador Herrera removió a Castro. En diciembre de 2012, el Consejo, controlado por el gobierno, designó a Erasmo Návar como rector. Le tocó la faena dura. No tenía legitimidad interna ni resistía los embates del hermano del gobernador.

El mundo cambió en 2016. José Rosas Aispuro Torres, en una alianza PAN-PRD, le ganó al candidato del PRI. Miembros de un comité de defensa de la autonomía le pedían que quitara a Návar y pusiera a uno de ellos, leal al exrector Calderón, quien es hoy secretario de Educación en el estado. Aispuro Torres respondió que no repondría una violación a la ley con otra. Pero sus funcionarios, empezando por Calderón mismo, no dejan de echar leña al fuego. Falta mucho para el cambio y ya hay una decena de candidatos y todos dicen contar con el apoyo del gobernador.

Entiendo que Aispuro Torres no quiera meter las manos. Aparte de que no desea violar la autonomía, tampoco ansía broncas con grupos que tienen voz, que pueden armar líos o agenciarse apoyos de otros políticos (del presidente municipal, por ejemplo). Sin embargo, el puesto de mando le exige velar por la paz y la tranquilidad en el estado. La UJED —con todo y sus defectos y prácticas corruptas— es una institución de peso. El riesgo de otra crisis está en puerta.

Pienso que el gobernador tiene la coyuntura histórica de hacer política de la buena, sin transgredir la autonomía. Puede convocar a los universitarios a hacer propuestas para una reforma a su ley orgánica, como lo proponen exalumnos y profesores de la Universidad, según lo analiza Leobardo García Orrante en un artículo en El Sol de Durango (2 de mayo). Esto, bajo dos premisas. Una, que quede claro que la UJED seguirá siendo (incluso más) autónoma. Dos, que no se vulnerarán los derechos laborales.

La UJED requiere una ley orgánica moderna que aminore las querellas entre grupos, que garantice que el jefe de la Universidad tenga grados académicos decorosos y fama pública. Hoy, quien controla el presupuesto puede hacer mayoría en el Consejo, aunque no tenga mérito académico alguno. Establecer una Junta de Gobierno no resolvería todo, pero aligeraría la compra descarada de votos o el voto forzado.

El gobernador tiene la oportunidad de prevenir una crisis en la UJED.

Fuente artículo: http://www.excelsior.com.mx/opinion/carlos-ornelas/2017/06/21/1171018

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