Estados Unidos / 12 de mayo de 2019 / Autor: Edith Bracho-Sanchez / Fuente: CNN en Español
Los adolescentes transgénero y de género no binario en EE.UU., aquellos cuya identidad sexual está fuera de lo masculino y femenino tradicionales, corren mayor riesgo de sufrir agresiones sexuales en las escuelas que les niegan el acceso a baños o vestuarios que coincidan con su identidad sexual, según un nuevo estudio.
Los investigadores analizaron datos de 3.673 adolescentes en el LGBTQ Teen Study, una encuesta web anónima de niños de 13 a 17 años en EE.UU. Estudiantes que informaron que los maestros o el personal les dijeron que no podían usar los baños o los vestidores en la escuela de acuerdo con su identidad sexual se clasificaron como teniendo “acceso restrictivo”.
Más de 1 de cada 4 estudiantes en el estudio, o el 25,9%, informó haber sido víctima de agresión sexual en los últimos 12 meses. Los adolescentes transgénero y de género no binario que estaban sujetos a restricciones de baño o vestidor tuvieron una prevalencia aún mayor de agresión sexual, con un 36%, según los hallazgos, publicados el lunes en la revista Pediatrics.
Las tasas de agresión sexual en adolescentes no transgénero en EE. UU., aquellos cuya identidad de género coincide con el sexo asignado al nacer, son del 15% para las niñas y del 4% para los niños, según la Encuesta de Vigilancia de Conducta de Riesgo Juveniladministrada por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU.(CDC, según sus siglas en inglés).
“Desafortunadamente, el acceso de los niños a los baños y vestidores se ha politizado mucho en algunas comunidades”, dijo Gabriel Murchison, doctorando en la Escuela de T.H. Chan de Salud Pública de Harvard y autor principal del estudio.
Las investigaciones han demostrado que las políticas restrictivas atraen atención negativa no deseada a los adolescentes trans y de género no binario, pero hasta este estudio no estaba claro si había una conexión con la violencia sexual, dijo Murchison.
Explicó que el estudio solo puede establecer una asociación, no si las propias restricciones causaron el asalto sexual. “Pero ciertamente son un fuerte indicador de entornos donde los niños están en riesgo”, agregó.
El debate sobre el baño llegó a la conciencia nacional con algunos casos recientes.
Los casos de alto perfil provocan el debate
En 2018, un tribunal federal falló en contra de un distrito escolar de Virginia que prohibía a Gavin Grimm, un estudiante transgénero, usar el baño de los niños en la escuela. El fallo se produjo cuatro años después de la queja inicial de Grimm.
Más tarde ese año, los tribunales federales dictaminaron a favor de un estudiante trans en la Florida y otro en Pensilvania a quienes el personal de la escuela les prohibió usar baños consistentes con sus identidades sexuales.
En 2016, los legisladores de Carolina del Norte aprobaron el HB2, que prohibió a las personas usar baños públicos que no correspondían a su sexo biológico, como se indica en sus certificados de nacimiento. Se convirtió en el primer estado en aprobar lo que se conoció como el “proyecto de ley del baño”. La reacción violenta causó enormes pérdidas económicas para el estado: unas empresas cancelaron sus planes de expansión y la NBA trasladó su juego estelar de Charlotte. La ley fue derogada en 2017.
También ese año, otros 19 estados consideraron la legislación del “proyecto de ley del baño”, destinado a restringir el acceso a los baños multiusuario, vestidores y otras instalaciones segregadas por sexo según la definición de género como sexo asignado al nacer, según la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales. En más de la mitad de los estados, la legislación estaba dirigida específicamente a las instalaciones en las escuelas.
Dakota del Sur aprobó una legislación en 2016 que luego fue vetada por el gobernador.
California, por otro lado, promulgó el proyecto de ley 1266 de la Asamblea en 2013, convirtiéndose en el primer y único estado en el momento en otorgar a los estudiantes de las escuelas públicas de jardín de infantes a 12º grado el derecho a usar los baños y los vestuarios de manera consistente con su identidad de género afirmada. Según un editorialpublicado junto con el nuevo estudio.
Las políticas restrictivas a menudo se basan en el miedo
Las políticas que restringen el acceso al baño y los vestidores suelen estar basadas en el miedo, explicó Diane Ehrensaft, psicóloga clínica y cofundadora del Centro de Género para Niños y Adolescentes de la UCSF, y el Dr. Stephen Rosenthal, director médico de la clínica, en el editorial.
Se cree erróneamente que los estudiantes no transgénero son los que corren el riesgo de sufrir una agresión sexual por parte de los “intrusos transgénero” o por los depredadores que se hacen pasar por estudiantes transgénero, escribieron. “A veces, es el personal de la escuela quien mantiene esta actitud. A veces, los padres ansiosos y enojados no quieren que sus hijos estén expuestos o ‘dañados por’ los jóvenes de minorías de género en su escuela”.
El nuevo estudio, explican Ehrensaft y Rosenthal, demuestra que el daño sexual se hace a, y no por, los estudiantes trans y de género no binario.
Limitar el acceso al baño perjudica a los estudiantes de varias maneras
Hay varias razones por las cuales no se permite que los estudiantes usen baños consistentes con su identidad de género y que pueden ponerlos en mayor riesgo de sufrir una agresión sexual. Las restricciones del baño pueden hacer que los compañeros sepan el estado de los adolescentes como una minoría de género, explican los autores, lo que a su vez puede hacer que sean más propensos a ser víctimas de abuso.
Las políticas también pueden ser indicadores de un ambiente escolar hostil.
“No es sorprendente que algunos eviten el uso de baños”, explicaron Ehrensaft y Rosenthal en el editorial. Esto significa que los adolescentes pueden no tomar suficientes líquidos y pueden ignorar la necesidad de usar el baño, lo que resulta en infecciones del tracto urinario, intestinos impactados y evitar la escuela por completo, agregaron.
Para las escuelas que buscan mejorar la seguridad, Murchison señala a los estudiantes como la mejor fuente de orientación.
“En algunas escuelas, los baños y los vestidores pueden ser el mayor problema, pero en otras escuelas puede ser algo diferente”, dijo. “Los estudiantes también pueden identificar ‘zonas peligrosas’ para el acoso y la violencia dentro del edificio escolar que necesitan ser supervisados más de cerca”.
Algunas escuelas han designado baños para todos los géneros que pueden ser utilizados por cualquier estudiante. Aunque esto puede ser útil, Murchison advierte que no debe ser la única opción disponible para estudiantes trans y de género no binario.
Ralph Ellis, Holly Yan y Nick Valencia de CNN contribuyeron a este informe.
Estados Unidos / 12 de mayo de 2019 / Autor: Ecoaula / Fuente: El Economista
Ha trabajado durante más de veinticinco años con educadores
La Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC) acogió hoy la IX Jornada de Intercambio de Buenas Prácticas Docentes «La tradición como reto de la innovación», un evento en el que el Dr. Robert Swartz, creador del método Thinking Based Learning (TBL), acercó con su masterclass «Innovando y transformando el Aprendizaje mediante el pensamiento: Nuestro compromiso como educadores», la puesta en marcha en el aula de su sistema de enseñanza del pensamiento. Además, se presentaron los trabajos galardonados del VIII Premio de Buenas Prácticas Docentes de Innovación Educativa organizado por Escuelas Católicas Castilla y León para sus centros educativos.
«Nuestras aulas deben cambiar de aulas centradas en el profesor, ya que los alumnos son aprendices pasivos, para convertirse en estudiantes activos, capaces de pensar de manera crítica, tomar decisiones, y aprender de ellas», explicó Robert Swartz en su charla, que insistió en la necesidad de «aprender a pensar de forma más cuidadosa y exacta», comentó. «Las piedras angulares de las nuevas aulas del siglo XXI son: pensamiento, comunicación y colaboración. Las aulas del siglo XXI ayudan a los estudiantes a desarrollar competencias en cada uno de estos puntos para usarlos en sus vidas», analizó.
Swartz aboga por «enriquecer y crear una estructura de información, poner en común cosas que los estudiantes ya conocen con cosas que están descubriendo». «Todo el mundo piensa, pero no todo el mundo piensa con el cuidado y la habilidad que debería», afirma. El experto cree que pensamos mal porque realizamos «un pensamiento superficial, precipitado, de miras estrechas, poco claro y desorganizado» y la solución pasa por enseñar destrezas de pensamiento: «Enseñar a los alumnos a realizar esto cuando tomamos decisiones, resolvemos problemas, predecimos, relacionamos, comparamos, contrastamos ».
La masterclass de Robert Swartz entronca con las líneas de actuación de fomento del pensamiento crítico, creativo y divergente impulsadas desde el Equipo Rectoral para que los estudiantes desarrollen una Empleabilidad inteligente en conexión con la demanda del mercado profesional y del mundo empresarial.
La Rectora de la Universidad Europea Miguel de Cervantes, Imelda Rodríguez Escanciano, acompañada por el Secretario Autonómico de FERE-CECA Castilla y León, Leandro Roldán Maza, han sido los encargados de inaugurar un encuentro que ha estado abierto a la participación de profesionales del sector educativo de Centros privados, concertados y públicos, y a la Comunidad Universitaria de la UEMC.
Esta jornada formativa sirve para dar a conocer nuevas tendencias de enseñanza-aprendizaje, métodos formativos innovadores y se presentaron varias propuestas de investigación de alumnos del Máster Universitario en Formación del Profesorado de la UEMC y los tres trabajos ganadores del VIII Premio de Buenas Prácticas Docentes de Innovación Educativa organizado por Escuelas Católicas Castilla y León junto a la Universidad Europea Miguel de Cervantes.
El Colegio Nuestra Señora del Pilar (Soria) consiguió el primer premio por su propuesta «Emprendizaje». El segundo premio fue para el Colegio La Inmaculada (Camponaraya, León) con la actividad «El Capitolio de TAFAD» y el tercero para el Colegio La Milagrosa (Salamanca), con su trabajo «Literatours».
Padre del Thinking Based Learning
Robert Swartz es Doctor en Filosofía, graduado en la Universidad de Harvard y profesor emérito en la Universidad de Massachusetts en Boston. Se le considera una de las personalidades más influyentes en el campo de la educación mundial y es el pionero en la inclusión del pensamiento crítico y creativo en los contenidos curriculares. Swartz es el ideólogo del método «Aprendizaje basado en el pensamiento» (TBL, por sus siglas en inglés) que enseña a los estudiantes a tomar decisiones a partir de un razonamiento crítico y a pensar de manera creativa y autónoma.
Ha trabajado durante más de veinticinco años con educadores de colegios y universidades alrededor del mundo, desarrollando e impartiendo cursos de formación profesional sobre la infusión del pensamiento crítico y creativo en los contenidos curriculares. Además, ha sido durante muchos años consultor para el National Assessment of Educational Progress en los Estados Unidos y ha participado en numerosos proyectos de innovación curricular y educativa en diversos países como Australia, Nueva Zelanda, Arabia Saudí, Malasia o Chile, entre otros. Actualmente es miembro del comité organizador de la Conferencia Internacional sobre Pensamiento (International Conference on Thinking, ICOT).
Estados Unidos / 12 de mayo de 2019 / Autor: Redacción / Fuente: Contrainformación
Millones de estadounidenses en edad de jubilación deben alrededor de 86 mil millones de dolares en préstamos estudiantiles Oficina de Protección Financiera al Consumidor (CFPB
Más de 3 millones de estadounidenses mayores de 60 años deben alrededor de 86 mil millones de dolares en préstamos estudiantiles, según los datos de la Oficina de Protección Financiera al Consumidor (CFPB).
Según informes presentados por la CFPB, muchos estadounidenses mayores ahora están recurriendo a los ingresos derivados de seguros sociales para pagar la deuda adquirida cuando eran estudiantes, creando una situación de pobreza a lo largo de toda la vida de estas personas.
«Nos metimos en esta crisis porque los gobiernos estatales y federales decidieron que (…) preferirían recortar los impuestos para multimillonarios y corporaciones gigantes y descargar el costo de la educación superior a los estudiantes y sus familias», escribió Warren en una entrada de su blog, agregando que «es hora de terminar ese experimento».
Recomendamos la lectura del portal Otras Voces en Educación en su edición del día domingo 12 de mayo de 2019. Esta selección y programación la realizan investigador@s del GT CLACSO «Reformas y Contrarreformas Educativas», la Red Global/Glocal por la Calidad Educativa, organización miembro de la CLADE y el Observatorio Internacional de Reformas Educativas y Políticas Docentes (OIREPOD) registrado en el IESALC UNESCO.
00:00:00 – España: La mitad de los catedráticos y el 15 por ciento de los profesores universitarios se jubilarán en los próximos siete años
06:00:00 – Lineamientos curriculares para la aplicación del eje transversal educación y perspectiva de género en séptimo, octavo y noveno grado de educación básica general (PDF)
En nuestro portal Otras Voces en Educación (OVE) encontrará noticias, artículos, libros, videos, entrevistas y más sobre el acontecer educativo mundial cada hora.
Liz Kleinrock se ha propuesto enseñar consentimiento sexual a sus alumnos, niños de ocho o nueve años del World Charter School de Los Ángeles, ante las últimas noticias al respecto en su país. Pero lo que en principio iba a ser material para el colegio se ha convertido en un esquema viral compartido por medio mundo.
«La frustración por el estado de nuestro país me inspira para enseñar a mis chicos a hacer el bien. Hoy hablamos de consentimiento, explorando áreas grises como cuando alguien dice «sí» pero su lenguaje corporal dice «no». Hay que enseñarlo de forma explícita», explica en la publicación de Instagram.
El cuadro que triunfa en la Red es muy sencillo. Primero, se pregunta qué es el consentimiento y responde: «decir sí o no, tener permiso para hacer algo». Y a partir de aquí, desgrana las diferentes situaciones y reacciones.
¿Cómo suena el consentimiento? («Tiene que sonar positivo y con entusiasmo»)
«¡Sí!»
«¡Claro!»
«¡Por supuesto!»
«¡Ok!»
«Sí, por favor».
¿Cuándo necesitamos preguntar por consentimiento?
Para dar abrazos.
Para pedir cosas prestadas.
Para tocar a otra persona.
Besar.
Secretos.
¿Qué pasa si…?
Quieres un abrazo pero la otra persona no.
La otra persona dice «no» pero está sonriendo.
Estás abrazando a la otra persona pero cambia de parecer.
Esa persona te dejó abrazarle ayer pero hoy no quiere un abrazo.
La respuesta es simple: no hay consentimiento.
¿Qué puedes hacer para no dar ese consentimiento?
«No me siento bien ahora mismo».
«Quizás en otro momento».
«No me gusta eso» / «No quiero eso».
«No, gracias».
«Pregúntame más tarde».
Para practicar todos estos conceptos, la profesora planteó juegos durante dos semanas en los que el alumnado debía plantear situaciones y explicar sus ideas al respecto.
El resultado es totalmente satisfactorio para ella, que considera un éxito esta práctica: «Demuestra que estudiantes de ocho o nueve años son más inteligentes y tienen más inteligencia emocional que la mitad del Congreso».
También realizaron cómics y dibujos al respecto, y presentaron textos sobre lo que creían que era el consentimiento. «Es importante porque, si no lo haces, es posible que no confíen en ti la próxima vez que preguntes», decía uno de los niños.
Editors discuss new volume of essays on the ways higher education is changing because of issues of race, gender and sexuality — and how they think higher ed needs to change even more.
Diversity and inclusion are topics of conversation at most American colleges and universities. So are reports of frustrations of many students, faculty members and others who feel colleges are still designed for people of privilege — generally those who are white and are middle or upper class. And so are reports of frustrations that many college leaders have a hard time understanding that issues are not just about black people or women or gay people, but that issues relate to many people in multiple groups and with multiple identities and needs.
That is central to intersectionality, the frame for the essays in Intersectionality and Higher Education: Identity and Inequality on College Campuses (Rutgers University Press). The editors of the collection are W. Carson Byrd, associate professor of sociology at the University of Louisville; Rachelle Brunn-Bevel, associate professor of sociology and anthropology at Fairfield University; and Sarah Ovink, associate professor of sociology at Virginia Tech.
They responded via email to questions about the new book:
Q: Do you think race relations in American higher education are getting better or worse these days?
A: More campuses are engaging the concerns of historically underrepresented students than in the past, but as always, more work needs to be done. Similar to institutions around the nation, our campuses have announced plans to dramatically increase the proportion of the undergraduate student body that identifies as first generation or as members of minoritized groups. At the same time, there is a tense pushback from those trying to bring hate speech (in the guise of “free speech” and “dialogue”) onto campus.
In response to student demands, administrators are working with students using the powerful example set by students at the University of Missouri to reform policies for accountability and acknowledge that racism is an institutional reality and not limited to what one person may do on campus. That said, institutions of higher education are small-c conservative; they are slow to change, and they often rely on tradition as a bulwark of their prestige. Most university administrations are still predominantly white and male as they have been in the past. We still have racial disparities in hiring and promotion of faculty.
Students are still battling for more curricular offerings and resources that recognize and support marginalized communities. It is important for researchers and those who care about the future of higher education in general to take note of when campuses are making full-faith efforts toward actions that can have real benefits for race relations — or as we would prefer to think of it, reducing oppression and increasing inclusion — such as improving racial and ethnic diversity in faculty hiring, slowing the tide of adjunct positions that do not pay a living wage, and taking action when campus community members report bias and discrimination. In the short term, this may look like “worse” relations, because these can be painful topics. But we won’t get to “better” without putting in that difficult work.
Q: In terms of linking race and gender, many colleges have noted that their black enrollments are majority (in some cases overwhelmingly) female. This seems true at historically black colleges and majority white institutions. How might colleges deal with the particular issues facing black men?
A: Most undergraduate populations at colleges and universities in the United States are majority female. This is true for all racial and ethnic groups. However, this is particularly true for black undergraduates and it has been true for a long time, in fact. Some institutions now have mentoring groups targeted toward black men or men of color where junior and senior students, faculty and staff help first-year and sophomore students get acclimated to life on campus …
Reaffirming their experiences in academia, supporting their degree pursuits and assisting with exploring career options after college, providing support networks and resources to help students navigate difficult circumstances on campus as well as off, and other extensions of this work are vital to supporting black men and other men of color historically excluded from many institutions across the nation. It’s also important to note that “majority female” does not mean that women no longer experience discrimination or sexist treatment in higher education. We should continue to pay attention to institutional features that were built without people of color including women in mind as we move toward a more equitable vision of institutional support for students, staff and faculty that takes into account how racial and gender disparities intertwine to inform future initiatives and efforts.
Q: At many campuses, Latinx and Asian populations are growing at faster rate than are black students, and colleges boast about growing minority enrollments. What do you make of this?
A: We have seen many changes in enrollments for students of color, and it’s important to not “run with the numbers” without critically examining what they may mean for issues of access and inclusion. Many institutions post enrollment numbers for students of color without disaggregating by racial and ethnic groups, or without pointing out what proportion are made up of international students, who tend to be wealthier than U.S.-born students. For example, people often lump all Asian and Pacific Islander students together, which can hide disparities that affect certain ethnic groups and can shift perspectives of where campuses should improve their support for students or not.
Also, rates vary for groups depending on the type of postsecondary institution (private liberal arts college, research-intensive university, community college, Hispanic-serving institution, etc.) and geographically. That said, getting more students of color through the college gates does not equate to being more supportive and a racism-free campus. If institutions want to boast about their increasing racial and ethnic diversity as a key aspect of marketing, then these institutions have to seriously consider how such a marketing approach speaks more to using students for money-generating purposes rather than showing their support for these students.
As the recent American Council on Education report on race and ethnicity in higher education poignantly describes, increases in student representation on campuses does not mean these institutions assist students toward graduation or avoiding mounds of student loan debt. There are many efforts that administrators must pursue to support students who are historically excluded and underrepresented at their institutions. These efforts are dependent upon the context of the specific institution and cannot be easily fixed by seeking universal solutions that seem to work at other institutions, even if they have similar contexts, because each institution must reflect on its own needs and goals to build a more holistic approach to supporting students, not just increasing diversity.
Q: Your book includes faculty experiences — particularly those of adjuncts, who on many campuses include many minority academics. Many books about diversity in higher education focus either just on students or just on faculty members. You have both (plus staff members and grad students). Why is it important to consider all of these groups?
A: We aimed to provide readers with a broad discussion of how people in different positions experience higher education, and highlight groups who may not be fully included in conversations about the inequalities on our campuses. What is sometimes overwhelming is to consider that all of these experiences are happening simultaneously at the same institution, and putting this volume together can move discussions forward about how multiple experiences with inequalities are related to explore possible solutions.
For example, the conversations about graduate student experiences are vital for identifying ways to be more supportive of the next generation of faculty and limit reproducing the same issues of marginalization and alienation in our departments. Colleges and universities increasingly rely on adjunct faculty members, who are more susceptible to institutional changes such as budget cuts and face less supportive working conditions than tenure-stream faculty. Staff members are often placed in difficult positions to support students with disabilities and tackling STEM disparities that are often glossed over because they are viewed as “supporting” particular aspects of university missions and initiatives and not being integral actors for institutions. All of these groups have important experiences we must consider if we aim to create a more equitable and inclusive environment for people to live, work and study … In the end, using a more intersectional lens for higher education shows how inequality is as much of a lived experience as an outcome that our institutions need to take seriously.
Q: Your book also notes issues facing LGBTQ populations. In higher ed, there is more support for these groups on many campuses, but some politicians are moving against their rights. How do you see the trends in higher education for these groups?
A: The increasing support for LGBTQ faculty, staff and students in higher education is important on many fronts, but the targeting of these campus community members by politicians and other political groups should have administrators concerned about how far their support extends including with regards to legal protections. The Supreme Court is set to hear a group of three cases to decide whether federal antidiscrimination law extends to sexual orientation and gender identity in the workplace. Two of the cases have plaintiffs arguing they were discriminated against because of their sexual orientation, while the third case explores if discrimination law applies to transgender workers. These cases will have obvious impacts on higher education employment practices, but can also signal the extent to which diversity and inclusion efforts at institutions will go to create more equitable places to work and study for LGBTQ community members.
Institutions have increased their accessibility with the adoption of trans* policies in admissions and creating more inclusive efforts on campus with new campus organizations, resources and policies, but the persistent targeting of LGBTQ community members and possible rulings on these and future Supreme Court cases will bring additional tests to higher education.
Fuente de la información: https://www.insidehighered.com/news/2019/04/30/editors-discuss-their-new-book-intersectionality-higher-education
Los funcionarios de la escuela dicen que el monitoreo fue para mantener a los estudiantes seguros, no para castigarlos. Pero los críticos dicen que amplió el papel de la policía en las escuelas y aumentó la vigilancia de los niños.
América del Norte/EEUU/ProPublica Illinois y WBEZ Chicago.
En enero de 2017, después de que un analista de redes sociales de las Escuelas Públicas de Chicago revisó el perfil de Facebook de un estudiante de Roosevelt High School y comenzó a sospechar que podría estar en una pandilla, un oficial de policía fue convocado a la escuela para realizar una intervención. No hubo ninguna amenaza inminente de violencia, pero el oficial y un oficial de seguridad del distrito escolar se reunieron con el estudiante. Le preguntaron si estaba en una pandilla.
«Ese es mi negocio», respondió el estudiante, según un informe de la intervención.
El oficial, miembro del Equipo de Seguridad Escolar de Pandillas del Departamento de Policía de Chicago, le dijo al estudiante que debía ser más respetuoso. El estudiante dijo que no estaba en una pandilla, pero sí se mantuvo cerca de los pandilleros.
El oficial les pidió sus nombres, pero el estudiante no los dio. El oficial preguntó si el estudiante estaba considerando unirse a una pandilla. Dijo que no estaba seguro. El estudiante, concluye el informe, «parecía no estar motivado y proporcionó respuestas muy cortas».
En los últimos cuatro años escolares, más de 700 estudiantes de CPS han sido llamados a intervenciones como esta basadas en actividades de redes sociales que apuntan a su posible participación en pandillas. Las intervenciones son un resultado de un premio de $ 2.2 millones que el distrito recibió en 2014 a través de la Iniciativa de Seguridad Escolar Integral del Departamento de Justicia de los EE. UU. , Que otorga subvenciones para los esfuerzos de prevención de la violencia.
La subvención cubrió los salarios de dos analistas de inteligencia y el software de monitoreo de redes sociales para analizar las conversaciones en línea de los estudiantes, aunque los funcionarios dejaron de usar el software en 2017. Jadine Chou, la jefa de seguridad del distrito escolar, dijo que los analistas usaron búsquedas de palabras clave para encontrar amenazas en las escuelas objetivo del programa, en lugar de ingresar los nombres de los estudiantes individuales.
La financiación para el programa se agotó después de 2018, pero las autoridades del distrito dijeron que planean continuar de alguna manera, diciendo que mantiene a los niños seguros y les brinda el apoyo que tanto necesitan.
«Es un programa del que estamos muy orgullosos», dijo Chou. «Nuestro objetivo principal es redirigir a los estudiantes a un camino positivo».
Pero el enfoque ha generado inquietudes, en parte porque a la mayoría de los estudiantes y padres no se les informó sobre el programa o porque los funcionarios escolares estarían asumiendo un papel más importante en el monitoreo de la vida de los estudiantes. Y amplió el rol del Equipo de Seguridad de la Escuela de Pandillas, una pequeña unidad de policía creada en 2008 con una misión un tanto estrecha: intervenir después de que un joven reciba un disparo. Después de un tiroteo, los oficiales se presentan en la escuela de la víctima, buscando aliviar las tensiones y evitar las represalias. Con el programa, los oficiales fueron a las escuelas antes de que estallara la violencia.
El monitoreo puede salvar vidas si se hace bien, dijo Desmond Patton, profesor asociado de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Columbia que estudia las redes sociales y la violencia de pandillas en Chicago. Pero también puede aventurarse en una vigilancia excesiva, lo que Patton describe como una especie de parada y registro virtual que se dirige de manera desproporcionada a las personas de color.
«A menudo, cuando hablamos de amenazas, violencia y trauma, realmente estamos hablando de comunidades negras y marrones», dijo Patton. «Por lo tanto, no estamos enfocándonos en los jóvenes de Jones College Prep o Walter Payton o Northside», las mejores escuelas secundarias de Chicago con más estudiantes blancos que negros.
De las 24 escuelas en el programa de monitoreo a partir del año pasado, 16 son mayoritariamente negras y cinco son mayoritariamente hispanas. La mayoría están en los lados sur o oeste. El cuarenta y seis por ciento de todas las escuelas de CPS son mayoritariamente negras, según los últimos datos disponibles.
«Se siente como una sorprendente invasión de la privacidad», dijo Carisa Parker, cuya hija es estudiante de primer año en Morgan Park High School, una de las escuelas objetivo. Aunque no tiene ninguna indicación de que las actividades de medios sociales de su hija hayan sido monitoreadas, dijo que el distrito se lo debe a los padres para explicar cómo y por qué se eligió a su escuela Far Southwest Side y las demás.
«A estos oficiales solo les importa mucho»
Sabiendo que la violencia entre los estudiantes a menudo se puede rastrear en publicaciones de redes sociales, los funcionarios de CPS persiguieron la subvención como una forma de evitarla. Algunos directores dicen que tales publicaciones desempeñan un papel en más del 90 por ciento de las peleas entre estudiantes, según un informe sobre el programa del Laboratorio de Delitos de la Universidad de Chicago, que ayuda a las ciudades a estudiar los esfuerzos de reducción de la violencia.
En 2015, el distrito comenzó la prueba piloto, conocida como » Conectar y redirigir para respetar «, en 16 escuelas primarias y secundarias para monitorear las redes sociales públicas de los estudiantes. Eventualmente creció a 24 escuelas, cubriendo a unos 25,000 estudiantes, según el Laboratorio de Crimen. Si se descubriera que los estudiantes han publicado material relacionado con pandillas, entonces los especialistas de seguridad del distrito y los administradores escolares se reunirían con el estudiante y los vincularían con mentores, consejeros y trabajos de medio tiempo o de verano.
En los casos en que el estudiante posó con una pistola o parecía amenazar con violencia, trajeron a los oficiales del Equipo de Seguridad de la Escuela de Pandillas. Los oficiales también estuvieron presentes en algunos casos donde no había armas involucradas, según los informes de incidentes, y no se les llamó Cada vez que había un arma.
Una revisión de más de 400 informes de incidentes de los años escolares 2016-17 y 2017-18 por ProPublica Illinois y WBEZ muestra que un oficial de policía fue llevado o informado al menos 87 veces. En docenas de otros casos, los registros del distrito no ofrecen una indicación clara de si un oficial intervino.
Las intervenciones típicamente ocurrieron de la misma manera. Primero, un analista encontró una publicación o recibió una sugerencia sobre una publicación, la mayoría de las veces en Facebook, que mostraba a un estudiante mostrando señales de pandillas o sosteniendo lo que parecía ser un arma. El analista le dijo al especialista de seguridad del distrito, quien inició una intervención, a veces con un oficial de policía presente, y casi siempre con un decano o director de la escuela en la sala.
Se le preguntó al estudiante sobre los lazos entre pandillas, se le advirtió sobre los peligros de publicar contenido relacionado con pandillas en las redes sociales y se le alentó a eliminar las publicaciones relevantes mientras los adultos observaban.
En muchos casos, el estudiante negó estar en una pandilla e insistió en que las armas en las fotos eran pistolas o juguetes BB, según la revisión de los informes de incidentes.
Algunas veces, los estudiantes expresaron su incomodidad por la presencia de la policía. En un caso, un estudiante de la Escuela Secundaria Sullivan, en el extremo norte, vio a dos oficiales de policía en la sala y exclamó: «¡No me gusta la policía!»
En otro caso en la Escuela Secundaria Taft, en el Extremo Noroeste, el Equipo de Seguridad de la Escuela de Pandillas y un oficial de la policía con sede en la escuela se reunieron con un estudiante que había visto signos de pandillas en Facebook. El estudiante primero se negó a responder preguntas y luego llamó a su madre, quien les dijo a los funcionarios que hablaran con su abogado.
Pero el enfoque tenía sentido, dijo Chou, porque los objetivos no eran punitivos.
«A estos oficiales solo les importa mucho, y creo que los estudiantes sienten eso», dijo. «No es un método de ‘Oye, es mejor que hagas esto o puedo encerrarte’. Es: ‘Como oficial de policía, te digo que me preocupa tu seguridad’ ”.
La revisión de los más de 400 informes de incidentes sugiere que el distrito evitó en su mayoría castigar a los estudiantes. Parece que solo un puñado de incidentes provocó arrestos, que fueron peleas físicas derivadas de disputas en línea, y las intervenciones se produjeron más tarde, y los informes rara vez indican que los estudiantes fueron disciplinados por sus publicaciones, aunque los administradores a veces amenazaron con la disciplina si las publicaciones continuaban.
Algunos incidentes se elevaron a niveles de emergencia. Al menos cuatro veces, se llamó al Equipo de Seguridad Escolar de Pandillas para investigar las amenazas de disparos escolares en las redes sociales, y los oficiales hicieron visitas fuera del horario laboral a las casas de los estudiantes para informarles a los padres y asegurarse de que no tuvieran acceso a un arma. En un caso, un estudiante fue disciplinado por publicar un anuncio a través de Facebook como un «Tirador de la escuela», promocionándose a sí mismo como un «apuntador muy talentoso con gran habilidad con las armas». Pero el CPS fue alertado de esas amenazas a través de consejos, en lugar de ser monitoreado por el Analistas, muestran los informes de incidentes.
Frank Cabrera, un presidente sénior y de clase en Steinmetz College Prep en el lado noroeste, dijo que imagina que los funcionarios del distrito implementaron el programa con «buenos deseos», pero desea que a él y sus compañeros les dijeran que su escuela era parte de él. Chou dijo que los funcionarios escolares mencionaron a los padres en las reuniones comunitarias que el distrito monitorea las redes sociales en busca de amenazas, pero ProPublica Illinois y WBEZ descubrieron que muchos estudiantes y padres en las escuelas objetivo no estaban al tanto.
«La comunicación es clave entre todos», dijo Cabrera. «Simplemente me sorprende que no lo supiéramos».
Frank Cabrera, un presidente sénior y de clase en Steinmetz College Prep en el lado noroeste, dijo que a los estudiantes se les debería haber dicho que los funcionarios escolares estaban monitoreando sus redes sociales en busca de signos de actividad de pandillas. (Joshua Lott para ProPublica Illinois)
Preguntas sobre la transparencia
A los grupos de defensa como la Unión Americana de Libertades Civiles de Illinois les resulta difícil justificar la ampliación de la función de la policía en las comunidades que, según dicen, ya están demasiado vigiladas.
«Si van a monitorear, es necesario que los estudiantes y los padres notifiquen qué sitios se están monitoreando, cómo se están monitoreando … y qué van a hacer con toda esa información», dijo Rebecca Glenberg. Un abogado senior para el grupo.
La política del distrito dice que los funcionarios escolares solo deben llamar a la policía por una de dos razones : para buscar ayuda en una «situación de emergencia» o para notificarles un crimen. En los documentos sobre el programa de monitoreo, los funcionarios de CPS dijeron que las publicaciones en las redes sociales que indican afiliaciones a pandillas no justifican una llamada a la policía, a menos que también haya un arma involucrada o una amenaza de violencia.
En casos que no sean de emergencia, se supone que los administradores deben hacer «esfuerzos razonables» para comunicarse con un padre o tutor antes de llamar a la policía. Ese contacto es obligatorio en los casos con estudiantes de escuela primaria y se recomienda en aquellos con estudiantes de secundaria. Pero los informes de incidentes, como el del estudiante de Taft que llamó a su madre, sugieren que el esfuerzo no siempre se hace.
Incluso cuando no se realizan arrestos, los defensores temen que la información recopilada por la policía tenga consecuencias negativas para los estudiantes, especialmente dado que algunas intervenciones incluyen oficiales que los presionan para que admitan sus afiliaciones de pandillas. Glenberg se preguntó si los nombres de los estudiantes se agregarán a la controvertida base de datos de pandillas del departamento .
«La policía ha sido completamente no transparente», dijo Glenberg. «Entonces, si no conocemos los criterios para llegar allí, si hay alguno, y no sabemos qué está sucediendo con todos los datos que se recopilan con el monitoreo de las redes sociales, entonces creo que todo está sobre la mesa». . ”
Chou, el jefe de seguridad del distrito, dijo que no hay que preocuparse de que un estudiante identificado a través del programa termine en la base de datos de pandillas. Pero un comandante de policía que supervisa el Equipo de Seguridad de la Escuela de Pandillas fue menos inequívoco.
«Creo que cualquier cosa podría progresar», dijo el comandante. Christopher Kennedy de la División de Investigaciones de Pandillas, que incluye al Equipo de Seguridad de la Escuela de Pandillas. «No me gustaría decir: ‘No, absolutamente no, nunca’, porque cualquier escenario podría construirse. Pero en circunstancias generales, no estamos usando esto como un medio para ingresar como un expediente para mantener a nadie «.
En un caso en la Escuela Secundaria Taft, el Equipo de Seguridad Escolar de Pandillas del departamento de policía y un oficial de la policía con sede en la escuela se reunieron con un estudiante que había visto signos de pandillas en Facebook. (Joshua Lott para ProPublica Illinois)
Sargento Gus Vasilopoulos, del Equipo de Seguridad Escolar de Gang, dijo que la policía a menudo crea su propia documentación de las intervenciones. El distrito escolar no tiene un acuerdo por escrito con el Departamento de Policía que prohíba a la unidad documentar las interacciones con los estudiantes o incluso agregarlos a la base de datos de pandillas.
«Hay tantos que no documentamos todo, [pero] si hablamos con el niño, documentamos y hacemos algún tipo de investigación de pandillas» informe complementario, dijo Vasilopoulos.
La falta de transparencia sobre el programa en sí también ha generado escepticismo. El distrito escolar aparentemente implementó el monitoreo sin avisar a los estudiantes y padres.
Esto no solo es problemático sino que también es una oportunidad perdida, dijo Parker, el padre de Morgan Park, que tenía dos hijos mayores graduados de la escuela. Ella dijo que nunca querría a su hijo en una habitación con la policía sin un padre allí, y que también querría saber acerca de un mensaje perturbador para poder hablar con su hijo al respecto.
Chou dijo que hay una diferencia en la política del distrito entre “intervenciones”, donde un padre no necesita estar presente, y “reuniones”, donde los padres deben participar.
«No son reuniones», dijo Chou sobre el programa. «Hacemos intervenciones».
Incluso a algunos funcionarios escolares no se les dijo que sus estudiantes estaban siendo monitoreados. En agosto de 2016, cuando Crime Lab realizó entrevistas con 26 administradores, “solo unos pocos” en las escuelas objetivo conocían la existencia del programa. Los administradores de las escuelas que Crime Lab usó como controles para medir los resultados dijeron que el concepto los hizo sentir incómodos.
«Cuando describimos el programa a las escuelas de control, algunos no querían el programa porque sentían que podría ser una invasión de la privacidad de los estudiantes», escribió Crime Lab en un informe de progreso.
Chou enfatizó que los analistas de inteligencia solo miran publicaciones públicas o capturas de pantalla de publicaciones compartidas con ellos. No envían solicitudes de amistad para evadir las configuraciones de privacidad, dijo, y reconoció que el software que dejaron de usar en 2017 no solo resultó ineficaz, sino que también la hizo sentir incómoda.
«Ese modelo general, la sociedad ha hablado de eso», dijo Chou. «Hemos determinado que no es la respuesta correcta para nosotros».
Aún así, las tres cuartas partes de los administradores entrevistados por el Laboratorio de Delitos dijeron que sus escuelas monitoreaban las redes sociales por su cuenta, por lo general al tener a un miembro del personal como amigos en Facebook y revisar sus publicaciones en la noche y los fines de semana.
«Es cómo hacemos negocios»
Con parte del dinero de la subvención del Departamento de Justicia, CPS contrató a los dos analistas para revisar las redes sociales de los estudiantes que se pueden buscar públicamente, incluidas las publicaciones realizadas fuera del campus y después de la escuela. Ambos analistas trabajaron anteriormente como oficiales de seguridad para el distrito, según los currículos obtenidos por ProPublica Illinois y WBEZ.
La subvención también subsidió el uso del distrito de un software de vigilancia llamado Dunami, que fue comprado en el pasado por el FBI y el Departamento de Defensa y ayuda a los usuarios a identificar figuras influyentes y trazar redes humanas basadas en la actividad de los medios sociales. El distrito usó la herramienta hasta 2017, cuando los funcionarios decidieron que otros métodos, como las búsquedas manuales de palabras clave por parte de los analistas y el seguimiento de las sugerencias del personal y los miembros de la comunidad, fueron más efectivos y menos intrusivos.
Para medir los efectos del programa, Crime Lab comparó los datos de las víctimas con disparos en escuelas objetivo con datos de escuelas con características demográficas similares.
En un informe final publicado a fines de enero, el laboratorio dijo que los estudiantes en las escuelas objetivo experimentaron casi un 30% menos de incidentes con disparos fuera de la escuela que los estudiantes en las escuelas de control, aunque el Laboratorio de Delitos dijo que este resultado no era estadísticamente significativo porque la muestra era demasiado pequeña.
El informe encontró caídas estadísticamente significativas en incidentes de mala conducta y suspensiones fuera de la escuela en las escuelas objetivo en comparación con las escuelas de control. En general, Crime Lab dijo que los datos apuntaban a «la promesa de este enfoque innovador».
Ahora, con el financiamiento para la beca vencida, los funcionarios escolares reconocieron en un memorando de diciembre al Departamento de Justicia que la cantidad de estudiantes identificados a través de las búsquedas en las redes sociales disminuiría «drásticamente». Pero Chou dijo que un analista de inteligencia permanece en el personal. El monitoreo de las redes sociales va a continuar.
«Esto realmente ya no es un programa, en el sentido de que así es como mantenemos a los niños seguros», dijo. «Así es como hacemos negocios».
Aaron Leibowitz es un reportero independiente. Síguelo en Twitter en @aaron_leib . Sarah Karp es una reportera de educación con WBEZ. Síguela en Twitter en @WBEZeducation y @sskedreporter .
El reportero de WTTW, Alex Ruppenthal, contribuyó con el informe.
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