Por Nicole Bidegain Ponte
En América Latina, los índices de feminidad de la pobreza, los sesgos de género de las políticas fiscales, las brechas salariales por género y raza/etnia y la división sexual e internacional del trabajo dan cuenta de que las políticas públicas implementadas en la región siguen siendo limitadas. Por lo tanto, se requiere actuar sobre los determinantes estructurales de las brechas de desigualdad de género y evitar que, en el actual contexto de desaceleración económica y de aplicación de políticas de ajuste, se profundicen los niveles de desigualdad y se reviertan los avances obtenidos.
El carácter estructural de la desigualdad de género y su intersección con otras brechas de desigualdad basadas en la clase, raza/etnia, edad, orientación sexual y territorio no han sido cabalmente abordados por el enfoque actual de las políticas públicas en América Latina. Los datos en la región demuestran que las políticas de desarrollo, fiscales, de empleo y sociales, sin un enfoque sistémico basado en derechos humanos de las mujeres, tienden a perpetuar y reproducir la desigualdad de género en vez de revertirla. A continuación se presentan algunos ejemplos regionales que resultan ilustrativos.
Concentración del ingreso, pobreza de tiempo y monetaria
Durante la última década, en algunos países de la región, la reducción de la desigualdad de ingresos y de los índices de pobreza se produjo simultáneamente con el aumento de la feminidad de la pobreza. El índice de feminidad muestra las disparidades en la incidencia de la pobreza en mujeres y varones (de 20 a 59 años), medida en términos de ingreso. Es posible afirmar que las políticas tendientes a reducirla no han impactado de la misma forma en hombres y en mujeres. Desde 2012, la tendencia a la reducción de la pobreza se ha estancado en América Latina, mientras que el índice de feminidad sigue aumentando. Es decir que tanto en periodos de reducción de la pobreza como en periodos de estancamiento, la pobreza sigue afectando en mayor grado a las mujeres que a los hombres, en edades críticas en términos productivos y reproductivos. En 2014, por cada 100 hombres que vivían en hogares pobres en la región, había 118 mujeres en la misma situación1.
Cabe señalar que la reducción de la desigualdad de ingresos registrada en la década pasada no se vio acompañada por un reparto más equitativo en la apropiación del capital y el trabajo2. La distribución funcional del ingreso muestra la participación de la masa salarial en el pib total, por lo cual este indicador permite capturar bien las desigualdades en la región, pero debe ser complementado con indicadores que visibilicen no solo la contradicción capital-trabajo remunerado, sino también la contradicción «capital-vida». La sobrecarga del trabajo no remunerado y de cuidados sobre las mujeres es consecuencia de relaciones de poder desiguales de género. Las encuestas de uso del tiempo y los indicadores como la pobreza de tiempo han intentado poner en evidencia este rasgo estructural de la desigualdad. La pobreza de tiempo considera los hogares pobres no solamente por su carencia de ingresos, sino también por la carencia de tiempo para llevar adelante el conjunto de las tareas del trabajo no remunerado y de cuidados, que realizan principalmente las mujeres. Se estima que si se tuviesen en cuenta conjuntamente la carencia de ingresos y la de tiempo (en lugar de únicamente la de ingresos), la pobreza se incrementaría de 6,2% a 11,1% de los hogares en Argentina, de 10,9% a 17,8% en Chile y de 41% a 50% en el caso de México3.
Brecha fiscal y sesgos de género
El impacto redistributivo del gasto social en la región es considerable, pero sigue siendo limitado y esto se debe en parte a las estructuras tributarias regresivas con sesgos de género que prevalecen en varios países de la región. Para tener una visión integral del impacto de las políticas fiscales en la reducción de la desigualdad, es preciso analizar no solo cómo se gasta, sino también cómo se recauda.
Más allá de la heterogeneidad latinoamericana y de las reformas tributarias implementadas en diferentes casos, la carga tributaria es insuficiente para los niveles de desarrollo de los países. Además, las estructuras tributarias de la región son regresivas y existen dificultades para controlar los altos niveles de evasión. En promedio regional, menos de un tercio de la recaudación corresponde a impuestos directos, mientras que el grueso de la carga recae en los impuestos sobre el consumo y otros impuestos indirectos4. La recaudación a partir de impuestos indirectos, como el impuesto al valor agregado (iva), es regresiva porque implica una carga desproporcionada sobre las personas en situación de pobreza y afecta especialmente a las mujeres, que están sobrerrepresentadas en los estratos de menores ingresos de la población. Como señala el informe de la relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas (onu) sobre extrema pobreza y derechos humanos, las mujeres tienden a utilizar grandes porciones de sus ingresos en productos de primera necesidad debido a que las normas de género les asignan la responsabilidad del cuidado de las personas dependientes, por lo que cargan con el peso regresivo de los impuestos al consumo5.
Por otro lado, los altos niveles de evasión6, y especialmente la salida de flujos financieros ilícitos de la región7, limitan la posibilidad de cerrar la brecha de financiamiento para la igualdad de género y se implementar las políticas públicas necesarias para garantizar los derechos de las mujeres8. A su vez, de acuerdo con un estudio reciente9, cuando la capacidad de los Estados de controlar los flujos financieros ilícitos es limitada, las estructuras tributarias tienden a compensar la falta de recursos mediante mayores impuestos a pequeños y medianos contribuyentes y a las personas. Las mujeres resultan afectadas de manera desproporcionada, ya que están sobrerrepresentadas entre cuentapropistas, pequeñas y medianas empresas y trabajadoras informales.
Dada la desigualdad primaria de los países de la región, el carácter regresivo de los sistemas tributarios y el acceso segmentado a la protección social y empleo, no sorprende que la desigualdad de ingreso no se reduzca considerablemente después de la intervención del Estado a través de impuestos y transferencias. En América Latina, el coeficiente de Gini cae, en promedio, nueve puntos porcentuales después de los impuestos directos y las transferencias en efectivo y en especie. Esta cifra no es tan significativa si se compara con la reducción de los niveles de desigualdad en los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (ocde), que alcanza los 23 puntos porcentuales10.
- 1.«Índice de feminidad en hogares pobres» en Observatorio de Igualdad de Género de la Cepal, http://oig.cepal.org/es/indicadores/indice-feminidad-hogares-pobres.
- 2.Cepal: Horizontes 2030. La igualdad en el centro del desarrollo sostenible, lc/g.2660/Rev.1, Naciones Unidas, Santiago de Chile, mayo de 2016.
- 3.Rania Antonopoulos, Tomas Masterson y Ajit Zacharias: «La interrelación entre los déficits de tiempo y de ingreso. Revisando la medición de la pobreza para la generación de respuestas de política», pnud, Panamá, 2012.
- 4.Cepal: Panorama fiscal de América Latina y el Caribe 2016, Naciones Unidas, Santiago de Chile, marzo de 2016.
- 5.«Report of the Special Rapporteur on Extreme Poverty and Human Rights, Ms. Maria Magdalena Sepúlveda Carmona, on Taxation and Human Rights», sesión 26 del Consejo de Derechos Humanos, a/hrc/26/28, Ginebra, mayo de 2014.
- 6.Según la Cepal, la evasión del iva representa dos puntos del pib, y la del impuesto sobre la renta, 4,1 puntos. Esto implicaba alrededor de 320.000 millones de dólares en 2014. Para más información, v. Cepal: Estudio económico de América Latina y el Caribe 2016, Naciones Unidas, Santiago de Chile, julio de 2016.
- 7.Las estimaciones varían considerablemente según la fuente. Según Global Financial Integrity, entre 2004 y 2013 América Latina y el Caribe perdieron 1,4 billones de dólares en flujos financieros ilícitos. Sobre ese total, 88% corresponde a falsa facturación en el comercio entre empresas (abusos con precios de transferencia y sub- o sobrefacturación) y 12% proviene de hechos criminales y corrupción. Según la Cepal, para el mismo periodo los flujos financieros ilícitos representaron 1,8% del pib regional en el promedio de los diez años considerados, lo que implica 765.000 millones de dólares en el acumulado 2004-2013 (dos tercios se deben a la sobrefacturación de las importaciones y un tercio a la subfacturación de las exportaciones). Dev Kar y Joseph Spanjers: Illicit Financial Flows from Developing Countries: 2004-2013, Global Financial Integrity, Washington, dc, diciembre de 2015.
- 8.Es necesario destacar que en la región, de acuerdo con la Cepal, las tasas efectivas que paga el decil superior son muy bajas como consecuencia no solo de la evasión y la elusión, sino también de las exenciones, las deducciones y el tratamiento preferencial de las rentas del capital, que en algunos países no están gravadas y en otros tributan a una tasa más baja que las rentas del trabajo. Esto también tiene un impacto significativo en la desigualdad y en la brecha de financiamiento.
- 9.Verónica Grondona, N. Bidegain Ponte y Corina Rodríguez Enríquez: The Role of Secret Financial Jurisdictions in Undermining Gender Justice and Women’s Human Rights, Friedrich-Ebert-Stiftung, Berlín, en prensa.
- 10.
Fuente: http://insurgenciamagisterial.com/desigualdades-de-genero-y-brechas-estructurales-en-america-latina/
Users Today : 24
Total Users : 35460481
Views Today : 42
Total views : 3419337