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Declaración Patrimonial y de Intereses, ¿Herramienta de Persecución Fiscal al Magisterio?

Por: Juan Antonio Guerrero Orrostieta*

En la pasada entrega establecimos que éste instrumento que está siendo utilizado por las diferentes instancias de Gobierno es – como lo ha sido en otras ocasiones – ilegal, ya que ninguna ley expresa de manera explícita que las y los docentes tienen que presentar esta información.
Podemos identificar que si bien (en el magisterio), se devenga un salario que se desprende de recursos públicos, no se administran dineros del erario propiamente – en la mayoría de los casos -; se entiende que se busca poner a las y los trabajadores de la educación al nivel de una o un funcionario que recibe, administra y/o dispersa partidas presupuestales para obra, gasto corriente, infraestructura, pago de servicios o cualquier desembolso que se nos pueda ocurrir en algún espacio institucional, gubernamental o de administración pública centralizada o descentralizada, situación totalmente incoherente.
Ante los altos niveles de corrupción que existen en la administración pública, este tipo de “estrategías” que buscan prevenir e identificar los actos que puedan constituir un delito son importantes, siempre y cuando sean utilizados de manera adecuada, dirigidos a quienes manejan los dineros provenientes de nuestros impuestos, sobre todo gestores de las cuentas públicas.
La información que se solicita en la Declaración Patrimonial y de Intereses, se habrá de transparentar – según establecen las leyes de acceso a la información – y, cualquier persona, tendrá acceso a la misma, por lo cual representa un serio riesgo para quienes estén obligados a presentar datos detallados acerca de sus ingresos, posesiones, bienes, créditos e incluso, joyas y animales de compañía, de cónyuges y dependientes económicos, ésto en el contexto de altos índices delictivos que se vive en la actualidad en el país, por lo cual, se deben generar una serie de medidas de seguridad que garanticen la salvaguarda de información personal (para quienes están obligados y obligadas a presentarla por la naturaleza de sus funciones).
Ahora, pone en la mira otro serio riesgo para la seguridad, como ya es de mala costumbre, en cuanto a que las bases de datos puedan ser “otorgadas” a entidades privadas externas por parte de los Gobiernos o funcionarios (municipal, estatal o federal), ya sea a cambio de algún favor político o simplemente al recibir alguna contraprestación económica, caso plenamente comprobado y que sucede con la Banca Privada en México, ya que cuentan con toda nuestra información como dirección, teléfono, celular, correo electrónico y seguramente, la carátula de nuestra credencial del IFE o INE, referencias que en teoría, solo este organismo descentralizado debería tener. Otro ejemplo es el caso de las encuestadoras que miden las preferencias electorales antes o durante algún proceso, empresas como Parametria, Mitofsky y muchas otras, ya cuentan con la información de los votantes, sus datos personales, teléfonos y el distrito en que se encuentran, antecedentes que simple y llanamente tienen en su poder gracias a la facilidad con la que es obtenida nuestra información personal.
Otro elemento que puede ser tomado en cuenta es que en el caso del Magisterio, la Declaración Patrimonial y de Intereses es una especie de complemento a la Declaración Anual de Impuestos, en la lógica de esta administración, lo que busca es verificar que la recaudación fiscal que se está haciendo a las y los trabajadores del Sistema Educativo es la correcta – desde su perspectiva -, buscando obtener de manera ilegítima, información que les pueda engrosar las arcas públicas a través de los impuestos que puedan estar pasando por alto al desconocer en su totalidad las posesiones de las y los asalariados.
Por último, debería ser prioridad del Gobierno recabar información acerca de las necesidades que se tienen en los distintos espacios formativos, desde la falta de una correcta infraestructura, materiales e insumos hasta las carencias que tiene no solo el personal que labora en las escuelas, también las y los alumnos y sus familias que no cuentan con lo necesario para hacerle frente a la ardua labor de aprender en el contexto de pandemia que se vive en la actualidad.


  • Juan Antonio Guerrero OrrostietaMilitante Activo de la Sección XVIII de la CNTEMichoacán

Fuente de la informaciò:  Insurgencia Magisterial

Fotografía: Profelandia.com

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México: El Gobierno elimina ocho organismos públicos que atienden a personas más vulnerables

El Gobierno federal eliminó o se apresta a hacer desaparecer al menos ocho organismos públicos, algunos autónomos o desconcentrados, que afectan a la población civil o cuya eliminación es contraria a la legislación vigente, de acuerdo con una investigación periodística de Martha Martínez, del diario Reforma.

En todos los casos, el argumento gubernamental es que aplica una política de austeridad.

En los últimos tres años, desapareció el Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa (INIFED), el Consejo de Promoción Turística, la Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios, Pro México y el Instituto Nacional de Desarrollo Social, donde se incluyen acciones para parar la violencia contra las mujeres.

Además, están en proceso de extinción el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) y el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI).

La desaparición de estas instituciones implicó la eliminación de algunos servicios que brindaban, sobre todo a la población pobre, vulnerable o específica de mujeres.

Por ejemplo, el INIFED fue sustituido por La Escuela es Nuestra, un programa a cargo de la Secretaría de Educación Pública (SEP) que entrega apoyos de manera directa a padres y madres de familia y directivos de planteles para la construcción, mantenimiento y mejoramiento de las escuelas, eliminando con ello la supervisión técnica y el análisis de la infraestructura a cargo de expertos que el Instituto ofrecía.

Investigaciones de INEGI y otras señalan que al menos 15.000 escuelas en el país carecen de agua y su infraestructura, tras el abandono por la pandemia, se ha deteriorado: ¿quién las reparará?

Otro ejemplo es el Indesol, que fue extinguido por decreto el 31 de diciembre, pero que desde 2019, con la desaparición del Programa de Coinversión Social, dejó de financiar proyectos de las organizaciones de la sociedad civil encaminados a atender problemáticas específicas de la población en situación de vulnerabilidad o el Paimef, recursos para atajar la violencia de género, que oficialmente será absorbido por la Secretaría de Gobernación.

El politólogo Jorge Javier Romero advirtió que la desaparición de organismos especializados afecta a la población más vulnerable.
Agregó que, paradójicamente, este tipo de estrategias son las preferidas del neoliberalismo para recortar y retraer al Estado.

La extinción de organismos tampoco hace al Estado más eficiente, ya que la manera en la que se está dando, deja huecos enormes en las estrategias de atención a problemas específicos que se habían desarrollado a lo largo del tiempo, aun cuando estas necesitaban ajustes, opinó.

«Su idea de un Estado no corrupto y austero lo que está haciendo es que el Estado se retire de ámbitos en los que históricamente había venido desarrollando capacidades de atención de problemas específicos», afirmó.

Para el académico, un ejemplo es el INALI, cuya fusión con el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas dejará en el abandono una tarea que requiere de profesionalización y especialización.

Otro caso, agregó, es el recorte de 44 por ciento al presupuesto de ciencia y tecnología, que puede tener efectos negativos de largo plazo para el país. «No están construyendo un Estado más eficiente, porque no se está reformando el Estado con un proceso de profesionalización, se está haciendo igual de arbitrario y con las mismas características del sistema de botín que había caracterizado históricamente la Administración Pública mexicana», añadió.

Fuente: https://rebelion.org/gobierno-elimina-ocho-organismos-publicos-que-atienden-a-personas-mas-vulnerables/

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México: Profesores y empleados del Cecytech en Chihuahua exigen pagos atrasados

América del Norte/México/21-01-2022/Autor: Jesús Estrada/Fuente: www.jornada.com.mx

Chihuahua. Mil 500 profesores y empleados del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua (Cecytech) protestaron este lunes en las oficinas de Recaudación de Rentas de Ciudad Juárez y de la capital, para exigir el pago de aguinaldo y del salario de la primera quincena de enero, además de aportaciones al Seguro Social (IMSS), fondo de vivienda (Infonavit) y otras prestaciones que la Secretaría de Educación y Deporte (SEyD) estatal les adeuda desde septiembre del año pasado.

Decenas de docentes agremiados al Sindicato de Trabajadores del Cecytech impidieron el acceso a las oficinas de Recaudación de Rentas en el centro comercial Mitla y en la representación del gobierno del estado ubicada en la avenida Abraham Lincoln, en Ciudad Juárez, al mismo tiempo que en esta capital bloquearon el tránsito en las calles Aldama y Carranza, aledañas al Palacio de Gobierno, y se plantaron en las entradas del edificio Héroes de la Reforma, que es sede de la Secretaría de Hacienda estatal.

Amagaron con instalar plantones permanentes, si los secretarios de Educación y de Hacienda no los atendían en una mesa de diálogo, y ampliar los bloqueos a otras oficinas de Recaudación de Rentas en el municipio serrano de Bocoyna, en ciudad Cuauhtémoc, ciudad Delicias y en Hidalgo del Parral.

Los manifestantes denunciaron que, en septiembre del año pasado y al iniciar la gestión de la gobernadora panista, María Eugenia Campos Galván, el gobierno del estado dejó de pagar aportaciones al Instituto Mexicano del Seguro Social, al Infonavit y de Afore.

Denunciaron que la administración estatal del ex gobernador también panista, Javier Corral Jurado, desvió 70 millones de pesos que estaban etiquetados para el Cecytech, y la gobernadora María Eugenia Campos estableció el compromiso de resolver el desfalco y pagar el aguinaldo, salario retroactivo de los últimos cuatro meses y otras prestaciones atrasadas, a más tardar el 15 de enero.

Añadieron que la demora en el pago de prestaciones afecta también a docentes del Subsistema de Preparatoria Abierta y Telebachillerato del Estado de Chihuahua y del Colegio de Bachilleres de Chihuahua (Cobach).

En un posicionamiento aparte este lunes, el Sindicato del Cobach anunció que 2 mil 700 docentes, trabajadores administrativos y de mantenimiento de 28 planteles educativos acudirán a laborar “bajo protesta” porque el gobierno del estado dejó de pagarles prestaciones como bono anual, retroactivo salarial y ayuda para transporte.

Bernardo Hernández Torres, secretario sindical, informó que el adeudo del gobierno del estado al Cobach suma 100 millones de pesos y el límite para el pago de las prestaciones venció este lunes, por lo que los docentes y empleados fueron convocados a una huelga de brazos caídos, “trabajando bajo protesta, y sin realizar ninguna actividad académica ni administrativa, hasta no recibir los pagos correspondientes”.

En respuesta a las manifestaciones, la gobernadora María Eugenia Campos dijo a reporteros que, más que recibir a los docentes en una mesa de diálogo “estamos arañando el presupuesto para pagarles”, y evadió abundar en el tema.

Fuente e Imagen: https://www.jornada.com.mx/notas/2022/01/17/estados/profesores-y-empleados-del-cecytech-en-chihuahua-exigen-pagos-atrasados/

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Los estudiantes son la prioridad

Por: Miguel Ángel Casillas

Justicia social y equidad son vocablos que se utilizan cotidianamente en la educación, pero son recursos retóricos que terminan en demagogia cuando no se asocian con acciones prácticas y concretas. Así está sucediendo en la educación superior, con mayor fuerza durante esta larga pandemia y sin visos de solución en el corto plazo.

En la educación superior está ocurriendo un fuerte proceso de segmentación social que pone en entredicho el sentido de la universidad pública y del derecho a la educación: por falta de recursos tecnológicos y por falta de dinero para pagar una conexión a Internet, miles de estudiantes de la educación superior han abandonado los estudios y todavía son más los que han ralentizado sus procesos de aprendizaje por sólo disponer de un teléfono celular desde el cual leer, hacer tareas, preparar los cursos y asistir a clases virtuales.

Entre los estudiantes de la educación superior hay de todos los grupos y clases sociales. Un pequeño segmento disfruta de buenos equipos, diversos dispositivos, conectividad permanente y de amplio ancho de banda. Una buena mayoría proviene de familias que han invertido en computadoras pagadas a plazos y en conectividad precaria para favorecer que sus hijos permanezcan en su empeño formativo. Sin embargo, también es verdad que hay una franja enorme de estudiantes mexicanos que no cuentan con los recursos suficientes para realizar este gasto y que no tienen más que recurrir a teléfonos (generalmente de baja gama y con escasas funcionalidades) con los cuales han podido sobrellevar los cursos y cumplir con las exigencias escolares. A las tradicionales desigualdades sociales y culturales hoy tenemos que agregarles las enormes desigualdades de acceso a los recursos tecnológicos que hacen posible la participación en las clases y disponible al conocimiento.

En el contexto nacional son excepcionales las universidades que han entendido esta situación de desigualdad y diseñado estrategias que favorecen la equidad, para mejorar la permanencia y la continuidad de las clases. En la mayoría, el curso de la pandemia se ha atendido inercialmente, sin un sentido de comunidad, lejos de cualquier dinámica solidaria, dejando que cada estudiante resuelva como pueda.

Qué difícil es hacer entender a las burocracias universitarias, tan alejadas de las necesidades estudiantiles y tan distantes del trabajo académico que es prioritario apoyar a los estudiantes, que es indispensable brindar las condiciones para que puedan continuar con sus estudios. Si las universidades no reaccionan algo tendrían que estar haciendo la ANUIES y por supuesto la SEP al menos para conocer de las experiencias institucionales.

El empecinamiento burocrático es producto de la ignorancia, pues en México y en el mundo se están experimentando en diversas universidades medidas de apoyo directo a los estudiantes. Sin embargo, en muchas instituciones, después de casi dos años, pareciera que no hemos aprendido nada: las autoridades universitarias están conformes navegando en la incertidumbre, en la ausencia de políticas efectivas, pasmadas, esperando que a que todo vuelva a ser como en el pasado.

La inacción y la indolencia son inadmisibles ante la crisis que vivimos. Para las autoridades universitarias resulta cómodo administrar instituciones disminuidas, con sus agentes desmovilizados; están aprovechando la reclusión, conservando sus privilegios e incrementando el control perpetuando el miedo. Las universidades siguen gastando en el mantenimiento y en la construcción de edificios vacíos, continuando los negocios de contratistas y funcionarios. Mientras, miles de estudiantes se encuentran en el abandono y sin cobijo institucional.

Todas las universidades e instituciones de educación superior en México han logrado migrar sus clases a diversas plataformas de enseñanza remota; además han desarrollado sistemas de administración escolar en línea, modernizando y mejorando sus servicios. Sin embargo, este esfuerzo es insuficiente si no son capaces de volcarse en apoyo de sus estudiantes.

Los estudiantes son la prioridad. Hace falta que las universidades provean de equipos de cómputo y becas de conectividad a los estudiantes que lo requieran; sobre todo para los más desfavorecidos es indispensable el acompañamiento institucional y la ampliación de su grado de apropiación tecnológica. En general, ante la situación actual se impone una profunda transformación de los sistemas de tutorías para adaptarlos a las nuevas necesidades de comunicación. Es indispensable pensar con otros criterios las medidas de aislamiento y favorecer -con todas las medidas de sana distancia- la apertura de centros de cómputo, bibliotecas, centros de servicio y apoyo médico y psicológico. Tenemos la obligación de replantear la difusión cultural y la formación integral a los nuevos contextos y a las necesidades de los estudiantes.

Fuente de la informaciòn:  educacionfutura.org

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Las escuelas hacen lo que pueden y la profesora en los diezmos

Por: Abelardo Carro Nava

El 14 de enero, las autoridades sanitarias de nuestro país reportaron poco más de 44 mil personas que presentaron cuadros sintomáticos relacionados con la enfermedad COVID-19 (Infobae, 2022); el día de ayer, 15 de enero, esas mismas autoridades informaron de más de 47 mil nuevos contagios de coronavirus (Proceso, 2022), cifra récord para un solo día desde que comenzó la pandemia. Situación que, por donde quiera que se mire, es preocupante pues, tal parece, no hemos aprendido la lección que nos dejó la serie de infortunios que vivimos el año pasado, sobre todo cuando en sus primeros meses, observamos la saturación de hospitales, los padecimientos del SARS-CoV-2 en nosotros mismos o en nuestros familiares, o la desafortunada pérdida de alguno de nuestros seres queridos. Un tema, sin duda, sensible, por las diversas aristas que de éste se desprenden, debido a que poco más de 55 millones de mexicanos viven en condiciones de pobreza y pobreza extrema y, como parece obvio, las condiciones económicas no son las mismas para todos.

Por lo que respecta al ámbito educativo, de sobra es conocido que las autoridades federales y locales, ante esta pandemia, poco han hecho para apoyar a los miles de planteles escolares de los diferentes niveles que conforman el intricado Sistema Educativo Nacional (SEN): una mal llamada estrategia “Aprende en casa”, la escasa o paupérrima dotación de insumos que refuercen los filtros escolares o el mínimo presupuesto asignado para la habilitación o rehabilitación de aulas o escuelas fueron, y han sido, el sello que hasta el momento ha caracterizado las gestiones de Esteban Moctezuma y Delfina Gómez.

Un problema de salud aunado a un problema de gestión y educativo, han dejado a las instituciones prácticamente a la deriva. De hecho, ante las adversidades que enfrentan diversas regiones del país, varias entidades tomaron la decisión de no regresar a clases presenciales por el incremento de contagios que se han dado en los últimos días. Hasta el 7 de enero, las autoridades educativas de Nuevo León, Hidalgo, Coahuila, Jalisco, Tamaulipas, Yucatán, Quintana Roo, Baja California, Baja California Sur, Guanajuato, Chihuahua, San Luis Potosí y Estado de México (González, 2022), habían reportado que regresarían a clases presenciales, en promedio, el 17 de enero; esto, por las condiciones climáticas y por el incremento de contagios referido. Sin embargo, estas mismas autoridades, no reportaron la situación en la que se encuentran los planteles escolares a las que acuden cientos de alumnos a recibir dichas clases, no dieron a conocer los datos de los trabajadores de la educación o estudiantes con cuadros sintomáticos de COVID-19 o, peor aún, en su mayoría, no dieron a conocer una estrategia definida para que, al volver a las aulas, se haga con toda la seguridad posible.

Vaya, es sabido que muchos funcionarios públicos no le dan mayor interés a un tema que es por demás relevante. Sí, es correcto pensar en la afectación en los aprendizajes de los chicos; sí, es correcto señalar que, al no estar en la escuela, la convivencia que se genera en sus entornos, aunado a las circunstancias económicas que pueden estar viviendo, dificulta el proceso de enseñanza y aprendizaje; sí, es correcto expresar que muchos estudiantes no cuentan con los insumos necesarios para que reciban o accedan una educación “híbrida”, sea lo que eso signifique. Pero también es correcto señalar y, sobre todo, reafirmar, que poco o nada han aportado para que existan unas condiciones seguras con la finalidad de que esos espacios, no sean un cultivo de contagios. Claro, bien se dice que generalizar es incorrecto, y estoy de acuerdo, no obstante, ha sido notorio que la preocupación de una buena parte de estas autoridades estriba en reportar “avances o logros” sin importar lo que ocurra en las aulas donde, a menudo, se conoce que tal padre de familia, alumno o compañero de trabajo dio positivo. Desde mi perspectiva, tratar un contagio por SARS-CoV-2 como si fuera una pequeña “gripa” es totalmente irresponsable puesto que, si la educación tiene como principio generar un conocimiento apegado a la ciencia, en nada colabora el que desde las altas esferas políticas y educativas se envíe un mensaje fundado en la creencia.

Dicho lo anterior, parece irrisorio que, ante el incremento de contagios se pretenda regresar a clases presenciales sin que las autoridades sanitarias o educativas hayan actualizado los protocolos sanitarios y, mucho menos, hayan establecido una ruta o estrategia clara para que ese regreso sea, repito, lo más seguro posible. No hay que olvidar que, según los reportes científicos la variante Ómicron, que por mucho ha superado a la Delta, se expande rápidamente, de forma muy intensa, aunque las afectaciones a la salud sean menores, debido a que buena parte de la población ha sido inoculada. ¿Ello significa que las personas no pueden contagiarse? Los estudios conocidos han demostrado que sí pueden contagiarse y, como parece obvio, contagiar a quienes les rodean.

No me equivoco al afirmar que, de alguna forma, los seres humanos también hemos sido responsables en la rápida propagación del virus, de eso no hay duda. Las reuniones familiares decembrinas, la asistencia a eventos masivos o con altos niveles de concentración de personas, el inadecuado uso de cubrebocas o mascarillas, la poca relevancia que se le da a este tema, entre otras cuestiones, han sido un detonante para ello. Sin embargo, tampoco me equivoco al señalar, que la falta de políticas sanitarias y educativas que direccionen el actuar de los individuos, o el que a través de las dependencias gubernamentales se proporcionen los insumos que son necesarios para contar con espacios seguros, también han colaborado en ello y, si a esto le agregamos que algunos funcionarios públicos están más preocupados por mantenerse en un puesto simulando “entregar” buenos resultados a su jefe inmediato, la cosa no augura nada bueno.

Vaya, para pocos es desconocido el tremendo lío en el que se encuentra la actual Secretaria de Educación, derivado de la sanción que emitió el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) a Morena, partido político que, según la resolución, omitió reportar ingresos en 2014 y 2015 a partir de la utilización de un esquema de financiamiento paralelo para el apoyo de sus actividades ordinarias, cuya causa radicó, en el descuento de un porcentaje salarial a los trabajadores del Ayuntamiento de Texcoco, entre 2013 y 2015, durante la gestión de la profesora Delfina, con la finalidad de apoyar la constitución de ese partido político (El Financiero, 2022).

Cierto, habrá quién pueda decir que un tema no corresponde al otro, sin embargo, ¿no acaso esta servidora pública tendría que estar enfocada al diseño e implementación de políticas educativas que verdaderamente satisfagan las múltiples necesidades que prevalecen en el sector en lugar de buscar una excusa que la exima de su (ir)responsabilidad administrativa y electoral ante esos hechos?, ¿no acaso en el 2018 se dijo que se acabaría con la corrupción durante este sexenio? Vaya, yo me pregunto: ¿cuáles han sido los logros educativos en lo que va de la gestión de la maestra?

Y bueno, mientras son peras o son manzanas, hay una verdad que, aunque no es absoluta, sí se vive en cientos de planteles escolares de nuestra República Mexicana: las escuelas hacen lo que pueden con lo que tienen para continuar con los procesos formativos de sus estudiantes, mientras la Secretaria de Educación se debate entre los diezmos y no diezmos.

¡Qué cosas se viven en nuestro México querido!

Referencias:

Por:  educacionfutura.org

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Acción popular y la revuelta estudiantil

Por: Luis Hernández Navarro

El presidente Luis Echeverría Álvarez estaba fuera de sí. En el Auditorio Salvador Allende de la Facultad de Medicina de la UNAM, increpaba a los estudiantes que le chiflaban y abucheaban. Intercalados en su discurso de inauguración de clases, lanzaba frases como: “¡Jóvenes del coro!, ¡Así gritaban las juventudes de Mussolini y de Hitler! ¡Fascistas!” Finalmente, ante la intensidad de la protesta en su contra, tuvo que poner pies en polvorosa por la puerta de atrás del recinto, en medio de una lluvia de mentadas. Mientras los alumnos trataban de darle alcance, un tepalcate lo descalabró.

Ese 14 de marzo de 1975, estaba fresco en la memoria estudiantil el papel de Echeverría en la masacre de Tlatelolco, su responsabilidad en la matanza del 10 de junio de 1971 y los centenares de asesinatos, desapariciones forzadas y torturas de su gobierno, en los primeros años de la guerra sucia. El viento de ira y rebeldía juvenil soplaba incontenible en los campus. En la UNAM, el rector Guillermo Soberón se había sumado a las filas de la cruzada anticomunista del mandatario.

Ese día –cuenta el matemático José Santos– “una multitud reunida en la explanada de la rectoría, nos dirigimos hacia medicina para expulsar a Echeverría. Huyó con la cola entre las patas, pedrada de por medio”. En la protesta, se encontraban integrantes del Frente Popular Independiente (FPI), organizados en frentes de activistas de varias facultades, impulsado por los grupos maoístas, Acción Popular (AP) y Estrella Roja u Organización Revolucionaria Compañero (https://bit.ly/3A3aW6G).

Santos estudiaba entonces en la Facultad de Ciencias. De joven, su familia se trasladó a vivir a Ciudad Nezahualcóyotl. Él boleó zapatos, vendió chicles y jabones, trabajó de albañil, en una panadería y una curtiduría para sufragar los gastos de libros y útiles escolares. En 1971, entró a la primera generación del CCH Naucalpan. En Neza, formó con sus amigos el colectivo Ricardo Flores Magón y un club deportivo. Participó en la lucha contra el pulpo camionero. Y, en esas andanzas, conoció las obras de Mao Tse-tung.

“Empezamos a leer las cuestiones de China –cuenta José–. Nos empezó a gustar la forma en que Mao hablaba, su famoso libro de citas y otros folletitos con su pensamiento.” Ya en la facultad, se incorporó a AP.

Acción Popular se fundó el 14 de septiembre de 1973, con militantes radicales, formados en el CNH del 68 y los comités de lucha del periodo 1969-73 (no confundir con el Movimiento de Acción Popular, que celebró su asamblea fundacional en enero de 1981, y con el que tuvo grandes choques). Se sumó a la lucha por la autogestión y la autonomía en facultades y escuelas de la UNAM y del IPN (Ciencias, Economía, Veterinaria, Sicología, Arquitectura, Físico-Matemáticas, Ciencias Biológicas, Esime, ESIA). También apoyó e impulsó el movimiento de las casas de estudiantes.

Aglutinó activistas de la ciudad y del campo en torno al periódico Lucha Obrera Popular y la consigna “¡hacia la revolución democrática, popular y antimperialista!”

Sus integrantes promovieron y participaron en las huelgas en Tula, Lido, Cactus, General Electric, Duramil, Panam, Pan Aviación, Morganite y la fundación de sindicatos universitarios independientes. En Zacatecas, Morelos, Oaxaca, Veracruz, Puebla y Tlaxcala auspiciaron movimientos campesinos por la recuperación de tierras y mejores condiciones de comercialización. En el movimiento social, construyeron agrupaciones como la Unión de Colonos, Inquilinos y Solicitantes de Vivienda 11 de Noviembre.

A raíz de la muerte de Mao (9/9/76), convocaron a un evento en el auditorio de la Facultad de Ciencias, en homenaje al dirigente chino. “Estuvo lleno –cuenta Santos, quien fue miembro del estrado en la ceremonia–. Llegaron grupos que no nos conocían. Algunos que no tenían expresión pública creían que eran los únicos. Compañeros que después fueron militantes, preguntaron si éramos maoístas, y decían que ellos también. Eso nos dio la proyección como fuerza maoísta e hizo que otros simpatizaran y militaran con nosotros, como el ingeniero Javier Fuentes (https://bit.ly/3tE65Ye)”.

AP fue parte central de un archipiélago de organizaciones maoístas que se fusionaban, rompían y volvían a unirse sin desvincularse de las luchas populares. En 1976 fundó el Frente Popular Revolucionario (FPR), después de separarse del FPI. Ese año arrancó un proceso de convergencia entre ellos, la Organización Comunista Cajeme y Acción Comunista (ML), en este proceso surge el Partido Comunista de México-ML, del que ya no participó AP.

Una delegación de tres dirigentes su­yos visitó China durante dos meses, en 1979-80. Ellos habían mostrado su adhesión a la República Popular. Según Santos, “nos dieron trato de jefes de Estado y entre muchas cuestiones que aprendimos fue que no teníamos que ser dogmáticos, sino aplicar el maoísmo de acuerdo con las condiciones concretas de nuestro país, siempre servir al pueblo”.

El Movimiento Comunista Revolucionario se fundó en mayo 1979, con la participación del FPR, el periódico El Rebelde, publicado a partir de 1975, con presencia en Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Chiapas y Tabasco, y la Alianza Campesina Revolucionaria, que distribuía la publicación Ya es Hora, y luchaba por la tierra en Tamaulipas, Jalisco, Michoacán y Veracruz. El proyecto no duró más de dos años.

En diciembre 1984, se unificaron AP y la Organización Popular Revolucionaria-Grupo Obrero Revolucionario, con la aspiración de convertirse en baluarte de los marxistas-leninistas. Realizaron congresos con decenas de delegados.

Finalmente, AP-Marxista Leninista enfrentó grandes dificultades para resolver sus contradicciones internas y los cambios en el país, que no siempre pudo resolver adecuadamente. Heredera del movimiento estudiantil de 1968-76 que chocó de lleno con el gobierno de Luis Echeverría Álvarez, su huella puede verse en multiplicidad de organizaciones sociales y luchas populares que perduran hasta hoy. La corriente de Santos, al lado de activistas de diversos orígenes, sigue organizada en el Partido Revolucionario del Pueblo (PRP).

Fuente de la informaciòn: La jornada

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Mèxico: Profesores federales mantendrán suspendidas las clases por falta de pago

Por: Khennia Reyes/Fuente: elimparcial.com

 

El paro terminará cuando las autoridades liquíden la deuda.

Los maestros federales de los sindicatos de la CNTE Sección 2 de la SNTE mantendrán suspendidas las clases virtuales debido a que el gobierno estatal y federal les adeuda salarios e incentivos laborales.

Marco Antonio Pacheco Peña, coordinador estatal de la CNTE, dijo que el paro terminará hasta que  las autoridades liquiden los 600 millones de pesos, aproximadamente.

Detalló que la problemática afecta a 900 trabajadores de la educación, la mayoría de Tijuana.

Que se pague a los profesores para que se dé el regreso a clases. Si las clases serán híbridas, tendrían que ver la infraestructura, el soporte de la red para que las escuelas atiendan a los niños en forma presencial y virtual»

Declaró Pacheco Peña.

 

Fuente de la informaciòn e imagen: elimparcial.com

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