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México: Preocupante aumento de desapariciones de niñas en Baja California

Por: Voces feministas

Tijuana.- El estado mexicano de Baja California se encuentra en Alerta de Género por ser la región del país con más desapariciones de niñas entre 15 y 17 años en los últimos meses, una problemática que va en aumento y se suma a la ya preocupante situación que ostenta por ser el lugar con mayor número de desaparecidos.

Esta tendencia del estado localizado en el noroeste de México ha sido revelada por un estudio llevado a cabo por la organización Elementa DDHH durante los últimos tres años, apoyada en la plataforma de transparencia.

El informe ha destapado ”una problemática muy grave” pues ”nos está poniendo en la mesa que hay una posible relación con un tema de trata del que no estamos hablando y creo que todo eso cruza el fenómeno de la desaparición”, ha dicho Olimpia Martínez, colaboradora en el área de Incidencia de Elementa DDHH, en una entrevista con Efe.

La activista ha añadido que los resultados han apuntado a que ”no hay otro estado de la frontera en donde particularmente niñas y mujeres de ese rango de edad desaparezcan”.

Alerta de Género

En Baja California, de los 14.426 desaparecidos que registra la organización, el 44,9 % son mujeres entre los 12 y los 17 años.

”En Chihuahua, Sinaloa e incluso Sonora, por ejemplo, las personas que desaparecen son mayoritariamente hombres en un rango de entre 30 y 36 años, pero aquí (en Baja California) la tendencia va incluso al alza, cada vez desaparecen más menores en el estado y podría recaer en un tema de trata”, ha dicho la activista.

Baja California actualmente cuenta con una Alerta de Género, un conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida, que aplica para todos los municipios del estado, ”lo cual es sintomático porque el estado ocupa uno de los lugares más importantes a nivel nacional en términos de desaparición de mujeres y niñas”, ha agregado.

Fiscalía sigue criminalizando

Consultado por Efe sobre este tema, el titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Iván Carpio, ha acusado que ”cada vez existe una participación mayor de mujeres en general tanto en el consumo de sustancias nocivas para la salud, como en la participación de personas con el crimen organizado sin distinción de género”.

Por lo que ha dicho que resulta difícil para las autoridades ”proteger a quienes se sobreexponen” con este tipo de conductas.

Además, ha dicho que ”lamentablemente el tejido social tiene una tendencia en la cual tanto el consumo de drogas como la participación de personas en venta de narcóticos no tiene distinción de género y ha permitido la participación de personas jóvenes y ya no solo del sexo masculino, sino también del sexo femenino en un porcentaje menor”.

Por su parte, Miguel Ángel Mora Marrufo, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC), ha dicho a Efe que la desaparición de menores «es un tema que preocupa» y que se tiene que atender porque las estadísticas que se tienen son un indicador de la gravedad de la problemática y la falta de igualdad entre la información de los colectivos y las cifras oficiales.

”Según los colectivos ha habido un aumento en la desaparición de personas menores de 18 años y lo que sí hay que evaluar y conocer es justamente lo que ha reconocido el Gobierno Federal sobre las más de 100.000 personas desaparecidas en el país; Baja California es uno de los estados donde hay mayor prevalencia y se requiere fortalecer los mecanismos de protección a las comisiones de búsqueda y la fiscalía”, ha puntualizado.

Seis desaparecidas en un mes

Tan solo en la ciudad fronteriza de Tijuana, existe un registro oficial que señala que entre los meses de mayo y lo que va junio desaparecieron seis niñas de este rango de edad.

Socorro Guadalupe González Adame, de 16 años, desapareció el 16 de mayo y Layla Brianna Mejía, de 14 años, desapareció el 21 del mismo mes.

El 23 de mayo desapareció Ana Carolina Moreno Salgado, de 15 años; el 30 de mayo se registró el caso de Flor Citlalli Rojas Padilla, de 16 años, quien desapareció cuando se dirigía hacia su escuela, y Anelis Mora Nape, de 17 años, desapareció cuando se quedó de ver con un amigo.

En tanto, el pasado 10 de junio desapareció Victoria Alexandra Ramírez Valencia, de 13 años.

Todas ellas cuentan actualmente con una alerta Amber, que ayuda a la pronta localización y recuperación de niñas, niños y adolescentes, y hasta la fecha no se sabe nada del paradero de ninguna y, a decir de algunos de los familiares, cada uno está buscándolas también por cuenta propia.

Fuente de la información e imagen: https://vocesfeministas.mx

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La inequidad se impone a la 4T

Por: Randolph Méndez González

«La USICAMM y las autoridades que lo rigen, parecieran no estar en armonía con la 4T ni escuchar los mensajes diarios del presidente de la república que en todas sus acciones busca alcanzar el equilibrio justo con una austeridad republicana»

Con todo y la 4T, la inequidad prevalece en Escuelas del Nivel Medio Superior y Universidades, asunto ampliamente documentado y expuesto en medios como un problema laboral existente en varios de nuestros centros educativos, en cuyas plantas laborales existen profesores de asignatura con muchos años de antigüedad y bajos salarios, frente a una élite de profesores privilegiados (muchos de ellos de recién ingreso) con categorías de Asociado y Titular, en la cima de la Tabla de Salarios percibiendo altas remuneraciones y cómodas descargas académicas. Hasta ahora nada cambia, pues las autoridades gubernamentales ya fijaron su posición y con pretexto de la “Autonomía Universitaria” o de la supuesta “autogestión escolar” a través los Comités Escolares de Administración Participativa, ¡nada puede hacerse!, y la desigualdad persiste.

En incontables planteles sigue rampante la desigualdad y el nepotismo, problemas que han contribuido a una merma del nivel académico que hoy se tiene, un tanto por la educación a distancia lo cual es obvio, y un mucho por la apatía administrativa y exceso de politiquería educativa que en un afán de aparentar control en el gremio laboral y reflejar estabilidad en las entidades, sigue permitiendo más de lo mismo, aparentando que vamos bien. Queremos creer que esto sea el motivo, y no el afán de mantener cooptado a un gremio sindicalista históricamente combativo que resistió los embates neoliberales, pues esto sería un error político garrafal, sobre todo con una elección presidencial cada vez más cerca.

La falta de aplicación racional de las normas de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM), ha auspiciado la contratación de profesores que cuentan ya con horas docentes en otros planteles, con nombramientos de tiempo completo, medio tiempo o tres cuartos de tiempo, que incluso algunos de ellos tienen plazas directivas. Todo lo anterior, en un “mix” de planteles de Bachillerato Tecnológico, Preparatorias del Estado, Colegio de Bachilleres, Universidad Autónoma del Estado, Institutos Tecnológicos, Privadas, etc.  La existencia de maestros doble-triple-plaza, es posible en provincia (más en una entidad fronteriza) donde ser profesor se ha convertido en una burocracia dorada que mucho dista de la verdadera vocación de este noble oficio.

La USICAMM y las autoridades que lo rigen, parecieran no estar en armonía con la 4T ni escuchar los mensajes diarios del presidente de la república que en todas sus acciones busca alcanzar el equilibrio justo con una austeridad republicana, que permita una distribución equilibrada de la riqueza; de igual forma, parecen desconocer lo que es el síndrome de burnout  o trabajador quemado que estos “súper-profesores” suelen sufrir con 12 o 16 horas de nombramiento diario de lunes a viernes, proeza que inevitablemente repercute en la productividad y la calidad de servicio que brindan a sus estudiantes, contribuyendo al bajo nivel académico nacional.

La USICAMM, establece en sus Reglas en Materia de compatibilidad de plazas para el personal docente, técnico docente, con funciones de dirección, supervisión o de asesoría técnica pedagógica, en la Educación Básica y Media Superior, que para efectos de compatibilidad en un empleo, cargo o comisión en el sector educativo, el máximo número de horas que puede ostentar un docente, presenta los siguientes límites:

I. Hasta cuarenta y dos horas semanales, si dichas actividades o funciones son frente a grupo en diversa plaza, en uno o varios planteles o escuelas.

II. Hasta cuarenta y ocho horas semanales, si las actividades o funciones están referidas exclusivamente a categorías directivas o de supervisión, y

III. Hasta cuarenta y dos horas, si se combina una plaza o más de docente con plaza directiva.

Cuanto podría ahorrarse con estos profesores universitarios y del nivel medio superior, que han logrado o están a punto de lograr dobles pensiones vitalicias jubilatorias, tanto en el Seguro Social como en el ISSSTE. Ahorro que pudiera aplicarse en mayor compra de medicamentos, o beneficiar a personas realmente necesitadas como niños de la calle desnutridos o pequeños migrantes que diariamente topamos en las esquinas pidiendo ayuda. La disposición existe, lo ha demostrado el presidente López Obrador, con medidas como la canalización de los recursos ahorrados por dejar de pagar anuncios a los medios de información, para invertirlo en Seguridad Social a periodistas independientes.

Seguir las políticas de AMLO no es difícil, solo hay que aplicarse y trabajar, y sobre todo ser honesto, si antes se realizaba esta práctica de tener doble plaza, hoy debe cambiar la mentalidad ante la demanda de trabajo tan grande que significa las nuevas generaciones de jóvenes profesionistas que egresan de universidades y para los cuales no existen oportunidades de trabajo. Por mencionar un ejemplo, en la ciudad fronteriza de Tapachula Chiapas, la misma que los migrantes han bautizado como la cárcel más grande del mundo (y desde donde comparto estas líneas), las preparatorias del estado y planteles de bachillerato tecnológico, que siempre fueron reconocidos por su buen desempeño académico, trabajan hoy con un pésimo clima laboral y empantanados en conflictos eternos, sin solución en gran parte debido a imposiciones de directivos nombrados bajo criterios de la USICAMM, quienes son profesores que ostentan plazas de docentes en otras escuelas y que han demostrado con creces que no son “los elementos idóneos” que la SEP nos quieren vender mediante este proceso de selección.

Seamos francos, en cada una de las entidades y ciudades que componen la geografía nacional, todos los integrantes del gremio se conocen, ¿por qué es necesario entonces que alguien denuncie ante la Auditoría Interna de la Federación o a los “Comités de Ética” para corregir estas fallas de gobierno que tanto dañan la imagen del presidente de la república?, bastaría con cruzar información entre dependencias SEP-SAT para encontrar la punta de la madeja y obligar así a dejar espacio a miles de maestros que se encuentran en condiciones laborales y salariales precarias.

Cómo puede un profesor y/o directivo guiar a las nuevas generaciones si no sigue el Código Moral que la 4T promueve constantemente al gremio docente a través de capsulas informativas, como ésta, por ejemplo:

Sabías que Tolerar y/o ser omiso(a) ante alguna vulneración al código de ética de las personas servidoras públicas del Gobierno Federal, lleva de manera inevitable a una crisis de liderazgo y de cultura organizacional.  Recuerda que eres responsable de lo que pasa en tu equipo de trabajo y tolerar conductas antiéticas es aceptarlas y avalarlas.

El presidente López Obrador ha sentenciado en incontables ocasiones que “son tiempos de definiciones” y los estatutos así lo expresan; éstos son muy claros, y si los funcionarios estatales o federales, llámese: rector, director de plantel, coordinador, responsable de oficina (o cualquier otro mote dentro del organigrama de la SEP) no sigue estos preceptos, es sencillamente porque antepone intereses mezquinos y no debería tener cabida en una administración donde el canon primordial es impedir la corrupción.

Baste recordar que hace apenas unos días, en el marco de la inauguración de la primera etapa constructiva de la refinería Olmeca y la conmemoración del 4 año del triunfo democrático histórico, el presidente López Obrador manifestó que, en tiempos de transformación “lo más importante es la acción”; ojalá hayan tomado nota los secretarios y gobernadores morenistas que enjundiosos aplaudieron el discurso desde las primeras filas, esperemos que no continué siendo sólo un gesto de adulación a la figura presidencial, al más puro estilo del prianismo neoliberal, que tanto ha dañado a nuestro querido México.

Fuente de la información: https://profelandia.com

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Justicia social y programas compensatorios en escuelas rurales y multigrado

Por: José Morales

Red Temática de Investigación en Educación Rural


El Observatorio del Derecho a la Educación y la Justicia (ODEJ) es una plataforma para el pronunciamiento público, impulsado por el Campo Estratégico en Modelos y Políticas Educativas del Sistema Universitario Jesuita (SUJ). Su propósito consiste en la construcción de un espacio de análisis informado y de posicionamiento crítico de las políticas y las reformas educativas en México y América Latina, arraigado en la realidad social acerca de las injusticias del sistema educativo, y recupera temas coyunturales y estructurales con relación a la agenda educativa vigente.


México es un país con muchos contrastes y polarizaciones, donde una gran parte de la población vive con muchas carencias. Según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) en 2020, 43.9% de la población se encontraba en situación de pobreza. En este sentido, es urgente retomar el tema de la justicia social en una población donde casi la mitad sufre de algún tipo de carencia.

Para hablar de justicia social es necesario revisar las formas de concebirla. En primer lugar, este concepto puede entenderse como la igualdad de oportunidades, es decir, se piensa que brindando las mismas oportunidades a todos por igual podrá lograrse una verdadera justicia social, lo que es lo mismo, “todos tenemos las mismas posibilidades de progresar en la vida y, por lo tanto, todos somos fundamentalmente iguales” (Cuenca, 2011, p. 85).

La justicia social, desde esta perspectiva, sostiene que ofrecer las mismas oportunidades permitiría la movilidad social a través del talento y el esfuerzo personal. Es aquí donde la escuela se convierte en la institución por excelencia que puede desarrollar estrategias de igualdad de oportunidades (Cuenca, 2011). Sin embargo, antes de pensar en la igualdad de oportunidades, conviene reconocer las condiciones socioeconómicas de los diferentes grupos sociales y con ello, observar las fuertes disparidades entre éstos.

Otra perspectiva sobre la justicia social tiene que ver con la posición que ocupan los individuos dentro de la estructura social, por lo que la prioridad debe ser lograr que cada persona asegure una posición y la mantenga; de esta forma, estaría en condiciones de poder competir por mejorar sus condiciones de vida, es decir, se busca lograr que “las distintas posiciones estén en la estructura social más próximas las unas con las otras a costa de que, entonces, la movilidad social no sea ya una prioridad” (Dubet, 2014, p. 11).

La idea de justicia social debe verse como la oportunidad de reconocer la diversidad (económica, política, sociocultural) evitando de esta forma el trato homogeneizador que se ha favorecido con las políticas educativas hasta el momento y con ello “perder el velo que cubre sus ojos y que le impide ver a quién se dirige y tratarlo de manera más adecuada a su situación” (Tedesco, 2014, p. 30).

Bajo esta concepción de brindar las mismas oportunidades al estudiantado, en México (a partir de la década de los noventa) se inicia una serie de transformaciones, entre las que se destacan programas compensatorios dirigidos especialmente a aquellas zonas con escasos recursos. Por lo regular, son aquellas que se encuentran más alejadas de la cabecera municipal, tienen escasez en los servicios, población altamente dispersa y en condiciones de pobreza.

La finalidad de los programas compensatorios es, por un lado, superar las deficiencias de las escuelas públicas y por otro, otorgar los recursos necesarios para abatir la desigualdad educativa, principalmente para las escuelas rurales y las urbano-marginadas, además de intentar ofrecer igualdad de oportunidades que puedan coadyuvar a la mejora de la calidad educativa, principalmente de la población con menos ventajas.

Algunos de estos programas compensatorios que se han implementado principalmente para abatir los efectos del rezago educativo en el medio rural e indígena, fueron: el Programa para Abatir el Rezago Educativo (PARE, 1991-1996), el Proyecto para el Desarrollo de la Educación Inicial (PRODEI, 1993-1997), el Programa para Abatir el Rezago en la Educación Básica (PAREB 1994-1999), el Programa Integral para Abatir el Rezago Educativo (PIARE) y el Programa para Abatir el Rezago en la Educación Inicial y Básica (PAREIB, 1998-2006).

Asimismo, se han desarrollado programas enfocados en atender el servicio de alimentación para la población estudiantil. Entre los que se pueden mencionar, el programa de Desayunos Escolares (Coordinado por el DIF), el Programa de Educación Salud y Alimentación (Progresa) que se inicia en 1997 y en 2002 se transforma en el Programa de Desarrollo Humano (Oportunidades) para en el 2014 convertirse en el Programa de Inclusión Social (Prospera). Estos programas incluían un apoyo económico dirigido a fortalecer la educación, salud y alimentación de la población con mayores carencias.

En  el ciclo escolar 2007-2008 aparece el Programa Escuelas de Tiempo Completo, que tenía como características la ampliación de la jornada escolar, los servicios de alimentación, el trabajo con talleres escolares y apoyo a la mejora de la infraestructura en las instituciones En la actualidad, se ofrecen becas a los estudiantes (Becas del bienestar) y se ha desarrollado la Escuela es Nuestra, el cual  se enfoca en la mejora de la infraestructura de aquellas escuelas con mayores necesidades.

Ahora bien, en cuanto a las escuelas rurales, se observa que son éstas las que concentran la mayor población con necesidades debido a la falta de recursos, a su lejanía y a la organización de las mismas, ya que la mayoría son de carácter multigrado, es decir, aquéllas donde “un docente imparte más de un grado, y aquéllas donde el número de grupos es mayor al número de docentes” (SEP, 2021, p. 9).

Para el ciclo escolar 2018-2019, en México 10 397 escuelas de educación básica tenían una organización escolar multigrado y en ellas laboraban 14 190 docentes y se matricularon 286 462 estudiantes, representando 60.2% del total en el tipo educativo. Esto significa que existe una gran cantidad de población estudiantil que requiere mayor apoyo debido a la falta de oportunidades que existen en sus comunidades.

Sin embargo, los programas compensatorios no han sido suficientes para atender las necesidades de la población. Se observa que la pobreza ha ido en aumento y el rezago educativo es uno de los temas principales, sobre todo en escuelas rurales y multigrado. Por lo tanto, para lograr la justicia social que se proponen y que tanto hace falta para una población tan diversa es necesario retomar algunos aspectos:

  • La justicia social sólo se logra si existen las condiciones necesarias para lograrlo, ya que se requiere fortalecer lo económico, lo político, lo cultural y lo social de estos contextos rurales donde se aplican los diferentes programas compensatorios.
  • La aplicación de programas compensatorios requiere que se brinde formación y actualización constante a los docentes para su aplicación adecuada, pues un programa que no tiene las bases necesarias se convierte en dinero mal invertido.
  • Los programas compensatorios como parte de una política educativa deben considerar las necesidades y los intereses, tanto de los contextos donde se aplican como de los docentes que las implementan.

Para hablar de una verdadera justicia social en un país como el nuestro, donde gran parte de la población se encuentra sumida en condiciones de pobreza, es necesario desarrollar políticas que atiendan la complejidad de las situaciones sociales y económicas de cada región sobre todo de aquellas que presentan mayores carencias.

Referencias

CONEVAL (2020). Medición de la pobreza 2016-2020. https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Pobreza_2020.aspx

Cuenca, R. (2011). Sobre justicia social y su relación con la educación en tiempos de desigualdad. Revista Internacional de Educación para la Justicia Social. 1(1), 79-93.

Dubet, F. (2014). Repensar la justicia social.  México: Siglo XXI editores.

SEP (2021). Principales cifras del sistema educativo nacional. México: SEP. http://www.planeacion.sep.gob.mx/Doc/estadistica_e_indicadores/principales_cifras/principales_cifras_2020_2021_bolsillo.pdf

Tedesco, J. (2014). Educar en la sociedad el conocimiento. México: FCE.

Fuente de la información: https://www.educacionfutura.org

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Aspiración e incertidumbre. El Plan de Estudios de Educación Básica 2022

Por: Juan Carlos Silas Casillas, ITESO/Luis Medina Gual, Ibero CDMX 


El Nuevo Marco Curricular 2022 se ha conversado (a veces discutido) en este medio y algunos otros con mayor o menor detalle. Se han ponderado sus alcances, intenciones, qué tan factible es su puesta en marcha, así como los elementos que podrían influir en su nivel de éxito o fracaso en la formación de las nuevas generaciones. El punto de acuerdo parece ser que se trata de una propuesta interesante e inspiradora, que va en sintonía con el discurso de la administración 2018-2024 que resalta el derecho a la educación vinculado a los derechos humanos en su conjunto; también destaca la dignidad humana y la vida colectiva como los factores centrales.

Destaca el papel fundamental del reconocimiento y respeto a toda diversidad y propone lograr la mejora de la comunidad en sintonía con el respeto a todo tipo de formas de vida. Por otra parte, asume que las escuelas y el sistema educativo nacional están llamados a dirigir la acción para alcanzar la emancipación de los estudiantes y su compromiso con la comunidad. Justo en este punto comienzan las tensiones en la manera de comprender e interpretar el marco curricular ya que se reconoce a niñas, niños, adolescentes y jóvenes como sujetos capaces de ejercer sus derechos educativos y humanos en tanto se articulen con las visiones pautadas por el sistema educativo. Se resalta el papel de la escuela como el espacio en que se articula la unidad nacional desde la diversidad, así como el lugar en que dialogan los saberes e identidades. Se habla de que lo común permitirá que los sujetos “construyan escuelas en donde el autogobierno permita el despliegue más libre de sus acciones y del actuar común, dentro de los límites de las reglas de justicia que la sociedad se impone a sí misma” (SEP, 2022, p.14). Esta frase da para mucha discusión y aunque inspira, lleva a comprensiones múltiples e inevitables equívocos (en el sentido etimológico de la palabra). Se propone la actuación de todos bajo lo pautado conceptualmente por el Estado que propone una decolonialidad, emancipadora, promotora de la autonomía, bajo la óptica “oficial”. Este asunto será un elemento de tensión en cada escuela y comunidad.

El Marco curricular retrata un futuro armónico, con imágenes de responsabilidad y respeto mutuo, al que es difícil saber cómo llegar. El texto tiene un aura nacionalista que parece relacionarse con la retórica de la mitad del siglo 20 que, sin embargo, tiene notas de actualización en términos tanto de valoración de las prácticas locales como de vínculos con otras culturas en condiciones de igualdad y subsidiariedad.

Otra actualización de agradecerse es incluir en la argumentación, y esperablemente en la práctica, reflexiones en torno a lo que dejó la pandemia. Es un bosquejo de diagnóstico que apunta a rescatar la trascendencia de las interacciones formativas entre estudiantes, docentes, familia, personal escolar y comunidad. Señalan algunas maneras en que el confinamiento influyó en los aprendizajes no planeados y cómo se puede realizar un vínculo entre la vida cotidiana en comunidad y los aprendizajes escolares. En síntesis, plantean reconocer la vida social de la escuela, replantear el papel instrumental de los planes y programas para resolver asuntos relevantes, reconocer a las/os docentes, reforzar el vínculo con las familias y redimensionar el papel de las tecnologías, entre otras intenciones.

La versión más reciente ya no dedica tantas páginas a su crítica al corte neoliberal de los esquemas formativos anteriores, aunque sigue presente el reclamo por haber fomentado el individualismo y la obcecación por la evaluación competitiva para los alumnos y punitiva para los profesores. Refiere cómo los organismos internacionales han “colonizado” al sistema educativo mexicano y lo ha apartado de su función comunitaria, por lo que es importante ir hacia lo común y el compromiso de corresponsabilidad y coparticipación.

Se dedica mucho espacio a resaltar el papel que desempeñan maestras y maestros no sólo en términos de la promoción de aprendizajes sino también en la construcción de ciudadanía y dinamizadores de la comunidad desde la escuela. La propuesta implica otra antigua aspiración que, sin embargo, cuesta trabajo asir bien, como es la autonomía curricular; especialmente ante la presencia de lineamientos centralmente establecidos.

La parte central se integra por varios elementos entre los que se destacan la comunidad (y sus saberes) como el núcleo de los procesos educativos, la comprensión del aprendizaje como un hecho histórico y contextual, así como el diálogo de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes con la comunidad. Es decir que ya no es el estudiante el único foco de la educación, también lo es la comunidad en que se ubica la escuela. Haciendo un juego de palabras con frases usadas por la propia Secretaría de Educación, es evidente que “La Escuela es Nuestra” y ya no es sólo está “La escuela al centro”, aunque habrá que pasar de lo dicho a los hechos.

Parece haber un énfasis importante en vincular las actividades escolares con la vida en la comunidad y tener al estudiante (niñas, niños, adolescentes y jóvenes) y a los profesores y profesoras como los actores centrales en ese diálogo. Aquí hay que aclarar un malentendido ya que algunos colegas académicos han dicho que lo que se privilegia son los saberes locales en contra de las convenciones científicas, lo que no es correcto; se propone usar lo comunitario para vincular los conocimientos (y supuestos) locales con los hegemónicos y que funcionen como una especie de “pivote” para reflexiones situadas. Al igual que el punto previo, será importante pasar de una idea interesante a una práctica productiva. En este sentido, los saberes locales o comunitarios se plantean como puntos de partida, más no necesariamente de llegada.

En este sentido, se busca posicionar al estudiante frente al presente de su comunidad, un presente resultado del pasado y de la manera en que las dinámicas sociales actuaron (y actúan) en generar lo que caracteriza a su comunidad: injusticia, inequidad, etc. Para ello cada colectivo de estudiantes debe consultar (esperablemente de manera crítica) todas las fuentes posibles que le permitan comprender, para después proponer soluciones. La comunidad será el eje articulador de los procesos educativos y coherente con lo anterior, el documento llega a plantear que la comunidad es también escuela. Busca encontrar lo común desde la diversidad y comprender al mismo tiempo al presente como resultante del pasado, a su vez con vista a un futuro común en mejores condiciones, algo realmente encomiable, aunque francamente difícil de hacer operativo (por lo menos en el corto plazo).

Un elemento que llama al optimismo es emplear la educación como promotora de justicia social, articuladora de prácticas democráticas y generadora de pensamiento crítico y a la escuela como el punto de confluencia de los diversos. La idea de pasar de formadores de “recursos humanos” a “comunidad fortalecida” es muy atractiva, el asunto central es ¿cómo se logra eso?

Este modelo centrado en lo comunitario y con discentes y docentes como articuladores o dinamizadores del cambio comunitario se presta a múltiples interpretaciones. Será necesaria la participación de académicos y miembros de la comunidad para reflexionar en la práctica lo que se debe entender como diálogo escuela-comunidad. Por otro lado, un aspecto central, dado su carácter articulador, es el de la definición de comunidad ¿qué es comunidad? ¿quiénes la integran? ¿cómo se dinamiza? ¿cómo reconozco una cuando la veo? Esto sale a colación porque los ejemplos que mayormente ilustran el trabajo en comunidad, parecen aludir a localidades rurales o semirurales, que son muy importantes, indudablemente, pero no son el único tipo. En este México del siglo 21 tenemos urbes muy complejas que no corresponden a los ejemplos y que seguramente presentarán muchas maneras diferentes de atenderse y desarrollarse. Aquí también será importante reflexionar acerca de cómo se puede entender a la comunidad e incluso desarrollar metodologías concretas en su análisis y propuestas de incidencia. Disculpando el comercial, las universidades e instituciones cercanas al Sistema Universitario Jesuita llevan muchos años reflexionando y proponiendo en esta materia y seguramente tendrán aportaciones importantes.

Por último, es trascendente señalar dos temas torales: la actuación de los docentes y el papel de la evaluación. Con relación a los docentes, hay tres elementos importantes: 1) Se habla mucho de la justa revaloración de los docentes, que ahora estarán asumiendo un papel clave en la transformación social. Su papel ahora se parece mucho a aquellas vasconcelianas misiones culturales y al trabajo para el que se preparaban los docentes de las normales rurales para incidir en la comunidad. Es decir, se les está revalorando al mismo tiempo que se les asigna un muy serio paquete. 2) Se propone mucho la idea de la libertad docente y autonomía curricular, mismas que requerirán tiento y diálogo. Y 3) El esquema de trabajo propuesto requiere de mucho diálogo en el colectivo docente y de un tipo de profesor diferente al que tenemos hoy. Deberá tener otras habilidades, saber cómo vincularse con la comunidad, proponer diálogos de saberes, elegir las formas de llevar a cabo los diálogos, las evaluaciones de lo que dominan los estudiantes como de la situación comunitaria. Y aquí está una de las previsibles futuras tensiones y hasta fuente de conflicto, las escuelas normales no están formando, al menos no completamente, para este tipo de docentes-dinamizadores comunitarios. La USICAMM, es decir, el sistema para la carrera de las maestras y los maestros parece tener otro esquema de valorar la formación y el trabajo docente. Sería interesante ver cómo se incluye el elemento de dinamización comunitaria y del trabajo conjunto de la escuela y la localidad o barrio, en la valoración de los profesores.

Las evaluaciones son “la papa caliente” del marco curricular y merecen una reflexión más serena. Aquí aventuramos dos cosas: 1) Todos sabemos que la evaluación, en la práctica, es el elemento articulador del currículo. Los profesores regularmente carecen de tiempo para planear y desarrollar evaluaciones y suelen necesitar de manera urgente un examen fácil de calificar (como si examen fuera sinónimo de evaluación). La falta de tiempo y otros factores que enfrentan los profesores hacen común ese problema. 2) El Nuevo Marco Curricular pide documentar el proceso de aprendizaje de los alumnos y ya no una evaluación… menos aún una estandarizada de gran escala. Adicionalmente, contar con evaluaciones diagnósticas simultáneamente individuales y colegiadas, que se vinculen con la sistematización de información, que se constituyan en una brújula que oriente el trabajo formativo, etc. son una larga aspiración que, sin embargo, va en ruta de colisión con el uso de estándares nacionales, calificaciones y desempeño de los estudiantes centrado en la nota, como ha sido la práctica usual por décadas. Es un cambio de enfoque, un cambio de cultura, que tendrá tensiones y polarización. Será importante un gran diálogo académico para desarrollar junto con autoridades e instituciones educativas, una mecánica sensata para la documentación, sistematización y análisis de los aprendizajes de los estudiantes, así como su vínculo con la comunidad.

En síntesis, es realmente difícil estar en desacuerdo con lo planteado por el marco curricular y el plan de estudios 2022, el problema es ¿cómo se logra? ¿cuál es el camino?  Es esperable que, como dice el poema, tendremos que hacerlo al andar.

Fuente de la información: https://www.educacionfutura.org

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El remedio y la enfermedad

Por: Rogelio Javier Alonso Ruiz*

Como en muchas otras escuelas del país, una primaria urbana céntrica de la capital de Colima realizó un diagnóstico de su alumnado al inicio del ciclo escolar. Con este ejercicio se detectó, entre otras situaciones, retrasos considerables en los procesos de alfabetización entre estudiantes de primero a tercer grados. A partir de ello, se diseñó una estrategia remedial para acelerar el aprendizaje inicial de la lectura y la escritura.

La estrategia consistió en brindar a los niños actividades de alfabetización según los niveles en los que se situaban. En los primeros meses, estudiantes de la licenciatura en Educación Especial de la Universidad de Colima, que prestaban su servicio social constitucional, fueron asignadas como auxiliares en los grupos escolares para, con el apoyo de los docentes titulares, atender a los niños diagnosticados con carencias en alfabetización, a través de actividades semanales específicas de la Propuesta para el Aprendizaje de la Lengua Escrita (PALE), de Margarita Gómez Palacio.

Posteriormente, para ampliar los beneficios de la estrategia, se decidió que los niños asistieran diariamente, por una hora, a un taller para realizar las actividades de acceso a la lectoescritura, donde además de las estudiantes auxiliares, se contó con la orientación del personal de la USAER (Unidad de Servicio de Apoyo a la Educación Regular) del plantel.  A la fecha de publicación de este escrito, prácticamente se había erradicado de la escuela los niveles conceptuales presilábico y silábico del proceso de adquisición de la lengua escrita.

Lo narrado hasta aquí da muestra de algunos de los efectos que, a partir de la promoción automática del alumnado en los últimos ciclos escolares, se han manifestado y cómo han sido atendidos desde los esfuerzos y las posibilidades de cada plantel. A partir de lo contado, surgen dudas también: ¿Qué habrá pasado con las escuelas que no cuentan con las condiciones de personal y organización como la referida? ¿Cuáles habrán sido sus posibilidades para atender el rezago generalizado que ha conllevado la promoción automática? ¿Cuál ha sido el papel de la autoridad educativa central?

Recientemente ha provocado gran revuelo en la opinión pública el hecho de que, por tercer año consecutivo, no habrá reprobados en las escuelas mexicanas. Debería quedar claro que, con o sin reprobación, el golpe está dado: el déficit en los aprendizajes (indudablemente agudizado con la pandemia) perdurará varios años. Pareciera entonces que hay confusión en la polémica en torno a la promoción automática. El debate debería centrarse no en enaltecer los supuestos beneficios de la reprobación (muy cuestionada por especialistas en evaluación), sino en preguntar qué se ha hecho para acompañar la promoción automática. Y de esta pregunta, parece, la autoridad educativa sale mal librada.

Desde luego que es deseable que la escuela se haga cargo de su propio destino y generar, como en el ejemplo abordado, soluciones para sus propios problemas.  Sin embargo, Santos Guerra (2002) desaconseja la autonomía escolar “si provoca el sálvese quien pueda” (p. 95). En ese sentido, sin minimizar las responsabilidades de cada centro escolar, queda en entredicho el papel de la autoridad central ante el fenómeno de la promoción automática y las acciones de acompañamiento que ameritaría. Sin caer en peticiones utópicas, vale la pena preguntarse: ¿por qué no promover, a escala nacional, una cruzada de futuros maestros, como los de la escuela referida, para auxiliar en las acciones remediales en los contextos más adversos? ¿Por qué no focalizar y asegurar la atención en problemas generales como lectura y razonamiento matemático? ¿Por qué no generar un currículo condensado emergente? Da la impresión que la autoridad se centró en la arista administrativa del problema y pronto encontró la solución: que todos pasen.

Podremos haber celebrado en el mediano y largo plazo que, ante los estragos de la pandemia, en nuestro sistema educativo se contuvo la extraedad grave, la reprobación o el abandono escolar, pero ¿a cambio de qué? ¿de un déficit profundo e irreversible en los aprendizajes? Urge entonces atacar los efectos secundarios que una promoción automática, más administrativa que pedagógica, sin una estrategia complementaria por parte de la autoridad central, pueda conllevar. Ojalá no se haga tarde para evitar que sea peor el remedio que la enfermedad.

*Rogelio Javier Alonso Ruiz. Profesor colimense. Director de educación primaria (Esc. Prim. Adolfo López Mateos T.M.) y docente de educación superior (Instituto Superior de Educación Normal del Estado de Colima). Licenciado en Educación Primaria y Maestro en Pedagogía. 

Twitter: @proferoger85

REFERENCIAS
Santos Guerra, M. (2002). La escuela que aprende. Madrid: Morata.

Fuente de la información e imagen: http://proferogelio.blogspot.com

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México| Aumento de contagios en niños: ¡exijamos el fin inmediato del ciclo escolar!

Por: Rosa García *

El gobierno de la 4T, a través de la SEP, impuso un ciclo escolar sin garantizar condiciones sanitarias seguras en las escuelas, ni los servicios básicos y desde que se regresó a clases presenciales se expone la salud y la vida de la comunidad escolar.

La presencialidad en las escuelas ayudó al gobierno a imponer la normalidad en todos los ámbitos económicos y sociales, haciéndonos creer que el covid fue cosa del pasado. Hasta los gobiernos de distintos estados decían que no era necesario el uso de cubrebocas, e incluso la SEP mencionó que ya no eran necesarios los filtros sanitarios en las escuelas.

Relajar las medidas ha sido la estrategia de este gobierno, pero el resultado real es que hay una quinta ola en donde la última semana hubo más de 20 mil contagios a diario. Por tanto nuestro país, hasta el 3 de julio, alcanzó los 6 millones 89 mil 600 casos totales y 325 mil 788 muertes desde que inició la pandemia. Además, el surgimiento de nuevas variantes puede llegar a volver obsoletas las vacunas.

Cifras de contagios en niñ@s
Desde que comenzó la pandemia el gobierno tuvo una estrategia que atentó contra la salud del pueblo trabajador y en particular minimizó los riesgos en los menores de edad, diciendo que niñas, niños y adolescentes (NNA) no presentaban complicaciones al contagiarse e incluso distintos personajes como Hugo López Gattel, AMLO y Delfina Gómez negaron la necesidad de que fueran vacunados.

De acuerdo a datos del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), México ha rebasado los 100 mil contagios de covid en NNA desde el inicio de la pandemia, en medio de la quinta ola de contagios. Las cifras oficiales muestran que durante junio los casos de coronavirus en menores de edad se cuadruplicaron. Algunos especialistas, como el profesor Malaquías López de la UNAM, consideran que el gobierno no muestra el verdadero impacto del coronavirus en los menores de edad, por lo que esas cifras parecen no ser muy certeras.

Además estudios médicos han reportado que niños y adolescentes han presentado secuelas como el llamado Síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico.

La irresponsabilidad de las autoridades gubernamentales se muestra también en que apenas se esta brindando la vacunación como opción para menores de edad. Esto luego de las exigencias de padres y madres de familia, que tramitaron por lo menos 6 mil juicios de amparo para asegurar la vacunación de sus hijos. Ahora la vacunación para el sector será a un ritmo lento y dependerá de cada estado del país la fecha en la que comience.

¡Exijamos el fin del ciclo escolar para frenar los contagios!
El derecho a la salud durante toda la pandemia ha sido violentado para toda la población de NNA. Juan Martín Pérez, director de la organización internacional “Tejiendo Redes Infancia”, lamenta que México haya llegado a la cifra de 100 mil contagios en menores de edad y expresa que este sector quedó olvidado en la estrategia epidemiológica de las autoridades del sector salud.

Otra cifra escalofriante es que la pandemia dejó a 118 mil menores de edad en condición de orfandad, de acuerdo al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia.

Aunque según Delfina Gómez la presencialidad que se nos impuso en las escuelas y el alargamiento del ciclo escolar es para atender el rezago educativo, los y las maestras sabemos que sin un plan real para abatir el rezago y la deserción escolar, y sin un cambio profundo en las condiciones de la educación pública, pues esta situación no va a mejorar.

Considerando además que los alumnos ya fueron evaluados, que por lo mismo ha disminuido la asistencia a las escuelas y principalmente que el repunte de contagios implica un mayor riesgo, no hay ninguna justificación para continuar con el ciclo escolar.

Por tanto, los y las docentes en conjunto con las madres y padres de familia debemos de exigir el fin del ciclo escolar de manera inmediata para frenar los contagios, así como un plan de salud que atienda verdaderamente a nuestra población infantil, empezando por acelerar la aplicación masivas de vacunas.

Esto junto a otras medidad generales para toda la población, como reanudar de manera masiva las pruebas covid, la sana distancia e insumos y condiciones seguras en espacios públicos y centros de trabajo, garantizados por el Estado y las patronales.

Además de exigir un aumento al presupuesto en el sector salud para que se construyan más hospitales y haya mayor contratación de trabajadores del sector, con plenos derechos laborales para que se atienda la pandemia.

* Maestra de primaria, integrante de la agrupación magisterial y normalista Nuestra Clase.

Fuente de la información e imagen: https://www.laizquierdadiario.mx


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México| Anuncia SHCP recursos para el Programa Nacional de Inglés: SEP

Por: Erick Juárez Pineda

El Gobierno de México, a través de las secretarías de Educación Pública (SEP) y de Hacienda y Crédito Público (SHCP), programaron para la primera semana de julio las transferencias a las entidades federativas de los recursos destinados al Programa Nacional de Inglés (Proni), anunció el titular de la Unidad de Administración y Finanzas (UAF) de la dependencia, Oscar Flores Jiménez.

El pasado mes de mayo Flores Jiménez señaló que, con la asignación de recursos al Proni, se quitaría presión a las entidades federativas, y se sumaría un beneficio a docentes, niñas, niños, adolescentes y jóvenes que conforman el Sistema Educativo Nacional.

Durante los trabajos de la LIV Reunión Nacional Plenaria Ordinaria del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (Conaedu), informó que concluyeron exitosamente las gestiones ante la SHCP para la asignación de los recursos al Proni.

Asimismo, señaló que en los próximos días se liberarán recursos para otros programas sujetos a subsidios para las entidades federativas, tales como: Fortalecimiento a la Excelencia Educativa; Fortalecimiento de Educación Especial; Desarrollo Profesional Docente, y Expansión de la Educación Inicial.

En presencia de las 32 autoridades educativas estales, indicó que, en el marco de la Nueva Escuela Mexicana, y desde el inicio de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, se instruyó fortalecer las condiciones laborales de maestras y maestros, donde ya existen logros importantes en materia de basificación.

Flores Jiménez informó que se tienen alrededor de 500 mil basificaciones, de las cuales, 40 mil fueron entregadas por la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM).

Asimismo, informó que, a la fecha, se reinstalaron a mil 57 docentes; comentó que en materia de incidencias se regularizaron más de 27 mil claves de trabajadores con problemas de pago.

El titular de la UAF aseguró que la política de bienestar al salario atenderá, principalmente, a las maestras y los maestros que perciben ingresos menores a 20 mil pesos; menores a 15 mil, y menores a 10 mil, con lo que se beneficiará a un millón 181 mil 351 trabajadores de la educación, con una inversión de 38 mil 500 millones de pesos.

Finalmente, puntualizó que el personal docente de educación indígena será el mayormente beneficiado.

Fuente de la información e imagen: https://www.educacionfutura.org
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